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Perfiles educativos

Print version ISSN 0185-2698

Perfiles educativos vol.30 n.120 Ciudad de México Jan. 2008

 

Horizontes

 

La responsabilidad social universitaria en el modelo de apertura de sedes regionales: el caso de la ciudad de Antofagasta

 

University social responsibility in the model of opening regional offices: the case of Antofagasta city

 

Ricardo Gaete Quezada*

 

* Es maestro en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta, Chile. Actualmente, además de la labor académica de docencia, extensión e investigación, se desempeña como jefe de carrera de Administración Pública de la Universidad de Antofagasta y como miembro del Consejo Académico de dicha universidad.
Correo electrónico: rgaete@uantof.cl

 

Recepción: 13 de julio de 2007
Aprobación: 2 de julio de 2008

 

RESUMEN: Desde 1981 las universidades chilenas se enfrentan a la creciente necesidad de autofinanciar sus actividades debido a que el Estado ha disminuido los recursos económicos directos que proporcionaba a las universidades, particularmente a las estatales, entregando los aportes fiscales a través de fondos concursables o asignándolos de acuerdo al cumplimiento de ciertos estándares de calidad, lo que ha obligado a algunas universidades a desarrollar un modelo de apertura de sedes regionales a lo largo del país como una estrategia para autofinanciarse.

El propósito del presente artículo es analizar los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas con carácter exploratorio–descriptivo a los directores de sedes regionales de las universidades actualmente en funcionamiento en la ciudad chilena de Antofagasta, respecto de la percepción y presencia del concepto de responsabilidad social universitaria como uno de los criterios a considerar en el funcionamiento de las sedes regionales en cuanto estrategia de autofinanciamiento.

Palabras clave: Responsabilidad social / Sistema universitario chileno / Sedes regionales / Mercantilización de la educación superior

 

ABSTRACT: Since 1981 the Chilean universities face the growing need to seek self–funding for their activities because the State has reduced drastically the direct financial resources that were allocated to the universities, and specially to the state universities, submitting the fiscal contributions through funds that are won by means of a competition or assigning them according to the compliance of several regional standards, forcing most of he universities to develop a model characterized by the opening of regional offices troughout the country as a self–funding strategy.

The purpose of this article is to analyse the results obtained during the exploratory and descriptive interviews that were carried out to the principals of the different regional seats of the currently active universities in the Chilean city of Antofagasta, with regard to the perception and the presence of the concept of social university responsibility as one of the criteria to be taken into account in operating the regional offices as a strategy of self–funding.

Keywords: Social responsibility / Chilean university system / Regional offices / Merchandizing of higher education

 

LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA Y EL SISTEMA UNIVERSITARIO CHILENO

La ciudad de Antofagasta se encuentra ubicada en la Segunda Región de Chile, la cual cuenta con nueve comunas de acuerdo a la actual división político–administrativa del país, y es la capital de la región del mismo nombre, siendo por ello la sede del Gobierno Regional de la Segunda Región, concentrando la mayor cantidad de habitantes y la mayor cantidad de industrias y servicios públicos en comparación con el resto de las comunas de la Segunda Región de Antofagasta.

De acuerdo a la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Región de Antofagasta contaba al 30 de junio de 2005 con una población de 541 093 habitantes representando 3.3% de la población del país, de los cuales 528 189 personas pertenecen al área urbana y 12 904 habitan al área rural. En cuanto a la distribución por género, en la fecha señalada la Región de Antofagasta estaba habitada por 281 711 hombres y 259 382 mujeres (INE, 2005: 82–83).

En lo referido a las estadísticas relativas a educación superior, el compendio estadístico 2005 del INE señala que en el año 2003 la región de Antofagasta tenía una matrícula de 21 774 estudiantes que representan 3.84% del total en el país, lo que incluye la matrícula de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En el caso de las universidades dicha cifra comprende los alumnos de pre y posgrado, así como de postítulo. Al aplicar la variable de género, la región contaba en el año 2003 con 11 643 hombres y 10 131 mujeres matriculados en una institución de educación superior (INE, 2005: 163).

En cuanto al sistema universitario chileno y su desarrollo en la ciudad de Antofagasta, es conveniente señalar que en los últimos cinco años el número aumentó de dos universidades regionales pertenecientes al Consejo de Rectores (Universidad de Antofagasta y Universidad Católica del Norte), a nueve universidades de carácter público (estatal) o privado, pertenecientes o no al Consejo de Rectores, que se instalaron en la ciudad abriendo una sede regional y ofreciendo casi las mismas carreras o programas de pregrado, tales como las carreras de Derecho, Psicología, Ingeniería Comercial, Educación Parvularia o Pedagogía en Educación General Básica, entre otras.

Entre las universidades públicas o privadas que actualmente funcionan en la ciudad de Antofagasta y que utilizan el formato de sedes regionales se encuentran: Universidad de Los Lagos, Universidad La República, Universidad Arturo Prat, Universidad del Mar, Universidad Central, Universidad Santo Tomás y Universidad Tecnológica de Chile.

A diferencia de las dos universidades regionales originales de la Segunda Región (Universidad Católica del Norte y Universidad de Antofagasta), las universidades que se han instalado en la ciudad de Antofagasta en los últimos años han desarrollado el formato de "sedes regionales", que se caracteriza por el hecho de que la casa matriz o central de dichas sedes se encuentra situada en otra ciudad del país, en la mayoría de los casos en Santiago, pero también en ciudades como Iquique, Osorno y Viña del Mar, entre otras, no así en el caso de las universidades originales de la ciudad que tienen su casa central en la ciudad de Antofagasta.

Respecto a lo anterior, es importante señalar que la Universidad de Antofagasta, por voluntad propia o incapacidad económica o técnica, es la única universidad que no posee alguna sede en otra ciudad del país, debido a que la Universidad Católica del Norte si bien tiene su casa matriz en Antofagasta, mantiene en la actualidad sedes en las ciudades de Calama y Coquimbo.

El funcionamiento de las sedes regionales en cierta manera responde a las condiciones de trabajo señaladas por Jaime Lavados para el sistema universitario chileno, que el autor describe en torno a tres grandes ejes (Lavados, 2006: 21–22):

• Aumento de la demanda por acceso a educación superior, ya no sólo de los jóvenes como clientes habituales de las universidades, sino que ahora también por parte de los adultos–trabajadores que desean estudiar o por profesionales en busca de una especialización a nivel de posgrado.

• Instalación de nuevas disciplinas y carreras como bioética, ecología o mediación familiar, que respondan a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento y la globalización.

• El nuevo papel del Estado en su relación con el sistema universitario chileno, especialmente en cuanto al financiamiento y las nuevas formas en que las universidades pueden acceder a éste, a través de nuevas modalidades de distribución de los recursos basadas en la competitividad y en la posibilidad de obtener financiamiento desde fuentes privadas.

Del análisis de Lavados, especialmente en el primero y tercero de los ejes mencionados, es donde probablemente se encuentren argumentos sólidos que justifican el desarrollo del modelo de sedes regionales por parte de las instituciones de educación superior en Chile, no tanto así en el segundo eje en lo relativo a la apertura de carreras que respondan a las demandas emergentes de la sociedad del conocimiento, debido a que la mayoría de las instituciones de educación superior que utilizan el formato de sedes regionales habitualmente imparten programas de pregrado asociados a carreras que requieren de poca infraestructura para ser impartidas y que son altamente demandadas en la actualidad, como derecho, psicología, educación parvularia o pedagogías en general, que no requieren de grandes inversiones en laboratorios o equipamiento costosos.

En el caso del primer eje mencionado por Lavados, se puede encontrar el criterio principal por el cual las instituciones de educación superior deciden la zona geográfica donde instalarán una sede regional, que les asegure una cantidad de alumnos suficientes para obtener los recursos económicos adecuados vía pago de aranceles, provenientes especialmente de lo que se conoce como "alumno–trabajador", que es aquella persona que estudia en la universidad o instituto profesional en horario vespertino o los fines de semana debido a que durante el día debe trabajar en una organización laboral como trabajador dependiente y que tiene la necesidad de poseer un título profesional para mejorar su posición laboral y sus ingresos.

En el caso del tercer eje, las instituciones de educación superior abren una sede regional orientadas fundamentalmente por la necesidad de generar los recursos económicos que les permitan autofinanciar sus actividades académicas (docencia, investigación y extensión), y suplir de esta manera la eventual disminución de recursos económicos directos que antes recibían por parte del Estado y que actualmente son entregados basándose en el cumplimiento de ciertos indicadores de competitividad y calidad por medio de fondos concursables entre los que destacan el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación Superior (MECESUP), el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) y el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF), entre otros.

A partir de los aspectos señalados anteriormente, pareciera haber quedado lejana la descripción que realizó Brunner de la educación superior en América Latina en el año 1993, cuando señalaba que el sistema universitario latinoamericano

Se desarrollaba como un servicio público gratuito para sus beneficiarios, contando con el apoyo financiero de los contribuyentes canalizado a través del gasto del Estado y sólo complementariamente se creaban establecimientos privados cuyo financiamiento depende de los aranceles pagados por sus alumnos y de recursos provenientes de otras fuentes, como aportes selectivos otorgados por el Gobierno y donaciones de empresas e individuos (Brunner, 1993: 2).

Catorce años después nada de eso existe e incluso las universidades estatales deben cobrar altos aranceles a sus alumnos para poder autofinanciarse.

Es evidente que poco queda del escenario de la educación superior latinoamericana descrito por Brunner; por el contrario, hoy las universidades públicas o estatales compiten a la par con las privadas por la matrícula de los alumnos de pre y posgrado, así como por los recursos económicos para el financiamiento de la investigación otorgado por el Estado o por el sector privado, siendo en muchas ocasiones muy difícil diferenciar a una universidad estatal respecto de una privada, especialmente en cuanto a sus fines o intereses principales, quedando abierta la interrogante sobre la preeminencia de la lógica económica de búsqueda de autofinanciamiento o el desarrollo del quehacer universitario aplicando valores y principios asociados a la responsabilidad social universitaria.

En la actualidad, Lavados señala que el Estado chileno "estimula a las instituciones de educación superior a buscar financiamiento fuera del sistema, a cobrar aranceles, a captar donaciones y a proporcionar servicios académicos a empresas o al propio Estado pero a cambio de contraprestaciones financieras específicas" (Lavados, 2006: 23), situación que demuestra plenamente el dilema que experimentan muchas instituciones de educación superior en Chile, que deben preocuparse más por generar fuentes de autofinanciamiento para poder subsistir que por desarrollar un comportamiento socialmente responsable.

Lo anterior, de acuerdo con Noam Chomsky, pondría en peligro el adecuado desarrollo de un comportamiento social–mente responsable por parte de las universidades que serían "económicamente parasitarias" (Chomsky, 2002: 118), debido a que dependerían en exceso de la obtención de recursos económicos de fuentes externas tanto públicas como privadas para poder funcionar, despreocupándose por cumplir eficientemente con un papel más crítico y propositivo para mejorar los defectos del actual sistema económico, político y social, preocupándose mayormente por no afectar los intereses de las entidades de las cuales reciben financiamiento antes que cumplir con el mencionado papel.

De esta manera, la aplicación del modelo de sedes regionales obedecería a la lógica de obtener el autofinanciamiento al que lamentablemente la aplicación del modelo económico de libre mercado ha obligado a las instituciones de educación superior, debiendo estas organizaciones "cobrar altísimos aranceles o tasas, ofrecer las mismas carreras generando una sobreoferta sólo regulada por el marketing y la publicidad", entre otras consecuencias que están obstaculizando que dichas instituciones cumplan con un papel más determinante en el desarrollo sustentable de los territorios donde funcionan, no cumpliendo de esta manera con la responsabilidad social que les compete (USCH, 2000: 18).

El escenario descrito anteriormente plantea fuertes desafíos y contradicciones para el trabajo que puedan desarrollar las instituciones de educación superior en el siglo XXI, debido especialmente al aumento de la demanda por estudios de nivel superior como consecuencia de la sociedad del conocimiento, pero condicionado por la disminución de los recursos económicos principalmente del Estado a los cuales pueden tener acceso, debiendo desarrollar estrategias que se orienten más a conseguir el autofinanciamiento que a cumplir con un activo papel de fomento y articulación del desarrollo de los distintos territorios enmarcado en la aplicación de criterios de equidad y desarrollo sustentable, demostrando un comportamiento socialmente responsable.

La ratificación de este escenario la realiza Luis Yarzábal, quien señala que

Por numerosas razones las universidades públicas no han podido desempeñar cabalmente su función social como impulsoras del desarrollo humano sostenible y su importante función no ha tenido el necesario reconocimiento social, obligadas a enfrentar una creciente demanda de acceso con una considerable reducción relativa de recursos (USCH, 2000: 42).

De esta manera, el desafío al que se enfrentan las instituciones de educación superior pareciera ser bastante complejo: desarrollar sus actividades bajo criterios de lo que se ha denominado como la mercantilización de la educación superior con el propósito de obtener los recursos económicos que les permitan asegurar su autofinanciamiento, o aplicar un conjunto de valores y principios que les permitan alcanzar un comportamiento socialmente responsable en el desarrollo de sus actividades académicas comprometidas con la generación de un aporte real que intente resolver los problemas y necesidades de la sociedad actual.

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: CONCEPTO Y APLICACIÓN A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA

Más de un siglo ha transcurrido desde que en 1899 Andrew Carnegie estableciera en su libro El evangelio de la riqueza (The gospel of wealth), lo que hoy se consideraría como uno de los primeros pasos del concepto de responsabilidad social, basado en los principios de caridad y custodia, desarrollando una marcada actividad benéfica, lo que más tarde le otorgaría el reconocimiento internacional como uno de los filántropos más importantes del mundo (Stoner, 1996: 109).

Si bien es cierto que las obras benéficas o sociales no son la única ni la principal forma de expresión del concepto de responsabilidad social, en especial las empresas piensan que están ejecutando acciones enmarcadas en el concepto de responsabilidad social al desarrollar actividades de este tipo, lo que sin lugar a dudas corresponde a un concepto distorsionado y erróneo de responsabilidad social empresarial.

Hoy en día nos encontramos con un enfoque de responsabilidad social mucho más profundo y desarrollado, que abarca acciones de carácter social, medioambiental, económico, de marketing, ético y de buenas relaciones con los grupos de interés. Este desarrollo conceptual ha permitido que el enfoque de responsabilidad social también amplíe sus horizontes de aplicación hacia otro tipo de organizaciones, debido a que en la actualidad no sólo se aplica a las empresas, sino que ha comenzado a ser aplicada en universidades, organismos internacionales e instituciones estatales.

Desde una perspectiva personal, la responsabilidad social corporativa de cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño o sector económico al que pertenezca, debería ser entendida como

El desarrollo de las actividades propias de una organización en virtud del rol asignado por la sociedad, con una conciencia plena del impacto que generan sus propias acciones en el entorno desde las perspectivas económica, legal, social y medioambiental, aplicando en su gestión de manera voluntaria un conjunto de valores y principios que se orientan a la protección y cuidado de los intereses de la sociedad en su conjunto (Gaete, 2006: 139).

Al analizar el concepto de responsabilidad social en mayor profundidad, nos encontramos con lo planteado por Fernández quien señala, citando a Sethi y Boatright, que el concepto de responsabilidad social corporativa predominante en la actualidad hace referencia a "la asunción de la obligación de llevar el comportamiento corporativo a un nivel superior en el que sea congruente con las normas, valores y expectativas sociales existentes y no sólo con los criterios económicos y legales" (Fernández, 2005: 4).

De acuerdo con Manuel Carneiro, la responsabilidad social corporativa puede entenderse como "la integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores" (Carneiro, 2004: 32–33).

El mismo autor cita a Castillo Clavero, quien enuncia un concepto de responsabilidad social corporativa señalando que éste

Supone que la empresa en el ejercicio de su función, ha de tomar conciencia de los efectos reales totales de sus acciones sobre el entorno social, internalizando unas pautas de comportamiento que representen una actitud más positiva en la consideración de los valores e intereses sociales.

El mismo Carneiro, citando a Carroll y otros autores, coincide en señalar la existencia de tres áreas donde la responsabilidad social corporativa debe desplegarse:

• La responsabilidad económica, que desde la perspectiva empresarial es el tipo de responsabilidad clásica y habitual, traducida en la búsqueda por aumentar las utilidades y beneficios al máximo desde la perspectiva de los accionistas de la organización.

• La responsabilidad sociocultural, traducida fundamentalmente en la realización por parte de la empresa de acciones de interés y beneficio social, que entre otros aspectos consideren el adecuado respeto de la ley, las costumbres y la herencia cultural.

• La responsabilidad medioambiental, que se vincula sin lugar a dudas de manera directa con el desarrollo sostenible, implica la preocupación y obligación de la organización por el cuidado y preservación de los recursos naturales y el ecosistema en su conjunto.

Harold Koonkz, uno de los autores clásicos de la administración contemporánea, establece que el concepto de responsabilidad social corporativa implica "tener seriamente en consideración el impacto de las acciones de la compañía sobre la sociedad", señalando además que la responsabilidad social se encuentra estrechamente ligada con el concepto de "respuesta social", que desde una perspectiva simplificada se traduce en "la habilidad de una corporación para relacionar sus operaciones y políticas con el medio social, en forma tal que resulten mutuamente benéficas para la compañía y la sociedad" (Koontz, 1990: 689).

En los planteamientos de Koontz encontramos uno de los lincamientos centrales del concepto de responsabilidad social corporativa aplicables a cualquier tipo de organización: la preocupación por los impactos que pueden generar en la sociedad las decisiones que toman la organizaciones y el desarrollo de una visión y misión comprometidas con la generación de resultados positivos no sólo para la propia organización, sino también para la sociedad o territorio donde dicha organización se encuentra inserta.

El mismo Koontz, citando a Howard Bowen, se refiere al concepto de auditoría social para que las organizaciones puedan evaluar su desempeño social, señalando que implica "un compromiso de hacer una evaluación sistemática y comunicar algún dominio o área definibles y significativas de las actividades de la compañía que tengan impacto social", distinguiendo dos grandes tipos de auditorías de carácter social: una obligatoria, que es controlada por el gobierno respectivo y se relaciona principalmente con cuestiones medioambientales como la contaminación, y otra voluntaria, asociada al desarrollo de diversos programas sociales que las organizaciones pueden desarrollar de forma espontánea (Koontz, 1990: 693)–

La auditoria social le permite a las organizaciones "transparentar" la información relativa a los esfuerzos que han realizado durante el último periodo en cuanto a su comportamiento socialmente responsable, tanto desde el punto de vista de las acciones desarrolladas como del volumen de recursos destinados a dichas actividades, lo que permite aplicar entre otros principios la transparencia y la necesaria rendición de cuentas que las organizaciones, independientemente de su origen o sector económico, debieran otorgar a la sociedad en general y a sus accionistas o grupos de interés de manera específica.

De acuerdo a Koontz, los ámbitos que puede abarcar la auditoría social son diversos y sin lugar a dudas variarán de una organización a otra, pero entre los más recurrentes están la contaminación, promoción de minorías, contratación de personal, relación con los grupos de interés y desempeño económico–financiero, entre otras.

Finalmente, en relación con una mejor implementación del concepto de responsabilidad social corporativa, Koontz destaca la importancia de que cada organización cuente con un código de ética que permita "guiar la conducta de los empleados en la organización y en la vida cotidiana", que sea institucionalizado por medio de la existencia de un comité al interior de cada organización que se aboque a difundir y aplicar los lincamientos éticos contenidos en cada código (Koontz, 1990: 696–698).

La existencia de un código de ética permitirá, a las organizaciones que lo desarrollen, disponer de valores y principios importantes que orientarán y ordenarán el comportamiento de los integrantes de la organización en el desarrollo de sus responsabilidades, situación que posibilitará estructurar una cultura organizacional que cultive valores y principios claros que permitirán posicionar sólidamente la aplicación de la responsabilidad social corporativa en una organización, ya que estara cimentada en lo más profundo del sentir de sus integrantes.

Además, la existencia de valores y principios permitirá a una organización poner en marcha de manera más eficiente su plan estratégico, basándose en una filosofía organizacional sólida que sustente a la visión y misión de la organización, generándose de esta manera lo que podríamos denominar el triángulo estratégico de la responsabilidad social corporativa, que estaría conectada a través de la existencia de un conjunto de valores y principios con la cultura organizacional, así como con la visión y misión de la institución respectiva, generándose importantes sinergias entre estos tres elementos clave de la gestión de una organización.

La situación planteada anteriormente se expone en la Figura 1, donde los valores y principios estratégicos se encuentran al centro del triángulo para articular y conectar cada uno de sus vértices que representan a la visión y misión, la responsabilidad social corporativa y la cultura organizacional, elementos que aparecen conectados por la aplicación de un conjunto de valores y principios y que se relacionan especialmente con aspectos relativos a la responsabilidad social y sus principales características.

Un análisis más específico del concepto de responsabilidad social es el que ofrece Don Hellriegel y sus colegas, quienes analizan la aplicación de este concepto a los grupos de interés que se relacionan con las organizaciones, planteando la responsabilidad social de los participantes para reconocer la importancia que tiene en el largo plazo la obligación que tienen gerentes y empleados de "atender las preocupaciones y demandas de los diferentes grupos de personas o participantes que son afectados o afectan el logro de las metas de una organización" (Hellriegel, 2005: 165).

De acuerdo con lo anterior, el concepto de "responsabilidad social de los participantes" es fundamentado por estos autores en torno a tres grandes razones que identifican la conveniencia de atender las preocupaciones y demandas de los grupos de interés internos y externos de la organización:

• Egoísmo bien informado: la administración usa la responsabilidad social para justificar numerosas acciones y decisiones, bajo la idea de que una sociedad mejor genera un mejor escenario para el desarrollo de los negocios.

• Inversión sana: la administración cree que la responsabilidad social tiene un efecto positivo en el valor neto de una compañía, lo que se traduciría en un desempeño financiero superior al compararla con empresas con menor responsabilidad social.

• Evitar la interferencia: la administración aspira a minimizar el control de las decisiones de la empresa por parte de "participantes poderosos", como instituciones del Estado o grupos de presión.

Bajo este enfoque, se entiende por participantes a "los individuos o grupos que tienen intereses, derechos o propiedad en una organización y sus actividades, y que pueden beneficiarse de los éxitos de la organización o pueden resultar perjudicados por sus errores", existiendo grupos de participantes primarios que son aquellos cuyas preocupaciones principales son atender la organización para asegurar su propia supervivencia, teniendo la capacidad de impactar directamente los recursos disponibles por la empresa, siendo ejemplos de este concepto los clientes, proveedores, empleados y accionistas.

Los grupos de participantes secundarios de una organización son aquellos que pueden emprender acciones que favorecen o perjudican a la institución; por ejemplo, los entes fiscalizadores del Estado, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, activistas y medios de comunicación.

Finalmente, Hellriegel plantea la necesidad de otorgar un carácter proactivo a la responsabilidad social de las organizaciones que permitan anticipar y enfrentar las preocupaciones y demandas de los grupos participantes con los que interactúan o, si por el contrario, sólo reaccionan frente a las presiones éticas en la medida en que éstas se presentan, identificando cinco categorías a considerar en un enfoque de responsabilidad social proactiva de los participantes: criterios amplios de desempeño, normas éticas, estrategia operativa, respuesta a presiones sociales, actividades legislativas y políticas (Hellriegel, 2005: 169).

El Consejo Minero A.G. (2004) reúne casi el cien por ciento de las grandes empresas mineras que operan en Chile, el sector económico más importante del país con cerca de 40% de las exportaciones que dicha nación realiza anualmente y que contempla los proyectos de inversión extranjera más importantes en el territorio nacional, plantea un concepto de responsabilidad social empresarial basado en tres grandes aspectos:

• La realización de una acción voluntaria, automotivada, no impuesta por parte de la empresa que generará a este tipo de organizaciones "una nueva manera participativa de hacer negocios", que impacta positivamente en la función social y en la gestión económica de la institución.

• Un propósito importante de este concepto será compatibilizar la eficiente administración económica de la empresa, como objetivo de supervivencia fundamental para este tipo de organizaciones, con la obligación ética y moral que toda empresa tiene como integrante de un sistema social en el cual no tiene como único propósito la producción de bienes o servicios para la satisfacción de necesidades.

• Es importante para la empresa que la realización de una gestión socialmente responsable se traduzca en beneficios racionales–cuantificables, que colaboraren en la obtención de los objetivos básicos de dicha empresa.

En la perspectiva del Consejo Minero, las empresas insertas en un proceso de globalización económica no pueden estar preocupadas única y exclusivamente en producir con altos niveles de eficiencia para poder competir activamente en los mercados, buscando maximizar utilidades, reducir costos o asegurar un alto nivel de retorno para los accionistas, siguiendo una versión anticuada y descontextualizada de la empresa global. Por el contrario, todos los propósitos "tradicionales de una empresa" deben enmarcarse en un sistema ético, basado en valores claros que se orienten al papel social que toda organización tiene como integrante de la sociedad.

Lo anterior, debido fundamentalmente al hecho de que ha sido la propia sociedad la que ha posibilitado la existencia de las empresas, razón por la cual la sociedad actual demanda a las organizaciones una mayor preocupación por el impacto que generan en el entorno, desde otras perspectivas distintas a la puramente económica como pueden ser los temas medioambientales, políticos, sociales o humanitarios. Desde esta perspectiva, para la gran minería en Chile, ser una empresa socialmente responsable se transforma en una ventaja competitiva que puede prodigar a la organización múltiples beneficios.

Finalmente, el Consejo Minero señala que aquellas empresas que se definen como socialmente responsables deben desarrollar un modelo de negocios que permita incorporar el concepto de responsabilidad social como un elemento estratégico, que necesariamente debe abarcar desde la visión y misión hasta cada una de las estrategias, políticas y procesos que la organización desarrolla, desde una posición integral y sistémica (CM, 2004: 33–36).

Los párrafos anteriores son una muestra del desarrollo conceptual de la responsabilidad social corporativa o empresarial, que es el ámbito donde se ha masificado su desarrollo y aplicación, lo cual no impide que este enfoque sea aplicado en otro tipo de instituciones como las universidades o institutos profesionales.

Lo anterior se fundamenta en el hecho de que las universidades y las instituciones de educación superior en general no se encuentran aisladas de los efectos y relaciones que pueden generarse en procesos como la globalización, la economía de mercado, la modernización del Estado o el desarrollo de la sociedad del conocimiento; por el contrario, "genera un intercambio de impactos con el entorno con el que interactúa de carácter intelectual, social, político, cultural, económico y productivo a través de su rol de producir, procesar y difundir conocimiento a través de la investigación, la educación y la animación cultural" (Lavados, 2006: 13).

En lo planteado por Lavados se encuentran importantes razones que justifican la aplicación de la responsabilidad social al trabajo desarrollado por las universidades e instituciones de educación superior y los procesos de gestión que éstas puedan realizar, debido fundamentalmente a que existe una generación de impactos e interrelaciones entre la universidad y su entorno en los cuales es necesario aplicar un conjunto de principios y valores que orienten un comportamiento socialmente responsable de estas organizaciones en el cumplimiento de su papel y en la satisfacción de las demandas y necesidades de la sociedad del conocimiento.

Desde una perspectiva universitaria, la Corporación Participa define la responsabilidad social universitaria como "la capacidad que tiene la Universidad como institución, de difundir y poner en práctica un conjunto de principios y valores generales y específicos por medio de los procesos claves de gestión, docencia, investigación y extensión, respondiendo socialmente así ante la propia comunidad universitaria y el país en que está inserta" (Corporación Participa, 2002: 11).

De manera complementaria a lo planteado por la Corporación Participa, es posible citar a Sergio Boisier quien, tal vez sin quererlo, señala cómo las universidades pueden alcanzar un comportamiento socialmente responsable y contribuir a un mejor posicionamiento y desarrollo de su territorio, insertos en la sociedad del conocimiento y la globalización (Boisier, 2006: 169):

• Preparando a los ciudadanos para asimilar más conocimientos, permitiéndoles participar en un proceso vertiginoso de cambios permanentes.

• Mejorando la inserción laboral de sus egresados a través de un proceso formativo basado en el emprendimiento y la innovación.

• Mayor cantidad y calidad de investigación que refuerce la relación entre universidad–empresa.

• Desarrollo de programas de transferencia tecnológica y creación de incubadoras para el desarrollo de empresas de base tecnológica.

• Contribuir con las estrategias locales y regionales para el desarrollo del territorio en el cual las instituciones de educación superior se encuentran insertas.

Sin lugar a dudas las universidades, al igual que las empresas, debido a las exigencias impuestas por la globalización, la sociedad del conocimiento y el mercado al momento de orientarse hacia un comportamiento socialmente responsable, se debaten entre la necesidad de generar los recursos económicos necesarios para poder financiar sus actividades aplicando criterios de eficiencia y eficacia, o el desarrollo de una contribución a la sociedad caracterizada por los aspectos señalados anteriormente por Boisier aplicando criterios de responsabilidad social universitaria.

Lamentablemente, muchas instituciones de educación superior que desarrollan la estrategia de abrir sedes regionales a lo largo de nuestro país, no lo hacen pensando en la contribución que les corresponde hacer al desarrollo de los territorios donde se instalan desde una perspectiva de la responsabilidad social, sino que casi siempre priorizan la generación de recursos económicos para financiar sus actividades, minimizando los costos de funcionamiento de dichas sedes regionales, lo que se traduce entre otros aspectos en inexistencia de bibliotecas, laboratorios, cafetería, salas de clases especialmente acondicionadas y calidad de los docentes; ni hablar acerca de lo planteado anteriormente por Boisier como reflejo de un actuar socialmente responsable de las universidades.

La situación planteada anteriormente de alguna manera muestra cómo ha cambiado el escenario en el cual las instituciones de educación superior se desenvuelven, lo que es ratificado por Brunner, quien señalaba hace unos años que

Donde predomina una concepción de la educación superior como un servicio que produce beneficios sociales y económicos, tenderá a prevalecer la provisión de dicho servicio a través de un sistema público con financiamiento otorgado mediante subsidios provenientes del Estado. En cambio, donde predomina una concepción de la educación superior como una "empresa" que produce beneficios económicos que son apropiados individualmente, tenderá a prevalecer la provisión de dichas ventajas con financiamiento de los propios beneficiarios mediante el pago de aranceles, donde el mercado de demandas estudiantiles asume aquí la función de financista principal de la educación superior (Brunner, 1993: 17–18).

Continuando con el análisis del concepto de responsabilidad social en el ámbito de las instituciones de educación superior, Noam Chomsky plantea algunas ideas interesantes sobre la responsabilidad social de las universidades en la actualidad, que de acuerdo con este autor se encontraría asociada con la idea de desempeñar "una función liberadora y subversiva que permita a la sociedad discriminar si las actuales instituciones de orden, autoridad y dominio son útiles en términos de los derechos y necesidades humanas fundamentales" (Chomsky, 2002: 116).

Uno de los efectos importantes que condiciona el trabajo de las universidades en la actualidad es la presencia y desarrollo de la sociedad del conocimiento, así como de la globalización, que por lo general tiene relación con el espacio y el territorio, variables muy importantes que sumadas a la necesidad de obtener recursos económicos llevan a las universidades e institutos profesionales a "abrir" sedes regionales, que les permitan generar recursos económicos por medio del aumento de la matrícula de alumnos y en menor medida hacer frente a una de las principales demandas de la sociedad del conocimiento: generar y distribuir conocimiento a gran escala venciendo las barreras del tiempo y del espacio.

Además, de acuerdo a lo planteado por Lavados y complementando lo planteado por Chomsky, la generación de conocimiento y desarrollo de nuevas tecnologías en ocasiones genera graves problemas, destacándose los relativos al "deterioro medioambiental y el agotamiento de los recursos naturales", donde el desarrollo científico–tecnológico en alianza con el interés de las empresas por mejorar sus resultados financieros, está poniendo en peligro el desarrollo sustentable de la humanidad, lo que queda reflejado en la contaminación de tierras, agua y aire, extinción de especies y recursos no renovables o la aparición de infecciones o enfermedades globales (Lavados, 2006: 16).

De esta manera, Yarzábal señaló en la Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Estatales organizada en Chile en 1999, que uno de los nuevos papeles de las universidades de cara al siglo XXI es "formar los estadistas, los científicos, los profesionales, los técnicos, fundamentalmente los ciudadanos que se requieren para decidir, libre y soberanamente, cuáles deber ser las prioridades de nuestras sociedades" (USCH, 2000: 38), coincidiendo de manera importante con lo planteado por Chomsky y especialmente con Boisier en cuanto a la contribución de las universidades al desarrollo de los territorios.

En este escenario, la UNESCO identifica como elementos o condiciones de trabajo esenciales para que las universidades puedan hacer frente a las nuevas responsabilidades emanadas de la sociedad del conocimiento y la globalización, a la libertad académica y la autonomía, donde la primera es entendida como la legítima preocupación del ámbito académico por no verse restringido en cuanto al desarrollo y generación del conocimiento y la búsqueda de la verdad en términos de poder criticar y cuestionar responsable y libremente, donde por medio de la libertad académica la universidad pueda cumplir verdaderamente con su papel.

La autonomía se relaciona más bien con la necesaria capacidad que debieran poseer las universidades para "autogobernarse institucionalmente", especialmente en términos de dotar a las universidades de las capacidades y atribuciones para que estas instituciones puedan tomar decisiones y desarrollar sus acciones de acuerdo a los requerimientos y demandas de la sociedad en lo relacionado a la docencia, investigación y extensión, dentro de un marco periódico de rendición de cuentas hacia la sociedad, el cual se reconoce como un aspecto central de la responsabilidad social (UNESCO, 1998: 8).

De esta manera, la autonomía se orienta a que los equipos de gestión de las diferentes universidades a nivel mundial puedan desarrollar una buena administración en términos de generación de recursos, dada la escasez de los mismos, especialmente a causa de la disminución constante de los recursos del Estado para la educación superior.

Esto ha obligado a las universidades a incorporar con suma urgencia criterios de eficiencia y productividad económica y no sólo científica, con lo cual en muchas ocasiones deben desarrollar enfoques de gestión más de carácter empresarial que les permita desarrollar una administración eficiente de los recursos.

Sin embargo, surge el desafío de seguir cumpliendo eficientemente con las funciones de docencia, investigación, extensión y gestión universitaria, pero ahora en un nuevo entorno altamente exigente que espera una capacidad de adaptación y rapidez en la ejecución de los cambios que les permitan responder a estos desafíos, por lo que las universidades subnacionales, de acuerdo con Boisier, deben cumplir con dos importantes condiciones (Boisier, 2006: 168):

• Pertenencia: se traduce en que las universidades locales o regionales logren penetrar en el sentimiento de la comunidad, transformándose en un actor activo del quehacer de la comunidad y ser distinguido por ésta como parte integral de dicho territorio, permitiendo de esta manera afianzar la posición e identidad de la universidad y obtener apoyo económico de dicha comunidad.

• Pertinencia: está relacionada con la necesaria adecuación entre las actividades de docencia, investigación, extensión y gestión universitaria, y las necesidades de corto y largo plazo de la comunidad en la cual se encuentra inserta. Boisier señala que este concepto se relaciona con la excelencia académica, en el sentido que el reconocimiento que adquieren algunas universidades a nivel nacional o internacional les permite captar clientes y recursos económicos.

Es por ello que a partir de lo planteado por Ubaldo Zúñiga y complementado por los aportes de Boisier, Chomsky y la UNESCO, es posible identificar qué parte importante de la responsabilidad social de las universidades estaría asociada a "estar en contacto permanente con las necesidades de la sociedad, para contribuir de esta manera a un desarrollo humano sustentable y a una cultura de paz, como fundamentos principales de la pertinencia de las actividades de docencia, investigación, extensión y servicio a la comunidad" (USCH, 2000: 20) que las instituciones de educación superior debieran desarrollar enmarcadas en un comportamiento socialmente responsable.

Lo anterior queda reflejado en el análisis que Ángel Puga desarrolla sobre la imagen de la universidad hacia el medio externo, señalando que "la universidad es una institución a la que le cabe también una función social como tal y en mérito a su participación desde su quehacer académico, conoce de diagnósticos en materias sociales que le permiten identificar fallas determinantes del sistema social, las que debiera representar a las autoridades pertinentes, proponiendo acciones de solución" (CINDA, 1999: 116), siendo plenamente coincidente con lo planteado por Chomsky en cuanto a que las universidades deben asumir una actitud crítica y propositiva respecto de las características y condiciones del actual sistema global, denunciando aquellas situaciones que no están bien y proponiendo alternativas de desarrollo para una sociedad mejor.

Lamentablemente, surgen cuestionamientos sobre el adecuado cumplimiento de estos papeles por parte de las universidades, especialmente si se analiza el modelo de sedes regionales, enmarcado en la aplicación del modelo de libre mercado a las instituciones de educación superior que se ve reflejado entre otros aspectos en el cobro de aranceles elevados a los estudiantes o la excesiva oferta de programas de pregrado que saturan el mercado y pueden atentar contra la empleabilidad de algunos profesionales.

Lo señalado anteriormente podría impedir que las instituciones de educación superior realicen esfuerzos adecuados para la correcta asunción de un modelo de responsabilidad social universitaria que se oriente a responder a las necesidades y demandas de los territorios para alcanzar un desarrollo sustentable en los ámbitos económico, político, social y medioambiental, asumiendo de manera adecuada e íntegra el papel que estas instituciones tienen en cuanto al desarrollo de la sociedad actual.

Además, el modelo de sedes regionales de alguna manera desconoce los elementos de la misión genérica de las universidades que distintos autores han señalado, no se interesan mayormente por responder a necesidades o demandas externas y sólo responden a la lógica de obtención de recursos económicos para financiar a las propias organizaciones, cayendo en lo que hoy se denomina la "mercantilización de la educación superior".

De acuerdo con Luis Lima, la misión de la "universidad pública o estatal" como institución social es "conservar y transmitir la cultura universal que la sociedad pone en sus manos y generar además nuevos conocimientos que la enriquezcan", misión que de acuerdo con el autor se alcanza "por el accionar permanente, simultáneo y complementario de la enseñanza–aprendizaje (docencia), la investigación pura y aplicada, y la extensión o transferencia" (USCH, 2000: 60).

El mismo Lima es muy claro en señalar que si en alguna institución falta alguno de los elementos señalados (docencia, investigación y extensión), no podría decirse que se trate de una universidad.

La carencia de elementos de la misión institucional que señala Lima frecuentemente se presenta en las sedes regionales, donde normalmente sólo se imparte docencia de pregrado, a veces se realizan algunas actividades de extensión y casi nunca se desarrollan actividades de investigación debido a que habitualmente los investigadores de las universidades son académicos a jornada completa que desarrollan sus actividades en la casa central y a que las sedes regionales regularmente no contratan académicos a jornada completa y sólo desarrollan su docencia a partir de profesores contratados para realizar una determinada cantidad en horas de clases.

Confirmando lo señalado anteriormente, Reginaldo Zurita, citando a Hilario Hernández, señala que la universidad "es un espacio de triples funciones que se relacionan sistemáticamente, orientada a buscar, transmitir y renovar críticamente el saber como su misión principal, sobre la base de una comunidad de estudiantes y académicos cuyo eje debe ser la libertad, la vocación de servir al público y no la de servir a sectores determinados" (CINDA, 1998: 34).

Esta concepción de universidad también nos llama a reflexionar en la forma como las instituciones de educación superior están desarrollando los procesos de docencia, investigación y extensión, los que en muchas ocasiones carecen de las características señaladas por Zurita y en algunos casos responden a las características del concepto económico de producción en serie o en masa, formando profesionales y técnicos carentes de una actitud reflexiva, crítica y propositiva del tipo de sociedad que se requiere en el nuevo siglo y desarrollando la investigación para responder a los requerimientos de las organizaciones que le proporcionan a la universidad los recursos para financiar sus investigaciones.

El mismo Zurita señala que "es misión de la universidad pensar el tiempo a largo plazo, pensar también una conciencia crítica del mundo, pensar al individuo en su promesa de advenimiento de algo que todavía no existe en sí, adaptando su misión a los cambios sociales, anticipa y en parte construye futuro". También citando a J. J. Brunner, señala que "la universidad está llamada a ser el lugar donde debe ser posible para los jóvenes adquirir apreciación crítica de los modos a través de los cuales formamos nuestro entendimiento del universo, de la sociedad y de nosotros mismos" (CINDA, 1998: 34–35).

Aunque paradójico, los planteamientos de Chomsky se ven reafirmados por lo señalado en los párrafos anteriores y de alguna manera son validados en términos de deseabilidad para el trabajo que puedan desarrollar las universidades, las que pasan a transformarse en un agente de cambio importante para la sociedad en la búsqueda de mayor equidad, justicia social y desarrollo sustentable, entre otros objetivos que aparentemente las instituciones de educación superior han puesto en segundo lugar, por debajo del autofinanciamiento que les permita asegurar su subsistencia, postergando la asunción de una verdadera y efectiva responsabilidad social universitaria.

Finalmente, desde una perspectiva holística, considerando los aportes señalados en la discusión bibliográfica precedente, especialmente los pertenecientes a la UNESCO, Chomsky, Lavados, Boisier y el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), es posible visualizar el sistema de funcionamiento de la responsabilidad social universitaria, el cual estaría basado en la presencia del triángulo estratégico de la responsabilidad social señalado anteriormente, con la finalidad de retroalimentar las cuatro funciones básicas de las universidades (gestión universitaria, docencia, investigación y extensión), para desarrollar una actitud crítica, reflexiva y propositiva hacia la sociedad y su desarrollo sustentable, basados en los principios de autonomía y libertad académica.

Sin embargo, el desafío para las universidades insertas en la sociedad del conocimiento y la globalización será tratar de compatibilizar adecuadamente las necesidades de autofinanciamiento que surgen con el nuevo papel del Estado en relación con la educación superior y el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión que contribuyan verdaderamente al desarrollo sustentable de la sociedad, siendo críticas de aquellas situaciones que no contribuyen a dicho desarrollo, generando conocimiento y avance tecnológico que contribuya a la adecuada atención de las necesidades de la sociedad del conocimiento. La Figura 2 muestra los elementos del sistema de responsabilidad social universitaria señalados anteriormente y su orientación hacia el perfil de las instituciones de educación superior del siglo XXI:

¿Qué opinan sobre la responsabilidad social universitaria las sedes regionales de las instituciones de educación superior instaladas en la ciudad de Antofagasta?

Con el propósito de obtener algunas evidencias empíricas sobre el concepto de responsabilidad social aplicado al trabajo que desarrollan las universidades, durante el primer semestre de 2007 se realizó una entrevista a los directores de las sedes regionales para recoger la percepción y presencia del concepto de responsabilidad social en las universidades que poseen una sede regional en la ciudad de Antofagasta. De un total de siete universidades, fue posible entrevistar a seis directores, a los cuales se les aplicó un total de diez preguntas vinculadas con el concepto de responsabilidad social universitaria. Uno de los primeros aspectos a destacar es que las seis sedes comenzaron a funcionar como tal a partir del año 2000 y con un número de alumnos matriculados al año 2007 que alcanza a los 5 498 alumnos. El siguiente cuadro presenta los datos de cada universidad:

En el caso específico de las universidades de Los Lagos y Arturo Prat, ambos directores de sede coinciden en señalar que un porcentaje mayoritario de sus estudiantes son trabajadores que estudian en horario vespertino a través de ingresos especiales, sin obligación de rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

En el caso de la Universidad Arturo Prat, su director de sede señala que cerca del 95% de sus estudiantes son trabajadores y que si bien dicha universidad desarrolla actividades docentes asociadas a una sola carrera desde 1990 en la ciudad de Antofagasta, sólo a partir del año 2003 adquiere funcionamiento como sede regional en un sentido más exacto, vale decir con una oferta de carreras técnicas y de pregrado más amplio, con servicios administrativos y docentes, entre otros aspectos.

En el caso de ambas universidades señaladas anteriormente, de igual manera se matricula a jóvenes recién egresados de enseñanza media que deseen estudiar en sus instituciones, pero la oferta académica de esas universidades está orientada preferentemente a trabajadores.

La situación planteada por estas universidades avala los planteamientos de Lavados mencionados anteriormente, quien señala que la estructura actual del sistema universitario chileno obedece a tres condiciones de trabajo, siendo la primera de ellas el aumento en la demanda por acceso a la educación superior por parte de los trabajadores asalariados, como una forma de mejorar sus perspectivas de desarrollo laboral, exigiendo al sistema universitario chileno una oferta de programas académicos de pregrado especialmente diseñados para ellos, dictados en horarios vespertinos o en fines de semana, situación que caracteriza el trabajo que desarrollan las sedes regionales de las universidades de Los Lagos y Arturo Prat.

En relación con el año de inicio de la sede regional en la ciudad de Antofagasta, el rector de la Universidad del Mar para la Segunda Región señala que un hito importante en el funcionamiento y consolidación en la ciudad de Antofagasta se produce el 19 de diciembre de 2003, cuando se desarrolla el proceso de fusión entre dicha institución y la Universidad José Santos Ossa, que en ese momento gozaba de la condición de universidad regional para la Segunda Región, al igual que la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta. Esta fusión permitió a la Universidad del Mar consolidar rápidamente su posición en la Segunda Región, lo que le permite hoy ofrecer 23 carreras universitarias.

La fusión de una universidad pequeña con una universidad privada de mayor envergadura nos muestra la aplicación plena del modelo de economía de mercado al sistema universitario chileno, dado que hasta hace algunos años era más habitual hablar de fusiones a nivel empresarial donde un consorcio empresarial adquiere e integra a su estructura empresas más pequeñas por medio de la compra, pero que para este caso de fusión entre la ex Universidad Santos Ossa y la Universidad del Mar se aplica perfectamente al ámbito universitario. Cumpliendo con todas las normativas legales que rigen a la educación superior en Chile, la Universidad del Mar compra una universidad local con toda su infraestructura, equipamiento, recursos humanos y matrícula estudiantil e instala una sede regional para extender su estrategia de expansión a la ciudad de Antofagasta.

De igual manera, resulta importante destacar la situación de la Universidad Tecnológica de Chile que nace cobijada por el Instituto Profesional INACAP, el cual tiene un carácter nacional, pero que funciona en Antofagasta desde 1960 y que actualmente dispone en nuestra ciudad de un total de 2 812 alumnos, de acuerdo a lo informado por la directora académica, Claudia Román. Sus alumnos estudian diversas carreras de nivel técnico y tienen la posibilidad de proseguir estudios de nivel superior en la Universidad Tecnológica de Chile, la cual comenzó a desarrollar sus funciones en Antofagasta desde el año 2005.

Sin embargo, para el caso de las universidades del Mar y Tecnológica de Chile, sus proyectos institucionales consideran la apertura de sedes regionales en casi todas las regiones del país como una política clara y permanente desde hace varios años, intentando compatibilizar las necesidades de generación de recursos económicos con una adecuada contribución al desarrollo de los territorios en donde se instalan de acuerdo a los criterios manifestados anteriormente por Sergio Boisier.

La segunda pregunta contenida en la entrevista está orientada a la identificación de los valores, principios o criterios que las universidades consideran al momento de iniciar un proyecto de sede regional. Ante esta pregunta existe una gran diversidad de respuestas por parte de los directores de sede, que obedecen sin lugar a dudas a la aplicación de los principios de libertad académica y autonomía descritos por la UNESCO y que permiten a las universidades un grado de libertad para desarrollar su proyectos universitarios consagrando propuestas con valores disímiles unas de otras. En el Cuadro 2 se detallan los valores, principios y criterios señalados por cada universidad entrevistada:

Es importante señalar que la totalidad de las universidades entrevistadas identifica y reconoce valores y principios que inspiran e influyen en el desarrollo de sus actividades académicas, lo que genera indicios positivos para el desarrollo de acciones enmarcadas en el concepto de responsabilidad social universitaria, que requiere como una condición importante para su desarrollo la existencia de una cultura organizacional acostumbrada a la aplicación de estos elementos de carácter ético. En el caso particular de la Universidad La República, el director de la sede señala claramente que los valores identificados están inspirados en la filosofía masónica.

Un comentario específico merece la respuesta de la directora de la sede de la Universidad Central, Mabel Encalada, quien es la única que hace una distinción en la existencia de valores y principios institucionales, los cuales se encuentran explicitados en la sede a la vista de todas las personas que ingresan a sus instalaciones y se ven reflejados en la misión de la institución, situación muy positiva para un adecuado desarrollo del enfoque de responsabilidad social en dicha universidad.

Es importante reiterar la relevancia que tiene para los distintos especialistas en el concepto de responsabilidad social la existencia clara y sistematizada de valores y principios de carácter institucional que sustenten las distintas variables de gestión de una organización, especialmente en lo que se señaló anteriormente en cuanto a la existencia de un "triángulo estratégico" que reúne por medio de los valores y principios institucionales a la cultura organizacional, la planificación estratégica y la responsabilidad social como variables relevantes y centrales en la gestión de cualquier organización.

Además, la existencia de valores y principios institucionales facilita la adopción del modelo de responsabilidad social de manera voluntaria, gracias a la existencia de una filosofía organizacional sustentada en elementos axiológicos que reconocen la importancia de interactuar positivamente con el entorno, mediante una preocupación permanente por los problemas y necesidades que manifiestan los distintos grupos de interés con los cuales interactúa una organización, ubicando como prioridad secundaria a las acciones tendientes a satisfacer el autofinanciamiento, el que probablemente se verá favorecido si la universidad demuestra un comportamiento socialmente responsable sustentado en valores y principios organizacionales sólidos, que le permitan acceder a fuentes de financiamiento de parte de organismos regionales y locales públicos y privados que reconozcan el interés de la universidad por solucionar las problemáticas de la comunidad regional o local, otorgando fondos que financien dichas acciones.

En la tercera pregunta de la entrevista se solicitó a los directores regionales que identifiquen las problemáticas locales con las que su institución manifiesta un mayor compromiso, traducido en actividades académicas específicas y concretas que demuestren un compromiso efectivo con dichas problemáticas.

Es importante señalar que el propósito de esta pregunta es la identificación de antecedentes desde una perspectiva directiva que permitan distinguir claramente cuáles son los propósitos de las universidades al momento de abrir una sede regional, para determinar una mayor cercanía con la lógica del autofinanciamiento a la cual alude la mercantilización de la educación superior en Chile expuesta en el marco teórico de este trabajo, o un mayor acercamiento con la lógica planteada por Boisier en cuanto a una mayor contribución de las universidades con los territorios o zonas geográficas donde se instalan, dejando en un segundo plano las urgencias planteadas por el autofinanciamiento.

En esta tercera pregunta, dos universidades (Arturo Prat y La República) coinciden en identificar como problemáticas regionales la carencia o déficit de actividades culturales abiertas a toda la comunidad local, respecto de las cuales dichas universidades desarrollan actualmente diversas actividades culturales asociadas al trabajo de extensión, transformándose en un indicador que permite identificar un mayor compromiso con la lógica planteada por Boisier en desmedro de la lógica mercantilista del autofinanciamiento asociada con un interés exclusivo en las actividades de docencia, que son las que permiten mayormente generar recursos económicos.

En el caso específico de la Universidad de Los Lagos, el director de sede señala que su compromiso institucional se aboca a ofrecer alternativas académicas a los trabajadores y a los alumnos que no son aceptados por el resto del sistema, con el propósito de contribuir a que todos los habitantes de la zona tengan acceso a la educación superior, especialmente en el caso de los trabajadores, ya que las carreras ofrecidas a este grupo son en horario vespertino y sin obligación de rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

De la misma manera, el rector de la sede regional de la Universidad del Mar señala que la aplicación del enfoque de responsabilidad social está vinculado con una tarea más participativa que involucra a las diversas áreas del conocimiento para responder a las necesidades de la comunidad regional. Señala además que tradicionalmente la sede Antofagasta de la Universidad del Mar ha tenido un énfasis en el ámbito de las ciencias sociales, pero que en la actualidad hay un fuerte desarrollo de las demás áreas del conocimiento para poder cumplir de esta manera con su compromiso regional de responder a los requerimientos por especialidades profesionales de áreas más diversas.

Desde una perspectiva similar, la directora de la sede de la Universidad Central señala que en general las áreas que son de interés para su institución son el desarrollo humano regional y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región, áreas que están relacionadas con las problemáticas regionales específicas señaladas y respecto de las cuales existe una activa participación especialmente de los alumnos de la sede en instituciones específicas dedicas a la atención de dichas problemáticas, como el Hogar de Cristo, Fundación Laureles o las Aldeas S.O.S., donde los estudiantes no sólo participan como voluntarios sino que tratan de aportar ayuda a partir de las diversas perspectivas profesionales en las que se están formando.

Finalmente, la Universidad Tecnológica de Chile plantea uno de los aspectos que debieran considerar las universidades como ámbito de acción de la responsabilidad social universitaria: la empleabilidad de sus egresados y las acciones que las instituciones de educación superior realizan para asegurar que los profesionales que forman tengan mayores posibilidades de encontrar rápidamente trabajo una vez que egresan.

La pregunta número cuatro de la entrevista se refiere a los aspectos que los directores regionales asocian al concepto de responsabilidad social. Es importante señalar que todas las universidades entrevistadas declaran conocer el concepto, aunque en el caso de una de ellas su respuesta es acotada al ámbito universitario y no desde una perspectiva más genérica como es planteada por el resto de las universidades entrevistadas. A continuación se transcriben los principales aspectos señalados por los directores de sedes regionales:

Con respecto al cuadro anterior, es necesario formular algunos comentarios aclaratorios extraídos de la revisión de las entrevistas realizadas. El primero parte de la interesante percepción del director de sede de la Universidad de Los Lagos, Carlos Gutiérrez, quien señala que la responsabilidad social de las universidades está asociada al desarrollo del ser humano apoyándolo en la superación de la pobreza que le permita mejorar su calidad de vida. El mismo Gutiérrez señala que para lograr lo anterior, las universidades deben proporcionar los profesionales adecuados que contribuyan al desarrollo de la sociedad para hacer frente a los distintos desafíos que representan la globalización y la sociedad del conocimiento.

La respuesta entregada a la pregunta número cuatro por parte del director de la sede regional de la Universidad La República, Sergio González, la circunscribe exclusivamente al ámbito universitario, señalando que la responsabilidad social de las universidades se encuentra asociada primordialmente al otorgamiento de becas que garanticen un mayor acceso de personas a los estudios de nivel superior, sin señalar mayores aspectos relativos al concepto de responsabilidad social, pero considerando que el acceso a la educación superior privilegie la inclusión por sobre la exclusión por razones económicas.

Este planteamiento, aunque sencillo, es avalado por varios de los autores que fueron incorporados en el marco teórico de este trabajo, quienes desde distintas perspectivas conceptuales reconocen uno de los papeles más importantes que tienen las universidades desde sus inicios y que se relaciona con la transferencia y difusión del conocimiento, el cual es demandado en la actual sociedad del conocimiento por distintos grupos que buscan acceder a la universidad, teniendo en la gran mayoría de los casos como barrera común la carencia de recursos económicos, lo que impide el acceso a la universidad a aquellas personas que no disponen del dinero suficiente para pagar los altos aranceles que cobran las universidades chilenas en la actualidad a sus estudiantes, producto de su necesidad de autofinanciarse, cobrando real importancia el acceso a becas y ayudas económicas a los estudiantes para cumplir con este papel de la universidad.

Resulta importante destacar también la coincidencia de las respuestas proporcionadas por los directores de las sedes regionales de la Universidad de Los Lagos y de la Universidad Arturo Prat a la pregunta número cuatro, quienes coinciden en señalar como aspecto principal del concepto de responsabilidad social la asunción de un compromiso con la sociedad o comunidad, lo que permite reflexionar sobre la importancia real que tendría para un territorio o una ciudad en particular la existencia de un número considerable de universidades que estuvieran dispuestas a comprometerse con los problemas y necesidades de la comunidad en los términos planteados por Chomsky Boisier o Brunner, con los que los habitantes de dichas ciudades accederían a un importante mejoramiento de su calidad de vida.

Además, el rector de la sede de la Universidad del Mar se refiere de manera específica a algunas características de la responsabilidad social de las universidades, la que estaría relacionada con la generación de nuevo conocimiento para la solución de los problemas sociales, permitiendo la aplicación directa del saber y el dominio universitario enmarcado en un compromiso ético de las universidades con la sociedad.

Por último, la directora académica de la sede de la Universidad Tecnológica de Chile señala que la responsabilidad social se relaciona con la gestión de los impactos que se generan en el entorno, producto de las acciones que emprende cada institución con el propósito de alcanzar un desarrollo más sustentable, identificando una de las principales características de este concepto y una de las que genera mayor consenso entre los especialistas en responsabilidad social.

La pregunta número cinco de la entrevista solicitaba pronunciarse sobre la aplicabilidad del concepto de responsabilidad social al trabajo que realizan las instituciones de educación superior, existiendo una total coincidencia entre los directores de sedes entrevistados al considerar plenamente aplicable este concepto al trabajo que desarrollan las universidades.

Entre los principales fundamentos que los directores de sedes regionales plantean para justificar esta plena aplicación del concepto al quehacer de las instituciones de educación superior, señalan el compromiso de formar personas y profesionales íntegros y el compromiso de la universidad con las problemáticas de la región.

En relación con lo anterior, el director de la sede de la Universidad Arturo Prat destaca que a partir del año pasado su institución desarrolla actividades y programas de extensión en la ciudad de Antofagasta, debido a que anteriormente sólo se desarrollaban actividades de docencia, realizando una escuela de verano durante este año y dictando nueve cursos gratuitos abiertos a la comunidad en general en diversas temáticas relativas al quehacer profesional de las carreras que imparten actualmente.

Sin embargo, el rector de la Universidad del Mar sede Antofagasta, a pesar de considerar plenamente aplicable el concepto de responsabilidad social al trabajo que realizan las universidades, lo condiciona al hecho de que la gestión universitaria disponga de manera estable recursos humanos, financieros y materiales, orientados a un desarrollo de calidad y crecimiento.

En relación con la aplicabilidad del concepto de responsabilidad social al trabajo de las universidades, la directora de la sede de la Universidad Central señala que el compromiso debe traducirse en una formación profesional que promueva un cambio cultural tendiente a proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida de las personas y a un desarrollo armónico de la comunidad.

Finalmente, la Universidad Tecnológica de Chile coincide con las demás sedes regionales entrevistadas en considerar aplicable el concepto de responsabilidad social al trabajo que desarrollan las universidades, y señala además que "el rol de las instituciones de educación superior debe ser el proveer conscientemente una formación de calidad y responder frente a la sociedad y al mercado laboral por los profesionales que salen de sus aulas".

La pregunta número seis tiene como propósito que los directores de sedes regionales identifiquen las características de la universidad socialmente responsable del siglo XXI, y poder de esta manera estructurar un perfil que pueda ser analizado y comprobado posteriormente. Una vez más, las respuestas son diversas y se resumen en el siguiente cuadro:

Los resultados de esta pregunta permiten identificar los principales comportamientos que debieran estar asociados a una "universidad socialmente responsable", perfil que sin duda deberá ser corroborado en actividades posteriores de la presente investigación, pero que confirman varios de los elementos enunciados en la discusión bibliográfica.

Nuevamente son coincidentes los planteamientos realizados por los directores de sede de la Universidad de Los Lagos y la Universidad Arturo Prat, quienes señalan la importancia que tiene para una universidad socialmente responsable el comprometerse con las problemáticas que afectan a los territorios donde están insertas, tanto en lo relativo a los diagnósticos como a la generación de propuestas de solución a las necesidades o problemas identificados, situación que sin duda alguna será más factible en aquellas sedes regionales que se dediquen a la investigación además de la docencia.

También es posible identificar algún grado de coincidencia en los discursos expresados por los directores de las sedes de la Universidad La República y la Universidad Central, quienes identifican la importancia de proporcionar una formación integral desde el punto de vista axiológico a los estudiantes que les permita insertarse en el ámbito laboral con un alto grado de conciencia de su entorno.

Un aporte interesante respecto a los comportamientos asociados al concepto de responsabilidad social es el obtenido de la entrevista realizada al rector de la sede de la Universidad del Mar, quien señala que "la universidad es una organización que funciona en su sociedad y genera impactos tanto sobre las personas que laboran en ella (administrativos, docentes, estudiantes) como sobre su entorno social y natural, donde la responsabilidad social busca responder de modo ético y armónico por estos impactos, para que sean en la medida de lo posible positivos y constructivos".

La pregunta número siete de la entrevista busca identificar si las instituciones de educación superior consideran como impedimentos los nuevos desafíos y demandas generados por la globalización y la sociedad del conocimiento, para asumir un comportamiento socialmente responsable. La totalidad de los entrevistados coincide en señalar que no son un impedimento, considerando perfectamente compatible el asumir un compromiso con la comunidad local y sus problemáticas con el avance tecnológico, cuidando siempre los posibles efectos secundarios que pudieran generar los avances tecnológicos.

En el caso específico del director de la sede de la Universidad de Los Lagos, señala que estos desafíos y demandas que impone la globalización y la sociedad del conocimiento obligan a las universidades a reinventar y repensar la sociedad del siglo XXI y la importancia de incorporar rápidamente los cambios y los avances de la tecnología, reconociéndolas más bien como una oportunidad para las universidades.

Respecto a este tema, la directora de la sede regional de la Universidad Central señala que las instituciones de educación superior no sólo forman profesionales o técnicos; éstos egresan con el sello de su institución formadora y que al estar vinculadas las universidades con la comunidad, desarrollan en mayor o menor medida en sus estudiantes un comportamiento socialmente responsable.

Sin embargo, respecto a lo señalado anteriormente por la directora de la sede de la Universidad Central, es necesario destacar que no necesariamente las instituciones de educación superior se encuentran en una adecuada "sintonía" con su entorno y con la comunidad que las rodea, pues muchas veces las universidades se quedan al margen de los problemas de su entorno, por ejemplo cuando no son críticas de los hechos o situaciones que afectan a las personas, especialmente a los más pobres, cuando se producen daños al medio ambiente por parte de las empresas que financian las investigaciones de las universidades o respecto de las políticas públicas de los gobiernos que otorgan fondos a las universidades.

Además, en muchas universidades la formación ética de sus estudiantes expresada en valores y principios claros no siempre está presente, existiendo muchas veces una formación profesional concentrada exclusivamente en el aprendizaje de las técnicas y teorías propias de cada profesión con un exagerado individualismo, totalmente carente de una adecuada conexión con las necesidades del entorno y una sensibilidad social que permita a los estudiantes generar una mayor empatia por la problemática de la sociedad en su conjunto.

Finalmente, respecto de esta pregunta la directora académica de la sede de la Universidad Tecnológica señala que "si entendemos como un comportamiento socialmente responsable el cumplir cabalmente con lo que la institución declara y establece dentro de su misión, visión y objetivos estratégicos, pasa a ser parte del proyecto y del trabajo desarrollado los nuevos desafíos y demandas impuestas por la sociedad del conocimiento y la globalización".

La pregunta número ocho busca establecer coincidencias o desacuerdos con los planteamientos formulados por la UNESCO en 1998 respecto a la libertad académica y la autonomía como condiciones esenciales para que las universidades puedan enfrentar de manera eficiente las nuevas responsabilidades emanadas de la sociedad del conocimiento y la globalización.

Respecto de esta consulta existe un total acuerdo con los planteamientos señalados anteriormente, destacándose la importancia de la autonomía para el trabajo que desarrollan las universidades, especialmente para elaborar programas, señalándose además que estos elementos son la génesis del trabajo académico y las universidades deben estar abiertas a todas las tendencias políticas, religiosas, culturales, etcétera.

En el caso específico de la Universidad Central, la directora de la sede afirma que las condiciones señaladas por la UNESCO le han permitido a su institución lograr importantes acuerdos con otras universidades en el resto del mundo, traducidos en intercambios y vínculos significativos con universidades de América y Europa en áreas del conocimiento afines.

Sin embargo, el rector de la Universidad del Mar señala que la libertad académica y la autonomía son conceptos relativos que pueden ser definidos e implementados de modo diverso, afectados por distintas variables como las exigencias de calidad, los procesos de autoevaluación institucional o las variaciones del mercado laboral, las que limitan o imponen a la libertad académica y la autonomía.

De igual manera, la Universidad Tecnológica considera "que la libertad y autonomía permiten a las instituciones generar los cambios necesarios en los distintos escenarios que la sociedad va estableciendo, producto de los distintos análisis de las nuevas perspectivas emanadas de la sociedad y de quienes las requieren; la libertad académica y la autonomía son aspectos importantes a considerar dentro del propio quehacer de las instituciones".

La pregunta número nueve estaba dirigida a identificar las contribuciones de las sedes regionales al desarrollo sustentable de las zonas geográficas donde se instalan, enmarcadas en un comportamiento socialmente responsable.

Esta es una de las pocas preguntas de la entrevista donde las respuestas son diversas y más bien abiertas, no siendo posible establecer en todos los casos con claridad las contribuciones que las sedes regionales pueden realizar al desarrollo sustentable de la ciudad de Antofagasta. De cualquier manera, a continuación se presenta un cuadro resumen de las respuestas:

A pesar de la diversidad de las respuestas, es destacable el afán por desarrollar un trabajo en conjunto entre las distintas instituciones de educación superior, enmarcados en el desarrollo de un trabajo colaborativo, sinérgico y complementario para apoyar a los gobiernos regionales y municipales con el fin de atender las distintas necesidades de la comunidad, algo que se encuentra plenamente en el espíritu de la responsabilidad social, especialmente en lo relativo a la consideración de los distintos grupos de interés con los que una institución de educación superior pueda tener alguna relación.

Desafortunadamente, en la práctica este afán no se manifiesta muy a menudo, por el contrario, muchas veces las instituciones de educación superior se ven enfrentadas en el desarrollo de estrategias altamente competitivas de carácter publicitario y en la oferta académica que desarrollan más preocupadas por la competitividad y el autofinanciamiento que por un comportamiento socialmente responsable.

Finalmente, la pregunta número diez de la entrevista considera como alternativas de respuesta las características de los aportes que pueden realizar las universidades al desarrollo de los territorios señalados por Sergio Boisier (2006). Se cuestionó a los directores de sedes regionales sobre cuáles alternativas propuestas por este autor describen de mejor manera el trabajo que su institución desarrolla en la ciudad de Antofagasta para poder insertar a la ciudad y la región en los procesos de globalización y de la sociedad del conocimiento. El Cuadro 7 muestra las respuestas señaladas por los directores de sedes:

Respecto a las respuestas a esta última pregunta, es de destacar que la alternativa relacionada con el mejoramiento de la inserción laboral de los egresados es la escogida por la mayoría de los entrevistados; más de 80% de las universidades entrevistadas identifican esta alternativa como la que describe de mejor manera el trabajo que realiza en la ciudad de Antofagasta, lo cual de alguna manera demuestra la preocupación por no generar "cesantes ilustrados", personas que se titulan con alguna profesión y que no logran ejercerla, debido a la sobreoferta laboral, debiendo en muchos casos trabajar en otras áreas o rubros totalmente distintos a los que estudiaron en la universidad o en puestos para los que están sobre–valorados.

Las características que poseen los programas formativos de las universidades e institutos profesionales son objeto de estudio y modernización en la actualidad, aplicándose en varias instituciones de educación superior los currículos por competencias como una manera de mejorar la inserción laboral de los egresados, tratando de fortalecer las habilidades y capacidades de emprendimiento e innovación, por lo que la revisión de los programas de estudios en cuanto a estructura y contenido es un elemento que debiera estar asociado a un comportamiento socialmente responsable, especialmente en lo que se refiere a impartir carreras que tengan posibilidades reales de acceder a una fuente laboral estable y en el corto plazo.

Es importante destacar que 67% de los entrevistados señalan a la contribución con las estrategias locales y regionales para el desarrollo del territorio como la alternativa que describe adecuadamente el trabajo que realizan las universidades en nuestra ciudad. Esta situación corrobora lo señalado en las respuestas a las preguntas número seis y nueve que tenían como propósito identificar las características de la responsabilidad social universitaria y las contribuciones que las universidades pueden realizar a los territorios donde se instalan, respectivamente.

Lo anterior plantea la intención de las sedes regionales de no transformarse exclusivamente en instancias generadoras de recursos económicos para contribuir al financiamiento del presupuesto de sus universidades, sino que también pondría en el ámbito de las preocupaciones la búsqueda de mecanismos e instancias para contribuir efectivamente al desarrollo de las regiones donde se instalan, mostrando una mayor preocupación por las problemáticas y las necesidades de los habitantes, e intentando colaborar con el gobierno regional o municipal.

Una segunda observación se relaciona con el hecho de que la Universidad de Los Lagos es la única que dice caracterizarse por las cinco alternativas propuestas, que en buena medida están relacionadas con las tres actividades genéricas de una universidad: docencia, investigación y extensión. En este mismo aspecto, la Universidad Tecnológica se identifica con cuatro de las cinco características propuestas por Boisier, solamente dejando fuera de su perfil a la formación de ciudadanos preparados para participar en un proceso de cambios permanentes.

Aquí, cabe recordar lo señalado por Luis Lima en cuanto a la misión de las universidades, quien afirma que dicha misión está compuesta por las tres actividades genéricas antes señaladas, y que si alguna institución no desarrolla cualquiera de ellas no podría decirse que sea una universidad.

Por esta razón, las instituciones de educación superior que desarrollan formato de sedes regionales deben preocuparse por el desarrollo de las funciones mencionadas anteriormente, realizando también esfuerzos en investigación y extensión y no sólo dedicándose a la docencia en forma exclusiva, como lo hacen algunas instituciones universitarias en la actualidad, evidenciando con ello que su prioridad es obtener autofinanciamiento, y dejando poco espacio para el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable con la comunidad que está en su entorno.

Finalmente, cabe señalar que si bien el director de la sede regional de la Universidad Arturo Prat no escogió la alternativa de contribuir con las estrategias locales y regionales de desarrollo, durante la realización de la entrevista señaló su participación como director de sede junto a otras universidades existentes en la ciudad en una reunión con la Asociación Regional de Municipalidades, para coordinar esfuerzos y trabajo conjunto con los municipios en la atención de algunas necesidades, lo que demuestra los intentos por contribuir al desarrollo del territorio. Esto debe reflejarse en acciones más concretas en el futuro, desarrollando características y acciones más propias de un comportamiento socialmente responsable por parte de las universidades e instituciones de educación superior.

 

ALGUNAS CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis conceptual de la responsabilidad social universitaria realizado en la primera parte de este artículo, es posible justificar la absoluta validez e importancia que tiene la aplicación de este concepto a cualquier tipo de organización que sea originada por la sociedad y no circunscribirlo a las empresas, por lo que las universidades deben aplicar este concepto en el cumplimiento de su misión, especialmente cuando se ven obligadas a desarrollar importantes esfuerzos en términos de gestión organizacional para poder financiar sus actividades.

También desde una perspectiva conceptual, la responsabilidad social debe ser asumida voluntariamente por parte de las organizaciones, basándose en un conjunto de valores y principios que orienten el comportamiento individual e institucional y no en aspectos coercitivos o incentivos legales que les permitan rebajar impuestos por desarrollar una actividad de carácter "social o benéfica".

De esta manera, resulta conveniente señalar desde una perspectiva teórica algunas ideas específicas respecto de las posibles formas de expresión de una universidad socialmente responsable:

• Cumplir de manera efectiva y permanente con el papel que le ha asignado la sociedad, es decir, desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo por medio de la generación y difusión de nuevo conocimiento.

• Asumir voluntaria y estratégicamente la responsabilidad social señalada por la sociedad actual para las universidades, identificando a la actitud socialmente responsable como una "ventaja competitiva", que ayudará a la universidad a posicionarse de mejor forma, especialmente a la hora de obtener financiamiento de acuerdo con el escenario actual de la educación superior planteado por la UNESCO.

• En el plano interno, desarrollar un proyecto educativo institucional orientado por una clara concepción axiológica y de principios generales y específicos que sean puestos en práctica en la visión, misión y estrategias, para que expresen claramente la conciencia del papel e impacto que la universidad socialmente responsable tiene en su entorno.

• Existencia de una cultura organizacional caracterizada por valores y principios que permitan a sus miembros preocuparse por el impacto de sus acciones, especialmente el efecto positivo o negativo que pueden causar a los demás en el ejercicio de sus puestos de trabajo en el caso de académicos y funcionarios.

• En el plano externo, fomentar una conciencia social de un estilo de vida orientado hacia formas más sostenibles en la utilización de los recursos y cuidado del medio ambiente, de acuerdo con las áreas para la responsabilidad social enunciadas en el análisis teórico de dicho concepto a través de sus actividades prioritarias de docencia, investigación y extensión.

• Formación de profesionales e intelectuales orientados a realizar su trabajo profesional aplicando un conjunto de valores y principios relacionados con el comportamiento socialmente responsable, para el desarrollo de sus actividades profesionales y sociales que permita a la universidad no sólo difundir el concepto sino también contribuir a su desarrollo y aplicación a través de la inserción de sus egresados en el mundo laboral.

• Contribución efectiva y permanente en la búsqueda de soluciones a las problemáticas y necesidades que manifiestan los habitantes de los distintos territorios donde las universidades desarrollan sus actividades.

Una conclusión particular requiere el análisis de la realidad actual de las instituciones de educación superior, insertas en el proceso de globalización planteado por la UNESCO y confirmado por Chomsky y otros autores, especialmente en relación con una especie de "dilema ético" que estaría afectando a las universidades contemporáneas, vinculado con el papel que este tipo de instituciones debe cumplir en cuanto al desarrollo de una actitud reflexiva y crítica que cuestione aquellas situaciones o sistemas que puedan poner en riesgo los intereses y necesidades de la sociedad que acoge a las universidades.

Este dilema ético se produce a partir del instante en el que las universidades, para poder realizar sus actividades y por ende cumplir con su papel, deben entrar en la lógica de generar sus propios recursos, debido a que el Estado ha dejado de otorgar financiamiento a las universidades en una gran cantidad de países, obligándolas a buscar nuevas fuentes de financiamiento para sus actividades, debiendo mejorar sus estrategias de gestión institucional preocupándose por la eficiencia económica de sus acciones y especialmente debiendo cobrar elevados aranceles a sus estudiantes, quienes se transforman en su principal fuente de ingresos.

Esas condicionantes económicas pondrían en peligro la libertad académica y la autonomía universitaria señaladas por UNESCO, o la permanente reflexión, actitud crítica y fiscalizadora como función principal que deben cumplir las instituciones de educación superior según Chomsky, debido a que las universidades quedarían "prisioneras" de las instancias que les otorgan financiamiento.

Esta situación impediría a las universidades ejercer adecuadamente su papel crítico hacia quienes los financian, fundamentalmente por temor a perder los recursos económicos que necesitan para poder funcionar, especialmente cuando quienes financian a las universidades no son socialmente responsables, generándose esta especie de dilema ético señalado anteriormente y que se traduce en que las universidades tampoco pueden cumplir con su propia responsabilidad social.

Respecto a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, una primera conclusión se relaciona con el alto grado de conocimiento que demuestran los directores de sedes regionales acerca del concepto de responsabilidad social aplicado a las universidades.

Esta búsqueda de autofinanciamiento se manifiesta de diversas maneras por parte de las universidades, en algunos casos al abrir sedes regionales, buscar financiamiento en empresas privadas o instituciones estatales a través de fondos concursables, cobrar aranceles elevados a sus estudiantes, dejar de desarrollar un papel crítico y reflexivo respecto al mejor desarrollo de la sociedad actual, descuidando sus funciones de docencia, investigación y extensión, y privilegiando en ocasiones el autofinanciamiento.

Es importante destacar, como resultado de las entrevistas, el hecho de que las sedes regionales, además de ser una alternativa para obtener el autofinanciamiento, están realizando algunas importantes actividades enmarcadas en el concepto de responsabilidad social tendientes a contribuir de manera más efectiva con la solución de las problemáticas existentes en la región de Antofagasta, lo que invalida parcialmente la hipótesis inicial de que sólo realizan actividades de docencia asociada a la apertura de programas académicos tendientes a obtener ingresos generados por el cobro de aranceles, y de esta manera, recaudar recursos económicos necesarios para su autofinanciamiento.

Además, un importante número de directores de sedes regionales coincide en identificar como un importante comportamiento socialmente responsable al compromiso que las sedes deben suscribir con las necesidades y demandas de los habitantes de los distintos territorios en donde se instalan, mostrando un decidido interés con la identificación de soluciones adecuadas y pertinentes a los requerimientos de las problemáticas de cada territorio, reflejado por ejemplo en aportes concretos a las estrategias de desarrollo regional y local, o con la investigación específica de algunos problemas que se presentan en cada territorio.

No obstante lo anterior, cobrarán importancia en el corto plazo los resultados de los procesos de acreditación de estas sedes, para demostrar el real compromiso que las universidades mantienen no sólo con la calidad de sus instalaciones sino con los procesos formativos que desarrollan, porque muchas sedes regionales no siempre cuentan con todos los recursos humanos, técnicos e infraestructura necesaria para cumplir con los estándares de calidad que aseguren la formación y desarrollo de profesionales competentes.

En cuanto a la responsabilidad social universitaria, de manera unánime los directores de sedes entrevistados coinciden en señalar su importancia y plena aplicación al trabajo que desarrollan las instituciones de educación superior, señalando como características importantes de la universidad socialmente responsable del siglo XXI el ser un agente de cambio del sistema educacional actual, proporcionar valores a sus estudiantes y preocupación por las problemáticas regionales por medio de la formulación de propuestas de solución a tales problemáticas.

Finalmente, los directores identifican los principales aportes que las sedes regionales de las universidades entrevistadas llevan a cabo: la preparación de los ciudadanos para insertarse en los procesos de cambio planteados por la sociedad del conocimiento y la globalización; la preocupación por mejorar la inserción laboral de sus egresados por medio de la aplicación de programas académicos basados en la iniciativa y la innovación.

Estos dos aportes son complementarios entre sí debido a que en la medida que las universidades reconozcan la importancia de proporcionar una alta calidad al profesional que forman, especialmente en términos de los aportes que dicho profesional puede realizar a la solución de las problemáticas del territorio donde vive insertándose rápidamente en el mundo laboral, estarán demostrando que su actuar está mayormente influenciado por criterios de responsabilidad social, más que por sus necesidades de autofinanciamiento.

En cambio, si las universidades no se comprometen con la calidad ética y técnica del profesional que forman o no se preocupan si el profesional se transforma en un "cesante ilustrado" producto de la saturación del mercado, es probable que estemos en presencia de una universidad mayormente preocupada por sus necesidades de autofinanciamiento y por ende un nulo interés por desarrollar un comportamiento socialmente responsable.

En términos generales, el sistema de educación superior en Chile y en gran parte de Latinoamérica ha sufrido profundas transformaciones que han puesto de manifiesto una férrea lucha entre dos lógicas opuestas: la lógica económica, que orienta a las universidades a desarrollar acciones y estrategias tendientes a asegurar su autofinanciamiento, como la apertura de sedes regionales, y la lógica que se relaciona con la responsabilidad social universitaria y la aplicación de valores y principios éticos que permitan a las universidades responder de una forma más eficiente a las nuevas necesidades de los territorios donde funcionan, así como de la sociedad del conocimiento y la globalización.

Finalmente, es importante señalar que una de las claves del éxito en el autofinanciamiento de las universidades chilenas y latinoamericanas que abran sedes regionales es el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable que exprese un compromiso real con las problemáticas y necesidades de los habitantes de los territorios en donde se instalen dichas sedes. Esto se concreta a través de:

• Presencia constante de las tres funciones universitarias clásicas: docencia, investigación y extensión en las sedes regionales, y no solamente con actividades de docencia.

• Puesta en marcha de condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado de cada sede regional desde la perspectiva de la calidad.

• Generación de valores y principios institucionales que sustenten una filosofía corporativa comprometida con el desarrollo sustentable de las zonas geográficas donde las universidades desarrollan sus actividades.

• Desarrollo de un proceso integral de formación de profesionales caracterizado por el compromiso de los egresados con el desarrollo sustentable de cada territorio que sea congruente con la filosofía institucional.

• Establecimiento de criterios relevantes para desarrollar programas de pregrado en cada sede regional en aspectos tales como la permanente preocupación de la universidad por responder a las necesidades y problemáticas de la ciudadanía local mediante dichos programas académicos, y la garantía de plena empleabilidad de sus egresados en el mercado local.

 

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