Introducción

El análisis del caso de la Universidad de Aysén (UAY) y su proceso de gestación (2012-2016), permite conocer algunas de las dificultades que muestran las universidades regionales en el sistema universitario chileno para vincularse e impactar en el desarrollo local (^{OCDE/BM, 2009}; ^{CUECH, 2016}; ^{Jiménez, Lagos y Duran, 2012}). Las restricciones en su estructura de financiamiento (^{OCDE/BM, 2009}) y las dificultades (o falta de incentivos) para vincularse a su medio (^{OCDE/BM, 2009}), aparecen como las principales limitaciones.

Esta debilidad del sistema universitario chileno merece especial atención desde la óptica territorial, pues las universidades impulsan el desarrollo regional (^{Krugman, 1991}) mediante la creación de conocimiento, la formación de capital humano, la transferencia de conocimiento, la innovación tecnológica, el liderazgo regional, la infraestructura de conocimiento y la influencia en el medio regional (^{Drucker y Goldstein, 2007}; ^{Aránguiz y Rivera, 2012}; ^{Acosta y Buendía, 2016}).

Dentro de estos parámetros, la vinculación con el medio resulta crucial para lograr el desarrollo local. Esto es lo que se denomina la tercera misión de las universidades, entendida tanto como el compromiso con el bienestar social de su región (^{Martin y Etzkowitz, 2000}); el responder a las necesidades sociales de su entorno (^{Stiles, 2002}) o, en su matriz “emprendedora”, la prestación de servicios ad hoc a la realidad local generando ingresos complementarios (^{Clark, 1998}). Esta función que juegan las universidades regionales a nivel territorial se ve favorecida por la posibilidad de proyectar relaciones a largo plazo con los actores locales públicos, privados y de la sociedad civil (^{Boucher et al., 2003}), que permitan obtener respuestas más eficientes, eficaces y permanentes en el tiempo a las necesidades y realidades.

En este contexto, el presente artículo busca responder a la siguiente pregunta: en el marco de la construcción de universidades públicas regionales en Chile, ¿es posible la existencia de una diversidad de propósitos que recojan las particularidades territoriales en un sistema universitario altamente centralizado y con estímulos homogéneos? A partir de este propósito, se lleva a cabo un análisis desde una mirada territorial, que posibilita explicar cómo las particularidades regionales entran en fricción con las orientaciones políticas del sistema universitario, sistema que se orienta mediante el “manual invisible” (^{Salazar y Leihy, 2013}), entendido como orientaciones explícitas e implícitas que guían las políticas mediante asignaciones de valor (^{Ball, 1990}).

El sistema universitario chileno y las universidades regionales

La reforma, durante el régimen militar del sistema universitario de 1981, planteaba la competencia académica entre las universidades como el principal criterio para la asignación de recursos (^{Salazar y Leihy, 2013}), en tanto presupone que esta competencia generaría mayor calidad en el sistema. Para ello abre el sistema a la creación de universidades privadas, que entran a competir con las universidades públicas y privadas (sin fines de lucro) ya existentes (Tradicionales). Pero el reducido presupuesto destinado a la educación superior durante el régimen militar no logró orientar el sistema hacia la calidad basada en la competencia académica, creciendo, por contraste, la presión sobre los aranceles, créditos y becas como medio de financiamiento. No obstante, esta lógica sí implantó un elemento permanente en el sistema, que fue igualar en la lógica de la “calidad” a las universidades públicas con las privadas (^{Thayer, 1996}), y las regionales con las capitalinas (^{Leihy y Salazar, 2012}). Esta concepción plana del sistema terminó homogenizando a las universidades regionales públicas entre sí (^{Leihy y Salazar, 2012}). La ausencia de un financiamiento directo del Estado (basal) desincentivó los vínculos de las universidades regionales con las necesidades de su territorio (^{Hawes y Donoso, 1997}), de modo que las instituciones educativas privilegiaron su supervivencia financiera mediante la captura de matrícula con carreras y programas estándares.

Con el retorno de la democracia en 1990, ante la imposibilidad de una reforma estructural del sistema de educación superior debido a los enclaves autoritarios dejados por la dictadura (un sistema electoral que generaba un empate parlamentario dando poder de veto a la minoría y altos quórum para modificar las leyes) (^{Garretón, 2007}), se ha instalado la tesis de que habría comenzado una progresiva regulación del sistema que terminó por modificarlo (^{Allard, 1999}; ^{Bernasconi y Rojas, 2004}; ^{Brunner, 2009} y ²⁰¹¹). Dicha tesis es criticada por ^{Salazar y Leihy (2013)}, quienes plantean que más que un quiebre con el periodo anterior, lo que ocurre es un retorno al programa inconcluso del régimen militar: lograr la calidad mediante políticas que incentivaban la competencia académica entre instituciones para obtener recursos.

La relativa homogeneidad, que habían presentado las universidades regionales públicas durante el régimen militar, comenzó a resquebrajarse con los gobiernos democráticos. Esto se explica principalmente como efecto de la democratización de los gobiernos universitarios, circunstancia que generó diversas estrategias de adaptación en las universidades regionales, las cuales pueden ordenarse en dos polos (^{Prieto y Noel, 2008}): 1) las mono regionales, que desarrollan políticas orientadas a la calidad, ya sea a nivel nacional (académicas) como regional (pertinencia), con la consecuente captura de altos puntajes en las pruebas de selectividad y los recursos públicos asociados a la matrícula de estos estudiantes (Aporte Fiscal Indirecto); y 2) las multi regionales, que para aumentar sus ingresos expanden su cobertura mediante la instalación de sedes en otras regiones, principalmente en grandes centros urbanos como Santiago, Concepción y Valparaíso (^{Brunner, 2009}), apostando a una política de aumento de matrícula, pero con baja selectividad.

En el caso de las universidades privadas creadas con posterioridad a la reforma de 1981, muchas comenzaron sus operaciones en regiones con estrategias muy cuidadas de crecimiento y de pertinencia local. Una vez obtenida su autonomía y liberadas de la supervisión estatal, revelaron su “agenda oculta”, cambiando radicalmente su política hacia la expansión de sus operaciones a diferentes regiones (^{Brunner, 2009}), aspecto que se transparenta en el hecho de que casi la totalidad de éstas trasladaron sus sedes centrales o rectorías a Santiago, fortaleciendo el centralismo del sistema. Son estas instituciones las que expandieron la matrícula en Chile, aplicando estrategias de mercado y modelos gerenciales de dirección (^{Brunner, 2009}).

La consolidación de una lógica de mercado durante la década de 1990, que se manifiesta en la expansión de la oferta de programas académicos y sedes universitarias de manera agresiva, empujó a un cambio en la política pública de educación superior, que ^{Salazar y Leihy (2013:19)} denominan como la “agenda neoliberal”. Esta agenda neoliberal representó un cambio de enfoque que surgió en 1997, cuando no sólo se promovió la competencia cualitativa -entendida como calidad académica- sino también la competencia cuantitativa, es decir, la expansión de la matrícula con financiamiento público en universidades preferentemente privadas post-reforma de 1981, fenómeno que se aceleró desde el año 2006 con la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Ante este contexto, diversas críticas han surgido en las regiones desde una perspectiva territorial, esbozando las limitaciones o efectos negativos del sistema universitario chileno:

La selección de la UAY como caso de estudio responde a una serie de particularidades que señalan la tensión con el sistema universitario chileno en diferentes niveles, entre las que destacan:

Estas tensiones culminaron en un proceso de crisis en 2016, que llevó con una reformulación del proyecto original y la destitución de la rectora de la UAY, la Dra. Roxana Pey.

Metodología

La presente investigación se ha llevado a cabo a partir de la observación realizada en un contexto territorial específico, pues entendemos que las regiones no representan una realidad homogénea en clave nacional. Ante esto, surge la interrogante sobre qué entendemos como territorio. Siguiendo los planteamientos de ^{Raffestin (2011)}, territorio puede ser entendido como la apropiación del espacio a través de relaciones de poder (discursos-saberes) y de formas de vida (geografía-recursos). Para dar cuenta de ello, consideramos que las herramientas que nos proporciona la metodología cualitativa resultan pertinentes para comprender particularidades temporales y espaciales de contextos locales (^{Toulmin, 2001}). Entender el territorio como un proceso dinámico nos llevó a seleccionar la teoría fundamentada como enfoque metodológico que, basado en fuentes de información cualitativas, construye hipótesis explicativas mediante relaciones entre categorías (^{Glaser y Strauss, 1967}). Dentro de la teoría fundamentada, se ha trabajado con el método de comparación constante que, además de centrar el foco de interés en lo temporal y espacial en los contextos locales (^{Glaser y Strauss, 1967}), tiene como característica central de validación y construcción de teoría, la saturación de discurso que es posibilitada a partir de la integración de diferentes fuentes de información (entrevistas, archivos, observación, etc.) (^{Valles, 1997}; ^{Alonso, 2003}).

Son justamente estas particularidades temporales y espaciales de contextos locales lo que nos ha llevado a explorar y analizar la situación y la trayectoria de la Universidad de Aysén, mediante un estudio de caso como estrategia de investigación (^{Stake, 1999}).

En relación a las fuentes de información consultadas para el análisis llevado a cabo en este trabajo, destacan: 1) documentación oficial estatal; 2) documentación oficial de la UAY; 3) diez entrevistas a informantes claves (expertos, parlamentarios, funcionarios equipo de gestión de la UAY y funcionarios de gobierno del Ministerio de Educación); 4) información de prensa (nacional y regional); 5) observación participante y transcripciones de intervenciones de discusión parlamentaria en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado. La información obtenida fue codificada y sometida al criterio de saturación para construir un discurso que respondiera a la pregunta: ¿es posible la existencia de una diversidad de propósitos que recojan las particularidades territoriales en un sistema universitario altamente centralizado y con estímulos homogéneos?

El caso de la Universidad de Aysén

La UAY posee características singulares para el sistema universitario chileno, que expresa un proyecto educativo acorde a las características territoriales de la Región de Aysén y la relación de excepción que ha mantenido la región con el Estado de Chile (^{Carreño, 2003}). Dicha condición de excepcionalidad representa una fuerza o criterio para avanzar en la diversidad de propósitos de las universidades regionales, que ayude a revertir el escaso impacto de éstas en el desarrollo regional, tensionando las políticas homogéneas basadas en la competencia, por la calidad desde la singularidad del territorio.

A partir de lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de las dos “categorías de análisis” que emergieron con la revisión de la información recolectada: 1) excepción-homologación y 2) centro-periferia.

Decisión restauradora

En el análisis de las entrevistas llevadas a cabo al equipo de gestión de la UAY, a los actores políticos, a las autoridades de gobierno (MINEDUC), junto a la sistematización de información de prensa, se observan una serie de conflictos entre la conducción de la UAY y el gobierno. Mediante el Decreto Supremo Nº 367, Roxana Pey fue nombrada rectora de la UAY, a quien se le encomienda poner en marcha en términos administrativos y académicos la universidad creada mediante la Ley Nº 20.842. Pey fue destituida de su cargo por la presidenta Bachelet,⁷ quien hizo uso del artículo 3º transitorio de la ley, que señala que “Desde su nombramiento y hasta la publicación de los estatutos de la universidad, el presidente de la República podrá, por motivos fundados, remover al rector”. Esta determinación presidencial es rechazada por la rectora, quien toma la vía judicial para defender, lo que, a su opinión, es una vulneración de la autonomía universitaria.

La tensión entre la dirección de la UAY y el gobierno podría haberse incrementado en la medida que la ex rectora Pey fue adquiriendo protagonismo público en el Consejo de Universidades Estatales de Chile (CUECH), y por la relevancia que este organismo adquirió durante la discusión de la reforma al sistema de educación superior. Esta tensión se organizó en torno a la polaridad público-mercado, siendo claramente el CUECH un actor principal de la polaridad público, ubicándose al gobierno en una posición ambivalente respecto de la otra polaridad, el mercado.

Las excepciones propuestas en los estatutos y diseño de la UAY, que encontraban su justificación en una lógica territorial, quedaron subsumidas en este polo público. Se aprecia en el análisis de las entrevistas, que lo que motivó la petición de renuncia no es el carácter excepcional de los estatutos o el proyecto de la UAY, sino, por el contrario, el potencial peligro de transformar dichas excepciones en norma general (como aparece nítidamente en los discursos de los actores gubernamentales), en especial en un punto que era el eje central de la polarización, como era la discusión sobre la gratuidad universal.

Por ello la decisión política de destituir a la rectora aparece en el análisis como una categoría central, por los costos que asume el gobierno: 1) político: la gratuidad era uno de sus ejes del programa de gobierno; 2) regional: la creación y la puesta en marcha de la UAY contaba con alta legitimidad social; 3) educacional: fricciona las relaciones con el CUECH; 4) simbólico: primer rector de una universidad del Estado destituido de su cargo desde la dictadura; 5) género: destituye a la primera rectora de una universidad del Estado en la historia de Chile; 6) legislativo: polariza el debate y la posibilidad de aprobación del proyecto de reforma que se presentaría al Congreso.

El análisis del fallo de la Corte Suprema sobre la demanda de la rectora Pey adquiere importancia en el análisis y la configuración de esta sub-categoría al ser cruzado con las entrevistas, pues establece que la remoción de la rectora por parte del gobierno se debió a la falta de alineamiento “con los planteamientos efectuados por el gobierno en materia de educación superior”;⁸ a dos semanas después de haber ingresado a trámite legislativo, el proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior no cumplía con la condición de basarse en “motivos fundados”, como exigía el artículo 3° transitorio de la Ley Nº 20.842. Ello evidencia que todos estos costos fueron asumidos para dejar claro que las expectativas cifradas respecto a una educación superior, como un derecho universal garantizado, tendría como base el realismo presupuestario.

Es por esto que muchos informantes de la UAY focalizan el conflicto en el Ministerio de Hacienda más que en el de Educación, pues en este último la excepcionalidad de la UAY resultaba incómoda. Esta polarización en una escala nacional explica la distancia de los actores regionales políticos (parlamentarios) en este conflicto por la destitución de la rectora, pues entienden que la tensión Estado y mercado no es la relevante para su mirada territorial, donde privilegian la puesta en marcha y la continuidad de la UAY:

[…]donde nos topamos inmediatamente con los mayores problemas fue con el Ministerio de Hacienda. Porque éste era totalmente contrario a la creación de esta universidad […] cuando anuncié que esta universidad aspiraba a ser la primera universidad gratuita del país -cosa que causó gran molestia-, dije algo que no era ninguna novedad […]. El decir que esta universidad aspiraba a ser gratuita, fue uno de los elementos que causaron un conflicto (Ex Equipo Directivo 1 UAY).

Financiamiento

El programa de gobierno de la presidenta Bachelet planteaba una reforma sustantiva al sistema de educación superior, la cual contemplaba la gratuidad. No obstante, no especificaba la estrategia para lograrlo. Una primera expresión concreta de dicho propósito fue la incorporación de la gratuidad dentro de las partidas del presupuesto 2016 (que se aprueba anualmente y no representa un gasto permanente del Estado) para aquellos alumnos de las familias del 50% de menores ingresos, porcentaje que subió al 60% el 2017.

Es en el marco de esta promesa de una política de gratuidad que el equipo directivo de la UAY planifica su puesta en marcha como la primera universidad gratuita del país. Esta decisión encuentra respaldo en una serie de argumentos: es demandado por la sociedad regional, las características de aislamiento de la región, la vulnerabilidad social de sus habitantes, el alto costo de la vida en la región, las escasas posibilidades de continuar estudios fuera de la región de un segmento importantes de jóvenes de bajos ingresos, entre otras razones. Pero hay un argumento que es especialmente relevante, y que surge de manera nítida en la codificación y el análisis de la información generada por el equipo directivo de la UAY, que guarda relación con la intención de desmercantilizar a la UAY del modelo de financiamiento con que operaba el sistema universitario chileno:⁹

[…] para mí no tenía ningún sentido montar una cuestión más de mercado […] Esta era una oportunidad muy grande, y muy difícil. Pero, bueno, tenemos acá este experimento en una zona extrema, aislada, donde no hay nada de esto, y queremos ahí crear una cosa bien hecha para ese horizonte hacia el que vamos a transitar. Ese es el proyecto al que yo me sumé, a ese es al que me invitaron [...] No vamos a reproducir la crisis de la educación superior en una región donde no había (Ex Equipo Directivo 1, UAY).

Para dicho propósito, el equipo directivo diseña un modelo de financiamiento de la gratuidad basado en la utilización de los recursos operacionales que obtendría la UAY para la puesta en marcha de la universidad que, en la práctica, constituían un financiamiento directo estatal (basal). Este punto es el que genera mayor discordia entre el gobierno y la UAY, al punto que tanto el equipo directivo como representantes políticos de la zona lo esgrimen como la principal causa de la destitución de la rectora Pey; señalan a Hacienda como el responsable de dicha decisión, basados en la lectura del impacto nacional de una medida de este tipo:

[…] hay una suerte de acomodarse a la regla general porque de alguna manera yo no creo que sea el gobierno, sino que particularmente el Ministerio de Hacienda fue el que impuso el que esta singularidad -en el sentido de que fuera totalmente gratuita y tuviese un método de selección distinto- no pudiese prosperar, probablemente como un susto a un precedente (Senador 1 Región de Aysén).

Con independencia de la postura que se tenga en esta materia, desde una óptica territorial, el verse entrecruzado en una pugna a nivel nacional debilitó la oportunidad de negociar con el gobierno una condición de excepcionalidad de la UAY en materia de financiamiento. Esta lógica del “todo o nada” desde el punto de vista nacional impidió avanzar en otro tipo de concesiones territoriales, que no obstante de no representar la gratuidad absoluta en términos formales, en la práctica podrían haber avanzado en que gran parte de su alumnado estudie sin costos mediante diferentes fuentes de financiamiento nacional (gratuidad y becas), además de otros instrumentos ad hoc de la región, como es el antecedente de la Beca Patagonia Aysén y otros instrumentos regionales. Finalmente, el caso de la UAY desde la óptica del financiamiento plantea la paradoja del sistema de educación superior desde el punto de vista territorial, pues no le queda otra alternativa al Estado más que aceptar su excepcionalidad, pues al ser inviables los criterios actuales de financiamiento, debe aceptar que ésta sea totalmente gratuita (financiamiento directo estatal a la oferta educacional regional) o deficitaria (financiamiento directo estatal que cubra los saldos negativos).

Se podrá señalar que esto puede generar mayor inequidad territorial, lo cual puede ser plausible, pero también amplía las posibilidades de negociación y de autodeterminación de las regiones, fortaleciendo la descentralización y la independencia presupuestaria, que posibilite priorizar su gasto y generar incentivos a una mayor pertinencia e impacto en el desarrollo regional de las universidades, sin que esto represente una discusión general-nacional del sistema.

Admisión

Un segundo ámbito de conflicto entre el Gobierno, el Sistema Único de Acceso, el Consejo de Rectores de Chile (CRUCH), la comunidad local, el cuerpo académico y la directiva de la UAY, fue en el modelo de admisión a la universidad. La dirección de la UAY en ese momento pretendía que el proceso de admisión fuera sensible a las características de desventaja que evidenciaba la población local en términos geográficos, poblacionales (^{SUBDERE, 2011}), económicas y sociales (^{Durán del Fierro, 2016}):

[…] sí, hicimos todo un trabajo con los datos de la región para promover un acceso más inclusivo […] había que avanzar en términos de inclusión y la lógica de los programas de inclusión era justo no repetir las fallas que experimentaba el sistema de acceso a las universidades en el resto de Chile. Al tener una universidad nueva, esto representaba una gran oportunidad (Ex Equipo Directivo 2, UAY).

Lo interesante de esta propuesta, es que se enmarca dentro de la misma lógica y los mismos principios del Sistema Único de Admisión, pues no busca eliminar las pruebas de selectividad y, por lo tanto, el ingreso sin selección. Pero hace una crítica radical desde las particularidades del territorio de Aysén a las limitaciones y rigideces de este mecanismo a escala nacional, planteando una serie de ajustes para su mayor pertinencia y flexibilizando algunos aspectos: 1) compensar a los estudiantes de la región, y 2) mayor valoración de la trayectoria escolar mediante las notas de enseñanza secundaria (NEM), por sobre el ranking de notas y pruebas estandarizadas (PSU) (^{Durán del Fierro, 2016}):

[…] pensando en el perfil de estudiantes rural, mucha ruralidad, muchos quintiles bajos y colegios municipales, queríamos intentar subir el ranking de notas y ponderar en menor medida los resultados de la PSU (Ex Equipo Directivo 2 UAY).

A partir del análisis de las manifestaciones de los entrevistados, se puede observar que esta propuesta no generó consensos y representó un flanco de tensión en diversos niveles: 1) al interior de la UAY, 2) a nivel regional, 3) a nivel sectorial, y 4) a nivel nacional; estos elementos que se organizan en torno a tres ejes: calidad (una reducción de los estándares), inclusión (ser sensible a las características de la población local) y tecnocráticos (en tanto este modelo entrañaba críticas a la metodología de la PSU y sus criterios de selectividad).

El equipo directivo en este aspecto logró posicionar la excepcionalidad como posibilidad y, a pesar de las diferencias, hubo un margen para explorar un camino que permitía flexibilizar políticas homogéneas e insensibles a las particularidades territoriales de los procesos nacionales de admisión universitaria. A pesar de haberse solicitado, no tuvimos acceso a los estudios del impacto que tendría este nuevo mecanismo de admisión. Persiste así la pregunta respecto a los criterios técnicos de su aplicabilidad, o si, por el contrario, era ésta una estrategia para lograr la matrícula suficiente para mantener la aspiración de gratuidad, basado en los ingresos que se podían proyectar teniendo como parámetro la partida de la ley de presupuesto por concepto de gratuidad, en el cálculo que hacía dicha ley del costo promedio de los programas académicos (arancel). Con independencia de esta duda, la aspiración representó una oportunidad de generación de una identidad territorial, en tanto la construcción de un nosotros basado en sus propios criterios de legitimidad del centro o nacionales, que se hace cargo de una historia y una singularidad territoriales.

Gobierno universitario

El primer estatuto que fue presentado por el equipo directivo de la UAY al poder Ejecutivo establecía los elementos básicos del gobierno universitario. Dentro de éstos, se contemplaba la creación tanto de un Consejo Social compuesto por actores locales relevantes como de un Consejo Superior multiestamental con participación de un representante del Consejo Social. Este modelo representa una iniciativa singular y una excepción para el sistema de las universidades regionales públicas, por la apertura a la participación en la conducción a la comunidad regional, que no obstante su carácter limitado dentro de los equilibrios de poder, abría el gobierno y la gestión de la universidad a la heteronomía regional y autonomía respecto del poder central (Estado):

Éste era un órgano colegiado que tenía ciertas atribuciones, muy controladas y muy bien definidas en el estatuto. No era la conducción de la universidad. Era un órgano entre consultivo y orientador, que tenía que conocer el avance de la universidad, opinar respecto de su pertinencia regional, y su coordinador, su director de ese cuerpo, tenía por derecho propio la representación, su participación en el Consejo Directivo (Ex Equipo Directivo 1, UAY).

En este sentido, los entrevistados gubernamentales manifestaron su discrepancia con el primer estatuto propuesto por la UAY, en tanto consideran que en esta primera etapa la universidad debía optar por formas de gobierno que contribuyeran a una mejor gestión y mayor eficiencia, a fin de facilitar su puesta en marcha, y un Consejo Superior con tantos representantes lo evaluaban como poco operativo. Argumentaban que era un modelo de universidad compleja para una institución que todavía no tenía siquiera una primera generación de estudiantes:

[…] el estatuto desde la mirada del Ministerio aparecía como para una universidad ya instalada y grande, de un cierto tamaño de desarrollo en términos de la envergadura de su sistema de gobierno, de las instancias que hay, los procesos, y eso requería pensarlo quizás como una etapa posterior y en una etapa primaria tener los elementos fundamentales como para desarrollar esa universidad (Ex Jefe División de Educación Superior)

A este respecto, el principal elemento crítico era la composición de un Consejo Superior de 15 miembros, pues se alejaba de la propuesta de norma común de gobernanza de las universidades estatales que ingresó al Congreso Nacional como proyecto de ley para su discusión, que establecía que los órganos de gobierno de las universidades estatales estarían compuestos por cuatro representantes de la Presidencia de la República y cuatro representantes de elites académicas, más el rector.

Bajo esta lógica, la propuesta de órgano colegiado superior de la UAY aparecía de un tamaño excesivo y, a su vez, no respetaba los nuevos equilibrios entre la representación interna y externa propuesta por el gobierno. Por tales motivos, el Ministerio de Educación solicitó modificar la propuesta de estatutos y ajustar el órgano colegiado superior a lo que propondría luego el gobierno en materia de gobernanza. Esto, sin duda, es un foco de conflicto entre las autoridades de la UAY y el Ministerio de Educación.

Desde un punto de vista del gobierno universitario, siguiendo el planteamiento del triángulo de ^{Clark (1998)}, esto representa un fortalecimiento del control estatal-nacional del gobierno universitario por sobre las elites académicas y el mercado. Desde el punto de vista territorial, esto representa una desvinculación regional de los órganos de conducción, que va en contrasentido de lo que muestra la experiencia internacional de una progresiva transferencia de poder de decisión desde el personal académico a actores locales externos (^{Stensaker et al., 2007}; ^{Larsen et al., 2009}). Con el cambio de conducción de la UAY, se tomó el modelo propuesto en el proyecto de ley (que todavía no había sido sancionado), en clara línea con la lógica nacional.

Proyecto académico

Otro aspecto que resultó damnificado con el cambio de equipo directivo de la UAY fue la reducción de diez a sólo seis carreras impartidas. Dentro de las carreras que vieron postergada su puesta en marcha, estuvo una de las que presentaba mayor perfilamiento regional, como era Ingeniería en Energías. Uno de los representantes del equipo directivo de la UAY entrevistado señaló que desde el Ministerio de Educación los llamaban a privilegiar al sector productivo o “cluster” de turismo, el que fue definido metropolitanamente como área estratégica regional de desarrollo:

[…] (Cluster) está detrás de algunas decisiones que están tomando. Porque han tenido varias veces la idea de que las universidades regionales tendrían que focalizarse en una especialización. Eso lo insisten cada cierto tiempo […], por qué la Universidad de Aysén no se enfoca en el turismo, y que sea el gran epicentro del turismo […]. Tú no puedes tener un territorio formado por una región que se dedique sólo al turismo […]. Esa concepción simplista, que funciona en la cabeza de alguien que está en el centro, sentado en un escritorio (Ex Equipo Directivo 1 UAY).

Este aspecto, que podría definirse como menor dentro del campo de tensiones que tuvo que enfrentar el proyecto de la UAY, muestra las limitaciones que tiene una institución universitaria regional para poder pensarse a sí misma y su entorno, y en la línea de ^{Guzmán-Valenzuela y Martínez (2016)}, generar un saber-poder autónomo de los moldes concebidos desde el centro. A juicio de uno de los rectores de universidades regionales entrevistados, esto representa una limitación a la autonomía universitaria, entendiendo ésta como la potencialidad crítica respecto al Estado, como ya había sido el caso del cuestionamiento del modelo de cálculo de costo de la vida que hizo el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016, que refuerza la importancia de una universidad como espacio político del saber y de fortalecimiento de las capacidades negociadoras de los territorios:

Yo creo que esto es lo que motivó también la creación de la Universidad de Aysén y la Universidad de O'Higgins, no es una universidad transitoria, es una universidad que se queda en el territorio, que se piensa desde el territorio, y que resuelve o propone soluciones a los problemas del territorio (Rector 2 Universidad Regional).

Es justamente la permanencia y la ubicuidad territorial, expresadas en un saber significativo que puede relativizar los modelos no foráneos contrarrestándolos con los endógenos, donde las universidades regionales cumplen una función que pareciera insustituible por otra institución, para mejorar las posibilidades que tengan las regiones para un diálogo y una negociación algo más equitativa con el centro.

Algunas consideraciones finales

Este estudio de caso llevado a cabo en la UAY permite aproximarse a explicaciones de por qué el sistema de educación superior chileno universitario presenta tan alta desconexión y bajo impacto en el desarrollo regional. Pero no desde explicaciones homogéneas para todos los territorios que conforman el país, sino basado en experiencias concretas, y desde ahí explorar generalizaciones.

En este sentido, al comienzo del presente artículo nos hicimos la siguiente pregunta: en el marco de la construcción de universidades públicas regionales en Chile, ¿es posible la existencia de una diversidad de propósitos que recojan las particularidades territoriales en un sistema universitario altamente centralizado y con estímulos homogéneos? Una vez llevado a cabo el análisis de cada una de las categorías emergentes, podemos expresar, con base en nuestros antecedentes, que esto al día de hoy no sería posible.

Un primer elemento que aparece como relevante en este sentido es que históricamente la Región de Aysén ha demandado, en su relación con el Estado chileno, recursos por excepcionalidad y un modelo de desarrollo propio por sus características. La excepción ha sido la respuesta que ha encontrado la región para negociar con el centro. Justamente es la excepción, como dimensión de análisis territorial, lo que permite explicar el caso de la UAY en su singularidad, y al mismo tiempo dejar en evidencia el carácter centralista y homogenizante del sistema de educación superior chileno.

La excepción constituye un elemento identitario desde la creación misma de la UAY que, a diferencia del resto de las universidades estatales regionales, se expresa en que ésta surge directamente de una demanda social. Esta excepción se manifiesta luego en diversos ámbitos, como su diseño, su puesta en marcha, su modelo de gestión y de gobierno, su proyecto educativo, el programa de investigación y, como cabría esperar, su primera crisis. Algunos de estos elementos o componentes entran en conflicto, mostrando los límites de la excepción. Por lo que, cuando el Estado advierte el riesgo de que la excepción se transforme en norma, tiende a homogenizar su condición al marco general de regulación nacional, lo cual le sirve como medio de control y de alineación.

Es por ello que los elementos en conflicto en la relación entre la UAY y el gobierno no radican en que son intrínsecamente disruptivos, sino que devinieron así en el contexto de discusión de la reforma al sistema de educación superior. Lo que con antelación aparecía como tolerable, mutó en riesgo nacional. De esta forma el caso de la UAY puede servir para sacar algunas conclusiones preliminares respecto a las limitaciones del sistema universitario chileno bajo la óptica territorial:

Pareciera, bajo estos argumentos, que explorar caminos de financiación por la vía del presupuesto regional sería una buena manera de revertir esta desconexión entre universidades y región, pues tanto las políticas nacionales como las de mercado han tendido a construir caminos hacia Santiago y no hacia los territorios.