Recientemente la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) publicó el título Derechos políticos, participación ciudadana, prevención y denuncia de delitos electorales.

El documento es producto de la reflexión de académicos y especialistas convocados por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la ANUIES, vertida en 4 foros realizados en los meses de abril y mayo de 2018 en las universidades autónomas de Nuevo León, Sinaloa, del Estado de Hidalgo y Metropolitana.

¿Por qué es de interés dedicarle unas líneas a este título? En primer lugar porque dicha reflexión se dio en el marco de un proceso electoral en el que se disputaban, de acuerdo con datos del INE, 18 mil 299 cargos federales y locales y que, entre otros, incluían la Presidencia de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, 8 gubernaturas y 1 jefatura de gobierno.

Este proceso electoral, catalogado como el más grande de toda la historia de México, auguraba una gran participación, particularmente de los jóvenes. La lista nominal de electores se estimó en 89 millones 123 mil 355 personas, de los cuales 25 millones 637 mil 401 correspondían a una población de entre 18 y 29 años de edad; asimismo, del total de jóvenes, una población del orden de 4 millones cursaba estudios universitarios.

En consecuencia, el hecho de que estos encuentros se realizaran en espacios universitarios es relevante en tanto que son instituciones socializadoras de primera importancia. Más aún, porque, como lo ha enfatizado la ANUIES, las universidades deben preparar a sus estudiantes “[…] para una participación ciudadana informada que contribuya a un nuevo republicanismo sustentado en el estado de derecho, la democracia y la paz”.¹

El texto tiene el atributo de permitir varias lecturas, todas complementarias. Se puede leer el ejercicio realizado por el maestro Carlos Pallán Figueroa en la primera parte, quien resume, comenta y analiza las aportaciones en cada eje temático: a) los derechos políticos y su promoción desde las instituciones de educación superior; b) elecciones transparentes y participación de los universitarios en los procesos electorales, y c) perspectiva de género y democracia.

Complementariamente, en un segundo apartado se reproduce casi textualmente la participación de todos los especialistas, académicos y estudiantes. Esta opción permite conocer el desarrollo de todos los encuentros y, sobre todo, a partir de su lectura dialogar con la propuesta analítica elaborada por el exsecretario general de la ANUIES.

¿Qué se puede comentar del contenido? Es un texto muy nutrido de preguntas, ideas, datos y desarrollos argumentales que indudablemente aportan al debate sobre el sistema político mexicano y la calidad de su democracia vista desde su estructura institucional, sus mecanismos de protección de derechos políticos electorales, la apertura de espacios de participación ciudadana, el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, el tratamiento del Estado a la violencia política de género, el fomento de la paridad de género y la eficacia de la comunicación de los actores políticos con los jóvenes.

En este sentido, las instituciones de educación superior históricamente han jugado un papel sustantivo para el ejercicio libre de los derechos políticos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que la ANUIES se ha manifestado reiteradamente “[…] por una educación superior que forme ciudadanos activos, informados y deseosos de construir el estado de derecho”.²

Así, durante las cuatro jornadas hubo consenso en la necesidad de que los jóvenes universitarios se asuman como sujetos de derechos políticos establecidos en el artículo 35 de la Constitución: derecho al voto, ser votado para un cargo de elección popular, libertad para asociarse y participar en los asuntos políticos, tomar las armas en el ejército o guardia nacional para la defensa de la república y de sus instituciones, poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, iniciar leyes y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.

A este respecto, el documento es muy sugerente: identifica el desinterés de los universitarios en la política, pero propone explicaciones e hipótesis que apuntan a muchas direcciones, entre otras, la ausencia de una política de Estado para la construcción de cultura política y ciudadanía, y la necesidad de que en las instituciones de educación superior se promuevan, como una condición sine qua non, en el desarrollo de sus funciones sustantivas.

Sin embargo, el texto advierte también que las instituciones educativas, además, tienen el gran desafío de conocer las desigualdades socioculturales de los universitarios y con estos elementos diseñar estrategias eficaces. Por ejemplo, de acuerdo con lo expuesto en las mesas, la proclividad a la participación política de los jóvenes puede explicarse en función de variables como el nivel socioeconómico, los precedentes familiares en la actividad política, la participación previa en actividades colectivas, la vocación profesional y las dificultades de acceso a los espacios de politización por género.

En este último punto, el texto ofrece un amplio análisis de los derechos políticos en el marco de la paridad y la violencia política de género. La aspiración es que nuestro país transite hacia una democracia paritaria, en la que mujeres y hombres participen equitativamente en los procesos políticos y la acción pública. La riqueza de las ponencias en esta materia es muy afortunada porque puso sobre la mesa el largo camino que ha recorrido nuestro país para reconocer los derechos políticos de las mujeres y las dificultades que han enfrentado para acceder a los espacios de competencia y poder político.

Igualmente, se identificaron los retos que tienen las instituciones de educación superior para promover la democracia paritaria y se consideró indispensable visibilizar a las mujeres en la academia ya que en muchos espacios están subrepresentadas. Como indicadores de esta necesidad, se aludió a que sólo uno de cada tres miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es mujer, y a que la mayoría de estos centros educativos son dirigidos por hombres; este esquema que se reproduce en los niveles superiores de su estructura orgánica.

Por lo anterior, se consideró muy importante que las universidades diseñen estrategias para promover un lenguage inclusivo a favor de la igualdad y la equidad de género. Más aún, se propuso la revisión de su oferta académica para que transversalmente se consideren temas como los derechos humanos y políticos, la relación de igualdad entre hombres y mujeres, la cultura de la legalidad y la denuncia, así como la promoción de actividades que fomenten la participación de los universitarios como una forma para desarrollar su activación política.

Se considera aquí, como un pendiente para futuros encuentros universitarios, el tema de la democracia sustantiva, es decir, cómo involucrar a los universitarios en el ejercicio de diseño de políticas y la acción pública del poder político, bajo el entendido de que la vida de una sociedad democrática no puede ser reducida a la simple participación electoral.

En suma, tenemos un documento que, además, es muy valioso porque se deriva de un ejercicio que rebasa los espacios de las universidades en donde se llevaron a cabo los foros y, para nuestra fortuna, los datos, preguntas, ideas y argumentos plasmados tienen un horizonte más amplio con esta publicación.

Como nota al margen: el pasado 5 de junio el Congreso de la Unión aprobó reformas a diversos artículos de la Constitución en materia de paridad entre géneros, que permitirán la participación política en la misma proporción de mujeres y hombres. Así, desde la Carta Magna se mandata la igualdad política en la conformación del gabinete presidencial, legal y ampliado; ayuntamientos y alcaldías; congresos, comisiones y órganos de gobierno; órganos del Poder Judicial, y en la estructura de los órganos autónomos. A partir de dichas reformas es obligada otra lectura al documento en referencia.

Finalmente, habría que esperar el estudio del INE sobre la Participación Ciudadana en la Elecciones Federales de 2018 para conocer con mayor detalle el nivel y las características de la participación de los jóvenes universitarios en dichas elecciones.