Artículos

 

Reflexiones y propuestas para una reforma del sistema de educación superior

 

Rafael Santoyo*

 

* Investigador del CESU-UNAM. santoyo@servidor.unam.mx.

 

Resumen

Las transformaciones de la sociedad han sido diversas y han tenido consecuencias en los sistemas educativos; el mundo moderno, globalizado, plantea una serie de retos que los sistemas educativos deben enfrentar. Uno de ellos, que se analiza en el presente ensayo, se refiere a la competencia y, en particular, a las consecuencias que ésta ha tenido en el ámbito de la educación superior como resultado de las políticas de financiamiento y del uso que se le ha dado a la evaluación para inducir el proceso de modernización del sistema con base en criterios de racionalidad, eficiencia, eficacia y calidad.

Palabras clave: Sistema de educación superior, Competencia, Modernidad, Cambio, Globalización, Eficiencia.

 

Abstract

The different transformations of society have had important sequels for the educational systems; the modern globalized world implies a series of challenges that those educational systems have to face up to. One of them, which is analysed in this article, has to do with competence and, particularly, with its consequences on higher education as a result of the funding policies and the role that has been assigned to evaluation in order to induce a modernization process of the system based on criteria such as with rationality, efficiency and quality.

Keywords: Higher education system, Competence, Modernity, Change, Globalization, Efficiency.

 

LA EDUCACIÓN ANTE EL CAMBIO

Existe la certeza de que la reforma académica del sistema de educación superior es una necesidad insatisfecha e inaplazable, porque los fines que persiguen sus instituciones y los objetivos de sus programas académicos no son intemporales, están ligados a las necesidades, los tiempos y las aspiraciones de desarrollo de la sociedad que les da vida y sustento. No se educa para ayer, ni para hoy, sino para mañana; la educación entraña la finalidad intrínseca de insertarse en el futuro para adelantarlo, prevenirlo y construirlo. Al comparar el contexto actual en su complejidad, necesidades, demandas, posibilidades y retos, con el estado que guarda la educación superior, nos damos cuenta de su retraso y de la falta de respuestas oportunas para enfrentar los problemas que se derivan de una situación inédita, en donde lo único constante es el cambio.

Las transformaciones de la sociedad han sido diversas y todas tienen consecuencias, en mayor o menor medida, sobre los sistemas educativos. Al respecto pueden señalarse, a manera de ejemplo, algunos cambios importantes:

a) El rápido avance del conocimiento y la tecnología acortan los periodos para la actualización y recalificación profesional, al mismo tiempo que exigen una mayor versatilidad de los perfiles de formación debido al cambio constante en los esquemas de desempeño y puestos de trabajo.

b) La importancia estratégica de la tecnología para el crecimiento económico ha hecho que aumenten las expectativas sobre los sistemas de educación superior como abastecedores de conocimiento especializado.

c) La competitividad internacional y el intercambio de servicios profesionales hacen necesario ampliar y fortalecer la formación de recursos humanos calificados; buscar equivalencias de estudios y elevar los estándares de calidad para competir con países más desarrollados.

d) Los procesos de mundialización demandan, por una parte, formar para la cooperación y, por otra, reafirmar la identidad nacional.

e) Los avances de la medicina han aumentado la longevidad, modificando la pirámide de edades e incrementando la necesidad de ampliar las opciones de formación a lo largo de toda la vida.

f) La constante producción de tecnologías de la comunicación e información representan un reto para asimilar su potencial formativo a los esquemas de la educación formal.

g) El considerable aumento del número de mujeres que ejercen un trabajo profesional ha modificado los papeles tradicionales y las relaciones familiares; los modos de consumo han evolucionado y los estilos de vida adoptados provocan problemas que afectan al medio ambiente y alertan sobre el empleo irracional de los recursos naturales.

h) Como causa y consecuencia del proceso de mundialización, se ha producido una toma de conciencia de la responsabilidad de habitar en la aldea global, en donde ciertos problemas ya no son sólo de incumbencia de algunos países, por lo que es necesario prepararse para enfrentar nuevas formas de comunicación y convivencia.

Los cambios que se experimentan en la educación están condicionados por factores múltiples y complejos de orden político, económico, cultural y social, así como por el grado de conocimiento, capacidad y conciencia de la necesidad de realizarlos por parte de los sujetos, grupos e instituciones responsables de este nivel educativo. La educación superior cuenta con el potencial para influir y perfilar los cambios que deben operarse en la sociedad mexicana de acuerdo con la naturaleza de sus fines, papel social y función cultural. Para tal efecto, el conocimiento fundamentado de la situación nacional e internacional se vuelve un imperativo, toda vez que sin una participación informada, consciente y oportuna se corre el riesgo de quedar al margen de las corrientes del cambio.

Las expectativas que generan los estudios superiores son muy amplias y complejas y, por lo mismo, difíciles de atender y satisfacer, debido a que provienen de individuos, sectores y grupos con distintos intereses que ven en la educación superior el medio para alcanzar su ideal de progreso. Lo que cada sector espera y reclama de la educación está en función de sus necesidades, pero también de su conocimiento y comprensión del papel que debe desempeñar la educación en una sociedad y en un tiempo determinados. Los actores de la educación, por su parte, deben interpretar las necesidades latentes tanto como las demandas explícitas que se generen en una sociedad plural, para dar la respuesta más conveniente que permita fortalecer los ideales democráticos de un país empeñado en alcanzar un desarrollo equitativo para el beneficio de toda la sociedad.

Es bien sabido que la educación superior influye positivamente en aquellos aspectos de la vida social que guardan una relación con los problemas o temas de estudio y enseñanza que aborda. Durante mucho tiempo se sobrestimó esta capacidad para incidir, por medio del conocimiento especializado y la docencia, en la calidad de vida de la población, al darle cierta dirección, equilibrio y sentido social a la medicina, la economía, la justicia, la técnica, la ciencia y la cultura en general. Hoy en día, esta expectativa, aunque todavía se mantiene viva, se ha debilitado, debido a que la rapidez con que se producen los cambios en el entorno pone en evidencia la dificultad de las instituciones de educación superior (IES) para interpretar y asimilar fenómenos coyunturales y anticipar el futuro; pero, sobre todo, se ha revelado su lentitud para actualizar sus estructuras e introducir innovaciones.

Aunque el cambio es un fenómeno constante y muchas veces imperceptible, los ritmos con que se ha dado en los últimos años rebasan la capacidad de las instituciones, grupos e individuos para comprenderlos, aceptarlos y sumarse oportunamente a los movimientos de renovación. Las IES han reaccionado de diversas maneras ante el reto de los cambios actuales: a) han asumido una posición pasiva, b) se han adaptado a los cambios en un plano formal o c) se han insertado creativa y críticamente en el proceso.

Para responder oportunamente a los desafíos del cambio y cumplir con las expectativas de la sociedad, es necesario seguir las corrientes de cambio para aprovechar las oportunidades y el impulso que emanan de los afanes modernizadores, y rectificar o ratificar el rumbo; consolidar los valores científicos y culturales; abandonar usos, costumbres y tradiciones obsoletas; adoptar políticas que permitan alcanzar una mayor pertinencia, equidad y calidad educativa, a fin de ofrecer más y mejores servicios para todos los jóvenes y adultos que buscan superarse; para flexibilizar el currículum e incorporar, oportunamente, el avance del conocimiento que vuelve obsoletos y caducos los conocimientos y las habilidades con una gran celeridad, modificando los espacios de tiempo y las necesidades para recibir educación; diversificar la oferta educativa con criterios de actualidad, flexibilidad, pertinencia y relevancia que permitan ofrecer alternativas de actualización y recalificación de competencias profesionales; racionalizar la oferta de carreras, dejar de alimentar las tradicionales y sustituirlas por nuevas profesiones que atiendan necesidades de desarrollo social; incorporar la producción de nuevas tecnologías aplicables a la enseñanza y superar la transmisión de conocimientos como medio de aprendizaje; implantar una vida colegiada fuerte y vigorosa capaz de desplazar a la burocracia prevaleciente, y poner a los profesores en el centro de la reforma.

Los cambios en la educación superior requieren de una actitud crítica y apuntan a fortalecer y consolidar una cultura de la evaluación que permita experimentar más y mejores métodos de docencia e investigación, valorar la calidad de los resultados de las funciones sustantivas, en las circunstancias en que se producen, e identificar las causas que los determinan; una cultura de la evaluación que trascienda los procesos y controles de calidad internos y apele al juicio externo de los usuarios que utilizan estos servicios. Para alcanzar este propósito es necesario generar información objetiva, confiable y oportuna sobre la calidad de los programas, el cumplimiento de metas y el uso de los recursos que se reciben vía el financiamiento, para rendir cuentas a la sociedad que la sostiene. Rendir cuentas, en un sentido constructivo, puede ser una forma de corresponder y comunicarse con la sociedad; por ello, es necesario no sólo trasparentar el adecuado manejo de recursos, sino informar acerca de los logros alcanzados y los beneficios que se derivan de la educación, para que la comunidad los aproveche y los valore. De esta forma, se puede aspirar a que la evaluación, además de contribuir al cambio, se incluya como componente estructural de la organización académica y recurso habitual de profesores y estudiantes que permita mejorar permanentemente su trabajo.

Ante el alud de cambios deseables o inevitables, previstos o imprevistos, oportunos o inoportunos, favorables o adversos, que se han dado en los diversos órdenes de la vida nacional, las miradas se han vuelto a la educación para ver si puede dinamizar y orientar estos mismos cambios, al generar los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere la actual etapa de desarrollo y preparar recursos humanos altamente calificados con la finalidad de fortalecer la capacidad del país para competir en el escenario internacional.

El papel que la educación superior está llamada a desempeñar en el contexto actual se define en medio de nuevas reglas del juego, nuevos desafíos y oportunidades, tendencias conservadoras y reformistas. Las nuevas relaciones entre países, caracterizadas por la apertura de fronteras y la competencia mercantil a gran escala, requieren de personas capacitadas para planear, dirigir y operar empresas, o grandes proyectos nacionales, con el fin de adicionar el valor agregado que proporciona el conocimiento especializado a los procesos productivos. Existe la expectativa de saber si los sistemas de educación superior responderán a esta demanda y cómo lo van a hacer sin desvirtuar su misión cultural y humanista, pero también, sin asumir esta nueva realidad como un dilema insalvable. Para enfrentar esta contradicción, será necesario emplear su capacidad para interpretar el cambio desde la óptica de sus propios fines y valores académicos, reafirmar su carácter plural, demostrar su capacidad para incorporar nuevos fenómenos y conjugar los valores de la tradición con los reclamos de la modernidad.

 

CALIDAD Y COMPETENCIA EN LA EDUCACIÓN

En cada época histórica predomina un ideal educativo. En el mundo moderno, globalizado, en que se inserta nuestro país, está en curso un fenómeno valorativo derivado de exigencias productivas y mercantiles, en las que no sólo los productos y los servicios, sino también las profesiones, los programas académicos y aun las instituciones educativas, son apreciadas y aceptadas si demuestran que tienen o que pueden alcanzar un grado de calidad aceptable. En la lógica de un sistema social cada vez más influido por criterios de competencia, la calidad no sólo revaloriza la educación sino que justifica la existencia misma de las instituciones.

Una corriente de intereses promotora de la modernización de la sociedad mexicana demanda que la educación superior participe activamente en este mundo de competencia, como la instancia que, además de aportar los elementos científicos que aseguren un desarrollo económico sostenido, contribuya a prever el futuro, oriente el rumbo del cambio y forme al personal calificado con criterios pragmáticos en aquellas áreas del conocimiento que fortalezcan el proyecto económico dominante.

A los problemas y rezagos que enfrenta la educación superior, se agregan nuevas exigencias propias de la competencia que implica la inserción del país en un capitalismo mundial, capaz de influir en el papel que juegan los estados nacionales y sus respectivos gobiernos como responsables de la educación pública. Al retraerse, el Estado benefactor limita sus alcances, acota su responsabilidad y restringe su participación en los asuntos de interés social, actuando en armonía con el modelo económico imperante, más que con valores culturales y educativos. Esta desatención, respecto a su responsabilidad con la educación superior, ha provocado ambigüedad en la interpretación de sus obligaciones, que siembra confusión, genera tensiones y activa conflictos con los consecuentes costos sociales.

Esta situación ha influido en el deterioro de la calidad académica, en virtud de la falta de apoyo decidido de los gobiernos, de los usuarios y de la sociedad en general a la educación superior, a partir de los graves problemas financieros ocasionados por las crisis recurrentes que ha sufrido el país desde principios de los ochenta. Este hecho ha sembrado desánimo entre las comunidades académicas y desviado su atención de las funciones sustantivas, al disminuir significativamente el salario del personal académico y frenar la inversión necesaria para mantener la planta física y el gasto en proyectos de superación académica. Es verdad que la mejoría en la educación no se logra sólo con un mayor gasto, pero también es cierto que si no se invierte lo necesario, los propósitos de superación se pueden quedar en el discurso.

El sistema de educación superior enfrenta una contradicción que no le permite desarrollar armónicamente sus funciones sustantivas: goza de la autonomía necesaria para realizar sus fines con libertad, pero no cuenta con los recursos financieros para ejercerla plenamente. Es posible explicar esto porque la idea de calidad y el ideal de autonomía que proviene del ámbito educativo, no siempre coinciden con los criterios de las autoridades gubernamentales en turno que proveen los recursos y buscan el control de su ejercicio desde una lógica contraria a los valores de la academia. Lo que está en juego, en última instancia, es el ejercicio de la libertad intelectual frente al control del poder público. Por un lado, falta un sistema de autorregulación y rendición de cuentas y, por otro, se requiere la promoción, la concertación y el establecimiento de políticas de Estado con visión de largo plazo y una mayor claridad en las reglas de asignación de recursos públicos.

En este contexto de restricciones económicas, cada día cobra más fuerza el concepto de calidad asociado con la productividad, la eficiencia, la eficacia, la competitividad y la rentabilidad como consecuencia de las exigencias que se derivan de la apertura comercial. Al asociarnos con países más fuertes y avanzados, se han dado inevitables comparaciones en las que resaltan nuestras debilidades para enfrentar los desafíos competitivos, por lo que se han modificado leyes, reglamentos y patrones de comportamiento para hacer los ajustes necesarios en varios aspectos de la vida social, incluyendo el sector de educación superior.

El imperativo de alcanzar cada vez mayor calidad en los procesos y resultados de la educación ha despertado ya una inquietud creciente en el ámbito de la educación superior, hasta el punto de llegar a demandar que la calidad sea un atributo imprescindible de la educación. Es decir, que toda la educación, para ser tal, debe ser de calidad.

Sin pasar por alto que el concepto de calidad no es unívoco, ya que su significado está relacionado con el objeto al que adjetiva, al contexto semántico y a los fines que sirve, lo cierto es que los propósitos de superación académica obedecen a una necesidad intrínseca y permanente de las IES y a un reconocimiento de que los niveles de calidad de los servicios educativos son insatisfactorios o pueden mejorarse en la mayoría de los casos. Pero, también, la mejora que se busca se fundamenta en la certidumbre de que un desarrollo socioeconómico firme, equilibrado y sostenido del país, estará más fuertemente sustentado en función de la capacidad de sujetos mejor habilitados para producir bienes simbólicos y materiales que en los recursos tradicionalmente utilizados por los países dependientes, que se atienen a la exportación de materias primas o a la oferta de mano de obra barata, puesto que, con el avance de la ciencia y la tecnología, estos recursos han dejado de ser una ventaja.

La competencia en el ámbito de la academia

Entre las causas que pueden ayudar a entender los cambios por los que atraviesa la educación superior, resalta la emergencia de un fenómeno que no sólo ha modificado las relaciones de las IES con los gobiernos y la sociedad, sino que ha influido en el desempeño de las instituciones y en el comportamiento mismo de los actores que trabajan en este campo: la competencia académica.

Actualmente, el fenómeno de la competencia ya no se relaciona sólo con las contiendas deportivas o con asuntos económicos, productivos y comerciales, sino que, desde los esquemas del nuevo capitalismo mundial y el predominio de las leyes del mercado, se ha desatado una lucha más decidida, y desigual, por la hegemonía o por la supervivencia de los países, sustituyendo valores como la cooperación, la solidaridad humana y la búsqueda de igualdad por el predominio del más fuerte. Hasta cierto punto, las reglas de la competencia internacional menoscaban los márgenes de oportunidad, libertad y soberanía de los países menos desarrollados, puesto que éstos no participan en esta arena de lucha como resultado de una libre elección que toman para obtener los dudosos beneficios que promete el nuevo orden mundial, sino como consecuencia de las corrientes envolventes de un mundo globalizado en el que imperan la fuerza y los intereses de los países ricos.

La competencia tiene diferentes formas de expresión según el ámbito en el que tiene lugar, pero en general se pueden señalar las siguientes características: a) que dos o más instituciones, grupos o personas se propongan alcanzar una posición de privilegio, que está en disputa, para acceder a algún beneficio; b) que el objeto, real o simbólico, que se desea alcanzar sea escaso, apreciado y necesario para los contendientes; c) que existan reglas claras y cierto equilibrio de fuerzas que permita que la lucha se desarrolle entre iguales (al menos formalmente); d) que se cuente con un mecanismo de evaluación y arbitraje que garantice neutralidad e imparcialidad a la hora de calificar, y e) que el resultado de la competencia tenga consecuencias para los implicados en la contienda.

En la actualidad, el espíritu de competencia anida en el ánimo de las nuevas generaciones de jóvenes, extiende su campo de acción a los más variados ámbitos de la vida humana e impone formas de relación social que benefician a los más capaces de adaptarse a las nuevas formas de producción, comercialización y distribución del conocimiento propio de los procesos de globalización. Paradójicamente, se observa que al mismo tiempo que crece exponencialmente la posibilidad de obtener información actualizada, en todos los campos del conocimiento, se excluye automáticamente a los sujetos que no cuentan con los nuevos códigos y tecnologías que dan acceso a la misma. La división entre los que pueden aprovechar los adelantos de las modernas tecnologías y los que no podrán hacerlo remarcará las diferencias existentes en la población e inaugurará nuevas formas de analfabetismo y marginación.

En una sociedad competitiva, materialista y excluyente, se exalta el tener por encima del ser; el valor de los sujetos se identifica con la posesión de bienes materiales; el individualismo impone formas de pensar, vivir y trabajar para beneficio personal. Esta forma de concebir la existencia supone que el sujeto se puede valer por sí mismo, y sólo en forma ocasional necesita entrar en relación con otros individuos, por lo que no reconoce a la comunidad como la única expresión civilizada de convivir. El individuo que no participa en la realización de proyectos colectivos, se separa de los grupos, provocando una patología social que se origina en la idea de que el progreso resulta de la suma de esfuerzos individuales, sin reparar en que solo no se puede ir a ninguna parte, porque el sujeto, sin referencia a su entorno, sin participación en asuntos públicos y sin vínculos de cooperación, no puede desarrollar sus potencialidades más elementales.

En cambio, en la comunidad cada individuo se considera a sí mismo como un elemento perteneciente a una totalidad, de manera que lo que afecta a ésta le afecta a él: al buscar su propio bien busca el de todos. En toda comunidad existe la tensión entre los intereses particulares y los del todo. Sólo cuando los sujetos de la comunidad incluyen sus deseos en lo deseable para todos, la comunidad se realiza cabalmente (Villoro, 2000).

En oposición al sentido comunitario de pertenencia y cooperación, una organización social competitiva genera nuevas formas de valorar la conducta de los sujetos y les asigna su lugar en la jerarquía social, al legitimar a los ganadores y convertirlos en "modelos" dignos de ser imitados por los perdedores. Estos últimos, además de su derrota, admiten también su condición de perdedores, ya sea porque no realizaron los esfuerzos necesarios, no se apegaron a las normas establecidas o, simplemente, no cuentan con los atributos y las condiciones necesarias para alcanzar el éxito. Esta suerte de aprendizaje social legitima no sólo a los ganadores, sino también los fines, explícitos e implícitos, que la competencia pone en juego, así como a los medios empleados. Aunque la competencia no llega a ser una ideología, un conjunto de valores éticos y de principios que pueda hacer crecer las virtudes del sujeto, lo cierto es que sí genera comportamientos y actitudes que pueden ser muy válidos en otros campos de desempeño, pero que contradicen las aspiraciones de una educación que aspira, por medio de la igualdad de oportunidades, a repartir equitativamente los beneficios de la cultura.

La competencia académica se identifica como una fuerza racional que emplea un sujeto, dentro de ciertas reglas de juego que marcan las políticas del sector, para acceder a una posición u obtener un beneficio en detrimento de otro sujeto; como una motivación extrínseca que impulsa a los profesores a desempeñar sus esfuerzos, movidos por un interés que ya no es exclusiva ni estrictamente académico; como una desviación al sentido original del trabajo intelectual, libre, responsable, desinteresado, placentero.

Esta competencia, por una lado, amenaza y castiga (publicar o morir) y, por otro, llama a redoblar esfuerzos a cambio de estímulos económicos diferenciados según el nivel de rendimiento alcanzado (el trabajo a destajo); ofrece premios o reconocimientos que opacan el valor intrínseco del esfuerzo académico (la búsqueda de la verdad); activa motivaciones narcisistas (investigador nacional); incita una afanosa búsqueda de credenciales (diplomados con valor a currículum); favorece la simulación (cumplir con los requisitos de las evaluaciones); desanima el trabajo en equipo, provoca tensión, aislamiento y fomenta el activismo academicista (dispersión de esfuerzos). En pocas palabras, no solamente cultiva el espíritu competitivo, sino que impone una forma utilitaria de concebir y valorar el trabajo académico. Estos comportamientos se inducen con la fuerza de un estímulo (económico) capaz de provocar la respuesta esperada, tal y como lo aconseja cierta psicología obsoleta, cuando aspira a programar, modelar y enderezar la conducta del sujeto. El anticuado esquema conductista -estímulo-respuesta- revive para incentivar una aparente, y a veces engañosa, productividad académica.

La fórmula competitiva y sus efectos se han venido extendiendo a múltiples ámbitos de la vida social que no tenían un marcado interés mercantil. Desde su influencia, la educación superior se convierte cada vez más en una especie de mercancía especializada y pragmática, con certificado de calidad y fecha de caducidad; obedece a modas profesionales que estimulan el apetito por los diplomas con valor curricular; se inserta en el mercado de los servicios, en donde se le asigna precio de venta y de compra; se promociona como un seguro contra la marginación y el desempleo; se equipara a un servicio que se contrata para obtener un beneficio tangible, ya que puede ser tan rentable como lo son las inversiones financieras; tiene un costo, un precio y un valor en el mercado de las ocupaciones. Los servicios educativos de "excelencia" cuestan más, porque, se dice, garantizan un alto valor agregado a aquellos estudiantes que pueden pagar su ingreso y permanencia en cierto tipo de establecimientos equipados con los modernos adelantos tecnológicos, que se prestigian con estrategias mercado-técnicas y prometen formar recursos humanos competitivos, altamente especializados y motivados para conquistar posiciones de alta dirección. Los sujetos que compran una educación respaldada por una institución de prestigio podrán cotizarse en el mercado de las profesiones y alcanzar posiciones de privilegio como líderes emprendedores.

Desde otra perspectiva, se puede afirmar que el conocimiento es la preocupación principal de la ciencia y el objeto de trabajo de los profesores, puesto que desde la óptica de la educación superior la investigación cobra un sentido pedagógico cuando sirve de insumo para la formación de cuadros profesionales. En la sociedad del conocimiento, la educación está llamada a participar en la determinación del papel que éste deberá desempeñar en los procesos de formación profesional.

Como consecuencia de la revolución científico técnica tienden a revalorizarse los conocimientos y las habilidades mentales del ser humano. Esta revolución significa, por una parte, un cambio en el papel del hombre en el proceso de producción y, por otra parte, ha desatado un proceso de innovación continuo que cambia la naturaleza de la competencia. El ser humano maneja cada vez menos materiales en forma directa. En lugar de ello se encarga de las innovaciones, de diseñar productos, de gestionar el proceso completo y de programar el proceso de producción (incluyendo los robots), y de la comercialización. Deja de ser mano de obra para convertirse en cerebro de obra. El proceso de innovación continuo deja atrás a los que no logran mantener el paso. El factor estratégico de la competencia global pasa a ser, cada vez más, las capacidades humanas movilizadas en la actividad económica. El desarrollo de esas capacidades humanas se convierte, por tanto, en el factor clave del poder económico, desplazando al capital, que a su vez había sustituido a la tierra (Boltvinik, 1999).

Por esta razón, se exalta y revaloriza el conocimiento como el motor del desarrollo económico: el conocimiento científico y tecnológico de hoy se compra, se vende, se transfiere como una mercancía cuyo valor parece inagotable. La tecnología y la automatización de procesos productivos sustituyen a la fuerza de trabajo menos calificada y modifican las estructuras de producción y distribución de bienes y servicios como resultado de nuevas aplicaciones del conocimiento científico.

Competencia o desarrollo humano

En la concepción competitiva se mira a la educación superior como motor del desarrollo económico con la expectativa de que las instituciones pueden aportar conocimientos de frontera, producir innovaciones tecnológicas y formar los recursos humanos altamente calificados que se requieren para enfrentar la competencia internacional. En esta visión, se privilegia el desarrollo de la economía sobre el desarrollo humano, o en todo caso, se hace depender al segundo del primero; es decir, las utilidades y la rentabilidad de la educación superior se anteponen a las necesidades del desarrollo social y comunitario.

La economía, que es la ciencia social matemáticamente más avanzada, es la ciencia social y humanamente más retrasada, pues se ha abstraído de las condiciones sociales, históricas, políticas y psicológicas, inseparables de las actividades económicas. Por ello sus expertos son cada vez más incapaces de interpretar las causas y las consecuencias de las perturbaciones monetarias y bursátiles, de prever y predecir el curso económico, incluso a corto plazo. De pronto, la incompetencia económica se convierte en la principal problemática de la economía (Morín, E., 1995).

Dicho en otras palabras, se prefiere que la educación sea palanca de la economía y no que la economía sirva para financiar una educación al servicio del desarrollo humano. Esto explica por qué la educación es colocada más frecuentemente en el renglón de los gastos que en el de las inversiones socialmente productivas.

La educación en general, y la educación superior en particular, antes de velar por el desarrollo económico debe dar prioridad al desarrollo humano sostenible.

En esta concepción se valora la vida humana en sí misma, de manera mucho más amplia que en la noción de recursos humanos o en la del capital humano, que hacen énfasis en la generación de utilidades; en ella, el sentido del desarrollo consiste en posibilitar que todos los individuos logren su plena capacidad humana y la desplieguen en todos los terrenos: económico, social, cultural y político. Ella exige un mundo que proporcione satisfactores para que todos puedan desarrollar sus capacidades en potencia, como un proceso de ampliación de la gama de opciones de que disponga la población (Arredondo, 1995).

Hacer viable este desarrollo supone contar con las condiciones mínimas de bienestar, seguridad y educación para que los individuos y las comunidades puedan satisfacer las necesidades básicas, intelectuales y culturales que les permitan alcanzar sus metas.

Un desarrollo humano integral e incluyente debe ser un proceso dinámico relacionado con las permanentes transformaciones que ocurren en la cultura, en los sistemas de producción y en la organización social. Asimismo, debe comprender varios niveles que pueden ser compatibles entre sí, en donde estén presentes el individuo, los grupos y las comunidades, de tal suerte que los conocimientos, las habilidades profesionales, los programas de educación continua, el servicio social y el de extensión de la cultura puedan estar vinculados con las necesidades de su entorno más inmediato, de la región y del país.

La educación pública, como un medio al servicio de la convivencia justa, democrática y equitativa, debe atender las necesidades de los grupos mayoritarios y contrarrestar los intereses sectarios o individualistas, sobre todo cuando afectan el tejido social y amenazan con destruir los valores propios de una sociedad civilizada. En un país marcado por profundas desigualdades, la educación pública es imprescindible porque tiende a compensarlas al repartir equitativamente la riqueza cultural y propiciar una mayor movilidad social, abriendo canales de acceso a los beneficios del conocimiento. Es por ello que la prioridad de lo público sobre lo privado debe manifestarse desde el planteamiento mismo de los fines educativos, respaldarse en la selección de contenidos y sustentarse en el ejemplo de los profesores. La educación pública es plural, democrática, incluyente y tolerante, porque está abierta a todos los sujetos, independientemente de su condición social, económica, política o religiosa. A la vez que respeta las diferencias, garantiza una convivencia civilizada. Para la educación pública, el valor del conocimiento no sólo está en función de su aplicación práctica, sino, principalmente, en su potencial para entender los problemas nacionales e innovar el currículum de las disciplinas y carreras profesionales orientadas a satisfacer las necesidades de desarrollo de amplios sectores de la población.

En consecuencia, el carácter público de la educación no sólo se identifica con un bien y un servicio a los que se tiene derecho, sino que, principalmente, responde a una política social; se apoya en una filosofía del bien común que propicia el aprendizaje de valores y habilidades sociales para que pueda fructificar y adquirir trascendencia el humanismo que caracteriza a este nivel de estudios.

La preocupación por mejorar la calidad de los procesos y los productos de la educación superior, que suele ocupar el primer lugar entre los proyectos de reforma académica, debe considerarse dentro del análisis de la pertinencia social, por ser ésta la mayor virtud que debe tener una buena educación. En otras palabras, la calidad se valora por el grado en que sus objetivos y programas entienden y atienden las necesidades de una sociedad diversa con múltiples intereses, conocimientos, percepciones y visiones de la vida.

En la perspectiva de un desarrollo integral al que puede contribuir la educación superior, se debe considerar que la calidad de las instituciones no sólo está en función de la eficiencia y eficacia con que realicen sus funciones sustantivas y en la capacidad de sus egresados, sino principalmente en la trascendencia social de sus fines; en la capacidad para distribuir equitativamente la riqueza cultural y las oportunidades de acceso a la educación; en la pertinencia científica y pedagógica de sus programas académicos y en su posibilidad para establecer una vinculación amplia, selectiva y mutuamente beneficiosa con los sectores sociales y productivos.

Expresiones de la competencia

La competencia entre instituciones, programas académicos y sujetos de la educación puede tener diferentes manifestaciones y perseguir distintos objetivos. Es posible observarla ahí donde estudiantes o profesores concursan por la misma plaza; también tiene lugar cuando un programa se somete a evaluaciones para recibir financiamiento o cuando se inscribe en un concurso para incrementar sus recursos o mantener los apoyos con los que ya cuenta. También se puede presentar cuando una institución busca acreditar su calidad académica o evitar la pérdida de una posición reconocida o prestigiada.

Los concursos pueden tener un objetivo eminentemente académico cuando, por ejemplo, se aplica algún examen con el fin de comprobar los conocimientos que debe poseer un sujeto para ingresar y desempeñarse adecuadamente en el campo de la educación superior o para certificar sus capacidades profesionales. Pero los concursos también pueden tener un propósito de exclusión o suspensión, si las posibilidades de ingreso al nivel de estudios al que se aspira son limitadas, o si un profesional en ejercicio no cumple con la actualización indispensable para el ejercicio de una profesión.

Por sus características académicas, su versatilidad y su capacidad legitimadora, la evaluación, convertida en política educativa, ha sido el recurso más utilizado para calificar los resultados de los concursos y justificar las consecuencias derivadas de los resultados. La evaluación ha sido el instrumento principal para impulsar el proceso de modernización del sistema de educación superior, así como para introducir las innovaciones que han adoptado las IES. Los cambios operados obedecen a criterios de evaluación, eficiencia, eficacia y calidad que guardan gran coincidencia con las recomendaciones de organismos internacionales vinculados con asuntos económicos y financieros; estos criterios son avalados por las autoridades gubernamentales y adoptados por las mismas instituciones que buscan alcanzar el perfil de una educación superior competitiva en el plano nacional e internacional. Al respecto, falta saber si los cambios impulsados por medio de la evaluación son los más adecuados, suficientes y consistentes para que las IES puedan contribuir a un desarrollo humano sustentable.

A continuación se describen algunos de los principales rubros en los que se puede identificar una política, un programa o una tendencia que se relaciona con la competencia -o se apoya en ésta-como factor relevante para animar esfuerzos de superación:

• A partir de 1984, se han desarrollado nuevos procesos de evaluación externa y acreditación que han permitido la participación de la sociedad civil en actividades de interés público. Por esto se puede adelantar que, en un futuro cercano, se crearán nuevos organismos no gubernamentales, con un perfil eminentemente académico, que se dé a la tarea de profundizar las acciones de evaluación y acreditación de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, con el fin de orientar a los usuarios sobre la calidad de los programas de formación profesional y demás servicios que prestan, para que puedan elegir los más convenientes. Adicionalmente, los programas con mayor grado de calidad comprobada podrán aspirar a un mayor financiamiento, conquistarán la preferencia del público y un lugar destacado en las listas de servicios de calidad.

• Una expresión fundamental de la competencia se ha dado por la vía del financiamiento que suministran el gobierno federal y los gobiernos estatales para el sostenimiento de las instituciones, sustentado en parámetros de calidad, rentabilidad y racionalidad. En este rubro, se puede esperar que el Estado, a través de la sep, continúe utilizando criterios de eficiencia para la asignación de los recursos económicos, que pone a concurso entre las instituciones, con la finalidad de financiar proyectos específicos de superación académica acordes con los programas oficiales del gobierno federal.

• Las políticas de financiamiento son selectivas, pues no abarcan por igual a los distintos componentes del sistema. Es el caso del apoyo que se otorga con base en el criterio de que el éxito de un programa está en función del personal académico altamente calificado, de los alumnos de tiempo completo y de una sólida infraestructura, entre otros insumos. La aplicación de este criterio (conocida en el medio como el efecto Mateo) ha dado lugar a una competencia desigual entre instituciones que tienen diferentes grados de desarrollo, con lo cual se ha provocado un resultado contrario al principio de equidad, pues con frecuencia se ha reforzado lo mejor y se ha dejado de apoyar lo que puede crecer y desarrollarse.

• Otro ámbito de competencia se perfila a partir de una mayor participación de las IES privadas en la atención a la matrícula del nivel superior, pues de 1989 a 1994 este tipo de educación creció 44%, mientras que la tasa de atención en la educación pública fue de 4.3% en este periodo (ANUIES, 1995). En la actualidad, estas instituciones atienden a 28% frente a 72% de las instituciones públicas. Sin pretender una comparación entre ambos sectores, sí es posible apreciar que las diferencias académicas e ideológicas tienen como resultado ciertas preferencias entre estudiantes, padres de familia y empleadores.

• El prestigio que tienen las asociaciones de instituciones, de escuelas y facultades, las academias científicas y los colegios profesionales, beneficia a sus miembros o agremiados, sobre todo, cuando estos organismos gozan de reconocimiento público y tienen entre sus fines propósitos de superación y cuentan con mecanismos de selección. La federación, asociación y colegiación han sido un medio valioso para impulsar la superación académica y fomentar una sana competencia. La pertenencia a una organización que, como en el caso de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), cuenta con requisitos de ingreso y permanencia, representa una distinción si se considera que sus 123 instituciones afiliadas (10% de las IES mexicanas) atienden 80% de la matrícula nacional en estudios superiores. Ante este hecho, es válido suponer que los organismos que no se asocian es porque no cumplen con los requisitos de membresía.

• Las necesidades de formación de distintos sectores que se dan en una sociedad plural han dado lugar a la creación de diversas instituciones educativas que atienden un mercado compuesto por diferentes grupos de población que buscan respuesta a sus necesidades específicas de formación, acordes con su concepción de sociedad, educación y sujeto y, además, que sean compatibles con sus campos ocupacionales, intereses e ideologías.

• El rápido avance del conocimiento y la incesante innovación tecnológica, así como la necesidad de garantizar servicios profesionales de alta calidad, ha generado una mayor demanda de actualización de conocimientos en diferentes áreas del desempeño profesional atendidas por las agencias de capacitación, los colegios profesionales y las instituciones educativas mediante cursos y diplomados. Las IES tradicionales se enfrentan a la competencia que les plantea las universidades tecnológicas, las universidades virtuales y el desarrollo de los sistemas de educación abierta y a distancia, que han sabido aprovechar los avances de las nuevas tecnologías de la información para satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de usuarios.

• La escasez de puestos de trabajo y el desempleo profesional han provocado la devaluación de títulos y grados. En la medida en que hay más personas calificadas y el mercado de trabajo no evoluciona y se diversifica, se crea una mayor competencia que hace que se incrementen los requisitos para acceder a un empleo profesional.

• Los profesores concursan en sus instituciones de adscripción mediante evaluaciones periódicas, a las que se someten para obtener un estímulo económico adicional a su salario ordinario, en función de su nivel de productividad, en el marco del Programa Nacional de la Carrera Docente del Personal Académico.

• La competencia en el mercado de trabajo de los profesores podría acentuarse y propiciar una mayor movilidad si, por una parte, se adoptara la política de desconcentrar los recursos académicos mejor calificados -que se encuentran en la zona metropolitana de la ciudad de México y en otras grandes ciudades del país- y, por la otra, se decidiera deshomologar los salarios de los académicos de las IES públicas que reciben financiamiento de los gobiernos federal y estatales. Por lo pronto, en años recientes algunas instituciones públicas ya han sido afectadas por la competencia que enfrentan ante el núcleo de instituciones privadas con mayor fortaleza económica, que buscan consolidarse e incrementar su prestigio, al ofrecer mejores condiciones laborales y salarios altos para atraer al personal más calificado. Sin embargo, es posible que los programas de estímulos económicos al rendimiento de profesores de las instituciones públicas hayan atenuado esta tendencia.

• A las instituciones de educación superior llegan jóvenes de escasos recursos económicos que alcanzan altos promedios de calificación. Cuando estos alumnos no pueden pagar el costo de oportunidad de su carrera, ni obtener computadoras, libros y otros materiales de estudio, enfrentan una competencia de facto con respecto a sus compañeros que no tienen estas limitaciones. Probablemente, este tipo de estudiantes, en su mayoría, forma parte de ese 40% de alumnos que abandonan los estudios en este nivel. A este hecho habría que agregar la creencia que priva entre algunos empleadores, alimentada por cierta ignorancia y por prejuicios ideológicos, en el sentido de que los egresados de instituciones particulares tienen una mejor formación y mayor competencia profesional que los de la educación pública.

• Los estudiantes, al ingresar a estudios superiores, tendrán que demostrar sus conocimientos y aptitudes a través de la presentación de exámenes de selección para ser admitidos, y cumplir ciertos niveles de aprovechamiento para permanecer inscritos en una carrera. Al terminar sus estudios de licenciatura, podrán presentar un examen nacional estandarizado, adicional al que aplica la institución en la que realizaron sus estudios, para obtener un certificado de calidad profesional que en el futuro podría ser el requisito para obtener la cédula que lo habilite legalmente para ejercer su profesión.

• Los nuevos profesionales enfrentan ahora los retos de un mundo más integrado, más competitivo y abierto a intercambios de muy diversos tipos, a partir de la firma de diversos acuerdos de libre comercio en los que se incluye el intercambio de servicios profesionales. Algunos colegios de profesionales ofrecen cursos de actualización y aplican exámenes periódicamente a sus agremiados para verificar y, en su caso, certificar la vigencia de sus conocimientos y habilidades, buscando con ello dar seguridad a los usuarios de sus servicios. Esta práctica, que actualmente tiene un carácter voluntario, podría volverse obligatoria si se modifica la Ley de Profesiones del Distrito Federal.

Como corolario de esta revisión, es importante resaltar que tanto las instituciones y los programas académicos como los estudiantes y los egresados, deberán someterse con más regularidad de la acostumbrada, a diversos procesos de selección, exámenes, concursos, evaluaciones y acreditaciones. Estas aplicaciones no sólo han de servir para conquistar un espacio en el ámbito de la educación superior, sino, a veces, para permanecer o sobresalir. Es por ello que las nuevas generaciones de estudiantes, profesores y directivos deben prepararse para enfrentar y superar estas exigencias. Debe recordarse que lo más importante no es tanto competir como aprender verdaderamente, y si es conveniente, entender las nuevas reglas del juego de la competencia. La expresión que aconseja prepararse para el examen muestra hasta qué grado se pueden invertir los fines y los medios. El ingreso libre, el pase automático, la permanencia ilimitada, la retribución salarial indiscriminada al personal docente, la actualización y autorización para el ejercicio profesional y el financiamiento a las instituciones estarán cada vez más regulados.

La necesidad de garantizar una actualización y superación permanente por medio de mecanismos de evaluación, certificación y acreditación, hace necesario que los actores de la educación se familiaricen con los métodos e instrumentos de evaluación, para que ésta, por sí misma, no se convierta en un obstáculo a sus aspiraciones. Los procesos de evaluación invariablemente se inscriben en un ambiente de tensión, desconfianza y temor que se complica con tecnicismos, rituales y factores subjetivos que les restan validez y confiabilidad. La evaluación se degenera cuando sus métodos y procedimientos no toman en cuenta la situación, ni se ajustan a las características y particularidades propias de los sujetos y objetos que buscan valorar.

Hasta aquí se han descrito algunos rubros en los que la competencia ha incidido en el rumbo de la educación superior y se señala cómo se ha venido modificando el comportamiento de las instituciones, los grupos y los sujetos para ajustarse a las nuevas exigencias. En estos momentos de reforma e innovación, es oportuno identificar los fenómenos que tienen una influencia en el rumbo de la educación, así como aquellos que potencialmente pueden modificarlo, para evaluar sus resultados. La idea de someter a escrutinio la competencia ha permitido hacer una lectura de los cambios que ha experimentado la educación superior en las últimas dos décadas. Cabe aclarar que, aunque se han vertido argumentos críticos, no se trata de descalificarla como un recurso estratégico que ha sido pensado para favorecer la superación académica, pues seguramente habrá muchas razones para haberla establecido, mantenido y sostenido económicamente. Falta evaluar su idoneidad, pertinencia y eficacia a la luz de los resultados, sin perder de vista que los medios deben adecuarse a los fines.

Finalmente, se puede ensayar un juego de palabras, proponiendo que la competencia, como una forma de contienda y de esfuerzo para imponerse a otros (expresión cruda), se convierta en competencia, como sinónimo de habilidad para resolver problemas sociales y velar por el bien común con las herramientas del conocimiento y la educación (expresión sublimada), puesto que:

el mecanismo de la competencia (cruda), actúa también en contra de la calidad de la educación porque al desarrollo de su sustancia -el conocimiento, la ciencia y la cultura- no le beneficia tal mecanismo. La cultura y la ciencia contemporáneas son resultado de la cooperación, del trabajo social en el que se suman y combinan los esfuerzos de grupos e individuos de todas las épocas y todos los rincones del mundo. Tanto en el trabajo de la ciencia como en la creación artística, el hombre se ve impulsado por una compleja dialéctica entre la satisfacción individual y la necesidad de trascender socialmente (Pérez Rocha, 1992).

En consecuencia, se propone ser más competentes que competitivos, más solidarios y conscientes de los verdaderos problemas, a sabiendas que los cambios que requiere el sistema de educación superior no podrán realizarse si no se genera la motivación y el convencimiento de sus principales actores para llevarlos a cabo.

Los esfuerzos realizados han sido útiles en la medida en que han permitido cobrar conciencia de la necesidad de cambios más profundos, han promovido una cierta cultura de evaluación que permite identificar deficiencias, superar problemas específicos, introducir innovaciones y movilizar esfuerzos. Empero, es necesario hacer un alto en el camino para evaluar lo que se ha hecho y seguir trabajando para crear las condiciones que permitan emprender una reforma integral del sistema de educación superior.

 

HACIA UN PROYECTO DE REFORMA ACADÉMICA

La profundidad de la reforma que se necesita realizar en la educación superior mexicana es de tal magnitud que requiere de un esfuerzo deliberado y sistemático por parte del gobierno federal, de los estados y los municipios, los cuerpos colegiados, las asociaciones civiles, los usuarios, los empleadores, los representantes del aparato estatal y de la sociedad en general. En consecuencia, la actualización de los fines y objetivos, la vinculación con el entorno, la revisión de los modelos de organización académica, la pertinencia de los programas de estudio, la mejora de la calidad en procesos y resultados educativos, la innovación de los sistemas de gestión y administración, y la consolidación de los procedimientos de evaluación curricular, han de ser temas de reflexión, objeto de preocupación y acción de todos los actores implicados en este nivel educativo, desde la premisa de que no puede haber un auténtico desarrollo sin un sólido proyecto educativo, ampliamente concertado, que esté a la altura de los nuevos tiempos.

La reforma del sistema de educación superior es un reto, ya que implica modificar los vínculos de colaboración con el entorno y los patrones de relación vigentes con el Estado y la sociedad; asumir compromisos, tomar conciencia de la situación actual y conjuntar voluntades; todo ello en un marco de participación crítica.

Ante las dimensiones del cambio y la magnitud de las tareas por realizar, es posible percibir que la reforma y las innovaciones educativas que se vislumbran como necesarias no consisten sólo en adicionar algo más a lo que ya existe, sino en transformar cualitativamente las estructuras académicas, modificar la organización, mejorar las prácticas pedagógicas y el uso de los recursos disponibles.

El cambio es un continuo indefinido, implica incursionar en lo desconocido por medio del esfuerzo, la participación comprometida y la creatividad colectiva, sin dejar de considerar los factores subjetivos que se ponen en juego ante el entusiasmo de la renovación y el sentimiento de pérdida de la seguridad frente a lo desconocido, en virtud de que el cambio afecta la situación de los sujetos que tienen que abandonar sus convicciones para enfrentar incertidumbres más prometedoras.

Los actores convocados a esta magna tarea deben distinguir entre sus preferencias e ideología, entre los intereses de la institución que representan y las necesidades de un acuerdo nacional. Esta conciencia les permitirá distinguir lo esencial de lo secundario, lo universal de lo regional, lo coyuntural de lo trascendente, lo deseable de lo posible, lo importante de lo urgente. Todo ello como conjunto de elementos contradictorios que aparecen en distintos planos del juego de intereses que se disputan en el campo de la educación y que, al ser abordados por los actores, van encontrando su lugar en la construcción del proyecto.

Una vez que se han alcanzado los acuerdos básicos, es necesario construir un proyecto que dé sentido de unidad e identidad al sistema en el contexto de los procesos de globalización; que, entre otras cosas, vincule sus acciones con los problemas del desarrollo regional y con las necesidades básicas de los usuarios y los empleadores, y establezca políticas de desarrollo equitativo, así como mecanismos de comunicación, cooperación y movilidad de personal académico entre las IES.

El diseño del proyecto, en cuanto proceso de construcción intencionada, dispuesto para animar una participación creativa, puede ser visto como un espacio para comunicar experiencias, identificar expectativas, buscar puntos de coincidencia, comparar intenciones, calcular dificultades y posibilidades, articular intereses, construir acuerdos, remover obstáculos, liberar la imaginación, disminuir resistencias y ampliar el horizonte de posibilidades. El impulso a las innovaciones académicas es válido no sólo porque los cambios son sensiblemente necesarios, sino porque los retos del momento actual, la búsqueda de alternativas y la participación en la solución de problemas son procesos altamente formativos.

El proyecto representa la expresión ideal, pero realizable, de lo que la comunidad educativa quiere para cumplir su responsabilidad social y alcanzar su máximo desarrollo, tomando en cuenta que los fines de la educación superior se inscriben en procesos sociales marcados por sus propias contradicciones, por lo que la posibilidad de realizarlos plenamente, en ocasiones, rebasa la voluntad de sus promotores. El proyecto se debe fortalecer con el potencial teórico de los trabajos e investigaciones que se han realizado desde diversas disciplinas (filosofía, ética, sociología, política, demografía, economía, antropología, pedagogía, psicología) y todas aquellas propuestas de grupos, asociaciones y especialistas en el tema que puedan enriquecerlo.

La actualización de los fines y objetivos de la educación -que parecería ser un paso sencillo de efectuar- representa un problema, pues a veces se tiene la impresión de que no hay un rumbo claro y convincente en este punto medular del proceso de planeación. Ante las dificultades que entraña alcanzar un proyecto consensuado, consistente, coherente, pertinente, convincente y viable, se suele recurrir a definiciones generales, grandes líneas, programas indicativos, declaraciones de principios o discursos retóricos que muestran que la educación es un campo de acción, más que de reflexión. Para constatar esta aseveración, basta leer los planes oficiales con su variedad de propósitos y recomendaciones acerca del deber ser de la educación, o detenerse a leer los lemas medievales y las declaraciones que describen las misiones de algunas universidades. Hay ideales nobles y dignos de adhesión, valores universales que pueden ser aceptados en su manifestación abstracta por diferentes grupos con perspectivas ideológicas encontradas, pero que no pasan la prueba de los hechos contradictorios que impone la realidad cuando se confrontan intereses. Es entonces cuando se puede apelar a la autonomía como una forma de rehuir el compromiso común de coordinarse y complementar esfuerzos. La generalidad e imprecisión en los planteamientos de los fines y objetivos alimenta diferentes expectativas, pero también da lugar a que cada institución o grupo de trabajo se aparte de los acuerdos a la hora de ponerlos en práctica. Esta dispersión se ve agravada aún más porque, a pesar de los esfuerzos realizados, no se han redefinido los mecanismos de planeación y concertación nacional.

Al abordar la actualización de los fines y objetivos de la educación se pueden adelantar las siguientes preguntas: ¿Qué educación queremos, podemos y debemos darnos para forjar el país que aspiramos habitar? ¿Hacia dónde va la educación, hacia dónde queremos que vaya y para qué queremos llegar a ese punto identificado como deseable? ¿Cuáles deben ser los valores universales y nacionales que adopte nuestro sistema educativo en el mediano plazo? ¿Qué papel deben desempeñar nuestras instituciones para dar identidad, coherencia, pertinencia y calidad al proyecto educativo? ¿Cómo debería ser el hombre educado para vivir en la sociedad del conocimiento? ¿Cómo integrar y equilibrar en el currículum ciencias y humanidades; formación integral y formación especializada; contenidos intemporales (habilidades cognoscitivas) y temas coyunturales o emergentes? ¿Cómo crear las condiciones para la reforma? ¿Cuáles son los problemas más ingentes, los territorios no explorados, las oportunidades desaprovechadas, las situaciones insostenibles, las decisiones impostergables y las metas incumplidas? Las respuestas serán tan diversas como la visión de los múltiples actores que participen en la construcción del proyecto, por lo que será necesario la integración de los contrarios en una síntesis dialéctica que permita superar las desconfianzas mutuas al momento de aprender a superar las contradicciones.

La evaluación, redefinición y actualización de los fines permitirá identificar nuevas perspectivas y oportunidades para la educación; asignarle una auténtica prioridad en la agenda nacional; establecer políticas claras que permitan superar las ancestrales deficiencias financieras que limitan su desarrollo y autonomía, y construir un proyecto con visión de futuro deseable que logre motivar el compromiso, sumar esfuerzos y despertar el entusiasmo de los diversos sectores de la sociedad.

Como punto de partida para emprender la reforma académica también será necesario evaluar el estado que guarda la educación superior, para entender las variables que han influido en su desarrollo y las medidas más adecuadas que se deben tomar para mejorar su calidad. Sin pretender un recuento exhaustivo, se pueden considerar las siguientes:

a) Las de carácter histórico, que se refieren a la relativa juventud y el rápido crecimiento de los estudios superiores que el tiempo no ha permitido madurar (el sistema con las características que tiene actualmente es producto de la segunda mitad del siglo xx). En este punto es necesario, por ejemplo, recuperar las experiencias de las políticas de crecimiento en los años setenta que dieron lugar a una improvisación necesaria para poder ampliar significativamente las oportunidades de educación superior, en detrimento del rigor académico.

b) Las variables de índole contextual que se pueden leer desde la tensión observada en dos tendencias: una que se refiere a la necesidad de contar con un sistema más articulado, coordinado, moderno, flexible, diversificado y eficiente, con estándares de calidad internacional para que pueda estar a la altura de los países desarrollados; otra que reivindica el desarrollo humano como valor principal que se antepone al desarrollo económico, reclamando la preservación de tradiciones y valores académicos encaminados hacia una sociedad más justa y mejor educada.

c) La falta de continuidad de programas nacionales, la deficiente planeación, coordinación y concertación entre las IES, así como de éstas con los sectores sociales y los gobiernos estatales y federal.

d) Las variables propias de la dimensión política, que se expresa en la tensión entre el poder autoritario del Estado y el ejercicio de la autonomía que requieren las prácticas educativas.

e) La desarticulación entre los subsistemas de este nivel de estudios y la falta de continuidad entre la educación básica y superior.

f) La escasez de recursos económicos.

Hacia el interior de las instituciones se puede observar:

g) La tensión se pone de manifiesto en las formas de gobierno, en la participación, en la toma de decisiones, en la persistencia de caciquismos intelectuales que luchan por mantener posiciones de privilegio que, en ocasiones, eclipsan los ámbitos académicos y sustituyen los cuerpos colegiados por grupos de interés que buscan el predominio de la burocracia ante los valores de la academia.

h) La carencia de una efectiva vinculación que imprima mayor pertinencia a los procesos de formación profesional y que permita incorporar innovaciones para responder oportunamente a las exigencias que impone el nuevo contexto nacional e internacional.

i) La ausencia de proyectos de investigación educativa que permitan conocer el estado que guardan los procesos y resultados de la educación.

El análisis de estas variables permitirá explicar las causas que han impedido alcanzar una mejor calidad de los servicios educativos.

El proyecto que se logre articular debe ser realista, viable, socialmente pertinente y con calidad académica para que todos los jóvenes, y la población adulta que lo requiera, puedan acceder a ellos sin más requisito que su capacidad y perseverancia para realizar sus estudios.

Para la gestión y dirección del proyecto nacional de la educación superior se requiere de liderazgos académicos capaces de articular intereses, concitar compromisos y mantener los esfuerzos necesarios para conducir un proceso de gran magnitud que, por sus alcances, habrá de proyectarse más allá de los tiempos políticos acostumbrados, por lo que no tendrá resultados espectaculares en lo inmediato.

La construcción del proyecto debe tomar en cuenta las condiciones que imperan en el momento actual, los recursos existentes, las metas y la naturaleza misma de los procesos educativos.

Es preciso recordar que la validez y la competencia técnica de una propuesta de reforma educativa, radica no única ni principalmente en el nivel científico y en la coherencia académica del planteamiento, sino en sus condiciones de receptividad y viabilidad, lo que incluye el conocimiento cabal de la realidad en la cual pretende insertarse, el reconocimiento de la complejidad y los tiempos del cambio, la empatía y la capacidad para entablar un diálogo productivo con la sociedad, y con los educadores en particular. Una propuesta, en fin, que es capaz de identificar los puntos de partida y de llegada, de definir una estrategia gradual de cambio, y de construir en la marcha las condiciones necesarias para dicho cambio (Torres, 1997).

La reforma académica es, sociológicamente hablando, un proceso de cambio que implica la evaluación, selección y combinación de nuevos elementos que rearticulan, transforman o sustituyen el modelo de organización actual. En el ámbito de los actores, incluye la mutación de las relaciones establecidas, los usos, las costumbres, las tradiciones y formas de interacción y, por consiguiente, la aceptación de nuevos valores, marcos de interacción y referencias simbólicas que caracterizan la vida colectiva de la comunidad. El proceso de transición estará marcado por el conflicto entre las fuerzas de cambio y de resistencia, con momentos de confusión y de ruptura, que marcan el paso hacia una progresiva adaptación al nuevo orden. Este nuevo orden será aceptado en la medida en que, frente a la realidad, se pueda constatar que lo nuevo no sólo sustituye a lo viejo sino que lo supera.

Todos los aspectos enunciados llevan a concluir que es necesario e inaplazable emprender una política integral de reforma y fomento a las innovaciones para mejorar la educación superior en sus diferentes áreas y niveles de estudio.

En el ámbito de las IES, es necesario contar con un proyecto renovador que abarque diversos ámbitos de operación: la transformación de los modelos académicos y la preparación del personal docente para que sea el artífice de las innovaciones que será necesario impulsar; la experimentación de métodos pedagógicos para producir cambios en las concepciones teóricas de la docencia, en los sistemas de enseñanza y en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; la sustitución de hábitos y costumbres por una postura autocrítica frente a prácticas improductivas.

Para tal efecto, cada institución podrá reconstruir total o parcialmente su modelo de organización académica, sus procesos y prácticas educativas de acuerdo con las etapas y los tiempos que le permitan una transición acorde con su proyecto de desarrollo, preservando las tradiciones académicas más consolidadas.

En virtud de que la desigualdad y heterogeneidad de condiciones sociales que privan en el país repercuten en la asignación de prioridades, en la distribución de oportunidades y en la asignación de recursos, esta política renovadora deberá fomentar acciones y otorgar apoyos diferenciados con base en un criterio de equidad que tome en consideración la situación de desigualdad que guarda el conjunto de instituciones del país. Éste se caracterizará por la existencia de instituciones con tradiciones académicas consolidadas, con capacidad para establecer vínculos con los sectores productivos, con programas de posgrado reconocidos, bien equipadas, con académicos experimentados y estudiantes bien preparados para aprender, frente a otras que no cuentan con lo más indispensable.

Al emprender el cambio no sólo se debe mirar hacia el futuro, porque hay rezagos del pasado que se deben atender, áreas de docencia e investigación que se pueden rescatar, así como experiencias y valiosas tradiciones que hay que preservar. Es necesario conjugar tiempos y prioridades para articular una estrategia que permita un avance homogéneo, equilibrado y equitativo.

Sin renunciar a la fuerza de la esperanza, al optimismo y a la capacidad imaginativa propia de las utopías, el proyecto deberá evitar planteamientos retóricos e inviables que impidan reconocer los obstáculos para su realización y las resistencias al cambio. Debe tenerse presente que este campo se caracteriza por la pluralidad de intereses y posturas encontradas cuando se trata de llegar a acuerdos sobre los fines concretos, las posibilidades y las limitaciones de la educación superior.

 

OBJETIVOS Y PROPUESTAS

A manera de conclusión de este ensayo, se describe en breves enunciados un conjunto de objetivos deseables. Se trata de un ejercicio de imaginación que abarca diferentes ámbitos de acción, niveles de intención, grados de complejidad y dificultad para concretar las ideas propuestas. Cada enunciado es un objetivo deseable que busca llamar la atención sobre algún punto en el que se detecta una deficiencia que no permite ver el sistema de educación superior como un conjunto articulado de fines, instituciones, programas y sujetos que se proponen objetivos alcanzables. Los enunciados están redactados de tal manera que puedan suscitar una reflexión sobre su sentido de oportunidad, viabilidad y pertinencia, y no tienen mayor pretensión que la de sumarse a otras ideas mejor sustentadas. Con propuestas de diferentes tonos y colores se bosqueja un escenario en el que calidad, equidad, pertinencia, innovación, competitividad, productividad, acreditación y rendición de cuentas serán conceptos clave en la formulación de la reforma del sistema que comprometa a todos.

• Las IES se integrarán en un auténtico sistema de educación superior, caracterizado por la capacidad para planear su desarrollo integral en concordancia con los fines, las necesidades y los desafíos que plantea el futuro del país. Esta integración se traducirá en mayor calidad de las funciones sustantivas y tendrá la finalidad de lograr mayor cooperación y reciprocidad en los beneficios que se deriven de las acciones realizadas de manera conjunta.

• Las IES se integrarán en un auténtico sistema de educación superior, caracterizado por la capacidad para planear su desarrollo integral en concordancia con los fines, las necesidades y los desafíos que plantea el futuro del país. Esta integración se traducirá en mayor calidad de las funciones sustantivas y tendrá la finalidad de lograr mayor cooperación y reciprocidad en los beneficios que se deriven de las acciones realizadas de manera conjunta.

• Mediante un organismo de acreditación nacional con carácter no gubernamental, se establecerán los lineamientos, los criterios, los programas y las acciones para una mejora continua de la calidad y el rendimiento público de cuentas a la sociedad, y se fomentará la búsqueda de prestigio académico que, además de orientar a los usuarios de los servicios educativos, propicie una sana competencia entre las IES.

• Las políticas, los criterios y los procedimientos de evaluación cobrarán un carácter más pedagógico para fortalecer la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje. La evaluación dejará de ser una medida de control para convertirse en un medio al servicio del trabajo cotidiano de profesores y estudiantes.

• Se gestionará un acuerdo nacional para enfrentar, de manera conjunta y con enfoques metodológicos interdisciplinarios, la problemática de la formación técnica y profesional acorde con las necesidades actuales: oferta y demanda de carreras; dinámica de las profesiones, del campo y del mercado de trabajo; vinculación de las profesiones con los sectores productivos; calidad de los procesos formativos, futuro de las carreras y de las profesiones.

• Con la finalidad de aumentar la cobertura, acercar la educación a más jóvenes y adultos de ciudades pequeñas y medianas, prolongar los periodos de estudio, flexibilizar las oportunidades de capacitación y actualización, se crearán sistemas de educación abierta y a distancia con programas de estudio y modalidades de enseñanza no convencionales apoyados en el uso de las nuevas tecnologías y con facilidades para la certificación de conocimientos adquiridos en esta modalidad y por cualquier otro medio de aprendizaje.

• Las IES integrarán cada vez más los procesos de formación de profesionales con las necesidades sociales del contexto regional y nacional, así como con las exigencias que se derivan de la competencia internacional, y adoptarán paulatinamente referentes y estándares internacionales de calidad. Se contará con una amplia oferta de programas de educación continua para la actualización permanente de profesionales en ejercicio.

• En la perspectiva de la globalización, el sistema de educación superior fortalecerá la unidad e identidad nacional. En este marco, se fomentará la movilidad de profesores y estudiantes; la innovación de modelos curriculares más flexibles con criterios y contenidos propios de una formación integral basada en valores y habilidades para la convivencia social, la integración y cooperación entre países.

• Se realizarán cambios en la organización y en los modelos académicos; se abandonarán los papeles tradicionales de profesores y estudiantes; se adoptarán nuevas formas de organización para integrar las funciones sustantivas de docencia e investigación y mejorar los métodos de gestión y administración.

• Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación desplazarán los métodos tradicionales de enseñanza. La producción, el procesamiento, la distribución, la circulación y la apropiación de la información serán motivo de atención especial para apoyar los procesos de aprendizaje en el marco de una educación integral. Se facilitará la movilidad de profesores y estudiantes, por medio de programas de cooperación e intercambio, con el propósito de ampliar el horizonte de experiencia y favorecer enfoques interdisciplinarios en la formación de los estudiantes.

• Las instalaciones educativas adquirirán un carácter más orgánico; los recintos académicos serán verdaderos espacios de intercambio y comunicación de experiencias entre profesores, investigadores y estudiantes para el pleno desarrollo de una convivencia académica, creativa y productiva. Se consolidarán las comunidades, los ambientes académicos y los cuerpos colegiados, en detrimento de las instancias burocráticas; mejorarán sensiblemente los espacios físicos y los servicios de apoyo para profesores y estudiantes.

• La carrera académica será reconocida, prestigiada y mejor remunerada, para garantizar la permanencia de los profesores en servicio y el reclutamiento de académicos jóvenes. La actualización de los profesores será considerada como un derecho y una obligación de los académicos.

• Se creará la figura del profesor nacional para aprovechar la experiencia del personal académico más calificado, ampliar el intercambio y la movilidad para impulsar el desarrollo de programas regionales y fortalecer el desarrollo del sistema de educación superior.

• Las IES contarán con políticas y programas tendientes a fortalecer el desempeño académico de los estudiantes, para atender oportunamente los problemas que enfrentan durante su trayectoria escolar.

Las reflexiones y propuestas presentadas en este trabajo tienen la intención de nutrir el análisis y la discusión razonada sobre la reforma que habrán de emprender con entusiasmo y determinación todos los actores insatisfechos con el estado de la situación que priva actualmente en nuestras respectivas casas de estudio. En síntesis, se trata de emprender un movimiento para recrear la educación superior, dotarla de mayor capacidad, responsabilidad, credibilidad y liderazgo necesarios para disparar otros cambios que se deben dar en el país y a los que la educación puede allanar el camino.

 

REFERENCIAS

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BOLTVINIK, Julio (1999), "Disputa central" en La Jornada, 17 de julio, México.

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