Introducción

En los últimos meses la formación de abogados en México ha cobrado especial relevancia en los ámbitos académico, legislativo y gubernamental. En primer lugar, porque se han hecho más notables las debilidades del sistema de justicia de nuestro país, cuyas manifestaciones se aprecian en los altos índices de impunidad y de violación de los derechos humanos. En segundo término, porque en 2008 y 2011 se reformaron artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia penal y seguridad pública, así como de protección de derechos humanos, respectivamente ^{(DOF, 2008} y ²⁰¹¹⁾. Asimismo, el poder legislativo del país ha insistido en la regulación del ejercicio profesional mediante iniciativas que buscan la obligatoriedad de la certificación y de la colegiación de profesiones como el Derecho, y muy recientemente el Ejecutivo Federal convocó a mesas de trabajo para diseñar, proponer y evaluar la política pública de acceso a la justicia cotidiana¹.

En este contexto se ha cuestionado el papel que deben desempeñar las Instituciones de Educación Superior (IES) en las reformas, las iniciativas y los proyectos señalados. Sin embargo, se puede apreciar que en la reflexión existe poca información sistematizada sobre la oferta educativa para la formación de los profesionales del Derecho, la población de jóvenes matriculados, así como las modalidades de estudio y el tipo de instituciones que ofrecen la carrera.

Desde la perspectiva de este escrito, es importante que cualquier reflexión abone argumentos fundamentados en la evidencia empírica, en las estadísticas y en los trabajos de especialistas. Así, el texto tiene como propósito presentar una caracterización analítica a este respecto:

¿Dónde se forman? ¿En qué instituciones y modalidades? ¿Con qué garantías de calidad? La estructura del documento sigue el orden de las preguntas propuestas, si bien se considera un espacio en el principio para exponer las aspiraciones institucionales en relación con el estudio del Derecho.

A manera de nota metodológica, es importante señalar que los registros de los anuarios estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) señalan como un campo amplio de conocimientos el de Ciencias Sociales, Administración y Derecho. De éste se deriva el campo específico denominado Derecho, que a su vez se divide en un campo detallado que lleva el título de Derecho y Criminología; finalmente, se hace alusión a los programas.

Considerando la denominación de los programas incluidos en el campo detallado, es posible encontrar más de 75 denominaciones. La más importante por sus dimensiones es la Licenciatura en Derecho, porque representa al 80% de la matrícula total y, en virtud de la similitud de los programas, este texto considera también a la licenciatura cuya denominación es abogado, misma que representa al 5%. El estudio de la criminología y criminalística estaría representado por el 10%, y el 5% restante se distribuye en otros programas ^{(ANUIES, 2015)}.

Sobre esa magnitud de estudiantes del ciclo escolar 2014-2015 se realizó un ejercicio de estadística básica para conocer su distribución en el país en función de variables como la institución² y su régimen o sostenimiento³, programas⁴ y modalidades de estudio⁵. En algunos casos se realizaron cruces de variables para ubicar, por ejemplo, a la matrícula por tipo de institución y modalidad de estudios o para identificar a la matrícula de programas evaluados o acreditados en función de su afiliación o no a la ANUIES.

Se debe advertir que el texto no abarca todas las dimensiones que implica la formación en general y la formación profesional en particular; ello requeriría un abordaje de otra naturaleza y, sobre todo, de una mayor profundidad analítica. Basta señalar que autores como ^{Ferry (1987)} han propuesto diferentes conceptos, dimensiones y perspectivas que pudieran considerarseen el análisis del tema⁶. En otras palabras, este documento se limita al análisis de las estadísticas disponibles en la materia para responder a las preguntas previamente indicadas.

La misión de la licenciatura en Derecho

Dicho lo anterior, en primer lugar se debe hacer notar que las principales IES que ofrecen la Licenciatura en Derecho coinciden en la misión de este programa de estudios. En términos generales, refieren a la formación de profesionales capaces de resolver o proponer soluciones para los problemas jurídicos públicos, privados y sociales que garanticen el respeto a la ley y a la dignidad humana, y que redunden en una mejor calidad de vida en México (Universidad Iberoamericana [UIA]), y en esa medida ser agentes de cambio en su comunidad (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey [ITESM]).

Durante el proceso de formación, se hace hincapié en la responsabilidad y en el compromiso social con la justicia, la equidad y el bien común (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM]), y en el respeto a los derechos humanos (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla [BUAP]), en la medida en que el Derecho se concibe como un elemento de orden y armonía que procura la pacífica relación entre los seres humanos (Universidad Autónoma de Nuevo León [UANL]), y que el ejercicio de esta disciplina se debe realizar con ética y profesionalismo (Universidad de Guadalajara [UdeG]).

Se espera que sus egresados cuenten con conocimientos, capacidades y valores que posibiliten un buen desempeño profesional; generalmente se exige el dominio de cuerpos teóricos, históricos, conceptuales, metodológicos y de leyes y procesos legales. Asimismo, se espera que a través de su formación logren capacidades relativas al uso adecuado de los lenguajes oral y escrito, uso de herramientas tecnológicas y de liderazgo, y tener interiorizado el deseo de abonar a una cultura de la legalidad y la preocupación por estar actualizado en el campo del Derecho.

En resumen, con conocimientos, capacidades y valores se aspira a que los egresados de esta disciplina sean aptos para interpretar y aplicar adecuadamente la normatividad jurídica, litigar, asesorar, impartir justicia, celebrar actos de fe pública, gestionar recursos administrativos, legislar, investigar, defender y resolver conflictos. Planteado así, no cabría la menor duda sobre las bondades de esta profesión ni de su contribución al desarrollo de sociedades como la nuestra, más aún si se consideran la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la violación de los derechos humanos que caracterizan, en la dimensión de la convivencia social, a nuestro país.

Esta misión, de acuerdo con diferentes pronunciamientos, no se logra en todas las IES, ya sea por debilidades internas, por falta de regulación externa, porque la educación se traslada a un plano mercantil o porque no se asume a cabalidad su dimensión como bien público y social. A este respecto, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a través de su titular Edgar ^{Elías Azar (2014)}, ha propuesto un diagnóstico que, en resumen, alude a:

El diagnóstico, en general, es correcto, sin embargo, carece de precisión porque no identifica dónde y en qué tipo de instituciones se encuentran las mayores debilidades. Por ejemplo, no señala el crecimiento acelerado del número de programas e instituciones particulares que ofrecen la carrera sin una regulación clara. Tampoco apunta los matices existentes en el proceso de formación por entidad federativa, como son las modalidades de estudio y las particularidades de la matrícula. Por supuesto omite el hecho de que aproximadamente el 50% de la matrícula total nacional de la Licenciatura en Derecho es atendida por muy pocas instituciones que se han esforzado por demostrar una formación de calidad y se han sometido a diversos procesos de evaluación de asociaciones, comités evaluadores y organismos acreditadores.

Asimismo, como lo han señalado diversos trabajos, en la regulación de la oferta de programas de instituciones particulares existen insuficiencias y debilidades normativas que no permiten saber con certeza en qué condiciones operan y cuáles son las garantías de que la formación profesional ofrecida sea la adecuada. Angélica ^{Buendía (2014)} ha señalado que si bien el Acuerdo 279 de la SEP⁷ «establece las reglas administrativas y de operación en el ámbito federal [. . .], no incide en el proceso educativo como tal, el cual queda bajo la responsabilidad de las instituciones educativas» ^{(Buendía, 2014: 236)}. Agrega que en su aplicación «ocurren situaciones de laxitud, corrupción y simulación, que se deben en gran parte a las negociaciones políticas que hacen algunos de los funcionarios, favoreciendo a los particulares, aunque no cumplan con los requisitos establecidos» ^{(Buendía, 2014: 237)}.

La numerografía básica

¿Cuántos institutos, escuelas, instituciones, centros y programas tienen la misión o el propósito previamente descrito? En primer lugar, como se ha comentado, en el agregado de las ocho áreas de conocimiento reconocidas en México, la de Derecho forma parte del campo más importante por sus dimensiones: Ciencias Sociales, Administración y Derecho. Este grupo representa al 42% de la matrícula total de educación superior, e individualmente el Derecho representa al 9% de la matrícula global.

Dentro del campo del Derecho, como se ha puntualizado, la Licenciatura en Derecho representa al 85% de la matrícula total. Es una carrera muy demandada por los estudiantes, y ello se refleja en el crecimiento significativo que han tenido la matrícula, el número de programas y las propias instituciones. En este sentido, de manera porcentual, se establece que las instituciones particulares han sido las que en los últimos años mostraron mayores tasas de crecimiento anual en cada una de las variables señaladas (Tabla 1). Lo anterior se aprecia mejor si consideramos los números absolutos; por ejemplo, la matrícula de este tipo de instituciones pasó de 95,565 estudiantes en 2011 a 143,146 en 2015, y el número de programas se incrementó de 753 a 1,401.

Tabla 1 Matrícula, programas e instituciones que ofrecen la Licenciatura en Derecho 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2011}-²⁰¹⁵⁾.

De acuerdo con lo anterior, existen 813 instituciones que forman a los profesionales del Derecho, las cuales se desdoblan en 1,535 programas, que instruyen a aproximadamente 278,170 estudiantes. De esta población, el 51.46% cursan sus estudios en instituciones particulares y el 48.54% en instituciones públicas.

Considerando la modalidad de estudio, la matrícula total se divide en la modalidad escolarizada (78.39%) y en la no escolarizada (21.6%). En el primer caso, las instituciones públicas atienden al 54.54% y las particulares al 45.46%. Por su parte, en la modalidad no escolarizada las instituciones particulares cubren al 73.21% de esta matrícula, tal y como se aprecia en la Figura 1.

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Figura 1 Matrícula total por tipo de institución y modalidad de estudios. 

Esta primera imagen de las dimensiones y características de la matrícula de la Licenciatura en Derecho debe complementarse con datos relacionados con su ubicación. Como apunte general se debe señalar que la carrera de Derecho tiene una alta concentración en pocas entidades del país. El 50% de la matrícula total se ubica en seis de ellas: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Baja California (Tabla 2).

Tabla 2 Matrícula de la Licenciatura en Derecho por entidad federativa 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Se ha comentado que los registros estadísticos señalan la existencia de 813 IES que ofrecen la carrera de Derecho. Sin embargo, el desagregado por régimen arroja el siguiente dato: del total de instituciones, el 94.7% corresponde a instituciones particulares y el 5.3%, a instituciones públicas. Esto significa que 770 IES particulares atienden al 51.46% de la matrícula total y 43 instituciones públicas se encargan del 48.54%.

Cabe señalar que entre las 813 instituciones existen casos, sobre todo particulares, que se encuentran presentes en dos o más entidades de la república porque funcionan como sistemas, redes o conglomerados. Si las desdoblamos en función de su ubicación, el número total de establecimientos o planteles se incrementa a 1,298, de los cuales 1,159 son de régimen privado (Tabla 3).

Tabla 3 Establecimientos públicos y particulares por entidad federativa 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Por su parte, se tiene registro de 1,535 programas de Derecho en el país, de los cuales el 91.27% es ofrecido por instituciones particulares y el 8.73%, por instituciones públicas. Al igual que se apuntó considerando el tipo de instituciones, en este caso se debe señalar que 1,401 programas ofrecidos por instituciones particulares atienden al 51.45% de la matrícula total de la Licenciatura en Derecho del país, en tanto que 134 programas de instituciones públicas atienden al 48.54% (Tabla 4).

Tabla 4 Programas de Derecho por entidad federativa 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Por último, como se aprecia en las Tablas y 4, aproximadamente el 50% de los establecimientos y programas particulares se concentran en seis entidades: Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Chiapas.

Distribución de la matrícula por tipo de sostenimiento de las instituciones

Veamos otra imagen que surge de la Tabla 5. Hay un grupo de entidades donde la formación de los futuros profesionales del Derecho está a cargo, fundamentalmente, de instituciones particulares: Guanajuato (95%) y Chiapas (86%). Sobresalen, asimismo, los estados de Quintana Roo, Aguascalientes, Yucatán y Colima, en los que la matrícula de las IES particulares representan a una proporción superior al 75% de la matrícula total. Por el contrario, en los estados de Guerrero, Sinaloa y Zacatecas la formación de abogados se realiza principalmente en IES públicas.

Tabla 5 Matrícula por entidad y sostenimiento 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Distribución de la matrícula por modalidad de estudio

Asimismo, hay entidades del territorio nacional en las que la matrícula no escolarizada respecto al total de la carrera es muy significativa. En este grupo destacan los estados de Veracruz (62%), Chiapas (57%), Nayarit (45%) y Colima (43%), así como otras entidades que superan al promedio nacional. El extremo opuesto está representado por aquellas entidades que registran un porcentaje superior al promedio (78.39%) en la modalidad escolarizada (Tabla 6).

Tabla 6 Matrícula de la Licenciatura en Derecho por modalidad de estudio 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Como ya se ha apuntado, la matrícula de las instituciones públicas es fundamentalmente escolarizada. De hecho, el detalle por entidad muestra que este tipo de centros educativos ofrece la modalidad no escolarizada en sólo seis entidades: Tabasco, Estado de México, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Esta última llama la atención porque el 74% de la matrícula pública cursa sus estudios en esta modalidad (Tabla 7).

Tabla 7 Matrícula de la Licenciatura en Derecho por modalidad de estudios 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)}.

Por su parte, a excepción de Baja California Sur, Tamaulipas y Campeche, las instituciones particulares de todas las entidades del país ofrecen la modalidad no escolarizada. Pero hay casos donde la oferta en esta modalidad es mayoritaria en este grupo de instituciones: Nayarit (84%), Chiapas (67%), Colima (57%), Querétaro (51%) y Veracruz (51%), tal y como se aprecia en la Tabla 7.

¿Con qué calidad operan las instituciones que ofrecen la licenciatura en derecho?

Más allá de los datos estadísticos cuya vigencia, como es natural, es de corto plazo, se ha podido esbozar la imagen de la oferta de la Licenciatura en Derecho en nuestro país. Corresponde ahora mostrar algunos indicadores sobre la calidad de las instituciones y programas dedicados a la formación de abogados, para lo cual se aludirá a la cobertura de asociaciones de educación superior, así como a los comités evaluadores y organismos acreditadores de la disciplina.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior

En el país existen organismos no gubernamentales que agrupan a diversos segmentos o tipos de IES una vez que cumplen criterios y requisitos académicos para ser consideradas asociadas o federadas, lo cual implícitamente conlleva un proceso de evaluación y acreditación⁸. Entre los de mayor relevancia destacan la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES); la primera fue constituida en 1950 y la segunda, en 1982.

Como dato general, se debe decir que a la ANUIES se encuentran asociadas 151 IES públicas y 29 particulares, en tanto que a la FIMPES están afiliados 111 centros educativos particulares. En términos de su cobertura, la ANUIES representa al 56% de la matrícula total nacional en todos los campos de estudio y la FIMPES, al 16%.

Considerando la representación de ambos organismos en relación con la Licenciatura en Derecho, se puede apreciar que a la ANUIES se encuentran asociadas 61 instituciones que ofrecen la carrera, lo que representa el 7.5% del total existente en México; sin embargo, éstas atienden al 54.66% de la matrícula nacional.

Cabe hacer notar que, en el caso de la ANUIES, las instituciones públicas asociadas atienden a poco más del 80% de la matrícula pública registrada a nivel nacional, lo cual indica su representatividad y su importancia. Más aún, 36 de las 43 instituciones públicas existentes a nivel nacional que ofrecen la licenciatura se encuentran asociadas a dicho organismo (Tabla 8).

Por su parte, 93 instituciones particulares que ofrecen la carrera han sido acreditadas por la FIMPES, y en conjunto estas instituciones atienden a una matrícula del orden del 27% del total nacional de las instituciones particulares.

Tabla 8 La Licenciatura en Derecho en ANUIES y FIMPES (2015) 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)} y ^{FIMPES (2015)}.

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) son nueve órganos colegiados constituidos por académicos reconocidos y representativos de la comunidad académica nacional, cuya misión es evaluar las funciones sustantivas, así como los programas educativos de las IES públicas y privadas ^{(CIEES, 2015)}. Derivado de la evaluación, el comité dictamina si los programas son de buena calidad (nivel 1).

El comité encargado de la evaluación de los programas de Derecho es el de Ciencias Sociales y Administrativas. Así, con datos de diciembre de 2015, CIEES reporta una matrícula evaluada de 107,184, lo cual equivale al 38.53% de la matrícula total nacional de la licenciatura (Fig. 2). Dicho de otra forma, únicamente cuatro de cada 10 estudiantes que se forman en la disciplina del Derecho lo hacen en programas de calidad.

Es importante hacer notar que la ANUIES participa con el 95.39% de la matrícula total evaluada. Al interior de la Asociación, de acuerdo con los números de la Tabla 9, el 67.27% de su matrícula total cursan la carrera en programas considerados de buena calidad (nivel 1 de CIEES).

Tabla 9 Matrícula en programas de la Licenciatura en Derecho acreditados por los CIEES 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)} y ^{CIEES (2015)}.

El Consejo para la acreditación de la educación superior

Por su parte, el Consejo para la acreditación de la educación superior (Copaes) es la instancia autorizada por la SEP para conferir reconocimiento formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas educativos del tipo superior que se impartan en México, en cualquiera de sus modalidades ^{(Copaes, 2015)}.

La acreditación de un programa académico del tipo superior es el reconocimiento público que hace una instancia acreditadora reconocida por el Consejo, en el sentido de que el programa cumple con ciertos principios, criterios, indicadores y estándares de calidad en su estructura, así como en su organización, su funcionamiento, sus insumos y sus procesos de enseñanza, sus servicios y resultados ^{(Copaes, 2015)}.

De las 28 instancias acreditadoras reconocidas por el Copaes, dos se especializan en la acreditación de programas educativos relacionadas con el Derecho: el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A.C. (Conaed) y el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A.C. (Confede).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)} y ^{CIEES (2015)}.

Figura 2 Matrícula en programas de la Licenciatura en Derecho evaluados por los CIEES. 

Con datos de diciembre de 2015, la matrícula asociada a los programas acreditados por el Copaes (Conaed y Confede) es equivalente a 107,348 estudiantes, lo que representa al 38.59% de la matrícula total de la carrera: cuatro de cada 10 estudiantes cursan la carrera en un programa acreditado por un organismo reconocido por el Copaes (Fig. 3). Finalmente, del total de la matrícula de programas acreditados por dicho Consejo, la ANUIES participa con el 95.56%, lo que significa que el 67.47% de la matrícula total asociada cursa sus estudios en programas acreditados por dicho Consejo (Tabla 10).

Tabla 10 Matrícula en programas de la Licenciatura en Derecho acreditados por el Copaes 

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)} y ^{COPAES (2015)}.

Resumen y conclusiones

Este texto mostró la alta concentración de instituciones y programas de Derecho en pocas entidades del país, así como la distribución de la matrícula en tipos de centros educativos y modalidades de estudio. En resumen, se ha observado que:

Fuente: elaboración propia con datos de ^{ANUIES (2015)} y ^{COPAES (2015)}.

FIGURA 3 Matrícula en programas de la Licenciatura en Derecho acreditados por el Copaes. 

En conclusión, hay una gran diversidad de instituciones que ofrecen la carrera de Derecho, pero son pocas las que presentan una amplia cobertura y que además se han empeñado en mejorar sus procesos de enseñanza y se han sometido a procesos de evaluación de diferentes organizaciones. En consecuencia, se desconoce la situación de más del 90% de las instituciones existentes, principalmente particulares, en virtud de que, de acuerdo con ^{Buendía (2014)}, la política gubernamental «ha sido insuficiente para regular al sector privado de la educación superior y la principal consecuencia ha sido la expansión de instituciones de dudosa calidad» ^{(Buendía, 2014: 237)}.