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Perfiles educativos

versão impressa ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.34 no.136 México Jan. 2012

 

Documentos

 

¿Créditos educativos en México? ¡No!1

 

Loans for Education in Mexico? No!

 

Presentación
Javier Mendoza, moderador de la mesa

El 2 de febrero de 2012 se llevó a cabo en las instalaciones del IISUE una mesa redonda organizada por el Seminario de Educación Superior (SES) de la UNAM sobre los créditos educativos en México; en ella se abordaron las implicaciones del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PRONAFIES), recientemente dado a conocer por el presidente de la república.

El crédito educativo es una de las modalidades de lo que se conoce como financiamiento a la demanda, es decir, el que se canaliza al estudiante ya sea vía créditos educativos o vía becas no reembolsables. Sin embargo, cabe señalar que la modalidad de financiamiento predominante en nuestro país es la de financiamiento a la oferta que, en el caso del financiamiento de carácter público (federal y estatal), es aquella que asigna recursos a las instituciones educativas.

El seminario se desarrolló en dos partes, cada una de ellas con una sesión de exposiciones a cargo de los miembros del Seminario, y otra de preguntas y respuestas. En la primera parte intervinieron Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, quien ya ha expresado ampliamente su opinión sobre las implicaciones de los créditos educativos en educación superior en sus columnas en Campus Milenio y en otros eventos; Herlinda Suárez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, especializada en el estudio, entre otros temas, de los jóvenes mexicanos; Alejandro Márquez, del IISUE, quien también ha realizado estudios particularmente sobre costos de la educación superior; y Marion Lloyd, excorresponsal de The Chronicle of Higher Education, y actualmente coordinadora de proyectos de la Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM. En la segunda parte intervinieron: Imanol Ordorika, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y actualmente director general de evaluación institucional de la UNAM; Manuel Gil Antón, investigador del Colegio de México, especialista en sociología de la educación y Humberto Muñoz, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinador del SES.

PRIMERA PARTE

Nuevas tendencias de privatización en la educación superior de México

Roberto Rodríguez Gómez

Me referiré al tema general de la privatización de la educación superior en México, porque es el marco dentro del cual se ubican los distintos puntos que se discutirán en esta mesa. La privatización en el ámbito educativo es distinta de la que ocurre en otros espacios o ambientes de la actividad pública: es diferente de la desincorporación, en la cual el Estado lo que hace es vender empresas paraestatales. Es distinta también de fórmulas de alianza entre público–privado, por ejemplo las que se están buscando ahora para PEMEX. Es decir, no es que se hayan vendido las universidades públicas, sino que se han incorporado procesos típicos de la gestión empresarial en ellas, los cuales constituyen, justamente, aspectos de la privatización. Estas acciones han abierto oportunidades al favorecer la inversión privada en el sector. Ejemplifico esta modalidad como "oportunidades para la expansión del sector privado", a la cual obedecería una política como la de los créditos que se acaban de anunciar. Es decir, se trata de un incentivo más, dentro de una larga serie, a través de los cuales el gobierno busca que el sector privado participe en el espacio universitario.

Dicho sea de paso, hay quienes piensan que la privatización de la educación superior está bien porque suponen que quien se beneficia con ella es el individuo, y que al final de cuentas, cuando trabaje y obtenga ingresos superiores a la media de ingresos en empleos legales, deberá pagar. Pero también hay quienes se oponen a la privatización porque suponen que con la educación superior se beneficia la sociedad en su conjunto y no sólo el individuo; otros piensan que con la educación superior, tanto el individuo como la sociedad salen ganando, y por ello no está mal que se incorpore una cierta dosis de privatización, es decir, que se puede mediar este aspecto. Cada una de estas posturas la sostiene, entre otros, los tres partidos grandes del país: con privatización, sin privatización, o una combinación de ambas.

Pero independientemente de la opinión personal que se tenga, como académicos estamos obligados a entender cómo transcurre este proceso privatizador. Esta nueva fase de la presencia de la inversión privada en el sector comienza con el sexenio de Salinas de Gortari, a través de estímulos directos desde la administración pública federal. Los primeros son del tipo desregulador, y su culminación es la expedición del Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), que fue pactado entre el gobierno y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Este registro era mucho más sencillo que el anterior, ya que los requisitos que se exigían los podía cumplir una amplia gama de universidades, grandes y pequeñas. Fue una llamada de campana para lo que después se llamaría el sector "patito" de la educación superior. Para las instituciones privadas fue un incentivo regularizar su oferta de educación superior. En ese momento también se instituyó un régimen progresivo de exención de impuestos que ha llegado al punto en el que las instituciones privadas prácticamente no pagan ningún impuesto: son de las pocas entidades exentas del pago de impuesto por depósitos en efectivo; y ya ni siquiera pagan el impuesto empresarial a tasa única (IETU) porque encontraron la manera de evadirlo declarándose como instituciones que pueden recibir donativos.

La nueva generación de incentivos que otorga el gobierno a la iniciativa privada en el sector está constituida, por supuesto, por los programas de crédito universitario, y probablemente también, por eso se pone en interrogación, por el programa de becas anunciado, por dos razones: en primer lugar, porque ésta no restringe la posibilidad para que los estudiantes se matriculen en instituciones privadas, como sí lo hace el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), y en segundo lugar porque a través de un recurso metodológico, llamémosle así, se abre la posibilidad a estudiantes de hogares con ingreso per capita superior a los cinco salarios mínimos, lo que quiere decir que pueden optar por estos créditos estudiantes cuyas familias tienen ingresos familiares de 20 o 30 mil pesos. Son dos incentivos nuevos; ya no son fiscales ni desreguladores, sino directamente de apoyo tangible desde el fisco.

Este tipo de política de apoyo al sector privado se debe al estancamiento del sector, ya que se puede decir que sus posibilidades de cobertura de nicho llegaron a su límite: desde hace diez años conserva una tercera parte de la matrícula total y no ha encontrado la manera de salir de esos límites. Y no sólo eso: de 2010 a la fecha está entrando en una tendencia decreciente de incorporación de nuevos estudiantes, es decir, está en crisis.

Una última observación. Esto parecería anunciar la consolidación de una nueva fase en la educación superior privada. Primero fue una alternativa ideológica a la universidad pública: las universidades religiosas, que comienzan a formarse en 1935; luego surgen las universidades privadas más de corte empresarial, las caras, las de prestigio; y después las instituciones privadas que buscaban acoger la demanda que las públicas no podían satisfacer, o aquella incapaz de pagar las elevadas cuotas de las privadas existentes (el sector patito). Y por último tenemos el gran capital del tipo trasnacional ya incorporado al sector privado, como en el caso de la Universidad del Valle de México o de la Universidad Latinoamericana, y ya más recientemente también el capital nacional: ya no es la familia que pone una universidad ni es tampoco el emprendedor individual que empieza en una institución "garaje" como la Universidad Insurgentes y se va expandiendo; es el gran capital. Un ejemplo de este fenómeno es el grupo Modelo, que pone una filial y se dedica a comprar universidades que en su momento fueron "patito"; éstas crecen y después se instalan como un consorcio universitario de "cierto nivel", es decir, de un nivel mediano. Otro ejemplo es lo que está haciendo Alfonso Romo, de los grandes ejecutivos de GRUMA, comprando instituciones de nivel medio no solamente en la lógica de los negocios, sino en la de articulación entre negocios: la UNITEC (Universidad Tecnológica de México), vendió sus edificios a IDEAL —que era una empresa de Carlos Slim, ya incorporada a su vez a otros negocios de este empresario— y después vendieron la universidad para que formase parte del consorcio Universidad del Valle de México. O la venta de instituciones que fueron primero del grupo Ortega, antes propietarios de la Universidad del Valle de México, todavía accionistas de la misma, aunque ya minoritarios, a este consorcio en formación que forma parte del grupo Modelo. El fenómeno ha ido cambiando de escala: es el gran capital el que está entrando en escena.

Producción social de los estudiantes universitarios bajo la identidad de deudores

Ma. Herlinda Suárez

En el actual escenario de hegemonía de las racionalidades económicas, y frente al extendido modelo político neoliberal, la educación superior se ha mercantilizado y los estudiantes han pasado a ser concebidos como consumidores; es decir, como compradores de productos y servicios educativos. Esto, entre otras cosas, ha significado decirle adiós a la educación gratuita y dej ar de concebirla como un derecho social.

Con todo y que en el imaginario colectivo de los mexicanos se encuentra grabada la idea de que la educación pública es gratuita, lo cierto es que en la mayoría de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, se pagan cuotas por inscripción y/o colegiaturas. De hecho, los resultados de la Encuesta Nacional de Alumnos de Educación Superior (ENAES, ciclo 2008–2009) así lo demuestran, al dar cuenta de que la gran mayoría de los estudiantes de licenciatura tienen que pagar por estudiar.

Por supuesto que los montos que los estudiantes pagan por concepto de inscripción y colegiatura en las instituciones privadas son significativamente mayores que los de las públicas. La pregunta es ¿por qué los estudiantes querrían estudiar en instituciones caras cuando podrían hacerlo de manera casi gratuita? La primera respuesta a esta pregunta se relaciona con la insuficiencia de cupo en las universidades públicas de prestigio. Sin embargo, es frecuente que muchos jóvenes mexicanos y sus familias tengan la idea de que estudiar en instituciones privadas es una buena inversión, ya que el futuro de quienes obtienen títulos de estas instituciones es más promisorio, sobre todo en términos de mercado de trabajo. Esta idea ha sido promovida por los grupos en el poder, cuando menos desde hace tres lustros, y constituye la base para lograr los objetivos de la mercantilización y la privatización de la educación superior. El cultivo de esta percepción es condición necesaria para que la población tenga disposición a gestionar y obtener créditos educativos. De otra manera, ¿quién querría endeudarse?

El programa de créditos educativos del presidente Calderón resulta funcional a la racionalidad económica del neoliberalismo y a la consolidación de la hegemonía del capital financiero. Los préstamos bancarios para estudiar una carrera universitaria sirven al nuevo capitalismo para producir los tipos humanos que requiere este sistema económico para funcionar. En el nuevo sistema, la relación social básica está representada por dos actores: el acreedor, por un lado, y el deudor, por el otro. La figura de deudor personifica al agente económico en el cual recaen todas las obligaciones, y su contraparte, es decir, el acreedor, es quien posee todos los derechos. Estas figuras y su lógica de relación, aplicadas a la educación superior, implican que los estudiantes que reciben créditos se convierten en deudores, y quienes los financian, en sus acreedores.

Veamos ahora cómo funciona el endeudamiento, de acuerdo con los créditos que pretende ofrecer el programa de Calderón: el programa ofrece créditos de un máximo de 215 mil pesos, pagaderos a 15 años con un interés del 10 por ciento anual. Brinda un semestre de tolerancia para empezar a pagar el monto principal una vez que se hayan concluido los estudios.

Si consideramos que la duración promedio de una licenciatura en México es de 4.5 años, resulta que el crédito máximo ofrecido por el programa no alcanza para pagar los 60 mil pesos al año, que es una cantidad menor a lo que cuesta la educación de este nivel en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el ITAM o la Universidad Iberoamericana. Así que si los jóvenes quieren matricularse en estas instituciones, o similares, tendrán que poner de su bolsillo o sacar otro crédito, convirtiéndose en doblemente deudores porque el monto requerido para poder estudiar en este tipo de institución educativa tendría que ser, cuando menos, de 270 mil pesos.

Supongamos que un estudiante recibe el crédito por 215 mil pesos al comenzar su carrera. De acuerdo con las condiciones estipuladas en el PRONAFIES, el estudiante endeudado está obligado a pagar lo por ciento anual de interés, por un periodo de quince años. Mientras dure su carrera, es decir, durante cuatro años y medio más o menos, más un periodo de gracia de un semestre (cinco años), el estudiante pagará mensualmente una cantidad de alrededor de i mil 800 pesos. Al término de este tiempo, y durante los años más, pagará montos cercanos a los 3 mil 500 pesos por mes.

En México, los y las jóvenes ingresan a la educación superior a la edad de 18 años. Así que, quienes obtengan una beca para estudiar su licenciatura serán construidos bajo la identidad de deudor desde los 18 hasta los 33 años. La probabilidad de que ellos y ellas enfrenten dificultades para pagar los créditos que adquirieron para poder tener un título de licenciatura de una universidad "de paga" es muy alta: según datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del primer trimestre de 2011, el salario promedio de un profesionista de entre 25 y 35 años es de más o menos 6 mil pesos. Con estos salarios, ¿cómo podrían los jóvenes profesionistas pagar una deuda educativa que demanda una mensualidad que es mayor a la mitad del total del salario que reciben? Y para las estudiantes mujeres que adquieran el crédito, pagar será todavía más difícil pues, como se sabe, los salarios de las profesionistas es más bajo que el que reciben sus congéneres hombres y, además, entre los 25 y los 35 años es cuando muchas de ellas tienen y crían a sus hijos. Encontramos entonces que para los jóvenes que se endeuden será difícil no sólo pagar sino formar una familia o estudiar un posgrado.

Preocupa mucho que la probabilidad de que los jóvenes puedan pagar sus deudas educativas, en los tiempos y formas establecidos, sea poca. La preocupación deviene del hecho de que la Ley dicta que no pagar las deudas es un delito, y que quien lo comete se convierte automáticamente en delincuente. ¿Será que el gobierno de Calderón, consciente o inconscientemente, quiere que entre los jóvenes mexicanos aumente la delincuencia? Al fin y al cabo la razón de ser de su gobierno ha estado basada en el combate de la delincuencia, y se ha afanado en relacionar a la juventud mexicana con la violencia.

El costo de estudiar en México

Alejandro Márquez

De acuerdo con el anuncio oficial del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PRONAFIES) hecho el 9 de enero de 2012 por el titular del ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, dicho Programa estaría orientado a ofrecer créditos a los estudiantes para cursar estudios de licenciatura y posgrado por montos de 215 mil y 280 mil pesos, respectivamente, los cuales se tendrían que pagar en un plazo de 15 años a una tasa de interés fija de 10 por ciento. El hecho de que en este programa se incluyera solamente a una veintena de instituciones de educación superior privadas generó una rápida reacción entre autoridades y académicos de las universidades públicas, pues la medida, que implica un apoyo por 2.5 miles de millones de pesos para la educación superior privada, se suma a otras acciones mediante las cuales el gobierno federal ha venido favoreciendo el desarrollo de las instituciones de sostenimiento privado. Baste recordar el programa de becas para los hijos de los militares2 puesto en marcha en 2009, y la deducibilidad del impuesto sobre las colegiaturas en instituciones privadas anunciada en febrero de 2011,3 a los que ahora se añade el PRONAFIES.

En la presentación del Programa, el ejecutivo federal exaltó su pertinencia en función de algunos de los supuestos que han sido utilizados comúnmente en otros países para su implementación, tales como: a) que los recursos así empleados servirán para ampliar el acceso de los sectores de bajos recursos a instituciones de calidad; y b) que al concluir sus estudios profesionales, los beneficiarios podrán cubrir sin problemas los pagos de su deuda. Sin embargo, no se tomaron en cuenta las evidencias que apuntan en el sentido de que usualmente estos supuestos no se han cumplido en aquellos países que han optado por instrumentar dichos mecanismos de financiamiento para la educación superior, puesto que, en general, los usuarios de los créditos educativos no son los jóvenes de bajos recursos, sino los provenientes de los sectores de mediano y alto ingreso; y además, que debido a los problemas que actualmente afrontan los mercados de trabajo, los jóvenes profesionistas tienen cada vez más dificultades para cubrir los pagos de su deuda.

Tomando en consideración lo anterior, este documento tiene el propósito de mostrar que para cumplir con el propósito de resolver los problemas de financiamiento a la educación superior en México, y lograr una mayor equidad en las oportunidades de acceso, se requiere de soluciones más amplias e integrales que consideren ciertos aspectos ligados al costo que deben afrontar las familias para brindar educación a sus hijos.

En primer lugar, se debe considerar la gran desigualdad que existe en la distribución del ingreso, la cual está estrechamente asociada a las posibilidades que tienen los hogares mexicanos para destinar recursos a la educación de sus hijos (en artículos y servicios educativos). Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 (ENIGH 2010), 10 por ciento de los hogares más pobres (decil X) apenas capta 1.6 por ciento del ingreso total nacional y su participación en el gasto educativo total (en artículos y servicios educativos) es similar. Por su parte, 10 por ciento de la población que capta los mayores ingresos (decil x) obtiene 34.6 por ciento del ingreso total del país y su participación en el gasto educativo total corresponde a 38.3 por ciento (Gráfica 1).

De lo anterior se desprende que la participación en el gasto educativo, antes de constituir un acto de voluntad por parte de los hogares mexicanos, es reflejo de un problema estructural causado por la desigual distribución del ingreso. Mientras dicha situación no cambie, los hogares más pobres mantendrán una alta dependencia de la oferta de educación pública y de los programas asistencialistas que les brindan diferentes tipos de apoyos para asegurar el acceso y permanencia de sus hijos en el sistema escolar.

Un segundo aspecto a considerar es que el costo de la educación privada tiene una dimensión relativa, dependiente de la magnitud de los recursos con que cuenta cada hogar. Lo anterior es un aspecto bastante conocido en economía a partir de la Ley de Engel,4 la cual sostiene que la proporción del ingreso que se gasta en alimentos disminuye conforme aumenta dicho ingreso; es decir, cuanto más pobre es un hogar, mayor es el porcentaje que debe destinar para su alimentación, lo cual deja poco margen para cubrir otro tipo de necesidades, incluidas aquellas que pueden considerarse básicas. En el caso de México, existe una amplia variación en el porcentaje de los recursos que los hogares destinan a su alimentación: en el 10 por ciento de los hogares con más bajo ingreso (decil X) este porcentaje asciende a 64 por ciento de sus ingresos totales, y desciende paulatinamente de modo que en el 10 por ciento de los hogares de mayor ingreso (decil X) dicho porcentaje representa apenas 12.6 por ciento de los ingresos totales. En contraste, el porcentaje que destinan los hogares al gasto en artículos y servicios educativos fluctúa entre 5 y 7 por ciento, lo cual indica que independientemente de sus recursos, los hogares mexicanos realizan un esfuerzo similar en relación con sus ingresos totales, si bien el esfuerzo de los que menos recursos tienen es mucho mayor, pues supone que el monto que destinan a la educación compite con otros aspectos básicos, como son el cuidado de la salud, la vivienda o el vestido (Gráfica 2).

No obstante lo anterior, resulta claro que en términos reales existe una amplia brecha en los gastos que destina la población a la educación de sus hijos. En la Gráfica 3 se pueden observar diversos aspectos: en primer lugar, que la participación de los hogares en el gasto educativo también depende de la magnitud de los recursos con que cuentan, de modo que mientras en el decil X (correspondiente al 10 por ciento de los hogares que obtienen los recursos más bajos) solamente participa 24 por ciento de los hogares en dicho gasto, éste aumenta progresivamente hasta el decil X (los de mayores recursos), cuyo porcentaje corresponde a 57 por ciento. En segundo lugar, se aprecia la enorme brecha que en términos reales separa la magnitud de los gastos que los hogares destinan a la educación: mientras que en promedio 24 por ciento de los hogares más pobres destina 1 mil 460 pesos al trimestre al gasto en educación, 57 por ciento de los hogares con mayores ingresos destina en promedio 14 mil 680 pesos al trimestre. Considerando al total de hogares en cada decil (2.9 millones), el promedio descendería a 350 pesos y 8 mil 400 pesos trimestrales, respectivamente (Gráfica 3).

La magnitud de los recursos que los hogares destinan a la educación superior refleja la capacidad real que tendrían para participar en la educación de carácter privado, puesto que los costos de la misma ocasiona que los hogares más pobres dependan casi exclusivamente de los servicios educativos que ofrece el Estado para brindarles educación a sus hijos. Lo anterior puede constatarse empíricamente, ya que los datos de la ENIGH 2010 permiten conocer los patrones de acceso a las instituciones educativas del sector público y privado, según el decil de ingreso de los hogares. Como se puede apreciar en las Gráficas 4 a 7, independientemente del nivel educativo y de que va disminuyendo la participación de los niños y jóvenes de los hogares de menores recursos en el sistema escolar, según avanzan los niveles educativos, la población que tiene mayor participación en la educación privada corresponde a los deciles IX y X, es decir, al 20 por ciento de la población de mayores recursos. En contraste, los deciles de menores ingresos dependen casi exclusivamente de la oferta pública para acceder a la educación (Gráficas 4,5,6 y 7).

Por lo anterior, resulta claro que expandir y mejorar la oferta de educación pública resulta fundamental para ampliar las oportunidades educativas de la población de más bajos ingresos. En contraste, cualquier medida de apoyo a la educación privada, como el recientemente creado PRONAFIES, tenderá a beneficiar a la población de mayores ingresos y, con ello, a la expansión de este tipo de instituciones y la rentabilidad económica de los dueños de esos establecimientos.

En perspectiva, puede afirmarse que la inequitativa distribución de las oportunidades educativas en México es un asunto mucho más complejo de lo que usualmente se reconoce, pues su origen se encuentra en un problema estructural mucho mayor: la inequitativa distribución del ingreso. Lo anterior permite afirmar que mientras esta situación no cambie, los hogares más pobres mantendrán una alta dependencia de la oferta educativa que les brinda el Estado, así como de los programas compensatorios y asistencialistas que se han venido instrumentando en los últimos años, a fin de brindar educación a sus hijos. Esto, desde luego, resulta totalmente insuficiente para cambiar la situación; y más aún si tomamos en cuenta que la oferta educativa de los sectores más vulnerables usualmente se caracteriza por presentar mayores carencias en términos de infraestructura física y de los recursos humanos que los atienden.

Protestas estudiantiles contra la educación neoliberal

Marion Lloyd

En mi calidad de periodista abordaré la cuestión de las protestas que se han llevado a cabo en diversos países. Cuando el presidente Calderón anunció el nuevo programa de créditos a estudiantes (PRONAFIES) citó varios países como ejemplo de experiencias exitosas (Estados Unidos, Chile y Colombia, entre otros). Expuso las razones de forma — con lo cual, desde mi punto de vista, mostró su ignorancia de lo que está pasando en el mundo—, argumentando que dicho programa democratiza y acelera la ampliación de la cobertura. Yo creo que en lo que respecta al segundo punto tiene algo de razón, pues en estos países se ha incrementado mucho la matrícula en las últimas décadas, pero en la cuestión de la democracia, como se vio en la presentación de Alejandro Márquez, está muy lejos de ser verdad.

Comencemos con el caso de Estados Unidos, donde se ha desarrollado este modelo de manera más amplia: 66 por ciento de los estudiantes que se gradúan cada año lo hacen mediante préstamos, y este año llegaron a la cifra record de i millón de millones de dólares. Cada estudiante debe un promedio de 25 mil dólares, que no sería tanto problema si al salir de la universidad ganaran 80 mil dólares anuales, pero a raíz de la crisis de 2009, no solamente no ganan eso, sino que el promedio de los sueldos ha bajado de 30 a 27 mil dólares anuales. También han disminuido sus posibilidades de conseguir trabajo: en 2010, sólo 56 por ciento lo logró, comparado con el 90 por ciento de 2007. No es sorprendente entonces que haya mucha preocupación en Estados Unidos con este tema. Por su parte el número de morosos, es decir, aquellos que no pagaron su deuda en nueve meses, subió de 6.7 por ciento en 2007 a 8.8 por ciento en 2009, y eso solamente en lo que corresponde a los préstamos subsidiados por el gobierno federal, pues también hay un creciente porcentaje de deudores con los bancos, cifra que se estima podría rebasar los créditos del gobierno: la tasa de morosidad en los bancos se estima de 20 a 25 por ciento.

En términos de cobertura, en Estados Unidos se ha incrementado de 56 por ciento en 1981 a 89 por ciento en la actualidad, es decir que los préstamos sí están llegando a casi la mayoría de los estudiantes, pero hay muchas preocupaciones en términos de equidad: en ese país los ingresos muchas veces están relacionados con el origen étnico, y esto se ve muy claramente en el hecho de que 27 por ciento de los estudiantes afroamericanos tienen deudas de más de 30 mil 500 dólares, contra sólo 16 por ciento de los estudiantes blancos. Los latinos deben menos pero tienden a percibir la mitad del sueldo que los blancos cuando salen de la universidad, por lo cual se les hace mucho más difícil pagar.

Otro tema muy importante es el de las universidades con fines de lucro, que curiosamente son, en general, las de menor calidad y las que tienen mayores deudas y el mayor porcentaje de estudiantes que no logran terminar sus estudios. Además, son las que concentran el mayor porcentaje de estudiantes de las llamadas "minorías", aunque los afroamericanos y los hispanos ya no son tan minoritarios, pues representan 46 por ciento de la población de las universidades con fines de lucro, contra 28 por ciento del sistema universitario en su conjunto.

¿Qué ha cambiado?, ¿por qué hay tantos problemas? En parte es debido a la crisis económica, pero más que eso es el hecho de que el gobierno federal invierte cada vez menos en becas y deja una mayor carga a los estudiantes a través de los créditos. Por ejemplo, en 1965, cuando se implementaron las primeras becas del sistema pell, éstas cubrían tres cuartas partes de la colegiatura, pero actualmente cubren sólo una tercera parte. El gobierno del presidente Obama ha tratado de hacer algo por mejorar la situación, fijando una cantidad máxima de pago de lo por ciento de los ingresos al término de los estudios en lugar de un porcentaje fijo, independientemente de si tienen trabajo o no. El mismo presidente Obama dijo que le había tomado años pagar sus propias deudas. Pero no todos somos Obama. Él tuvo suerte.

Esta situación en Estados Unidos ha tenido un fuerte impacto que se expresa en las protestas que se mezclan con las de Occupy Wall Street, cuyo tema principal ha sido el de la deuda.

Otra iniciativa muy interesante de este movimiento es reunir un millón de firmas de estudiantes dispuestos a no pagar su deuda. Hasta ahora se han sumado ya tres mil.

En el caso de Gran Bretaña, si bien el número de deudores es menor, a partir del próximo verano el costo de las colegiaturas se triplicará, siendo que hasta hace relativamente poco, en 1998, la universidad era gratuita y además otorgaba becas de manutención. Los estudiantes tendrán que pagar ahora 9 mil libras por año (alrededor de 14 mil dólares) sin contar la manutención, que en el Reino Unido es extremadamente cara.

Las cifras muestran que actualmente en Inglaterra un estudiante sale de la universidad con una deuda de 40 mil dólares, que con el incremento pasará a ser de 92 mil dólares, es decir, mayor que en Estados Unidos. Desde que se hizo el anuncio del incremento las solicitudes bajaron 15 por ciento; la gente está asustada. En el Reino Unido no se habla tanto de préstamos, pero se entiende que forman parte de la estrategia.

En el caso de Chile, este mismo proceso se dio a raíz de las reformas de Pinochet a la constitución de 1980, que pusieron en marcha la privatización de todo el sistema educativo. Finalmente hubo algunos beneficios, como el incremento de la matrícula de 200 mil en 1990 a 1 millón en nuestros días. El presidente mexicano gusta de citar la experiencia chilena como un modelo a seguir, básicamente por el incremento de la matrícula, pero no toma en cuenta el gravísimo problema de deuda que pesa sobre las familias en ese país. Aunque no queda claro cuántos deudores son, dado que las cifras que se dan a conocer corresponden a un solo programa del gobierno, las cifras son elocuentes: 200 mil estudiantes deben mil millones, y lio mil son morosos. Los sueldos en Chile no son los de Estados Unidos ni los del Reino Unido, por lo cual el problema es mucho más grave. Las protestas estudiantiles tienen prácticamente paralizado al país desde mayo pasado. La intensidad ha bajado ya, pero no se han hecho grandes cambios, por lo que queda por ver qué va a pasar.

Otro efecto que no hay que dejar de mencionar es la fuga de estudiantes chilenos a Argentina: 40 por ciento de los estudiantes extranjeros matriculados actualmente en la educación superior en Argentina son chilenos. Los chilenos siguieron el modelo estadounidense y al final de cuentas el porcentaje que recaudan por concepto de colegiaturas en las universidades públicas es mayor que en Estados Unidos: 21 por ciento en la Universidad de Chile contra 12 por ciento en la Universidad de California. Otro dato de este curioso sistema que tienen en Chile es que el gobierno subsidia a las universidades privadas, de manera que finalmente las cuotas de estas instituciones son casi las mismas que las de las públicas.

La cuestión en Colombia es un poco diferente pero de alguna manera es la que más rápidamente está cambiando. Desde abril de 2011 ha habido protestas porque el gobierno quiere privatizar aún más un sistema que desde la Ley 30 de 1992 ya estaba bastante privatizado. Este país tiene el primer sistema de préstamos en todo el mundo, aunque todavía no es tan grande: cubre apenas 15 por ciento de los estudiantes, pero los que contratan préstamos tienen muchas dificultades para pagarlos.

Según datos aportados por el presidente de la Federación de Profesores Universitarios de Colombia, desde 1992 la matrícula de las universidades privadas ha crecido tanto, en detrimento de las públicas, que 50 por ciento de la misma está ya en el sector privado, y el gobierno pugna por incrementar ese porcentaje favoreciendo a la iniciativa privada, y sobre todo a las universidades con fines de lucro. Estados Unidos es una muestra clara de los graves problemas que están teniendo estas universidades, como los fraudes, pues muchas de estas instituciones manejan el lema: "estudia en esta universidad, donde 80 por ciento de sus egresados consigue empleo en dos años", cosa que no es cierta y por esta razón han debido pagar millones de dólares en multas.

Colombia, además, es el segundo país latinoamericano con menos gasto público en educación superior como porcentaje del pib, después de Chile. Y dicen los colombianos que si siguen las cosas como van, va a ser el primero.

Primera sesión de preguntas

1. En el marco de la profunda y compleja reconversión a la que se ha aludido, ¿qué aspectos tendría que encarar la educación pública para poder crear una base, si no para impedir, porque estamos hablando de grupos muy poderosos económicamente hablando, sí al menos para inscribir ciertas racionalidades que contrarresten estas tendencias?

2. ¿Qué tanto la implementación del programa es un experimento, y qué tanto sería viable extenderlo al terreno público o promoverlo en este espacio del gran capital?

3. Tomando en cuenta que el dinero que se destina a los créditos educativos es considerable, ¿qué se podría hacer con ese dinero en la educación pública?

4. Quisiera solicitar que se expandieran un poco más en el tema de la identidad de los jóvenes (agradecidos/deudores). Podría correrse el riesgo de estigmatizar a los jóvenes.

 

Respuestas

Roberto Rodríguez Gómez

Yo creo que la iniciativa de los créditos universitarios en México es un asunto que tiene muchos ángulos y debe tomar en cuenta al menos dos aspectos: primero, que no es original, y que viene después de la quiebra de un modelo prácticamente igual a éste. A finales de los noventa se estableció una sociedad para el fomento de la educación superior que era la que daba créditos a los estudiantes en las escuelas privadas gracias a préstamos del Banco Mundial y una aportación de Banobras para su fondeo, a través de un consorcio de 23 universidades: la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES). La SOFES funcionó muy bien porque no necesitaban fijar el interés, ya que la reposición era en unidades de inversión (UDIS) más 2 por ciento; se tuvieron finanzas sanas mientras fluyó el dinero del Banco Mundial, que daba cobertura a la cartera vencida, es decir, a lo que los estudiantes dejaban de pagar. Pero cuando cesó el préstamo del Banco Mundial (lo pagaron, por supuesto), cesó la cobertura a la cartera vencida y ésta se disparó, llegando a un nivel de 47 por ciento al cierre de la SOFES en 2010. En términos financieros, una cartera vencida de más de 40 por ciento es gigantesca; tómese para comparar el caso de la cartera inmobiliaria, que anda en el orden de 15 por ciento más o menos.

El modelo fracasó y ahora renace pero sin préstamo del Banco Mundial, y en lugar del soporte de Banobras, con el de Nacional Financiera; y en vez de ser las instituciones las que se harán cargo de la gestión y cobranza, serán los bancos. No sólo no es mejor, sino que es peor. ¿Cuál es la viabilidad de este esquema? Ninguna.

La segunda razón tiene que ver con la macroeconomía mexicana: la OCDE y otros organismos multilaterales recomendaron desde hace tiempo que México diversificara sus instrumentos financieros y profundizara la bancarización, es decir, la intermediación de la banca y las compañías de seguros en todas las transacciones. Y por "todas" debemos entender tanto las públicas como las privadas. Un esquema de este tipo estaría respondiendo a esa lógica de recomendaciones de cómo debe manejar México sus finanzas y con ello mejorar sus puntajes en las calificadoras de las finanzas de los países, así como sus puntajes de riesgo–país, lo que repercutirá a su vez en los plazos e intereses que paga el país por deuda pública.

La principal razón del PRONAFIES parecería ser un rescate, un micro fobaproa para las universidades privadas, que han tenido pérdidas netas después del fracaso de la SOFES, porque las más caras no están captando nuevos estudiantes y han tenido que aumentar las colegiaturas porque están en eso que los economistas llaman la "enfermedad de los gastos crecientes". Pero este rescate es muy costoso: 2 mil 500 millones de pesos.

¿Para qué serviría esa cantidad si no se invirtiera allí? Para actualizar lo que se da en las becas PRONABES, o para ponerle un segundo piso a este programa.

Herlinda Suárez

Cuando hablo de identidades hablo un poco de las metáforas que se utilizan para situar las diferentes representaciones que ofrece el capitalismo a los jóvenes. Hay que tomar en cuenta que el becario, y también el deudor, se diferencian de quienes sí tienen libertad de moverse como sea porque no le tienen que dar cuentas a nadie. Ser becario es estar dentro de la necesidad de que alguien te ayude; se traduce como "tú no puedes solo". Ese es el mensaje. Y en cuanto al agradecimiento, éste significa despolitización, después de todo.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que a partir de la dádiva se hipoteca el futuro, pues cuando tú sales tienes que pagar. De alguna manera lo que se está haciendo es hipotecar el futuro de los jóvenes. La cuestión es muy profunda, hay un cambio de época y una postura justamente en contra de la juventud. Me parece bastante grave lo que está pasando. Alguien preguntó hace rato: ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que están haciendo los jóvenes es maravilloso: no sentarse en la identidad de deudor y seguir con esta identidad histórica de quien se mueve y exige cosas sobre su futuro.

Alejandro Márquez

El problema de empleo que se señaló no es privativo de México, sino que sucede en muchas partes: hay un desajuste estructural en los sistemas educativo y productivo que está generando un efecto de precarización sobre los salarios en todos los niveles, aunque como en el Titanic, los de abajo se ahogan primero.

La gran desigualdad que existe en el acceso educativo, más que nada por estas estructuras inequitativas, termina por reflejarse siempre en la población que llega a la educación superior, que mayoritariamente está compuesta por población que no es pobre. Aunado a esto, la ampliación de la oferta educativa se sigue viendo como la única opción para ampliar las oportunidades de acceso para las poblaciones de más bajo ingreso; sin embargo, la asociación estructural que existe entre la pobreza y las posibilidades de acceder a trabajo decente se da en términos de las relaciones sociales que se mantienen de acuerdo a la posición social a la que se pertenece: entre más alta, las posibilidades de empleo tienden a ser mejores; aun cuando vayan a escuelas privadas es difícil imaginar que haya una semejanza de ingresos entre los egresados del Tecnológico de Monterrey con respecto a cualquier otra privada de las que se ven anunciadas. Es muy difícil que los jóvenes que aspiran a estudiar en universidades de este segundo grupo, y que es hacia quienes se dirige la ampliación de posibilidades de crédito, puedan afrontar pagos altos. Es justamente debido a este desajuste estructural —que se refleja de manera cada vez más clara en la precarización de las condiciones laborales— que hay indignados casi en todos lados.

Marion Lloyd

Me parece muy importante que no solamente los estudiantes de universidades públicas, sino también de las privadas, hagan algo, que es lo que ha sucedido en Chile, en Colombia, en muchos otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la universidad en donde mayor deuda hay es la Universidad de Nueva York, y esto se interpreta como una falta de responsabilidad de los propios estudiantes: "si por estudiar en una buena universidad se endeudaron, pues ellos tomaron esa decisión". Pero finalmente, un estudiante de 17 ó 18 años, ¿realmente imagina a lo que se está enfrentado? No lo creo. Ellos sólo ven enormes letreros de las universidades que les prometen un "futuro maravilloso", y luego pasan 30 años sin poder hacer nada más que pagar cada mes mil o mil 500 dólares a la universidad. Otra posibilidad es que estudien en una universidad barata, pero en este caso la opción se reduce a "te endeudas para estudiar en tu universidad barata y tus posibilidades de conseguir trabajo al terminar para pagar tus deudas serán aún menores". No se reconoce que estamos ante una especie de fraude masivo.

Desde mi punto de vista el primer movimiento de indignados en México es el de los aspirantes a ingresar a la UAM y la UNAM que se manifiestan afuera de la Secretaría de Educación Pública, a veces con buenos resultados.

Para finalizar no quisiera dejar de mencionar que en Estados Unidos, si contratas un préstamo estudiantil, no hay forma de zafarte de él. Puedes renegociar tu hipoteca y cualquier otro tipo de préstamo, pero no el de la universidad. La lógica es que quien le debe a la universidad es alguien que tuvo la fortuna, o el privilegio, de estudiar una carrera. No se considera que sea una ganancia para la sociedad.

Javier Mendoza

Quiero referirme a la pregunta acerca de qué se podría hacer con el dinero que se destinará al PRONAFIES si se invirtiera en el sistema público. Cuando se anunció la exención de las colegiaturas hasta media superior esto significaba como 13 mil millones de pesos. El Dr. Narro lo anunció en ese momento y dijo: "Justamente alrededor de esa cantidad es lo que estamos pidiendo las universidades públicas para poder hacer que se concrete en el Congreso la propuesta de presupuestos plurianuales que hagan crecientemente, y de manera sostenida, un financiamiento seguro, que dé certeza a las universidades públicas".

 

SEGUNDA PARTE

¿Cómo se comparan académicamente las universidades públicas con las privadas?

Imanol Ordorika

Ya se ha mencionado que estamos frente a una decisión de carácter político, de parte del gobierno federal, de ir en una dirección específica en el terreno de la educación superior: la expansión, crecimiento y consolidación del sector privado de educación superior en el país, traducidos en el crecimiento en el número de instituciones, una mayor participación en la matrícula estudiantil de nivel superior y una mayor participación en los recursos financieros que se destinan a la educación superior en México.

Uno tendría que preguntarse, más allá de los referentes ideológicos previos del PAN, ¿cuál es la justeza o no del argumento privatizador que está detrás de esta iniciativa?, ¿qué es lo que está en juego? Es cierto que desde casi finales de los años setenta se instaló, a nivel mundial, una visión de la sociedad —y de las relaciones entre los seres humanos–cada vez más economizada, en la cual se fue generando una perspectiva de lo público bastante deteriorada. En el marco de esta visión, que fue haciéndose hegemónica, las instituciones privadas aparecían como un mundo mejor que nos iba a dar más calidad, más eficiencia, más eficacia, más productividad y más igualdad.

En el sector de la educación superior, este discurso desencadenó una serie de conclusiones muy concretas de políticas públicas que se impulsaron por todo el mundo. La diversificación de las instituciones (públicas y privadas), la reducción de los recursos públicos al sector público de educación superior y la desregulación como elementos clave para la expansión del sector privado conforman toda una apuesta según la cual sería a través de la generación de una serie de instituciones de carácter privado como se podría atender la expansión de la demanda de educación superior con calidad.

A 20 años de estas políticas, hoy nosotros podemos ver, en el caso mexicano, que los datos empíricos —como lo muestra el estudio comparativo de universidades mexicanas—, indican que los programas académicos, que los proyectos de investigación en la educación superior, que la producción científica y que la calidad de los egresados de la educación superior pública en México, son muy superiores a los que se dan en las instituciones de educación privada. Incluso de todos es sabido que existe una mayor diversidad en la calidad de las instituciones de educación privada que en las públicas.

Entonces, si los datos muestran que la educación superior privada, salvo algunas excepciones, no es ni siquiera competitiva en términos reales con las universidades públicas del país; y que la educación privada ha alcanzado, en términos de atención a la demanda, una planicie en las curvas porque no alcanza a amplios sectores de población, es decir, que este mercado educativo ya no puede expandirse más, ¿por qué entonces la decisión política del gobierno federal es una nueva apuesta hacia el sector privado? Esta apuesta no está sostenida sólo en la creencia vehemente que tienen muchos panistas, especialmente los de extrema derecha, acerca de que la educación privada, por ser privada, es mejor que la pública, porque o es confesional, o está ligada a la empresa; sino en una serie de hechos muchísimo más pragmáticos. Estamos frente a la decisión de asignar 3 mil millones de pesos del presupuesto federal a un proyecto para atender a un segmento muy reducido de la población, aquel que comprende a los estudiantes que asisten a 21 universidades privadas en México, y que es básicamente el segmento que no necesita de esos recursos del Estado. ¿Por qué entonces la decisión de otorgarlos? Se mostró en la exposición de Alejandro Márquez la enorme disparidad en el gasto que hacen las familias para solventar los gastos educativos de sus hijos, y algo que para mí es muy importante: los grupos a los que se está atendiendo con esta iniciativa del presidente no tienen nada que ver con el grueso de la atención a la educación superior pública en el país. No es esencialmente una iniciativa para ampliar la atención a la demanda, aunque el gobierno afirme que esto es lo que va a ocurrir (por cierto, les fallan los datos por un orden de magnitud de 10 por ciento: se dice que con el PRONAFIES se atendería a 23 mil estudiantes de educación superior en un universo de cerca de 3 millones, y eso no llega ni al i por ciento, mientras que el porcentaje que se maneja es l0).

Para que se vea claro que es un tema de decisión: si tomamos el promedio de gasto por alumno en el país, que sería, de manera muy optimista, de 50 mil pesos anuales, estaríamos hablando de que con esos 3 mil millones de pesos podrían abrirse 60 mil lugares nuevos en instituciones públicas.

No atienden a sectores de población económicamente necesitados, lo sabemos, porque aunque quisieran adquirir un crédito de éstos saben que no lo podrían pagar y además, que no estarían en condiciones de entrar a las universidades enlistadas en el PRONAFIES porque muchos de esos aspirantes no tienen los contactos y relaciones que son necesarios para acceder a instituciones privadas de alto nivel. Entonces puede pasar lo que decía Marion Lloyd, que lleguen a las instituciones de muy bajo nivel, cuyos títulos y grados tienen muy poco prestigio en el mercado y que no garantizan la capacidad de pago. Aunque es posible que el estudiante no analice sus opciones de esta manera, aun así tiene perfectamente claro que tomar un crédito de este tipo es un riesgo enorme. Y aunque el gobierno afirma que no habrá riesgo colateral, como garantía hipotecaria, para otorgar los préstamos, existen precedentes en las SOFES de jueces que han tomado la decisión de embargar los bienes inmuebles, es decir, las casas de las familias de estudiantes que participaron en ese programa y que no pudieron pagar. Esto está documentado.

Entonces, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué nos encontramos en esta situación? Se argumenta que las experiencias internacionales son notablemente favorables en un esquema de este tipo, pero los casos de Estados Unidos, Chile y Colombia, tan citados por el gobierno mexicano, muestran que los sistemas de créditos para los estudiantes están en crisis; particularmente en Estados Unidos. Así como los especialistas alertaron acerca de la burbuja hipotecaria que finalmente explotó y generó la crisis de 2008, desde hace tiempo hablan de la burbuja de la educación superior: las familias están hipotecando su futuro, literalmente, desde el nacimiento de sus hijos, para abrigar la esperanza de meterlos a la universidad. Y la posible explosión de esta burbuja de la educación superior ante la incapacidad de pagar los créditos estudiantiles, no los créditos directos que asumen los estudiantes, sino los que han venido asumiendo las familias para poder cubrir los costos de sus hijos en la educación superior, puede provocar un estallido financiero de una magnitud casi equivalente a la que se produjo con la crisis hipotecaria.

Vale la pena ahora detenernos en los casos de Chile y Colombia, donde los sistemas crediticios están en crisis a pesar de ser hasta 6 por ciento menores de lo que se está planteando para México; en esos países las carteras vencidas son enormes, y las economías no pueden sostener a los egresados porque los estudiantes verdaderamente pobres no pueden tomar el riesgo de asumir uno de estos créditos.

¿Qué pasa entonces? Hemos hablado de privatización, de una apuesta por la privatización, pero nos falta un pedazo de la ecuación. En esta decisión política hay una apuesta por la mercantilización de la educación superior. Cuando hablamos de educación superior pensamos en la generación y transmisión de conocimientos, en la formación de profesionales, en la investigación y la docencia. Pero hay otras maneras de ver a la educación superior: la industria de la educación superior en México —uso a propósito la palabra "industria"— es del orden, calculándolo con cifras muy conservadoras, de 145 mil millones de pesos al año.

El sector privado mexicano, especialista en beneficiarse de los fondos públicos, si de algo entiende es de dónde están ubicados los dineros a los que uno puede acceder en este país. No es gratuito que el grupo Modelo y otros grupos económicos de repente hayan apostado a la creación de universidades. Estos empresarios han descubierto que la dinámica de privatización que ha seguido la educación superior ha abierto un espacio de inversión, y por supuesto un espacio de ganancia y de acumulación de capital: 145 mil millones de pesos al año en México, calculando estrictamente lo que tiene que ver con pago de colegiaturas y subsidio a instituciones de educación superior, que es lo que el gobierno calcula en términos del porcentaje del pib. No hablamos de la compra de los materiales que uno necesita en la escuela, ni de todas las industrias o empresas, pequeñas, medianas o grandes, que están alrededor de la educación superior y que, por cierto, podrían casi duplicarse: estaríamos hablando casi del orden de 300 mil millones de pesos. Pero quedémonos en los 145 mil millones de pesos en los cuales tienen los ojos puestos, ya que si algo ha caracterizado a las administraciones de este país, desde Carlos Salinas de Gortari para acá (quien profundizó la política de venta de las empresas públicas del país), es que se han dedicado a transferir recursos del sector público al sector privado, y el sector privado mexicano tiene como su fuente de ganancia principal los recursos que capta del Estado mexicano por la vía fiscal.

La situación es de una enorme preocupación: se ocupa una pequeña posición para ir expandiendo la intervención del sector privado. Pero dejemos de hablar del espacio de la educación superior para considerar ahora la expansión de la intervención del sector privado en esos 145 mil millones de pesos que están asociados a la educación superior: allí donde nosotros vemos estudiantes que aprenden, problemas pedagógicos, problemas de la investigación, problemas de relevancia y de calidad educativa en las universidades, ellos ven ganancias. Se trata de un proyecto para hacer partícipe a la iniciativa privada del proceso de acumulación de capital utilizando el espacio de la educación superior, que por la importancia y centralidad que ha adquirido en el mundo contemporáneo, se ha vuelto un mercado muy importante por su potencialidad de transferir una enorme cantidad de recursos públicos al sector privado. Este es el riesgo. No hay un solo argumento de los que el gobierno ha presentado que se pueda sostener públicamente: ni el de la experiencia internacional, ni el de la atención a los estudiantes de escasos recursos, ni el de la ampliación de la matrícula, ni la calidad, ni que se esté apostando verdaderamente a invertir en el sector privado de la educación porque estas universidades hayan dado muestras de ser el camino a la sociedad del conocimiento, ni mucho menos. Toda la evidencia es que estamos siendo parte de una enorme operación de carácter económico–financiero, y que ésta está tomando, entre uno de sus espacios, el de la educación.

Porque tenemos argumentos en cada uno de esos terrenos, decimos que no. Que no puede aceptarse. Y desde las universidades tenemos que exigir a los legisladores que digan que no. Y tenemos que confrontar a los políticos para que digan que no. Tenemos que rechazar el decreto formal, y decir, pública y oficialmente, que no estamos de acuerdo. Tenemos que movilizar desde los estudiantes hasta las autoridades de las universidades públicas y privadas para decir que no, que no estamos de acuerdo en ser parte de esta enorme operación de acumulación de capital.

Quiénes ganan y quiénes pierden con el crédito educativo (Estado laico y fe de lujo)

Manuel Gil Antón

En México tenemos un Estado que constitucionalmente ha encomendado la educación pública, e incluso la hacienda pública, al ejecutivo, de tal manera que cuando desde el ejecutivo y desde la hacienda pública se hacen planteamientos como el del PRONAFIES estamos en presencia de un gobierno que está abdicando de su responsabilidad estatal de hacer cumplir el pacto constitucional. Hay problemas económicos, pero creo que éste es un problema político grave que traería consigo una modificación en los términos de la acumulación, y no sólo en la educación, sino también en la concepción del Estado.

Primer acto. Uno de los argumentos que quiero traer a colación es la afirmación de Ernesto Cordero, hasta hace poco secretario de Hacienda, en el sentido de que había familias que con seis mil pesos incluso hacían un esfuerzo para mandar a sus hijos a la escuela privada. Nótese que se dice que las familias que mandan a sus hijos a la escuela privada "se esfuerzan", ¿esto significa que los que los mandan a la escuela pública no hacen un esfuerzo? Como ha dicho Alejandro Márquez, los que menos tienen son los que más esfuerzo hacen para mandar a sus hijos a la escuela. El asunto que quiero destacar en este primer acto es el argumento de que "se esfuerzan tanto que hasta los mandan a la escuela privada".

Segundo acto. A inicios de 2011, el presidente Felipe Calderón estableció por decreto la deducción fiscal de colegiaturas que se pagasen en escuelas privadas para, digámoslo de esta manera, reconocer el gran esfuerzo que hacían las familias que mandan a sus hijos a ese tipo de escuelas. Estaba ahí el secretario de Hacienda, a quien le dijo algo así como: "es alrededor de 13 mil millones, ahí le haces un huequito" a esta deducción fiscal. Este segundo acto nos dice lo mismo: hay que apoyar a los padres que hacen el esfuerzo para enviar a sus hijos a la escuela privada, en básica y en media.

El tercer acto va en relación a los otros dos. El primero habla de los seis mil pesos en general, incluyendo el esfuerzo para el pago de la escuela privada; el segundo es la acción gubernamental de deducir colegiaturas sin que hubiese evidencia de falta de sitio en la escuela pública; y el tercero es esta propuesta del financiamiento que, avalada por el Estado, da préstamos a los estudiantes para que estudien en ciertas universidades privadas. Cuando presentó el Programa, el presidente Calderón dijo que era para apoyar a los que hacen el esfuerzo de mandar a sus hijos a escuelas privadas, y que era un estímulo a la equidad.

El hecho es que cuando los responsables de la educación pública y la administración de la hacienda pública abdican —él directamente, o a través de su secretario de Educación— de su responsabilidad frente a la educación pública, hasta el punto que con sus frases dicen "huyan de la escuela pública y yo les ayudo", estamos ante un problema grave. Además, considérese que tenemos un artículo tercero constitucional que dice que la educación en México será gratuita, pero lo que está ocurriendo es que es barata, pero no gratuita, porque la gratuidad no admite grados: con que se cobre un peso basta para que no sea gratuita.

Todo esto se complementa con el programa de las nuevas becas que anunció ayer el presidente de la República, al referirse a un millón de muchachos becarios. Curiosamente esto ya estaba echado a andar: fuentes cercanas a la Cámara de Diputados han dado a conocer que la SEP ya había cabildeado en el sentido de que estos dos nuevos programas, "Síguele" y "Becas universitarias", se aprobaran. Se trata de tres mil millones para media superior y dos mil millones para superior, pero ¿con qué argumento? No con reglas de operación como el PRONABES, sino, como lo dijo ayer el presidente: "para evitar el papeleo les vamos a dar el dinero rápido, para demostrar que también le estamos ayudando a la educación pública". El mensaje que favorece al esfuerzo privado por negación, dirían los filósofos, expresa que la acción pública no es merecedora de reconocimiento del esfuerzo, y eso es muy grave en el país.

Un punto adicional, y no menor, es que la primera vez que se podrá hacer la deducción de impuestos de los gastos de la colegiatura en la básica y en la media será, curiosamente, en abril de 2012, cuando se declaran los impuestos de 2011. Adicionalmente, en enero de 2012 se anuncia el financiamiento a la educación superior privada y en febrero de 2012 habrá ya un millón de becarios sin papeleos. ¿Qué pasará por el mes de junio o julio de este año, que será cuando todos estos anuncios coincidan? Yo creo que además del mensaje específico a favor del esfuerzo privado y el des–esfuerzo o la invalidez de lo público, hay también un componente electoral despreciable. ¿Por qué despreciable? Porque súbitamente encontraron que PRONABES era muy latoso y muy laborioso, y claro, porque este programa primero analiza las condiciones de las familias de los posibles beneficiarios. Por el contrario, en el nuevo programa lo que se sostiene es: "démosle dinero a quien se meta a Internet y diga que tiene necesidad, y con eso será suficiente para que se le otorgue". Además, el primer pago para superior será el próximo mes de marzo. Estas acciones que está desarrollando el gobierno, a mi juicio, muestran una percepción de la acción estatal ajena al pacto constitucional en el que el Estado representaba el interés público. El Estado está representando y alentando el interés privado.

La segunda cuestión que quiero plantear tiene mucho que ver con que el financiamiento a la educación superior privada también está avalando un supuesto que indica que el apoyo que reciben los estudiantes para entrar a las escuelas superiores privadas no tiene como propósito el fortalecimiento de la capacidad social del país, sino que tiene mucho que ver con lo que la desigualdad social en México ha hecho cada vez más claro: es más importante tener conocidos que conocimientos; en este sentido, el PRONAFIES subsidia, con fondos públicos, la posibilidad de entrar al circuito de los conocidos, lo cual tiene que ver con la facilidad que tienen esos circuitos para la obtención pronta del empleo, y de un empelo decente. Me parece que estamos ante un problema muy complejo, pero sobre todo de una gran desvergüenza, de una gran indecencia política.

El tercer punto es ¿quién o quiénes ganan con todo esto? El gobierno tiene "raja política", entonces podemos decir que está entre los ganadores. Los estudiantes y las familias no, porque la deuda es muy alta. Algunos estudiantes y sus familias que calculan que no tienen las condiciones para pagar, pero que las tendrán, a lo mejor ganan, pero yo creo que se están comprando un mal negocio. También pierden los ciudadanos, todos los contribuyentes, porque son recursos públicos los que avalan este programa, con el respaldo de Nacional Financiera. Y ¿quiénes son los ganadores netos? Las instituciones de educación privada, porque no hacen nada más que recibir la transferencia. Otros ganadores son los bancos, porque serán los encargados de cobrar. Tenemos, entonces, un ganador neto en términos económicos, que son los empresarios de la educación en México, y un ganador político neto, que es el gobierno; todo ello en el marco del esfuerzo de modificar la naturaleza de la relación Estado–sociedad en el país.

Por último, la fe de lujo. Entre las universidades que van a recibir este apoyo encontramos instituciones de dos tipos: confesionales y empresariales. A través de este Programa del presidente se transfiere dinero público al Opus Dei, a los Legionarios de Cristo y a los jesuítas, entre otros. Este punto es muy importante siendo que la Cámara de Diputados ha acordado una modificación al artículo 24 con el argumento de la libertad religiosa, pero luego habrá que adecuar el artículo tercero. Es decir, no sólo hay ganadores políticos, no sólo hay ganadores económicos, también hay algo mucho más grave: si romper con la educación gratuita es grave, si apostar por la educación privada, otorgando premios a la población "que se esfuerza", mientras que lo público es una especie de Teletón fiscal, es grave; romper con la relación del Estado como Estado laico es un problema mayor que este proceso anuncia.

En síntesis, este programa va dedicado a los deciles, si no me equivoco, 8, 9 y 10 de la población, que son los que se podrían hacer cargo del crédito. Quisiera recordar que en los deciles bajos, en donde la proporción del gasto alimentario es muchísimo más alta que en los deciles altos, sistemáticamente la variable de ajuste ante las crisis ha sido abatir la calidad del gasto alimentario. Dado que es la variable económica más flexible, las familias no sacan a sus hijos de la escuela pero sí disminuyen la calidad del gasto alimentario. A través del PRONAFIES no solamente están dando más a los que más tienen, sino que además están impactando negativamente en los proyectos de desarrollo de las personas. De ese tamaño está la transición entre beneficiarios, que fue la categoría que primó durante el periodo priísta, a usuarios en el periodo más o menos del neoliberalismo priísta; ahora, ni beneficiarios ni usuarios, sino clientes, consumidores. No podemos dejar pasar esas transiciones, ni desde la universidad ni desde la opinión pública, sino enfrentarlas. ¿Por qué? Porque en última instancia, y éste es el problema central que tenemos en México, incluso más allá del electoral: no habrá posibilidad real de mejorar y ampliar las opciones educativas, ni las de salud, ni los demás servicios que tienen que ver con una vida digna, si este país no decide modificar la distribución del ingreso; con la distribución del ingreso que tenemos todo lo que se intente hacer irá en la línea complementaria de un país que favorece la caridad y la filantropía, en vez de un Estado responsable.

Si los responsables de la educación pública están mandando señales de que nos apoyan para que huyamos de ella, lo que tenemos es un problema, no de Estado fallido, sino de Estado fallido en sus responsabilidades públicas, y un Estado exitoso en el apoyo a la iniciativa privada, al negocio, al dinero.

En defensa de la universidad pública

Humberto Muñoz García

¿Por qué defender a la universidad pública? Porque ha sido una institución que ha contribuido sustancialmente a la construcción del país y del Estado mexicano. Porque las universidades públicas de carácter autónomo son instituciones que están en disputa permanentemente debido a su importancia para el desarrollo de México, la formación de personas preparadas para enfrentar los retos nacionales con compromiso social, y de personas con ética y cultura para llevar una vida ciudadana responsable y razonada.

También, porque desde el exterior le generan tensiones que alteran el devenir institucional. De tiempo en tiempo, el gobierno se encarga de ello; anualmente, por la rebatinga del presupuesto y los fondos extraordinarios, a través de mecanismos de evaluación que se emplean como instrumentos de control político.

En otras ocasiones, la animosidad ha surgido en coyunturas específicas. En el gobierno de De la Madrid (1982–1988), se concibió a las universidades públicas como ineficientes, ineficaces, poco productivas y consumidoras de una gran cantidad de recursos económicos, que no justifican y de los cuales no rinden cuentas. En ese entonces se inauguraba la época de los recortes. Pero todos los argumentos esgrimidos contra nosotros, todos, fueron desmentidos por la realidad histórica.

Entre 1988 y 1994, el secretario de Educación Pública del gobierno de Carlos Salinas (Ernesto Zedillo), a confesión de este último, era favorable al cobro y al aumento de las cuotas en las universidades públicas, incluida la UNAM. Pensaba que una medida de este tipo abriría paso a un mayor control en el sistema de educación superior. Suponía que el logro de este propósito tendría un significado simbólico muy importante para reforzar valores sociales en pro del individualismo, la competencia y la hegemonía del mercado.

A fines del siglo XX se dejó caer a la UNAM en una huelga extraordinariamente desgastante para romper lo que llamaban "el mito de la gratuidad". Las presiones externas, la preparación de la alternancia, y el poco tino de las fuerzas internas, militaron para desinstitucionalizar a la Universidad. Después vendría una recuperación que la colocó en un primer plano de prestigio, gracias al esfuerzo de su rector y del compromiso de la comunidad académica con su trabajo.

A principios de este siglo comenzaron a aparecer con más insistencia las becas para estudiar en universidades privadas. El Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza estuvieron muy activos tratando de reclutar adeptos jóvenes por la vía de becas orientadas a instituciones particulares. Hacia 2008, el PANAL llevó a cabo el Primer Maratón de Becas. Se anunció que las mejores universidades repartirían miles de becas. Participaron en el maratón 75 universidades privadas, la mayoría de las cuales no aparecen en el rankingde las 100 mejores de México. El PANAL encontró ahí un nicho de mercado político para enlistar a universitarios. Crear una clientela, el "ejército para la educación". ¿Las universidades privadas enlistadas en la convocatoria habían decidido apoyar a un partido político?

Después han aparecido organizaciones como Lautex, que dan créditos para estudiar en un pull de universidades privadas. En estos casos, creo, la idea ha sido —como lo propuso Milton Friedman— romper el monopolio educativo del Estado, cambiar la correlación de fuerzas entre los actores políticos de la educación superior, y debilitar la capacidad de negociación de las autoridades de las instituciones públicas.

En febrero del año pasado (2011), el presidente de la República emitió un decreto por el cual se puede deducir el pago de las colegiaturas de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta. La deducibilidad se pensó, en principio, como un incentivo para que la iniciativa privada avanzara, con seguridad financiera, en el campo educativo. Y en segundo término, para que los que sí pueden pagar su educación recibieran un estímulo, ahora sí, gratuito, de parte de los contribuyentes. Lo transferido alcanza una cifra de 13 mil millones de pesos.

En aquel entonces, el rector José Narro señaló la importancia que tendrían los descuentos para ampliar la matrícula de educación privada y, además, que posiblemente el gobierno encontraría recursos para hacer un bono educativo para la parte privada, con lo cual —advertía— no estaríamos de acuerdo, porque se privatizarían los recursos públicos que le hacen falta a las universidades públicas.

Felipe Calderón acaba de presentar el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, a través del cual se van a otorgar créditos por 2 mil 500 millones a estudiantes de licenciatura y posgrado. El Presidente tomó esta decisión para favorecer a un sector de las clases medias y sin tener en cuenta ni la historia ni la realidad social por la que atraviesa el país. Tampoco quiso ver el contexto internacional, el cual muestra un sinnúmero de movimientos estudiantiles contra este tipo de programas, porque ponen en duda el futuro de los jóvenes.

Un recuento breve como éste, ilustra lo que ya todos saben: que el neoliberalismo ataca la existencia de lo público, que los últimos gobiernos priístas y los panistas han contribuido a desmantelar la educación pública mediante alianzas políticas con el sindicato de maestros, y que ahora se dirige a favorecer la expansión del capital nacional y transnacional en la educación superior, otorgando recursos públicos para que tal expansión ocurra.

La Presidencia de la República supone que la educación es una mercancía, que la compra quien la puede pagar. Para los que medio pueden, se les otorga un crédito, para que no digan que el Estado renuncia a su responsabilidad de educar, como tampoco renuncia a crear más desigualdad y pesimismo ante el futuro.

A las universidades públicas el gobierno las está colocando en un marco de competencia desigual entre ellas y con las privadas. Sus voceros están usando los estudios comparativos para señalar que hay una lista negra de universidades públicas, cuando la intención ha sido descubrir a qué instituciones habría que apoyar para elevar el nivel de calidad de todo el sistema. Un juego sucio que tampoco es de extrañar en el ambiente político actual.

Lo nuevo de todo esto, entonces, no son las agresiones, sino la aparición de resistencias en respuesta al maltrato de las políticas oficiales a las instituciones y a los estudiantes, que termina por indignarnos a todos, como en otras ocasiones de nuestra historia. Y la indignación nos lleva a defendernos, y para ello hay que comenzar por refrendar nuestra visión de universidad pública: un espacio de investigación donde se junta con la docencia. Y nos apremia a trabajar académicamente para mejorar la enseñanza que se imparte a las nuevas generaciones, insistir en formar investigadores para satisfacer las necesidades de producción, consumo y distribución de conocimiento, para elevar la competitividad, atender el mercado interno y fomentar el desarrollo integral de la sociedad. Trabajar para desarrollar pedagogías en las que se adapten las nuevas tecnologías de la información, para tener una muy buena y más completa educación a distancia y para proyectar con mayor capacidad e impacto la ética universitaria y la cultura nacional.

Para que estemos en condiciones de defendernos mejor, necesitamos trabajar para fortalecer la investigación, que es lo que nos hace diferentes de las otras instituciones; hay que movilizar a la ciencia para que las universidades públicas entren al terreno internacional.

En la investigación social y humanística es preciso analizar problemas fundamentales para comenzar a ofrecer opciones para acabar con la desigualdad, fortalecer la diversidad cultural, la ética y la moral social y el conocimiento y aplicación de las leyes. Contar con instituciones sólidas y consolidadas en una amplia variedad de áreas de conocimiento.

Defendernos mejor supone pugnar por un aumento de la cobertura educativa en la licenciatura y en el posgrado, con una mejor distribución territorial de las oportunidades; ligar a las instituciones al desarrollo local de su entorno, blindar el gasto educativo y hacerlo multianual, como lo solicitan los rectores. Las metas de cobertura implicarán aumentar la oferta de plazas académicas, renovar la planta académica ahí donde sea necesario y modificar los esquemas salariales. Impulsar la vida colegiada, corregir la burocratización de los gobiernos universitarios y alterar la correlación de fuerzas políticas en favor de la academia. En suma, tener instituciones fuertes, identidad y compromiso con ellas y armar alianzas políticas interinstitucionales con las universidades públicas, son, entre otras, las mejores armas para defendernos de las agresiones del exterior y para participar en la creación de un nuevo modelo de desarrollo en el que el conocimiento sea eje impulsor del cambio social.

Finalizo con lo siguiente: ante la elección de presidente de la República que se avecina, los universitarios necesitamos pugnar porque el próximo gobierno tenga pleno respeto a la autonomía y que se comprometa con un financiamiento a las universidades que dé aliento a su creatividad. Los universitarios debemos fijarnos, para emitir nuestro voto, en aquel candidato que nos ofrezca revisar las políticas educativas y darles un giro sustantivo para que la cultura, la educación superior y la investigación puedan servir efectivamente a un proyecto nacional distinto al que se ha continuado y extendido hasta nuestros días. En resumen: fijarnos bien y votar por quien se comprometa a ampliar los espacios de lo público, donde las universidades cumplen sus tareas, una de las cuales es asignar legitimidad al Estado nación.

Segunda sesión de preguntas

1. ¿Las universidades privadas tendrían posibilidades, en el mediano plazo, de competir en los rubros en los que las universidades públicas predominan (egresados, producción científica, patentes, estatus y prestigio), o solamente estamos en este nivel de acumulación de capital en un nicho que pudiera irse expandiendo?

2. ¿Qué hacer desde las universidades públicas?, ¿qué hacer en relación a sistemas de becas como PRONABES y los sistemas de becas internos de las universidades públicas?, ¿cómo hacer para tener sistemas de becas basados en criterios académicos, y en el acompañamiento a la formación del estudiante, a través de los cuales efectivamente mejore su aprovechamiento?

3. Como parte que soy de la universidad, me sumo al no. El punto es, además, a qué sí nos sumamos, para conjugar esfuerzos, para que no quede como un listado de buenos deseos. ¿Cuál sería el eje que articularía un movimiento, una opinión pública? O ¿se trata solamente de resistir? ¿No habría que buscar mecanismos para llegar directamente a las familias para que no hagan uso de esas becas? ¿Cómo lograr que se abran más instituciones públicas, que la UNAM crezca en los estados y pueda crear una base de negociación con los poderes locales?

4. Todos o casi todos estamos de acuerdo en el no. Pero hay un actor al que no se ha mencionado, y es el estudiante. ¿Cómo comprometer al estudiante?

 

Respuestas

Imanol Ordorika

¿Puede o no puede el sector privado competir con sus universidades? Nosotros asumimos que históricamente la educación, en todos sus ámbitos, ha sido un espacio de disputa entre los grupos que buscan utilizarla para maximizar la acumulación de capital y, por otro lado, quienes entran a la disputa para utilizar la educación como un elemento de igualdad, de democratización de la sociedad. Hemos visto, por el lado de los maximizadores, muchas iniciativas; una de ellas ha sido una apuesta continua, por lo menos durante los últimos dos sexenios, para favorecer a ciertas universidades privadas —en particular el Tecnológico de Monterrey— en el desarrollo de un aparato científico y de innovación tecnológica a través de contratos con empresas y entidades públicas, así como a través de contratos con el SNTE, con la entrega de terrenos y de fondos públicos para montar parques industriales e instituciones educativas (como se hizo en Morelos con el propio ITESM), con el pago del SNI a los integrantes de las universidades privadas, etc. Son 12 años de fracaso absoluto. Si el sector empresarial y privado quiso apostar a que la producción científica mexicana se hiciera en el sector privado porque entonces iba a tener mucho más impacto, lo que se sigue viendo es que la producción científica mexicana, y su capacidad de incidencia en el proceso productivo, son mínimas, y que la mayor cantidad de producción científica y de innovación tecnológica se hace en las universidades públicas del país. Por eso ellos están viendo lo educativo no ya en la forma de impactar a la acumulación de capital, sino como un espacio de acumulación de capital. Son dos cosas diferentes.

No estamos en contra de las becas, pero sí de los créditos. Estamos en contra de que las becas sustituyan, por la vía de las colegiaturas, el financiamiento de la educación superior, es decir, de que se use la beca como una forma de financiamiento vía la demanda y no vía la oferta educativa. Ahora bien, ¿cómo articular la defensa en este punto estrictamente? Habría que plantear lo siguiente: 1) las instituciones privadas de educación superior tienen que dar becas, por lo menos de colegiatura, y ser ellas, y no el Estado mexicano, el que las dé, si quieren conservar el REVOE y la exención fiscal. Lo que se plantea con el PRONAFIES es que 23 mil estudiantes podrán ir a la educación superior privada, pues bien, en todo caso que la exención fiscal cubra esos 23 mil lugares que supuestamente se van abrir. 2) Que el gobierno mexicano mantenga una política de ampliación de los sistemas de becas de manutención a los estudiantes. En eso sí se ha avanzado para que PRONABES dé becas con base en la necesidad y no en la mérito–cracia. Por eso el anuncio del presidente de que "ahora las vamos a dar así nada más" es un cuento y es un peligro, porque van a volver a instaurar el asunto de "al que quiera, no importa si la necesita o no, siempre y cuando tenga promedio de 10". Ya sabemos a quiénes se les otorgará la beca, pues el desempeño escolar está totalmente ligado al nivel socioeconómico. 3) Que todos los recursos que el Estado mexicano ha anunciado que utilizará para promover a la educación superior se destinen a la creación de nuevos espacios públicos, es decir, a la creación de nuevas universidades o a la ampliación de las universidades públicas existentes. Me parece que los elementos de articulación de la acción política pueden ir en esa dirección. No digo que sean los únicos, pero creo que podemos ir por ahí.

La resistencia no es un asunto de reforma universitaria, sino que involucra a los estudiantes, y nos involucra también a los profesores. Estamos ante un asunto de definición del Estado nacional, y desde la universidad nuestra obligación es tratar de hacer conciencia de la dimensión nacional de la disputa. Se está intentando hacer avanzar una transformación histórica del Estado mexicano; no es la primera vez que éste transfiere fondos públicos al sector privado, pero que se use a la educación en este camino, es una operación particular que vale la pena señalar y plantear. Tenemos enfrente una disputa política de grandes dimensiones, donde las fuerzas involucradas son también de gran envergadura.

Manuel Gil Antón

La mayor transferencia de recursos públicos al sector privado se concreta en que el empresariado mexicano ha sido producto del propio Estado y de sus inversiones. El empresariado es una hechura del Estado, no tenemos ni siquiera un empresariado independiente. Nuestro régimen fiscal tiene como principal hueco todos los privilegios fiscales para los empresarios, que suman más de lo que representa lo que la economía informal no paga, aunque no sea menor. Yo creo que estamos ante una situación muy grave, pero que es de larga data y que no es panista; es una confluencia del grupo político más articulado del país, que es la derecha. La derecha sabe juntarse, nosotros somos especialistas en dividirnos.

¿Con este dinero que se transferirá a las IES privadas, éstas podrían ser universidades?, me parece que esa es la pregunta. Las instituciones de educación superior privadas no son universidades, si por tal entendemos una suma de características. Un primer punto sería defender la palabra universidad, respecto de lo cual el Estado mexicano, desde las últimas gestiones, ha sido desastroso: debemos tener un sistema de educación superior diferenciando el papel de las universidades en términos de docencia, investigación y difusión de la cultura respecto de la capacitación y la formación técnica. Hay que hacerlo, los países lo hacen. A mi juicio las IES privadas en general tampoco son muy buenas, salvo excepciones formadoras de profesionistas. Más bien son extraordinarias reproductoras de relaciones sociales.

Entendamos que las becas deben pasar de ser condiciones de permanencia a ser condiciones que hagan posible la permanencia y el acceso al conocimiento; es decir, serán equitativas cuando se dé a cada quien según su necesidad.

Si nosotros hacemos una demanda, si hacemos un frente universitario, si consultamos a otras personas y nos unimos, vamos a reivindicar la ciudadanía que está ausente en el país. Somos ciudadanos sujetos de derechos, esa es una cuestión que no debemos perder de vista.

Humberto Muñoz

Entre las acciones que se hacen para defender a la universidad pública, el debate intelectual y la palabra juegan un papel dentro de la querella por la educación en México. Nosotros representamos un grupo intelectual, académico, que tiene orientaciones sobre la vida nacional y en ese sentido son políticas. Jugamos al discurso, jugamos también a la toma de postura, a la toma de posiciones políticas ante realidades que se están dando en el ámbito de nuestro objeto de estudio, aunque creo que debemos pasar a otras acciones que sean mucho más concretas. Y una de las que me preocupa a mí como acción de defensa de lo público es que nuestras instituciones públicas sean buenas instituciones académicas, que busquen fortalecerse académicamente para involucrarse más con la sociedad y gestar espacios públicos. El gobierno, además de quitarnos la educación, reduce el espacio de lo público, de forma que la ciudadanía tiene muchísima menos acción, y las posibilidades de instituciones como las nuestras se reducen. Hay que mirar desde adentro el problema porque es ahí donde necesitamos hacer acciones que nos academicen, que hagan que la universidad tenga mucho más presencia en una situación en donde el conocimiento suele ser absolutamente crucial.

Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Imanol Ordorika acerca de cuáles son las cosas que se pueden hacer; me parece que hay que explorar la idea de un frente, pero también exigir a las autoridades de nuestras instituciones que hagan alianzas políticas con otras universidades públicas para que se pueda defender el presupuesto, para que se estimulen nuevas políticas. Hay un frente interno que tenemos que atender para que esta demanda en contra de una tendencia estructural que reduce lo público y fortalece lo privado, ocurra y genere cambios.

 

NOTAS

1 Este documento es resultado de la transcripción y edición de la sesión del Seminario de Educación Superior que se llevó a cabo el 2 de febrero de 2012 en las instalaciones del IISUE–UNAM.

2 El Programa Integral de Becas para hijos de militares en activo consiste en la exención de 100 por ciento de la inscripción y colegiaturas de bachillerato o licenciatura, en planteles de su elección en el país, sean federales o particulares. Todos los hijos de militares que ingresen o se encuentren cursando estudios de nivel medio superior y superior, podrán solicitar una beca de colegiatura o manutención (SEDEÑA, [http://www.sedena.gob.mx/index.php/becas–para–militares], consulta: 10 de enero de 2012).

3 El 14 de febrero de 2011, el presidente Calderón firmó el decreto por el cual se autoriza a las personas físicas a realizar la deducción de sus gastos en colegiaturas en instituciones privadas desde el nivel preescolar hasta el nivel bachillerato o equivalente (SHCP, [http://www.shcp.gob.mx/blogs/SHCPUCSV5/default.aspx] consulta: 10 de enero de 2012).

4 Ley establecida por el estadístico alemán Ernest Engel, 1821-1896.