Editorial

 

El financiamiento de la educación superior

 

El tema de la demanda social hacia la educación superior volvió a ser, como todos los años, un motivo de debate, pero adquirió connotaciones dramáticas porque tuvo que ver con el suicidio de jóvenes rechazados y porque se produjo una reacción tan fuerte como necesaria de algunos protagonistas de la vida universitaria, entre ellas, de forma contundente, la del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

Lo que señaló el rector causó revuelo, sobre todo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), porque puso el acento en el fondo del problema, esto es, en la falta de espacios para atender a los miles de jóvenes que ven frustradas sus aspiraciones de educarse y seguirse formando, e indicó que solucionar este problema es una responsabilidad central del Estado y que, de continuar las cosas sin una solución efectiva, este complejo problema podría volverse "potencialmente explosivo":

Debemos reconocer la magnitud de los problemas para tratar de incrementar las soluciones y que cada quien asuma la parte que le corresponde. Este es el camino por el cual debemos seguir avanzando, asumiendo la gravedad de los problemas y enfrentándolos, reconociéndolos; de nada sirve tratar de disimularlos, maquillar cifras o vender una imagen que no corresponde a la realidad. Es mucho mejor reconocer la magnitud de los problemas, hablarlos de manera frontal con toda la sociedad e instrumentar medidas hasta donde sea posible, para tratar de corregirlos y evitar que sigan acumulándose (Síntesis de noticias, UNAM,15/08/03).

A lo que se refería el rector era a las cifras dadas a conocer por diversos funcionarios de la SEP, en donde ninguna cuadraba; lo mismo ocurre al revisar diversos documentos oficiales. Por ejemplo, en un reporte de la Agencia de Noticias de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) —1 de septiembre de 2003—, se menciona que la SEP habla de la existencia de 2 047 895 alumnos en educación superior, cuando la misma AMC sólo registra 1 940 000 alumnos. En 1990, tanto la ACM como la SEP coincidían en las cifras; ahora ya no. Para el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la matrícula en el 2000 era de 2 073 532 alumnos, es decir, 32 000 alumnos más. Tampoco coincidieron las cifras de la SEP y las de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; esta última reportó 217 549 alumnos menos.

Si se toman en cuenta las proyecciones realizadas por CONAPO al respecto, el problema se agranda, de acuerdo siempre con lo reportado por la AMC:

Pronósticos del CONAPO citados en su libro La situación demográfica en México, en 2000 [...] estimaban una matrícula en el nivel superior de 2 620 552 alumnos en 2005, y de 3 062 670 alumnos en 2010 [...] Sin embargo, la SEP en el ciclo escolar 2002-2003 da cuenta de una matrícula de 2 236 791 estudiantes en el nivel superior; es decir, le faltarían crear 383 761 nuevos lugares en tres años para cumplir la meta, situación que parece difícil, ya que en el pasado tardó cinco años para alcanzar ese número de nuevos lugares en la educación superior (AMC, 2003).

La respuesta de la SEP fue asegurar que la capacidad instalada del sistema era realmente suficiente para atender la demanda y que no se maquillaban cifras; que se habían creado ya 45 nuevas instituciones y que en el actual ciclo escolar se abrirían otras 12 para atender a 195 000 estudiantes más. El subsecretario de Educación Superior de la SEP lanzó, a su vez, la crítica hacia las instituciones de educación superior, diciendo que el problema era que la demanda se orientaba hacia carreras saturadas, y propuso que éstas deberían transparentar sus datos respecto a tasas de egreso, programas educativos, planta académica y la calidad de su desempeño. Al respecto, las universidades informan regularmente, y envían estos indicadores para conseguir recursos extraordinarios, precisamente, a la Subsecretaría de Educación Superior.

Por su parte, el rector de la UNAM indicó que se respondería con cifras en la mano, y se darían a conocer algunas cifras que daban cuenta de la magnitud del problema y de su gravedad. La respuesta de la SEP fue convocar a la integración de una comisión de trabajo conjunta entre la UNAM, la ANUIES y la misma Secretaría para analizar el asunto.

Se trata, con todo y lo que pueda resultar de esta comisión, de una asignatura pendiente del subsistema de educación media superior y superior, de una tremenda carga social que se ha transformado en un rezago educativo estructural, el cual, como lo señaló el rector de la UNAM, debe ser enfrentado con claridad y contundencia. El tema se ha analizado desde hace mucho tiempo por los investigadores educativos, y se sabe que la tasa bruta de escolarización en el país es una de las más bajas entre los países la OCDE, respecto a varios de países de América Latina; asimismo, la orientación del gasto y de las políticas educativas no han permitido superar la cantidad y calidad en el desempeño de los indicadores más importantes; incluso se presentan retrasos inadmisibles.

En unos cuantos años más el problema será mayúsculo, debido a las tendencias de crecimiento del sector de población del rango de edades relacionadas con los niveles de educación media superior y superior. Las proyecciones muestran que se triplicará el número de jóvenes y adultos en edad de cursar estos niveles, número que ya es actualmente elevado.

Esto se resiente en todos los sentidos. Durante el mismo periodo en el que ocurrió el debate que aquí reseñamos, la OCDE había informado que el nivel de desarrollo educativo del país se encontraba en el puesto 35 de entre 43 países, y que el informe de ese organismo mostraba "que México no ha participado realmente en la expansión educativa que otros países están teniendo con éxito [...] Si se observa a los países con mejor desempeño, el valor que las sociedades dan a la educación es clave para el progreso. Lo que más sorprende de México no es sólo el pobre rendimiento, sino que las expectativas de los estudiantes mexicanos han sido ahora traicionadas" (Síntesis de noticias, UNAM, 3/06/03).

Poco después, en otro de sus informes, se señaló que:

44% de los estudiantes de 15 años están en el nivel más bajo en lectura de comprensión, y que el gasto por estudiante de primaria representa una cuarta parte del promedio que erogan las otras naciones del organismo; es decir, 1 291 dólares contra 4 381. En secundaria, el gasto equivale a un tercio (2 317 dólares, contra 6 063) y en nivel superior casi la mitad (4 688 contra 6 571) (Síntesis de noticias, UNAM, 17/09/03).

Este es el resultado también de una política errática en cuanto a la inversión en educación y en educación superior, en donde las cifras tampoco cuadran. Primero en el informe presidencial, y luego en declaraciones del secretario de Educación, se informó que se invierte en educación 6.8% del Producto Interno Bruto (PIB), desglosado de la siguiente manera: 4.5% por parte del gobierno federal, 1% proveniente de los estados y 1.3% del gasto privado. Con ello se ha asegurado de forma oficial que sólo falta 1.2% para alcanzar la meta sexenal de 8% del PIB en educación.

De acuerdo con las cifras que aparecen en el Anexo del Tercer Informe respecto del gasto nacional público en educación, a partir de un tratamiento estadístico a precios constantes de 1993 (véanse cuadros anexos), se observa que el gasto federal total apenas pudo recuperarse en el 2000 respecto de las cifras alcanzadas en 1994, con una severa contracción de cinco años. De 2000 a 2003, el incremento del gasto ha sido moderado, con ligeros incrementos año con año: de 61 272 millones de pesos (reiteramos, de 1993) a poco más de 72 700 millones. Sin embargo, cuando se revisan las cifras de incremento del gasto privado en educación durante el mismo periodo, el cuadro es increíblemente revelador: de ser éste absolutamente irrelevante antes de 1995, a partir de entonces crece de forma extraordinaria hasta la actualidad, y se expande en términos absolutos de 2 850 millones de pesos en 1995, hasta 19 930 millones en 2000. De 2000 a 2003 sigue creciendo, hasta alcanzar los 21 580 millones.

Diferentes resultados se expresan en las cifras anteriores. Primero, que el esfuerzo del gobierno federal no ha sido en realidad tan importante, pues de hecho, no se ha alcanzado el 5% del PIB al que se llegó a principios de los ochenta. Segundo, que se ha mantenido la lógica neoliberal de contraer el gasto federal, para trasladar el esfuerzo social en el gasto de los particulares, es decir el de todos nosotros, para el financiamiento de la educación. Por último, año con año la participación de la inversión de los estados y de la población —de nuevo, de todos nosotros— es cada vez mayor, cuando debería ser lo contrario, puesto que la tarea educativa es una responsabilidad central del gobierno federal, y éste, por mandato constitucional, debe garantizar para el conjunto de la población una educación gratuita, laica y de buena calidad, desde preescolar hasta posgrado.

 

Axel Didriksson