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Privatización y comercialización de la universidad. Las disputas por el conocimiento

 

Eduardo Ibarra Colado*

 

* Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco y director general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano (LAISUM). Doctorado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con la tesis La universidad en México hoy: gubernamentalidad y modernización, la cual fue reconocida como la mejor tesis de doctorado 1999 en ciencias sociales por la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ha recibido diversas distinciones entre las que cabe mencionar el Premio a la Investigación UAM 2003 en el área de Ciencia Sociales y Humanidades y el Literati Network Award for Excelence 2011 por el mejor artículo del año. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. CE: ibarra57@laisumedu.org

 

Resumen

A partir de la consideración de las disputas producidas recientemente en diversos países, el artículo analiza los procesos de privatización y comercialización de la universidad. Tales experiencias muestran los efectos de la incorporación de la lógica del mercado en los ámbitos de la formación universitaria y la producción de conocimientos a nivel internacional. Sobre tal base se discuten distintas modalidades de privatización y algunas de las reacciones que han generado. El artículo concluye considerando las consecuencias de estos procesos en el caso específico de México, e invita a debatir los problemas estratégicos que se tendrán que afrontar en los próximos años.

Palabras clave: Privatización, Comercialización, Mercado, Conflictos, Universidad, Conocimiento, Políticas.

 

Como en mayo del 68, la universidad vuelve a estar en el centro de las disputas sociales, aunque por razones y en circunstancias muy distintas. En aquella época los estudiantes salieron a las calles para exigir la libertad de expresión en la universidad y para manifestar su rechazo absoluto al capitalismo; la rebelión estudiantil encarnó la politización de la universidad, desde la que se cuestionó esa idea ilusoria de "progreso" que resguardaba a una sociedad reprimida refugiada en el consumismo, y a un orden institucional autoritario en el que la participación y la democracia eran muy limitadas; se trataba de restituir la política, dotándola de espacios para facilitar la reflexión y la crítica, con la intención de reafirmar que era posible actuar a favor de una sociedad distinta y mejor. Al grito de "sean realistas, pidan lo imposible", ese mayo estudiantil se constituyó como un movimiento de alcance internacional para transformar el orden establecido, incluida, por supuesto, la propia universidad.¹

A poco más de cuatro décadas de distancia, los estudiantes han salido nuevamente a las calles para escenificar una rebelión distinta, que tiene que ver con la defensa de la universidad pública, pues se encuentra amenazada por quienes desean transformarla en una corporación privada animada por afanes comerciales e impulsos lucrativos. Como entonces, hoy prevalece un profundo cuestionamiento de un sistema económico injusto, en el que las grandes corporaciones se adueñan crecientemente de la riqueza mundial (Ibarra, 2002), pero también está presente la insatisfacción que provoca una imaginocracia manufacturada por los medios, que hace de las decisiones políticas simulacros prefabricados en los que los ciudadanos funcionan como simples marionetas.

Nuevamente, amplios contingentes de estudiantes protagonizan una revuelta internacional para contener la irrupción de los mercados en la universidad, esto es, para impedir que la universidad se convierta en una más entre las unidades económicas con fines de lucro, destinada a operar como agente competidor en los "mercados del saber".² De esta batalla depende que la educación, la ciencia y la cultura se mantengan como bienes públicos a los que tenemos derecho todos, preservando la condición de la universidad como institución, plenamente, de la sociedad. No se trata sólo de defender a la universidad como institución nodal de la vida política, sino de mantenerla además como ese espacio que la sociedad se brinda a sí misma para que sus jóvenes ejerzan con plena libertad su derecho a la educación, y para que ella misma se beneficie directamente de los conocimientos y la cultura que son producidos y resguardados en sus recintos.

Esta nueva transformación de la universidad, para convertirla tan sólo en un "buen negocio", se ha ido instaurando silenciosamente en distintos países, al amparo de políticas basadas en el mercado que alientan la competencia por recursos escasos, para ir conformando diversos espacios de intercambio de los mal llamados "servicios educativos". Se trata de la historia reciente de los procesos de privatización de la universidad y de su subsecuente entrada al ámbito del comercio. Su punto de partida se encuentra en la reforma de la educación superior en Chile durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, experiencia que sirvió como modelo para impulsar procesos similares en otros países. El credo neoliberal se aplicó poco después en Estados Unidos y el Reino Unido, dando curso a la era Reagan-Thatcher. La fiebre de los mercados se fue extendiendo a lo largo de las últimas dos décadas hasta abarcar a la mayor parte de los países del llamado "mundo occidental", preconizado ahora mediante el publicitado proceso Bolonia, que se impulsa en la Unión Europea, y su versión Tuning para América Latina. En este contexto, los gobiernos comenzaron a adoptar esa visión que considera al conocimiento básicamente como un bien o recurso susceptible de apropiación privada y explotación comercial.

Uno de los argumentos preferidos para impulsar y legitimar estas reformas ha sido la limitación de recursos, pues al ser escasos, éstos deben dedicarse en primera instancia a la educación básica (Lerner, 2009). Tal como lo recomienda el Banco Mundial, la prioridad a la educación básica es planteada como un acto de justicia social, toda vez que el acceso universal a este nivel posibilita la pronta incorporación al trabajo y mayores niveles de bienestar (Banco Mundial, 1996: 68-71). Además, con esta medida se pretende terminar con un subsidio inadecuado a los otros niveles educativos, especialmente a la educación superior, toda vez que sus beneficiarios son los jóvenes de mejor condición socioeconómica; bajo esta lógica argumentativa, se plantea nuevamente como un acto de justicia social terminar con la gratuidad, pues las clases medias y altas pueden hacerse cargo de los costos de su educación, o al menos de una parte de ella, ya que posteriormente la capitalizarán al obtener mejores salarios (Banco Mundial, 2000: 37-38).

La crisis financiera por la que atraviesa el mundo desde 2008, ha permitido reforzar este tipo de argumentos que justifican las políticas de austeridad y el recorte en el gasto público, por lo que los gobiernos ceden sus responsabilidades sociales a los agentes económicos privados, que las retoman gustosos a sabiendas de que serán un gran negocio. Los fuertes recortes a los presupuestos universitarios y de investigación científica, al lado de una política de incremento de las colegiaturas, se han constituido como temas de la agenda y focos de tensión en infinidad de países. Así, la educación superior y el acceso al conocimiento, además de la salud y la seguridad social, han sido fuertemente restringidos, lo que contrasta con las medidas que gobiernos y organismos financieros internacionales impulsan para socializar las pérdidas provocadas por las actividades especulativas fallidas de corporaciones y bancos hoy en rescate.

 

ROSTROS DE LA PRIVATIZACIÓN

La privatización de la educación superior debe ser vista, por ello, como una de las claves que permiten comprender el proceso por el que transitan actualmente las universidades en muy diversos países del mundo.³ Los gobiernos han avanzado por esta ruta impulsando diversas estrategias, entre las que destaca la transferencia de los costos educativos a las familias mediante la aplicación de cuotas por inscripción, colegiaturas y pago de servicios. Como ya indicamos, se argumenta que la educación superior no debe ser financiada con los recursos que la sociedad aporta mediante el pago de sus impuestos, toda vez que este "gasto" es aprovechado por los grupos sociales de mayores ingresos y que son los que podrían pagar por ella. Sin embargo, desde estas posturas no se comprende que impulsar la educación superior y la ciencia produce sinergias que irradian al conjunto social, potenciando con ello sus capacidades compartidas, lo que desborda el estrecho ámbito de la actuación individual y el beneficio particular. Es precisamente esta condición la que le otorga al conocimiento, como bien público, su carácter estratégico para impulsar el desarrollo.

Desde las posiciones que defienden la privatización, tampoco se comprende que al no garantizar el acceso irrestricto a la educación superior, se conculca este derecho a los jóvenes que no puedan pagar por ella, a pesar de que cuentan con las condiciones académicas para cumplir apropiadamente con su formación profesional. La solución del problema pasa por reconocer que se trata de una inversión social de profundos efectos para el bienestar general de la población, lo que debiera traducirse en presupuestos crecientes a la educación superior y la ciencia. En su lugar, se ha optado por el otorgamiento —siempre insuficiente— de becas o de créditos educativos onerosos que han mostrado su ineficacia, y por la oferta de modalidades educativas distintas de la universitaria, entre ellas algunas opciones de formación tecnológica y de educación abierta y a distancia, cuya calidad ha sido puesta en cuestión.

La privatización ha encontrado otras rutas menos directas. Por ejemplo, se han impulsado políticas de contención del crecimiento de la oferta pública para inducir la expansión de la educación superior privada. Sin embargo, en este caso existe una limitación de orden estructural, ya que la expansión de la oferta privada no puede ir más allá del tamaño de su mercado, es decir, se tiene que ajustar a la amplitud o estrechez del segmento poblacional que cuenta con la capacidad de pago para optar por esta vía. Además, estas políticas han fomentado la proliferación de las llamadas "escuelas patito", que se constituyen en un verdadero fraude académico difícil de combatir, debido a la complacencia de gobiernos que consideran inapropiado intervenir y regular "mercados que deben funcionar con libertad y naturalidad".

Esta ampliación selectiva de la cobertura se constituye como un mecanismo para ampliar los mercados, en la medida en la que opta por incorporar al segmento de jóvenes con mayor poder adquisitivo presente y futuro. El crecimiento de la matrícula permite consolidar la educación superior como un espacio económico en el que concurren cada vez más "clientes" potenciales. Ellos representan la oportunidad para realizar una serie de transacciones económicas redituables, en las que participan no sólo las universidades, sino también las instituciones financieras dispuestas a otorgar créditos educativos, y una gama amplia de empresas que ven en el sector universitario un lucrativo mercado potencial para el consumo de una cartera muy amplia de productos y servicios.⁴

Por ello, una de las recientes tareas no declaradas de esta nueva universidad mercantil es la de habilitar a sus estudiantes como consumidores, es decir, de prepararlos para una vida gobernada por el círculo perpetuo que articula trabajo, consumo y crédito. Las universidades se convierten así en espacios de producción de consumidores; sus campus tienden a parecerse cada vez más a los grandes centros comerciales, pues brindan a sus "usuarios" la posibilidad de acceder a una cartera muy diversificada de servicios mientras estudian: librerías, bancos, cafeterías, restaurantes, papelerías, tiendas de ropa, distribuidoras de equipos de cómputo, agencias de viaje, y pronto, por qué no, bares, antros y centros de diversión.

Para completar esta vía de privatización, algunos gobiernos han realizado también transferencias de recursos públicos a las instituciones privadas mediante políticas de subsidio a la demanda o al abrir los programas gubernamentales de apoyo a la educación superior y la ciencia a estas instituciones.

La privatización alcanza su grado más pleno de realización cuando se logra inducir a las universidades públicas para que funcionen como si ellas fueran negocios, transformando la identidad de sus autoridades, académicos y estudiantes, para que se conciban a sí mismos como gerentes, emprendedores del conocimiento o clientes. Esta última forma de privatización, en la que se produce la conversión de la universidad en empresa, es la más sutil y probablemente la más efectiva, pues permite mantener la naturaleza jurídica de la universidad como "organismo público", a la vez de lograr que se comporte y opere realmente como corporación privada dedicada a la inversión en "capital humano" y a la producción (de cierto tipo) de conocimiento y de otros bienes intangibles de alto valor comercial.

Cuando las universidades y sus comunidades interiorizan esta lógica, es decir, cuando la asimilan de manera inconsciente trastocando sus identidades y modos de existencia —sus prácticas y sus valores— y cuando varía el significado profundo de la universidad en el imaginario social —pues deja de ser reconocida como institución pública para proyectarse como empresa—, se constituyen plenamente en agentes "libres" del mercado. Su comportamiento, es decir, la orientación de los proyectos de la universidad y del trabajo de los académicos, así como de la formación de los estudiantes, estará regido por el cálculo racional de cada cual en ambientes de intercambio y competencia.

Bajo esta nueva lógica, la universidad será tan sólo un espacio institucional de intercambio, en el que se contribuye con algo para recibir algo a cambio. Para los funcionarios, la universidad se convierte en un espacio de realización de una carrera política, cuyo éxito depende de su capacidad para orientar a la institución por los caminos que conducen a los mercados del saber. En el caso de los académicos, la universidad deviene en ese espacio laboral en el que es posible obtener altos salarios y otras remuneraciones, además de negociar los prestigios que proyecten su trayectoria en una carrera académica exitosa. Finalmente, para los estudiantes la universidad se transforma en la promesa de obtener un buen empleo a futuro y en la posibilidad de alcanzar un desempeño profesional económicamente venturoso. Frente a esta tendencia utilitaria basada en la economía de los incentivos, el entusiasmo por conocer con los otros, la posibilidad de cultivar un pensamiento crítico y la capacidad para hacer del campus universitario un espacio compartido de formación y de vida, se ven fuertemente amenazados.

La otra pieza necesaria para completar el proceso de incorporación de las universidades a los circuitos de producción e intercambio económicos, tiene que ver con la creación de ciertas "monedas de curso legal", que faciliten la competencia, el intercambio y la movilidad. Esta es la tarea que cumplen los procesos de evaluación, acreditación y certificación, pues determinan el valor de las instituciones y programas mediante indicadores de desempeño. Con ello se asegura la comparabilidad que requiere todo consumidor al momento de elegir entre productos equivalentes con empaques distintos; serán sus datos técnicos, la "ficha nutricional", los que orienten finalmente la elección de la clientela.

Por ejemplo, para que el intercambio y la movilidad internacional se puedan producir, ha sido necesario impulsar un proceso de homogenización de programas dotados de contenidos mínimos que compartan un modelo educativo similar —la educación por competencias de fuerte orientación vocacional—, un sistema de créditos común y un sistema de titulación comparable. Serán sus diferencias menores —el empaque, el color y una buena estrategia de mercadotecnia— y el lugar que ocupen en los rankings internacionales —su calidad abstracta basada en la presunta objetividad de los números— los criterios que persuadan al usuario al momento de inclinarse por alguna de sus opciones.

Al impulsarse cierto grado de estandarización y establecerse un sistema de equivalencias, se sientan las bases para desarrollar un mercado internacional de "servicios educativos", pues ello facilita la impartición de programas académicos compartidos y de doble titulación, la movilidad internacional, la realización de proyectos conjuntos de diversa índole, la formación de consorcios regionales y el establecimiento de alianzas estratégicas para ampliar las capacidades competitivas de sus miembros. Es fácil comprender en este contexto la importancia que adquiere el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) para regular la producción, transferencia y apropiación del conocimiento a nivel global (Barrow et al., 2003).⁵

 

ALGUNAS REACCIONES

Como se ha podido apreciar, estamos ante una disputa epocal de gran envergadura, pues en ella se juega el futuro de la universidad pública y se disputan la propiedad y el control del conocimiento. Entre otras consecuencias, este complejo proceso ha derivado en la degradación de la calidad de la enseñanza; la limitación de la libertad de cátedra e investigación; la marginación de proyectos de investigación de baja rentabilidad económica; una mayor presencia gubernamental, y de otras agencias reguladoras externas, en la conducción de la universidad, con lo que se anula en los hechos su autonomía; y el fortalecimiento de la burocracia universitaria que, a través de una conducción centralizada basada en la planeación estratégica y la rendición de cuentas, distribuye los recursos disponibles y se apropia del control de programas y proyectos. La precarización del trabajo académico es, en muchas instituciones y países, una realidad incuestionable debido a la fragmentación salarial y la modificación de las políticas de contratación, que han limitado crecientemente los contratos definitivos para favorecer la incorporación de profesores temporales y de tiempo parcial. Por el lado de los estudiantes, se puede constatar la creciente exclusión de jóvenes que desean ingresar a la universidad debido, entre otros factores, al incremento acelerado de las cuotas, al imparable aumento de la cartera vencida de los créditos educativos, o a la limitada oferta disponible.

Por ello no debe sorprendernos la nueva rebelión estudiantil y universitaria internacional en curso, ni sus agendas. En Chile, por ejemplo, después de tres décadas de privatización, miles de estudiantes han tomado las calles para mostrar el agotamiento de un modelo inequitativo y de baja calidad, y para defender a la universidad pública, reivindicándola como institución de todos los chilenos. Los estudiantes enfrentan el enorme reto de revertir un largo proceso privatizador para recuperar el carácter público de la educación superior, lo que implica exigir la restitución del financiamiento estatal a las universidades, además de cancelar los sistemas de financia-miento estudiantil y eliminar los aportes estatales a las instituciones privadas que lucran con la educación y el conocimiento (Vallejo, 2012: 124-127).

Por su parte, en Estados Unidos y el Reino Unido las protestas se relacionan con los recortes presupuestales a las universidades públicas, so pretexto de la crisis financiera que impone un régimen de austeridad, al lado de un incremento galopante de las colegiaturas en años recientes, del endeudamiento asociado a los créditos educativos y de un creciente desempleo de los egresados universitarios (Bailey y Freedman, 2011; Holmwood, 2011). Europa tampoco ha estado libre de protestas, más cuando se han conjuntado los efectos asociados a la recesión económica con las dudas y críticas que han derivado de la reestructuración de la educación superior bajo las líneas de proceso Bolonia, que sustenta la armonización de los sistemas de educación superior para promover un espacio común que facilite la movilidad estudiantil.⁶

En México se aprecia una dinámica similar. Desde finales de la década de 1980 se aplican en el país políticas orientadas por criterios de mercado, con lo que la educación superior ha experimentado una profunda transformación. Se cuenta ya con un complejo sistema de evaluación y acreditación que regula el cambio de las instituciones mediante el otorgamiento de financiamiento extraordinario, y con un sistema de diferenciación salarial basada en el desempeño que ha mostrado su efectividad al desestructurar el tejido social académico; se ha introducido también un Programa Nacional de Becas y se anunció recientemente el impulso de un sistema de crédito educativo inspirado en los modelos chileno y estadounidense (LAISUM, 2011b). A ello hay que añadir la limitada asignación presupuestal que año con año se otorga a universidades y centros de investigación, lo que se ha traducido en una insuficiente cobertura que ha dado lugar al surgimiento cíclico de movimientos de rechazados (LAISUM, 2012), y a reclamos cada vez más fuertes de los rectores y la ANUIES (ANUIES, 2012) y de la Academia Mexicana de Ciencias (Menchaca, 2011), pues la prioridad declarada a favor de la educación superior y la ciencia nunca se concreta en presupuestos suficientes, oportunos, estables y sostenidos.⁷

 

DECÁLOGO DE PROBLEMAS ESTRATÉGICOS

No cabe duda, pues, que es momento de considerar con todo detalle las consecuencias asociadas a los procesos de privatización y comercialización en curso y, a partir de ello, revisar la agenda de políticas que opera en nuestro país, a la vez de visualizar cursos alternativos de acción. En las condiciones que hemos comentado, la defensa del carácter público de la universidad y la capacidad para preservar el acceso a la educación, el conocimiento y la cultura como derecho de todos, se constituyen como un enorme desafío social que debemos encarar. Para hacerlo es necesario convocar a un amplio debate que nos permita dilucidar colectivamente el siguiente decálogo de problemas estratégicos:

1. ¿Cómo establecer un nuevo pacto social entre autoridades, académicos, estudiantes y trabajadores para que se constituyan como una sola fuerza en torno a la defensa de la universidad pública? ¿Acaso la mejor manera de defenderla de los embates del mercado no es demostrando el valor de sus contribuciones para el desarrollo, en claro contraste con la precariedad de las opciones privadas, preocupadas sólo por hacer del conocimiento una empresa lucrativa?

2. ¿Cómo ampliar la oferta educativa para resolver el problema cíclico de cientos de miles de jóvenes rechazados y para restituir las condiciones que posibiliten su incorporación al estudio y al trabajo? Si tomamos en cuenta que la expansión del sistema de instituciones privadas ha llegado al límite de sus posibilidades, ¿acaso no es momento ya de plantear la necesidad de un nuevo ciclo de crecimiento del sistema universitario público, sea a partir del establecimiento de nuevos campus en las instituciones existentes, sea mediante la fundación de nuevas casas de estudio?

3. ¿Cómo superar un sistema de acreditación que confunde la calidad con el logro de indicadores? ¿Cómo transitar de las modalidades vigentes de evaluación asociadas a la obtención de recursos extraordinarios a concurso, hacia modalidades de evaluación sustantiva que, sustentadas en el ejercicio de la autonomía, retroalimenten el desempeño para reforzar las buenas prácticas y corregir aquello que no funciona?

4. ¿Cómo garantizar un financiamiento público oportuno y suficiente a la educación superior, la ciencia y la cultura, que preserve el carácter público del conocimiento y posibilite su continuada apropiación social?

5. ¿Cómo transitar hacia un modelo de financiamiento estable que favorezca la planeación de largo plazo y proteja a la universidad, en su condición de sector estratégico para el desarrollo, de las crisis económicas y las contingencias políticas?

6. ¿Cómo favorecer el impulso de investigaciones de alto impacto que contribuyan a resolver los graves problemas que enfrenta la sociedad? Pensamos, por ejemplo, en el incremento de la productividad y competitividad de la industria nacional, en la reducción del desempleo y la migración, en el abatimiento de la pobreza y la marginalidad, en la atención de los graves problemas de salud pública, en la preservación del medio ambiente y la promoción de la sustentabilidad, en el combate de la corrupción, la violencia y la criminalidad, y en la consolidación de la vida democrática y el estado de derecho.

7. ¿Cómo lograr articular un modelo de carrera académica en el que priven condiciones de estabilidad laboral y remuneración adecuada como condición para favorecer la calidad de la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad?

8. ¿Cómo impulsar la incorporación de los académicos jóvenes a las universidades públicas para posibilitar la ampliación de la cobertura, y garantizar al mismo tiempo las condiciones para un retiro digno de quienes ya entregaron sus vidas a la universidad en beneficio de la sociedad?

9. ¿Cómo generar condiciones para reforzar la autonomía universitaria con la finalidad de consolidar estructuras de gobierno participativas que favorezcan la conducción colegiada de las instituciones? ¿Cómo reforzar la gobernabilidad institucional para resguardar la legalidad y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas?

10. ¿Cómo propiciar un modelo de relaciones laborales transparente y estable que permita que la revisión salarial y contractual se desarrolle en un marco institucional apropiado que no ponga en cuestión el carácter público de la universidad? ¿Cómo transitar hacia una relación bilateral basada en el respeto y la confianza, en la que prive una conducción conjunta del trabajo que abone al fortalecimiento institucional?

La defensa de la universidad pública pasa por la comprensión profunda de las circunstancias que enfrenta y por la discusión compartida de este decálogo, para contrastar posiciones y dialogar sobre los términos de un proyecto conjunto, que preserve aquello en lo que todos podríamos estar de acuerdo, esto es, en la condición del conocimiento como bien público y la necesidad de garantizar el derecho que tenemos todos a la educación, el conocimiento y la cultura.

 

REFERENCIAS

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NOTAS

¹ De la abundante literatura disponible, recomendamos los textos de Morin, Lefort y Castoriadis para interpretar el mayo francés en dos tiempos, 1968/1988 (Morin et al., 2009). En cuanto a la experiencia mexicana, el estudio de Zermeño (1998) es de lectura obligada.

² El movimiento estudiantil forma parte de un concierto más amplio de revueltas sociales que se ha producido a lo largo de las últimas dos décadas en distintos países del mundo. Su hoja de ruta incluye los movimientos antiglobalización expresados en las manifestaciones de Seattle en 1999 y en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2001 y sus sucesivas ediciones; se encuentran también los movimientos de la llamada primavera árabe, que sacudieron regímenes autoritarios, propiciando la caída reciente de los gobiernos de Túnez, Egipto y Libia; finalmente, la recesión económica mundial ha provocado nuevas movilizaciones sociales, destacadamente las huelgas y protestas en Grecia, el movimiento de los indignados M-15, Ocupa Wall Street y #YoSoy132. Bajo este complejo panorama apenas delineado, las revueltas estudiantiles deben ser consideradas sólo como otro conjunto de disputas que se libran, ahora en los ámbitos del saber, para enfrentar el predominio de los mercados como mecanismo básico de "distribución (despojo) social".

³ Tómese en cuenta que los procesos de privatización que enfrenta la universidad son tan sólo uno, entre otros episodios, de una historia más larga y lejana que muestra las disputas entre los intereses de los agentes económicos individuales (propietarios o corporaciones) y los derechos generales de la sociedad (Ibarra, 2006). De lo que estamos hablando es de la historia del surgimiento de la empresa privada moderna y de su expansión hasta ocupar prácticamente cada resquicio de la actividad humana; ella ha impuesto una racionalidad en la que toda relación humana es despojada de su contenido sustantivo, de su profunda razón de ser, para expresarse tan sólo como relación de intercambio y usufructo. En otros términos, se trata de un amplio proceso de privatización de los espacios de la vida social, para establecer en ellos, como predominantes, las actividades de intercambio económico entre particulares.

⁴ La presencia de bancos y empresas en los campus universitarios ha sido poco estudiada, pero existen indicios sobre su crecimiento y penetración. Un ejemplo paradigmático lo constituye Universia, consorcio de universidades patrocinado por el Grupo Financiero Santander para penetrar el mercado universitario bajo la bandera de un altruismo desinteresado, que ha sido bien recibido por funcionarios y rectores. Este caso ilustra claramente cómo funciones otrora exclusivas del Estado, como el financiamiento de proyectos académicos y de investigación, el otorgamiento de becas y la entrega de reconocimientos, son asumidas por la banca comercial, nueva ventanilla a la que comienzan a acudir los rectores para ampliar sus presupuestos limitados. Al respecto, véase Dávila, 2005; Lloyd, 2011 y el dossier de noticias compilado por el LAISUM, 2011a.

⁵ Al lado del GATS se encuentra el Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), otra pieza normativa en las disputas por el conocimiento, que tiene la intención de proteger la propiedad intelectual de bienes tangibles e intangibles en poder de las grandes corporaciones, con la intención de regular el acceso a Internet y de evitar que las personas intercambien libremente textos, imágenes, música y sonido. Las implicaciones de este tipo de acuerdos son profundas, no sólo por los efectos que provocan sobre la universidad, sino también por sus consecuencias en el funcionamiento de la economía y el ejercicio de la libertad y la democracia.

⁶ La experiencia española, en la que la crisis económica ha venido a agudizar el malestar universitario incubado por la reforma a la boloñesa, resulta ejemplar al develar todo lo que los juegos discursivos se esforzaron por encubrir en sus épocas de bonanza (Bermejo, 2009; 2011).

⁷ Las recientes movilizaciones estudiantiles que dieron lugar a la conformación de #YoSoy132 han alterado el escenario político nacional, lo que sin duda impactará el curso de los acontecimientos pudiendo influir en la agenda de políticas hacia la educación superior y la ciencia del gobierno entrante.