Introducción

Estudiar la gestión de la migración en una perspectiva histórica nos permite un acercamiento a la realidad de las sociedades receptoras y emisoras en un momento dado. La contradicción entre las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense a ciertos tipos de inmigrantes durante la primera mitad del siglo XX y el mantenimiento de una "puerta trasera" con México para permitir la inmigración laboral temporal nos informa sobre los dilemas identitarios y la realidad económica de Estados Unidos durante esta época. Mientras las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos para controlar la inmigración mexicana han sido analizadas por varios autores, la actitud mexicana frente a la emigración de sus conciudadanos ha sido relegada a una posición de negligencia benigna. Esta interpretación de la posición mexicana se basa en la teoría de la válvula de escape que, aunque sea útil para entender la dinámica general de la emigración desde México, tiende a simplificar una realidad compleja. En la última década, una nueva generación de investigadores identificó esta laguna en la historiografía de la migración mexicana.¹ Tal como lo menciona David Fitzgerald, los procesos de control de la emigración, tanto en las políticas oficiales como en su implementación, continúan desatendidos por los investigadores.² Además, a pesar del interés reciente por la historia transnacional, pocos historiadores de la migración han realizado análisis que tomen en cuenta el impacto de las relaciones entre grupos civiles y los diferentes niveles de gobierno, tanto en los países emisores como receptores, en la definición de las políticas migratorias.³

Un examen atento a los factores que contribuyen al mantenimiento del Programa Bracero después de la Segunda Guerra Mundial arroja luz sobre las sutilidades de la gestión de la emigración mexicana a Estados Unidos. Este programa que entra en vigor en 1942 y autoriza la salida de millares de trabajadores temporales mexicanos a los campos de Estados Unidos permite a los dos países reglamentar el flujo migratorio de acuerdo con sus necesidades e intereses propios. Aunque la migración entre las dos naciones tiene una larga historia, este programa constituyó el primer intento significativo de gestión bilateral oficial de la migración temporal de los mexicanos a los Estados Unidos.⁴ Concebido como un plan de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial, se consolidó como un programa casi permanente de migración temporal entre los dos países. Sin embargo, ciertos aspectos de este programa migratorio binacional fueron ampliamente criticados, tanto en los Estados Unidos como en México, en los años de posguerra. Aunque las razones de la renovación de los acuerdos Braceros a partir de 1947 han sido ampliamente documentadas para Estados Unidos (como la influencia del lobby agroindustrial californiano en la definición de las políticas agrícolas estadounidenses)⁵ y podrían parecer evidentes en el caso de México (ingreso de divisas extranjeras a México, presión demográfica, dependencia económica de México a Estados Unidos, entre otros)⁶ esta cuestión necesita un examen escrupuloso.

El objetivo de este artículo es subrayar la complejidad de la dinámica de la migración y presentar los elementos que contribuyeron a mantener el Programa Bracero durante los años de posguerra. De acuerdo con el enfoque propuesto por la histoire croisée (historia cruzada),⁷ analizaremos el papel que tuvieron varios actores en el marco regional de la migración y cuál fue su incidencia en el proceso de negociación bilateral. Para captar la pluralidad de los intereses implicados en la gestión y el manejo del Programa Bracero, pondremos énfasis en las interacciones entre los grupos de presión, los actores gubernamentales (de diversos niveles) y los elementos contextuales que influyeron en la reanudación de los acuerdos braceros.

Para demostrar la incidencia de diversas variables en el proceso de negociación entre México y Estados Unidos, presentaré el caso muy peculiar del estado de Guanajuato, uno de los "productores" de migrantes laborales más importantes de la época de posguerra. Este estudio de caso se vuelve particularmente relevante para entender el papel que las autoridades federales han dejado a los poderes estatales y municipales para frenar la emigración de sus ciudadanos y los límites concretos que experimentan los administradores de un estado como Guanajuato para limitar este éxodo laboral.⁸ La emigración de Guanajuato tiene un carácter histórico significativo; este estudio de caso nos ayuda a entender cómo este fenómeno migratorio se consolida durante la presidencia de Miguel Alemán, como consecuencia de ciertas políticas "modernizadoras" que afectan negativamente la economía de este estado de tradición conservadora. La consolidación de la emigración de los guanajuatenses en esta época influye en la decisión del gobierno mexicano, incapaz de detener la salida masiva de sus conciudadanos a los campos de California, de negociar con los estadounidenses para mantener el Programa Bracero.

Los términos en los cuales se renuevan los acuerdos braceros no son solamente el resultado de la posición mexicana. Las razones que explican la continuación del programa de trabajo migratorio entre los Estados Unidos y México después de la Segunda Guerra Mundial no se reducen a la imagen de la válvula de escape⁹ que la migración mexicana pudo haber representado por el gobierno alemanista ni a la sola voluntad del congreso o de los agroindustriales estadounidenses. Esta migración bidireccional es sometida a las presiones de ambos lados de la frontera, similar a la imagen de una puerta de saloon propuesta por Jorge Durand en su análisis de la migración mexicano-estadounidense.¹⁰ Para completar este análisis transnacional del mantenimiento de este programa de migración temporal entre México y Estados Unidos, establezco una relación entre las acciones de los grupos de presión estadounidenses y sus repercusiones en los debates en el Congreso de este país relativamente al proceso de gestión bilateral de la migración mexicana. Verifico entonces de qué forma se articulan las quejas y vejaciones de los sindicatos estadounidenses frente a las demandas de mano de obra barata proveniente del lobby agroindustrial californiano. Igualmente, me interesa estudiar la influencia de la "buena vecindad", o amistad, entre algunos representantes de grupos de presión californianos y hombres políticos estadounidenses o mexicanos poderosos, por ejemplo, el gobernador californiano Earl Warren y el senador mexicano Carlos I. Serrano. Así, termino el análisis del proceso decisional poniendo en relación a los actores mexicanos y estadounidenses; intento una aproximación de la influencia de los grupos de presión activos en Estados Unidos sobre los actores políticos mexicanos.

Esta investigación se basa en un análisis de varias clases de documentos. Para aproximarnos a la realidad mexicana y guanajuatense de los años 1947 a 1952 se revisaron de manera sistemática dos periódicos nacionales mexicanos (El Excelsior y El Popular)¹¹ y un periódico del estado de Guanajuato (El Sol de León). Para entender la posición y las acciones de los gobiernos de México, de Guanajuato, de Estados Unidos y de California en el proceso de control de la migración, se consultaron los archivos históricos de la Secretaría de Relaciones Exteriores,¹² los archivos de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales,¹³ el fondo Miguel Alemán Váldes,¹⁴ el diario de los debates del Congreso estadounidense, los archivos del gobierno de Guanajuato¹⁵ y los archivos del gobierno de California.¹⁶ Para profundizar el estudio de las relaciones entre los grupos de presión y los diferentes niveles de gobierno, se cosultaron fondos personales de Ernesto Galarza¹⁷ y de la representante demócrata de California Helen Gahagan Douglas.¹⁸

Para superar las conclusiones que generalizan situaciones complejas en torno al Programa Bracero, propongo presentar diversas variables que influyen de manera decisiva en la longevidad de dicho programa de migración temporal. Presento, en un primer tiempo, la manera en la cual la realidad de los estados directamente afectados por la migración braceril contribuye a consolidar el Programa Bracero de 1947 a 1952. Luego observo las discusiones entre los gobiernos de ambos países, la influencia de varios actores de la sociedad civil en la gestión de la migración y las relaciones entre los gobiernos federales y las autoridades de los estados más afectados por este fenómeno.

El éxodo laboral guanajuatense, ¿incontrolable?

La teoría de la válvula de escape se refiere generalmente a los problemas de desarrollo económico experimentados por México. Sin embargo, en el caso de Guanajuato, los factores de expulsión no se limitan a meras causas económicas y tienen su origen en la variable política. Como veremos más adelante, durante el periodo de la posguerra, las condiciones económicas y políticas se unen para fomentar la emigración de la fuerza productiva de este estado.

La historia política de Guanajuato durante la primera mitad del siglo XX es particularmente tensa. Fuerzas católicas y conservadoras guanajuatenses se enfrentaron en numerosas ocasiones a las elites de la revolución mexicana y cuestionaron las políticas adoptadas por este nuevo grupo. Esta entidad federativa fue el teatro, con otros estados del centro de México, de las luchas entre cristeros y fuerzas gubernamentales, lo que tuvo repercusiones duraderas en la vida política de esta región. Cuando Miguel Alemán llega al poder en 1946, el dominio del gobierno federal sobre el estado de Guanajuato todavía no está consolidado y elementos sinarquistas, herederos del movimiento cristero, gozan de una popularidad importante en ciudades como León.

Estas oposiciones políticas entre rojos (agraristas y priistas) y verdes (sinarquistas) causan gran incertidumbre en Guanajuato, hasta provocar la muerte de algunos líderes locales y derramamientos de sangre.¹⁹ La suspensión de los poderes en el estado después la impugnación de las elecciones el 2 de enero de 1946 es un testimonio de la inestabilidad política que imperaba en Guanajuato. Asimismo, la inseguridad que acompaña la inestabilidad política en los años 1940 afecta la economía del estado.²⁰

La danza de los gobernadores interinos (tres en tres años²¹) dura hasta el año 1949 cuando José Aguilar y Maya, amigo de Alemán,²² es electo gobernador del estado y sigue dirigiendo hasta 1955.²³ La inestabilidad del gobierno guanajuatense, las impugnaciones de los militantes sinarquistas y priistas durante varias elecciones que tienen lugar entre 1946 y 1952, así como la inseguridad provocada por las pasiones políticas violentas, influyen en el contexto económico, y provocan un detenimiento de las actividades productivas de las comunidades afectadas.

El conflicto entre campesinos agraristas y terratenientes de filiación sinarquista se refleja en el encarcelamiento de ciertos elementos agraristas, acusados de haber invadido predios agrícolas considerados pequeñas propiedades. En un pleito entre sinarquistas y agraristas en la región de Silao en el año de 1946, los campesinos sostienen por su parte que son víctimas de las maniobras de un terrateniente sinarquista de la región, Ibargüengoitia, por retardar el reparto de tierra en ese lugar. Afirman que este terrateniente español está protegido por uno de los miembros de la Comisión Agraria Mixta Local y que en vez de atender sus peticiones, hace a los campesinos víctimas de una hostilidad que les obliga a emigrar: "Agregan [los campesinos encarcelados] que, lejos de atenderse sus peticiones, son hostilizados y encarcelados [...] porque no han querido afiliarse al sinarquismo [...] La hostilización en su contra -dicen- ha llegado a un grado intolerable, últimamente, en tal forma que se les ha presentado la disyuntiva de morir o emigrar".²⁴

Además de provocar la emigración de ciertos campesinos que sufren la persecución de elementos sinarquistas o que cesan sus actividades productivas por temor de represalias, la emigración de ciertos elementos contestatarios parece, si no favorecida, aceptada por las autoridades priistas. En este contexto de inestabilidad política en el cual el gobierno de Miguel Alemán quiere retomar el control de la región, la emigración de ciertos elementos subversivos es entonces considerada benéfica. Por lo menos, eso es lo que pretende un inspector de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales en un reporte del verano de 1952. En sus conclusiones el inspector afirma que las autoridades locales habían emprendido acciones para favorecer la emigración de los elementos políticos disonantes:

Los elementos sinarquistas que se encontraban en Irapuato, han emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica, en calidad de braceros, pues la autoridad municipal ha tomado decidido empeño en que éstos salgan del país, no porque aquí constituyen en realidad algún peligro, sino que, como al principio digo, como una medida muy atinada de hacerlos cambiar de ideas políticas.²⁵

Además, como ya lo hemos mencionado en la introducción, las relaciones difíciles entre el centro y el estado de Guanajuato han ciertamente contribuido a la pérdida de control del flujo migratorio que aumentó considerablemente hacia California.

La relación de Guanajuato con el gobierno federal provocó que las metas industrializadoras de la administración de Miguel Alemán no favorecieran a este estado; todo lo contrario. El caso de la ciudad de León, administrada por la Unión Cívica Leonesa de inspiración sinarquista, es relevante. Hasta el año 1947, las fuerzas sinarquistas, un movimiento conservador opuesto al PRM (que poco más tarde se rebautizaría como el PRI), se beneficiaban de un apoyo muy extenso en el campo y en las ciudades industriales del estado. A partir de lo observado en los archivos del estado y de la nación, esta oposición al poder federal parece explicar en parte la lentitud en el tratamiento de algunos asuntos problemáticos, como la mejora de infraestructura, el suministro de agua y la gestión de la energía eléctrica necesaria para las industrias tradicionales²⁶ (curtiduría, industria zapatera, etcétera) de León.²⁷

Además, las políticas restrictivas a las importaciones de materia prima dañan a la curtiduría y a la industria zapatera, acostumbradas a importar las pieles de otras regiones de la república y del extranjero.²⁸ Por otra parte, la industria minera de Guanajuato no se adapta bien a los cambios en la política de protección de las sierras: el abastecimiento en maderas necesarias a la explotación de las minas se reduce y no se puede recurrir a la importación de madera sin pagar los costos del proteccionismo.²⁹

Así, las políticas del gobierno alemanista basadas en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones no contribuyen, a corto plazo, al éxito de ciertas actividades económicas tradicionales. Este modelo tampoco contribuyó a la creación de empleos bien pagados ni al reparto equitativo de las riquezas en todos los sectores. Como lo dice Alain Touraine, se trata de un capitalismo limitado y dependiente basado en las inversiones extranjeras necesarias para el establecimiento de industrias de fuerte densidad de capital, destinadas a producir bienes de consumo duraderos (como refrigeradores de lujo) destinados a una población limitada. No favorece la integración de los trabajadores en la economía o la desaparición de las desigualdades sociales.³⁰

Como testimonio de estas fallas del modelo de desarrollo proteccionista emprendido durante la época de Miguel Alemán, el país no se ve capaz de reintegrar a las masas de trabajadores migratorios que van y vuelven de los Estados Unidos; esta realidad ciertamente puede explicar en parte la voluntad del gobierno mexicano de mantener el acuerdo que normaliza el flujo migratorio con el vecino del norte.

Además, la balanza comercial se vuelve negativa a partir de 1944; en 1944 y 1945, los ingresos de los braceros habían compensado el déficit de la balanza comercial causado por una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. En 1946, las autoridades mexicanas no están interesadas en perder estos ingresos "invisibles".³¹

Además de las relaciones políticas tensas entre el gobierno alemanista y el estado de Guanajuato, otro drama que afectará las actividades productivas del estado se esboza a partir de 1947 en esa entidad federativa. La epidemia de fiebre aftosa que golpea a México a finales de 1946 participa en la creación de las condiciones que provocan un éxodo difícilmente controlable de los guanajuatenses a los campos californianos. Los primeros brotes de fiebre aftosa aparecen en Veracruz y se esparcen rápidamente a las regiones del centro, del centro-sur (Oaxaca) y se propagan poco a poco hacia los estados del norte. México no se libra de esta terrible enfermedad hasta 1953.

En los primeros meses de 1947, las autoridades mexicanas imponen ciertas medidas para limitar la enfermedad. Sometidas a las presiones de las autoridades y agricultores estadounidenses que temen una propagación incontrolable de la epizootia, las autoridades sanitarias mexicanas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería elaboran un plan de lucha contra la fiebre aftosa. Imponen cuarentenas para el ganado afectado, forman cordones sanitarios alrededor de las zonas contagiadas y recomiendan el sacrificio de todo el ganado infectado o que está en contacto con la enfermedad.³²

En los estados, más rápidamente afectados por las medidas sanitarias, un clima de pánico aparece mientras se propaga el mal y se sacrifica el ganado. En los estados de Michoacán y Guanajuato, en los cuales la economía se basa directa o indirectamente en la ganadería, surgen problemas muy graves. El transporte de los productos de primera necesidad se vuelve complicado con la elaboración de los cordones sanitarios y los efectos de esas limitaciones no se limitan al campesinado; otros sectores productivos acusan un retraso. A partir del mes de marzo 1947, la industria de la curtiduría y la del calzado sufren importantes pérdidas monetarias y también de empleos.³³

Además de enfrentarse a los problemas económicos consecutivos al rifle y a los cordones sanitarios que aíslan a regiones enteras, los habitantes de Michoacán y Guanajuato deben tolerar las maniobras de dirigentes locales y políticos que abusan del sistema de indemnizaciones instaurado por la Comisión Mexicano-Americana de Lucha contra la Fiebre Aftosa y se enriquecen ilícitamente.³⁴ Mientras tanto, los ganaderos y campesinos siguen esperando durante meses y años la ayuda prometida por las autoridades mexicanas y por la Comisión Mexicano-Americana:³⁵ en ciertos casos, los campesinos intentan negociar la indemnización y piden entonces un contrato de trabajo de bracero en los Estados Unidos.³⁶

Además de sufrir los efectos de la fiebre aftosa, el campo guanajuatense se enfrenta poco a poco a la mecanización, lo que disminuye las necesidades de mano de obra en este sector. En la misma época, Guanajuato experimenta los efectos de la competitividad de la agroindustria del norte de México. El sistema de irrigación y drenaje deficiente, los altos costos y las irregularidades del sistema eléctrico de la región (con apagones frecuentes que afectan las actividades productivas)³⁷ no ayudan a la agricultura del Bajío, debilitada por la pérdida del ganado el año anterior y las vicisitudes del clima.³⁸ Además, contrariamente a ciertos estados de la República donde todavía existen grandes propiedades que se pueden repartir entre los campesinos, Guanajuato experimenta la saturación de sus tierras. Las pocas tierras que quedan por repartir, el ritmo de crecimiento de la población y algunos casos de reconstitución de los latifundios son factores que contribuyen a crear una situación de sobrepoblación en el campo.³⁹ La producción de los ejidos no es competitiva en Guanajuato, en parte por el éxodo de muchos ejidatarios que, a pesar de no poder obtener contratos de braceros por las obligaciones que los atan a su parcela, viajan hacia Estados Unidos con sus propios recursos.⁴⁰ Dado que no pueden migrar como braceros porque no se les entrega la documentación necesaria, son los más propensos a cruzar ilegalmente la frontera.

En respuesta a esta situación, el gobierno alemanista emprende un programa de colonización de las zonas del norte del país. Sugerido por la Confederación Nacional Campesina desde 1946 y retomada por algunos grupos,⁴¹ este programa es dirigido a las familias de Guanajuato y Michoacán. Pero las tierras distribuidas a las familias de Guanajuato, y que no interesaban a nadie a principios del gobierno de Alemán, se vuelven el centro de peleas entre caciques a finales de la época alemanista, ya que las obras de infraestructura e irrigación emprendidas por su administración han beneficiado a esas tierras y les han dado un mayor valor.⁴²

El éxodo rural en Guanajuato sigue y aumenta con cada periodo de contratación de trabajadores temporales. La llegada a la gubernatura del estado de José Aguilar y Maya en 1949, un priista leal al gobierno de Ávila Camacho y al de Miguel Alemán, no basta para poner fin a la emigración ilegal procedente de Guanajuato. Aunque el gobierno federal se muestra un poco más receptivo a las quejas y demandas del gobernador, otorgando algunas concesiones relativas a la industria minera y a la gestión de las infraestructuras básicas a partir de 1950, los cambios en el estatus socioeconómico de la población guanajuatense no son suficientes para influir en el éxodo braceril.

Impacto del éxodo braceril guanajuatense en las negociaciones binacionales

Para retomar el control del flujo migratorio, las autoridades emprenden medidas "restrictivas" con un vigor renovado a partir del año 1950. En este sentido, las leyes que aprueba el gobierno de Guanajuato se armonizan con las elaboradas por el centro a partir de diciembre 1949.⁴³ Estas leyes se destinan a dos tipos de personas: a las que abusan de los trabajadores mexicanos deseosos de emigrar, convirtiendo este éxodo en un comercio muy lucrativo, y a los ejidatarios que abandonan sus parcelas. Un combate a la corrupción relacionada con la venta de tarjetas o de certificaciones a los braceros empieza sin producir resultados muy alentadores. Por otra parte, se emprende una campaña de información para recordar a los ejidatarios que suelen ir a los Estados Unidos, transgrediendo sus obligaciones, que pueden perder su parcela.⁴⁴

La rigidez demostrada por las autoridades mexicanas y los estados como Guanajuato para regularizar la emigración de sus conciudadanos a principios de los cincuenta no es un elemento constante de la política migratoria de la posguerra. La intensificación del control (temporal) del flujo migratorio del lado mexicano está relacionada con la reanudación de las negociaciones con los estadounidenses en 1951 y con la voluntad del gobierno alemanista de presentar una imagen responsable para aumentar su peso en el proceso diplomático.

El carácter incontrolable de este fenómeno amenazaba efectivamente con el aborto del programa, considerado casi indispensable por México desde el año 1950. Durante la época de posguerra, es cierto que cada vez que las autoridades anuncian el reclutamiento de trabajadores braceros, los principales centros migratorios como Guanajuato, León e Irapuato, observan la llegada de millares de ciudadanos decididos a irse a Estados Unidos;⁴⁵ lo mismo ocurre en las ciudades fronterizas donde se encuentran los centros de contratación. Los esfuerzos para restringir temporalmente el éxodo tienen que ser entendidos en relación con esta voluntad de mantener el programa.

A pesar de las intenciones estipuladas por las autoridades mexicanas para controlar la frontera y la salida clandestina de los trabajadores, tan pronto como en 1946 se puede constatar su impotencia para limitar el flujo migratorio ilegal. El embajador estadounidense en México, Walter Thurston,⁴⁶ subraya este problema cuando se reabre el proceso de negociación del Programa Bracero en el año 1947.⁴⁷

Para resolverlo, las autoridades mexicanas consideran a partir del año 1947 que la regularización de los migrantes clandestinos y aprehendidos puede constituir una forma de "controlar" el flujo migratorio:⁴⁸

con objeto de tratar de resolver en la mejor forma para los Gobiernos de México y de Estados Unidos los problemas migratorios resultantes del éxodo ilegal de trabajadores mexicanos [...] A petición de la Delegación mexicana, la Delegación norteamericana está conforme en someter a la consideración de su Gobierno, la proposición de que el contingente total de mexicanos que inmigraron ilegalmente, sea conducido, en forma preferencial, por los puertos fronterizos de Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, con objeto de hacer una selección que les permita regresar a trabajar en los Estados Unidos.⁴⁹

Pero en vez de restringirlo, esta opción incita el paso clandestino de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos;⁵⁰ se tienen entonces que emprender nuevas estrategias para contener el flujo migratorio ilegal. Durante toda la época alemanista, la táctica principal utilizada para frenar el éxodo consiste en hacer campañas de promoción destinadas a disuadir a los mexicanos de ir al Norte para solicitar un contrato de trabajo braceril. Los aglutinamientos en la frontera consolidan la emigración ilegal porque la situación de miseria en la que se encuentran los aspirantes a braceros sin recursos en las ciudades fronterizas los obliga a migrar clandestinamente hacia los campos californianos y tejanos para ganarse la vida.

Tal situación ponía en claro la posición debilitada del gobierno mexicano, para contener la emigración aminoró su peso en las negociaciones con los estadounidenses a partir de 1948. Para evitar aglomeraciones masivas en las ciudades fronterizas que pudieran amenazar con la suspensión del programa, los representantes mexicanos negocian varias veces con las autoridades estadounidenses para alejar los centros de reclutamiento de la frontera y mantener únicamente los centros en las ciudades y regiones que sufren desempleo, como en Irapuato. Pero esta estrategia no resulta muy exitosa: en el mes de febrero de 1948, México tiene que inclinarse y autorizar la apertura del centro de reclutamiento de Mexicali. El arreglo es resultado de la impotencia de las autoridades mexicanas para restringir el flujo migratorio hacia las ciudades fronterizas y, en parte, de las relaciones privilegiadas entre el senador mexicano Carlos I. Serrano, el gobernador californiano Earl Warren y la agroindustria de California que había reclamado repetidamente la apertura de este centro.⁵¹

Así, cuando el programa se debe renegociar en el año 1951, México trata de recuperar algún poder en las negociaciones demostrando más rigidez en el control del éxodo de sus conciudadanos. El endurecimiento de la legislación relativa a la explotación de los migrantes por parte de los coyotes y burócratas mexicanos está relacionado con la voluntad del gobierno mexicano de convencer a las autoridades estadounidenses de su actitud activa en torno al control de la migración. Los esfuerzos de control del lado mexicano durante las negociaciones del año 1951 deben ser considerados en relación con las reclamaciones de algunos sectores de la población estadounidense, especialmente californiana, para que se abandone el programa.

Pero las políticas punitivas mexicanas en contra de los coyotes no bastan para influir decisivamente en las discusiones bilaterales; los intentos del gobierno alemanista para retomar el control del éxodo no son muy sostenidos.⁵² La posición de este último parece ambivalente, ya que al mismo tiempo que México procede a un fortalecimiento de su posición en las pláticas diplomáticas en 1951,⁵³ el presidente Alemán afirma su amistad profunda con el embajador William O'Dwyer, directamente involucrado en un escándalo de corrupción con la mafia neoyorkina e, indirectamente, en otro conflicto relacionado con a la contratación de centenares de indocumentados en California.⁵⁴

Factores de atracción californianos y estadounidenses

Del lado estadounidense, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Programa Bracero se integra a las políticas de apoyo a los agricultores fomentadas por la administración de Harry Truman. Por su parte, el Congreso -mayoritariamente republicano- favorece las medidas destinadas a sostener a las compañías agrícolas. En este sentido, y a pesar del retorno de los soldados a suelo estadounidense, la mano de obra mexicana presenta una ventaja importante en un contexto en el que los Estados Unidos fomenta el desarrollo y la diversificación del sector industrial, mejor pagado: los trabajadores mexicanos constituyen entonces una reserva importante de mano de obra dócil y barata. Además, las relaciones privilegiadas entre algunos miembros del Congreso, los agroindustriales y algunos actores políticos californianos y mexicanos son decisivas en el proceso de renegociación de los acuerdos braceros. Estas relaciones clientelistas explican en buena parte la relativa debilidad de las actividades fomentadas por los sindicatos agrícolas como la National Farm Labor Union (NFLU) para denunciar las difíciles condiciones de trabajo en los campos durante los años 1940 y 1950.

Mientras muchos republicanos provenientes de los estados del sur y del suroeste asienten a las demandas de los empresarios agroindustriales de esta región y militan para mantener el Programa Bracero, los demócratas que apoyan el programa lo hacen porque es visto como una medida de apoyo económico a la agricultura reminiscente al New Deal. La continuación del programa hasta el 31 de diciembre del 1947 se autoriza con bastante facilidad por la Cámara de los Representantes en el mes de marzo de 1947.⁵⁵ A finales del año 1947, los productores de remolacha azucarera de los estados de California, Utah y Colorado piden una nueva extensión del programa para obtener garantías en cuanto a la disponibilidad de mano de obra.⁵⁶

En estas ocasiones, los votos de los representantes y de los senadores estadounidenses muestran no sólo sus lealtades partidarias, sino también los intereses regionales involucrados en el Programa Bracero. En una época de austeridad económica, los representantes republicanos de California no se oponen a la reanudación de los contratos de trabajo migratorio ni de este programa que cuesta millones de dólares al erario público. Consecuentemente, se puede destacar la importancia de la agroindustria en esta entidad federativa y su manifestación en el Congreso.

La situación californiana está simbólicamente cargada. Normalmente, en la mayoría de los estados los congresistas votan de acuerdo con el partido que representan (grosso modo, los demócratas apoyan las medidas heredadas del New Deal y los republicanos se oponen a éstas por razones de austeridad presupuestaria).⁵⁷ En California, todos los republicanos del estado apoyan el proyecto de ley que prevé la continuación del Programa Bracero, mientras que los demócratas son más sensibles a las condiciones de trabajo de los obreros y a las demandas de los sindicatos que lo denuncian.⁵⁸ Ya en 1946, Helen Gahagan Douglas, representante demócrata que mantiene una colaboración estrecha con los sindicatos como la NFLU y la American Federation of Labor (AFL), solicita al presidente Truman que se acabe con este programa, ya que existen más de 200,000 personas sin empleo en California. Señala que las demandas de mano de obra extranjera sólo buscan la constitución de una reserva de trabajadores suficiente para bajar los sueldos de los obreros agrícolas en la región.⁵⁹

Las reivindicaciones de los trabajadores agrícolas para obtener mejores condiciones salariales y laborales se organizan de manera más estructurada a partir de 1947, cuando la NFLU conduce una huelga contra la DiGiorgio Company. El resultado - muy decepcionante- de la primera huelga importante de los trabajadores agrícolas californianos (y de los Estados Unidos), es síntoma de la fuerza de los grupos agroindustriales y de los intereses de algunos personajes de la clase política regional, nacional⁶⁰ y mexicana. Durante esta huelga, que empieza durante el año 1947 y que no se termina antes de 1949, se piden mejores condiciones laborales, pero se denuncia también la utilización de los braceros y de los "mojados" como rompehuelgas, reclamando la suspensión del programa migratorio con México.⁶¹ Ninguna de las demandas de los sindicatos obtendrá satisfacción y las negociaciones entre los dos países se reanudan en 1949.⁶² Los agricultores californianos dicen entonces enfrentarse a una penuria de mano de obra y presionan a la clase política estadounidense y mexicana para seguir con el Programa Bracero.

Las pláticas en torno a la continuación de los acuerdos son entonces restringidas a un mínimo: ni en México ni en los Estados Unidos se quiere publicitar el asunto. Las autoridades mexicanas no pueden declarar su impotencia en cuanto a la creación de condiciones de trabajo dignas para sus conciudadanos. Sin embargo, la inflación galopante en 1949 provoca concentraciones importantes de trabajadores en espera de contratos braceros en las ciudades fronterizas, e intensifica la necesidad de seguir adelante con el programa de trabajo migratorio. En los Estados Unidos, la recesión que surge en 1949 aumenta la presión en el mundo rural californiano y las autoridades prefieren silenciar las negociaciones acerca del Programa Bracero. La manera privilegiada para reanudar el programa en este contexto de tensión en ambas naciones es autorizar simplemente la regularización de los "mojados" que ya se encuentran en los Estados Unidos. Aunque este tipo de contratación es reconocido como un aliciente a la emigración clandestina de los trabajadores mexicanos,⁶³ México acepta la reanudación del programa basado en la regularización de los wetbacks porque no puede reintegrar a los trabajadores que se concentran en la frontera.

A pesar de los resultados no muy alentadores de las acciones de los sindicatos agrícolas, la huelga en las propiedades DiGiorgio despertó al mundo rural californiano. En 1950, los casos de malnutrición y de subempleo en los campos californianos obligan a las autoridades del estado y de Washington a observar la situación de los trabajadores agrícolas estadounidenses y a analizar la relación entre la presencia de los "mojados" y la depreciación de los salarios en el sector agrícola desde la creación del Programa Bracero. Una comisión californiana y otra otorgada por el presidente Truman presentan sus conclusiones a principios del año 1951. Los resultados de la Comisión presidencial no son muy positivos y propician debates importantes en el Congreso sobre la posibilidad de imponer leyes destinadas a criminalizar el reclutamiento y el empleo de mano de obra mexicana clandestina.⁶⁴

En 1951, la opinión pública estadounidense ya no puede ignorar las consecuencias de la presencia de millares de wetbacks en el sector agrícola californiano. Para que sea posible seguir adelante con el Programa Bracero, las autoridades estadounidenses y mexicanas tienen entonces que demostrar una voluntad de reglamentar mejor el funcionamiento del programa y el flujo migratorio. A pesar de las concesiones mínimas otorgadas a los sindicatos agrícolas en las negociaciones de 1951,⁶⁵ la preponderancia del lobby agroindustrial californiano no está amenazada.

Como ya se mencionó, México aplica medidas "restrictivas" para dar cuenta de su voluntad de controlar el flujo migratorio; en cambio, las autoridades mexicanas exigen de los estadounidenses que se impongan medidas punitivas hacia quienes emplean mano de obra ilegal. Estas demandas de los representantes mexicanos y las quejas de la NFLU fomentan algunos debates en el Congreso de Estados Unidos. Los representantes y senadores están divididos sobre el asunto: algunos privilegian las demandas de la agroindustria lucrativa mientras otros se cuestionan sobre las condiciones de trabajo de los obreros agrícolas estadounidenses. Sin embargo, un consenso emana de las discusiones: la guerra con Corea (1950-1953) y la falta de mano de obra en algunos sectores implica la necesidad de mantener vigente el Programa Bracero. Los esfuerzos de la NFLU para concientizar a la población sobre los efectos del Programa Bracero y de la inmigración ilegal que lo acompaña se ven cancelados por los intereses inmediatos de la nación.

Relaciones especiales de la agroindustria y de los políticos californianos y mexicanos

La importancia de los agroindustriales californianos sigue entonces intacta durante todo el periodo estudiado. Su influencia en las negociaciones y en las clases políticas mexicanas y estadounidenses explica en buena parte la reanudación de un programa de trabajo migratorio percibido por varios sectores de la sociedad como imperfecto. Las relaciones que algunos políticos (californianos, estadounidenses y mexicanos) cultivan con este grupo de presión influyen directamente sobre los arreglos y la aplicación del programa. Las conclusiones a las cuales llega el Congreso estadounidense favorecen los intereses agroindustriales, particularmente, en el caso de los congresistas californianos. Algunas de las cláusulas de los acuerdos logrados entre México y los Estados Unidos entre 1947 y 1952, tales como el modo de reclutamiento (por ejemplo, la regularización) o la ausencia de sanciones aplicables a los empleadores indisciplinados, confirman esta realidad.

El carácter recurrente de los intercambios entre algunos políticos mexicanos y la agroindustria permite pensar que este tipo de influencia constituye al final un problema estructural importante que afecta la gestión de la migración. Se puede constatar que tal influencia es decisiva a finales del año 1948 en California. Con la denuncia del Programa Bracero por parte de las autoridades mexicanas en octubre 1948, después de la apertura unilateral de la frontera gracias al descuido de las autoridades en El Paso (Texas),⁶⁶ los agroindustriales californianos están ansiosos de obtener una garantía para mantener el acceso a la mano de obra mexicana. Tan pronto como en noviembre 1948, gracias a su relación privilegiada con México y con el gobernador Warren, la agroindustria logra obtener un arreglo más o menos oficial que le permite prolongar los contratos vigentes antes de la denuncia del acuerdo; William Darsie, presidente del Agricultural Council of California, agradece directamente al presidente Miguel Alemán por haber autorizado este arreglo.⁶⁷ Durante el invierno de 1949, este acuerdo informal se confirma entre México y Sacramento cuando las autoridades mexicanas autorizan que se regularice el estatus de los "mojados" que se encuentran en territorio californiano. El secreto alrededor de este acuerdo confirma también el carácter particular de estas relaciones y la posición ambivalente de México, que intenta al mismo tiempo disminuir la afluencia de sus trabajadores en las ciudades fronterizas.⁶⁸

Este acuerdo es el único que se celebra entre los gobiernos mexicano y estadounidense en materia de contratación de braceros entre octubre 1948 y agosto 1949.⁶⁹ Este tratamiento excepcional otorgado por las autoridades mexicanas al estado de California manifiesta la preponderancia de las relaciones entre la agroindustria y algunos políticos mexicanos y californianos. Los agroindustriales de la región presionaron con éxito al gobernador Earl Warren durante el año 1949 para que contactara directamente al cónsul Salvador Duhart y a Alfonso Guerra de la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener una autorización especial que permitiera la contratación de otros millares de braceros en California.⁷⁰ Es claro que las relaciones no oficiales entre los diferentes niveles de gobierno y los intereses de la agroindustria tienen una incidencia en las políticas migratorias binacionales.

Conclusión

El presente análisis de la dinámica del Programa Bracero enfatiza las fuerzas de expulsión y de atracción de ambos lados de la frontera, pero también las interacciones entre los diversos actores que suelen intervenir directa o indirectamente en la gestión y modificación de los acuerdos binacionales que regularizan la migración laboral entre México y Estados Unidos. Este artículo propone una perspectiva pluralista de la dinámica migratoria braceril y subraya las relaciones desiguales entre varios intereses regionales y nacionales, civiles y gubernamentales. Tal como lo menciona David Fitzgerald, los estudios que adoptan un enfoque "neopluralista" para entender los procesos de emigración e inmigración son escasos, pero ayudan a entender dichos procesos de manera comprensiva: "The politics of emigration are best understood by a neopluralist approach disaggregating 'the state' into a multilevel organization of distinct component units in which state incumbents and other political actors compete for their interests".⁷¹ Vimos que los intereses regionales contrarios a las políticas oficiales modernizadoras de Miguel Alemán limitan los esfuerzos de México para contener el éxodo de sus trabajadores. En el caso de Estados Unidos, coincidimos con otros autores, tal como Ernesto Galarza, cuando afirman que el peso de los agroindustriales californianos en la política regional y nacional estadounidense tuvo un impacto significativo en la reanudación de los acuerdos binacionales. Queda claro que los intereses internacionales, nacionales, pero también regionales, se entrecruzan y afectan la remodelación y la aplicación del Programa Bracero.

Las ventajas económicas de esta migración laboral para la economía mexicana justifican algunas de las concesiones hechas por las autoridades alemanistas.⁷² El abandono político de Guanajuato por parte del centro contribuye también a la consolidación de los corredores migratorios, legales e ilegales, ya que la población guanajuatense sufre de un desempleo importante. Además de estos componentes estructurales que impulsan la salida de la población activa de Guanajuato, ciertos elementos contextuales puntuales, tal como la epidemia de fiebre aftosa y su gestión trágica en el estado de Guanajuato, incrementaron la emigración masiva procedente de esta entidad federativa y explican el debilitamiento de la posición mexicana en las negociaciones con su contraparte estadounidense a lo largo de los años 1947-1952. Por otra parte, el predominio de la industria agroalimentaria californiana y la necesidad de disponer de mano de obra constantemente para abastecer a la nación durante la aplicación del Plan Marshall (1947) y durante el conflicto en Corea (1950-1953) refuerza la dependencia de este sector hacia los trabajadores agrícolas mexicanos. Frente a la importancia del lobby agroindustrial californiano y de sus relaciones con políticos clave, las reivindicaciones y las campañas emprendidas por los sindicatos agrícolas no tienen mucho éxito. La influencia de los grupos de presión californianos no se limita a la clase política estadounidense y se infiltra también en los círculos de poder mexicano. Podemos interpretar estas relaciones extraordinarias entre la clase política mexicana y ciertos grupos empresariales californianos como reflejo de una concomitancia entre las fuerzas de expulsión y las fuerzas de atracción. Las autorizaciones concedidas por la SRE y el Ejecutivo mexicano son el resultado de las presiones del lobby agroindustrial californiano, pero coinciden también con la urgencia del gobierno mexicano de dejar pasar estos trabajadores, resultado de una realidad complicada experimentada por un estado como Guanajuato que no logra detener el éxodo braceril.