Como planeta atravesamos una crisis ambiental y civilizatoria sin precedentes que ha sido ampliamente documentada en las últimas décadas. Diversos estudios dan cuenta de que, tanto la humanidad como las demás especies no humanas con las que coexistimos, enfrentamos escenarios de contaminación, cambio climático, desgaste de los ecosistemas, destrucción de la biodiversidad y también de la diversidad cultural (^{Gutiérrez, 2018}), entre otros fenómenos que amenazan la vida en todas sus formas. La crisis ecológica es civilizatoria porque, como bien señala ^{Riechmann (2012: 61)}, “lo que está fallando es el nexo de las sociedades con la naturaleza, y se degrada lo más básico del vínculo social”. En las últimas décadas, múltiples animales y vegetales han desaparecido de nuestro planeta, a tal grado que ^{Naciones Unidas (2002)} habla de una “crisis global de extinción de especies”. El desprecio por la vida no humana por parte del sistema socioeconómico capitalista no ofrece ni un presente ni un futuro distinto para la humanidad, sino un escenario de “cientos de millones, incluso miles de millones de desplazados hambrientos, sedientos, que intentarán escapar no sólo de los aumentos del nivel del mar, sino de tierras de cultivo abrasadas y pozos secos” (^{Garvey, 2010: 40}). Ante este panorama, la pregunta ya no es ¿existe una crisis ambiental y social que necesitamos afrontar?, sino ¿qué se está haciendo para afrontarla?, ¿cuáles son las resoluciones que se construyen para salvaguardar la vida en sus múltiples formas?, ¿quiénes son las personas que construyen dichas acciones para mitigar conflictos socioambientales y qué podemos aprender del camino que han trazado? Precisamente el libro que aquí se reseña, Análisis de las trayectorias formativas de especialistas en derecho ambiental en México (2022), responde a las últimas preguntas. La autora, María Eloísa Aguilar Rodríguez, comparte los resultados de su investigación sobre las experiencias formativas que contribuyeron a que abogados y abogadas se convirtieran en especialistas en derecho ambiental en nuestro país, en un escenario en el que se carece de programas escolarizados para dicho propósito en las instituciones de educación superior. El libro muestra el arduo y creativo camino de aprendizajes, tanto en el ámbito académico como no académico, que han construido estos especialistas.

La investigación de Aguilar Rodríguez, egresada de la Licenciatura en Derecho, fue desarrollada en su paso por la Maestría en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en la línea de “generación y aplicación del conocimiento en educación ambiental para la sustentabilidad”. Mencionar esto es importante porque la formación misma de la autora constituye un eje crucial en las inquietudes que acompañan el libro: al ser egresada de Derecho e ingresar al ámbito de la educación ambiental advierte la ausencia de reflexiones en torno a temas ambientales en la enseñanza del derecho dentro de las instituciones de educación superior. En su travesía académica descubre la necesidad de fortalecer el derecho ambiental desde la formación profesional de los y las estudiantes universitarias, por su relevancia en la resolución de los conflictos ambientales.

La investigación que la autora comparte no es sobre derecho ambiental; es más bien una investigación educativa cuyo fin ha sido “identificar elementos comunes, circunstancias favorables, motivaciones y desafíos profesionales susceptibles de sistematizarse en registros documentales que pudieran generar estrategias educativas para potenciar el desarrollo” del derecho ambiental (p. 29). No obstante, la obra también pone de manifiesto que dicha rama del derecho se revela como necesaria por su doble función: por un lado, “permite crear normas ambientales como herramientas coercitivas de defensa” y, por otro, “puede ser vista como una disciplina que tiene por objeto de estudio al conjunto de regulaciones jurídicas que median las conductas humanas en su interacción con el medio ambiente y los demás seres” (p. 23). En su doble posibilidad, el derecho ambiental nace para regular los comportamientos humanos en torno al uso de los elementos naturales. Su aparición nos indica que existe un problema grave, y aunque su surgimiento parezca esperanzador, la autora nos muestra el poco interés que existe sobre el derecho ambiental como práctica y en las instituciones de educación superior; es sobre esta situación que ella reflexiona: “si se reconoce al derecho ambiental como una rama del derecho, ¿por qué se minimizan los problemas legales derivados de la crisis ambiental en los procesos formativos de los estudiantes de derecho?” (p. 23). Aguilar Rodríguez hace visible el hecho de que no se están formando abogados y abogadas especialistas en derecho ambiental y que “sin la formación de estos especialistas estamos condenados a no poder defender los derechos humanos, como el derecho a una vida digna, que implica el derecho a un medio ambiente sano” (p. 26). No exagera en su afirmación, puesto que el derecho ambiental brinda herramientas de defensa legal con las que podemos coadyuvar a proteger y defender nuestro medio ambiente. Éste es uno de los principales motivos que animan su investigación: colocar el dedo en la llaga en cuanto al olvido y la ausencia de los temas ambientales en la educación universitaria, en general, y en particular en el derecho.

Rodríguez apunta críticamente que la enseñanza del derecho en México se basa en una memorización de conceptos y documentos normativos, así como en la identificación de leyes. Esto termina por ser una educación bancaria, como la denomina ^{Freire (2009)}: aquélla en la cual el o la estudiante sólo recibe un conocimiento que acumula sin mayor reflexión; constituye un proceso que no se cuestiona y que no se nutre de saberes propios. Está alineada con los intereses socioeconómicos de la élite política y empresarial. En este sentido, la obra que nos ocupa se convierte en una voz crítica que denuncia y pone de manifiesto que no sólo es necesario incluir el derecho ambiental como asignatura o tema escolar, sino que resulta indispensable una base pedagógica que contribuya a formar estudiantes con pensamiento crítico, dispuestos a cuestionar el sistema de dominación capitalista y la opresión hacia las especies no humanas.

En la “Introducción”, al presentar el contexto educativo orienta a los lectores para comprender más adelante que “el abogado que elige el derecho ambiental como especialización, de alguna manera se rebela en contra del currículo convencional y desarrolla estrategias de aprendizaje” propias (p. 76). Esto hace que sea sumamente relevante conocer sus trayectorias formativas, puesto que están trazando un camino nuevo en la defensa del medio ambiente mediante la articulación de diversos aprendizajes.

El libro se divide en cuatro capítulos. En el primero de ellos, titulado “El medio ambiente en la enseñanza del derecho”, la autora realiza una revisión documental sobre el derecho ambiental en México, especialmente sobre su enseñanza en las instituciones de educación superior. En el capítulo dos, “El derecho ambiental como disciplina jurídica: logros y desafíos”, nos muestra el aparato teórico que guio su aproximación al campo de estudio. El primer concepto que se destaca es el de “idearios”, que permite a la autora reconocer los principios, motivaciones y posicionamientos de los abogados y las abogadas especialistas en derecho ambiental. También resalta el concepto de “aprendizaje artesanal”, que se vuelve un eje central para visibilizar que “el aprendizaje del derecho ambiental no se desarrolla -solamente- en el aula, sino en la práctica cotidiana de enfrentarse a los conflictos” (p. 149); de esta forma Aguilar Rodríguez se aproxima tanto a la formación académica como a la no académica. La metodología para acercarse a las trayectorias de los y las especialistas no es menos creativa y se puede leer en el capítulo tres, “Un acercamiento metodológico a la realidad del derecho ambiental en México”. La autora explica que para su investigación empleó una metodología cualitativa, desde un paradigma interpretativo y con enfoque biográfico que le permitió, mediante entrevistas narrativas, una comprensión e interpretación del significado que las y los entrevistados le otorgan al derecho ambiental a partir de sus experiencias.

En el capítulo cuatro, “El ejercicio del derecho ambiental: un análisis de trayectorias profesionales”, conocemos de cerca las experiencias que marcaron las trayectorias de los y las especialistas. Se divide en dos apartados: las trayectorias profesionales que se desarrollaron en México y las que se llevaron a cabo en el extranjero, pues si bien los especialistas se formaron en el país, la mayoría se vieron obligados a realizar estudios de posgrado más allá de las fronteras. A lo largo del capítulo la autora comparte cuáles fueron los primeros contactos que tuvieron los y las especialistas con los temas ambientales durante su transcurso por la educación superior, y más adelante aborda las experiencias previas que influyeron en su formación. Considero que esta segunda parte es una de las más poderosas del libro porque Aguilar Rodríguez nos permite conectar con quienes participaron en su investigación a través de sus testimonios y, más profundamente, nos muestra sus sentires, el abanico de motivaciones no escolares, sus memorias, su dolor frente a alguna situación socioambiental injusta o su amor por otras; y cómo estos sentimientos detonaron procesos más amplios. Tal como lo dice la autora, muchas de las motivaciones surgen “por un descontento en algún momento a lo largo de su vida, en ese sentido, crearon estrategias para convertir una experiencia negativa, en un aprendizaje significativo que tomaron en cuenta para su posterior especialización” (p. 135). Me parece revelador este hallazgo porque demuestra que el camino del aprendizaje también se nutre desde la dimensión emocional o afectiva, no sólo de números o hechos concretos que deben memorizarse.

En el mismo capítulo Aguilar Rodríguez nos muestra los elementos que destacan tanto en la educación formal como en la no formal, y subraya que esta última es la más presente en las trayectorias de los y las especialistas: el hecho de asistir a movilizaciones, acompañar demandas colectivas, relacionarse con distintos grupos dedicados a temas ambientales -organizaciones no gubernamentales, profesionistas como biólogos, geógrafos e ingenieros, entre otros- todo esto de forma voluntaria (en el sentido de que no era una obligación escolar), lo cual les llevó a construir de manera situada y más completa la praxis jurídica. El libro pone de manifiesto, precisamente, que la educación escolarizada tiene mucho que aprender de lo que ocurre más allá de sus fronteras, porque lo valioso también se encuentra en el aprendizaje que se vive día a día, que no está en las fuentes canónicas. Se plantea también la necesidad de contar con educadores que puedan enseñar con y desde la práctica, con ejercicios situados y creativos. En particular, el libro muestra que la defensa de la biosfera trasciende los espacios de educación formal y que el lento paso de la educación superior para integrar contenidos y prácticas ambientales traerá consecuencias vitales a toda la sociedad.

Es en el espacio de lo no formal donde la autora observa los mayores esfuerzos de los y las especialistas por construir procesos educativos que logren subvertir “la tradición normativista-formalista de la enseñanza del derecho, para fomentar nuevas ópticas de estudio en las cuales se puede incluir el estudio del derecho ambiental” (p. 169). Aquí las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental, pues buscan incluir a especialistas en temas ambientales de otras disciplinas diferentes al derecho y así fortalecer un enfoque multidisciplinar. No obstante, pese a este esfuerzo se han posicionado nociones teóricas genéricas en las diferentes disciplinas, como por ejemplo la noción de “impacto ambiental”, que, afirma la autora, “desde el ámbito jurídico, como desde cualquier otra disciplina, se refiere a lo mismo, al resultado de una serie de estudios para determinar las consecuencias de algún proyecto” (p. 172). Esto impacta positivamente en la construcción del campo ambiental; lo fortalece desde distintas áreas de conocimiento.

En conclusión, la lectura del libro Análisis de las trayectorias formativas de especialistas en derecho ambiental en México, de María Eloísa Aguilar Rodríguez, se sitúa en un espacio aún no explorado en la investigación educativa: la coyuntura entre la educación ambiental y el derecho. Se convierte, así, en una novedad imprescindible para quienes se interesan por el estudio y formación en derecho ambiental en México. La autora muestra en su obra las dificultades formativas, pero también los avances en este campo, lo cual vuelve a la obra un homenaje a los y las especialistas en derecho ambiental, quienes desafían las estructuras educativas convencionales y las estructuras de poder detrás del uso indiscriminado de los elementos naturales, para poder situarse en una defensa que en sí misma es contrahegemónica. Se pone de manifiesto que su quehacer constituye un hacer peligroso y que la inseguridad repercute en la arena de la formación, tal como lo dice la autora: “denunciar e involucrarse en este tipo de defensa ambiental, pone en riesgo su seguridad, sobre todo si en algunas prácticas clandestinas e ilegales de explotación de recursos participa el crimen organizado” (p. 170). En dicho escenario se revela con mayor fuerza la importancia de sistematizar sus experiencias como especialistas en derecho ambiental y visibilizar sus trayectorias para fortalecer procesos educativos sobre el tema en las instituciones de educación superior. Invito a la lectura de la obra porque amplifica la ausencia, a la vez que la relevancia, de una formación universitaria que contribuya a mitigar la crisis ambiental y civilizatoria, una acción urgente para nuestro presente y futuro.