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Revista de la educación superior

versión impresa ISSN 0185-2760

Rev. educ. sup vol.37 no.146 México abr./jun. 2008

 

Ensayos

 

Ciencias políticas y administración pública: una carrera universitaria dual para el mercado laboral*

 

Juan Antonio Taguenca Belmonte**

 

** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona Correo e: juantaguenca@yahoo.com.mx

 

Ingreso: 16/10/07
Aprobación: 16/01/08

 

Resumen

Este artículo remarca que la Ciencia Política y la Administración Pública, dos disciplinas del conocimiento que tienen como objeto de estudio a la esfera pública, diferentes en cuanto a teorías, métodos, técnicas y fines, han permanecido juntas como carrera universitaria en México desde 1959. La respuesta de esta unión se encuentra en el propio mercado de trabajo de sus egresados, el cual necesita de una formación común que permita el entendimiento entre la política y la administración pública. Pero esta fuerza unificadora es también disgregadora: las demandas laborales del sector público tienden cada día más hacía los conocimientos y habilidades prácticas específicas. La universidad debe atender a esto, pero debe también vincularse con su mercado laboral para hacerle comprender que perder la generalidad en aras de la especificidad no es la solución.

Palabras clave: Ciencias políticas, administración pública, universidad, perfil de egresados, currículum.

 

Abstract

In México, since 1959, there is a career that binds two disciplines of knowledge that are designed to study the public sphere. Political Science and Public Administration are different in terms of theories, methods, techniques and purposes; still, they have remained together as one degree. The answer to this problem meets with the labor market which needs graduates of common training that enables and understanding attitude between politics and public administration. These allied forces are an answer to the strong demands of work in the public sector that tends increasingly to two main areas, that is, knowledge and practical skills. The university should be aware of that, as it too should be also linked to the labor market as to make them understand that losing interest on the non specialized for the specialized is not the answer.

Keywords: Political Science, Public Administration, university, profile graduates, curriculum.

 

Introducción

La licenciatura y los posgrados universitarios en Ciencias Políticas y Administración Pública dotan a sus alumnos de habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes que no son más que el reflejo de las demandas sociales, en cuanto a las competencias ocupacionales requeridas por el mercado de trabajo. En este sentido, la enseñanza superior en cualquiera de sus modalidades (licenciatura, maestría y doctorado) obedece no sólo a su dimensión histórica constitutiva, sino sobre todo a sus continuas transformaciones, que representan a su vez la imagen de las transformaciones sociales que inciden en la educación. La carrera que aquí analizamos no escapa a está lógica que se inserta en el cambio necesario para la adaptación de cualquier institución educativa y su entorno curricular. Nos debemos preguntar pues sobre la relación y correspondencia entre las necesidades sociales, por un lado, y los currículos manifiestos y ocultos de la educación superior, por el otro. El alejamiento de las primeras respecto de las segundas es un claro signo de anquilosamiento de la promesa de enseñanza institucional que se debe corregir con el rediseño, casi siempre total, de la oferta educativa. No sólo la educación debe adaptarse a los cambios sociales. Debe ser uno con ellos y promoverlos. De lo contrario corre el riesgo de quedarse desfasada y, por tanto, dejar de cumplir con su misión. Esto es importante no olvidarlo.

Lo anterior está vinculado estrechamente con el perfil de salida del egresado, el cual es muy relevante para cualquier planificación que se haga al respecto de una carrera universitaria y corresponde a una finalidad con objetivos previamente señalados, los cuales permiten adecuar estrategias, contenidos y metodologías pedagógicas. En una palabra, los resultados esperados —correspondientes al perfil de egreso diseñado– nos guían en la estructuración institucional educativa, al tiempo que la legitiman si están en correspondencia con lo que la sociedad requiere. Esta es una lógica curricular estructurante, aunque también posee, al mismo tiempo, un carácter funcional productivo y reproductivo. Reproductivo porque la correspondencia educación–sociedad garantiza la reproducción social respecto a principios, valores, actitudes, conductas, acciones esperadas, conocimientos e incluso opiniones. Productivo, porque la universidad es ante todo una forma de pensamiento. En ella éste no sólo se recrea, sino que también se transforma en nuevas creaciones. Esto es lo que la convierte en fuente de desarrollo y progreso, y es una de sus principales características, aunque justo es reconocer que dicha fuerza creativa, rompe el equilibrio entre la universidad y la sociedad que la sostiene. No obstante, la fuerza transformadora de las instituciones de enseñanza superior es imprescindible para la evolución de la sociedad, quien ostenta la clave para adecuarse o no a los resultados teóricos y prácticos que la educación superior les ofrece. Al respecto, la adaptación que ambas tienen para reequilibrarse y seguir trabajando juntas es sorprendente.

 

Ciencia Política y Administración Pública: diferencias y similitudes

La ciencia política y la administración pública no son lo mismo. Por tanto, y pese a su estrecha vinculación histórica y nexos comunes, que las hacen complementarias, sus ámbitos de especialización y laborales tienen caracteres diferenciados. Ello no contradice que puedan estudiarse conjuntamente, pero sí que constituyan una unidad de formación indisoluble. Si ambas han permanecido unidas a lo largo de la historia académica de las últimas décadas en México no es por motivos internos de las disciplinas, sino por los intereses propios de la academia, de la política educativa y del entorno económico. No es pues la coherencia curricular la que las une como una carrera universitaria, es la conjunción de la lógica interna de la institución de enseñanza superior con las funcionalidades operativas de la política y la economía la que, en este caso, funge de pegamento.

La ciencia política dirige su foco de atención a la investigación del comportamiento político, las instituciones, los sistemas políticos y a las políticas públicas. En una palabra, sus ámbitos son los epistemológicos, teóricos, metodológicos y empíricos de las ciencias sociales. Mismos que se usan para el estudio del objeto llamado política, donde el análisis y la reflexión crítica son fundamentales. En cambio, la administración pública como disciplina académica se centra en los aspectos más formales de las organizaciones y en sus formas de trabajo: planificación, gestión, administración y control son aspectos que tienen gran relevancia en estos estudios. Aquí lo fundamental es la capacidad técnica, no crítica, aunque sí analítica, de dirigir conforme a los instrumentos organizacionales diseñados para la obtención de resultados que se puedan medir en términos de eficiencia y eficacia.

Hay que anotar, sin embargo, que pese a las diferencias de fondo, anotadas en el párrafo anterior, es más importante lo que las une como carrera universitaria. En este sentido, ambas forman el cemento y el ladrillo de una buena formación para la función pública, pero también para su crítica. Son, al tiempo que complementarias, obedientes al principio de necesidad: para formar mejor y dar frutos a la sociedad que las dota de los recursos que necesitan para su crecimiento. Al respecto: "Si la Ciencia Política requiere de la aplicabilidad de la Administración Pública para corporizarse en la realidad social; ésta demanda de la primera, su fundamento último, necesariamente político, que le da forma. En último término éste legitima su actuación. Siendo ambas, en su conjunto, importantes para [garantizar] la solidez de las instituciones públicas" (Taguenca, 2006: 4). Esto es lo que hace decir a Omar Guerrero, cuando nos habla de la reforma mexicana de la licenciatura de Ciencias Políticas, de 1959, que la unió con la carrera universitaria de Administración Pública: "No cabe duda, este fue un feliz encuentro, un matrimonio muy bien avenido" (Guerrero, 1997: 68).

Este "matrimonio bien avenido", en México inicia sus actividades como licenciatura en 1959. Aunque sus antecedentes en algunos países son bastante más antiguos y extendidos. En este sentido, hay que anotar que en México la licenciatura de Ciencias Políticas data de 1951, coincidiendo con la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. En otros países las fechas son distintas pero el desarrollo de esta carrera también se dio. Por ejemplo, Colombia cuenta con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) desde 1961; Argentina con la licenciatura de Administración Pública y Ciencia Política desde 1970; y Chile con la carrera de Ciencias Políticas y Administración desde 1993. Los ejemplos dados son indicativos de la unión académica que en distintos países tienen ambas disciplinas, que han alcanzado un desarrollo académico y profesional1 notable. No son ni mucho menos de nueva creación. Al respecto, ya a mediados del siglo XVIII en Alemania la unión entre economía, policía2 y caramelística3 fueron el motor de las denominadas Ciencias Camerales: las dedicadas al estudio de asuntos políticos. Esta es la primera manifestación histórica de una profesión destinada al servicio del Estado. Una profesión que, por cierto, requería de una formación integral que abarcaba tanto conocimientos de Administración Pública, como de Ciencia Política y de Hacienda.

Algo que une a las dos disciplinas que aquí estamos analizando es que ambas encuentran en lo público –referido al Estado y sus órganos– lo que les da sentido y legitimación social. Es decir, es en esa esfera –la pública– donde los conocimientos, habilidades y destrezas de la Ciencia Política y la Administración Pública adquieren un carácter institucional: pueden ser enseñados y aprendidos a través del sistema educativo, y son reconocidos y valorados por la sociedad como profesión. Esta fuente de sentido y legitimación es al mismo tiempo la que da existencia material a las funciones ocupacionales de los titulados universitarios. Por tanto, es básicamente el Estado y sus órganos los que definen, en base a sus necesidades, cuál es el perfil profesional que requieren. También es éste el que, a través del sistema educativo, da forma al perfil del egresado. Que sea el Estado el que define los dos perfiles no es, de ningún modo, garantía de que no existan disfuncionalidades. De hecho, éstas se producen constantemente y las instituciones educativas tienen que ir continuamente rediseñándose para cumplir con su misión.

El carácter fundador y fundamentante de lo público respecto a la institucionalización de la ciencia política y la administración pública a través de la universidad no exime a éstas del requisito de utilidad. En efecto, es en la utilidad –en este caso la utilidad pública, que está relacionada también con el interés particular– el principio que debe sustentar el edificio académico y profesional de estas carreras universitarias. Tampoco debemos olvidar que: "La Administración Pública no es meramente una máquina inanimada que ejecuta irreflexivamente el trabajo del gobierno. Si la Administración Pública tiene relación con los problemas del gobierno, es que está interesada en conseguir los fines y los objetivos del Estado. La Administración Pública es el Estado en acción, el Estado como constructor" (Marshall, 1967: 12).

Esta forma de ver las cosas —la de Dimok Marshall— nos permite vislumbrar la estrecha relación entre la administración pública, la política y la ciencia política. Al respecto, resulta interesante señalar que las palabras política y pública (que es la definitoria de la administración pública) poseen, además de un parentesco etimológico, un significado conceptual común: ambas se refieren a lo colectivo, comunitario o conjunto. De hecho, no fue hasta mediados del siglo XVIII, cuando se sentaron las bases para el estudio científico de la administración pública como disciplina independiente, que lo administrativo se diferenció de lo político, aunque esa especialización de funciones no supuso que ambos aspectos no siguieran estrechamente vinculados dentro del Estado. Además sus estrechos lazos han dado forma y contenido a la "mensurabilidad de todas las manifestaciones del poder ejecutivo" (Schmitt, 1961: 152).

La relación de la que hablábamos en el párrafo anterior tiene su síntesis en el servidor público o del Estado. Éste tiene su origen en Alemania, y su nacimiento puede datarse a finales del siglo XVIII. Al servidor público, durante el siglo XIX, empezó a denominársele con su nombre actual: funcionario. Es importante señalar que esta figura histórica –la del servidor público, servidor del Estado o funcionario, llámesele como se le llame– vino a sustituir al servidor Real. Ello obedeció a un cambio de Estado —pasó de ser "Absolutista" a ser de "Derecho"–. Esto originó, de igual forma, un cambio en las funciones asignadas a sus "servidores". En el nuevo Estado los funcionarios son los que ejercen las funciones de mando, coerción, protección de la ciudadanía, previsión social, educación, etc. con base en una racionalidad instrumental que es fruto de una ley abstracta, impersonal e igualitaria. El funcionario se inserta en un sistema organizacional burocrático con estrictas normas de obediencia, interiorización del deber y reglas a seguir. No es la voluntad del soberano la que se expresa en ellos y sus acciones, son los procedimientos establecidos por la organización los que lo hacen.

Esto tiene una consecuencia de largo alcance: la acción política se dicotomiza en racionalidad sustantiva (la propiamente política) y racionalidad instrumental (la burocrática), corriéndose el riesgo de que la segunda prevalezca sobre la primera. La racionalidad burocrática amenaza de esta forma a la legitimidad del Estado. No obstante, la dirección de lo que prevalece no es tan unilateral, la política también tiene influencia sobre la administración burocrática. En este sentido: "Lo que está en juego es una especie de influencia burocrática sobre la práctica política y de influencia política ante la práctica burocrática, que no indican una integración funcional entre política y administración" (Falção, 1997: 138). Lo importante aquí es que esta falta de funcionalidad no se traduzca en una ausencia de puentes entre ambas, y éstos sólo podemos construirlos desde una conciencia común elaborada desde la formación.

Llegados a este punto se hace necesaria una definición de servidor público que nos centre lo que hemos venido diciendo. Pues bien: "El servidor público es aquél que independientemente de su denominación, ya sea funcionario o servidor civil ("civil servant" es la expresión utilizada en el mundo anglosajón), está normado por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho público o mediante disposiciones equivalentes, que asumen todos los empleados o trabajadores del Estado. No se trata pues de todos los empleados o trabajadores del Estado, sino solamente aquellos que, como funcionarios, desempeñan las funciones esenciales que le atañen al Estado y que, en cada caso, cada Estado extiende o restringe a su arbitrio" (Guerrero, 1997: 48).

Lo sustancial de este autor estriba en la importancia que da a la Ley de la función pública como delimitadora del desempeño laboral del funcionario. En este sentido: "Ella es la que marca las formas de entrada y salida de la carrera funcionarial, el desarrollo de ésta, y los límites de su actuación, algo trascendente en el Estado de Derecho, y que cada país regula" (Taguenca, 2006: 15). Otros aspectos relevantes están insertos en el tipo de organización que el Estado y sus órganos representa. Esta organización se caracteriza por ser jerárquica, con normas rígidas y unidad de mando. La obediencia, el apego a las reglas y costumbres organizacionales propios son otros tantos elementos presentes en esta estructura orgánica. Este es el contexto que une a la ciencia política y a la administración pública. No siendo una, son más útiles para la sociedad juntas que separadas.

 

El perfil académico y profesional del egresado en Ciencias Políticas y Administración Pública

El egresado en Ciencias Políticas y Administración Pública tiene la capacidad profesional de analizar y gestionar los fenómenos político–administrativos. Esto nos indica ya algo determinante: el proceso de enseñanza–aprendizaje lo dota de las herramientas epistemológicas, teóricas, metodológicas, empíricas y de actitud necesarias para poder afrontar con éxito tareas de investigación, análisis y divulgación en su área de conocimiento; planificar, gestionar, administrar con eficiencia y eficacia las administraciones públicas y sus políticas en sus distintos ámbitos: local, estatal y federal.

Lo dicho en el párrafo anterior es significativo no sólo en cuanto al perfil del egresado en Ciencias Políticas y Administración Pública,4 sino en relación a la distribución social que está detrás de su capacitación. Es decir, su significación se establece en términos de la posición laboral que va a ocupar, la radicación, la ocupación y sus funciones. Pues bien, los ámbitos de trabajo de estos egresados se sitúan preferentemente en las administraciones públicas municipales, estatales y federales; en la consultoría a las mismas o empresas privadas relacionadas con ellas; en las ONG; en el ámbito político —partidos políticos, parlamentos, embajadas, etc.–; en organizaciones internacionales —ONU, OMC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.–; y en el ámbito educativo tanto privado como público.

Las instituciones y organismos señalados son los empleadores más importantes para los egresados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Sus demandas de puestos a cubrir obedecen a necesidades internas y están caracterizados por vacantes funcionales detectadas en su caracterización. Lo que quiere decir que cada puesto está diseñado conforme a funciones, y que las mismas –que son el trabajo efectivo a hacer— requieren de conocimientos, habilidades, destrezas y conductas apropiados para su correcto desempeño. Esto caracteriza la representación manifiesta del puesto, y buena parte de la selección de personal depende de ello. Es la puerta de entrada, en buena medida. Aunque los códigos latentes organizacionales, los no escritos, también tienen incidencia en la selección, aunque sobre todo influyen en la permanencia en el puesto de trabajo y los ascensos: son fuente de interacciones y conductas estratégicas provechosas.

Lo anterior nos sitúa ante la relación y correspondencia entre las necesidades del mercado de trabajo, traducidas en sus demandas, y lo que le ofrece el sistema educativo para satisfacerlas. Ello nos lleva a considerar la importancia de dicha relación, que no se establece de forma unívoca y fija, sino que es múltiple y variable. Es por ello, y atendiendo a esta circunstancia, que la formación estandarizada que ofrecen las universidades debe ser flexible. Sólo así podrá atender y satisfacer a un entorno tan cambiante y exigente, como lo es el laboral. No es que éste sea el único a tener en cuenta, pero sí hay que tenerlo presente en todo momento al diseñar o analizar el perfil del egresado.

El egresado en Ciencias Políticas y Administración Pública, en México, adquiere durante sus estudios una formación multidisciplinar tanto epistemológica y teórica como metodológica y empírica, pero con poca conexión con el mundo real de la práctica laboral, aunque si haya alguna, sobre todo en el periodo de sus prácticas. También recibe formación especializada en el área específica de su interés profesional. La variedad de disciplinas de su currículum es amplia: administración, economía, derecho, ciencia política, ética, estadística, idiomas, por citar algunas de ellas. Esta variedad le permite tener un conocimiento generalista y especializado a la vez. Ambos necesarios para su desempeño como profesionista cualificado en los asuntos públicos.

Pero no son sólo las necesidades de los empleadores las que están sujetas a cambios y diferenciaciones generales y específicas, que se reflejan en el curriculum, sino que también las propias disciplinas de conocimiento evolucionan y cambian desde la dinámica interna universitaria, cultural y política. Esto nos lo señala, para las Ciencias Políticas, Gabriel L. Negretto, cuando nos dice: "En los últimos 50 años el estudio de la política pasó de ser un objeto de análisis compartido por el derecho, la historia y la filosofía a convertirse en una disciplina y una profesión con identidad propia. Este desarrollo se explica por el conocimiento especializado, tanto empírico como teórico, que los politólogos han alcanzado sobre problemas fundamentales de la vida política, tales como el surgimiento del orden y el conflicto, la estabilidad y el cambio de los regímenes políticos o el impacto de las reglas electorales y de las constituciones sobre el funcionamiento y duración de la democracia" (Negretto, 2004: 347).

Tampoco podemos olvidar que las Ciencias Políticas y la Administración Pública no sólo son profesiones, también forman parte del proceso científico. En este sentido: "Como profesión implican el desarrollo y aplicación de un conjunto variado de conocimientos, destrezas, procedimientos y técnicas en el intento de manejar inteligentemente los problemas políticos para promover el bienestar social. Como ciencias consisten en un esfuerzo disciplinado, dirigido a establecer un cuerpo sistemático de conocimientos acerca del comportamiento político (y los diversos factores que inciden en la Administración Pública)" (Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña).

El perfil del egresado deberá tener en cuenta, pues, esas dos evoluciones —que no tienen por qué ser coincidentes en el tiempo—: las de las funciones asociadas a los puestos laborales, y las surgidas de la evolución académica. Sus concordancias y divergencias nos marcan, en buena medida, la adaptación de la institución educativa a su entorno, pero también nos dan cuenta de si es adaptativa también en su interior.

Otro aspecto importante a considerar es el de la medición. Nos referimos aquí al hecho de que es posible cuantificar el desempeño profesional y la actitud con base a las funciones de la ocupación asignada y los resultados obtenidos en términos de eficiencia5 y eficacia6, por un lado; y el desempeño académico a través de los exámenes que permiten la evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas, por el otro. Esto nos permite tener indicadores de "éxito" y "fracaso" tanto profesional como formativo, y correlacionar los resultados. Lo que posibilita que se puedan establecer criterios de proximidad entre el perfil académico de los egresados y su perfil profesional. Ambos perfiles deben ser analizados también a través del reconocimiento social de la profesión y su relevancia. El primero depende, como nos lo recuerda María de los Ángeles Fernández de: "La existencia de una competencia profesional mínima que todos reconocemos en la base a un núcleo común" (Fernández, 2004: 9). El segundo, del valor asignado por la sociedad a la ocupación, el cual se reconoce a través de las remuneraciones en dinero y del prestigio que aquélla comporta.

Es importante reconocer, sin más dilación, la importancia de esa relación entre lo aprendido como conocimiento y reglas –manifiestas u ocultas–7 y las funciones laborales –explícitas o implícitas– insertas en cada profesión. Las expectativas tanto de empleadores como de egresados dependen básicamente de su grado de coincidencia. Las realidades profesionales también. En una palabra, el currículum debe atender a esta coincidencia. Esta obtención no es sencilla, requiere de constantes ajustes a los cambios que se producen en el mundo laboral. Éstos son más rápidos que las adaptaciones de la universidad, aunque ella sea parte de la producción de los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que difunde a la sociedad. Ésta los recibe, los adapta a sus necesidades, los transforma y los devuelve a la universidad en forma de nuevas demandas que afectan al currículum y al perfil del egresado.

Por lo dicho, queda clara la dirección adaptativa. Son las universidades las que deben hacer el esfuerzo de actualizarse en el sentido que señala el mercado laboral de los profesionistas. Lo contrario es obligar a las empresas y organizaciones a diseñar programas para que los egresados "desaprendan lo aprendido". Lo último constituye un factor de deslegitimación para la universidad demasiado importante para ser desatendido, y de hecho no lo es. En este sentido, no sólo aparecen las licenciaturas y posgrados en Ciencias Políticas y Administración Pública, sino que éstos y aquéllas se van adaptando a las necesidades y reclamos que el Estado y sus organismos les van haciendo en cuanto a nuevas habilidades, destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para que el servidor público desarrolle sus funciones con eficiencia y eficacia. Como nos recuerda Ornar Guerrero: "La diferencia específica con otros profesionales que prestan sus servicios en la administración del Estado, consiste en que el profesional de las Ciencias Políticas y la Administración Pública está dotado de saber y pericia políticas. Es un experto en el arte del gobierno y la Ciencia del Estado, en el sentido más generoso que tienen estas categorías. El arte del gobierno ha sido y es considerado como una racionalización de la política, porque el político navega invariablemente en las turbulentas aguas de una sociedad civil en perpetuo movimiento, sujeta al conflicto de clases y a disputas por el poder. El arte del gobierno consiste en la habilidad y capacidad del estadista para sortear los problemas [...] La diferencia específica del profesional de las Ciencias Políticas y la Administración Pública frente a otros funcionarios del Estado, consiste en su saber político para administrar con eficacia en medio de las turbulencias sociales. Este saber, este logo, sólo lo puede proveer la Ciencia Política" (Guerrero, 1997: 69–70).

Lo dicho por Omar Guerrero va en el mismo sentido que nuestra conclusión: el perfil del egresado en Ciencias Políticas y Administración Pública gana con ambas disciplinas integridad formativa. El profesional que surge está mejor preparado para afrontar las funciones de su profesión desde esta conjunción académica que desde su dispersión. Ello no es óbice para no destacar que se pierde en especificidad, aunque se gana en generalidad. Esto realmente no es un problema, pues la especificidad también se obtiene ejerciendo las labores encomendadas en el lugar de trabajo.

 

Conclusiones

Lo primero a destacar es la coherencia que muestra que disciplinas como Ciencia Política y Administración Pública estén unidas en una carrera universitaria. Es esta relación la que originó la fusión de ambas en México, desde 1959. Ellas conforman unos estudios académicos que la sociedad reclama en su generalidad y especificidad propias. Ese reclamo sigue siendo actual, y es uno de los atractivos más importantes del perfil de los egresados de esta carrera universitaria y su currículum.

La dualidad disciplinar de esta carrera va en detrimento de la especialización entendida como especificidad. Esto pareciera que la lleva a contracorriente de la historia de la institucionalización de los conocimientos humanos, cuya direccionalidad es fragmentadora. Sin embargo, esta característica la ha convertido en valiosa para el mercado laboral de sus egresados. Al respecto, esa dualidad de la que hablamos implica una generalidad constructora de puentes entre las orillas de la política y la administración pública; donde pensamiento y práctica, medios y fines, racionalidad sustantiva e instrumental encuentran en el camino de la formación lo que habían perdido en las rutinas del trabajo. Y es que sólo desde un actor capaz de cruzar en ambos sentidos –de los fines y los medios, que representan la política y la burocracia– es posible superar las dualidades que las separan, pero, para ello, paradójicamente, su formación debe ser dual.

Remarcada la importancia de que ambas disciplinas —Administración Pública y Ciencia Política– estén unidas en un currículum; debemos señalar también la existencia de una fuerza fragmentadora, y que curiosamente parte del mismo lugar que las une. Nos referimos al hecho de que el mercado laboral de los egresados de esta carrera reclama cada vez, con más insistencia, técnicos en administración y gestión de lo público. Es decir, solicita que la formación universitaria sea más específica y pragmática –centrada en habilidades y conocimientos prácticos— y menos generalista —centrada en el análisis y la crítica–. Estas demandas, que direccionan el camino futuro de los currículos y perfiles académicos de esta carrera, son fragmentadoras: van en el camino de una separación de las dos disciplinas que le dan forma. Ello, en vez de una ganancia, es una pérdida. Pues los puentes entre la política y la administración pública cuya formación común posibilita se rompen, convirtiendo el diálogo entre ambos mundos en una conversación de sordos. Es por ello que, la universidad necesita ser prudente en rediseñar el actual perfil de los egresados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Aunque deba captar las necesidades del mercado laboral de sus egresados; también debe vincularse con él para hacerle comprender las ventajas que la formación generalista dada en ambas disciplinas implica. Lo contrario significaría perder lo conseguido y adentrarse en las turbulentas aguas de la incomprensión entre la política y la administración pública.

 

Referencias

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Falção Martins, Humberto (1997). "Administración pública gerencial y burocracia. La persistencia de la dicotomía entre política y administración, CLAD–Reforma y Democracia, No 9, Caracas, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.        [ Links ]

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Taguenca, Juan Antonio (2006). "Ciencias Políticas y Administración Pública como profesión", Memorias Segundo Congreso Nacional de Investigación Social, Pachuca de Soto, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.        [ Links ]

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. http://www.unphu.edu.do/unphu/facultades/juridicas, recuperado en septiembre de 2007.        [ Links ]

 

Notas

* Este artículo surge de una investigación realizada por el autor sobre el Mercado Laboral de los egresados en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradezco a esta Universidad y al personal académico y administrativo de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública su apoyo para realizarla.

1 Entendemos aquí profesión como: conjunto de conocimientos, habilidades, pautas y normas específicas de conducta aprendidas a través de un proceso de enseñanza–aprendizaje, que encuentran su manifestación en los saberes, destrezas y actitudes que los profesionistas utilizan en el desempeño de su labor.

2 El concepto de policía se utilizaba en ese periodo, en Alemania, para referirse a la Administración Pública. No fue hasta 1808 que el francés Charles–Jean Bonnin introdujo el concepto de Administración Pública por primera vez. Bonnin escribió una obra titulada, en su traducción al español, "Principios de Administración Pública".

3 La caramelística consistía en diversas técnicas de tributación y del ejercicio de un uso razonable del dinero del erario público, éste debía servir para estimular el desarrollo.

4 El mismo hace referencia a la educación integral que éste recibe y que le capacita como profesional adecuado para desempeñar ciertas ocupaciones socialmente reconocidas.

5 Eficiencia es un concepto que proviene del latín efficientia, que significa acción, fuerza, virtud de producir. En la actualidad se define como el criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.

6 El concepto de eficacia también proviene del latín efficax que significa eficaz, que tiene el poder de producir el efecto deseado. Actualmente su definición es la de criterio institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos.

7 No hay que olvidar, como nos lo recuerda Emile Durkheim (2002) que una de las funciones fundamentales de las instituciones de enseñanza superior es la de ejemplificar. Es a través del ejemplo que éstas logran que los estudiantes se adecuen a modelos de comportamiento que los empleadores reconocen y valoran incluso por encima de los conocimientos y destrezas adquiridos. Los comportamientos adecuados son parte fundamental del perfil del egresado y de su menor o mayor coincidencia con el perfil profesional demandado.