Los ejes articuladores de la obra

En términos más analíticos, y anticipando que no se hará el intento de resumir las ideas de cada autor, resaltaré primeramente ejes o líneas de conexión y de interrupción generales en los escritos. Encuentro en el trabajo de los colegas un posicionamiento compartido respecto a mirar críticamente la forma en que se ha venido dando el cambio en las universidades públicas que ha llevado a un tipo de gobierno y de gobernanza donde confluyen elementos internos y externos a las instituciones que, al parecer, las ha llevado a preocuparse más por el logro de indicadores y por la implementación de políticas exógenas, que por el desarrollo de una mayor reflexividad que les permita generar un mejor gobierno universitario más participativo, más abierto, más democrático y menos gerencial. Este posicionamiento es sin duda crítico y se hace evidente en los diferentes capítulos señalando también cómo la burocracia, la fiscalización y la administración se han convertido en los principales ejes reguladores de la vida de las instituciones por encima de los elementos académicos o científicos.

Identifico también en prácticamente todos los autores una incomodidad o insatisfacción con la forma en que se desarrollan los mecanismos de participación “realmente existentes”, más allá de las formalidades o idealizaciones plasmadas en los diseños institucionales. Y en términos simples es posible identificar de manera abierta o sutil la crítica a cómo funcionan los consejos universitarios, o inclusive las juntas de gobierno, al elitismo aceptado para poder llegar o acceder a estos espacios, y los efectos de desapego o distanciamiento que la forma de operación de éstos órganos genera en las instituciones y sus comunidades.

Identifico también el compartido y elocuente llamado que hacen algunos autores para modificar las formas de participación, para experimentar o intentar nuevas maneras de invitar a las comunidades a participar del gobierno universitario, y a invertir la estructura de fuerzas y las lógicas de gubernamentalización que parecen organizar de manera sutil o a veces dura el trabajo en las instituciones. Con eso, también identifiqué que estas agudas críticas no fueron acompañadas necesariamente por propuesta o recomendaciones puntuales en todos los casos. Esto, por supuesto, no desmerece en manera la crítica que debe ser bienvenida sea o no solamente “constructiva”, como señala uno de los autores en el libro.

Algunos puntos para la controversia

Junto con estos planteamientos tan interesantes hay algunas ideas en el texto que me llevan a desarrollar algunos cuestionamientos y un diálogo con los autores. Es el caso de la noción del neoliberalismo que aparece en algunos de los escritos y que juega el papel de una suerte de llave maestra que por el solo hecho de ser evocada o mencionada permitiría descodificar algunas de las principales causas o fuentes de las políticas educativas e institucionales que han convertido a algunas universidades públicas en entes organizados a partir de lógicas empresariales y basadas en méritos y valores externos a la vida universitaria.

Aunque me parece que sin duda el programa neoliberal (^{Escalante, 2015}) ha tenido influencias contundentes sobre la forma en que se organiza el gobierno universitario. Este tipo de argumentos me parecen problemáticos porque presuponen primero, una suerte de mimetismo institucional, que se mezclaría con un profundo autoritarismo y una estructuración vertical, poco democrática que pondría en cuestión los procesos de participación en las Universidades debido al neoliberalismo, como si antes del ascenso de dicho programa las universidades hubieran sido planamente “democráticas”.

En el caso de la precarización de los salarios de académicos, la creciente participación del sector privado en la impartición de educación superior, o de los recortes en los fondos a instituciones de educación superior o a las actividades de investigación científica, recientemente es común escuchar y leer que se debe al neoliberalismo, que habría permitido una gobernanza donde el Estado es cada vez menor, hay más actores no estatales y la autonomía es relativizada.

Considero un riesgo el efecto de simplificación que ciertos usos del neoliberalismo implican para el análisis y por consecuencia en la dilucidación de estrategias de cambio. Al día de hoy, hay un cierto consenso en diferentes ámbitos acerca de que las políticas de educación superior y el concepto mismo de gobernanza solo son posibles en democracias neoliberales donde se ha dado el retiro calculado o accidentado del estado en ámbitos como la educación, la salud o inclusive en ámbitos donde el co-gobierno es indeseable, por ejemplo, la seguridad (^{Aguilar, 2010}). Si indagamos en el programa neoliberal posiblemente ahí podamos encontrar al principal responsable del ascenso de la perspectiva gerencial a las instituciones educativas mexicanas, pero me sorprende mucho su uso -el del neoliberalismo- como ente meta-explicativo que por su sola evocación puede ayudar a dar cuenta de los cambios de los últimos 30 años.

Este tipo de pensamiento conlleva el riesgo de simplificar los análisis y evadir el establecimiento de relaciones causales entre actores puntuales en las distintas estructuras de poder, de administración y de gestión en un cierto momento histórico. Por ejemplo, me cuesta aceptar el argumento de que programas como el SNI o el concurso por fondos de investigación se hayan impuesto por el neoliberalismo cuando podemos encontrar otras razones de orden coyuntural y contextual -crisis fiscal, estancamiento de salarios, necesidad de impulsar la ciencia- que por diferentes razones devinieron políticas “permanentes”.

Por otro lado, la obra coordinada por Jongitud y Casillas motiva una reflexión sobre la necesidad de construir condiciones para una participación democrática más intensa. Particularmente me interesa pensar en el peso que hemos de dar a construir dinámicas más fraternas y por lo tanto orientadas por una convicción de convivencia más equitativa en comunidades como las universidades que se caracterizan por su heterogeneidad, no por su unicidad; que se caracterizan porque están siempre muy ocupadas, y que buscan de una forma u otra asentar su diferencia y que cambian más de lo que pensamos o notamos -cambian los estudiantes, el perfil de los docentes, los programas educativos-.

Aquí, me parece que el gran reto consiste no en defender una democracia abstracta o esencialista, sino en pensar en las formas democráticas que reconozcan la diversidad, la pluralidad de voces y encuentren expresiones concretas, aunque sean experimentales. El reto es que no se participa en general o a partir de asuntos abstractos, sino que por lo regular las personas, los colectivos y las comunidades tienden a participar en torno a situaciones concretas: es el caso de la elección de representantes ante órganos colegiados, de la aprobación o rechazo de algunas normas, de reformas a las leyes internas. Y en algunos casos, también, alzan la voz en asuntos tan delicados como el acoso, la violencia, los malos tratos, el desinterés, la corrupción, entre otros.

La participación se debe impulsar, y en tanto presupone el encuentro de diferencias tiene que ser tratada como un asunto donde emergen identidades académico-políticas que requiere una pluralidad de opciones de participación y el reconocimiento de la diversidad de voces e intereses. En algunos temas, por supuesto, los debates serán intensos pues implican posiciones diametralmente encontradas. Pienso, por ejemplo, en cómo discutir participativamente sobre los méritos o sobre los sobre-sueldos universitarios, o cómo podemos discutir y decidir colectivamente, sobre el papel de la evaluación en la determinación de puestos, salarios o apoyos a la investigación. Lo que se nos pone enfrente es, entre otras cosas, el reto de conciliar entre el reclamo de reconocimiento del mérito y la necesidad de recibir recursos para actividades que sin esos apoyos que no todos puede recibir, es muy difícil realizar.

En este caso si hemos de decidir colectivamente habrá quienes argumenten que todos deben recibir lo mismo en cualquier circunstancia, porque eso es lo más democrático, mientras que otros que dirán que eso es inviable e indicarán que la evaluación en las instituciones debe servir para dar a cada quien lo que merece a partir de su esfuerzo y de la calidad de su trabajo. Lo interesante en un análisis de escenarios es pensar, cómo quedaríamos como comunidad al cierre de tal ejercicio deliberativo.

Me parece fundamental tener presente que la democratización de las universidades no es lo mismo en un momento histórico que en otro. En algunos casos el contexto democrático más general tiende a influir o incentivar ciertos diseños institucionales y ciertas prácticas que en un momento histórico se consideran “realmente” democráticas (se incentiva el ascenso de la sociedad civil, de entes autónomos). En otros contextos también democráticos esos organismos son puestos en cuestión, bien por sus funciones, por sus resultados, por sus orígenes o por sus integrantes. Es el caso del mérito, en el cual algunas reglas estarán orientadas para que quienes mejor la siguen resulten beneficiados por ellas, pero otro momento en el tiempo estas mismas reglas pueden ser impugnadas por parecer antidemocráticas y por favorecer a unos más a que a otros. Cuando este tipo de litigio como se instalada, en teoría debe ser posible pensar nuevas formas de convivencia y de reglas de participación.

La participación en la vida de las universidades no es una tarea que se concluye, no tiene cierre. Se recrea en la medida que las condiciones cambian y en la medida en que las sociedades y personas cambian. En ocasiones en sentido edificante, en ocasiones a la inversa. El gobierno y la participación universitaria en contextos de creciente número de actores tomando decisiones, de gobernanza, en un contexto de crítica al neoliberalismo, es propicio para examinar los supuestos acerca de la democratización y de la participación a partir de experiencias concretas que en América Latina, no son muchas.