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INTRODUCCIÓN
Luego de siete años de dictadura militar, y casi 18 años de proscripción del peronismo, el 25 de mayo de 1973 un gobierno constitucional retornaba a la República Argentina. Héctor Cámpora asumía como presidente de la Nación,1 y Jorge Alberto Taiana como ministro de Cultura y Educación.2 Cuatro días más tarde ambos firmaban un decreto por el cual quedaban intervenidas las universidades nacionales; así comenzaba un proceso de institucionalización de un proyecto de reforma universitaria que expresaba mayormente a la izquierda peronista, con un fuerte protagonismo de grupos juveniles.3
El decreto mencionado se fundamentaba en un diagnóstico crítico de la situación que atravesaba la universidad. Debido a la “dependencia económica y cultural” del país, se requería “poner definitivamente las universidades nacionales al servicio del pueblo”. La tarea requería una reformulación de los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza.4 Así se daba inicio a un proceso de institucionalización de una reforma que se desarrollaría parcialmente, y que quedaría inconclusa. En septiembre de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, otro decreto interrumpió el proceso de “normalización” institucional indicado por la legislación aprobada en marzo de ese mismo año por el poder legislativo.
El presente artículo analiza la primera etapa del periodo constitucional que se abre con la intervención de las universidades nacionales -en mayo de 1973- bajo el mandato de Jorge Taiana como ministro de Cultura y Educación, hasta la llegada de su reemplazo, Oscar Ivanissevich, en septiembre de 1974. En particular, se indaga en torno a la participación de las juventudes políticas universitarias en el proyecto de reforma que comenzó a implementarse. Si bien las políticas universitarias tienen indefectiblemente como destinatarias a las jóvenes generaciones, el nuevo gobierno esperaba de ellas posicionamientos más activos en la vida institucional. Lo que nos interesa explorar en este artículo es el rol de la juventud, ya no como destinataria de las políticas públicas universitarias, sino como hacedora de las mismas.5 Para ello, partimos de considerar algunos aportes de la ciencia política y el campo de estudio sobre la universidad para abordar conceptualmente la participación de las juventudes en las políticas públicas universitarias. Sugerimos que la llamada “peronización” de los universitarios, y la “radicalización” política de los años sesenta, presentan conexiones importantes con la perspectiva del gobierno que asumió el poder en 1973, de llevar adelante una reforma universitaria con protagonismo de la izquierda peronista. Luego realizamos una breve síntesis de dicha reforma, con el foco puesto en el rol asignado a los estudiantes, para finalmente dedicarnos al propósito central del artículo: exponer los distintos mecanismos a través de los cuales tuvo lugar la participación de las juventudes universitarias en el proceso de institucionalización de una reforma inconclusa. La estrategia metodológica es cualitativa y las fuentes utilizadas son, principalmente, entrevistas en profundidad, normativa nacional e institucional, publicaciones institucionales y artículos de prensa gráfica. El caso analizado es el de la Universidad de Buenos Aires (UBA), rebautizada por los actores del periodo aquí estudiado como “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires”.
ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL: POLÍTICAS UNIVERSITARIAS COMO POLÍTICAS PÚBLICAS
Si bien la idea de autonomía ha sido un elemento central de la influyente tradición de la reforma universitaria de 1918, no ha sido unívoca a lo largo de la historia del sistema universitario argentino. En no pocas oportunidades ha sido interpretada en contraposición a la intervención del Estado, como ha mostrado la bibliografía (Buchbinder, 2005; Chiroleu et al., 2012). Pero también es cierto que las políticas públicas estatales han tenido una importancia manifiesta en las transformaciones de la universidad en Argentina y América Latina, incluso en la reforma de 1918 (Krotsch, 2009; Rinesi y Soprano, 2007; Unzué y Emiliozzi, 2013). Desde otro ángulo, las diversas propuestas de transformación universitaria requerían de la intervención del Estado para cristalizarse, aunque fuera sólo parcialmente.
Durante el siglo XX, no cesaron las miradas críticas sobre la universidad y sus propuestas de reforma. Particularmente en los años sesenta y setenta, resultó fértil la circulación de propuestas de transformación pedagógica y universitaria que engarzaban en posicionamientos político-ideológicos de mayor escala en toda la región latinoamericana. En el campo educativo, en Argentina, los pensamientos de dos pensadores brasileros: Paulo Freire en un plano más general (Brugaletta, 2015) y sobre todo en la educación de adultos (Rodríguez, 1997), y Darcy Ribeiro en círculos universitarios (Carli y Aveiro, 2015; Celentano, 2012) tuvieron una acogida especialmente importante. Nuevas formaciones intelectuales y pedagógicas (Suasnábar, 2004) tuvieron ocasión de institucionalizar sus postulados. En el caso que nos ocupa, y que corresponde a un retorno a la democracia en Argentina, las universidades fueron intervenidas con el objetivo explícito de modificar el sistema universitario en el marco de una transformación de la sociedad en su conjunto, en un contexto en el que las ideas de “revolución” y de “liberación nacional” resultaban hegemónicas en el plano político e intelectual local y trasnacional (Lechner, 1990; Terán, 1991; Altamirano, 1992; Hobsbawm, 2013). A la participación estatal se le sumaba, en esta coyuntura, una fuerte presencia de organizaciones de la sociedad civil (Oszlak y O’Donnell, 1981), aunque en dicho contexto no se asumían bajo ese nombre sino, en diversos casos, como organizaciones político-revolucionarias, o adherían a ellas.
A partir de las definiciones de Oscar Oszlak (1997), sostenemos que el Estado no es una esfera homogénea y monolítica, sino una relación social conflictiva y, a la vez, un aparato institucional de múltiples y contradictorias unidades internas. Esta última dimensión -el “plano material del Estado”, su “objetivación institucional”- no debe ser considerada un instrumento en manos de una clase, partido o grupo gobernante, sino “como una arena de negociación y conflicto, donde se dirimen cuestiones que integran la agenda de problemas socialmente vigentes” (Oszlak, 1997: 20-21) y donde se expresan “las contradicciones subyacentes en el orden social que se pretende instituir” (p. 22). La cuestión universitaria integraba la agenda de asuntos socialmente problematizados, como ilustra su presencia cotidiana en la prensa del periodo. Intervenidas en 1973, fue el Poder Ejecutivo Nacional el encargado de definir quiénes debían impulsar la llamada “normalización” en las universidades. A través del ministro de Cultura y Educación se facultó formalmente al “delegado interventor” de cada institución a llevar a cabo las funciones normalizadoras para impulsar la transformación de una unidad burocrática preexistente. Pero esta formalidad jurídica de lo estatal, de carácter vertical y descendente, no atendía la participación de la sociedad y de sus organizaciones en la definición de políticas, la cual podía dar lugar a una relación recíproca entre sociedad y Estado. Las políticas universitarias deben ser abordadas como políticas públicas definidas por el Estado (Krotsch, 2009; Unzué y Emiliozzi, 2013). El cambio inducido, siguiendo a Krotsch (2009), provino y dependió fundamentalmente de la presencia estatal, así como su restauración poco tiempo más tarde; sin embargo, debe tenerse en cuenta también la participación de la sociedad civil en la definición de dichas políticas.
Sobre este asunto, aunque el análisis de las llamadas organizaciones de la sociedad civil -y la participación ciudadana en la implementación de las políticas públicas- resulta una preocupación más reciente en el campo de estudios sobre políticas públicas (Oszlak, 2009; Annunziata, 2013), ya a principios de los años ochenta se aludía a la necesidad de analizar, en cada caso particular, el grado de “autonomía relativa” del Estado respecto de la sociedad. En ese sentido, Oszlak y O´ Donnel (1981: 5) invitan a diferenciar aquellos casos que suponen “penetraciones del Estado en la sociedad civil”, de otros en los que “sería más exacto hablar de mutuas y variables interpenetraciones, donde al componente de ‘mando’ que pone el Estado se agregan relaciones mucho más bidireccionales de poder, influencia, negociación y cooptación”.
Trabajos recientes se han ocupado, a su vez, de distinguir entre participación institucionalizada y no institucionalizada, incluyendo, entre estas últimas, distintos modos de incidencia que, en nuestro objeto de indagación, mostraron efectividad, como las asambleas y ocupaciones, la movilización callejera y la negociación o diálogo informal con el gobierno (Annunziata, 2013; Rodríguez Blanco, 2011). Vale insistir en que la ciudadanía -o demos universitario (Kandel, 2008; Naishtat, 2008)-, típico de la tradición reformista (gobierno de los claustros), no llegó a entrar en vigencia durante el proceso de reforma institucional estudiado. La normalización institucional que debía desembocar en el llamado a elecciones fue interrumpida en septiembre de 1974 con una intervención de carácter represivo.
En 1973 existió una fuerte interacción entre Estado y sociedad civil, pero “la participación ciudadana requiere organización, especialmente cuando sus acciones se inscriben en procesos que procuran influir el curso de las políticas públicas” (Oszlak, 2009: 14).6 En el campo universitario incidieron espacios y figuras de la cultura y de la política, agrupamientos disciplinares, científicos y profesionales, y finalmente, de quienes nos ocupamos en este artículo: agrupaciones juveniles, sobre todo las de la izquierda peronista, que resultaron las más influyentes en el contexto iniciado con la “primavera camporista”. Desde los años sesenta, las juventudes comenzaron a ser visibilizadas por los medios de comunicación y la sociedad como un nuevo actor “con fuerza propia” (Manzano, 2010: 380). No significa que no existieran agrupamientos típicamente juveniles en la historia política previa, pero los debates sobre su legitimación como actor político adquirieron una relevancia inédita.7
LA “PERONIZACIÓN” COMO PROYECTO Y CONDICIÓN DE POSIBILIDAD
Cuando en mayo de 1973 fueron intervenidas las universidades nacionales, existió una voluntad por parte del poder ejecutivo y de Perón de otorgar cierto protagonismo a las juventudes, y especialmente a la juventud peronista, en las políticas del sector. Esto implicaba llevar adelante propuestas universitarias que se gestaron en los años sesenta, producto de la radicalización política por la que atravesaba la sociedad y, en particular, por los sectores medios. Registros testimoniales de diversas procedencias indican que Perón había hecho una autocrítica de las políticas universitarias durante su primer gobierno (Taiana, 2000; Brugé, 2005). El exministro Taiana ha afirmado, a su vez, que Perón analizó los sucesos de 1968 y que, ante los enfrentamientos en gran parte del mundo entre los estudiantes y la policía, “eligió el encauzamiento de los jóvenes dentro de un marco constructivo” (Taiana, 2000: 162). El hijo del ministro, que se desempeñó como secretario de su padre, lo recuerda de este modo:
El objetivo principal, es decir, la idea de mi padre, y que era la idea que tenía Perón también; en la práctica termina mal. Pero digamos la idea de ellos en el ’72, ’73 era que uno de los problemas que había tenido el primer peronismo era su enfrentamiento con la juventud universitaria; con la juventud clase media, con los profesionales. Y que este es un daño que lo llevaba a la derrota. Entonces un proyecto nacional y popular debía contar con ese sector.8
De acuerdo a este testimonio, existió una decisión política explícita por parte de Perón de modificar algunos lineamientos de la política universitaria llevada adelante durante sus primeros gobiernos, lo cual colocaba al ministro Taiana en una función particular:
Que el peronismo había cometido un error importante con los sectores medios en el primer período, se había enemistado, y que entonces en esta segunda etapa había que tener un proceso educativo, cultural, más a la izquierda que la tradición del peronismo pero que se forzara en mantener adentro a la juventud creativa, comprometida y con ideas sociales. Esto significaba tener claro que la educación y la cultura iban a estar más a la izquierda que el resto.9
Mayor protagonismo a la juventud y un proceso educativo y cultural “más a la izquierda” son propósitos que se relatan a posteriori de la experiencia universitaria de 1973, pero que no se pueden escindir de la llamada peronización y radicalización política de los universitarios en los años sesenta (Chama, 2006; Reta, 2009; Dip, 2017; Barletta, 2000). Como hemos desarrollado en otro sitio, este último proceso puede considerarse una apuesta política de Perón y el peronismo en la proscripción, más que como un hecho lineal que pueda ser medido en el tiempo (Friedemann, 2017). Ya en 1959, desde su exilio, afirmaba el líder justicialista el propósito de “peronizar” a los universitarios:
Lo felicito por sus actividades peronistas en el estudiantado universitario que demuestran que Usted ha penetrado justamente la importancia que los muchachos estudiantes tienen en los movimientos revolucionarios del tipo que nosotros debemos realizar. Como observará en las directivas que por este correo remito, hay dedicado un capítulo, precisamente, a los estudiantes. En los momentos actuales, nadie puede ofrecer al idealismo juvenil lo que el Justicialismo, y es lógico que nosotros debamos aglutinar en el futuro a la juventud argentina, y en especial a la juventud universitaria.10
Son numerosas las referencias que pueden hallarse en la correspondencia de Perón que muestran su preocupación primordial por la incorporación al movimiento peronista de los sectores medios y las juventudes, entre ellas las universitarias.11 Ya avanzada la década del sesenta, sus intercambios epistolares manifiestan como un logro la llamada peronización, igual que la producción escrita de un conjunto de intelectuales que se constituyeron en referentes teóricos y formadores de la generación de los años sesenta. Por ejemplo, en una carta ya publicada que le envió a la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) de La Plata,12 Perón se muestra entusiasmado por el hecho de que “la juventud universitaria haya comenzado a comprender la realidad de nuestra situación”, frente a la “grave incomprensión” del pasado. Escribe el líder que “el mundo actual se agita en una revolución y, dentro de él, el Continente Latinoamericano se ha lanzado auspiciosamente a una ´guerra revolucionaria´ por la liberación de los pueblos y las respectivas patrias, con postulados muy cercanos a los del Justicialismo”. Insiste en el papel que juega la “nueva generación juvenil argentina” para acelerar ese proceso, generación ahora “esclarecida por la experiencia”.13
No se trata, desde nuestro punto de vista, de asumir la peronización de universitarios como un hecho linealmente progresivo, y de negar así el carácter disruptivo que tuvo la experiencia del 73. Tampoco concluimos que la identidad peronista hubiera superado o reemplazado al reformismo universitario;14 la llamada peronización debe ser abordada como una lectura y un proyecto de un peronismo en proceso de transformación que se vio imbuido de la radicalización política propia del periodo. En síntesis, consideramos que el hecho de que Perón y los peronistas hubieran observado y buscado fortalecer un proceso de peronización de la juventud durante los años previos, fue condición necesaria del proceso abierto con el retorno del peronismo al gobierno en 1973.
En ese marco, las políticas públicas universitarias del 73 se diferenciaron en forma sensible de las de la primera o segunda presidencia de Perón, y formaron parte de una reforma donde convergían elementos de diferentes tradiciones: del peronismo clásico y del nacionalismo, pero también de la izquierda y del reformismo, del tercermundismo, de las filosofías/pedagogías de la liberación y del cristianismo revolucionario. Las transformaciones del peronismo en los años sesenta no podían más que impactar en una nueva versión de ese movimiento político a cargo del gobierno; además, la correlación de fuerzas llevó a que las políticas impulsadas hasta septiembre de 1974 estuvieran en sintonía con las propuestas de la izquierda peronista. Con hegemonía de Montoneros, en abril de 1973 se conformó la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que se nutriría de una buena cantidad de agrupaciones que se habían desarrollado en distintas casas de estudio desde los años sesenta, en mayor o menor grado y con mayor o menor nivel de articulación entre ellas. La JUP, y otros grupos juveniles que adhirieron al proyecto de reforma universitaria, como la Franja Morada y el Partido Comunista (en el Movimiento de Orientación Reformista, MOR), asumirían un rol activo respecto de las políticas del sector.
LOS ESTUDIANTES EN LA “UNIVERSIDAD DEL PUEBLO”
Impulsada centralmente por un conjunto de actores políticos y académicos inscritos en diversas variantes de la izquierda peronista, la reforma implicó profundas transformaciones institucionales y pedagógicas que se pueden sintetizar a través de tres dimensiones de análisis. En cada una de ellas pueden observarse elementos que muestran el fuerte protagonismo asignado a la juventud estudiantil en los procesos que se llevaron a cabo.
En primer lugar, la cuestión del sujeto de la educación universitaria, en la cual cobraba centralidad el propósito de democratizar el acceso. A partir de 1973 la apertura en el ingreso impactó de manera muy importante en la cantidad de alumnos inscritos en universidades nacionales: mientras que en 1972 había 333 mil en todo el país, en 1975 se contaban 507 mil (Cano, 1985). En la Universidad de Buenos Aires, el crecimiento se manifiesta con mayor fuerza si tenemos en cuenta el ingreso por año: en 1972 ingresaron 21 mil estudiantes, en 1973 ese número ascendió a 36 mil, y en 1974 fue de 40 mil.15 Desde el poder ejecutivo -y también desde la Universidad de Buenos Aires- se manifestaba el propósito explícito de transformar la universidad, caracterizada como elitista, en una “Universidad del Pueblo”, donde tuvieran lugar “todas las clases sociales”. 16Por resoluciones del Consejo Superior de la UBA se derogaron los mecanismos restrictivos de ingreso (exámenes y cupos), y se instauró un curso no limitativo para ingresantes, que finalmente fue suspendido.17
En segundo lugar, la pregunta por el sentido de la formación y la producción de conocimiento. Desde la mirada de los reformadores, el conocimiento que se debía producir y trasmitir en las casas de estudio debía estar en sintonía con las necesidades y prioridades nacionales, especialmente de los grupos sociales más postergados. En cada una de las casas de estudio se comenzaron a realizar prácticas que, si bien en muchos casos no eran novedosas, adquirían una inédita institucionalidad. Eran ahora las facultades las que promocionaban actividades que antes eran preocupaciones del movimiento estudiantil o de espacios políticos y académicos más restringidos: la Facultad de Derecho instaló en los barrios oficinas de asesoramiento jurídico gratuito (Perel et al., 2006); la Facultad de Agronomía organizó cursos y actividades de extensión en el terreno en conjunto con pequeños y medianos productores (Puiggrós, 1974); Filosofía y Letras colaboró con tareas de alfabetización en el conurbano bonaerense (Puiggrós, 1974) y llevó adelante el “Operativo Plazas” destinado a llevar bibliotecas ambulantes a distintas plazas para actividades de lectura con niños de la zona (“Filosofía y Letras en la Reconstrucción”, 1973); estudiantes de Medicina iban con pediatras a la Villa 31 a pesar y medir niños, en el marco de la materia de Nutrición18 y se fomentó que los estudiantes pasaran mucho más tiempo en los hospitales;19 la Facultad de Odontología llevó adelante un programa de prevención, asistencia y educación bucal en la Villa 3 de Soldati;20 y los estudiantes de Arquitectura hacían sus prácticas en villas y asentamientos con proyectos de posibles soluciones habitacionales.21 Además de lo realizado desde las diferentes unidades académicas, las creaciones institucionales a nivel de la Universidad tenían una impronta similar: en el Instituto del Tercer Mundo “Manuel Ugarte” y el Centro de Estudios del Trabajo, por nombrar dos ejemplos, las temáticas académicas a abordar, y las fundamentaciones que les daban existencia, ponían en el centro la importancia de que el conocimiento no fuera ajeno a las necesidades locales, nacionales y del tercer mundo, para tratar de superar el llamado “cientificismo”. Desde la mirada de los reformadores, la subordinación de las investigaciones a sus posibilidades de financiamiento implicaba que la universidad investigaba principalmente sobre aquellos tópicos que los países centrales requerían. Dichos diagnósticos encontraban fundamentos teóricos en el concepto de “universidad necesaria” del antropólogo brasilero y especialista en educación superior, Darcy Ribeiro (1971), o en las ideas de Oscar Varsavsky (1969), para quien la ciencia nacional debía servir para ayudar al país a solucionar sus problemáticas y salir del subdesarrollo, en lugar de subordinarse a la lógica internacionalizada de la producción de conocimiento. En ese sentido también la UBA resolvió romper los convenios con fundaciones extranjeras como Ford y Rockefeller, y declarar incompatible la docencia universitaria para directivos jerárquicos o asesores de empresas multinacionales o extranjeras.22 Estas medidas habían sido sugeridas en los años sesenta por agrupaciones estudiantiles y estaban presentes también en la producción escrita de intelectuales que eran referentes de la izquierda peronista (Friedemann, 2016 a).
La tercera dimensión de análisis es la propuesta político-pedagógica, en tanto que se planteó transformar los métodos y contenidos de enseñanza, reemplazar los planes de estudio y transformar la relación de enseñanza-aprendizaje. La obra de Paulo Freire ya estaba en circulación entre los llamados movimientos de liberación nacional latinoamericanos.23 En sintonía con la “pedagogía del oprimido”, desde el Ministerio de Educación (1973; s/f), el Congreso Nacional24 y la Universidad de Buenos Aires se postuló que la educación superior, como parte del sistema educativo, debía romper con la tradicional forma de enseñar. El protagonismo asignado a los estudiantes debía de ser central, es decir que el educando, en línea con esta tradición freireana, debía asumir un rol mucho más activo en la relación pedagógica. Por ejemplo, a un mes de la intervención, la UBA anunciaba cursos de perfeccionamiento para docentes con el fin de “reorientar los métodos pedagógicos existentes… destruir la actual estructura vertical y cientificista… e implantar una pedagogía que contemple la participación activa de todos los que intervienen en el proceso educativo” (“Resoluciones adoptadas por la Universidad…”, 1973). Respecto del contenido, todas y cada una de las facultades realizaron algún tipo de modificación a los planes de estudio. Más allá de las especificidades disciplinares, un denominador común fue la inclusión de materias obligatorias y optativas con contenido histórico, social y político,25 la búsqueda de introducir asignaturas que vincularan el ejercicio de la profesión con la “realidad argentina”,26 y en algunas carreras, una mayor vinculación con el sector público en desmedro del sector privado desde el punto de vista de la presencia de asignaturas.27 Sobre todo en las humanísticas, se incorporó bibliografía proveniente del tercer mundo, incluso de sus líderes populares como el mismo Perón, Fidel Castro o Mao Tse Tung. En la mayoría de los casos, los nuevos planes de estudio se terminaron de aprobar entre febrero y marzo de 1974 para comenzar a aplicarse durante el ciclo lectivo que se iniciaba ese año, pero luego fueron derogados por la nueva intervención decretada durante el gobierno de Isabel Perón.28
En resumen, hemos apuntado brevemente de qué modo las políticas universitarias estaban dirigidas hacia el público estudiantil en lo que constituyó un proyecto de reforma universitaria.29 Aunque se anunciaba la intencionalidad de otorgar un posicionamiento más activo y protagónico al estudiantado, no dejaban de ser postulados que le podían resultar exógenos. En otro lugar hemos desarrollado con mayor profundidad la mirada sobre el sujeto de la educación superior que manifestaban las autoridades asumidas en 1973 en la Universidad de Buenos Aires (Friedemann, 2014); pero aquí exploraremos otra pregunta: ¿de qué modos los jóvenes tuvieron oportunidad de incidir en el direccionamiento de las políticas públicas universitarias desde mayo de 1973? Es decir, se trata de indagar ya no el lugar que se esperaba de los jóvenes según rezaban las políticas implementadas, sino el rol ejercido por ellos en la definición de esas políticas.
LAS JUVENTUDES COMO HACEDORAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS UNIVERSITARIAS
Podríamos distinguir distintos tipos de incidencia de las juventudes en la definición de las políticas universitarias, que giran en torno a la formulación, la implementación y el veto o rechazo a una determinada política. En general se trató de mecanismos no institucionalizados, que literatura reciente agrupa entre las “formas no electorales de participación” (Annunziata, 2013). El hecho de que muchos jóvenes hayan participado también en los organigramas de las facultades o asesorando al ministro, nos muestra también un alto grado de juvenilización de la política. Para nombrar unos pocos casos, Adriana Puiggrós tenía 31 años cuando fue nombrada directora de la carrera de Educación (y a los 32 pasó a ser decana)30;30 Jorge Taiana asesoraba a su padre en el ministerio cuando tenía 22 años, y Ernesto Villanueva fue el rector más joven de la historia de la UBA a los 28. Pero más allá de los cargos ocupados por “jóvenes”, interesa aquí observar la participación de las “juventudes”, en tanto actores sociales organizados y movilizados.
Si nos referimos a la formulación o definición de políticas universitarias es porque distintas agrupaciones o espacios peronistas de distintas universidades, que en su mayoría confluirán en la JUP en abril de 1973,31 prefiguran políticas públicas finalmente ejecutadas. Es el caso, por ejemplo, de la ya mencionada FURN de La Plata,32 de la Tendencia Universitaria Popular de Arquitectura y Urbanismo (TUPAU),33 o de la Federación Argentina Nacional de Estudiantes Peronistas (FANDEP),34 que desde 1967 realizaba fuertes cuestionamientos a la universidad a través de diagnósticos y propuestas similares a las que se plasmaron en 1973. Un documento de la JUP, elaborado en el mes de abril de ese mismo año, contiene algunas de las propuestas que se implementaron pocos meses más tarde en el sistema universitario y en el ámbito de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. Redactadas cual programa de gobierno, y no como meras propuestas de una agrupación estudiantil, algunos elementos se conservan textualmente en resoluciones del Consejo Superior de la UBA y/o en la Ley de Universidades Nacionales Nº 20.654 aprobada en marzo de 1974. Veamos algunos ejemplos.
Puede mencionarse no solamente la importancia asignada al ingreso irrestricto, sino también los fundamentos y prospectivas sobre los cuales fue implementado en el caso de la Universidad de Buenos Aires. Si la JUP había indicado que “se eliminarán las trabas académicas al acceso a la Universidad”, reconocía, por otro lado, que existían “limitaciones socioeconómicas” que imposibilitaban el ingreso de todos los sectores sociales, las cuales deberían ser atacadas por el gobierno con medidas de fondo. Cuando la UBA resolvió efectivamente eliminar los mecanismos de ingreso, expresó que “la derogación de esas trabas constituyó durante dieciocho años un objetivo irrenunciable de las luchas del movimiento estudiantil”, y que era necesario “suprimir las limitaciones institucionales existentes” para terminar con la “marginación” de los “sectores populares” de la Universidad, si bien “la política económica y social del gobierno popular” debería terminar con las limitaciones “estructurales”.35
Un caso adicional constituye la propuesta de que los estudiantes universitarios participen en algún tipo de actividad manual según el área de incumbencia de sus estudios superiores. La JUP lo formuló de este modo:
El estudiante universitario deberá incorporarse activamente al trabajo social a fin de propender a la desaparición progresiva de las diferencias entre trabajo manual y trabajo intelectual, que traen como consecuencia la marginación de los estudiantes de la realidad del pueblo (“El peronismo en la universidad”, 1973).
La legislación nacional, en letra similar indicaba, en su Art. 2º, que una de las funciones de la Universidad es la de
…promover, organizar y desarrollar la investigación y la enseñanza científica y técnica, pura y aplicada, asumiendo los problemas reales nacionales y regionales, procurando superar la distinción entre trabajo manual e intelectual.36
A pesar de que las universidades fueron intervenidas y no alcanzaron a ser normalizadas como lo indicó la legislación aprobada en 1974, existió, aunque de modo informal o no institucionalizado, participación del “claustro estudiantil” en la definición de los lineamientos político-académicos. Además de los indicios encontrados en la letra de los documentos, lo mencionan algunos testimonios. Podemos destacar, por ejemplo, la conformación de un “grupo de conducción” en la Facultad de Medicina, en donde el decano Mario Testa compartía la dirección de la casa de estudios. La misma estaba conformada, según la narrativa del exdecano, por miembros de la JUP, la FAR y Montoneros.37 Otros relatos de otras facultades expresan situaciones similares, como una co-conducción de facto entre el Centro de Estudiantes y el decanato en Filosofía y Letras, y también durante el último tramo de la gestión de Ingeniería.38 En otras unidades académicas, como veremos luego, la asamblea será un mecanismo más frecuente a través del cual las organizaciones juveniles pudieron hacer valer sus criterios, y fueron legitimadas por las autoridades.
Era frecuente la incidencia de las juventudes en la definición de quiénes debían asumir como autoridades en las diferentes unidades académicas, en algunos casos a través de asambleas estudiantiles, y en otros a partir de acuerdos políticos que no eran publicitados. Por un lado, se sugerían (o exigían) nombres para ocupar determinados cargos, y por otro, existía un efectivo poder de veto cuando un nombramiento era rechazado.
En efecto, no eran excepciones aquellos decanos y jefes de departamentos que ocupaban dichos cargos por propuesta de la JUP de cada una de las facultades: “Entonces cuando llega Cámpora al poder vienen a mi estudio dos peronistas… Vienen y me invitan y me ofrecen el Departamento de Ciencias Humanas”. El entrevistado, a cargo de dicho departamento en la Facultad de Arquitectura, mencionó a Rodolfo Carlos Durante (“el Cuis”) y a Oscar Balestieri (“el Pato”). Ambos militaban en Montoneros, aunque uno provenía de la Corriente Estudiantil Nacionalista Popular (CENAP) y de las FAR, mientras el otro había pasado por la Agrupación Nacional de Estudiantes (ANDE), luego por las FAP y finalmente rompería con Montoneros para integrarse en “Lealtad”.39 Habían empezado su militancia en el peronismo universitario en la década de los sesenta, y ahora tenían participación informal en la designación de autoridades.
De modo similar, el decano de Ingeniería, Enrique Martínez, dijo que su designación fue una propuesta del peronismo universitario en dicha facultad.40 En otros casos, aunque la propuesta pudiera venir de redes profesionales o disciplinares, la JUP mostraba un importante poder a la hora de aceptar o no dichos nombramientos.41 No deja de observarse el fenómeno que estamos considerando en algunas renuncias. Cuando el decano de Derecho, Mario Kestelboim, decidió dar un paso al costado, en el marco de la ruptura entre Montoneros y Perón, anunció lo siguiente:
Hoy, una de las corrientes principales que ha sostenido mi gestión, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), ha reconocido como conducción política a la organización Montoneros. Sería inexacto señalar que para mí eso es una novedad; sin embargo, lo que es nuevo es que dicha organización le haya declarado la guerra al gobierno… Éste es mi pensamiento y ésta es mi diferencia con el pensamiento y la práctica de la organización Montoneros que inspira a la JUP. De ahí que no pueda seguir recibiendo en silencio su apoyo para mi gestión… Me niego a ser instrumento de esa política (“Renunció el decano de Derecho”, 1974).
En la entrevista que realizamos le preguntamos por qué, desde su punto de vista, mantenerse en el lugar de gestión era ser instrumento de la JUP o de Montoneros. La respuesta fue: “políticamente tenía que diferenciarme de quienes parecían mis mandantes”.42
Mención aparte merece el poder de incidencia de la juventud universitaria a través de la movilización, pero combinada con un permanente diálogo -en algunos momentos muy tenso- con el gobierno. En algunos casos, ese poder se manifestaba menos en términos positivos que como veto o bloqueo a determinados nombramientos. Fue el caso de los acontecimientos que siguieron al desplazamiento de Rodolfo Puiggrós al frente de la UBA el 1º de octubre de 1973. Rápidamente se realizó una movilización en apoyo al rector que según La Razón ocupaba cuatro cuadras. El periódico relata que fue encabezada por la JUP, pero participaban también otras agrupaciones que reproducimos tal como aparecen en la nota: “Franja Morada (UCR), Movimiento de Orientación Reformista (PC), Juventud Socialista de Avanzada (socialismo de los trabajadores), TUPAC (Vanguardia Comunista), TERS, FAUDI, Movimiento de Acción Hacia el Socialismo, AUN (Frente de Izquierda Popular), FUA y FUBA”. Según este diario, siempre se entonaban consignas en apoyo a Puiggrós y a Perón, y luego de la manifestación fueron ocupadas las facultades, donde también se convocó a asambleas (“Se acepta la renuncia…”, 1973).
Al día siguiente se firmó el decreto en el que se aceptaba la renuncia de Puiggrós y se designaba provisionalmente al decano de Odontología, Alberto Banfi, como sucesor.43 Las asambleas continuaron, igual que las ocupaciones de edificios, incluido el rectorado (“La Juventud Universitaria Peronista tomó…”, 1973; “Ocuparon anoche el Rectorado…”, 1973). El 4 de octubre el ministro Taiana recibió a una delegación de la JUP encabezada por su secretario general, José Pablo Ventura (“El problema universitario”, 1973). Las facultades continuaban ocupadas con la consigna de la renuncia de Banfi, a la que se sumaban todos los demás decanos interventores. Es interesante notar aquí que, contra un avance del poder central, había una alianza de hecho entre las autoridades de las facultades de la UBA y el movimiento estudiantil que protagonizaba mecanismos no institucionalizados de participación (asambleas, ocupaciones y movilizaciones callejeras). En una marcha de estudiantes al rectorado, Banfi se acercó a los manifestantes y anunció que se haría a un lado. Por la noche, frente al rectorado, y acompañados según La Razón por 5 mil manifestantes, hicieron uso de la palabra dirigentes de diferentes agrupamientos juveniles: peronistas, radicales, socialistas y comunistas; el acto lo cerró Ventura, por la JUP. Todos apoyaron la gestión de Puiggrós y festejaron el paso atrás del decano de Odontología.44
Aunque estos hechos se presentaron como una clara victoria para quienes se movilizaron, la decisión de desplazar a Puiggrós no fue cancelada, incluso tras la versión oficial de que Perón no había pedido esa renuncia, sino el presidente interino, Raúl Lastiri.45 El 5 de octubre, finalmente, Taiana nombraba interinamente al secretario general Ernesto Villanueva a cargo del rectorado, “ad referéndum del poder ejecutivo”, y anunciaba que duraría en funciones hasta el 12 de octubre ( “Hay un compás de espera…”, 1973), fecha estipulada para la asunción de Perón como presidente. El edificio del rectorado fue “entregado por los ocupantes de la JUP [e] inmediatamente fueron levantadas las medidas de fuerza en todas las facultades” (“Triunfó la Universidad Peronista”, 1973). Al asumir Villanueva leyó un comunicado de prensa firmado por los rectores de los colegios universitarios y todos los decanos, con la excepción de Banfi, en el que se manifestaba su “total solidaridad con el compañero Puiggrós” y la “decisión inquebrantable de continuar con los lineamientos de la política por él inaugurada”; además, anunciaba la designación de Puiggrós como profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras.46 El ex rector continuó dictando clases en su cátedra de Historia Americana III en esa unidad académica, y el equipo de conducción universitaria continuó sin mayores modificaciones.
Villanueva tampoco fue reemplazado en la fecha acordada. El 25 de octubre Taiana propuso un sustituto que se esperaba que contaría con el apoyo de la JUP: Rodolfo Agoglia, que se venía desempeñando como interventor de la Universidad Nacional de La Plata con apoyo del estudiantado. Vicente Solano Lima, que comenzó a ocupar el cargo de secretario general de la presidencia, se reunió con la JUP para pedirle opinión sobre ese nombramiento (“Agoglia, reemplazante de Puiggrós”, 1973). Una vez más, la juventud universitaria del peronismo era investida de autoridad por quienes la detentaban formalmente, era autorizada (Pierella, 2014). Un día más tarde, los medios ya daban por confirmado que Agoglia era el nuevo rector de la UBA (“Discute la JUP su apoyo…”, 1973), pero en el transcurso de la jornada una serie de reuniones entre la JUP, Agoglia, Taiana y Solano Lima modificaron el panorama (“La JUP rechaza a Agoglia…, 1973). Por la noche la JUP distribuyó un comunicado informando que lo iban a rechazar porque “viene condicionado desde el comienzo y desplazará a cinco decanos, desalojará a los colaboradores de Puiggrós en el rectorado y modificará toda la política de reconstrucción universitaria desarrollada desde el 25 de mayo” (“No reemplaza Agoglia a Puiggrós”, 1973).47 La JUP mostró una vez más su poder de veto y Agoglia no asumió. La UBA continuó en una situación irregular, en tanto Villanueva actuaba como secretario general a cargo del rectorado, pero sus atribuciones eran puestas en duda. En el mes de noviembre, mientras se sucedían las elecciones a centros de estudiantes en distintas facultades y la JUP ganaba en casi todos los casos, un decreto del poder ejecutivo confirmaba en el cargo a Ernesto Villanueva (“Designóse interventor…”, 1973).
Aunque Puiggrós se alejó, el poder de sectores juveniles del peronismo continuó su despliegue. Seguía operando un modo de designar a las autoridades basado en la búsqueda de consenso con quienes detentaban poder fáctico en cada ámbito. Según Jorge Taiana (hijo):
…el problema práctico, inmediato con el que se encontró el señor ministro era lograr que pudieran entrar las autoridades a las universidades. Punto …andá y preguntale a alguno unos nombres a ver quién puede entrar. Y veamos cuál es el más sensato.
Las universidades eran un ámbito realmente de efervescencia. Y donde ponías un interventor que era más o menos… la muchachada no te dejaba vivir ni dos días. No entraba. Finalmente eso marca una negociación expresa con ciertos funcionarios. Vos nombrabas a un tipo y no puede entrar y ya está… o el tipo renunciaba y buscabas una terna que fuera razonable. Esa era la situación. Había una gran movilización y un enorme poder de bloqueo de los sectores juveniles.48
Luego de aprobada la “Ley Taiana” en marzo de 1974, todas las autoridades debieron renunciar, y mientras casi todos los decanos volvieron a asumir como “normalizadores”, Villanueva no continuaría como rector: dado que la legislación incluyó el requisito de contar con 30 años de edad cumplidos para el desempeño de dicha función, la edad comenzó a ser un impedimento legal en un contexto de juvenilización de la política; quien se reconocía en una conferencia de prensa como miembro de la Juventud Peronista (“Sobre la Universidad habló…”, 1974) debía dejar el cargo a alguien mayor. De todos modos, a sus 28 años, Villanueva retomó el cargo de secretario general del rectorado.
Como rector normalizador asumió el ya mencionado Solano Lima,49 con la expectativa de conciliar posiciones entre los diferentes sectores del peronismo. En el marco de la ruptura de algunos sectores juveniles con Perón, y el surgimiento de la JP- y JUP-Lealtad, tres decanos que estaban distanciados de la JUP-Montoneros vieron en Solano Lima la oportunidad de pedir el desplazamiento de quienes seguían alineados o afines a esta última organización.50 En cambio, fueron dos de ellos los que se vieron obligados a hacerse a un lado: Roberto Lugo (Exactas) y Enrique Martínez (Ingeniería) debieron dejar sus decanatos, pero Oscar Sbarra Mitre (Económicas) pudo continuar.51 En Ingeniería asumió Jorge Roulet,52 un radical de la línea alfonsinista “Renovación y Cambio” impulsado por el Centro de Estudiantes “La Línea Recta”. Roulet había sido militante de ese mismo espacio y de la FUBA en los años cincuenta. Según Martínez, la facultad la terminó manejando el Centro de Estudiantes, cuyo presidente era Miguel Ponce, de Franja Morada, en alianza con la JUP.53
No todas las agrupaciones estudiantiles tenían el mismo nivel de incidencia a través de estos mecanismos informales de conducción universitaria; sin embargo, en algunos casos el modo a través del cual se llevó adelante fue mediante asambleas, y el peronismo no contaba con mayoría en todas las casas de estudio. Distintas instancias organizativas habilitaban a cierta definición en el rumbo institucional.
En la Facultad de Ciencias Exactas, donde la JUP no había ganado el Centro de Estudiantes, se visualiza el poder de ejecución que tuvo el movimiento estudiantil más allá de su extracción política. En las elecciones del Centro de Estudiantes ganó una alianza de izquierda hegemonizada por el comunismo, y la JUP salió segunda por 32 votos de diferencia (Bilmes, 2012). Sin embargo, ambas fuerzas mayoritarias tendrían gran protagonismo en la designación de autoridades y ambas apoyarían al interventor designado, Miguel Ángel Virasoro.54 Físico, era uno de los científicos que en 1966 había emigrado al extranjero para continuar su carrera científica. Virasoro renunció en diciembre de 197355 y en su lugar fue nombrado Roberto Lugo,56 según Bilmes (2012), con apoyo de la recientemente conformada JP-Lealtad.57 Al episodio narrado algunos párrafos más arriba se le sumó la resistencia del estudiantado y del Centro de Estudiantes, y Lugo ni siquiera comenzó el año lectivo a cargo de la Facultad. Solano Lima acordó con el comunismo y la JUP el nombramiento de Manuel Sadosky (Bilmes, 2012), que había sido vicedecano de Rolando García hasta 1966. Pero Sadosky tampoco fue aceptado por el movimiento estudiantil: en una asamblea donde participaron docentes y trabajadores no docentes se rechazó dicha designación y se propuso el nombre de Gustavo Dussel, docente de la Facultad que venía ejerciendo el cargo de secretario académico y presidente de la Asociación Física Argentina. Solano Lima aceptó la resolución asamblearia y nombró a Dussel como decano normalizador.58 Como puede verse, varios nombres circularon para ocupar el decanato, además de que se visualizan juegos de fuerza políticos en torno a las designaciones; es claro, sin embargo, que el movimiento estudiantil mantuvo una cuota de poder importante a la hora de proponer o resistir, con éxito, a las autoridades universitarias. Estado y organizaciones interactuaban, y tenían impacto en la implementación de políticas universitarias. En algunos casos, los propios decanos convocaban a las asambleas para tomar alguna decisión, y en otros participaban activamente. Los medios de prensa le daban importancia a esas instancias deliberativas que en el espacio público aparecían como legítimas (“Efectuose ayer una asamblea en Arquitectura”, 1973; “Hízose una asamblea en Ciencias Exactas”, 1973; “Importante asamblea se efectuará en Medicina”, 1973).
Lo que puede observarse a través de las distintas imágenes presentadas hasta aquí son diferentes mecanismos a través de los cuales las agrupaciones universitarias de la izquierda peronista y sus aliadas ejercieron protagonismo político en términos de formulación, ejecución y veto de decisiones que impactaban en el devenir institucional. Las asambleas, uno de esos mecanismos, serían prohibidas pocos meses más tarde. En términos de Oszlak y O´Donnel (1981), retornaría una dinámica de una mayor penetración del Estado en la sociedad civil en lugar de mutuas y variables interpenetraciones como las visualizadas hasta aquí. Sin embargo, otras organizaciones armadas, esta vez de carácter paraestatal (Besoky, 2014) como la AAA, junto con agrupaciones universitarias nacionalistas, como el Comando de Organización (CdO) (Denaday, 2016), ocuparían un lugar de relevancia junto al Estado en la implementación de la contrarreforma. En efecto, una nueva etapa de persecución e incluso prohibición de la actividad política en las casas de estudio se abriría después de agosto de 1974, durante el gobierno de Isabel Perón, con la llegada del nuevo Ministro de Educación, Oscar Ivanissevich. En el caso de la UBA, la intervención sucedió en el mes de septiembre, con el rectorado de Alberto Ottalagano. Rápidamente fueron derogadas las principales resoluciones que se habían adoptado durante la gestión iniciada en mayo del año anterior. Incluso el ingreso irrestricto fue anulado, y se reinstalaron cupos por facultades. Las autoridades salientes no volvieron a sus despachos ni a recoger sus papeles; algunos recibieron atentados con bombas y otros debieron esconderse o exiliarse. Así dio inicio una restauración y contrarreforma que a la luz de acontecimientos posteriores puede ser leída como una “transición a la dictadura” (Friedemann, 2016 b).
A MODO DE CIERRE
En un contexto en el que las disputas al interior del peronismo delinearon los grandes acontecimientos nacionales, lo que hoy se recuerda como la “universidad del ´73” constituyó un intento de reforma universitaria integral donde la izquierda peronista era protagonista. En el marco de dichas disputas, era común que en los relatos de la época se identificara como los “sectores juveniles” (frente a los llamados “ortodoxos”) a aquéllos que formaron parte de la “tendencia revolucionaria” del peronismo. En el ámbito universitario, la conformación de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) ligada a Montoneros en abril de 1973, y su alianza con otros grupos universitarios, especialmente radicales y comunistas, llevó a que el activismo estudiantil se posicionara como fuerza transformadora. Ante la intervención universitaria tras la caída de la dictadura militar (1966-1973), la participación estudiantil no se realizó principalmente a través de mecanismos formales: la institucionalización de la reforma universitaria fue interrumpida y el cogobierno de los claustros, incorporado en la legislación, no llegó a constituirse plenamente. Es por ello que entre las formas de participación que observamos sobresalen las de menor grado de institucionalización.
Autoridades ejecutivas, desde la Presidencia de la Nación, pasando por el Ministerio de Cultura y Educación, hasta rectores y decanos interventores, delegaron autoridad en los jóvenes organizados en grupos políticos o asambleas. En ese sentido, y más allá de la formalidad de los cargos, quisimos mostrar otros modos de incidir en las políticas públicas universitarias por parte de las juventudes. Aunque por poco tiempo, un sector del peronismo gobernó las universidades -no sin tensiones- con el apoyo de otras fuerzas políticas que históricamente eran mayoritarias en las casas de estudio: radicales y comunistas, entre otras agrupaciones que reivindicaban la reforma universitaria del ´18.
Se ha repasado brevemente el proyecto de reforma impulsado en 1973 a través de tres dimensiones que permitieron observar el lugar protagónico que se esperaba de la juventud universitaria por parte de las políticas implementadas; pero principalmente se examinaron los modos en que esa juventud se mostró ya no como destinataria activa de esas políticas, sino como propulsora de las mismas. También se abordaron los distintos modos a través de los cuales las juventudes universitarias, especialmente la peronista, ejercieron poder de decisión en la planificación, ejecución e incluso veto de las medidas que se llevaron adelante; y las formas de participación en las decisiones político-académicas, que en muchas ocasiones no gozaban de la formalidad institucional pero que resultaban igualmente efectivas, como asambleas, espacios de conducción, incidencia en los nombramientos y poder de bloqueo a través de la movilización y el diálogo.
Una serie de fenómenos que aquí no hemos alcanzado a desarrollar, pero principalmente aquéllos que delinearon las mayores discordias al interior del movimiento peronista, y particularmente el enfrentamiento entre Montoneros y Perón, llevaron a una situación que luego de la muerte del líder justicialista se terminó de definir a favor de la derecha nacionalista, que también actuaba dentro del peronismo. La preponderancia de juventudes movilizadas y activas, que pretendían ser protagonistas y no meras espectadoras de lo que aguardaba sea una “liberación nacional y social”, sólo podría ser refrenada a fuerza de represión política.
