Introducción

La participación de la mujer en las Instituciones de Educación Superior (IES) no ha sido del todo estudiada, a pesar del auge que en las últimas tres décadas ha representado la búsqueda de relaciones más igualitarias en la educación superior, basada en las recomendaciones realizadas desde 1979 por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), donde en su artículo 10 establece que los Estados deberán adoptar medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en materia de educación. En 1998, la Conferencia Mundial de Educación Superior señaló que es inadmisible la discriminación por raza, sexo, idioma o religión, y específica la importancia de fortalecer la participación y la promoción del acceso de las mujeres a la educación superior, así como a las actividades sustantivas que ésta conlleva.

A manera de ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la tasa de participación de la mujer asciende al 42.2%; sin embargo, en términos de nombramientos, el de Titular C -el nivel salarial más alto en el escalafón de docentes de las IES públicas- sólo lo tienen 26.9%, de las cuales menos del 20% corresponde a Investigación (^{Ordorika, 2015}). Respecto a los cargos de decisión en las Universidades, en 2005 correspondía sólo al 3.4% de los puestos (^{Zubieta y Marrero, 2005}).

^{Gómez y Aguilera (2012)} señalan que una cultura de equidad al interior de las universidades públicas, y de las IES en general, implica conocer las características de la población que permitan identificar y reconocer las relaciones y diferencias que van desde el ámbito social hasta el cultural, rangos de edad, ciclo de vida familiar, entre otras, lo cual permitirá identificar las desventajas y las potencialidades de estos grupos, así como el papel que juegan dentro de las instituciones. Un primer paso es la generación de estadísticas segregadas por sexo y con perspectiva de género al interior de las IES y en general de todo el sistema educativo, como premisa básica para la toma de decisiones.

En este sentido, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de la participación de las mujeres universitarias en las Universidades Públicas estatales mexicanas, que permita tener un panorama del avance que dichas instituciones han experimentado en términos de equidad y paridad en la academia (docencia, investigación) y, eventualmente, en los puestos de decisión de la vida universitaria. Se espera que estos resultados puedan contribuir a la visibilización de la participación de las mujeres y, en esos términos, determinar las “mejores prácticas” en las Universidades Públicas de México.

Mujeres en la Universidad

La mayor parte de los estudios sobre la participación de las mujeres en los espacios universitarios coinciden en una llegada tarde a un espacio concebido por y para hombres. Además, se plantea que la educación femenina tuvo que transitar de una formación relacionada con las labores del hogar y el ámbito privado, a una lucha por subsanar esa desigualdad (^{Gallego, Rocha y Rueda, 2015}).

^{Guil (2008)} documenta que en Egipto existían escuelas de medicina para mujeres desde el año 3000 a.C.; en Mesopotamia, en el 1200 a.C. hay evidencia que contribuyeron al desarrollo de la perfumería; en Grecia hacia el 500 a.C. las mujeres se encontraban presentes en las escuelas pitagóricas; en Alejandría en el 100 a.C, se señalan avances en la alquimia.

En Europa, particularmente en España, la incorporación de las mujeres a los estudios universitarios tiene, de acuerdo con ^{Flecha (2003)}, más de 140 años; esta incorporación a la adquisición de conocimientos y la búsqueda de un lugar en la sociedad, sin embargo, ha sido un proceso lento por ser la Universidad un espacio tradicionalmente considerado masculino. Por su parte, en México, la participación que tenían las mujeres hacia finales del siglo XIX puede documentarse con ^{García (2012)}:

La frase popular “Mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin” refleja claramente el imaginario tradicional: saber y acceso al conocimiento son contrarios a los ideales de la mujer doméstica. Para fines del siglo XIX, las mujeres casadas de clase media permanecerían como los ángeles del hogar, encargadas de garantizar la maternidad, las labores del hogar y ser buenas esposas. Ellas deberían garantizar la moral porfiriana: la moralidad, el recato y la pureza en la familia […] (^{García, 2012, p. 253}).

Sin embargo, también se encuentra que entre 1887 y 1898 se registran las primeras graduaciones/titulaciones de una mujer médica, Matilde Montoya, y una abogada, María Asunción Sandoval de Zarco (^{García, 2012}). Por su parte, ^{De Garay y Del Valle (2012)} revelan que a inicios de la década de los 70’s, de cada 100 estudiantes en la Universidad, sólo 17 eran mujeres; en tanto que para el 2010, la proporción había cambiado a un aproximado de 50 por cada 100.

Las universitarias en el México actual

^{Blázquez y Bustos (2013)} señalan que en la mayoría de los países del mundo se ha logrado la equidad entre hombres y mujeres en el ingreso a la Educación Superior, después de que las universidades estuvieron prohibidas para las mujeres por más de un siglo y medio. Siguiendo lo planteado por ^{Blázquez (2008)}, establecen que la población femenina en ese nivel pasó de un tercio de la matrícula total en 1960, a casi la mitad en 1995, y llega a 50% en el 2000, pasando en 2007 a 51% (^{Blázquez y Bustos, 2013}).

Los últimos datos disponibles sobre la matrícula en México nos llevan a analizar los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017. De la matrícula en licenciatura, normal y técnico superior universitario, en el ciclo 2015-2016 en promedio nacional el 50.5% corresponde a hombres y el restante 49.5% a mujeres. Coahuila es la entidad donde el porcentaje de participación de mujeres es menor, con 46.6% de la matrícula, en tanto que la mayor participación se registra en los estados de Guerrero y Tlaxcala con el 52.6 y 52.4% respectivamente. En tanto que para el ciclo escolar 2016-2017 se encuentra que en promedio nacional hay un ligero aumento de la matrícula femenina llegando a representar el 49.8%; Coahuila continúa con el menor porcentaje de participación femenina matriculada (46.7%) y los estados donde las mujeres representan una mayor proporción de la matricula de educación superior son Colima y Guerrero con el 52.46 y el 52.52 respectivamente (Tabla 1).

^{De Garay y Del Valle (2012)} argumentan que a pesar de que existe una paridad en la matrícula, en términos de áreas del conocimiento más del 50% de la matrícula se aglutina en las áreas de las ciencias sociales y/o administrativa y educación o humanidades, por encima de las ciencias exactas. Las autoras también documentan que en las áreas de ciencias agropecuarias, ingeniería y tecnología las mujeres representan menos de la mitad, situación contraria en las áreas de salud, sociales y administrativas; en el área de educación y humanidades, la proporción de mujeres es de 68 por cada 100 hombres, y finalmente en las ciencias naturales y exactas esta relación es 50-50.

La marca de género resalta en una división sexual del trabajo científico y la eterna dicotomía entre lo que se considera ciencia y lo que no: “ciencias exactas, fuertes o duras”, asociadas a la razón, al desarrollo del pensamiento lógico, a las metodologías cuantitativas, en las cuales están predominantemente representados los hombres, y “ciencias sociales o humanas” más bien asociadas al cuidado, al servicio, al contacto con los demás, con predominio de mujeres en franca segregación horizontal, es decir, mujeres agrupadas en actividades “típicamente femeninas”.

En términos de la incorporación de las mujeres como parte de la planta docente, ^{Blázquez y Bustos (2013)} documentan que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 42% del total del personal académico son mujeres, en tanto que el 58% son hombres (UNAM, 2010); sin embargo, en términos de nombramiento de profesor de carrera, las mujeres alcanzan 41% del total, y en el nombramiento de personal de investigación, sólo el 35%. En relación a las categorias de contratación, ^{Ordorika (2015)} señala que el nombramiento de Titular C sólo lo tienen el 26.9% de las mujeres.

Metodología

Este artículo es resultado de una investigación de tipo exploratoria que nos permite dar cuenta de la presencia de las mujeres en las instituciones mexicanas de educación superior como devenir histórico, así como datos más recientes. Se sistematizaron y contrastaron datos estadísticos de los nombramientos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como de las comisiones evaluadoras en el SNI, como variable proxy que permitiera establecer comparaciones de la composición por género y área de conocimiento en las IES.

Aunado a lo anterior, se consultó las páginas web oficiales de una muestra de universidades públicas estatales, a modo de sistematizar información estadística que visibilizara la participación de la mujer en los espacios de decisión política al interior de las mismas.

Resultados

Ante la ausencia de bases de datos de carácter nacional que permitan identificar y analizar la planta docente de las Instituciones de Educación Superior en términos comparativos respecto al tipo de contratación, nombramiento y sueldos, utilizamos para la generación de datos y su análisis una variable proxy que permitiera establecer comparaciones; para ello se utilizan los nombramientos del SNI-Conacyt.

El SNI surge en 1984 incorporando a 1396 investigadores (^{Rodríguez, 2016}), cifra que ascendió a 25,072 en 2016 y a 27,186 en 2017; en ese mismo período, la proporción de mujeres investigadoras pasó del 18.1% al 36.2%, es decir, de 253 a 9,080 mujeres en 2016, en tanto que esa cifra aumentó en 865 en 2017. (Gráfico 1).

Fuente: ^{Rodríguez (2016)}

Gráfico 1 Participación de Investigadores Nacionales por sexo, 1984-2016 

La distribución de las investigadoras por nivel dentro el SNI revela que el grueso se concentra en Candidato¹ y Nivel I; sin embargo, entre 1984 y 2016 se observa que el número de mujeres SNI Candidato pasó del 20% a aproximadamente el 45%, en tanto que las investigadoras Nivel III pasó del 10 al 20% en el mismo periodo (Gráfico 2).

Fuente: ^{Rodríguez, C. (2016)}

Gráfico 2 Mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores por nivel, 1984-2016 

Los resultados de la evaluación 2017 del SNI, que incluyen tanto las evaluaciones de reingreso y las de nuevo ingreso, arrojan un total de 7,779 integrantes (sin considerar los resultados de mexicanos en el extranjero), de los cuales las mujeres representan sólo el 38.9% del total. Por áreas, la participación de las mujeres es más alta en la III Medicina y Ciencias de la Salud (51.7%) y IV Humanidades y Ciencias de la Conducta (49.8%), mientras que es más baja, apenas rondando una cuarta parte, en las áreas I Física, Matemática y Ciencias de la Tierra (23.8%) y VII Ingenierías (25.6%). Ahora, en términos de los niveles de reconocimiento en el SNI, la mayor parte se concentra en los niveles más bajos nivel I y Candidato (50.6 y 36.1% respectivamente), mientras que en el nivel III apenas y representan el 2.4%; esta situación resulta muy similar al hacer el cruce por cada una de las áreas de conocimiento, de hecho, es más bajo en las áreas IV (0.7%) y VII (1%).

Como un ejercicio para identificar de manera particular la participación de las investigadoras en las universidades, se seleccionó por entidad federativa una universidad pública encontrando que: 1) más del 50% de investigadores vigentes en 2017 eran hombres; 2) destacan las universidades de Chihuahua y de Tlaxcala donde la proporción de mujeres supera la media nacional incluso por arriba de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); en las Autónomas de Campeche, Chiapas y Aguascalientes, la proporción de investigadoras no llega al 30%.

En términos de la distribución de los y las investigadoras en el nivel de reconocimiento, se encuentra que la brecha entre hombres y mujeres se expande en promedio en 10 puntos porcentuales por nivel. Según los resultados promedio de las universidades seleccionadas, la relación en el Nivel Candidato es 43 mujeres por cada 57 hombres; en el Nivel I la relación disminuye a 39 por cada 61; en el Nivel II hay 33 mujeres por cada 67 hombres; y en el Nivel III sólo 22 por cada 78 (Tabla 2).

Espacios de decisión y participación de la mujer

^{Guil (2008, p. 214)} define los techos de cristal como “barreras que existen al margen de la formación de las mujeres, aumentando de manera directamente proporcional al poder que posea la organización”. En México, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, aprobada en enero de 2001, decreta la equidad de género en nuestra sociedad, con la cual toda institución laboral, educativa, de salud, agraria, etc., está suscrita a la observancia y el cumplimiento de la misma en toda la República Mexicana (^{García, 2005}).

^{García (2003)} señala que la organización universitaria y los estudios de género apuntan que para entender la baja representación de las mujeres en la academia en general, y en los puestos ejecutivos en particular, es necesario investigar las redes de autoridad masculina y las reglas o normas formales e informales del quehacer político universitario.

Los espacios de decisión donde participan las mujeres, como reconocimiento a su esfuerzo individual, podrían ser asociados a su producción científica. Para poder ingresar/permanecer o ascender en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Investigadores, las y los investigadores deben ser evaluados por comisiones dictaminadoras de pares. Tomando como punto inicial 2010, se encontraba que el 72.4% de los integrantes de dichas comisiones eran hombres (^{De Garay y Del Valle, 2012}); ahora, en términos generales, la participación de la mujer en estas comisiones mejoró en 2016, tomando parte en promedio en 31% de estas comisiones; sin embargo, en términos de la participación de las investigadoras dedicadas a las Ingenierías (Área VII), sólo una investigadora participó frente a 12 varones. Adicionalmente, de todas las comisiones (ocho en total), solamente en las áreas III Medicina y Ciencias de la Salud y V Sociales recayó la presidencia en una mujer; en 2017 las comisiones tuvieron un comportamiento similar al año previo (Tabla 3). Así, en relación a los resultados de las comisiones: “Si bien hay cada vez más mujeres que acceden al ámbito de lo público en sus distintas áreas, los altos cargos jerárquicos todavía son detentados por hombres y, salvo en raras ocasiones, es alguna mujer la que está presente ahí, mas no como género sino como un suceso aislado (^{García, 2012, p. 251}).

En el tenor de la no discriminación, es necesario contemplar a la mujer como colectivo más que en sus casos de singularidad para observar la desigualdad en el acceso: la desigualdad estructural en la educación y en los puestos de poder y toma de decisiones. Las relaciones entre hombres y mujeres, incluso en la academia, tiene como norma la desigualdad (^{Ferrón, 2006}).

Las decisiones en las universidades

^{Bustos (2008)} establece que la educación otorga a hombres y mujeres las mismas responsabilidades, no obstante, el acceso a cargos de toma de decisiones en educación superior está limitado por actitudes que no estimulan la participación de ellas en los espacios de decisión. ^{Kiss, Barrios y Álvarez (2007)} coinciden en que a partir de la incorporación de la mujer en la educación terciaria se ha mejorado en la desigualdad de género, no obstante, la inversión en la formación de las mujeres, las dificultades para que ellas accedan a puestos de poder y de toma de decisiones.

En este sentido, ^{Lozano, Iglesias y Martínez (2016)} señalan que para las universidades públicas españolas los diferenciales de género aún son altos, en particular en los espacios de representación y cátedras universitarias, aun cuando existen lineamientos -de jure- para romper el techo de cristal. ^{Almansa (2014)} analiza 69 universidades públicas y privadas de España, encontrando que el porcentaje de participación de mujeres en las administraciones rectorales es de 36% en las universidades públicas, en tanto que en las privadas sólo participan el 26%, lo que destaca la brecha entre hombres y mujeres en los espacios de decisión. De hecho, ^{Gallego, Rocha y Rueda (2015)} documentan que la primera rectora en España fue nombrada en 1982, no habiendo a la fecha más de 10.

En México, según ^{Bustos (2001-2002)}, es hasta 1999 cuando fue electa por primera vez una mujer rectora, en la Universidad Autónoma de Querétaro. ^{Blázquez y Bustos (2013)} señalan que en las instituciones de Educación Superior existen pocas rectoras de universidades; se tiene evidencia de mujeres rectoras en la Universidad Autónoma de Tabasco, Universidad de Michoacán, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (^{Bustos, 2003} y ²⁰⁰⁸) y, más recientemente, Universidad Veracruzana.

Por su parte, ^{De Garay y Del Valle (2012)} revisan 14 Universidades, encontrando que en promedio el 75.4% de los puestos relevantes (rectorías, direcciones de escuelas, divisiones e institutos) están ocupados por hombres, poniendo en relieve la existencia del techo de cristal. Ver Tabla 4.

Como un ejercicio adicional al presentado anteriormente, se realizó un comparativo entre 29 Universidades públicas, indagando en las páginas oficiales la composición de los espacios de decisión a nivel central de las instituciones, como son rectorías, secretarías y direcciones que dan rumbo a las funciones sustantivas, ya que tomando en cuenta los resultados de ^{Galaz y Viloria (2004)}, la administración central es la que determina el plan de desarrollo institucional. Los resultados se muestran en la Tabla 5, y en promedio para las 29 universidades seleccionadas, sólo el 32.18% de los puestos de la administración central están ocupados por mujeres. Dentro de esta muestra de instituciones, destaca la Universidad Autónoma de Querétaro donde el 64.29% de los cargos están ocupados por mujeres, y en sentido opuesto la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad de Guanajuato donde las mujeres ostentan sólo alrededor del 13% de los puestos. Estos resultados podrían estar sustentando lo que señalaban ^{Tomás y Duran (2009)}, que a medida que se asciende en el nivel de poder y responsabilidad en las universidades, disminuye la presencia del género femenino.

Otro caso interesante resulta la Universidad Autónoma de Nayarit que, al principio de la actual administración rectoral, dio indicios de una equidad en la designación de cargos de primer nivel (50-50), aunque, a poco menos de dos años, la participación de mujeres en dichos puestos se reduce al 30.8%. Así, de un total de ocho Secretarías, sólo tres son encabezadas por una mujer (Investigación y Posgrado, Docencia y Educación media superior); aunado a ello, de un total de 25 direcciones con que cuentan esas ocho secretarías, sólo 7 son ocupadas por una mujer.

Así mismo, resaltan la Universidad Veracruzana cuya rectoría recae en una mujer, o la Universidad de Guanajuato que cuenta con un programa institucional de género, pero en ambos casos la mayor parte de los cargos de primer nivel están en un varón.

Conclusiones

Aun cuando en México se ha avanzado en la paridad de la matrícula universitaria, el avance de las mujeres en los espacios de decisión tiene aún camino largo por recorrer, como lo señalan ^{Kiss, Barrios y Álvarez (2007)}. La integración de las académicas a los procesos de toma de decisión no dependerá de la paridad numérica, sino de sus capacidades al momento de identificar y modificar las actuales relaciones de poder desde los espacios en los que ellas participan, considerando que la mayor parte de las y los académicos actuales crecimos dentro de un entorno donde la mujer es evaluada desde una visión masculina y generalmente desde el paradigma de la “meritocracia”. Primar a las mujeres en el acceso a puestos de poder y decisión, implica considerar el talento femenino que ha estado invisibilizado, más allá de un desplazamiento por menor cualificación.

Es por ello que debe resaltarse la importancia de impulsar y fortalecer las políticas de acción afirmativa dentro de las instituciones de Educación Superior, como un mecanismo y estrategia de acortar los tiempos para lograr de manera efectiva la equidad de género (^{Blázquez y Bustos, 2013}). Tal como lo señala ^{Bustos (2008)}, no existen razones para que las mujeres que cuentan con las capacidades requeridas, sean excluidas de los puestos de dirección y ejercicio del poder. En primer lugar, este principio debe ser reiterado, aceptado y puesto en práctica en el sector de la educación superior.