Entrevistas

 

Tareas pendientes de la política en educación superior y la importancia de reafirmar la visión progresista de la autonomía universitaria en el contexto actual

 

Entrevista con Imanol Ordorika Sacristán*

 

* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente está a cargo de la Dirección General de Evaluación Institucional de esta misma Universidad. Especialista en temas de Estado y políticas educativas en México; poder político y cambio en la educación superior; movimientos sociales y educación; y evaluación de la educación superior.

 

¿Por qué es importante para la sociedad la autonomía universitaria?

En el tema de la relación entre universidad y sociedad, tomando en cuenta el tema de la autonomía, hay dos vertientes para analizarla. La primera es que la autonomía es una concesión que hace la sociedad a través del Estado a la universidad. Básicamente lo que la sociedad en general ha planteado históricamente es que es necesario darle a la universidad una condición de relativa independencia frente al mercado, a las empresas, a las organizaciones que tienen recursos económicos, de tal manera que no dependan del sector privado para subsistir y consecuentemente deban orientar su quehacer, tanto en la formación de estudiantes como en las tareas de creación de nuevos saberes, hacia lo que marquen las instituciones, o los organismos o las entidades que tienen los recursos económicos en el ámbito del mercado.

Por eso se estableció que tenía que ser el Estado el que sostuviera eso que llamamos "educación pública", en este caso la educación superior pública. Pero esto planteaba a su vez un riesgo: al ser el Estado el proveedor de recursos económicos, entonces se podía plantear que la universidad estaría sujeta a los designios del Estado en sus tareas de formación de estudiantes, de creación de nuevos saberes y de difusión de saberes ya acumulados. Es entonces que se plantea el tema de la autonomía como la mejor manera de resolver el problema: financiamiento público más autonomía hacen que la universidad pueda enfocarse a los distintos temas, campos, áreas de conocimiento y disciplinas desde la lógica de interpretación de la propia universidad sobre el desarrollo de estos ámbitos del conocimiento, pero también desde lo que son las necesidades de la sociedad misma sin que estén mediadas por el mercado o por el Estado.

La autonomía, además de que le da independencia y capacidad de decisión a la universidad, le plantea una enorme responsabilidad. Hay una lectura conservadora de la autonomía, que la ve estrictamente como la posibilidad de preservar el espacio de decisión de la universidad para los universitarios, cuando la visión importante, la visión progresista de autonomía, se refiere a la capacidad de los universitarios para ver los requerimientos de la sociedad desde la universidad, con plena independencia para poder atenderlos desde los distintos campos del conocimiento. Y esto no necesariamente implica una orientación práctica o aplicada como única opción de la universidad; implica también la posibilidad del desarrollo de teorías, de análisis conceptual, etc.

Este es el contexto en el cual la sociedad, a través del Estado, le ha dado a la universidad pública la independencia económica frente al sector privado y frente al propio Estado, que se constituye en el pilar del financiamiento de esta institución educativa.

 

¿Qué efectos han tenido las reformas en educación superior en la autonomía universitaria?, y ¿cómo han afectado la relación existente entre universidad y sociedad?

En primer lugar, yo creo que no podemos hablar de una gran reforma en la educación superior en México. Ha habido una serie de cambios y orientaciones, y lo que ha habido fundamentalmente en los últimos 25 años es un proceso de privatización de la educación superior en muchos ámbitos y de mercantilización, que son dos elementos que conviene separar y distinguir.

Privatización en el sentido de que cada vez más el Estado ha abdicado de su responsabilidad de proveer oferta educativa de nivel superior de carácter universitario. La apuesta que se hizo con las instituciones de carácter tecnológico es la única acción del Estado en términos de apertura de nuevos lugares para los estudiantes de educación terciaria, pero no se han creado universidades propiamente dichas en el ámbito público. Y en cambio se ha permitido y alentado la expansión de la oferta privada de la educación superior. Al mismo tiempo el Estado también ha restringido los recursos a las universidades de carácter público y las ha forzado a que los estudiantes y sus familias tengan que sufragar la parte mayor del costo de la educación a través de cuotas de colegiatura o de inscripción. Esto es, diversificaron las distintas universidades públicas del país.

Por otro lado, tenemos un impulso muy fuerte, también desde los años ochenta, o quizá desde un poco antes, hacia la orientación de la educación superior a las necesidades del mercado. La restricción de recursos públicos, pero no sólo eso, el impulso de un conjunto de políticas sistemáticas orientadas a hacer que las universidades pongan un mayor énfasis en la producción de bienes que puedan ser intercambiables en los mercados, es decir, bienes de conocimiento que se puedan vender como patentes, como licencias o como derecho de autor, son un ejemplo de eso; hasta la incorporación dentro de la universidad de reglas que parecen obedecer más a prácticas del mercado que de la propia educación superior. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellos sistemas de financiamiento que llevan a los académicos a la adopción de prácticas de un pseudomercado, le llamo yo, constituido por los sistemas de estímulos a nivel nacional: el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y los diferentes programas de estímulos que tienen las instituciones. Lo que al final de cuentas se hace es asignarle valor a ciertos productos universitarios, tanto de docencia como de investigación, por los cuales el académico obtiene un ingreso que en la mayoría de los casos puede alcanzar hasta dos terceras partes de su ingreso total, pues el salario base se ha reducido a una parte mínima de lo que reciben mensualmente los académicos.

Esta práctica de competencia que está en la ideología de los últimos 25 años, y que se expresa en la liberalización de la economía y la introducción de prácticas de mercado como un principio que supuestamente incrementa la calidad, en realidad ha tenido efectos muy nocivos dentro de los ámbitos educativos. Es un principio que también se aplica en la asignación de proyectos de investigación, y en cierta forma también en la asignación de presupuestos extraordinarios a través de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Se trata de proyectos en los que las universidades compiten por recursos respondiendo a una serie de criterios establecidos desde fuera del ámbito académico.

¿Cómo se relaciona esto con la autonomía? El hecho es que desde que se establece toda una lógica externa de certificación, acreditación, orientación hacia el mercado, etc., asociada a la entrega de los recursos a las instituciones y a los académicos, se imponen criterios que se sitúan por encima de la libertad de cátedra y de investigación, en primer lugar, y también por encima de la capacidad de decisión de las universidades, en tanto que orientan ciertas decisiones significativas de las instituciones. Las decisiones acerca de cómo desarrollar proyectos académicos se toman ahora en función de qué es más redituable en términos del SNI, o en términos de la posibilidad de obtener financiamiento; esto se convierte en el referente más importante para la selección temática y para el diseño de los proyectos de investigación. Pero también orienta, a través de los procesos de acreditación, el establecimiento, por ejemplo, del Padrón de Posgrados de Calidad del CONACyT, es decir, sus prácticas de admisión. No es que el padrón diga que se pueden admitir a tantos o cuántos, sino que la necesidad de cumplir con ciertos requisitos va llevando a los posgrados a reducir su tamaño para ser más "eficientes", para tener una eficiencia terminal más alta, para cumplir con los requisitos del propio CONACyT y no quedarse fuera del padrón. Es así como se genera un círculo vicioso en donde en el momento en el cual se aspiraría a tener más estudiantes de posgrado, las políticas imponen a las universidades dinámicas que incentivan el control o la contención de las matrículas.

Todos éstos son ejemplos de cómo decisiones que eran antes estrictamente universitarias, hoy están siendo determinadas desde fuera.

Una dinámica que llegó también en los últimos 25 años, y con más fuerza en los últimos 10 o 15, es el reclamo de rendición de cuentas por parte de la sociedad, que se ha traducido en prácticas de supervisión directa del ejercicio presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, siendo que ésta es una de las áreas de la autonomía universitaria: la capacidad de decidir cómo se ejerce el presupuesto. No quiero decir que Hacienda determina qué puede hacer una universidad con el presupuesto pero sí se han puesto límites y se han impuesto reglas, como la necesidad de informes específicos. Y no es la sociedad, al final de cuentas, a quien la universidad rinde cuentas, sino a organismos que controlan la entrega de los recursos.

Como puede verse, estas medidas, que no constituyen en realidad una reforma de la educación superior, pero que han sido muy importantes, han cambiado el sentido de la universidad mexicana.

En relación a cómo estas medidas han afectado la relación existente entre la universidad y la sociedad, pensemos, por ejemplo, en que el SNI incentiva que los investigadores publiquen sus trabajos en revistas extranjeras con arbitraje, indexadas en los grandes índices internacionales; ¿esto determina la práctica académica y la selección de temas de un investigador? En el área de las ciencias sociales, si las investigaciones son más de carácter local, regional y a veces hasta nacional, el académico tiene mucha menos posibilidad de tener cabida en revistas internacionales y entonces está permanentemente frente a la preocupación de si la selección de su tema es adecuada en términos de cuál es su audiencia, cuáles son los temas sobre los cuales se enfoca la competencia internacional y la circulación internacional del conocimiento. Y cuáles son los riesgos, como académico, de quedar castigado por los sistemas de incentivos salariales o del acceso al financiamiento para investigación.

No quiero decir con esto que las universidades han abandonado por completo sus responsabilidades con la sociedad, pero sí que hay tendencias que empujan en esa dirección.

 

¿Qué opinión tiene acerca de la otra cara de la autonomía, la que deja crecer el autoritarismo y la corrupción?

Esto es precisamente de lo que yo hablaba al principio: la concepción conservadora de la autonomía, que es la concepción promovida por los grupos de poder que han mantenido el control sobre las instituciones durante décadas. Grupos que se perpetúan y a veces son fácilmente identificables como familias, como en el caso de la Universidad de Guadalajara. Éste es un caso extremo, pues hasta con un árbol genealógico se puede seguir, pero es innegable la presencia de grupos de poder que mantienen el control sobre las instituciones sobre la base de invocar la autonomía como un principio en el cual el Estado, la sociedad y la comunidad universitaria les tiene que ceder a ellos los espacios de gestión presupuestal, de toma de decisiones, de nombramiento de autoridades, etc.

Para mí el ejercicio pleno de la autonomía, la visión progresista de la autonomía como esa visión en la cual la universidad tiene la capacidad de decidir e interpretar la realidad nacional y sincronizar y ajustar su quehacer como institución del saber, como productora de conocimientos, como formadora de estudiantes, de investigadores y profesionales, es la que no podemos perder nunca. La universidad autónoma tiene que ponerse en sintonía con la sociedad a partir de un proceso amplio en el cual los académicos fundamentalmente, pero también los estudiantes, tengan la capacidad de participar en la toma de decisiones estratégicas; no en su administración y gestión cotidiana, pero sí en la definición de los rumbos de largo plazo, en el sentido de la universidad misma. Creo que en México, en general, en parte ha prevalecido la visión conservadora que ha permitido la continuidad de grupos de poder frente a las instituciones y que da pie a que se den casos de corrupción y se obstaculice la realización de los cambios necesarios. De esta manera, al debilitar la participación de la comunidad se debilita la autonomía misma de la institución frente al exterior, frente al Estado mexicano y frente a los aparatos de gobierno, federales y estatales, porque la autonomía no está encarnada por la comunidad entera sino por las burocracias que encabezan a las universidades.

Desde mi punto de vista, las tendencias en el gobierno de las universidades están asociadas a los contextos históricos en las que se han desarrollado; en dos libros de mi autoría: La disputa por el campus y La política azul y oro he puesto mucho énfasis en tratar de señalar cómo las universidades públicas mexicanas han reproducido en su interior los rasgos del sistema político autoritario mexicano que tuvo su época de oro en los años cincuenta del siglo XX. La universidad asumió, con formas particulares de una institución académica, esa esencia autoritaria del sistema político mexicano. Aunque en el sistema político mexicano ha habido algunas transformaciones y procesos de apertura, así como algunos avances democratizadores (que a veces después se convierten en retrocesos), las universidades han avanzado muy poco en ajustar, en transformar sus formas de gobierno para un nuevo periodo histórico del país en el cual la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo por ampliar los espacios democráticos; cabe aclarar aquí que esto no debe entenderse sólo como una ampliación en el terreno de lo electoral, sino como una ampliación en todos los espacios de la vida social, económica y política, como pueden ser los sindicatos, las instituciones de educación superior y otras instancias de la sociedad.

 

Tomando en cuenta estas dos caras de la autonomía, y partiendo de la política educativa, ¿cuáles serían las medidas a tomar?

Yo creo que existen varias tareas pendientes. No las voy a mencionar en orden de importancia porque el de la democratización, del cual ya hemos hablado, lo dejaré hasta el final.

La primera tarea será ampliar los espacios de cobertura en la educación superior pública para atender el enorme número de jóvenes que están fuera de las aulas universitarias cuando debieran de estar dentro de ellas; a los que malamente se les ha llamado rechazados. Esto significa crear nuevas instituciones universitarias públicas, gratuitas, laicas y democráticas.

En segundo lugar, tenemos que consolidar las plantas académicas y abrir procesos reales de renovación, dado que en muchos sectores el personal académico está envejeciendo sin que estén claros ni sean posibles los procesos de renovación; esto es así porque estamos atrapados por el sistema de pago por méritos, o sea, los incentivos universitarios cierran las posibilidades de jubilación de profesores de edad avanzada. Es necesario crear más plazas y establecer buenos procesos de jubilación, y es necesario también establecer políticas concretas de renovación y complementariedad de nuevos académicos con académicos con experiencia que enriquezcan a las plantas académicas de las universidades existentes y de las universidades nuevas que tenemos que generar en el país.

En tercer lugar, tenemos que adoptar políticas de acceso abierto al conocimiento, establecer y legislar sobre los recursos públicos para la producción de conocimientos y para la difusión de los mismos utilizando la tecnología para que la universidad pueda ampliar la esfera de su responsabilidad social. Me refiero a poner a disposición de la sociedad completa, como ha hecho la UNAM con su programa "Toda la UNAM en Línea", los productos de docencia, de investigación, las bases de datos, las colecciones culturales, los paseos virtuales por los museos, etc. Es decir, reforzar la función social de la universidad sin perder la esencia de la propia universidad como una institución del conocimiento, para ponerla en contacto más directo con la sociedad a través de los mecanismos que hoy la tecnología nos permite.

En cuarto lugar es imprescindible generar condiciones de igualdad en los estudiantes que se incorporan a las universidades, esto es, entre universidades; es decir, crear condiciones para mejorar sus procesos de calidad y de formación del personal académico, pero también generar condiciones entre universidades, y dentro de las universidades, para que los estudiantes puedan, independientemente de su nivel socioeconómico, tener acceso a bienes culturales y bienes materiales que los hagan estar en condiciones de igualdad con otros estudiantes.

Y por supuesto está el tema de la necesaria democratización de las universidades, de asumir una visión progresista y democratizadora de la autonomía universitaria que se sustente en la comunidad plena y en su capacidad para formarse incidiendo sobre la realidad nacional.

Todo esto tiene una implicación en términos de la exigencia al Estado mexicano de incremento sustancial a la inversión pública en educación superior.