Editorial: El financiamiento de la educación y la ciencia

Todos los años las universidades públicas tienen que debatir en la Cámara de Diputados para negociar sus partidas presupuestales. En esta ocasión, los recursos asignados por el gobierno para el 2004 se han visto acompañados con serias amenazas de recortes y aun de desaparecer entidades públicas de investigación y de cultura.

En efecto, se presentaron montos que, de ser aprobados, afectarían gravemente las posibilidades de las universidades para desarrollarse, para emprender reformas necesarias que están en marcha y para cumplir con sus tareas de docencia, de investigación y de difusión de la cultura.

Con un presupuesto total para educación de $109 588 203 990 pesos, el incremento anual que se programa se eleva tan sólo 3.7% sobre la inflación, lo que manifiesta un virtual estancamiento de los recursos públicos hacia un sector considerado de alta prioridad. La intención de eliminar de las cuentas a algunas instituciones de cultura y de investigación, el recorte a los recursos destinados al CONACYT y otros ardides que se fraguaron y fueron publicitados, dejaron la sensación de que desde el gobierno no había una visión estratégica del significado de la educación, ni de la ciencia y la tecnología.

Esta condición de constante atropello y negociación perversa del financiamiento anual coincidió, sin embargo, con nuevas propuestas de definición del modelo de financiamiento actual, para atender los reclamos desde una política de Estado hacia la educación superior, la ciencia y la tecnología.

El imperativo de contar con recursos suficientes para el pleno desarrollo de las actividades académicas desde una política de largo plazo, en donde concurran criterios, lineamientos y principios consensuados por todas las instituciones, fue señalado puntualmente tanto por la UNAM como por la ANUIES, para rebasar la tradicional asignación inercial y hasta discrecional con la que se viene operando.

De acuerdo con la ANUIES, en materia de financiamiento se pueden observar tres hechos fundamentales:

un crecimiento de 1990 a 1994; una caída de 1995 a 1997 y una recuperación de 1998 a 2003. En trece años hemos tenido una política de financiamiento irregular, que se explica por las crisis que ha vivido el país. Una primera conclusión es que el gasto no ha sido constante, por lo que hemos sufrido de altibajos que repercuten severamente en la continuidad de los proyectos que realizan las instituciones de educación superior (Ibarra, 2003, p. 5).

No obstante, y a pesar de lo señalado por la ANUIES respecto de los años de "recuperación", en correspondencia con el análisis que en el CESU se ha realizado al respecto (a precios constantes de 1993),¹ la evaluación del crecimiento porcentual anual del presupuesto de la SEP ha sufrido una caída muy significativa al pasar de un incremento de 12.14% en el lapso 2000–2001, de 10.42% en el de 2001-2002, de apenas 5.17% para el de 2002–2003, y de 5.05% para el de 2003-2004, considerando los recursos programados para ese último año, enviado a la Cámara de Diputados.

Para el caso de la UNAM (con el mismo tratamiento a pesos constantes de 1993), el crecimiento porcentual anual también sufre de una caída estrepitosa: de un crecimiento de 14.2% en el lapso 2000-2001, se pasa a uno de apenas 5.4% para el de 2001-2002, de 2.9% para la siguiente bianualidad, y de 2.5% para el periodo 2003-2004 (véanse cuadros anexos).

Para el caso del CONACYT, la propuesta de presupuesto del gobierno federal para 2004 fue de menos 5.6% en su tasas de crecimiento anual, respecto del año anterior, y para los denominados centros SEP-CONACYT, de menos 27.8% (véanse cuadros anexos).

Lo anterior revela una falta de visión y de interés por parte del ejecutivo federal respecto de la importancia de la educación superior, de la ciencia y la tecnología, por lo menos en sus aspectos más reales y prácticos, como son los presupuestales. Se reconoce y se declara que en estos rubros se trata de prioridades, pero en materia de financiamiento ocurre lo inverso al contenido del discurso.

Como se mencionó más arriba, las negociaciones de finales de 2003 se vieron acompañadas con iniciativas que buscaron concebir a las universidades públicas como entidades de Estado, y por tanto sujetas a políticas de Estado y no de gobiernos en turno.

Una política de Estado para el financiamiento de la educación superior y la investigación científica supone la convergencia de múltiples actores interesados en todos los órdenes de la vida pública universitaria, con el objetivo de alcanzar tasas de crecimiento presupuestales no negociables en el tiempo, que puedan asegurar el desarrollo de las tareas académicas fundamentales y mantener un nivel de certidumbre para su planeación al corto, mediano y largo plazos. No es ésta, desafortunadamente, la opinión gubernamental que se presenta, más relacionada con la dependencia científica y tecnológica, con una educación centrada en la formación de técnicos medios y con un pragmatismo sin orientación definida. No es esto lo que requiere un país, como el nuestro, para salir adelante en materia de nuevos conocimientos, en la resolución de problemas ingentes, ni de uno que suponga autodeterminación y solidez económica, que pueda contar con una base social muy amplia de nuevos aprendizajes, y formule su propio destino.

Axel Didrisson
diciembre de 2003

REFERENCIA

Ibarra Mendívil, Jorge Luis (2003), "El financiamiento de la educación superior", ponencia presentada en el Taller de Expertos organizado por el CESU para la Comisión Especial para el Congreso Universitario, México, UNAM, agosto, p. 5.         [ Links ]

NOTA

1. Datos elaborados por Javier Fuentes Maya, mimeo., CESU, noviembre de 2003.