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Perfiles educativos

versión impresa ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.34 no.135 México ene. 2012

 

Claves

 

Definición de la función educativa en Aguascalientes en el marco del desarrollo constitucional de México. Una experiencia estatal de construcción del derecho a la educación

 

Definition of the educational function in Aguascalientes with in the framework of Mexico's constitutional development. A state experience oh how to construct the right to education

 

Bonifacio Barba*

 

* Doctor en Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Profesor investigador del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C., y de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, A.C. Línea de trabajo: el desarrollo moral y la educación en valores. Publicaciones recientes: (2011), "La didáctica en la formación cívica y ética: estilos, prácticas docentes y uso de recursos educativos", en J.L. Gutiérrez, B. García y R.M. Mora (coords.), La formación cívica y ética en la educación básica: retos y responsabilidades en el contexto de la sociedad globalizada, México, Secretaría de Educación Pública, pp. 137-146; (2010, coord. con M. Zorrilla), Innovación social en educación. Una base para la elaboración de políticas públicas, México, Universidad Autónoma de Aguascalientes/ Siglo XXI Editores (autor de un capítulo y coautor de tres). CE: jbbarba@correo.uaa.mx

 

Recepción: 27 de enero de 2011
Aceptación: 26 de julio de 2011

 

Resumen

Este artículo relaciona la calidad de la educación con el derecho para ofrecer un análisis histórico del proceso de definición del derecho a la educación en la construcción de la juridicidad constitucional del estado de Aguascalientes. Es un trabajo documental en dos dimensiones: la primera apoya la comprensión del tema en el entorno jurídico nacional y en el proceso de formación del estado de Aguascalientes; la otra dimensión se centra en los textos constitucionales del propio estado. Se muestra en el trabajo que el establecimiento del derecho a la educación en Aguascalientes está vinculado al proceso de organización jurídico-política de México, por un lado, y al establecimiento de Aguascalientes como entidad política, por el otro. Ambos procesos se realizan, entre otros factores filosófico-políticos y sociales, bajo la difusión e influencia del pensamiento liberal. La culminación se logra con el reconocimiento del derecho a la educación en Aguascalientes en 1997.

Palabras clave: Legislación educativa, Calidad de la educación, Estado de Aguascalientes, Derecho a la educación, Constitucionalidad de la educación, Educación y Estado.

 

Abstract

This article has as purpose to relate education with laws in order to offer an analysis from History of the definition process of the right to education within the construction of the constitutional lawfulness of the State of Aguascalientes. This work is documentary in two aspects. On one hand, it seeks to understand the matter within the national legal frame and within the formation process of the State of Aguascalientes. On the other, it analyses the constitutional texts of the State. The author shows in this article that the establishment of the right to education in Aguascalientes is tightly connected with the legal and political organization process at national level, on one hand, and, on the other, with the establishment of Aguascalientes as a political entity. Both processes took place, amongst other philosophical and political factors, under the difusion and influence of the liberal ideology and their culmination is reached with the acknowledgment of the right to education in Aguascalientes in the year of 1997.

Keywords: Educational legislation, Quality of education, State of Aguascalientes, Right to education, Constitutionality of education, Education and State.

 

EL PROBLEMA

La legislación es el plano superior de la política educativa (Latapí, 1980), y por contener el derecho a la educación, es un elemento o insumo de primer orden que fundamenta la calidad, porque es insoslayable para establecer los rasgos de pertinencia y relevancia de la educación. Sin embargo, frente a los principios y valores jurídicos que establecen sus fines y definen las cualidades de sus procesos, la educación mexicana no tiene calidad satisfactoria, lo cual afecta sus funciones sociales y el cumplimiento de un derecho fundamental. Existen diversas condiciones de la práctica educativa que son inadecuadas y varios actores responsables, pero de forma sustantiva destacan las deficiencias de la autoridad por no hacerse cargo en plenitud de la obligación legal del Estado.

La observación de las difcultades políticas y gubernamentales que se presentan en la elaboración y cumplimiento de las políticas educativas o, más específicamente, las dificultades para lograr una educación de calidad con equidad para todos, muestran que si bien la legislación educativa representa un área fundamental del código legal del país y de las entidades de la República, no es un componente significativo del imaginario social a causa de la débil cultura política y la limitada participación democrática ocasionada por el autoritarismo del sistema político y el corporativismo magisterial. Aunque exista una creciente e insatisfecha demanda de mejores servicios escolares, es indiscutible que en este aspecto el Estado social de derechos se vive con limitaciones.

En la vida escolar y social la calidad educativa se comprende de maneras diversas; por ejemplo, como aspiración social significa la realización del derecho a la educación. Debido a esto, para tener un punto de referencia en el análisis de la construcción jurídica de la función educativa es importante contar con una noción comprensiva de la calidad de la educación. En una primera visión, la calidad "es la cualidad resultante de las múltiples relaciones de coherencia entre los componentes básicos, internos y externos, del sistema educativo, con objeto de alcanzar los objetivos y fines de la educación" (INEE, 2009: 22). Estos objetivos y fines son una construcción jurídica que ocurre en un proceso histórico y social.

De conformidad con los principios jurídicos del país,1 una segunda visión afirma que la educación de calidad tiene estos atributos: es relevante porque establece la congruencia de los objetivos con las necesidades de la sociedad a la que sirve; es pertinente porque los objetivos "guardan correspondencia con las necesidades particulares de los alumnos a quienes se dirige"; posee eficacia interna "porque los resultados alcanzados concuerdan con los objetivos previstos"; tiene eficacia externa porque los resultados educativos satisfacen las necesidades sociales; "el sistema educativo es de calidad cuando logra impacto en la sociedad" en el largo plazo; tiene suficiencia, es decir, "satisface las necesidades de los centros educativos en cuanto a recursos humanos, físicos y materiales"; los resultados "se alcanzan a través de procesos eficientes en la utilización de los recursos" y, por último, promueve la equidad, "entendida como la distribución de recursos y la aplicación de procesos idóneos, de forma tal que los resultados obtenidos efectivamente tiendan a disminuir las desigualdades en el alcance de los objetivos educativos" (INEE, 2009: 22).

El contenido material de la calidad, su significado filosófico, se funda en la legislación, la cual, en su paulatina construcción histórica, va estableciendo los rasgos del proyecto de educación, una de cuyas perspectivas hoy se precisa en la noción de la calidad. En suma, reconstruir la formación de la función educativa es atender e identificar el proceso de reconocimiento y definición del derecho a la educación. Todo esto es determinante para la realización de la calidad en la coherente relación de sus componentes. El sustrato de ello es la formación del Estado, la constitucionalización, que establece los fines de la educación y orienta la estructuración formal y pedagógica de este bien social.

De esta forma, una vía, entre otras, para el mejoramiento del trabajo del sistema escolar es el conocimiento histórico-jurídico de la construcción de la función educacional en las sociedades modernas, la mexicana entre ellas, así como el conocimiento de la concomitante definición de las atribuciones estatales en la formación ciudadana y de las formas en que la sociedad expresa su exigencia para que aquellas se cumplan. La exigencia social al sistema político es un factor de la construcción jurídica de la función educativa y de la definición y legitimación del derecho a la educación; aquí se estudia primordialmente el proceso de juridificación en una entidad republicana situada en el entorno nacional.2

La construcción del derecho es un extenso y complejo proceso histórico, cultural y filosófico. Sus raíces están en la creencia de que el ser humano es educable, ya sea que esta condición antropológica se postule como elemento esencial de su naturaleza o como una posibilidad de formación histórico-cultural. Ambas formas de expresión de la creencia se apoyan en sendas concepciones ontológicas y en visiones específicas de la existencia humana: en el primer caso, se trata de la necesidad de darle completud existencial a la persona, mientras que en el otro se trata de una formación situada en la historia y una cultura determinada. En su dimensión jurídica, ese proceso está unido a la constitucionalización de las relaciones políticas.

El desarrollo del derecho recibió un impulso de gran trascendencia histórica con la Ilustración y la filosofía liberal al abrirse el cauce para su formulación y proclamación formal, y al incorporarlo como factor sustantivo de cambio en los proyectos de nueva organización política y jurídica de las sociedades.3 Así se dio un paso importante que se materializó de forma paulatina al darle contenido a un derecho que reconoce un rasgo inherente al ser humano al que está indisolublemente ligada su dignidad y el conjunto de sus derechos.

Desde entonces, la tarea de definir el derecho a la educación y realizarlo en las relaciones sociales —como ha sucedido en diverso grado con todos los derechos— no se ha detenido ni en sus dimensiones teóricas, es decir, científicas y filosóficas, ni en sus dimensiones prácticas, a saber, las políticas, morales y pedagógicas. Esta cuestión es indisociable de los procesos de formación constitucional y de la evolución sociopolítica de México.4

En el proceso histórico mexicano de definir los rasgos y principios de la educación, el impulso proveniente de la filosofía liberal es incuestionable, de forma que la organización del régimen político y la construcción del proyecto republicano de educación son dos cuestiones inseparables (Barba, 2006). La difusión de los valores liberales y la construcción de la legislación educativa mexicana y del sistema escolar correspondiente han ido de la mano, no sin conflictos y contradicciones. No hay que perder de vista que se trata de una definición paulatina sujeta al desarrollo de la teoría liberal y del Estado (Hale, 1972 y 1991; López, 1988; Medina, 1994; Ornelas, 1995), a la evolución del sistema político y a las tensiones de la práctica derivadas de las demandas sociales y las respuestas gubernamentales a las mismas. Al éxito de los valores educacionales están asociadas cuestiones como la cultura jurídica de la población, la fuerza de las instituciones públicas, la consolidación de la democracia, y el conocimiento y aprecio de la ley como norma y fuente de cohesión social. Todas estas cuestiones tienen una estrecha relación con la historia política del país y de sus regiones, o mejor, con la formación y evolución histórica de sus entidades soberanas, de las que aquí interesa Aguascalientes.

 

EL ESTUDIO DEL DERECHO EDUCATIVO

Para dar un fundamento al problema se exponen a continuación algunos elementos sobre los estudios relativos a la legislación educativa. El establecimiento y construcción histórica del derecho a la educación a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos vinculantes, tiene una trayectoria social, política y jurídica diversa y compleja. El desarrollo progresivo del sentido del mencionado derecho tiene como punto de partida la afirmación expresa del artículo 26 de la Declaración de que la educación es un derecho de todo individuo.

En el ámbito internacional, debido a la elaboración de instrumentos de política educativa y a la puesta en marcha de programas para realizar el derecho a la educación, se hacen análisis filosóficos, jurídicos y sociales para dilucidar el sentido del derecho y valorar su expansión, legitimación y realización en las sociedades (Blanco, 2007; Tomasevski, 2009a y2009b; Torres, 2007).

No obstante los progresos de la juridificación de la educación y de sus valores en tanto principios que definen y fundamentan los proyectos, planes y programas que guían el trabajo de la escuela al establecer la estructura y fines del currículo, el estudio de la legislación educativa es escaso, incluso si se le observa de forma comparada entre las ramas del derecho (De la Torre, 1999).

Si bien este objeto de estudio está poco desarrollado en México, "existen estudios que se caracterizan por indagar con nuevos objetivos epistemológicos los sustratos filosóficos y políticos de los proyectos educativos del país" (Barba, 2006: 102). Algunos de estos trabajos son los de Meneses (1983) , Vázquez (1975) y Yurén (1994). El estudio de Ornelas (1995) no tiene como objeto central de su análisis la cuestión jurídica, pero ésta constituye un aspecto relevante del marco interpretativo para comprender la formación y transición del sistema educativo en el siglo XX. De forma específica, la investigación educativa sobre el derecho a la educación en su perspectiva jurídica es escasa (Latapí, 2009), aunque algunos trabajos estudian su realización en la práctica, por ejemplo, el análisis del estado de la educación a la luz del derecho (INEE, 2010).

Una forma de atención al tema educativo en la legislación federal es la elaboración de comentarios al artículo tercero de la Constitución en obras dedicadas a esa labor para el total de los artículos (Cámara de Diputados, 1967 y 2006; Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998; Valadés, 1997 y 2006). Los comentarios constitucionales son un género particular de los estudios jurídicos, dedicados en este caso tanto al análisis histórico de los textos como a su interpretación individual y en el marco constitucional general (De los Santos, 2004), además de que son un instrumento de valoración del grado en que la Ley Fundamental responde al cambio de la sociedad y sus necesidades de convivencia (Rodríguez, 2010).

Existen otros tipos de estudios: uno se propone mostrar cronológicamente las sucesivas legislaciones para la educación con un enfoque interpretativo apoyado en la visión conservadora de la formación del Estado mexicano (Alvear, 1963). Otro estudio se produjo motivado por el interés de identificar y analizar los rasgos del "monopolio educativo" del Estado y mostrar su falta de legitimidad y validez y la forma en que restringe los derechos ciudadanos (Ulloa, 1976). Desde los tiempos de estas obras al presente, algunos elementos de la legislación se han mejorado al reconocer determinados alcances del derecho a la educación; de manera específica esto se realizó por medio de las reformas promovidas en el gobierno del presidente Carlos Salinas (1988-1994),5 si bien no son plenamente compatibles con el derecho internacional (Latapí, 1992 y 2009; Meneses, 1995). En algunos de sus trabajos, Latapí pone atención a la importante relación que existe entre el derecho y el ideal de la justicia social (1995 y 2009).

Se han realizado también otros estudios de la legislación educativa que ponen énfasis en la noción de derecho como norma con un enfoque juspositivista (Cárabes et al.,1982; Gámez,1983) y esencialmente se dedican a sistematizar las normas vigentes en determinado momento histórico.

Uno de los aspectos que ha sido analizado con una nueva óptica debido a la creciente conciencia del derecho a la educación en la transición democrática es el laicismo y sus implicaciones políticas, religiosas y pedagógicas (Blancarte, 2005 y 2008; Latapí, 1999).

En lo que concierne a Aguascalientes, su historiografía hace mención general del acontecer educativo (De la Torre, 2009; Gómez, 1988) y las obras sobre educación no dan atención a los aspectos jurídicos (Camacho, 2004; Camacho y Padilla, 1997). Un trabajo especializado se ocupa de la disputa por la aplicación de la ley durante el gobierno cardenista (Camacho, 1991). En la administración pública, por las expresiones que pueden observarse en los planes de desarrollo y en los programas de educación, la dimensión jurídica de la educación no ocupa un lugar central y decisivo como fuente de criterios de gobierno y la gestión educacional es infuida de forma negativa por factores ajenos a sus fines.

El tema se está abriendo paso en la investigación educativa y es importante darle atención en la juridicidad del estado de Aguascalientes. La pregunta de la que se ocupa el trabajo es cómo se definió jurídicamente la función educativa en el estado de Aguascalientes en el entorno del desarrollo constitucional de México. De acuerdo a ello, el texto tiene tres objetivos: 1) analizar los rasgos principales del entorno educativo de México, con atención particular a la definición de la educación en las constituciones federales; 2) analizar los componentes del proceso histórico de la definición de la función educativa en las constituciones de Aguascalientes, en el marco de la formación del propio estado; y 3) presentar algunos instrumentos de la legislación secundaria que a lo largo de la historia del estado de Aguascalientes han dado contenido a la tarea educativa en general, y al derecho a la educación en particular. En suma, se trata de ver el desarrollo jurídico de un estado considerando sus vínculos con la constitucionalidad nacional.

 

METODOLOGÍA

El trabajo se realizó con fuentes documentales. Para una de sus partes se revisó literatura especializada para elaborar una visión del entorno nacional pertinente al proceso de formación del estado de Aguascalientes y los principales elementos de su evolución social, política y jurídica, de un lado, y para la ubicación, análisis y valoración de la legislación educativa del estado, por el otro.

Otra parte del trabajo se basó en el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes (AHEA) y, en menor grado, en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (AHEZ) para localizar los documentos relativos a la legislación sobre educación, especialmente la legislación secundaria. Atendiendo a lo indicado por los objetivos, se buscó identificar la expresión constitucional y reglamentaria de la función educativa —su construcción histórica— en una doble vertiente: primera, en tanto que expone el lugar de la educación en la estructura orgánica del estado de Aguascalientes y, segunda, en cuanto define la tarea educativa del mismo en sus responsabilidades sociales. De esta forma, el análisis muestra el desarrollo constitucional de la función educativa hasta culminar en la declaración expresa de la educación como un derecho de todo ciudadano.

 

LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO EDUCATIVO

El entorno nacional

México inició su formación como Estado en la época en que se construía una nueva juridicidad para el arreglo de las relaciones políticas, al tiempo que la educación adquiría nueva importancia como factor del progreso material y humano de las sociedades. El proceso de darle forma constitucional a la nueva nación tuvo dos bases principales: el pensamiento ilustrado que se expresó en el liberalismo, y el federalismo. La Ilustración había infuido en la sociedad mexicana desde la segunda mitad del siglo XVIII (Vázquez, 2002; Villoro, 1967).6

En el mundo hispánico, la Constitución de Cádiz dio entrada al pensamiento liberal reconociendo que la soberanía residía en el pueblo y que éste poseía un conjunto de derechos, entre ellos, el de definir la forma de gobierno.

El proceso de independencia, además de los años de la guerra con la metrópoli, requirió varias decenas de años para crear las condiciones que favorecieran la integración de la nación, estableciendo leyes e instituciones de carácter liberal. Uno de los grandes objetos de preocupación para conservadores y liberales era la educación del pueblo (Staples, 1985 y 2005; Vázquez, 1985).

El pensamiento ilustrado y liberal está en la base de la revolución de 1810 y de las reformas de 1833 (Hale, 1972); se consolidó con la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, pero durante la república restaurada y el porfiriato fue suplantado poco a poco por el positivismo por motivos diversos, entre ellos: porque aportó una nueva base ideológica de legitimación al grupo triunfante, por las divisiones al interior del grupo liberal y por el dominio del proyecto político-económico de Porfrio Díaz en el contexto de la creciente influencia del capitalismo mundial (Barba, 2006; Hale, 1991).

La república restaurada (1867-1876), con todo su avance político y organizativo no creó una estructura de gobierno consolidada y desembocó en el porfiriato, mas los años de este largo periodo no se aprovecharon para crear una base de desarrollo político y económico autónomo; sus límites sociales, económicos y políticos condujeron a la Revolución Mexicana (Cosío Villegas, 1955 y 1973).

El programa de la Revolución pronto cayó en el autoritarismo, y tras el gobierno de Cárdenas el desarrollismo económico subordinó los propósitos sociales al control político con un desenlace negativo al final de los años sesenta del siglo XX. Los años de proyectos de modernización y los de la transición a la democracia no han creado bases políticas, económicas y sociales para un desarrollo equitativo y para una garantía plena del derecho a la educación.

Al observar cómo fue atendida la educación en las constituciones mexicanas destacan las siguientes expresiones: la Constitución de Cádiz estableció diversos elementos orientados a promover la instrucción del pueblo como responsabilidad de la monarquía, pero atribuida operativamente a los ayuntamientos. De acuerdo con los nuevos ordenamientos legales para la educación, la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812) dio un paso fundamental al determinar que habrían de establecerse escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la monarquía (artículo 366).7

El papel de los ayuntamientos va a permanecer como elemento importante de la expansión de la escuela en los primeros planes educativos de México independiente de acuerdo con las atribuciones de los estados o departamentos; esto en función de la organización política del Estado que estuvo vigente hasta antes de la Constitución federal de 1857 (Contreras, 2005; Pérez, 2003; Tanck, 1984). En todo caso, el gobierno nacional tenía mucho interés en impulsar la instrucción pública, aunque carecía de recursos financieros para ello.

La Constitución de Apatzingán (22 de octubre de 1814), primera expresión constitucional mexicana (Valadés, 2006), redactada en medio de la guerra por la independencia y en situaciones de premura, fue muy clara respecto a la importancia de la educación cuando asentó que "La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder" (artículo 39), una valoración que había sido expresada en la Constitución francesa de 1793. No obstante su profundo significado como expresión jurídico-política de la insurgencia mexicana, el documento de Apatzingán no tuvo vigencia general en la nación.

El pensamiento liberal dio a México tres constituciones fundamentales para la organización del Estado en 1824, 1857 y 1917, todas creadas después de las luchas armadas y en contextos de intensos conflictos ideológicos que expresaban las divergentes orientaciones sociales y políticas.

La Constitución de 1824 proclamó la libertad de la nación (artículo 1) recogiendo todo el significado liberal de la soberanía popular como superación de los conflictivos e inestables años precedentes y estableció una decisión que habría de permanecer como rasgo básico en los procesos constituyentes posteriores: "La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal" (artículo 4). No inicia con una declaración de los derechos fundamentales pero garantiza algunas libertades y da al Congreso general la facultad de "promover la ilustración" en diversas ramas erigiendo establecimientos para enseñar ciencias, artes y lenguas "sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos Estados" (artículo 50, I; Tena, 2008: 174). Tanto la garantía de las libertades como la facultad del Congreso general de promover la ilustración —una facultad exclusiva del legislador— tenían antecedentes en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824, la cual establecía, entre las facultades exclusivas del Congreso general, dar leyes y decretos para promover la ilustración en la federación (artículo 13, fracción II).

La educación aparece entonces en el primer ordenamiento constitucional del México independiente dándole autoridad al Estado en la materia (Rabasa y Caballero, 1993: 40) y con esta ley fundamental se establece una inicial distribución de funciones en materia de educación (González, 1995: 82). Sobre este aspecto no existe mención alguna en las facultades del Congreso establecidas por la Constitución de 1857; será el constituyente de 1917 el que dará continuidad a la cuestión de las atribuciones en educación por medio de la fracción XXV del artículo 73. El constituyente de 1857 sólo estableció la facultad "para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas la facultades antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución á los poderes de la Unión" (artículo 72, fracción XXX, cit. por Tena, 2008: 619). Para la educación, esta facultad sería aplicable a lo previsto por el artículo tercero en el sentido de determinar qué profesiones necesitarían título para su ejercicio y los requisitos para su expedición. Debe considerarse además que, debido a que la enseñanza sería libre, por un lado, y que el Congreso general no tenía facultades específicas para esta actividad, por el otro, la prevención general del artículo 117 permitía a los estados emprender actividades en su jurisdicción, al tenor del texto del mencionado artículo: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados" (Tena, 2008: 626).

La Constitución de 1857, culminación en varios sentidos de un difícil proceso político y jurídico que tenía antecedentes muy relevantes en "la primera reforma" —promovida por el vicepresidente Valentín Gómez Farías (Briseño et al., 1991)—, representa el triunfo de los liberales en darle continuidad a la opción federal de 1824 y se caracteriza por iniciar su texto con el reconocimiento de los derechos del hombre:

El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución (artículo 1, en Tena, 2008: 607).

En materia de educación esta ley fundamental dedica el artículo tercero a esta garantía. En el mencionado artículo, los liberales moderados lograron establecer el principio de que "La enseñanza es libre", manifestando con ello su determinación de asentar dos propósitos relevantes de congruencia liberal: el respeto a la libertad de los individuos, por una parte, prerrogativa que es protegida en varios artículos de la mencionada sección I, y la eliminación del control de la instrucción por parte de las corporaciones, por la otra. Las dificultades que viviría el liberalismo en la educación a partir de la promulgación de la Constitución, así como las restricciones políticas, organizativas, pedagógicas y financieras que debió enfrentar la educación del pueblo, fueron factores que harían de este artículo un antecedente de enorme importancia en la redacción de la Constitución de 1917 por las demandas sociales recogidas por la Revolución —especialmente las de obreros y campesinos— ante los abusos del porfiriato, que motivaron a un grupo importante de diputados a fortalecer el papel del Estado dándole supremacía en la educación y otras cuestiones sociales.

En la república restaurada y en el largo proceso de transición del liberalismo al positivismo se llegaría de manera paulatina a un consenso que fue resultado fundamental de los congresos pedagógicos celebrados en el porfiriato. Se trató de lograr una precisión relativa a la educación elemental que la definía como gratuita, laica y obligatoria, todo ello sin reformar la Constitución. En la formación de los servicios educativos —siempre carentes de recursos financieros y de maestros sufcientes con adecuada preparación— el positivismo fue un factor importante para la difusión del enfoque científico de la enseñanza.

La Constitución de 1917, de nuevo un resultado de la guerra civil y producto directo de las facciones militares triunfantes, fortaleció el papel del Estado en el control de la educación y otros asuntos de gobierno. En general, en comparación con la Constitución de 1857, se estableció la supremacía legal e ideológica del Estado sobre diversos grupos sociales y sobre la acción de la Iglesia católica (Valadés, 2006).

El artículo tercero, en cuya discusión se concentró el interés de los diputados más comprometidos con las necesidades de la población manifiestas en el proceso de la Revolución, fue uno de los más debatidos, en contra del proyecto de Carranza, quien abogaba en forma esencial por restaurar la vida constitucional conforme a la norma fundamental de 1857. El triunfo de la tendencia de mayor compromiso social significó el establecimiento del laicismo escolar así como la vigilancia y el control oficial, rasgos que se acentuarían con la reforma de 1934 y la Ley Orgánica correspondiente.

La reforma al artículo tercero en 1946 le da expresión a un propósito de cambio en las relaciones Estado-sociedad que provenía de los últimos años del gobierno de Cárdenas y que se acentuó con la política de unidad nacional de Ávila Camacho. De esos años hasta las reformas emprendidas por el gobierno de Salinas, hubo una tolerancia o atenuación de la vigilancia gubernamental y una liberalización a favor de los particulares, primero hecha posible de forma lenta en la práctica y luego sancionada en el texto constitucional. Esta manera de proceder se basó en el modus vivendi de la sociedad mexicana creado a raíz de los arreglos (1929) del conflicto religioso de los años veinte, cuya faceta armada se conoce como la cristiada (Latapí, 2008; Meyer, 2005).

El artículo tercero de 1917 no establece una distribución de funciones entre los niveles de gobierno; la función educativa queda en los municipios. Por su parte, el artículo 73 da facultades al Congreso federal para crear instituciones de educación superior, sin ser ésta una facultad exclusiva del legislador. José Vasconcelos propuso al presidente Obregón crear la Secretaría de Educación Pública, lo que ocurrió el 5 de septiembre 1921, previa reforma del artículo 73 de la Constitución, dando origen a una nueva fase de centralización y a la incorporación de un nuevo sentido cultural y nacionalista en la educación.

Para terminar este apartado, aunque no de manera concluyente o definitiva —debido a que varios aspectos de la historia son complejos y requieren un análisis mayor—, pueden enunciarse de manera sintética algunas tendencias preponderantes en el entorno de la legislación educativa, considerando cuatro dimensiones: política, social, económica y religiosa. La relevancia de estas tendencias consiste en que delimitan condiciones y factores de variada naturaleza e influencia entre los cuales ocurre el debate sobre la educación y su proceso legislativo, influyendo, en consecuencia, en los alcances y práctica de la misma legislación.

Tendencias en la dimensión política: la difusión del pensamiento liberal desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX en una parte de la sociedad mexicana, y el reconocimiento de la importancia de la instrucción para el progreso individual y social, aunque se vivieron fuertes obstáculos para transformar las estructuras de las relaciones entre las clases sociales heredadas de la Colonia —la fuerza del liberalismo menguó durante el porfiriato y se renovó con la Revolución Mexicana—; la ausencia de partidos políticos permanentes e ideológicamente consistentes en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, que promovieran con eficacia políticas de largo plazo para el desarrollo de la educación (el partido hegemónico de la posrevolución subordinó la educación a los mecanismos de control del sistema político); la difícil y confictiva constitucionalización de la vida nacional frente a los caudillos y los intereses de los países extranjeros, factores que, entre otros, no favorecieron la creación o el fortalecimiento de las nuevas instituciones nacionales; la vida constitucional del país es débil y no está centrada plenamente en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Finalmente, y quizá como el factor fundamental para la dinámica de varios de los procesos sociales y políticos, está el funcionamiento centralizado del régimen político y las limitantes que ha creado para la participación social aún en los tiempos de la transición a la democracia.

En la dimensión social destacan estas tendencias: una baja valoración y profesionalización del profesorado que todavía en los inicios del siglo XXI permanece como cuestión crítica no resuelta, que condiciona la mejora de la escuela y el cumplimiento del derecho a la educación con equidad y calidad; la ausencia de movimientos sociales amplios, progresistas y permanentes en el campo de la educación que expresaran en las distintas fases de la evolución de México demandas sostenidas ante el creciente papel de dirección y de control del Estado, proceso que ha estado infuido de manera intensa por los intereses corporativos. Los movimientos sociales podrían actuar como factores de transformación democrática ante la presencia nacional o regional de los sectores conservadores que se opusieron a determinadas políticas públicas, como por ejemplo la de la educación sexual —tema de conflicto desde la gestión de Narciso Bassols— y la de los libros de texto gratuitos. Vinculado a lo anterior, no puede soslayarse la existencia de un sector social conservador con componentes de todas las clases sociales dirigidos por las élites económicas, políticas y religiosas.

Sobre la dimensión económica: la transición de la economía colonial a la capitalista en un entorno de fuerte competencia en la expansión de los intereses hegemónicos en ambos lados del Atlántico y el avance de dicha economía sin los rasgos sociales y comunitarios que ayudaran a resolver o atenuar el problema histórico de la desigualdad de la sociedad mexicana; la fase actual del capitalismo opera en demérito de los derechos económicos, sociales y culturales debido a los rasgos de la globalización, la dependencia del país y la debilidad de la democracia mexicana.

Finalmente, en la dimensión religiosa es de suma importancia tomar también en cuenta, para la comprensión del proceso legislativo de la educación y sus vicisitudes, así como para el desarrollo de la instrucción pública, el papel del catolicismo mexicano de orientación conservadora dominante, que ante las transformaciones sociales y políticas del primer tercio del siglo XX enfatizó el control del laicado (Adame, 1981; Ceballos, 1987). Más adelante, la renovación promovida por el Concilio Ecuménico Vaticano II en los años sesenta tuvo un alcance limitado en México y la resistencia e incluso el rechazo de la Iglesia católica del laicismo estatal y educativo ha representado un obstáculo político a la democratización de la sociedad y al reconocimiento de la supremacía del Estado.8

La formación de Aguascalientes

Durante la Colonia, el territorio que hoy forma el estado de Aguascalientes perteneció sucesivamente al reino de la Nueva Galicia, a la intendencia de Guadalajara y a la de Zacatecas. La conquista fue un proceso de intensa exclusión y la dominación colonial impuso una aculturación sustentada en la desigualdad y en la acumulación de bienes beneficiada del trabajo.

Al consumarse la independencia Aguascalientes quedó adscrito como partido del estado de Zacatecas, pero un grupo compuesto por personas de diversos sectores sociales, entre ellos comerciantes y una parte del clero católico, se propuso lograr que el partido de Aguascalientes se separara de Zacatecas, un estado que se distinguía por la fuerza de sus convicciones liberales y su apoyo al federalismo, y constituir una entidad autónoma de la república. Los grupos dirigentes de Aguascalientes no compartían las posiciones políticas de la élite dirigente zacatecana y les reclamaban falta de atención para promover el progreso económico y educativo del partido (Rodríguez, 1988).

La lucha por la soberanía estatal fue reconocida y sancionada en forma definitiva en el artículo 43 de la Constitución de 1857, habiendo sido Aguascalientes territorio de la federación en 1835 y departamento en 1837. En su primera existencia como estado, en 1847, Aguascalientes adoptó la Constitución de Zacatecas de 1832; en 1850 vuelve a ser partido de Zacatecas y en 1853 de nueva cuenta departamento. Durante el II Imperio fue un departamento más extenso en territorio de lo que había sido antes (Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 85).9 A partir de la República restaurada el estado participó con sus peculiaridades en los procesos de cambio político, económico y social que ocurrieron en el país, destacando dos rasgos: la recuperación conservadora y la incorporación a la economía capitalista de inversión extranjera promovida por el porfiriato y los gobiernos de Aguascalientes (Gómez, 1988; Rojas, 1994).

En el siglo XX, después de la Revolución, el estado de Aguascalientes se integró en los procesos políticos centralizadores de la presidencia fuerte y del partido hegemónico en una historia estatal construida en el juego de la doble dinámica del control ejercido por el poder federal, de un lado, y de la búsqueda de posiciones, reconocimiento y soporte de parte de los políticos locales, del otro. En Aguascalientes, la transición de partido gobernante ocurrió en 1998 con el triunfo de Acción Nacional; esta alternancia duró doce años y no originó una experiencia que transformara de manera significativa el trabajo gubernamental en relación con las estructuras políticas tradicionales y la atención innovadora a las necesidades sociales.

La educación en la juridicidad de Aguascalientes: el camino hacia el derecho

Durante la Colonia, la actividad educacional de carácter "público" dependió de la acción de algunos filántropos convencidos de la necesidad de la instrucción de la niñez; entre ellos destaca Francisco de Rivero y Gutiérrez. En otro ámbito se realizó la acción de la Iglesia católica, que integraba la orientación religiosa de la educación con sus otras actividades de pastoral (la evangelización y la catequización) y de dirección de la vida social.

En términos generales, puede observarse en el país un proceso evolutivo o de cambio en las expresiones jurídicas relativas a la educación caracterizado por los siguientes elementos: en las primera décadas del siglo XIX la educación era comprendida como una necesidad del progreso social y de la ilustración personal, sin la connotación de derecho; el proceso político y jurídico de la Reforma, por su opción a favor de la libertad de enseñanza, abrió el camino para la comprensión de la educación como un derecho, lo que es más claro si se toma en cuenta el conjunto de libertades defendidas en esta etapa de la formación del país; durante el porfiriato, el fortalecimiento del consenso en torno a los rasgos de la educación elemental pública como laica, gratuita y obligatoria dio nuevo impulso a la comprensión de la educación como derecho, sin definirla con tal carácter; la Constitución de 1917 sanciona el laicismo y la gratuidad, y la reforma del artículo tercero en 1934 integrará la obligatoriedad para llegar así a la reforma constitucional de 1993, que de forma expresa define a la educación como derecho de los individuos. Este proceso nacional es un contexto que influye en el proceso particular del estado de Aguascalientes.

El proceso constitucional de la formación jurídico-política de Aguascalientes en el siglo XIX se consolida con tres constituciones: 1857, 1861 y 1868. Tanto el proceso legislativo general como el correspondiente a la educación en particular estuvieron ligados de forma directa a la difusión, ascenso y declive del liberalismo en el estado, como sucedió en el país (De la Torre, 2009; Gómez, 1992; González, 1974). El conjunto de la evolución constitucional del estado se presenta en la obra del Congreso del Estado de Aguascalientes (1986) y en el trabajo de Muñoz (2008).

La primera Constitución de Zacatecas, un estado que se constituyó de manera temprana en 1823 tras la caída de Agustín de Iturbide (Contreras, 2005: 47; Terán, 2007), se expidió el 17 de enero de 1825 y fue inspirada en la de Cádiz por la influencia que habían ejercido las Cortes en los dirigentes políticos de Zacatecas (De Vega, cit. por Contreras, 2005: 22). Proclama en sus artículos iniciales la libertad y soberanía alcanzadas por el estado así como los derechos de los ciudadanos —de expresión, de igualdad, de propiedad y seguridad— y sus obligaciones, sin mencionar en esta parte la educación. Estableció entre las atribuciones del Congreso la de "Cuidar de la enseñanza, educación o ilustración general del Estado, conforme a los planes que se formaren" (artículo 77, XIV).10

En lo que concierne al gobierno de los partidos, estableció como atribuciones de los ayuntamientos y las juntas municipales "La policía de orden: la de instrucción primaria: la de beneficencia, la de salubridad: la de seguridad: la de comodidad, ornato y recreo" (artículo 130, V). En esta época el concepto de policía hacía referencia a las diversas áreas de la administración pública.

Más adelante esta ley fundamental volvió a ocuparse de la instrucción pública y ordenó: "En todos los pueblos del estado se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñará a leer, escribir y contar, el catecismo de la doctrina cristiana y una breve explicación de los derechos civiles del hombre y del ciudadano" (artículo 139). Establece la supervisión escolar y da al Congreso la facultad de elaborar "el plan general de enseñanza e instrucción pública..." (artículo 142). En estos aspectos es claro que la Constitución zacatecana recoge elementos normativos de la de Cádiz. No obstante estas disposiciones aplicables al conjunto del estado de Zacatecas, el partido de Aguascalientes, en su lucha por alcanzar la soberanía política, expresaba entre sus quejas que había falta de atención en asuntos de fomento económico y de educación (Gómez, 1988 y 1994; Rodríguez, 1988).

Siendo Zacatecas uno de los estados más liberales del país, es de notarse que al tiempo que se recogía la filosofía ilustrada, se daba su lugar a la doctrina religiosa, pues la Constitución federal de 1824 estableció la religión católica como religión del Estado mexicano (artículo tercero); la de Zacatecas hizo lo propio en el artículo sexto y Aguascalientes en el artículo quinto de su primera Constitución en 1857, año en que la Constitución federal no conservó la prescripción de la de 1824. Este aspecto muestra los diferentes ritmos sociales y políticos en los procesos de cambio.

La Constitución zacatecana fue la base de un gran impulso a la instrucción pública emprendido por los primeros gobiernos, en particular el de Francisco García Salinas, que se caracterizó por lo que algunos consideran una municipalización de la educación, comprensión que otros someten a juicio (Contreras, 2005; Pérez, 2003). Destaca como base legal de ese esfuerzo, en acatamiento a la Constitución, la ley de enseñanza publicada el 30 de junio de 18 31 y el Plan General de Enseñanza Pública de ella derivado. La determinación gubernamental de impulsar la instrucción fue muy clara, como lo asienta el artículo primero del Plan: "Se establecerán por cuenta del Estado escuelas y colegios de enseñanza pública" buscando la uniformidad metodológica de la enseñanza y eliminando los requisitos excluyentes, como la limpieza de sangre (Pedroza, 1889; Pérez, 2003: 62). Esta ley tuvo como antecedente el decreto para arreglar la instrucción pública del 6 de febrero de 1831.11

La primera constitución de Aguascalientes como entidad soberana del Estado mexicano, expedida el 29 de octubre de 1857, es claramente liberal a causa del momento y del contexto político de su elaboración, pero es moderada. No contiene una declaración propia de los derechos del hombre, pero reconoce en su artículo sexto los que establece la Constitución federal del mismo año en su Título I, por ejemplo, el de la libertad de enseñanza en el artículo tercero. Al respecto establece que "Son derechos de los habitantes del Estado, los que les ha garantizado la Constitución general a los de la República...".

Este ordenamiento establece en otro lugar la facultad del Congreso de "Cuidar de la enseñanza, educación é ilustración del pueblo en todos sus ramos" (artículo 37, XV) y reitera la responsabilidad de los ayuntamientos (el nivel político-administrativo de los partidos, artículo 70) y de las municipalidades, por medio de sus juntas, de "Administrar los bienes comunales, y las casas de beneficencia y de instrucción primaria" (artículo 74 , IV). En cumplimiento de la Constitución, en los años subsiguientes se aprobaron varios decretos que reglamentaban y establecían las normas para supervisar la instrucción pública en asuntos como la obligación de los padres de enviar a sus hijos a la escuela y los requisitos para ser maestro, entre otros.

El Reglamento Económico Político de los Partidos del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes —expedido el 26 de diciembre de 1857— prescribió que tanto los ayuntamientos como las juntas municipales habrían de vigilar "por la buena y eficaz enseñanza de los establecimientos de instrucción primaria, sean municipales o de particulares" (Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 70 y 71).

Pocos años después, bajo la influencia de un grupo de liberales calificados de radicales —llamados "los rojos", por su orientación socialista en algunos aspectos de la vida económica y social, como la división de la gran propiedad agrícola— se formó una nueva constitución publicada a finales de 18 61. Por su mayor orientación liberal y su racionalismo, en la promulgación de esta constitución ya no se invocaron "el Santo Nombre de Dios" y las facultades del Congreso, sino la "Razón augusta, luz indeficiente que guía y proteje a las sociedades..." y la "autoridad del pueblo soberano" (Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 75).

El artículo primero es original en su contenido, sin equivalente en la norma de 1857. Tiene una declaración propia de los derechos ciudadanos reconocidos como "imprescriptibles é inalienables desde el momento en que [los hombres] se reúnen en sociedad..." (artículo 1); uno de ellos es el "de igualdad ante la ley".De igual manera que en el texto de 1857, se afirma ahora que "el Estado reconoce que estos derechos son la base y el objeto de las instituciones sociales" (artículo 2), pero existe otro aspecto en el que también introduce una innovación respecto del texto de 1857, cuando afirma que "El poder público es una emanación del pueblo y se instituye en beneficio suyo para la guarda de sus derechos" (artículo 3). Esta Constitución incorpora las Leyes de Reforma antes que la Constitución federal, estableciendo, por ejemplo, la libertad de cultos (artículos 5 y 64), asunto que manifiesta un cambio significativo respecto de la norma anterior.

En asuntos de enseñanza sigue a la Constitución federal de 1857 y establece que esta actividad es libre, como "la profesión, la industria y el trabajo", siempre que se respeten "los derechos de tercero o los de la sociedad" (artículo 6), expresando así de nueva cuenta una previsión en contra de los monopolios, en específico en la educación. No obstante el principio de la libertad de enseñanza, se define que es facultad del Congreso "Cuidar de la enseñanza, educación e ilustración del pueblo en todos sus ramos" (artículo 64, XV). En virtud de sus facultades de iniciar leyes, el 22 de mayo de 1862 promulgó una ley sobre instrucción pública que fue seguida de varios reglamentos;12 el gobernador, por su parte, fomentó la educación superior.

Al término del II Imperio mexicano, el gobernador de Aguascalientes, coronel Jesús Gómez Portugal, expidió una nueva constitución de orientación liberal moderada el 18 de octubre de 1868, en cuya promulgación vuelve a invocarse a Dios como dador de las libertades y a "la autoridad del Pueblo". La diputación la presentó como una reforma de la de 1857, pues existía un debate en torno a la vigencia de la norma de 1861 (De la Torre, 2009).

Aún cuando se debatía el problema de la vigencia constitucional antes mencionado, en materia de derechos ciudadanos la norma de 1868 conserva, con ligeros cambios, los de la Carta Magna de 1861, y agrega dos artículos para adaptar algunos aspectos de las Leyes de Reforma, por ejemplo, la propiedad de bienes raíces por parte de las corporaciones, de acuerdo con sus actividades (artículos 27 y 28). En materia de educación, conserva también lo legislado por la Constitución de 1861 en el mismo artículo.

Esta constitución dio origen a un proyecto de ley aprobada el 13 de diciembre de 1869 como Ley de Instrucción Primaria del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, la cual determinó que "En el Estado, la instrucción primaria es forzosa" de los siete a los catorce años (artículo primero);13 esta obligación sería supervisada y los padres y tutores habrían de responder ante la autoridad por la educación de los menores (artículo tercero). La ley creó una Junta Directiva de Instrucción Primaria y ordenó el establecimiento de una escuela normal para formar a los preceptores públicos (artículo 8).

A juicio del jurista De la Torre, la Constitución de 1868 no es muy original, pues a partir de tal año el liberalismo jurídico de Aguascalientes siguió los lineamientos de la capital del país, proceso que continuaría con el fortalecimiento del porfiriato, y aun después de la Revolución de 1910 (De la Torre, 2009: 166; cfr. Valadés, 2006).

Una nueva Constitución se promulgó en 1917, recogiendo la declaración de derechos de 1861 y de 1868 (artículos 1 y 2), pero sin mencionar en su articulado inicial a la educación. En esta nueva norma constitucional el Congreso adquiere la facultad de legislar "en todos los ramos" (artículo 29, I) y le otorga al Ejecutivo las facultades y obligaciones de "Promulgar, publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes..." (artículo 41, I) y "formar los reglamentos necesarios (frac. VIII), pero no se menciona de manera específica la materia de educación.

En este punto conviene hacer una relación con la legislación federal. El artículo 14 transitorio de la Constitución federal de 1917 suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, mientras que el artículo 73, frac. XXVII, le dio facultades al Congreso para establecer instituciones educativas de tipo superior sin menoscabo de las facultades de los estados. En 1921 la fracción fue reformada —pasó a ser la número XXV— ampliando la facultad del Congreso a todo tipo y nivel educativo, también sin menoscabo de las facultades de los estados (Tena: 2008: 908). El texto hoy vigente de la fracción comentada, que es producto de la reforma constitucional de 1934, añade la facultad del Congreso "para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República" (Covarrubias, 2010: 188-189). Además de lo establecido en este artículo, al reformarse en 1934 el artículo tercero, en su último párrafo se estableció también la facultad del Congreso para legislar en vistas a la distribución de la función educativa, así como su unificación y coordinación en la República. Esta reforma fue un momento importante en el proceso de centralización de la función educativa. En la legislación secundaria, actualmente la Ley General de Educación de 1993 es la más reciente distribución de atribuciones en materia de educación y da continuidad al predominio del gobierno federal en el conjunto de estas atribuciones.

Regresando al caso de Aguascalientes, aunque podría esperarse que su Constitución de 1917 fuese un código nuevo por la circunstancia política y, por analogía, con la renovación federal, en realidad es una reforma de la Constitución de 1868. Esto quizá pueda comprenderse porque la región de Aguascalientes no fue un escenario fundamental de la revolución maderista de 1910 ni de la lucha constitucionalista.

Durante el tiempo de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes se manifestaron ideas y acciones de cambio en la educación. En el gobierno del general carrancista Alberto Fuentes Dávila, el profesor David Berlanga fungió en 1914 como secretario general y promovió la reforma de la educación como lo había hecho en San Luis Potosí antes del golpe de Estado de Victoriano Huerta. Orientó la educación a formar para el trabajo con artes y oficios y a combatir los fanatismos religiosos; dio apoyo a los grupos de mayores carencias, creó escuelas y estableció la Normal para profesores. Berlanga impulsó la Ley de Educación Primaria del Estado de Aguascalientes expedida el 28 de agosto de 1914, pero sólo estuvo vigente pocos meses (Engel, 1995-1997; Ramírez, 2004: 93-94).14 Esta y otras leyes de educación previas a la Constitución de 1917 no infuyeron en el texto constitucional de manera que se ocupara significativa o innovadoramente en esta materia.

La declaración de derechos de los primeros tres artículos de la Constitución estatal de 1917 es muy similar a la contenida en las Constituciones de 1861 y 1868 , pero de modo paradójico, ante el proceso revolucionario que se había vivido, ya no se menciona que el poder emana del pueblo, aunque el artículo séptimo asienta que "El Gobierno del Estado, es republicano, popular, representativo" (Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 102). No se ocupa de forma expresa de la educación y sólo fija las facultades generales del Congreso y del Ejecutivo (artículo 41); no sigue pues, en esta cuestión, el propósito innovador de la Constitución federal.

En lo que respecta a la educación, en la fracción I del artículo 29 establece la facultad de "expedir leyes y ejecutar actos sobre las materias que la Constitución General encomiende a las Legislaturas locales" (artículo 29, I, Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 113), por lo cual queda incluida la cuestión educativa conforme a la fracción XXV del artículo 73 comentada arriba. Por la inestabilidad política de esos años hubo dificultades en la definición y aplicación de la legislación educativa secundaria; a partir de 1926 se logró más estabilidad.

El texto de 1917 fue reformado en algunos aspectos menores y publicado de forma oficial en 1935 como "copia" de la Constitución vigente, la de 1917, que "reforma la de 18 de octubre de 1868" (Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 109). En los artículos séptimo sobre la forma de gobierno; 27, sobre las facultades del Congreso, y el 41, sobre las del gobernador, no existen reformas. La fracción I del 27 otorga al Congreso la facultad de "Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean competencia exclusiva de la Federación" (Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 119), pero no se hace mención de la educación.

En 1950 se expide una nueva Constitución, que es la norma fundamental hasta hoy vigente. Este nuevo código suprimió la declaración de derechos del código precedente para afirmar que "Todo individuo gozará en el Estado de las garantías que otorga la Constitución Federal y tendrá los derechos y obligaciones establecidas por las leyes locales" (artículo 2, Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986: 117). Este cambio es un indicador del proceso de centralización ocurrido en la juridicidad del estado, según el juicio ya recogido de De la Torre (2009) y Valadés (2006). En lo que hay cierto adelanto es en el hecho de que la Constitución estatal dedica por primera vez un artículo a la educación en estos términos: "La educación popular será motivo de especial atención del Estado" (artículo 6).

Otra innovación de la Constitución de 1950 fue la afirmación de la familia "como base fundamental de la sociedad" y la identificación de su integridad como elemento de la propia integridad del estado, por lo cual la protección del hogar y de la niñez se convirtieron en objeto especial del cuidado de las autoridades (artículo 4).

Debe recordarse que eran éstos los años en que se fortalecía la federalización centralizadora en la gestión de la educación y estaba vigente el artículo tercero de la Constitución federal aprobado en 1946, en el marco ideológico-político de la doctrina de la unidad nacional. El pensamiento revolucionario de orientación liberal, con su énfasis en los derechos sociales, fue perdiendo fuerza en su expresión, igual que sucedió con el impulso a la perspectiva de cambio social apoyado en la educación que tuvo su fase culminante con la escuela rural de los años treinta del siglo XX. Es éste un fenómeno similar, guardadas las diferencias históricas, sociales y políticas, al ocurrido por efecto del positivismo y la centralización del porfiriato en el siglo XIX.

En materia de educación, la Constitución de 1950 no tuvo reformas sino hasta el año de 1997, en el marco de la modernización educativa del gobierno de Carlos Salinas, siendo tal reforma acompañada de una nueva Ley de Educación estatal promovida por el gobernador Otto Granados (1992-1998).15 Así, en una coyuntura favorecida por las corrientes internacionales de renovación educativa y de fortalecimiento del derecho a la educación (Conferencia Mundial de Educación para Todos, 1990; Delors, 1996), el entorno nacional modernizador, una administración estatal alineada con la perspectiva de la modernización salinista (Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, 1993), entre otros factores, impulsaron el cambio constitucional y el texto del artículo relativo a la educación fue ampliado en forma muy relevante, dando lugar de manera especial al establecimiento del derecho a la educación en su párrafo inicial: "La educación es un derecho de todas las personas que atiende a las necesidades de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público" (Instituto de Educación de Aguascalientes, 1997: 29). Afirma además el deber del estado de impartir la educación básica "de conformidad con los principios de universalidad, gratuidad y laicidad" y precisa los fines de la educación como "el fomento de la democracia como forma de vida, el respeto a los derechos humanos en el marco de la libertad y la justicia... el desarrollo de individuos libres y autónomos como ciudadanos... el respeto a la pluralidad social y política, el fomento a la ética, la rectitud, la verdad y la solidaridad". El estado debe garantizar la asistencia, la permanencia y el egreso oportuno en la educación básica de modo que se haga efectivo "el derecho universal a la educación" (Instituto de Educación de Aguascalientes, 1997: 30). En suma, esta reforma actualizó la legislación con nuevos criterios éticos y políticos y signifcó una nueva fase de la juridicidad para la educación estatal que dio impulso a programas innovadores para la universalización de la educación básica, la reforma de la supervisión escolar, la formación continua de maestros y la educación en valores con el enfoque de la paz y los derechos humanos, entre otros.16Al estudiar el efecto de la alternancia política en la educación de Aguascalientes con el gobierno panista de Felipe González (1998-2004), Camacho (2004) concluye que en general hubo continuidad de las políticas educativas de los gobiernos priístas, pero que ideológicamente hubo algunas medidas conservadoras por la relación con grupos religiosos y con empresarios católicos.

La legislación educativa secundaria en Aguascalientes

El nivel secundario de la legislación es fundamental para la operacionalización y desarrollo de la norma constitucional, así como su aplicación. En la historia de Aguascalientes esta actividad legislativa ha sido abundante y ha estado sujeta, en su elaboración y vigencia, a las circunstancias políticas, económicas y gubernamentales. Se identifican, no obstante, ciertos periodos históricos que destacan sobre otros en el transcurso de la vida independiente del país y el estado.

Existen cerca de cien instrumentos legales que se agrupan en dos grandes conjuntos: uno está dedicado al servicio educativo para la población, es decir, a la enseñanza primaria, secundaria, preparatoria y superior en el estado (a veces los instrumentos legales son exclusivos de uno de los tipos educativos y en otras ocasiones combinan la atención a dos de ellos), y el otro grupo de instrumentos se ocupa de manera particular de la formación de maestros y maestras y de las escuelas normales a ello destinadas. Los más abundantes están dedicados a la educación elemental o primaria, y a la secundaria.

Si bien la actividad gubernamental de fomento de la instrucción o educación y la actividad legislativa en este ramo de la vida social son constantes debido a la convicción de su importancia para el desarrollo personal y social en sus dimensiones regional y nacional, el efecto transformador de las normas y proyectos no alcanzó grandes logros en todas las circunstancias históricas de la entidad, debido a las inestabilidades políticas y sus efectos en la disposición de recursos financieros y organizacionales, o por carecer del tiempo de gobierno necesario para aplicar y hacer fructificar los proyectos. En tal sentido, la estabilidad se manifiesta a partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho y de los gobiernos estatales de Alberto del Valle (1940-1944) y Jesús Ma. Rodríguez (1944-1950), en especial del segundo.

Los periodos legislativos están asociados a las fases de formación y evolución del estado y destacan los siguientes: los años inmediatos a la declaración de independencia y los años de la primera república federal (1824-1835), que corresponden en este caso al estado de Zacatecas, del cual el partido de Aguascalientes formaba parte; con todo, en Aguascalientes existía interés en el fomento de la educación. Otro periodo es el de los años de la república restaurada y el porfiriato, con mucha intensidad liberal en los primeros años. El siguiente periodo está formado por los años veinte y la primera mitad de los treinta del siglo XX, y finalmente, se identifica el periodo ligado al proceso de modernización iniciada en los años ochenta del siglo XX bajo el impulso del gobierno federal.

 

CONCLUSIONES

La necesidad actual de México de lograr educación de calidad tiene un significativo fundamento legal e histórico. En la formación de la constitucionalidad del país, desde la transición de la estructura colonial a la vida independiente, y de ahí hasta el presente, existe un proceso permanente de definición de la función educativa del Estado que culminó en 1993 con el reconocimiento expreso del derecho a la educación. En ese entorno amplio de la vida nacional se ubican las fases de construcción de la juridicidad educativa del estado de Aguascalientes en interacción estrecha con el desarrollo normativo de México, aunque siguiendo una vía particular en su progreso constitucional que se consuma también con el reconocimiento del derecho a la educación. En la definición de la función educativa la sociedad ha debatido y definido el significado de la formación ciudadana que hoy, en el esfuerzo por garantizar el derecho, se integra en las dimensiones de la calidad.

La organización jurídico-política del estado de Aguascalientes y la atención a la instrucción en el siglo XIX fueron consecuencia de la difusión y paulatino predominio de la filosofía liberal dentro del proceso general de construcción social, política y jurídica de la nación y de la identidad de los estados. La fuerza del liberalismo tuvo una fase culminante en 1861 y luego fue perdiendo impulso ante la difusión del positivismo y el fortalecimiento del centralismo del porfiriato (Cosío Villegas, 1955 y 1973; Hale, 1991). En tal proceso, las constituciones de la república y las de Aguascalientes perdieron fuerza gubernativa. La juridicidad quedó sujeta a la política y a la administración del Estado.

Desde cierta perspectiva podría valorarse que son pocos los cambios en la legislación; las cuestiones mayores en el cambio social y político son la creencia en los derechos originarios de los individuos —derechos de los cuales se desprende el fundamento y legitimidad de la organización de la forma de gobierno—, de un lado, y el salto cualitativo del establecimiento constitucional del derecho a la educación, por el otro. Otros hechos relevantes son: el gradual —aunque no sin conflictos— establecimiento de la autoridad del Estado en materia educativa y su gran transición de la libertad de educación (1857) a la declaración de la supremacía estatal que le dio identidad y fuerza a la escuela pública (1917); y la evolución de la municipalización de la educación hacia el control central en las diversas facetas de centralización-descentralización que aún hoy le otorgan varias atribuciones de mucha trascendencia a la autoridad federal.

En el proceso de juridificación y realización de la acción educativa no pueden soslayarse, desde luego, las diferencias o acentuaciones que se originan en las creencias y convicciones de los grupos gobernantes para actuar conforme a la norma constitucional o impulsar su reforma de acuerdo con el contexto nacional e internacional.

A todo ello está aparejado el asunto de la disposición de recursos para el pleno cumplimiento de la Constitución y de los proyectos educacionales, pero este problema de la práctica gubernamental ha estado presente desde el siglo XIX. De forma especial, a lo largo de los tiempos de la vida independiente de México el centralismo ha sido un factor de mucha influencia en la comprensión, atención y solución de las necesidades del país, sus regiones y sus entidades. En ese entorno Aguascalientes reformó su Constitución en 1950 y 1997, mejorando en la segunda fecha, de forma sustantiva, el contenido de sus normas legales para la educación y el reconocimiento de la responsabilidad estatal. Sin embargo, esta reforma, realizada en el contexto descentralizador de finales del siglo XX, no representa para Aguascalientes —como para ninguna otra entidad de la federación— un ejercicio de soberanía plena por los rasgos del pacto federal. Aguascalientes, sin embargo, fue innovador en algunos rasgos normativos y en algunas políticas públicas, como la formación continua de maestros.

En el tiempo de vida independiente de México existen momentos de transición entre los ideales revolucionarios o reformistas, por un lado, y la recuperación del pensamiento conservador y su influencia en las políticas gubernamentales, por el otro. Esto se observa en el porfiriato y en el gobierno de Manuel Ávila Camacho y los subsecuentes. La mayor actividad legislativa luego de los periodos revolucionarios expresa el papel más activo de los grupos sociales en la definición del proyecto de nación y de educación.

 

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NOTAS

1 Considérese por ejemplo el artículo tercero constitucional y el séptimo de la Ley General de Educación.

2 Un estudio completo de la construcción de la función educativa estatal implica dar atención amplia a los movimientos sociales, a los partidos políticos y su acción social, al pensamiento filosófico y político de fuera y dentro del país y sus formas de interacción y, desde luego, a la evolución del derecho mexicano, entre otras cosas.

3 Declaraciones de derechos humanos como la de Virginia en 1776 y la francesa de 1789, así como los Sentimientos de la Nación formulados por Morelos en 1814, no mencionan la educación pero contienen un ideal de humanidad o de vida buena y una visión de relaciones sociales y políticas basadas en el derecho legal que exigen una formación ciudadana idónea o el fomento de la ilustración de las gentes, tal como posteriormente se fue definiendo.

4 Sobre el proceso constitucional general véase Carbonell et al., 2004; Covarrubias, 2010 y Galeana, 1998. Sobre el artículo tercero en particular véase Cámara de Diputados (1967, 2006). Algunos aspectos de este artículo se analizan más adelante. Martínez (2010) ofrece un análisis de las relaciones entre política, sociedad y derecho para un amplio periodo de la historia del país.

5 Carlos Salinas emprendió como presidente una modernización del país que ya había impulsado siendo secretario de Programación y Presupuesto en la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988). En asuntos de educación logró que el Congreso federal reformara el artículo tercero de la Constitución, destacando en las reformas el reconocimiento del derecho de todo individuo a recibir educación y el establecimiento de la obligatoriedad de la educación secundaria —tres grados posteriores a la educación primaria—. También logró la aprobación de una nueva Ley General de Educación.

6 La formación del pensamiento liberal mexicano y su relación con la guerra de independencia y la lucha por la reforma de la sociedad mexicana es objeto de debate. Además de la síntesis presentada en Barba (2006) y las obras de Hale (1972 y 1991), puede verse el trabajo de López (1988). Existen otros trabajos cuya referencia alargaría la nota y exigiría un tratamiento en el texto, pero éste rebasaría los límites aceptables. El tema requiere en realidad un trabajo propio para dar lugar también a sus relaciones con los proyectos de educación.

7 Las citas de las constituciones de Cádiz y de Apatzingán están tomadas de Cámara de Diputados, 2006.

8 Esta resistencia de la Iglesia católica motivó la reforma del artículo 40 de la Constitución federal para agregar el rasgo de laica a la definición de la República.

9 En relación con el proceso jurídico y político de la formación del nuevo estado véase la obra de De la Torre, 2009; para una visión general de la formación de Aguascalientes véase Gómez, 1994.

10 Las citas de las constituciones de Aguascalientes están tomadas del Congreso del Estado de Aguascalientes, 1986.

11 AHEZ, fondo Poder Legislativo, serie Leyes y Decretos, caja 5.

12 AHEA, sección Hemeroteca.

13 AHEA, fondo Educación, caja 1.

14 AHEA, sección Hemeroteca.

15 Otto Granados formaba parte del equipo de Carlos Salinas y compartía su proyecto de modernización del país; además tenía experiencia administrativa en el ramo de la educación, pues había sido secretario particular de Jesús Reyes Heroles, quien como secretario de educación en la presidencia de Miguel de Madrid (1982-1988) había impulsado una reforma educativa.

16 Sobre este proceso de reforma véase Barba, 1998; Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, 1993; Zorrilla y Tapia , 2002; y Zorrilla et al., 1994.