Editorial

El año dos mil cuatro pasará a la historia como uno de los peores años para la educación nacional. El gobierno actual se propuso como prioridad atender a la educación en todos sus niveles, y sigue afirmándolo; sin embargo vemos, en los últimos estertores de su sexenio, la fehaciente demostración de su principal característica: hacer gobierno desde un doble pensamiento: decir una cosa para luego afirmar lo contrario; hacer algo y justificarlo con un discurso a menudo radicalmente diferente.

Con la ruptura del monopolio de un partido único, el gobierno del PAN, bajo el liderazgo —también doble, curiosamente— de la pareja presidencial, inauguró una forma específica de abordar los acontecimientos, que los teóricos de las coyunturas deben saber aquilatar. Para los referentes del análisis sobre las políticas educativas, este régimen aporta la idea siguiente: por lo regular se abordaban las crisis de las instituciones educativas desde una causalidad interna, esto es, desde la escuela misma, desde su autoritarismo, desde su conversión en entidad reproductivista de carácter clasista, o desde la lógica de ser una institución que legitima la hegemonía del Estado, o desde cualquier otro enfoque internalista. Ahora, con el gobierno panista, que dejara una particular huella epistemológica, la crisis de las universidades no aparece como derivada de sus propias contradicciones, sino por el efecto de una realidad externa contundente: la de la incoherencia de un gobierno destornillado.

Más allá de las ironías, sin embargo, la crisis de la educación superior en México debe documentarse con seriedad, porque se trata de un acontecimiento de gran impacto social, pero al mismo tiempo uno muy desafortunado, un verdadero cataclismo. Durante este gobierno se ha buscado poner en crisis, a pesar de lo que se diga en contrario, a las universidades públicas —las privadas gozan de una particular deferencia— desde tres impulsos específicos: para que dejen de ser hegemónicas en el sistema de educación superior; para que se socave su legitimidad, y para que se colapsen institucionalmente. Que se haya logrado esto, o no, es otra cosa, pero la intención y la puesta en marcha de mecanismos y políticas para lograrlo basta y sobra para contar con un efecto de demostración.

Para poner en crisis la hegemonía de la universidad pública y autónoma mexicana, el actual gobierno ha supuesto que ésta no es la más importante entidad cultural que produce conocimientos, profesionistas e investigadores; tampoco es la que ejerce el dominio en la formación de técnicos o de mano de obra calificada. Se busca presentar la idea de que las universidades públicas dejaron de tener el monopolio de la formación de técnicos, cuadros medios y profesionistas, y ahora esta formación se realiza por medio de muchas otras instituciones; que se ha alcanzado una verdadera diversificación institucional y que se cuenta con escuelas de gran calidad, similares o mejores que las tradicionalmente únicas. Su hegemonía parecería estar, entonces, cuestionada.

Para erosionar su legitimidad se ha supuesto, y se busca confirmar con algunos indicadores ligeros, que la universidad pública ha dejado de ser la institución de referencia principal, y que la demanda social opta por una diversidad de ofertas diferentes, iguales en términos de calidad y gusto, porque ya garantizan idénticas credenciales y competencias, y sobre todo porque brindan de igual manera opciones "populares" idénticas o mejores.

Finalmente, se ha buscado corroer la vigencia de la entidad pública universitaria buscando demostrar una crisis institucional. El 99 en la unam propinó argumentos absolutamente incontrastables. El infantilismo de izquierda del cgh, ahora en desgracia, ofreció argumentos en bandeja de plata al gobierno panista para favorecer la idea de la crisis institucional que padecían las universidades públicas. Sobre todo se pone en cuestión a la propia autonomía, a los valores y a los objetivos de un saber, y de una academia sustentada en la libertad de cátedra y de investigación, desde el plano de criterios que buscan más bien la eficacia administrativa, la productividad, la organicidad empresarial, la calidad frente al mercado y la competitividad.

En contraparte, la crisis educativa sí se corrobora por la acción directa de la política gubernamental. En el último informe de gobierno del presidente Vicente Fox se da cuenta de hechos y ausencias que revelan que la misma existe, pero que se hace un gran esfuerzo para ocultarla.

De acuerdo con el informe presidencial de Vicente Fox del primero de septiembre de 2004, en términos de financiamiento a la educación para el ejercicio correspondiente, ocurrió una reducción de 2.2% del presupuesto educativo respecto del pib. Para el sector de educación superior, se presentó una reducción de 1.2 por ciento.

En el proyecto del presupuesto enviado a la Cámara de Diputados para el año 2005, la contracción se mantiene y se profundiza, puesto que, respecto al pib, en educación básica se pasa de 2.94% a 2.93%, mientras que para educación superior se reduce de 0.86% a 0.83%, lo cual significa restar más de 2 mil millones de pesos a este sector. No obstante, durante los años que van de este sexenio, el número de estudiantes en educación superior ha seguido creciendo con una variación de 4.7% en el ciclo 2003-2004 y de 4.6% en el ciclo 2004-2005, para pasar de 2 millones, a 2 millones 431 mil. Junto con ello, durante el periodo 2000-2003, la matrícula de educación media superior tuvo una tasa anual de crecimiento de 5.2%, que fue la más alta del sistema escolarizado, lo cual hace suponer que este aumento se manifiesta, y lo hará en el futuro próximo, hacia el incremento de la demanda social para la educación superior. El total de estudiantes incorporados al sistema educativo nacional para el presente año llega a casi 32 millones. La educación particular tuvo una expansión inusitada durante el sexenio, en términos generales, de 7.8% anual.

En las consideraciones que se presentan en el Informe de Labores 2004, correspondiente a educación superior, se puede leer que más de 84% de la matrícula escolarizada y abierta en ese nivel se concentra en licenciatura, mientras que sólo 0.3% se ubica en el denominado "nivel de técnico superior universitario", siendo que éste ha sido durante los últimos dos sexenios, el "nivel" que más ha sido favorecido, en términos de expansión, como una modalidad de diversificación. La educación superior normal, sin embargo, sigue a la baja, con una contracción de 6.8%, mientras que la más reciente creación de educación superior, el denominado subsistema de "universidades politécnicas", cuenta con sólo 2 300 estudiantes.

Los datos anteriores han sido tomados de la escueta información que aparece en el Informe respecto a la educación superior, lo cual revela la escasa atención concedida al sector. Esta pobreza se reflejó en el discurso del presidente de la república, el pasado 1 de septiembre, cuando se hizo mención al tema, así como al de ciencia y tecnología: no se presentó absolutamente nada sustantivo. El punto no es exagerado cuando en el discurso oficial se reitera la idea de que la educación superior, la ciencia y la tecnología son prioridad del gobierno y componentes claves para alcanzar el desarrollo y los cambios que se proponen... , o suponen, desde la lógica del doble lenguaje.

El panorama es desolador. A poco menos de dos años del inicio de la sucesión presidencial, no puede esperarse mucho de este gobierno en materia educativa, y muy particularmente en cuanto a la educación superior y universitaria. El 2005 será magro en materia financiera, y al final del que sigue ya poco será importante lo que suceda al respecto, porque estará el río revuelto y entonces se tendrán que tomar otras decisiones, esperamos favorables, para el desarrollo de la educación nacional. Lo que no puede ser, o por lo menos debía matizarse, es que continúe un doble discurso, tan evidente, que al final sólo queda la retórica.

Axel Didriksson
octubre de 2004