Editorial

La perspectiva de una sociedad del conocimiento para nuestro país se ve cada vez más lejana, pero también sigue siendo posible como perspectiva y como oportunidad. Esto se ve lejano porque las condiciones sobre las cuales se lleva a cabo la educación, que es el soporte fundamental de los aprendizajes modernos, son cada vez más difíciles para miles y miles de mexicanos y la desigualdad y la inequidad con la que opera el sistema educativo se ha acentuado en los últimos años de manera muy preocupante.

Sin las capacidades de aprendizaje modernas, sin las competencias y habilidades para manejar información, nuevos conocimientos, iconos, símbolos, métodos, lenguajes y contenidos que sólo los hace posible una educación sustentada en un currículo integral y alternativo al tradicional, una sociedad que se organice en estos componentes no es posible.

La raíz más profunda del sistema nacional de educación en nuestro país, la que genera más problemas y más contradicciones, la que debe ser objeto de análisis con fines de superación, es la del binomio desigualdad–inequidad, y la misma se expresa en la sociedad en su conjunto, en sus regiones y estados, pero también en sus sectores, en sus géneros, en sus actores, en sus aparatos y en sus estructuras; lo abarca todo y lo limita. Hasta ahora, lo que se ha hecho es reproducir a escala los cimientos y características del mismo sistema, y las consecuencias están a la vista.

Para el año 2000, el panorama de la educación en el país presentaba avances relevantes en la escolaridad básica formal, puesto que 96.9% de quienes tenían entre 15 y 29 años sabían leer y escribir, y porque su promedio de escolarización era de casi nueve años. Sin embargo, el optimismo de esa cifra se disolvía en el aire porque ese conglomerado social podía demostrar que había asistido a muchos cursos de lectura pero no comprendía lo que leía de manera completa y rápida, podía escribir pero no realizar operaciones mentales y gramaticales complejas, ni redactar de manera fluida y correcta. Sus habilidades y capacidades intelectuales eran limitadas y funcionales, y no podía avanzar en la construcción de nuevos conocimientos por las trabas e ineficacias del propio sistema.

En México, entonces, se escolariza a una cantidad importante de la población, pero no se les prepara para aprender durante toda su vida.

Junto con ello, aún se carga con un sector poblacional de 32 millones de personas mayores de 15 años que no han podido alcanzar la escolaridad correspondiente a los nueve años, y con 44 millones que no han logrado terminar la educación media superior.

Además, en el ámbito nacional, 16.8% de los jóvenes de entre 12 y 15 años de edad (1 427 118) no ha cursado un solo grado de instrucción básica o ha dejado de asistir a la escuela sin haber finalizado su escolaridad obligatoria. Casi la mitad de este rezago (48%) está conformado por egresados de primaria que no continuaron estudiando, mientras que 11% se compone de jóvenes que desertaron de la secundaria antes de finalizarla. Cinco entidades presentan porcentajes de rezago superiores a 20%. Las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres de ingresar a la secundaria una vez finalizada la primaria.

La muestra de la enorme desigualdad que existe en la distribución social de la educación se expresa de manera significativa en las condiciones de referencia para la educación secundaria. En 1993, como se sabe, este nivel educativo se volvió obligatorio y se convirtió de facto en el último tramo de escolaridad básica porque se le definió desde un propósito terminal: dotar a todos los ciudadanos de una formación general que les permita desarrollar las competencias básicas para enfrentarse a un mundo complejo, en constante cambio, e incorporarse a la vida social para contribuir en la construcción de una sociedad democrática. La formalidad legal se constituyó en un abismo.

De cada cien estudiantes que ingresan a la secundaria, 22 no la finalizan en el tiempo establecido. Esta baja eficiencia terminal es provocada, sobre todo, por la acumulación de asignaturas reprobadas que tarde o temprano se traduce en reprobación de grado y de nivel. La probabilidad de que los jóvenes inviertan más de tres años para concluir sus estudios de secundaria es muy baja (1.5%). Asimismo, las pruebas aplicadas en este nivel dan referencias de que se tiene un muy pobre desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes, así como de su razonamiento matemático y su cultura general. Y como siempre, los desempeños más desfavorables se ubican en los entornos socioeconómicos más pobres o marginales. Así, por ejemplo, el rezago para la población que habla lengua indígena de entre 12 y 15 años de edad se eleva a 28%, contra 16% de quienes no hablan lengua indígena.

En el año 2000, de acuerdo con las cifras oficiales (SEP, Subsecretaría de Educación Básica, 2005), el rezago joven de secundaria estaba conformado por dos grupos: a) los que no ingresan: 690 905 jóvenes de entre 12 y 15 años de edad que egresaron de primaria y no continuaron estudiando su escolaridad básica, y b) los que desertan: 190 120 jóvenes en esas mismas edades que abandonaron la secundaria sin concluirla. Tal rezago equivalía a 10.4% de la población total de 12 a 15 años.

Cada año se suman a este rezago más de 500 mil jóvenes, sea porque no se matriculan en la escuela secundaria o porque la abandonan sin concluirla. Si el rezago no se abate en la población joven por ende con el tiempo aumenta el rezago de la población adulta. Revertir la situación de rezago a una determinada edad, mediante los métodos obsoletos y limitados con los que se lleva a cabo, hace que el problema se vuelva mayúsculo y no mínimo.

Las desigualdades e inequidades del sistema se expresan también de manera regional, intrarregional e interregional, y ningún estado, por más que se quiera argumentar al respecto, se salva. Los abismos se agrandan entre Chiapas, Oaxaca o Guerrero frente a algunos del centro y norte del país, pero entre las zonas miseria y marginales de la ciudad de México —la de mayor desarrollo en infraestructura y cobertura— pasa lo mismo que en las zonas más devastadas de Zongolica, en Veracruz, así como en las zonas de super–sub–desarrollo de Monterrey, y lo mismo se reproduce referido al género en todo el país, a pesar de los avances al respecto, porque en 20 entidades de la república aún existen profundas desventajas en la cobertura de la educación básica para las mujeres frente a la que ocurre para los hombres.

Indicadores recientes en materia de financiamiento indican que mientras el gasto educativo federal en educación básica subió, a valor constante, entre 1980 y 2001, de 12 640 millones a 45 157 millones de pesos, el de la educación superior creció de 6 040 millones a 11 815 millones, de manera que mientras el gasto en educación básica se triplicó, el de la educación superior no llegó siquiera a duplicarse, generando una diferencia de 33 000 millones de pesos entre ambos niveles en el 2001, cuando en 1980 era sólo de 6 500 millones.

El impacto de esta política sobre el conjunto del sistema educativo y sobre la educación superior en lo particular ha sido muy grave, pues el incremento en el número de estudiantes de educación básica tiende a generar mayores demandas de ingreso en las instituciones de educación superior —en cantidad, que no en calidad.

El rezago educativo continúa igual o mayor que hace tres décadas y el porcentaje de estudiantes que logran terminar sus estudios de educación superior resulta igualmente reducido en función de las oportunidades que debería haber, y menor incluso que el de varios países de América Latina con población inferior a la de México.

Las estadísticas educativas indican que de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, sólo 15 concluyen la educación media superior y 6 logran terminar algún programa de educación superior; por ello, nuestro país está catalogado como uno de los que presentan más bajos índices de escolarización superior (ese índice es de 20% para El Salvador, 21% para Perú, 33% para Bolivia, 34% para Chile y 48% para Argentina, en comparación con 19% de México).

La gravedad del problema se hace patente a la luz de algunos otros indicadores: en 2001, México contaba con 214 científicos e ingenieros por cada millón de habitantes, frente a 582 de Costa Rica, 660 de Argentina, 2 719 de Canadá y 3 673 de Estados Unidos. Tales cifras parecieran indicar una gran carencia de profesionistas en el país; sin embargo, se sabe que son los egresados de educación superior quienes más dificultades tienen para obtener empleo, y si bien se trata de profesionistas en general, no hay indicios de que la situación particular de los científicos y los ingenieros pueda ser distinta.

La matrícula de las 37 universidades públicas del país (sin tomar en cuenta sus bachilleratos) creció de 720 000 estudiantes en 1990 a 785 000, en 2001, mientras que la de las universidades privadas pasó de 223 000 a 605 000 en ese mismo periodo. El surgimiento de las denominadas universidades tecnológicas y el crecimiento de los institutos tecnológicos permitió un incremento en la matrícula tecnológica pública mayor que el de las universidades públicas, pasando de 270 000 a 530 000 estudiantes, inferior por cierto al de la educación superior privada.

La matrícula de la educación media superior para 2001 equivale a la tercera parte del grupo de 15 a 19 años. Es en este nivel de la educación en donde se encuentra 93.3% de quienes terminan sus estudios de secundaria, pero apenas 51.3% logra terminarlos. Algo semejante sucede en el siguiente nivel, el de la educación superior: ahí predominan quienes pertenecen al grupo de entre 20 y 24 años que incorporó en el año 2001 23.9% del total. Además, se calcula que sólo alrededor de 50% logran titularse.

El reciente fenómeno del incremento (de casi 400% en los últimos diez años) de las escuelas privadas, la mayoría de baja calidad y a menudo representantes del gran fraude educativo de los últimos años, profundiza la competencia de los profesionales en algunas profesiones saturadas, rebaja nuestra capacidad de producir conocimientos y genera distorsiones evidentes en la calidad del servicio educativo que se desea, y esta distorsión está siendo acompañada con la proliferación de empresas e–learning nacionales o extranjeras y con una avalancha de empresas transnacionales que, bajo el amparo de una apertura indiscriminada de comercialización de los servicios educativos promovida desde el gobierno, está generando mayores brechas entre los segmentos de escolarización y creando un mercado nocivo de mercantilización de la educación.

En términos de productividad laboral, conviene recordar que el grado de instrucción, considerando la población activa, remite fundamentalmente al nivel básico (65.9%). Esto comprende población juvenil con primaria incompleta (11.5%), con primaria terminada (20.3%), con secundaria incompleta (8.7%) y con secundaria terminada (25.4%). El nivel medio representa 21.2% (el subprofesional, 5.7%; con uno a tres años de preparatoria, 13.3%, y el medio superior, 2.2%) y el nivel superior comprende 10.4 por ciento.

Lo anterior apunta a una sociedad en donde los conocimientos empiezan a ser parte del dominio de solo un segmento de la sociedad, mientras que las mayorías se encuentran excluidas del mismo, lo cual hace referencia a la existencia pronunciada en el país de un verdadera "brecha cognitiva" (knowledge divide) que puede generar un escenario de conflictos y de mayor inequidad. Esta tendencia aparece ya sustentada en gran cantidad de países, como lo muestra el informe de la UNESCO intitulado "Hacia las sociedades del conocimiento" (2005), en donde se señala con preocupación que:

El conocimiento ha llegado a ser ya un recurso de los más valiosos en muchos ámbitos, y en el siglo XXI abrirá cada vez más las puertas de acceso al poder y los beneficios económicos. Quizás se pueda emitir la hipótesis de que este recurso, tan estratégico, será en el futuro objeto de una competencia cada vez más reñida. ¿Es posible que algún día unas cuantas naciones intenten monopolizarlo a toda costa? A este respecto, cabe preguntarse si en el futuro habrá guerras del conocimiento como hubo en el pasado guerras del opio o del petróleo (UNESCO, 2005, p. 175).

Y éste es el gran desafío, y también la terrible posibilidad: la de que la polarización social y económica basada en conocimientos y en educación llegue a generar más incertidumbre, mayor desigualdad e inequidad, porque si en el futuro próximo no puede garantizarse el acceso universal al conocimiento y a la participación de todos en la construcción de una sociedad de nuevo desarrollo, el escenario será no sólo imaginable por su brutalidad, sino también por las de la supervivencia.

Por ello, el componente estratégico sobre el cual debe iniciarse la recuperación de un camino casi perdido para el actual sistema de educación en México debe ser el de su transformación —desde la raíz— para que, al mismo tiempo, pueda construirse uno nuevo, directamente adecuado a las nuevas tendencias de desarrollo, pero también pertinente a los requerimientos de una nueva sociedad.

Axel Didriksson
marzo de 2006

Referencia

UNESCO (2005), Hacia las sociedades del conocimiento, París, Ediciones UNESCO.