Editorial

Este año se celebra en la UNAM el 75° Aniversario de la autonomía universitaria. El hecho es significativo por sí mismo, pero adquiere connotaciones de mayor relevancia por el contexto en el que ésta se vive en la institución que mejor refleja la vida nacional y todos sus acontecimientos, desde los políticos y económicos, como los culturales y los deportivos.

El movimiento autonómico ha sido investigado ampliamente por diversos investigadores del CESU, y se ha analizado desde distintas perspectivas, que han recogido el tremendo impacto que ha tenido el fenómeno en América Latina y en nuestro país. Se puede constatar de ello que la autonomía universitaria es parte consustancial del modelo latinoamericano y caribeño de universidad y que el concepto no tiene paralelo en ninguna otra parte del mundo.

En 1918, en la Universidad de Córdoba, Argentina, dio inicio un movimiento estudiantil y social muy popular, que dio origen e identidad a una de las reformas más originales de los recién incipientes estados nacionales de la época. Como casi todas las reformas que emergieron de los movimientos estudiantiles de entonces, su importancia tuvo más influencia en la vida política que en los cambios académicos y propiamente educativos. No quiere decir esto que "absolutamente, se entiende, porque el movimiento reformista tuvo importantes consecuencias en lo referido a una nueva legislación, a las formas internas de gobierno, a la concepción de la docencia y la didáctica y a las relaciones de la universidad con el gobierno y la sociedad.

Uno de los más importante logros del movimiento estudiantil de principios del siglo XX fue el de la autonomía universitaria. Y fue éste el concepto más trascendental que debe ser considerado en la conformación del modelo de universidad creado en la región, como en el país, como distintivo del paradigma organizacional sobre el que se montaron estas instituciones de enseñanza superior, prácticamente diferente a lo que ocurrió en la constitución de los rasgos sustanciales de otros modelos de universidad en el mundo.

Fue tal el grado de influencia de este paradigma, que la autonomía era ya una realidad protegida, alentada y considerada como un componente central para el buen desarrollo de la vida de las universidades, desde mediados de la década de los treinta.

Desde el contexto en el que aparece el movimiento que dio pie al otorgamiento de la autonomía formal de la hoy UNAM, se vivía, también, un ambiente de cambios políticos, de polarización y de revuelo social. La universidad se encontraba en el centro de muchas disputas relacionadas con la influencia del vasconcelismo, de la derecha católica, del incipiente marxismo laborista y de la nueva correlación de fuerzas que buscaba consolidar las distintas fuerzas emergentes de la todavía activa Revolución mexicana, y en la universidad empezaron a encontrarse grupos de intereses particulares que se expresaban tanto desde el plano académico como del institucional.

La autonomía llega en 1929 y tiene otro momento de resolución en 1933, con la denominada "autonomía absoluta" y el debate Caso-Lombardo; continúa siendo motivo de expresión y reconceptuación en 1945 con la Ley Orgánica y la instalación de la primera Junta de Gobierno; alcanzó cierta expresión material con la edificación de la Ciudad Universitaria, en el sur de la ciudad de México, en donde sus límites territoriales se concretaron en un espacio urbano determinado, pero también en una suerte de extra territorialidad, que ha sido motivo de un muy amplio debate pero también de praxis.

En 1968, con el movimiento estudiantil por las libertades democráticas, la autonomía universitaria tiene otro momento de definición, este trágico, con la entrada del ejército al campus, lo que representó una de las peores afrentas que ha tenido en su abigarrada historia, como idea y como realidad.

Su historia contemporánea y su presente siguen acumulando avatares, ignominias, restricciones, grandes momentos heroicos y posibilidades. Del 68 a la fecha, la autonomía universitaria aparece y está en todos los movimientos estudiantiles, políticos e institucionales, y su resguardo, consolidación y defensa constituyen un referente permanente siempre indispensable.

Desde la perspectiva de una universidad moderna, la autonomía debe reflejarse ahora en un nuevo posicionamiento como centro de creación, transmisión y difusión del conocimientos de cultura, y, desde su muy particular visión humanística, científica y tecnológica, asociada a la formación de nuevos ciudadanos, como una institución privilegiada para ser la vanguardia del pensamiento, asentada en la democracia participativa de sus actores.

La autonomía se apoya, por ello, en una gestión de gobierno de uniformidad orgánica en el marco de una gran complejidad funcional y organizacional, por la transparencia de sus actos y procedimientos, por la rendición de cuentas a la sociedad a la que se debe, por la libertad académica, y por su independencia en el diseño y puesta en marcha de sus competencias en la producción y transferencia de saberes, de aprendizajes y nuevos conocimientos.

La autonomía, desde los términos con que se garantiza en la Constitución de la República, tiene tanto dimensiones personales como institucionales. Los primeros hacen referencia a los derechos de libertad de sus miembros de enseñar y de investigar, para garantizar el dominio de la creación intelectual. El ámbito institucional no tiene, sin embargo, una definición explícita ni específica debidamente desglosada y consensuada, y sigue siendo un ámbito de gran controversia. Por ello, ya se puede demostrar la necesidad de avanzar en la definición y discusión de una Ley de Autonomía Universitaria que sea garante del conjunto de sus ámbitos, porque desde el marco de su ambigüedad se mantiene sujeta a la reserva de diferentes leyes menores y de políticas restrictivas que la condicionan. Entre otras, por ejemplo, están las que se expresan en el quebranto del derecho de las universidades públicas y autónomas de contar con los recursos financieros suficientes, y hasta a veces de los necesarios, o bien las que la constriñen por la vía de diferentes programas de evaluación de su desempeño.

La celebración del Aniversario 75 de la autonomía, en especial del movimiento que le dio este carácter, debe ser motivo de muy amplia reflexión por sus nuevas perspectivas, para avanzar en lo que hace falta, pero sobre todo para consolidar y potenciar los rasgos esenciales de un poder académico, tanto individual como institucional, correspondientes a una responsabilidad social fundamental.

La autonomía debería establecerse con meridiana claridad, desde un ley fundamental y desde una renovada clarificación conceptual y jurídica, que reivindique la vigencia de un proceso de democratización constante y de ejercicio pleno de la libertad académica, del ejercicio de un gobierno colegiado responsable y del cuidado y resguardo de un patrimonio inconmensurable que le da identidad histórica y nacionalidad, así como los términos en los que debe ocurrir la relación entre la universidad, la sociedad y el Estado.

Axel Didriksson
mayo de 2004