Introducción

Desde la década de los ochenta, se hizo visible el modo de racionalidad neoliberal en las formas de organización, desarrollo, estructuración y trabajo en las universidades públicas mexicanas (^{Ibarra, 1999}), particularmente se observaron las repercusiones en las condiciones laborales de los académicos. Esa década estuvo marcada por una de las crisis económicas más severas en el país, aparejado de “la reestructuración de los procesos productivos y la flexibilización laboral” (^{Guadarrama, Hualde y López, 2014, p.13}). Décadas después y emanadas de ese contexto, las políticas públicas en Educación Superior centraron el discurso en la llamada “excelencia”, vinculada directamente en la evaluación “como mecanismo estratégico de regulación” del trabajo de los académicos en las universidades (^{Ibarra y Rondero, 2008, p.577}). Actualmente, esas políticas y mecanismos de regulación en el ámbito laboral continúan, acentuando las condiciones de precariedad laboral, en la crisis financiera nacional por la que atraviesan las universidades públicas, particularmente las estatales, como por ejemplo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Como una manera de explorar en ello, decidimos realizar un estudio cuyo objetivo fue conocer las percepciones de los investigadores sobre las condiciones laborales en las que realizan sus actividades de investigación y docencia. El estudio mostró que los investigadores perciben un proceso de degradación en sus condiciones laborales, vivenciando situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre, especialmente en la última década, vinculando esas experiencias con la precariedad laboral.

Las condiciones de precariedad laboral han sido identificadas en espacios académicos de la región latinoamericana (^{De Pádua, 2007}; ^{Cornejo, 2009}; ^{Orejuela y Ramírez, 2011}; ^{Restrepo y López, 2013}; ^{Reis y Cecílio, 2014}; ^{García y Moguillansky, 2014}; ^{Sisto, 2005}; ^{Gonçalves, 2018}; ^{Vilas et. al., 2018}), en esos estudios se mostró cómo el profesorado vivenció dichas condiciones y las formas heterogéneas de gestionarlas en su cotidianidad. En el caso de México, en diversas investigaciones (^{Sidorova, 2007}; ^{Ramos, Sieglin y Zúñiga, 2013}; Acosta y Sieglin, 2014; ^{Arce, 2016}; ^{Ávila, 2017}; ^{Acosta y Buendía, 2019}; ^{Izquierdo y Atristan, 2019}; ^{Mena, 2020}), se identificaron las condiciones de precariedad laboral del profesorado por horas, de profesores de tiempo completo y de jóvenes profesionistas adscritos tanto a Instituciones de Educación Superior (IES) del sector público como privado. Desde luego, nuestro trabajo retoma esas investigaciones como base, pero a diferencia de ellas, nos centramos en un grupo de actores cuyas percepciones de precariedad laboral han sido invisibilizadas, nos referimos a los investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Precisamente porque han sido considerados como una “elite científica” o como académicos “privilegiados”, desplegando sobre ellos una cortina de humo que invisibiliza las tensiones que experimentan en los espacios universitarios públicos en situación de crisis financiera.

En esta investigación, entendemos que la precariedad laboral “se caracteriza por la incertidumbre y la inseguridad”, las condiciones de precariedad remiten a un “salario bajo, escasa protección frente al despido, falta de acceso a la protección social y a los beneficios que se suelen asociar a un empleo estándar de tiempo completo, y a la posibilidad limitada o nula de los trabajadores a ejercer sus derechos en su trabajo” (^{OIT, 2011, p.7}). La precariedad laboral se asocia a un trabajo de carácter flexible, inestable, inseguro, atípico, desregulado y desprotegido (^{Guadarrama, Hualde & López, 2014}). Estamos de acuerdo con los autores, sin embargo, la precarización va más allá de los aspectos objetivos de lo laboral (^{Morgan y Wood, 2017}); en esta investigación se asumió la necesidad de conocer la subjetivación de la precarización de quienes lo viven y lo experimentan. Por ese motivo, nosotros mostramos las percepciones de los investigadores sobre las condiciones de precariedad laboral en una universidad pública estatal mexicana.

En el estudio, se identificó que esas condiciones provocaron en los investigadores una crisis identitaria de su profesión (^{Dubar, 2002}). Encontramos que los participantes en el estudio gestionaron las crisis a través de la activación de capacidades resilientes, entendidas como “la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad” (Henderson y Milstein, 2003, citado en ^{Acevedo y Mondragón, 2005, p. 23}). Las capacidades resilientes que fueron puestas en marcha por los investigadores, como recursos personales o colectivos, fueron dos: la “resistencia a la destrucción”, como una manera de protección ante el contexto que les tensiona y la “capacidad de construir”, pese a las circunstancias negativas que enfrentan (^{Badilla, 1999}).

Para poder tener acceso a dichas experiencias, utilizamos el relato de vida (^{Pujadas, 1992}), realizando 12 entrevistas semiestructuradas (^{Valles, 2002}) a Profesores Investigadores de Tiempo Completo (6 mujeres y 6 hombres), adscritos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tal y como se puede apreciar en la Tabla 1.

Los participantes pertenecen a cuatro áreas del conocimiento conforme a la división por áreas en la UAEM: Educación y Humanidades, Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias de la Salud y el Comportamiento, y Ciencias Exactas e Ingenierías. En relación a la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), diez de los doce participantes pertenecen al nivel I, II III y Candidato. Se integró al grupo de participantes, tanto PITC definitivos y no definitivos, así como jubilados (un caso), lo que permitió identificar elementos heterogéneos en sus percepciones sobre las condiciones de precariedad laboral.

El artículo está dividido en cuatro secciones. En la primera, se exploraron algunos elementos sobre las condiciones de precariedad laboral en el ámbito universitario, desde el contexto del capitalismo académico; en la segunda, se mostró el contexto institucional actual desde donde se llevó a cabo el estudio; en la tercera parte, se compartieron los resultados de la investigación y, finalmente, se brindaron las consideraciones finales.

Condiciones de precariedad laboral en las universidades públicas

Desde hace un poco más de tres décadas, se identificó la expansión del capitalismo académico en la Educación Superior pública a nivel internacional (^{Slaughter & Leslie, 1997}). Desde dicha teoría, se brindaron elementos que mostraron cómo las universidades públicas se vinculaban con el mercado y se documentó la influencia que ejercen “las políticas neoliberales y neoconservadoras en la inversión del gobierno en la educación superior y que llevan a poner el énfasis en el papel económico de la educación y en la eficiencia de los costes” (^{Rhoades y Slaughter, 2010, p. 44}). En su estudio, los autores también mostraron el cambio de estructura del empleo profesional en la Educación Superior, particularmente en las contrataciones de los tiempos completos (de manera permanente y dedicación exclusiva) a los tiempos parciales (sin ser permanentes) y el trabajo temporal, para ^{Rhoades y Slaughter (2010)} “lo que revela este cambio en la estructura del trabajo profesional, es un deterioro del papel tradicional del profesor”, en su análisis incluso advirtieron que “los profesores a tiempo completo no serán ya los artesanos que tenían el control de todo el proceso de producción. Serán, más bien, especialistas a destajo” (^p.54).

En México, ^{Suárez y Muñoz (2016)} identificaron también que el trabajo académico en las universidades públicas, se integró a una lógica empresarial, a partir de un enfoque de evaluación global del desempeño, provocando que las prácticas académicas y de investigación se integren a prolongadas jornadas con el objetivo de posicionarse o mantener altos niveles en sus puestos, que permitirá mayor reconocimiento y estabilidad económica con base en becas y premios; de igual manera, destacaron que el uso de las tecnologías de información son un elemento importante en términos de economía porque “facilita que los académicos se lleven el trabajo a casa y lo hagan en todos lados y tiempos” (^p.12); sería importante conocer cómo los académicos desarrollan su trabajo de investigación y docencia en el contexto actual que nos ha impuesto la pandemia, desde la virtualidad.

^{Suárez y Muñoz (2016)} argumentaron que en general en América Latina, las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas han perdido su orientación en torno al compromiso social, porque la relación entre Estado-universidad forzó a los actores institucionales a insertarse a las lógicas de la globalización, bajo condiciones de rigor presupuestario, flexibilidad laboral y condiciones de precariedad laboral que promovieron no solo la competitividad y la excelencia, también la disminución de los derechos laborales del académico, entre ellos la temporalidad, las retribuciones económicas y los tipos de contratos flexibles (^{Suárez y Muñoz, 2016}).

En ese mismo sentido, ^{Tamez y Pérez (2009)} afirmaron que los discursos de calidad y excelencia en la práctica académica, se emplearon a partir de sistemas y programas de evaluación como mecanismos para la asignación de recursos económicos a las diversas IES públicas mexicanas. Los autores identificaron un proceso de “despersonalización de la profesión académica como una de las formas en que se manifiesta la condición de precariedad laboral”, teniendo como resultado que “la actividad del docente se haya individualizado y fragmentado, por lo que los objetivos del quehacer docente son más difícilmente compartidos y defendidos colectivamente” (^p.385), ese proceso integró la percepción del trabajo académico y las exigencias laborales, que constantemente se han vinculado a un sistema de competencias para la búsqueda del reconocimiento que repercute en las funciones sustanciales del trabajo académico y en las condiciones de precariedad laboral (^{Tamez & Pérez, 2009}).

¿Cómo fue el proceso de despersonalización de la profesión académica y la conformación de un sistema de competencias para la búsqueda del reconocimiento? Según ^{Mendoza (2002)}, las universidades públicas mexicanas han experimentado diversos procesos de transformación. En un primer periodo, que comprende de 1970 a 1985, la Educación Superior transitó por la etapa de expansión en la cual se manifestaron condiciones que afectaron la calidad misma de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. El autor destacó principalmente tres dimensiones deterioradas en las instituciones en esas décadas: “el crecimiento acelerado con problemas de planeación y coordinación en las IES en todo el país, generando un desequilibrio social; la reducción del financiamiento, a partir de la disminución de la asignación del gasto público para los salarios del personal académico y otros puntos importantes de las IES; y la estructura y organización misma de las IES a través de las mermas en las funciones sustanciales de la universidad” (^{Mendoza, 2002, p. 81}). Asimismo, el autor reconoció que, durante la década de 1980, el crecimiento de la Educación Superior se afectó por la crisis económica del país, la cual “no solo provocó la subordinación de las Instituciones de Educación Superior frente al Estado, al depender económicamente para su funcionamiento, también impactó en todas las esferas del contexto social de la población que originó la disminución del nivel de vida, marginación social y diversas tensiones laborales” (^{Mendoza, 2002, p.67}).

Si bien desde la década de los ochenta se hizo visible la instauración de las políticas educativas neoliberales en la Educación Superior, fue a partir de 1990 que se concretaron en México como un modelo que logró posicionarse bajo un discurso y una agenda que buscó promover la calidad, la eficiencia, la productividad, la excelencia y la evaluación en las actividades académicas desde una visión empresarial (^{Guevara, 2010}). El crecimiento del mercado global y la necesidad de incrementar la matrícula educativa, se expandió hasta 2006 para atender y responder a estas necesidades, ese acontecimiento generó políticas orientadas a la privatización y la reducción del gasto público federal para el financiamiento de las IES públicas (^{Guevara, 2010}) -tal y como ^{Rhoades y Slaughter (2010)} lo identificaron en su estudio también-, acciones que repercutirían, años más tarde, en un efecto en cadena en varias universidades mexicanas, evidenciando las condiciones laborales adversas y de incertidumbre laboral que perciben los trabajadores universitarios mexicanos.

En el periodo del 2012 al 2018, el modelo de asignación presupuestal a las universidades públicas, se basó nuevamente en la búsqueda de la excelencia y la cobertura de la es. En el caso de las Universidades Públicas Estatales (UPES), el financiamiento ordinario se caracterizó, por ser diferencial en base a las necesidades de cada institución y por las negociaciones que se hacían con los gestores en cada estado (^{Mendoza, 2017}). Con el objetivo de aumentar los recursos públicos ordinarios, en las UPES se desarrollaron acciones que se basaron en impulsar la investigación a partir de la reorganización de su estructura y en el crecimiento de la infraestructura física con el objetivo de intentar atender una alta demanda (^{Mendoza, 2017}).

En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se reportó un crecimiento significativo de matrícula durante ese periodo, pero al mismo tiempo también se experimentaron recurrentes crisis económicas que, por ejemplo, hizo insostenible el pago de salarios a todo el personal universitario, el pago de deudas con proveedores, etc., todo lo anterior fue particularmente visible desde el 2016, acentuándose en el 2017 y estallando en crisis en el 2018, cuando los trabajadores universitarios sindicalizados no tuvieron más remedio que iniciar un movimiento de huelga para exigir el pago de sus salarios, y de sus prestaciones laborales en general, la situación de incertidumbre con respecto a los pagos de salarios continua hasta nuestros días, catorcena tras catorcena.

A nivel nacional, varias universidades estatales reportaron algunas inversiones que permitieron atender a las crecientes necesidades de docencia, investigación, difusión e incremento de la matrícula, sin contar con algún aumento en el subsidio ordinario, como fue el caso de la UAEM, al experimentar un crecimiento del 74%, mientras que el subsidio ordinario federal aumentó el 1 por ciento, causando un déficit financiero en la universidad que la llevó a la “quiebra” (^{El Sol De Cuernavaca, 2019}). Esa situación no solo se vivió en la UAEM, otras universidades públicas también experimentaron los impactos de esa crisis financiera nacional, “uno de los principales problemas de financiamiento que aqueja a todas las universidades autónomas, sean federales o estatales, es la falta de certeza sobre el monto de los recursos con que operan cada año en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos de su entidad federativa” (^{Mendoza, 2015, p. 256}).

Algunas de las universidades públicas estatales en las que se ha experimentado esa situación son: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) (ANUIES, 2019), y en situación crítica se encuentran también la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Este momento de vulnerabilidad que se vive en las UAPES es reflejo de la insuficiencia e incertidumbre en el financiamiento que se ha venido arrastrando décadas anteriores. Un estudio en prospectiva que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) plantea para el año 2030, deja al descubierto que tanto la caída en los precios del petróleo y la volatilidad económica mundial, seguirán impactando de manera negativa para las UAPES en cuanto a las finanzas públicas, ya que habrá una fase prolongada de contracción del presupuesto destinado a la Educación Superior y, en específico, al desarrollo de las ciencias y las tecnologías.

En ese contexto, también permeó la llamada “Estafa maestra”. Ese reporte fue una investigación hecha por un grupo de periodistas mexicanos (^{Animal Político, 2017}), sobre la supuesta participación de autoridades del gobierno federal, entre ellas la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del entonces presidente de la república, en el periodo 2012-2018. En dicho reporte documentaron que se “utilizaron empresas fantasmas para desviar recursos millonarios” (^{Tourliere, 2017}). Según la investigación de los periodistas, en ese desvió participaron varios gestores de universidades públicas, entre ellas mencionaron a la UAEM, y otras más que nombramos en el apartado anterior. El reporte de la “Estafa maestra” ha sido un tema muy discutido en diversas fuentes hemerográficas de circulación nacional y estatal; el debate más dinámico fue en los periódicos (véase, por ejemplo: ^{Sánchez, 2019}; ^{Camacho, 2019}; ^{Rodríguez, 2019}; ^{Lavín, 2019}; ^{La Razón de México, 2019}; ^{Roldán, 2018}; ^{Juárez, 2019}). En las notas publicadas, se argumentó (^{Roldán, 2018}) que la autonomía de las universidades no debe eximir de la obligación a las autoridades de las universidades públicas para su “rendición de cuentas”. El debate y las acusaciones legales en contra de quien resulte responsable de dicho desvío millonario, siguen hasta la actualidad, eso puede observarse a través de la creación de una “Comisión especial para la investigación sobre la Estafa maestra” (^{Senado de la República, 2018}) y la vinculación a proceso de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el 13 de agosto del 2019 (^{Lastiri, 2019}).

Con respecto a la asignación de fondos para los pagos de nómina y prestaciones, en el 2017 representaron un 73.2 por ciento del gasto total de las universidades; en los casos de las universidades de Morelos, Chiapas, Estado de México y Oaxaca, el pago de salarios representó más del subsidio ordinario, lo anterior orilló a los administrativos y gestores de las IES a recurrir a fondos extraordinarios y a los ingresos propios -siempre escasos- para saldar dichos compromisos (^{Ugalde, 2019}), compromisos que no siempre fue posible cubrir, dado que los trabajadores universitarios, en los últimos años, se han quedado sin recibir -en el tiempo estipulado por los diferentes instrumentos legales- su salario y prestaciones por varios meses, lo anterior se percibe por los investigadores como una de las condiciones de precariedad laboral, tal y como lo podemos observar en los siguientes apartados.

La UAEM: un botón de muestra

La Universidad Autónoma de Estado de Morelos (UAEM) es relativamente joven, se creó en la década de los cincuenta, en una región fundamentalmente agrícola, exportadora de arroz y azúcar. Sus primeras décadas de vida, 1960-1970, fueron con el sostenimiento de una matrícula de jóvenes, principalmente de preparatoria y de licenciatura, con escasos profesores titulados que básicamente mantenían labores de docencia y gestión. Fue a finales de los setenta y en los ochenta cuando en la universidad se inauguraron los primeros dos posgrados, la Maestría en Administración y la Maestría en Química Orgánica, ofertados por la Facultad de Contaduría y Administración y la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (^{Barona, 2000}). Más tarde, “en el ciclo escolar de 1982 a 1983, los estudios de posgrado en la UAEM representaban un 1.6% de la matricula total” (^{Prawda y Flores, 2001}), si bien era un porcentaje pequeño, la matrícula del posgrado de la UAEM ya tenía cierta representación a nivel nacional

Desde los noventa, ya se preveía que los estudios de posgrado debían “formar investigadores y preparar profesionales altamente calificados en los aspectos básicos inherentes a cada programa; con una capacidad innovadora en investigación, docencia y difusión de la cultura” (^{Montalvo, 1994, p. 205}). Fue en la gestión del licenciado Manuel Montalvo Pérez, en 1990, cuando se creó la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIYP), la cual estuvo a cargo del maestro Gerardo Ávila García, “en donde se concretó el trabajo en planeación y desarrollo de la investigación y los estudios con posgrado en la UAEM” (^{Barona, 2000, p. 269}).

En la administración del maestro Gerardo Ávila, rector interino en el periodo de 1995-2001 (y antes Director de Investigación y Posgrado, DGIYP), fue cuando se institucionalizó la investigación, aprovechando fuentes de financiamiento externo, así como de un impulso de nuevos proyectos científicos, de construcción de varios centros de investigación y de contratación de personal altamente calificado como profesores investigadores con doctorado y posdoctorado, tanto a nivel nacional como internacional (^{Izquierdo, 2006}). Para 1997 ya existía una perspectiva clara para la conformación y desarrollo de grupos de investigación, algunas de las acciones que se emprendieron se centraron en dar impulso a programas de retención y repatriación de investigadores, del subprograma de Cátedras Patrimoniales de Excelencia, nivel I y II, y del programa Internacional de Jóvenes Doctores Españoles, así como de atracción de científicos a escala internacional, aprovechando también el drenaje de cerebros de otros países, para la formación de jóvenes investigadores a través de los posgrados en la universidad.

Fue precisamente en la década de los noventa, en el contexto de las políticas neoliberales de la Educación Superior en México, cuando se institucionalizó el trabajo de investigación científica en la UAEM. Ese fue uno de los elementos que posibilitó el crecimiento y desarrollo de la investigación y de la atracción (y posterior contratación) de investigadores tanto nacionales como extranjeros, integrando también mecanismos de regulación del trabajo académico que pusieron en marcha la maquinaria para alcanzar indicadores que demostraran el desempeño de “calidad y excelencia” de los trabajadores. Uno de los indicadores es precisamente el número de Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC) que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En el 2019, la universidad contaba con 479 PITC, de esos, 284 (22 candidatos, 169 en el nivel I, 62 en el nivel II y 28 en el III) participan en el SNI. Particularmente en la década del dos mil, se consolidó esa planta académica de PITC, los cuales han sido los pilares en el sostenimiento tanto de esos indicadores como de otros, a los que están estrechamente vinculados, por ejemplo, el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En ese mismo año, la universidad contaba con 47 posgrados en el Padrón, 1 de competencia internacional, 13 consolidados, 21 en desarrollo y 12 de reciente creación (^{Urquiza, 2018-2019}).

Pero no todo fueron indicadores de “excelencia”, más tarde, la falta de subsidios ordinarios en la UAEM para cubrir los pagos de salario y prestaciones de 6 mil trabajadores académicos, investigadores, administrativos y técnicos, ocasionó que el 19 de septiembre del 2018, los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) estallaron un movimiento de huelga para exigir el pago de sus salarios y prestaciones, ante esos acontecimientos, el rector manifestó: “nos quedamos sin recursos. Jamás pensé que llegaríamos a este punto, porque los rectores de universidades con problemas financieros venimos realizando gestiones desde hace meses. Solicitamos un rescate de 19 mil millones de pesos’’ (^{Morelos, 2018, p.32}). Posterior a las negociaciones entre las autoridades de la universidad, el SITAUAEM y el gobierno estatal generó el acuerdo para culminar con el movimiento de huelga después de 35 días (^{Brito, 2018}), al obtener parte del recurso solicitado que les permitió enfrentar, de manera temporal, la crisis financiera de la universidad.

En ese contexto, a principios del 2019, diversas acciones se realizaron desde la administración central de la UAEM, algunas de esas acciones se orientaron a los cambios estructurales, ahorros y la aplicación de “planes de austeridad” concordantes con la política de la 4T, que redujeron un 47% el déficit histórico de la institución. El rector planteó a las autoridades del gobierno federal y estatal, la importancia de reconocer el costo por estudiante en la UAEM, el cual actualmente se encuentra por debajo de la media nacional que equivale a 60 mil pesos anuales por estudiante, mientras a la UAEM se le asigna un costo de 48 mil pesos anuales, situación que podría ayudar a “resolver la crisis financiera” (^{Morelos, 2019}).

Cabe destacar que la génesis de la crisis financiera se inició desde décadas atrás, pero se hizo más visible a partir del 2016, cuando los trabajadores empezaron a vivir con incertidumbre porque recibían de manera tardía o a cuentagotas sus salarios y prestaciones, continuando en el 2017 con la misma situación de vulnerabilidad y viviendo la etapa más severa en el 2018, cuando ya no se pudo garantizar por meses el salario y prestaciones laborales a los trabajadores académicos y administrativos de la UAEM, y el sindicato tuvo que convocar a huelga. Lo anterior sigue repercutiendo en la vida de los investigadores y, en general, en la vida de todos los trabajadores tanto académicos como administrativos, porque el “rescate financiero” solicitado solo ha tenido medidas paliativas en el ámbito laboral universitario. En ese sentido, las condiciones de precariedad laboral, se vuelven más visibles, especialmente cuando se toca el punto de los salarios de los trabajadores, así lo hizo notar el siguiente investigador “puedo venir a trabajar con la escasa infraestructura, así, con las condiciones mínimas, pero, ya que no me paguen por mi trabajo, eso es otra cosa, eso ya está completamente fuera de lo que puedo soportar, no yo, como decirte, es que no soy solo yo, está de por medio mi familia, mis hijos”.

Los investigadores ante las condiciones de precariedad laboral: activando capacidades y recursos

Se podría pensar que los investigadores del estudio ya tienen su vida laboral resuelta, dado que todos fueron contratados como Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC); no son profesores por horas, de tiempo parcial y, en principio, tampoco “profesores contingentes” (^{Rhoades y Slaughter, 2010, p. 53}); aunque los investigadores entrevistados que todavía no son definitivos, consideraron cada vez más difícil e incierto acceder a ello, en su futuro. Y dado que diez de los doce participantes en el estudio, cuentan con la membresía del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se podría pensar también que tienen sus necesidades económicas resueltas, pues “además de su salario” también reciben mensualmente el monto que les corresponde, según su nivel, de parte del Sistema, es decir, pueden ser vistos como académicos “privilegiados”; aunque los investigadores cuestionan esos supuestos y aclararon que el monto que reciben por su pertenencia al SNI, no debería ser visto como un pago en ausencia de su salario universitario sino como una distinción a su trabajo de investigación:

Así estuvimos varios meses, sin que nos pagaran nuestros salarios, la cosa llegó hasta el punto de que incluso nos decían, “de qué se quejan, si ustedes tienen el SNI, son privilegiados” ¿Eso qué significa? ¿Me debo sentir feliz de que no me paguen mi salario porque tengo el SNI? A ver, cuando me contrataron en la universidad firmé un contrato, estaba estipulado un salario, nunca me dijeron que habría un cambalache de mi salario por el SNI, entiendo que el SNI es una distinción no un salario. Y, pues, ahora, la cosa va empeorando cada vez más, trabajamos ya de por sí en condiciones precarias y, ahora, debemos guardar silencio cuando no recibimos nuestro salario, porque ahí tenemos lo del SNI, entonces, lo del SNI se ha convertido en un cambalache salvavidas, cada vez que la universidad entre en crisis y no nos paguen nuestro salario, pues no importa, ahí está el SNI ¿no? ¿Y quiénes no lo tienen?

Si bien los investigadores participantes en el estudio tienen una plaza de PITC y prácticamente la mayoría son miembros del SNI, las condiciones de precariedad laboral que experimentan en su día a día y que, desde sus relatos, se recrudecieron en la última década, tienen que ver particularmente con dos percepciones ancladas en la precarización del trabajo académico: “la incertidumbre y la vulnerabilidad” (^{Morgan & Wood, 2017}). Ambas son percibidas por los investigadores en su vida laboral y les generó una especie de crisis en su identidad profesional, esa crisis la identificamos particularmente en su sentido de pertenencia a la profesión académica: los investigadores se cuestionaron, si tomaron la decisión correcta al dedicarse a la vida universitaria, si tiene sentido seguir formando a jóvenes investigadores y si vale la pena continuar trabajando en la investigación:

¿Vamos a poder seguir formando estudiantes o no? ¿Vamos a poder seguir haciendo investigación o no?, ese es el punto fundamental de la preocupación en cuanto a presupuesto.

¿Cómo yo puedo decirle a mi estudiante “dedícate a ser profesor, estudia para ser un investigador”? ¿Cómo le puedo decir eso?, si ahorita ya estoy viendo que eso puede ser un camino equivocado, si ni siquiera se puede tener una vida digna, un salario en el que yo diga “hice bien en dedicarme a la investigación”.

Ante esa crisis, identificamos que los investigadores respondieron de dos maneras: a través de la “capacidad de construir” y de la “resistencia a la destrucción”. Ambas fueron respuestas o capacidades resilientes que accionaron ante las adversidades que experimentaron en su vida académica desde contextos laborales precarios, como por ejemplo: falta de una solución permanente y sostenible de parte de las autoridades gubernamentales, a la crisis económica que se vive en las universidades públicas estatales, tal y como veremos a continuación en sus diferentes relatos.

Capacidad de construir

La capacidad de construir mecanismos para el afrontamiento en condiciones de precariedad laboral, se relacionó de tres maneras. En el primero, los académicos generaron mecanismos para ajustar y reestructurar las prácticas académicas (principalmente en la docencia y la investigación), a pesar de la crisis financiera en la UAEM:

En las clases, afectó en el sentido que si bien yo tenía un programa, lo tuve que ajustar y lo tuve que ajustar también para darle a los chavos los contenidos mínimos, no todo lo que yo quería dar en el semestre pero sí los contenidos mínimos y mucho más rápido, tuve que venir días que no me tocaban, yo acordé con los chavos para venir, generalmente tenía clases cuatro horas en un día a la semana, tenía clases un día a la semana y, entonces, tuve que ir dos y, además, como tenían clase otros días, el día que les quedaba libre eran los viernes en la tarde, entonces, los viernes en las tardes tuve que dar clase también para poder compensar.

El segundo mecanismo tuvo que ver con la generación y fortalecimiento del trabajo colaborativo entre los académicos. Asimismo, el uso de recursos individual y grupal que les permitieron enfrentar los obstáculos en sus espacios de investigación y docencia:

Trabajando, reuniéndome con compañeros con los que tengo afinidad de intereses académicos y haciendo grupito y apoyándonos, trabajando y colaborando, porque finalmente no hay de otra.

Lo que traté de hacer fue un pequeño oasis aquí en mi laboratorio, hacer todo lo posible para que mis estudiantes tengan condiciones adecuadas, es decir académicamente de alto nivel y que tengan oportunidades de irse al extranjero a realizar una estancia en universidades de prestigio, con colegas que tengo.

Para afrontar los efectos de la precariedad laboral en la dimensión personal y familiar, algunos de los académicos, en su mayoría mujeres, buscaron y construyeron espacios para la atención de su salud física y psicológica, ese fue el tercer mecanismo:

Lo que yo he estado haciendo en los últimos meses es, uno, atender la salud, darle un espacio, no desatenderla, hacer revisiones médicas e inversiones en la salud; la otra es, por ejemplo, regresé a un espacio terapéutico, creo que es importante y uno de los temas es, cómo logro administrar mejor mi vida personal con mi vida laboral y, por el otro lado, yo creo que es todos los días, llenándote la cabeza, es decir uno debe tener espacios personales, de descanso, de recreación, los fines de semana evitar trabajar, ¿no?, autorregularte en términos reales y concretos.

La atención a la salud psicológica de los profesores, se ha centrado en gestionar sus espacios y tiempos más allá de su trabajo académico, también ponen atención en el cuidado de sí mismos. La construcción de esa capacidad resiliente, les ha permitido a los profesores reestructurar sus prácticas académicas, intentando equilibrar su vida familiar y laboral. La valorización de sus experiencias, en espacios terapéuticos y fuera de ellos, permitió que las y los participantes analicen sus expectativas a largo plazo con respecto a su relación contractual en la universidad, para hacer un balance entre los aspectos negativos de sus experiencias de precariedad laboral y aquello que les satisface y pueda dar sentido y valor a su práctica profesional y a su vida. En ese sentido, advertimos la necesidad de indagar en próximos estudios sobre la cuestión de las emociones y las condiciones de precariedad laboral de los investigadores.

Por otro lado, planteamos que las causas de la precariedad laboral, que son básicamente de tipo estructural, han alcanzado incluso a los investigadores con membresía y sin membresía en el SNI. Por ejemplo, la pandemia por covid 19 que se desencadenó en nuestro país a principios del año 2020 ha generado una crisis económica y laboral, sin dejar de lado los efectos de la llamada: “austeridad republicana”, de la actual administración federal. Para muestra un botón: reducción del presupuesto a las universidades públicas, reducción del presupuesto a los centros públicos de investigación; cambios al reglamento del SNI a través de la llamada “refundación del SNI”. Con relación a este último punto, solo recordar que, desde su origen, el apoyo económico que han recibido quienes son integrantes del SNI ha tenido limitaciones estructurales al momento de ponerlo en práctica. En ese sentido, coincidimos con ^{Pradilla (2012)} en que el carácter selectivo, por lo general excesivamente cuantitativo y productivista, ha excluido a una parte mayoritaria del profesorado universitario, que sigue sobreviviendo con el deprimido salario básico. “La limitación fundamental radica en el hecho de que el estímulo económico no forma parte del salario integral del trabajador universitario, por lo cual no tiene ninguna incidencia sobre el conjunto de prestaciones sociales legales vigentes en México: aguinaldo, primas vacacionales y, sobre todo, la jubilación (^{Pradilla, 2012, p.23}).

Resistencia a la destrucción

Las formas en que los académicos han generado capacidades de protección ante el contexto que viven de precariedad laboral, ha sido a través de la puesta en marcha de mecanismos que tienen que ver fundamentalmente con la supervivencia económica. Algunos se protegen invirtiendo sus propios recursos económicos y otros utilizando el ahorro, cuando eso es posible:

Se ha reducido muchísimo la posibilidad de bajar recursos de otros lados, pareciera ser que solamente está muy concentrado en ciertos grupos o en ciertas situaciones, entonces ¿Qué hago?, ¡Invierto!, invierto de mis propios recursos personales para la compra de materiales, hasta para viáticos, hasta para contratar, con un pequeño salario, a gente que me apoye, ¿no?, porque si no, todo esto es inviable, no puedo parar en términos de que los proyectos me importan mucho y quiero sacarlos, pero entonces acabo invirtiendo de mi propio dinero, lo poco que tengo, lo invierto para poder realizar esas actividades y no parar, eso es lo que hago.

Lo que queda es ahorrar, podemos ahorrar poco, podemos ahorrar mucho, algunos pueden ahorrar bastante, pero otros no podemos ahorrar nada, pero lo que he visto es que esa es la estrategia principal, cuando nos llegan a pagar, vamos guardando un poco, no se lo acaba uno, para que después cuando hayan estos problemas de falta de pagos, de salarios y de prestaciones, que ya son recurrentes desde hace varios años, pues pueda uno sobrevivir por un rato y, luego, otra vez, a hacer lo mismo, y así ha sido nuestra vida en esta universidad, desde hace varios años.

Otra manera en la que los investigadores intentan protegerse de la “incertidumbre económica”, pero que al final resulta ser un “desequilibrio” que repercute en sus familias, tiene que ver con la solicitud de préstamos, incluidos los bancos, para tener la posibilidad de intentar estabilizar su situación económica:

Todos estos años he vivido esta incertidumbre económica en la universidad y lo que he hecho es endrogarme, pido préstamos al banco, a la familia, a mis amigos, y después está la bronca de que hay que devolver el dinero; entonces, todo es un desequilibrio, entramos en un desequilibrio y eso me afecta mucho a mí, a mi familia, porque eso tiene secuela, no es que las cosas vuelvan a la normalidad. Hay un desequilibrio en tu estilo de vida, hay una ruptura en lo que antes solías hacer y ahora ya no puedes porque no tienes dinero, hubo que hacer cambios en la familia, hasta de organizarnos para esas situaciones, hay que pedir préstamos, digo, los amigos y la familia no te cobran intereses, pero el banco, sí. Entonces, todo eso después tiene consecuencias y hay una secuela porque apenas acabas de pagar un préstamo y ya viene el otro, y el otro, no se termina, ya debes aquí, ya debes allá, y te preguntas: “¿cuándo me van a pagar, hasta cuándo?”, es una incertidumbre permanente. Y cuando por fin te pagan, ya estás pensando “debo esto y debo esto otro”, es una sensación terrible porque no tienes certeza de qué va a pasar el día de mañana, “me pagan, no me pagan”, por eso te digo, una situación otra vez así, creo que seriamente voy a pensar en otra opción laboral.

Finalmente, se identificó también que para protegerse, los investigadores intentan ciertas acciones individuales para tratar de solucionar la situación en la que viven; en los relatos de los investigadores se puede apreciar también una cierta actividad grupal y semi organizada pero que no se logra concretar de manera efectiva en los espacios de investigación y docencia, desde donde se adscriben, lo anterior delega la acción al plano individual y merma las estrategias colectivas que podrían ser más efectivas y solidarias en el largo plazo:

Esperamos, nos quejamos, nos vamos a rectoría y nos ponemos entre todos a pedir solución. En algún momento hemos ido a reclamar a la rectoría de, cómo es posible que suceda este tipo de cosas, a veces hemos escrito cartas que se le envían al rector o a las autoridades correspondientes para que traten de resolver el problema, pero aparte de eso, uno no tiene mucho para donde hacerse.

Respiro y trato de leer la situación y trato de ver en qué sí puedo aportar y en que sí puedo abonar y, en algunos casos, por supuesto que tomo partida en términos de lo que yo creo que es correcto, ¿no?, y de lo que aporta a la universidad y lo que aporta a mi trabajo […]; también, por el otro lado, digo, “el conflicto o la situación que lo está provocando me rebasa y tampoco puedo hacer mucho para cambiarlo” entonces, es una situación que consideras que puedes cambiarlo, negociarlo y discutirlo y, después, te das cuenta que eso no es posible y que las cosas no van a cambiar entonces, después empiezas a desarrollar estrategias para aliviar el día al día, respiras y te dedicas a trabajar, cuando no puedo cambiarlo, me dedico a trabajar de tiempo completo y digo “¡Mejor me dedico a sacar mis proyectos!”.

La resistencia a la destrucción, a través de las capacidades de protección, ha sido una forma de resiliencia que la mayoría de los académicos manifestaron y pusieron en práctica, pero fueron los propios académicos quienes reconocieron que esas acciones son de corto alcance, es decir, no pueden ser una solución a una crisis económica permanente. Las experiencias de precarización laboral de los académicos, desde luego tienen que ver con la incertidumbre tanto en la cuestión salarial como en la permanencia laboral en la institución, pero también están relacionadas con la degradación de sus condiciones laborales a través de los años. En dichas experiencias, los académicos mostraron percepciones de incertidumbre y vulnerabilidad en el ámbito laboral, que lejos de resolverse, se agrava.

Cabe recalcar que las condiciones de precariedad laboral de los académicos no es resultado solamente de una fase económica coyuntural de un sexenio, es resultado de toda una lógica que desde los años ochenta se venía maquinando a través de lo que ^{Lloyd, (2018)} llama el New Public Management o Nueva Gestión Pública cuyo enfoque va de la mano con las llamadas “políticas económicas de corte neoliberal”, una tendencia en la administración pública que se caracteriza por un nuevo énfasis en la rendición de cuentas, en los esquemas de evaluación -el llamado “Estado evaluador”- y en la racionalización (y recorte) del gasto público. Si a lo anterior, le agregamos que el país enfrenta un problema de bajo crecimiento económico y que eso probablemente repercuta en que los investigadores pueden perder el estímulo económico del SNI, significará un duro golpe para la calidad de vida de los investigadores ya que su impacto se verá reflejado en múltiples circunstancias traumáticas de la vida cotidiana y social (enfermedad, discapacidad, caída de la productividad, etc).

Consideraciones finales

En el estudio, se mostraron las percepciones de los investigadores sobre sus condiciones de precariedad laboral en la Universidad de Morelos. En los relatos de los participantes, se identificó que dichas condiciones están relacionadas con las políticas y mecanismos de regulación en el ámbito laboral, desde un contexto de crisis financiera nacional en las universidades, lo que provocó en ellos una especie de crisis en su identidad profesional, al grado de cuestionarse si tiene sentido continuar su trabajo en la investigación y docencia. Las maneras de hacer frente a esa crisis identitaria fueron a través de capacidades resilientes (capacidad de construir y resistencia a la destrucción). Las cuales les han permitido gestionar dichas tensiones, pero sin llegar a resolverlas, ya que, para ello, no solo se requiere de la participación proactiva de los investigadores, sino de acciones concretas que tienen que ver con la implementación de políticas públicas ejecutadas desde el gobierno federal, estatal y municipal que coadyuven a la solución y mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.

Encontramos que la valoración subjetiva de la precariedad laboral en los investigadores, tuvo que ver con la condición de ser precario o como una experiencia del actuar o estar en un espacio de investigación y docencia precario, y ésta se articula con la incertidumbre y la vulnerabilidad que las condiciones laborales han representado en sus dimensiones personales, familiares y laborales, con la sensación de limitación en el desarrollo profesional que modifican las formas en la que los investigadores perciben su práctica académica, en dos vías simultáneamente: con la naturalización de las condiciones laborales precarias, y con la empatía con los otros, al reconocer también la vulnerabilidad que experimentan todos los trabajadores, pero sin llegar a concretarse en acciones colectivas efectivas. Identificamos que la identidad del investigador, se ha resignificado a través de los sistemas de evaluación y compensación por la productividad científica y la constante demanda de la “excelencia” y los indicadores de “calidad” que se exige en las IES, hasta el punto que los académicos se cuestionan “¿Qué sentido tiene entonces ser profesor?”.

No en vano las capacidades de protección puestas en práctica por los investigadores ha sido una clara respuesta ante los efectos del llamado capitalismo académico, que agudiza y agrava sus condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, las políticas de evaluación y acreditación impuestas desde la lógica de la Nueva Gestión Pública ha generado un conjunto de cambios en los esquemas de organización de las universidades en las diferentes formas en cómo se gestionan los recursos económicos, en cómo se asignan y multiplican las funciones del trabajo académico. En tales circunstancias, emerge un nuevo tipo de investigador que en su momento ^{Acosta (2006)} lo nombró como “académico integral”, un nuevo sujeto académico que se vendrá a desempeñar bajo un sistema de premios, control, vigilancia y castigo. Pero lo mas grave es que este académico “multiusos”, es producto del capitalismo académico que se ha instaurado en las UPES en el que sobresale la cultura de la competencia y la ganancia, y que a final de cuentas se sigue ejerciendo un conjunto de presiones hacia los académicos para entregar productos científicos, tecnológicos, que después deberán tributar en el mercado en forma de patentes en el menor tiempo posible. El que sean orillados a entrar en competencia por recursos económicos bajo diferentes modalidades, el que sigan sometidos a evaluaciones constantes para medir la productividad científica entre otros aspectos, nos hace reflexionar sobre los impactos que en un futuro tendrán dichas condiciones materiales de existencia en las propias subjetividades y en las prácticas científicas de los investigadores.

Finalmente, podemos afirmar que las situaciones de vulnerabilidad social a la que se enfrentan y enfrentarán los investigadores mexicanos en los próximos años tendrán secuelas en términos, por ejemplo, de las condiciones salariales que para Ocampo-Gómez, et al., (2018), significan tres asuntos importantes de resaltar. Primero, que no se crean derechos sobre los incentivos, sino que son concesiones sujetas a renovación que, de no cumplir con los requisitos estipulados para cada uno, se justifica removerlos. Segundo, los sobresueldos son para personal en activo, por lo que preocupa lo que sucede con los jubilados que se retiran con sueldos de bajo poder adquisitivo y, finalmente, gozar del sobresueldo oculta, al menos temporalmente, la precariedad del sueldo base, creando una ilusión de suficiencia.