Introducción

Violencia, acoso y hostigamiento sexual, asaltos, robos, agresiones, comercio de drogas, suicidios, desapariciones, homicidios y feminicidios son términos que circulan -cada vez con más frecuencia- entre quienes conformamos la comunidad universitaria. Y más que palabras, son sucesos que se están volviendo cada vez más cotidianos dentro y fuera de nuestros espacios universitarios.

Tras los acontecimientos violentos ocurridos el 23 de febrero de 2018 donde perdieron la vida dos hombres jóvenes por arma de fuego al interior de Ciudad Universitaria (CU), en hechos presuntamente vinculados al narcomenudeo, el Rector Enrique Luis Graue Wiechers solicitó propuestas de acción e intervención a directoras y directores de todas las dependencias universitarias para prevenir la repetición de sucesos de este tipo, que ponen en riesgo la integridad de quienes conformamos la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este momento de alerta representa un eslabón más de una serie de episodios violentos que han ido escalando en cantidad y gravedad no sólo al interior de CU, sino también y, sobre todo, en las diversas instalaciones de la Universidad: escuelas, facultades, planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), en los que han estado involucrados estudiantes, profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, así como trabajadoras y trabajadores universitarios, a quienes y con quienes venimos estudiando dentro del Proyecto de investigación titulado “Expresiones de violencia en el bachillerato: subjetividades y prácticas de los jóvenes estudiantes” y que cuenta con el apoyo del Programa UNAM-PAPIIT IN301818.¹

Frente a tal contexto, las autoridades universitarias han puesto en marcha una serie de medidas preventivas que van desde la instalación de cámaras de vigilancia y botones de pánico en los baños de mujeres de diversas facultades, a la implementación de campañas de difusión que buscan fomentar valores universitarios, a la vez que disuadir relaciones violentas o el consumo de drogas, y hasta cerrar con rejas edificios y áreas consideradas problemáticas. Esta última medida ha resultado especialmente criticada por parte de la comunidad, en tanto limita la circulación de quienes habitamos y usamos las instalaciones universitarias lo cual, lejos de contribuir a enfrentar la violencia, impide el libre tránsito, el uso y disfrute de importantes espacios y aumenta la percepción de miedo e incertidumbre. En general, las acciones mencionadas crean un ambiente y una sensación de inseguridad ante la cual no sabemos qué hacer o cómo reaccionar frente a diferentes actos y prácticas que se nos presentan de manera cotidiana.

Ahora bien, son los estudiantes quienes permanecen y circulan en mayor medida por los espacios universitarios, y así como pueden ser víctimas de las situaciones a las que hemos hecho referencia, son quienes nos pueden dar luz sobre cómo se viven y significan de manera concreta, a la vez que pueden tener también propuestas de qué hacer al respecto.²

Todos los aspectos anteriormente descritos quedaron al descubierto tras un suceso inesperado que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2018 en CU: el despliegue de un ataque porril certero, abierto y brutal en contra de una marcha de estudiantes del CCH Azcapotzalco, quienes se estaban manifestando en el campus central de la Universidad contra una serie de problemáticas desatendidas en su escuela. A partir de ese momento se hizo evidente que, sumado a las distintas formas de violencia que sufren cotidianamente los estudiantes en sus escuelas y facultades, desde hace décadas está presente la violencia porril, la cual consideramos que es necesario revisar a la luz de las otras violencias que han estado presentándose en los espacios universitarios, siendo el juvenil el grupo más afectado en este contexto.

Proponemos con este texto una sistematización de acontecimientos y de reflexiones surgidas a raíz de ellos, cuya pretensión no es completamente analítica, dada la cercanía de los acontecimientos y que, aunque ha habido un reflujo en la movilización y las problemáticas no han sido solucionadas de fondo, para la comunidad universitaria diferentes situaciones de violencia y de inseguridad tienen un impacto en sus discursos, prácticas y acciones, que es necesario documentar y analizar. En este sentido consideramos que el hecho de que haya disminuido la participación estudiantil -sobre todo en CU- no necesariamente significa que la movilización no pueda resurgir y, sobre todo, que el estudiantado haya desistido en sus demandas. Como ^{Sidney Tarrow (1997)} ya explicó, aun cuando los ciclos de protesta pudieran aparecer y desaparecer, los agrupamientos, sus símbolos y demandas, pueden persistir, por ende, es posible que la movilización se encuentre en una etapa de latencia (^{Melucci, 1994}). Y en efecto, al momento del cierre de la escritura de este artículo, abril-mayo de 2019, nos encontramos una vez más ante una nueva movilización estudiantil cuyo origen es nuevamente la violencia. Aún no sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero lo que sí podemos afirmar es que una estudiante del CCH Oriente de nuestra Universidad murió como consecuencia del impacto de una bala dentro del salón durante su clase de matemáticas.

En esta ocasión, nuestra intención es abrir el debate acerca de la temática planteada a partir de la coyuntura que se propició con la movilización estudiantil de 2018, en la que se asomaron voces que no habían sido escuchadas o se habían mantenido en silencio y que, sostenemos, deben ser atendidas por los otros sujetos universitarios que, muchas veces, pareciera se resisten a considerar al estudiantado como un actor fundamental de las funciones sustantivas universitarias, a saber, docencia, investigación, difusión y divulgación del conocimiento y la cultura.

Metodológicamente, realizamos un análisis de materiales generados por los actores (comunicados, convocatorias, minutas de asambleas y foros, fotografías y videos), así como los propios de académicas, académicos y autoridades y de medios de comunicación masiva. Esta información es triangulada con otra obtenida cualitativamente en observaciones participantes y no participantes -cara a cara y en redes sociales en internet, en particular, en grupos de Facebook de las comunidades estudiantiles preexistentes y otros que surgieron a raíz de los eventos y en Twitter- desarrolladas por el estudiantado, y de conversaciones informales entre quienes escribimos este artículo y los estudiantes miembros del equipo de investigación.

El artículo se estructura de la siguiente manera. En el primer apartado reconstruimos una breve historia de los grupos de choque en la Universidad con la finalidad de comprender quiénes fueron los actores que protagonizaron la agresión. El segundo apartado incluye un relato etnográfico elaborado a la luz de los acontecimientos mencionados. Esta sección tiene un tinte de crónica y elementos vivenciales, dado que lo elaboramos a partir de la presencia y participación de una de las autoras de este artículo en los diferentes eventos que se narran. Nos concentramos en recuperar el origen de la movilización, los actores que intervinieron, las formas de organización que se dieron, sus demandas y las acciones emprendidas. En el tercer apartado analizamos las principales demandas planteadas en los pliegos petitorios, mismos que fueron elaborados a partir de una serie de asambleas estudiantiles que se llevaron a cabo en las semanas subsiguientes a las agresiones. Asimismo, realizamos una revisión de la respuesta de la autoridad universitaria a la situación que se estaba viviendo. Finalmente, concluimos con una serie de reflexiones a manera de un planteamiento de apertura hacia estos acontecimientos, que necesitan nuevos conceptos, instrumentos de política y relaciones en la comunidad universitaria.

Los porros. Breve historia de su presencia en la UNAM

Es un hecho conocido por casi toda la comunidad universitaria -pero poco problematizado, analizado y mucho menos atendido- que dentro y fuera de varios planteles de la ENP, del CCH y algunas facultades de la UNAM hay presencia de grupos porriles. Estos grupos provienen de una larga tradición de control político sobre el estudiantado por parte de autoridades intra y extrauniversitarias, quienes a través de dinero, beneficios y prebendas han echado mano de otros jóvenes dispuestos al uso de la violencia, para infundir terror contra el estudiantado.

Sus orígenes se remontan a los tiempos posrevolucionarios, cuando tras la autonomía universitaria de 1929 fueron cobrando presencia dos bandos confrontados por la concepción sobre la educación universitaria: una conservadora (de tintes católicos) y otra popular (de tinte socialista). Las rencillas entre ambos se fueron agudizando con el tiempo hasta que en 1946 el gobierno de Manuel Ávila Camacho reformó el artículo 3° Constitucional, eliminando el precepto del gobierno cardenista de 1934: “la educación será socialista”, momento a partir del cual los grupos conservadores afianzaron su poder al interior de las cúpulas universitarias.

Para la década de 1950, con tal de mantener el control de las universidades, el régimen priista de aquel entonces, corporativo y autoritario en su seno, consiguió la asimilación de ciertas federaciones estudiantiles cuya labor consistiría en controlar a los estudiantes y acallar toda posible disidencia contra el gobierno, de tal suerte que las relaciones combinaron “prácticas clientelares y arribismo político con el ejercicio del control estudiantil y la ‘disuasión’ violenta de la disidencia y los grupos opositores” (^{Ordorika, 2008: 462}). Además, las autoridades recurrieron a la contratación de estudiantes jugadores de futbol americano y a sus porras, quienes se sabía estaban dispuestos a ejercer violencia a través de la cual demostraban su alegría o su frustración por la victoria o la derrota de sus respectivos equipos (Lomnitz, 2005). Es de ahí de donde emana el mote de “porros”.

Con el pasar de los años, lo grupos porriles fueron incorporando a delincuentes comunes al servicio de las autoridades universitarias y de gobierno (^{Sánchez Gudiño, 2004}; ^{Ordorika, 2008}), además de los estudiantes en activo que se prestaban para ello. Han intervenido durante las grandes movilizaciones estudiantiles de 1968, 1971, 1986, 1999, algunas veces infiltrando a las distintas corrientes políticas; algunas otras con ataques certeros y abiertos contra los estudiantes organizados. Lo cierto es que desde su origen “el porrismo estará ligado estrechamente a la dinámica del movimiento estudiantil popular, con el fin explícito de controlarlo, anularlo, debilitarlo o en su defecto exterminarlo” (^{Sánchez Gudiño, 2004: IX}). En suma, se trata de un:

[…] fenómeno esencialmente político que se sustenta en prácticas violentas y de delincuencia. Es un fenómeno político que sobrevive en toda su complejidad, a partir de una especie de pacto de poderes que garantiza niveles relativos de impunidad y protección a cambio de servicios de carácter político que tienen como objetivo último controlar, amedrentar, desorganizar y por ende subordinar a un sector naturalmente contestatario y crítico: el estudiantado de nivel superior (^{Ordorika, 2008: 474}).

Para el caso de la Ciudad de México, las relaciones clientelares entre porros y partido gobernante se desplazaron del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde su llegada al gobierno de la ciudad en 1997 hasta las últimas elecciones de 2018. Se trata de grupos conformados en su mayoría por jóvenes, muchos de ellos estudiantes de las mismas instituciones en las que operan, que se dedican en el tiempo cotidiano a amedrentar a la población estudiantil por medio de “pequeños robos”, insultos, amenazas, “taloneos”, acoso, violencia física y hasta con su actitud intimidatoria, a cambio de cierto control de la escuela, de los espacios y de beneficios de diversa índole, realidad que los propios estudiantes aprenden a asumir, enfrentar e incorporar de manera rutinaria a su estancia en la escuela y así evitar mayores problemas que les impidan la continuación de sus estudios.

Sin embargo, frecuentemente se presentan enfrentamientos más violentos entre distintos grupos porriles o entre porros y estudiantes. En esos eventos salen a relucir bombas molotov, petardos, cadenas, rocas, navajas, picahielos y hasta armas de fuego, colocando a toda la comunidad en una situación de suma vulnerabilidad, por lo que en esos momentos no queda más que correr y ocultarse para no sufrir daños mayores.

En esas condiciones escolares han transcurrido un sinnúmero de generaciones que, durante décadas, han incorporado dicha realidad como parte de su conocimiento práctico de la escuela, del entorno, de la relación entre estudiantes, de la relación con autoridades, de su ser estudiante de la UNAM. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2018 la presencia de los porros en la Universidad se hizo palpable, visible e innegable para todos, pues se hicieron notar a plena luz del día en el casco central de CU y a las puertas de la Rectoría, como a continuación narraremos.

El conflicto y la movilización estudiantil

El 3 de septiembre de 2018, estudiantes del CCH Plantel Azcapotzalco efectuaron una movilización que comprendía una marcha desde la estación del Metrobús La Bombilla hasta la Torre de Rectoría de la UNAM y la realización de un mitin en dicho lugar para exigir el cumplimiento de su pliego petitorio, el cual exigía a la administración y dirección del plantel:

Estas demandas muestran la situación que se vivía en el plantel: estudiantes que no contaban con docentes en sus clases, descontento con la autoridad (la semana anterior había presentado su renuncia la directora a raíz de las denuncias estudiantiles que se encuentran en este pliego y porque había cerrado las ventanillas para el pago de la cuota semestral de 25 centavos, por lo que los estudiantes debieron pagar en una institución bancaria que, al no aceptar depósitos de tal cantidad, debieron pagar $100 pesos), vivencia cotidiana de episodios de inseguridad y violencia (en particular, durante la semana anterior mientras se mantenía tomado el plantel, se había recibido el ataque de porros).

Entre las demandas, algunas de carácter académico, otras culturales, otras de seguridad y otra de protección para el estudiantado, queremos enfatizar la que apela a la eliminación de la violencia porril, ya que fue la que desencadenó luego la movilización de los estudiantes de distintas escuelas y facultades. Pero, además, el 3 de septiembre, a estos motivos de movilización se sumó el reclamo por un feminicidio de una estudiante del CCH Plantel Oriente, de quien días antes se había hecho público que había aparecido muerta y calcinada en una carretera en el Estado de México.

La marcha convocada para las 13 horas de ese día inició aproximadamente media hora después. Junto con el alumnado del CCH Azcapotzalco y Oriente, se sumaron estudiantes de otros planteles del bachillerato de la UNAM y del nivel superior y algunos docentes, entre los que nos encontrábamos algunos miembros de nuestros equipos de investigación. Avanzamos de manera pacífica por Avenida de los Insurgentes Sur e ingresamos a CU por el túnel del Estadio, para luego hacer un recorrido por el Circuito Escolar hasta la Facultad de Odontología, la zona de las “Islas” para llegar a la explanada de la Torre de Rectoría. A lo largo del recorrido, los estudiantes fueron gritando consignas y canciones entre las que resaltaron “el Goya” de la UNAM, que concluía siempre con el grito “sin porros”, otros gritos contra estos grupos de choque y el conteo de 1 a 43 con el cierre de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en alusión a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el año 2014.

Ya en las puertas de Rectoría -las cuales se encontraban cerradas-, con un sonido poco eficiente y bajo el rayo del sol, representantes estudiantiles de CCH Azcapotzalco leyeron su pliego y dijeron algunas palabras. Luego, se dio paso a que familiares de jóvenes estudiantes asesinadas por feminicidio y de un estudiante universitario asesinado en 2011 manifestaran su reclamo por justicia.

Mientras esto transcurría, alrededor de las 15:30 horas, llegó por las escaleras del sur un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, miembros de grupos porriles, identificados con sus jerseys de diferentes planteles. Luego se sabría que la mayoría pertenecía a los grupos de CCH Azcapotzalco, de la Federación de Estudiantes de Naucalpan -que agrupa porros del CCH Naucalpan y Facultad de Estudios Superiores Acatlán- y 3 de marzo del CCH Vallejo. Avanzaron corriendo, amedrentando a quienes participamos del mitin, con palos en las manos, tirando piedras, botellas, petardos y, al menos, dos bombas molotov. Los asistentes comenzaron a dispersarse corriendo de manera desorganizada hacia la Avenida de los Insurgentes dirección norte y sobre todo hacia las “Islas”. Algunos de los familiares no pudieron salir y quedaron parados junto a las rejas de Rectoría.

Personal de Seguridad UNAM no estaba presente, o al menos no de manera identificable, incluso algunas y algunos estudiantes manifestaron ver cómo ante la llegada de los porros, aquéllos se retiraron de la zona. En efecto, en la zona de las Islas pudimos observar cómo personal de seguridad se replegaba y retiraba de donde estaban ocurriendo los hechos violentos. Luego se supo que algunos sí se encontraban allí, pero su acción para proteger al estudiantado fue por lo menos ineficiente. Algunos jóvenes respondieron al ataque lanzando a los porros ciertos objetos y enfrentándolos, pero la mayoría se retiró. El evento culminó con el objetivo que este grupo de choque parecía traer: romper la movilización, dejando varios heridos a su paso, algunos de gravedad, que ameritaron ser hospitalizados por varios días; uno de ellos perdió parte de una oreja y recibió una cuchillada que puso en riesgo su vida. Del ataque han circulado infinidad de fotos y videos donde es posible apreciar la saña con la que se golpeó a este último joven, protegido por su novia quien también resultó lesionada.

Las reacciones contra estos hechos fueron muy fuertes, por la magnitud de la violencia manifestada de parte de quiénes fueron los agresores, al haber atentado contra una movilización pacífica cuyas demandas eran legítimas y porque perpetraron el ataque abierta e impunemente, a plena luz del día, en el casco central de CU. Pero no debemos dejar de mencionar que en los planteles de la ENP, CCH y algunas Facultades de Estudios Superiores (FES), como Acatlán, Aragón y Cuautitlán, la presencia de estos grupos y sus acciones violentas contra estudiantes y otros miembros de las comunidades escolares son frecuentes y el problema no ha sido debidamente atendido. Es decir, la irrupción en CU fue simbólicamente importante, lo que causó conmoción, aun cuando esto no es una novedad en otros espacios universitarios.

A pocas horas de lo sucedido, en algunas facultades como Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales, comenzaron a organizarse asambleas en las que el estudiantado llamó a paro como una forma de protesta contra el ataque porril, implicando el cierre de las instalaciones y la entrega de las llaves por parte de las autoridades a los estudiantes que se quedarían a pernoctar. Al día siguiente, las otras facultades, escuelas y planteles de bachillerato realizaron asambleas e iniciaron paros, quedando inactivas casi la totalidad de las dependencias de la UNAM dedicadas a la enseñanza.

Se acordó y se llevó a cabo una movilización dentro de CU el miércoles 5, que comenzó a las 13 horas y corrió desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hasta la Rectoría. Fue una marcha masiva que convocó a más de 30 000 estudiantes. A los contingentes de la UNAM, se sumaron otros del Instituto Politécnico Nacional -en particular de sus escuelas de bachillerato-, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Colegio de México, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad La Salle.

Los carteles, banderas y mantas que llevaban los asistentes resaltaron, por un lado, la condena hacia la violencia vivida, no sólo en el ataque porril dos días antes, sino la violencia experimentada de manera cotidiana en los espacios escolares; por el otro, los escudos de las diferentes instituciones de educación superior. Los cantos, al igual que el día 3, recalcaban la condición de estudiantes y de jóvenes de quienes estaban participando y la condena hacia la violencia porril; una vez más, sumándole el “sin porros” al Goya o al grito de “el que no brinque es porro” y los frecuentes conteos por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el consiguiente “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En los días siguientes, algunas escuelas volvieron a clase, otras mantuvieron los paros por algunos días más, y en algunas se mostraron conflictos locales particulares, por más tiempo.

En las semanas posteriores, se sucedieron una serie de acontecimientos que mostraron, primero, un relativo alto grado de participación y movilización estudiantil, pero que fue decayendo con el paso del tiempo. En particular, mencionaremos algunos eventos que resultaron clave para el devenir de la movilización:

Es decir, la violencia porril manifestada en el ataque del 3 de septiembre fue el elemento detonador de la movilización estudiantil, pero el descontento juvenil no se redujo a ello. En todo caso, lo que logró fue hacer florecer inconformidades que se encontraban latentes en los jóvenes.

Así, el reclamo por la violencia no se limita a la expresada contra los grupos porriles, sino que incluye a otras violencias que se viven cotidianamente en los diferentes espacios escolares. En ese sentido, las demandas se dirigieron en dos sentidos principales, uno, hacia mayor seguridad y extinción de los grupos porriles, y, el otro, hacia el castigo y la justicia en los casos de violencia de género, así como en medidas para tratar su erradicación. Pero también, se extendieron hacia otras demandas que tampoco son coyunturales, sino que muestran problemas arraigados en las estructuras y las dinámicas universitarias. Y esto en dos niveles: uno general de la UNAM; el otro, el de los diferentes planteles, escuelas y facultades. A ellas nos referiremos en la siguiente sección.

Demandas y propuestas de la movilización estudiantil 2018

La demanda de eliminar a los grupos porriles de la Universidad sintetiza el clima de violencia que permea la vida académica del estudiantado, que en su heterogeneidad experimenta una permanente hostilidad institucional, ya que las autoridades en sus distintos niveles no les reconoce como un sujeto primordial de las funciones universitarias y sus formas de organización. De tal suerte que los estudiantes cuentan con muy pocos medios para hacer que las diferentes situaciones por las que atraviesan en su cotidianidad sean reconocidas como problemas que, si bien les atañen directamente, afectan a todos los demás actores que conforman o están en relación con la institución: docentes, trabajadores, autoridades, familiares y vecinos de los diferentes planteles, escuelas y facultades.

La permanencia de los grupos porriles en este sentido es una situación que se vincula y se recrudece por la falta de representación del estudiantado en la elección de autoridades universitarias y limitados espacios de participación en las instancias de toma de decisión (^{Ordorika, 2018}), por lo que, desde su perspectiva, se imponen figuras y grupos autoritarios en la dirección de los planteles, escuelas, facultades y demás dependencias universitarias. Se establecen y se reproducen jerarquías en las que el estudiantado es colocado en una posición de permanente inferioridad, a la vez que las diferencias que existen al interior de éste, imponen otras formas de jerarquización informal en las que se reproducen desigualdades sociales que vulneran diferencialmente al estudiantado de bachillerato, licenciatura y posgrado, quienes atravesados por otras categorías como la edad, el género, la clase social y la pertenencia étnica, tienen pocas posibilidades de vincularse y demandar unificadamente mejores condiciones dentro de la Universidad.

No obstante lo antes descrito, las coyunturas, tal como como la que presenciamos en 2018, abren posibilidades de diálogo y acuerdos entre quienes integran el estudiantado universitario, que por supuesto no se da sin tensiones y conflictos añejos y propios del momento actual, como puede ser la violencia y la inseguridad que atraviesa a la sociedad en general, donde la Universidad como parte de la misma es también trastocada por estas situaciones, pero que ha servido para sentar a los estudiantes para conformar pliegos petitorios planteados primero como respuesta a los acontecimientos del 3 de septiembre, y luego como demandas que intentan recoger las afectaciones generales y las que les aquejan en los espacios locales y a grupos específicos, por lo que sirve identificar cada una de ellas y las diferentes interrelaciones que existen entre las demandas generales y las locales.

Demandas generales del estudiantado universitario

La democratización de la Universidad es una demanda histórica del movimiento estudiantil universitario, por lo que no debe asombrar que sea un eje de discusión central y de propuestas de la movilización de 2018, tanto de la Asamblea de la Universidad Nacional Autónoma de México como de la Asamblea Interuniversitaria.

En el caso del pliego interuniversitario, la democratización de las universidades se tradujo en dos peticiones concretas: 1) elección democrática de las autoridades universitarias, y 2) eliminación de las estructuras autoritarias de gobierno. Mientras que en el pliego de la UNAM se establecen acciones de corto y mediano/largo plazos. En el primer caso se propone: a) la elección directa de autoridades, b) la implementación de consejos tripartitos y paritarios que integren al estudiantado, académicos y personal administrativo, c) el reconocimiento de formas de organización estudiantil independientes y de sus demandas, d. rendición de cuentas sobre el uso de los presupuestos. En las propuestas de mediano y largo plazo se propusieron reformas a la Legislación Universitaria que hagan posible la democratización universitaria que se demanda.

Otra demanda general, igualmente histórica, pero que cobra fuerza ante las políticas neoliberales, radica en la defensa de la educación pública y gratuita signada por la Asamblea Interuniversitaria y la InterUNAM, donde la primera exigió “Garantizar la gratuidad en la impartición de la educación en todos los niveles, enfatizando el nivel superior y medio superior, mediante la eliminación de todo tipo de cuotas”. Asimismo, exigió la “Abrogación inmediata de la Reforma Educativa y del nuevo modelo educativo”, activadas en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

El pliego petitorio de la UNAM exigió la desvinculación “de la misma de intereses privados”, pidiendo además, mecanismos que combatan “la exclusión, elitización y discriminación educativa”, siendo requisito “la gratuidad de la educación” en todos sus niveles, incluyendo la educación continua y los diferentes servicios ofrecidos por la institución: cursos de idiomas, diplomados y talleres, así como los procesos de admisión.

La seguridad como un problema nacional que -como explicitamos- afecta la vida universitaria, se convirtió en la segunda demanda del pliego de la InterUNAM, la cual integró tres puntos en los que se propusieron acciones puntuales a las autoridades para resarcir el daño ocasionado por los grupos porriles el día 3 de septiembre, poniendo luego énfasis en el “desmantelamiento” de estos grupos. Como tercer punto en el tema de seguridad se reclamó la “creación de cuerpos y protocolos de seguridad elaborados por comisiones integradas por la comunidad universitaria, con una perspectiva democrática, de derechos humanos y de género”, solicitando, además, que estos protocolos fueran ampliamente difundidos.

La Asamblea Interuniversitaria, por su parte, integró los mismos puntos, enfatizando la necesidad de restructuración “de las estrategias de seguridad [...] en las instituciones de educación superior y media superior”, exigiendo que tales estrategias fueran “no-punitivas”, y que tuvieran como punto de acción primordial a las personas y no el patrimonio, como se ha venido haciendo hasta ahora, apelando precisamente al cercamiento de edificios e instalaciones con rejas que, lejos de centrar la atención en quienes hacen uso de ellas, propician condiciones de inseguridad y miedo. Este punto vuelve al eje de la democratización universitaria, pues tal restructuración de las estrategias de seguridad debería implicar la participación de la comunidad estudiantil, docente y trabajadora.

Son de gran importancia las exigencias que las asambleas estudiantiles hicieron acerca de la violencia de género contra las mujeres en los espacios universitarios, consecuencia sin duda de las desigualdades entre mujeres y hombres, las cuales persisten en la Universidad ante la insistencia de la neutralidad genérica de la política universitaria (^{Delgado, 2001}), lo que finalmente encubre una violencia institucional que se traduce en cotidianas prácticas violentas y de discriminación contra las mujeres por parte de autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes. Ante esta situación, ambas asambleas, pero especialmente la InterUNAM, propusieron reelaborar las políticas en materia de género a partir de la creación de una comisión “paritaria, tripartita y autónoma”, que cuente con la asesoría de especialistas con una perspectiva “feminista, no sexista ni heteronormada”.

Si bien la demanda acerca del eje de género se formuló en primera instancia exigiendo medidas para prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres y sobre otros sujetos de género, se puntualizó luego en atender y sancionar los casos de violencia de género y feminicidio dentro de las universidades de forma transparente, conformándose esta petición en una innovación en los ejes de acción, demanda y propuestas de la movilización estudiantil de 2018.

Demandas locales y específicas del estudiantado universitario

La movilización estudiantil de 2018 devino de situaciones locales que, sin embargo, se estaban reproduciendo en diferentes planteles, escuelas y facultades, observando entonces que la violencia se trata de una situación estructural que se manifiesta de manera específica en los espacios locales, no sólo de la UNAM, sino también de otras instituciones de educación superior, donde encontramos en muchas de éstas abandono, malversación de fondos, corrupción y gobiernos autoritarios que han llevado a diferentes instituciones a la quiebra, pero que han logrado subsistir gracias al trabajo de su personal académico y administrativo.

La situación descrita implica, en el caso de la Universidad Nacional, que los planteles de CCH y de la ENP, así como en las Facultades de Estudios Superiores, todas ellas ubicadas fuera del campus central, sea donde las condiciones se vuelven más adversas para cumplir con las funciones universitarias, dependiendo a su vez del lugar espacial, material y simbólico que ocupan en el organigrama universitario. Creemos que esta situación es la que ha propiciado una serie de demandas locales que van desde la exigencia de comedores accesibles y de calidad, acceso paritario a recursos, dignificación y estabilidad laboral para personal académico y administrativo, participación plena de los diferentes grupos de las dependencias antes referidas en la toma de decisiones de sus planteles de pertenencia y de representación en la instancias generales de la Universidad, así como una resolución por parte de las autoridades de las situaciones manifiestas a nivel general, pero que se experimentan de forma específica en lo local, a saber la violencia, la (in)seguridad y las diferentes problemáticas de género, en especial para las mujeres, pero también de otras formas de diferenciación que quizá aún no son nombradas.

Respuesta de las autoridades universitarias

Frente a las demandas de los estudiantes, al menos en la UNAM, las autoridades debieron dar respuesta a los pliegos petitorios (Graue, 2018). No obstante, la mayor parte de estas respuestas expresaron generalidades, tal como sucedió en torno al desmantelamiento de los grupos porriles de la Universidad o al enlistar una serie de acciones que ya se venían realizando. En particular, llama la atención que no se mencionen medidas concretas a seguir -más allá de la expulsión de los porros responsables del ataque del 3 de septiembre-, que permitan vislumbrar la eliminación de los grupos de choque dentro de la Universidad. Sobre los grupos de choque, el Rector fue enfático al menos en el discurso. Dice la respuesta al pliego petitorio de la asamblea InterUNAM:

[…] eliminación de los grupos porriles. Como Rector, reitero mi compromiso de continuar actuando conforme a derecho y a nuestra legislación para eliminar definitivamente de nuestra Universidad a todos los llamados grupos porriles y librar a nuestras entidades académicas de su nociva presencia. La Rectoría seguirá insistiendo a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de los hechos y la identificación y detención de los agresores faltantes para proceder en consecuencia (^{Gaceta UNAM, 11 de octubre de 2018: 2}).

Para prevenir, atender y sancionar la violencia de género, el Rector de la UNAM respondió haciendo alusión a las propuestas hechas en su Plan de Desarrollo Institucional 2015- 2019, cuya implementación se presume ya ha empezado, pero que a todas luces son insuficientes en tanto persisten las problemáticas que detonan las demandas hechas al respecto en el pliego petitorio del estudiantado.

Ante la exigencia de transparencia en el manejo de los recursos financieros y de la democratización, el Rector aludió a sitios web en los cuales para la consulta de resultados de auditorías y de información administrativa de la Universidad. Asimismo, hizo alusión a los cuerpos colegiados, comisiones, consejos como mecanismo democrático para la toma de decisiones académico-administrativas. Aludió además a la organización del estudiantado y el respeto de la misma, haciendo parecer las demandas del estudiantado como innecesarias o fuera de lugar.

En resumen, la revisión de los pliegos petitorios de los estudiantes y la respuesta del Rector nos coloca ante una relación suma-cero en la que los grupos de poder aumentan su dominio en detrimento de los grupos que menos poder tienen: los estudiantes. De tal forma que, la demanda de verdadera inclusión del estudiantado en la vida universitaria, sobre todo en los espacios de toma de decisiones, es vista por las autoridades como una situación ampliamente superada a partir de un discurso que alude a una legalidad universitaria de avanzada, en la que parece garantizada la inclusión de los grupos mayoritarios en términos numéricos: estudiantes, trabajadores académicos y administrativos de base que, sin embargo, en la práctica conforman minorías políticas que poco o nulo peso tienen en la toma de decisiones, reproduciéndose así un sistema que niega a moverse, a cambiar, a transformarse, mientras que genera mecanismos para la desmovilización, lo cual no niega la posibilidad de convertir, por lo pronto, a los grupos estudiantiles en un sujeto de investigación que permita conocer a quienes lo componen para historizar su actual condición y sus necesidades dentro de la institución universitaria y, con ello, contribuir a fortalecer su conformación como un colectivo que tiene posibilidades de generar los cambios que la institución y la sociedad mexicana requieren.

Reflexiones finales

El texto que aquí presentamos de alguna manera es producto de investigaciones que han puesto la mirada en distintos grupos de jóvenes en relación con la violencia y diversas formas de discriminación: jóvenes en unidades habitacionales populares (^{Meneses Reyes, 2018}), jóvenes indígenas en las ciudades (^{López Guerrero, 2017}) y estudiantes de educación media superior (^{Pogliaghi, 2018}). Este acercamiento a los jóvenes en su heterogeneidad y su diversidad, nos ha dotado de cierta sensibilidad sobre la controversial relación que tienen con la compleja problemática de la violencia, la cual está presente en la vida cotidiana de los estudiantes con quienes interactuamos en nuestra función como docentes e investigadoras. Esto nos ha conducido a reflexionar sobre cómo les está afectando la violencia que se ha instalado en los espacios universitarios, llevándonos a poner atención en la perspectiva de este grupo, dándonos cuenta que, entre otras situaciones, quienes conforman el estudiantado y, claro, otros grupos de la Universidad, incluyéndonos, nos sentimos invariablemente en incertidumbre, sentimiento que en la mayoría de los casos desmoviliza, pero que en otros abre nuevas posibilidades para la organización y la acción.

En el panorama que hemos descrito mostramos cómo uno de los actores protagónicos de la vida universitaria a quienes poco se les hace partícipe en el diálogo y menos aún en la toma de decisiones, es a los jóvenes estudiantes, quienes no sólo han alzado la voz frente a hechos que ellos consideran injusto, sino que han logrado articular una serie de demandas e ideas que bien podrían ser recuperadas por las autoridades para tratar de responder a una problemática no menor.

La movilización estudiantil del CCH Azcapotzalco el 3 de septiembre de 2018, así como las diferentes acciones que han venido llevando a cabo distintos grupos de estudiantes universitarios en varias facultades de la UNAM y de otras universidades e instituciones de educación superior en relación con la violencia de género, nos plantearon la necesidad de refrescar nuestra mirada sobre los jóvenes estudiantes, de quienes se han construido imaginarios sociales negativos sobre su actuar y sus prácticas, los cuales pocas veces son corroborados en realidades concretas. De ahí la necesidad de pensarlos como un sujeto histórico y social que puede ser también un sujeto de investigación a partir de que se tiendan puentes entre diferentes campos de estudio: las juventudes, el estudiantado y las instituciones universitarias, los movimientos sociales, entre otras; y desde metodologías que nos permitan atender y documentar su perspectiva, los distintos entramados sociales y de poder en los que están inmersos e inmersas y sus propuestas en la producción del espacio universitario y su devenir.

Lamentablemente, la voz de los estudiantes sigue sin ser escuchada por las autoridades, quienes han orientado sus esfuerzos a cercar espacios físicos, políticos y simbólicos, así como a la creación de protocolos, guías y unidades destinadas a la seguridad del estudiantado, pero cuya función queda poco clara para sus destinatarios y cuya aplicación sigue siendo -a todas luces- insuficiente, pues lo cierto es que los hechos de violencia persisten: ataques de porros, robos y asaltos con violencia, acoso y violencia sexual principalmente contra las jóvenes, todo ello al interior de las instalaciones universitarias, sin que los responsables sean debidamente sancionados. Y es en el día a día donde los estudiantes expresan que no saben a quién recurrir, donde las atribuciones de las autoridades y del personal de seguridad se les aparecen difusas, donde se sienten cada vez más atrapados con rejas, cámaras, símiles de patrullas y más carentes de espacios de convivencia, de libertad, de disfrute de ser jóvenes y de ser estudiantes.

Es cierto que la movilización que se dio a partir del mes de septiembre de 2018 fue perdiendo fuerza a medida que avanzaron las semanas. Se presentaron pliegos petitorios, algunos puntos de ellos fueron atendidos, otros no, y no hubo en general una insistencia por parte del estudiantado para su cumplimiento. Sí, podemos afirmar que quienes siguieron movilizadas fueron las estudiantes que mantuvieron sus exigencias y denuncias, a la vez que hicieron otras nuevas y llevaron a cabo acciones directas de gran visibilidad como los “tendederos” y las páginas de #MeToo en Twitter, por ejemplo, en el camino para tratar de erradicar la violencia de género.

Pero en términos del estudiantado en general, la latencia de la que hablaba Melucci (2004) parece corroborarse. Si bien parecía que la movilización estudiantil había desaparecido, un hecho de violencia extrema volvió a hacerla manifiesta, y es que tras el 29 de abril de 2019 una estudiante de sexto semestre del CCH Oriente no puede estar hoy concluyendo sus estudios de bachillerato porque mientras estaba en el salón de clases una bala le quitó la vida, hecho que nos muestra que si los problemas no se atienden desde su origen, que si el estudiantado no es escuchado, sólo es cuestión de tiempo para que las expresiones de violencia vuelvan a florecer y tras ellas, por suerte, la movilización estudiantil. La gravedad de un acontecimiento de este tipo nos deja sin palabras y -tomándonos una licencia a la rigurosidad que el mundo académico nos sugiere- con enojo e indignación. Mismos sentimientos que estos días los jóvenes estudiantes están mostrando en sus asambleas y acciones y un nuevo ciclo de protesta está emergiendo (^{Tarrow, 1997}).

Cerramos reproduciendo la intervención de una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante la asamblea del 30 de abril de 2019 tras el asesinato de la estudiante, porque en sus palabras se lee la indignación, la impotencia y la necesidad de cambiar la situación, sentimientos que las autoras del presente artículo compartimos: “hoy nos manifestamos por Aidée, pasado [mañana] por la compañera desaparecida [también de CCH Oriente], el viernes por los dos años [del feminicidio] de Lesvy… ¿¡Hasta cuándo, chinga!? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga pasando?”.