Editorial

Para el ejercicio 2006, los recursos presupuestales asignados por el gobierno federal a la educación, y particularmente a la educación superior, no sólo mantienen la tendencia de estancamiento de los últimos cinco años, sino que presentan reducciones muy importantes y aun alarmantes en algunos rubros. Ni política de Estado ni prioridad máxima ni visión estratégica parecen ser definiciones con fines de planeación o de organización que hayan sido tomados en cuenta para la asignación de recursos financieros en el año en que (para el Ejecutivo y para los miembros del gabinete que angustiosamente aún siguen en él, destacadamente en la Secretaría de Educación Pública) se acaba un sexenio desaprovechado para llevar a cabo reformas sustanciales en el sistema educativo nacional.

El crecimiento de los recursos para educación durante 2005 fue de sólo 0.3% y ocurrió, sí, un ligero aumento para las instituciones de educación superior, tanto federales como estatales, por la acción de remiendo que realizaron los diputados, sobre todo de la Comisión de Educación. Pero la tendencia general fue hacia la baja a partir de 2004, cuando se había alcanzado un ligero ascenso en los recursos destinados a educación superior que despuntó entre el 2000 y el 2003 con un promedio de 17% de crecimiento. En el proyecto de presupuesto para 2005 se consideraba una reducción de –6.9% para ese nivel educativo, y reducciones considerables también en el gasto para ciencia y tecnología. Esto significaba que respecto del PIB, el gasto federal en educación superior bajaría de 0.60% a 0.54%, y para ciencia y tecnología de 0.81% a 0.74 por ciento.

Entre otras cosas, lo anterior significaba que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) disminuiría su presupuesto en 16.4 millones y la UNAM en 175.2 millones, que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendría una disminución de más de 326 millones, El Colegio de México (COLMEX) de 4 millones, que las universidades públicas estatales tendrían una disminución de 1 252.6 millones, y de 10 millones menos para los centros de investigación de los estados. Al presupuesto del CONACYT se le recortaban 818 millones, y así, entre otros casos. Con la reasignación del presupuesto efectuada por la Cámara de Diputados se logró paliar ligeramente, para el ejercicio de 2005, estas severas reducciones, pero de ninguna manera se logró con ello sustentar un presupuesto a la alza, digamos correspondiente a lo que se ha considerado como una "alta prioridad" desde los inicios del gobierno del Partido Acción Nacional.

Como se sabe, los incrementos aprobados por los diputados fueron motivo de una controversia constitucional por parte del Ejecutivo, que sigue en pie, y amenaza de nuevo aplicarse durante la determinación del presupuesto 2006. En la práctica, sin embargo, la controversia constitucional no fue aplicada, pero sí demoró hasta el cansancio el otorgamiento de los aumentos respectivos hacia las universidades públicas de los estados de la república, y aun a finales del año 2005 se siguen otorgando a cuentagotas.

El panorama para 2006 vuelve a complicarse, pero ahora de forma subida porque se trata del fin del sexenio y del principal año electoral. El proyecto de presupuesto de egresos de la federación, para los ramos educativos y de ciencia y tecnología, que ya ha sido turnado a la Cámara de Diputados para este ejercicio anual, vuelve a presentar notables reducciones e incongruencias. Por lo pronto representa una disminución de casi 5% para el sistema educativo en su conjunto, respecto de lo aprobado para el año anterior, de alrededor de 4% para educación superior y de 6% para ciencia y tecnología. Con ello, se echan por tierra las buenas intenciones, o la mala retórica del actual gobierno, que supuso alcanzar hasta 8% del pib para educación, 1.5% para educación superior y 1% para ciencia y tecnología.

A estas alturas, y con todas las evidencias del caso, debemos dejar de lamentarnos por lo que ya no pudo ser y proponernos abrir la discusión respecto de las nuevas políticas y definiciones en materia de educación, y particularmente hacia educación superior e investigación científica, para poner nuestro granito de arena como investigadores en la construcción de un nuevo escenario de cambios, necesario y urgente, que debe proponerse a las próximas autoridades federales y legislativas que llegarán muy pronto y a los actores y sectores interesados en el mejoramiento de la cobertura y la calidad de nuestra educación.

Estos componentes, como ha sido reiterado en diversos momentos, deben definirse como una nueva política de Estado que ubique de manera explícita a las universidades y a otras instituciones de educación superior como componentes fundamentales del cambio social y de la producción y transferencia de nuevos conocimientos, como instituciones clave para dinamizar y ponerse al frente de las transformaciones necesarias que apunten a la construcción de una sociedad del conocimiento.

Esto supondrá emprender modificaciones sustanciales en el marco constitucional y normativo, de tal manera que puedan expresarse con claridad las políticas y los compromisos de largo alcance de los actores políticos y económicos y de los distintos sectores de la sociedad. Una política de esta naturaleza deberá comprender al conjunto del sistema de educación, sus articulaciones, pero sobre todo la constitución de vínculos estrechos entre la educación superior, la ciencia y la tecnología, la constitución de un sistema nacional de innovación, la conformación de un espectro abierto de cooperación nacional e internacional, de movilidad de estudiantes y académicos, de flexibilidad para alcanzar efectivamente un sistema de educación superior abierto y plenamente articulado.

Una política de Estado deberá expresarse, aunque no sólo, pero sí en lo fundamental, en una política de financiamiento. Desde ese plano, una política de Estado para la educación superior debe hacer referencia a la responsabilidad del financiamiento desde una perspectiva estratégica y de corto, mediano y largo plazos por parte del próximo y los siguientes gobiernos, tanto federales como estatales y municipales, desde el plano del interés del Estado y de la sociedad en su conjunto. Esta política debe contemplar distintas modalidades, instrumentos fiscales y no fiscales, y la participación y contribución del conjunto de los sectores productivos nacionales.

Seguramente abrir un debate al respecto será prolífico, esperamos, desde ahora, porque la comunidad académica relacionada con las temáticas de la educación, de la ciencia y la tecnología no sólo han participado de forma muy activa en los últimos años alrededor de la crítica sobre el magro financiamiento a sus tareas, sino que también ha elaborado de forma sustancial y enriquecida propuestas de salida que pueden crear paulatinamente una política alternativa.

Nuestra revista, Perfiles Educativos, estará abierta a la publicación de estas elaboraciones programáticas y prospectivas para el rediseño y superación de las actuales políticas hacia nuestro sector y nuestras instituciones, así como también promoveremos de distintas maneras este debate con los investigadores del CESU y otros colegas y especialistas que han mostrado su apertura y su disposición a este diálogo fundamental para el futuro de nuestro país.

Axel Didriksson

octubre de 2005

NOTAS

1. ANUIES. Informe sobre el presupuesto para educación superior correspondiente al año fiscal 2005 y gestiones realizadas por la Secretaría General Ejecutiva y el Consejo Nacional de la ANUIES. XXIV Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, 26 de noviembre de 2004. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, p. 3.