La reconstrucción socioespacial de los municipios afectados por el Conflicto Armado en Colombia ha requerido de estrategias puntuales para contrarrestar los efectos negativos que éste ha tenido en la población y sus territorios. Como se sabe, en esta prolongada guerra se han generado diferentes formas de violencia que, más que a los combatientes, han afectado de modo especial a los civiles. Entre ellas, las minas antipersonal (MAP) y la munición sin explotar (MUSE), conocidos genéricamente como Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), por su forma de accionar, el daño que causan en sus víctimas y su uso expandido dentro del territorio nacional merecen un análisis especial. El documento que se presenta pertenece a los informes de Desminado Humanitario de una de las poblaciones más afectadas por este tipo de objetos en Colombia, San Carlos, ubicado en el Oriente Antioqueño y es producto del trabajo realizado por el equipo EXDE¹ del Batallón de Ingenieros de Combate Pedro Nel Ospina, que realizó las actividades de búsqueda y remoción de explosivos en el municipio entre el 2008-2012.

San Carlos, ubicado en la zona de embalses sobre las vertientes al río Magdalena, ha sido una de las poblaciones del país en las que el Conflicto Armado se ha vivido con mayor intensidad.² Entre los noventa del siglo pasado y los primeros años del presente, hubo una presencia de más de seis grupos armados, entre guerrillas, Ejército Nacional y paramilitares, cada uno con intereses particulares y estrategias militares diferentes. Su lucha por el territorio dejó una de las cifras más altas de victimización nacional sobre la población: 33 masacres en un periodo de diez años; el desplazamiento forzado de casi 18,000 habitantes; cerca de 5,000 atentados a la infraestructura; asesinatos selectivos de líderes; 156 desapariciones forzadas; violencia contra las mujeres; múltiples hostigamientos a la cabecera urbana, entre otros. Esto causó que treinta de sus 72 veredas³ quedaran deshabitadas completamente y las restantes fueran abandonadas de forma parcial, en un fenómeno denominado por los propios pobladores como “el éxodo”.⁴

Elaborado por Jaiber Orozco y Sergio Arroyave, 2017.

Mapa 1 Ubicación regional de San Carlos 

Este contexto se explica por un complejo entramado de procesos que hicieron de San Carlos, y de los municipios vecinos, territorios estratégicos en el desarrollo regional y nacional. A partir de los setenta se realizaron en el Oriente Antioqueño una serie de obras que transformaron la geografía regional: la construcción de un complejo hidroeléctrico sobre las zona de ladera que para la época llegó a producir más del 60 % de la energía eléctrica del país y aún hoy mantiene el 30 %; la autopista Medellín-Bogotá, que cruzó la región y convirtió el altiplano cercano en una zona importante para el mercado entre el área metropolitana de Medellín y la economía internacional; y el aeropuerto José María Córdova que incentivó también el asentamiento industrial en el altiplano próximo a Medellín y lo articuló con el mercado nacional e internacional.⁵

Estas transformaciones no se hicieron como parte de un proceso endógeno de desarrollo local, sino que obedecieron a decisiones de interés regional y nacional y respondieron a la demanda de un modelo de desarrollo económico urbano, industrial y financiero; fueron impuestas, además, de forma jerárquica, en un ejercicio de poder vertical.

La ejecución de las obras, además, profundizó las desigualdades regionales y dividió al Oriente Antioqueño en dos conjuntos socioeconómicos: una zona desarrollada en el altiplano cercano a Medellín y otra periférica en las vertientes magdalénicas. Mientras la parte industrializada se ha beneficiado del desarrollo, las de ladera, especialmente las que están en la frontera regional, han soportado el costo social y ambiental y son las que menos se han favorecido.

Su construcción hizo del Oriente Antioqueño una región estratégica para la economía del país, pero también para el desarrollo del Conflicto Armado. El descontento que generó en la construcción de los embalses en las poblaciones afectadas, el incumplimiento de las promesas del Estado y la represión sistemática de movimientos cívicos, que pedían soluciones concretas a los problemas generados por las obras, hicieron atractivos los territorios fronterizos para las guerrillas de izquierda, específicamente, para el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).⁶ Era, también, un lugar táctico, desde allí podían movilizarse al sur, en la frontera con Caldas; o al nordeste al área del Magdalena; o a los altiplanos cercanos a la capital, lo que les facilitaba tener influencia en diferentes zonas y mantenerse protegidos entre la exuberante vegetación.

La militarización y protección de las hidroeléctricas se volvió una prioridad estatal. A esta confrontación, en la que el Estado mostró su incapacidad para controlar un territorio periférico en que siempre había tenido poca injerencia, se le sumó la presencia de varios grupos paramilitares que, autonombrándose pacificadores de la región y con el consentimiento de las fuerzas militares nacionales, entraron a disputar el territorio a las guerrillas y a contrarrestar el liderazgo y la movilización social.⁷ Estos grupos fueron: las Autodefensas del Magdalena Medio (AUMM) y el MAS (Muerte a Secuestradores) y, hacia la segunda mitad de la década de 1990, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) con el Bloque Metro, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada, que mantuvieron influencia territorial hasta el año 2005 cuando se llevaron a cabo los procesos de desmovilización.⁸

Dentro de las múltiples estrategias de guerra emprendidas por los grupos armados, una de las que más impacto causó en el territorio rural fue el uso de AEI. Según datos del Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, entre 1990 y 2006 ocurrieron 108 sucesos relacionados con estos objetos en el municipio, 62 por accidentes de los cuales 61 de ellos se generaron en la zona rural (MOE 2009, 3). La Asociación de Víctimas de Minas Antipersonal de San Carlos (ASOVISAC)⁹ reportó que, para diciembre de 2010, 78 personas del área rural habían sido afectadas por este tipo de artefactos, lo que representa la mayor cifra regional.

La problemática se hace más evidente si se revisan otras estadísticas: para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Colombia era, hasta hace pocos años, el primer país en el mundo en víctimas y el tercero en la instalación de estos objetos. Entre enero de 1990 y enero de 2009, los departamentos que más reportaban accidentes con minas eran: Antioquia (1,656), Meta (775), Caquetá (570), Bolívar (547) y Norte de Santander (514). Esto generó la idea de que San Carlos era uno de los municipios más minados del mundo.

El uso extenso de estos artefactos, a pesar de su prohibición desde la convención de Ottawa de 1997,¹⁰ se explica por el dilatado Conflicto Armado colombiano, dentro del que ha sido una estrategia de guerra de todos los combatientes, especialmente de las FARC, uno de los que más la implementó en el Oriente Antioqueño y otras regiones del país. En su mayoría las AEI son objetos “artesanales”, rústicos, fabricados con jeringas, envases, vasijas u otros recipientes, preparados con explosivos y cuerpos metálicos puestos como metralla, que luego son ubicados en sitios estratégicos. Su objetivo es causar el mayor daño posible e infundir el pánico entre los enemigos, para lo cual se mezcla la sustancia explosiva con elementos punzantes e infecciosos, como tornillos, pedazos de hierro, etcétera.

Su uso tiene, además, una lógica: con pocos recursos es posible debilitar a las tropas enemigas al provocar heridas físicas, mutilaciones o la muerte;¹¹ ubicados de forma táctica, estas minas permiten el control territorial, ya sea para frenar el paso del adversario o para generar áreas de protección; su presencia permanente, el terror que generan y su carácter de enemigo oculto las hizo, además, un arma militar especial dentro de las estrategias de guerra irregular. Sin embargo, este “guerrero silencioso”, no sólo tiene la capacidad de terminar con la vida del rival militar, sino de cualquier poblador. En San Carlos, su uso como estrategia militar tuvo un fuerte impacto material y simbólico. Este enemigo silencioso, mimetizado entre el pasto y la maleza, ubicado en viviendas, escuelas y demás infraestructura, entre los caminos y senderos veredales, no reconoció a sus víctimas: hombres y mujeres, jóvenes y adultos, niños, incluso animales, todos eran y son vulnerables en las zonas rurales del municipio. Sumado a las otras formas de violencia, la instalación indiscriminada de estos artefactos hizo que la población abandonara sus tierras. Su presencia y la incertidumbre de su ubicación exacta hicieron difícil para los campesinos permanecer en sus predios y veredas y, todavía, su posible presencia genera incertidumbre.

El desplazamiento forzado en el municipio y la región fue diferencial, pero empezó con fuerza y de forma colectiva después en los noventa, década en la que ingresaron grupos paramilitares a disputarles el territorio a las guerrillas. Después de algunos años de abandono casi total de su zona rural, cuando el conflicto había bajado su intensidad, los campesinos empezaron un repoblamiento espontáneo con regresos individuales y esporádicos en los que buscaron instalarse de nuevo en su tierra, muchas veces en zonas en donde aún había enfrentamientos armados y campos minados.

Este proceso, que se realizó con un débil acompañamiento del Estado, hizo evidente la otra cara del drama social de la guerra: el reto de la reconstrucción socioespacial. Los pobladores regresaban a pesar de la presencia de AEI y de munición sin explotar (MUSE) y generaron sus propias estrategias de desminado: lanzaban piedras sobre los objetos, los ataban con cuerdas, los arrojaban al agua o los desactivaban de forma manual quitándole el embolo que activaba la carga; algunos relatos mencionan que la población desminó con ganado, obligando a las animales a transitar por caminos minados, para que luego ingresara la gente, pero esto ha sido desmentido por otros pobladores. A pesar de la gran recursividad, motivada por su empeño de reestablecerse en el territorio, los accidentes y el permanente peligro que significaba la presencia de estos objetos, cuya amenaza pendía sobre la población como una espada de Damocles, hicieron que el municipio fuera declarado en Emergencia Humanitaria en el 2008. Esta medida inicia el proceso de Desminado de Emergencia y Humanitario en el municipio y la región del Oriente Antioqueño como apoyo al repoblamiento y estrategia de reparación territorial. Gracias a la ayuda de la población y a sus denuncias constantes, el proceso ha podido avanzar con rapidez evitando más víctimas.

El desminado humanitario, que ha acompañado todo el proceso de reconstrucción, especialmente desde el 2008, ha sido arduo pero exitoso. San Carlos fue declarado libre de sospecha de minas en el 2012, gracias a lo cual la población ha podido volver a transitar en el territorio con cierta tranquilidad y confianza. Sin embargo, y a pesar de las labores de limpieza del Batallón de Desminado del Ejército y el grupo EXDE, la población ha seguido encontrando AIE y MUSE en los últimos años.

En este contexto es que se produce el documento que se presenta. Es parte del trabajo realizado por el equipo EXDE del Batallón de Ingenieros de Combate Pedro Nel Ospina y conforma, con otros textos, un amplio archivo relacionado con la reconstrucción social del municipio: el repoblamiento, la ubicación de fosas comunes, la infraestructura, las ayudas humanitarias a la población, entre otras; y está ubicado en las instalaciones de la Coordinadora de Atención y Orientación a la Población desplazada (UCAD) del municipio de San Carlos. Esta entidad creada por el Acuerdo municipal núm. 11 del 22 de noviembre de 2007 para la atención de la población desplazada y que, en el momento, fue un avance notable en términos de la capacidad de respuesta institucional municipal en relación con el contexto nacional. San Carlos, ha sido uno de los municipios pioneros en reconstrucción social en Colombia.

Las operaciones de desminado conducen a la eliminación de los peligros derivados de minas antipersonal, incluidos el estudio técnico, el levantamiento cartográfico, el registro fotográfico, la descripción de los objetos, su ubicación, la señalización de zonas minadas, la posterior documentación y la reintegración a la población de las tierras intervenidas. En este sentido, genera un amplio número de documentos, entre itinerarios, relatos, mapas, gráficos, cuadros y fotografías cuya consulta permite comprender el uso de estos artefactos y su impacto territorial. El informe que se presenta contiene información sobre el desminado de caminos, viviendas, escuelas y otra infraestructura comunitaria, con datos puntuales de la localización de los artefactos y sus características. Su información se vincula con otros procesos relacionados con los efectos de la guerra y los esfuerzos de reparación, como la localización de fosas comunes, el repoblamiento, las afectaciones sociales y el temor de la población ante la posible presencia de AEI en zonas cercanas a sus viviendas, centros educativos o espacios de trabajo.

Estos datos, producto del trabajo conjunto de los miembros del Equipo Especial del Ejército y el enlace de la administración municipal, pueden ser relacionados con otra información de los archivos de la UCAD. Las minas encontradas y su coincidencia espacial con la información de las veredas total o parcialmente abandonadas, la existencia de fosas comunes y cultivos ilícitos, la cartografía de los asesinatos selectivos y matanzas, permiten observar la forma en la que se entremezclan las formas de violencia. Una exploración territorial más amplia y la comparación de los datos de San Carlos con los de otros municipios cercanos dejarían ver, a su vez, la ubicación regional diferencial de estos objetos, relacionada con una geografía desigual en la que los territorios periféricos han vivido con más intensidad los impactos de la guerra.

El documento preserva la tipografía, la ortografía y la sintaxis original. No se muestra, sin embargo, en su totalidad debido a su extensión y a que, casi todo, mantiene la misma estructura de itinerario. Tampoco se integra el material fotográfico que lo acompaña debido a que su tamaño y calidad no permiten su reproducción en este medio. Se omiten, también, los nombres y los datos personales de las personas referidas en los itinerarios, para proteger su identidad. El archivo contiene el registro de cinco años de trabajo, pero la selección corresponde a la segunda fase de actividades, realizadas en el 2009, escogida debido a que éste fue uno de los periodos más intensos del desminado y por su riqueza en contenido Hasta el momento este archivo ha sido poco usado para la investigación. Los trabajos realizados hasta ahora se han basado, sobre todo, en la información del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), en la prensa y en la memoria de los pobladores.

Las veredas mencionadas en el documento están ubicadas especialmente en la parte occidental del municipio, uno de los sitios estratégicos para los grupos guerrilleros durante el periodo del Conflicto Armado debido a su conexión con Granada y San Luis, así como con el corredor que conectaba otras partes de la región. Fue, también, la zona de mayor desplazamiento forzado y la más afectada con AEI. Sin embargo, cada una de ellas tuvo una relación particular con la guerra.

A pesar de la riqueza de estos itinerarios, la forma desorganizada en la que se ha registrado y almacenado la información, dificulta su consulta. El mapa 2 ubica en el municipio de San Carlos las veredas mencionadas en el documento, lo que permitirá al lector tener un mejor contexto de la información.

Elaborado por Jaiber Orozco, 2017, basado en información de UCAD San Carlos

Mapa 2 Veredas de San Carlos mencionadas en el documento