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La estabilización del régimen revolucionario durante el Maximato y la proclamación de la Segunda República Española abrieron una etapa de acercamiento entre México y España que tuvo su máximo apogeo durante el denominado Bienio Reformista (1931-1933). Los factores que determinaron esta aproximación tuvieron una naturaleza tanto político-ideológica como geopolítica.1 En relación con los primeros, este proceso respondió en gran medida a los estrechos vínculos establecidos entre los sectores políticos y sociales de izquierda que predominaron en ambos países a principios de la década de 1930, cuyo origen se encuentra en la fascinación que el proceso revolucionario mexicano ejerció sobre la izquierda española.2 A ello hay que sumar el interés de ambos regímenes políticos por reforzar los mecanismos sobre los que descansaba el sistema de seguridad colectiva para ver garantizada su propia neutralidad y limitar el intervencionismo de las grandes potencias. Un objetivo que tuvo su principal exponente en la política desarrollada por ambas naciones en la Sociedad de Naciones (SDN).
LA SDN EN EL HORIZONTE EXTERIOR DE DOS PEQUEÑAS POTENCIAS
La SDN tuvo como fundamento los principios de seguridad colectiva, arbitraje de los conflictos y desarme. Este organismo respondía a una concepción idealista del sistema internacional que a priori lo convertía en el escenario ideal para la acción exterior de pequeñas potencias regionales, como España o México.
El retraso económico y la intensa inestabilidad política y social acentuaron el aislamiento internacional de España durante las primeras décadas del siglo XX. Una situación apenas matizada por su participación marginal en el equilibrio de poder establecido por las potencias en el Mediterráneo Occidental. La proclamación de la Segunda República en 1931 no alteró los factores que limitaban el alcance de la política exterior española, pero provocó una reformulación de sus objetivos de acuerdo con postulados regeneracionistas y convirtió a la SDN en el epicentro de una estrategia dirigida a lograr la plena inserción de España en el sistema internacional y, especialmente, en Europa. Ello se vio facilitado por la visibilidad que otorgaba a España su condición de miembro semipermanente del Consejo, del que sólo estuvo ausente entre 1926 y 1927. La Constitución aprobada en diciembre de 1931 -parcialmente inspirada en la mexicana de 1917- reflejaba la importancia que el nuevo régimen político español otorgaba al organismo ginebrino.3 Los artículos 6, 7, 76, 77 y 78 no sólo incorporaron al nuevo texto constitucional principios genéricos del pacto constitutivo -como la renuncia a la guerra o el recurso al arbitraje internacional- sino que establecían el acatamiento a las normas universales del derecho internacional, la nulidad de cualquier acuerdo secreto y la obligación de registrar en Ginebra los tratados internacionales suscritos por España.
Los gobiernos que se sucedieron a lo largo del periodo constituyente y del Bienio Reformista mantuvieron la orientación europeísta de la monarquía de Alfonso XIII y se implicaron en los esfuerzos de la SDN para intentar apuntalar el tambaleante sistema de seguridad colectiva. Con este fin, promovieron una política de neutralidad activa, que en realidad obligaba a España a abandonar los límites estrictos de la neutralidad para implicarse en la defensa de los principios societarios a través de su participación en el régimen de arbitrajes y sanciones que constituía el mecanismo básico sobre el cual descansaba la seguridad colectiva. Ello llevó a los gobiernos presididos por Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña a buscar la colaboración del resto de los Estados neutrales europeos para impulsar en la SDN las negociaciones de desarme, promover la mediación de Ginebra en la resolución pacífica de los conflictos internacionales y, cuando esto último no fuera posible, aplicar el correspondiente régimen de sanciones internacionales contra los Estados transgresores.4
Esta estrategia otorgó a España un cierto liderazgo dentro del denominado Grupo de los Ocho, conformado durante la Conferencia de Desarme iniciada en febrero de 1932. Este grupo reunía a una serie de pequeñas potencias europeas con regímenes políticos demoliberales, como España, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica y Checoslovaquia. El cambio del clima internacional a partir de mediados de 1933 reduciría este grupo a seis, al desmarcarse progresivamente las dos últimas para alinearse con Francia. Todos estos países carecían de los medios para defenderse por sí mismos de agresiones externas y, en consecuencia, coincidían en su interés por potenciar la actuación de la SDN para poder mantener su autonomía frente a las grandes potencias y evitar verse envueltas en un nuevo conflicto entre aquéllas.
La capacidad de maniobra de los primeros gobiernos republicanos fue siempre limitada. Los intereses geopolíticos de España en el Mediterráneo Occidental y su propia debilidad militar y económica dificultaban sostener una posición independiente frente el eje franco-británico o adoptar medidas que provocaran la hostilidad de la Italia fascista.5
Los gobiernos del Bienio Reformista tampoco descuidaron otras áreas prioritarias para la diplomacia española, como Portugal y Latinoamérica. En el primer caso, el apoyo prestado a los revolucionarios portugueses tensó las relaciones con el Estado Novo. La política hacia Latinoamérica contribuyó, en cambio, a estrechar los vínculos con las repúblicas latinoamericanas. El régimen republicano abandonó la retórica del hispanismo conservador para impulsar una política encaminada a reforzar los vínculos políticos, culturales y, en menor medida, económicos. Ello permitió a España establecer una cierta cooperación con algunos Estados latinoamericanos en Ginebra. En este contexto tendría lugar el acercamiento a México, con el que España llegaría a establecer una cooperación en el ámbito societario similar -y en algunos casos superior- a la que tenía con los neutrales europeos.
La proclamación de la Segunda República coincidió con la etapa final del proceso de estabilización del régimen revolucionario mexicano y con la normalización de sus relaciones con el exterior. El impacto del proceso revolucionario sobre los intereses extranjeros en el país y la política germanófila de Venustiano Carranza habían provocado la marginación internacional de México, hasta el punto de quedar excluido de la SDN cuando tuvo lugar su creación en 1919.6 Si bien México fue restableciendo sus relaciones diplomáticas con la mayoría de las potencias durante la década de 1920 -Italia en 1920, Alemania en 1921, Estados Unidos y Francia en 1923, el Reino Unido dos años más tarde…- la normalización de sus relaciones con el exterior no se produjo realmente sino hasta fines de esta década, coincidiendo con la creciente institucionalización del régimen revolucionario durante el largo predominio político de Plutarco Elías Calles entre 1929 y 1934, conocido como Maximato.
La progresiva reinserción de México en el sistema internacional respondía a los intereses de la élite revolucionaria que, al tiempo que alejaba la amenaza de una intervención de las potencias anglosajonas, veía de este modo facilitada su consolidación, como pusieron de manifiesto las presiones de Washington sobre el Vaticano para poner fin a la guerra cristera o el rápido envío del armamento solicitado por el gobierno interino de Emilio Portes Gil para aplastar la rebelión escobarista en 1929. Para ello, el régimen revolucionario tuvo que suspender la aplicación de los principios de nacionalismo económico enunciados por la Constitución de 1917 y llegar a un arreglo con las potencias vencedoras de la Guerra Mundial. Este proceso se tradujo en los acuerdos Calles-Morrow de 1927-1928, que garantizaban los intereses de las empresas petroleras extranjeras en México, y en la creación de comisiones mixtas de reclamación de los daños sufridos por ciudadanos extranjeros durante el proceso revolucionario. Estos acuerdos permitieron reactivar la inversión externa en México, al tiempo que contribuían a acentuar la gravitación de sus relaciones exteriores en torno a los Estados Unidos, convertidos en cierta forma en garantes de los intereses extranjeros en el país.7
En este escenario, el acercamiento a la SDN abría varias ventanas de oportunidad para la diplomacia mexicana. Por una parte, permitía diversificar las relaciones exteriores de México a través del acercamiento a Europa en un ámbito multilateral del que no formaban parte los Estados Unidos. El escaparate proporcionado por Ginebra brindaba además a México la oportunidad de proyectar en el exterior la creciente estabilidad y los logros del régimen revolucionario, especialmente en materia social, contribuyendo de este modo a construir una nueva imagen de México como actor responsable dentro del sistema internacional de entreguerras. Y lo que era más importante, los principios que regulaban el funcionamiento de la SDN coincidían, en líneas generales, con aquellos sobre los que se había fundado la política exterior de los sucesivos gobiernos revolucionarios, dirigida básicamente a evitar la injerencia de las grandes potencias en los asuntos internos del país. Estos principios constituían una amalgama de tradiciones jurídicas procedentes del pensamiento ius internacionalista latinoamericano, centradas en la igualdad jurídica entre los Estados, el derecho de no intervención y la resolución pacífica de las controversias internacionales, a las que se habían ido sumando cuestiones más modernas, como el derecho de autodeterminación, todo lo cual había dado lugar a la denominada doctrina Carranza.8 Todas estas razones acabaron llevando al gobierno de Ortiz Rubio a pensar que la defensa del sistema de seguridad colectivo en Ginebra contribuiría necesariamente a reforzar la propia seguridad de México frente a la amenaza siempre latente de las potencias anglosajonas.9
La posición internacional de México coincidía en muchos aspectos con la del grupo de pequeñas potencias neutrales europeas, entre las que se encontraba España. La principal diferencia radicaba en las reticencias mexicanas hacia las restricciones impuestas a la acción societaria en el continente americano por el artículo 21 del Pacto de la Sociedad de Naciones, que establecía su compatibilidad con la doctrina Monroe. Esta concesión inicial a los Estados Unidos provocó un retraimiento de la SDN hacia los asuntos americanos durante la década de 1920, que alimentó el desinterés mexicano por este organismo internacional. Sin embargo, en septiembre de 1928 una consulta del gobierno costarricense condujo a los juristas de la Sociedad a reinterpretar el alcance del artículo 21, al considerar que éste no sancionaba la validez de la doctrina Monroe y que, en cualquier caso, el pacto confería iguales derechos y obligaciones a todos sus integrantes.10 Este reposicionamiento llevaría a la SDN a interponer su mediación en varios conflictos interamericanos durante los siguientes años. La nueva actitud de Ginebra terminó de convencer al gobierno de Ortiz Rubio -espoleado por el canciller Genaro Estrada- del interés que podría tener para México formar parte de la Liga.11
LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA Y EL INGRESO DE MÉXICO EN LA SDN
El gobierno mexicano intentó primero una estrategia de aproximación gradual a la SDN mediante el nombramiento de Antonio Castro Leal como observador permanente en Ginebra en enero de 1930. Fracasada esta vía, Estrada decidió abrir negociaciones directas con el organismo ginebrino a través del nuevo observador mexicano, Salvador Martínez de Alva. Las conversaciones se vieron facilitadas por el interés de las principales potencias por reforzar la Liga, en un momento en el que las repercusiones de la crisis de 1929 comenzaban a ensombrecer el panorama internacional. Las negociaciones se desarrollaron rápidamente y desembocaron en el ingreso de México en la Sociedad en septiembre de 1931,12 el cual se vio acompañado por una serie de gestos simbólicos de desagravio por su exclusión en 1919. De este modo, las potencias signatarias del Tratado de Versalles presentes en el Consejo asumieron la iniciativa de solicitar a la Asamblea General que se cursara una invitación formal a México y que ésta reconociera expresamente la necesidad de reparar su exclusión con motivo de la creación de la SDN. Martínez de Alva también consiguió que se permitiera a México declarar públicamente que desconocía el artículo 21 del pacto societario, si bien ello no afectó realmente la adhesión mexicana al pacto, que no admitía este tipo de reservas.13
El ingreso de México en la SDN coincidió con el inicio del acercamiento hispano-mexicano. México había sido uno de los primeros países en reconocer a la República Española en abril de 1931 y ambos países se habían apresurado poco después a elevar sus respectivas representaciones diplomáticas al rango de embajadas. No resulta, por tanto, extraño que las nuevas autoridades republicanas desplegaran todos sus recursos para promover la admisión de México en Ginebra, donde el ministro de Estado, Alejandro Lerroux, y Madariaga mediaron para que la Liga aceptara las condiciones mexicanas.14
El propio Madariaga habría dado los primeros pasos durante una visita a México en las semanas previas a la proclamación de la República en España. El exfuncionario ginebrino se entrevistó entonces con Estrada y con Calles a los que habría tratado ya de interesar en el ingreso en la SDN.15 En realidad -como señala Herrera- la iniciativa partió del uruguayo Julián Nogueira, otro alto funcionario de la SDN que había impulsado el primer acercamiento de esta organización a México durante la presidencia de Obregón. Nogueira aprovechó la visita de Lerroux a Ginebra en mayo de 1931 para sugerirle que animara a Estrada a solicitar el ingreso de México.16 El ministro de Estado había llegado a Ginebra sin un programa de acción concreto, más allá de utilizar la tribuna brindada por el organismo societario para presentar internacionalmente al nuevo régimen republicano. El líder radical -que en su intervención ante la Asamblea había defendido el fortalecimiento de los vínculos de la SDN con el continente americano- se dio cuenta de la oportunidad que ello representaba y giró instrucciones en ese sentido al futuro embajador en México, Julio Álvarez del Vayo. El propio Nogueira se desplazaría poco después a Madrid para entrevistarse con el dirigente socialista antes de su partida a México.17
Martínez de Alva había iniciado mientras tanto una serie de entrevistas con el secretario general de la Liga, Eric Drummond, los delegados de Francia y Gran Bretaña en Ginebra y el propio Lerroux, que ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo y se apresuró a ofrecerle el apoyo español. Estas reuniones permitieron al observador mexicano apreciar la buena disposición que existía en Ginebra hacia el ingreso de México.18 Las trabas comenzaron a despejarse en el verano de ese mismo año. En julio, Estrada comunicó a Martínez de Alva la formalización de la propuesta de mediación española realizada por intermedio de Del Vayo.19 El gobierno de Ortiz Rubio se mostraba en principio más inclinado a contar con la mediación británica, pero las dudas acerca de las verdaderas intenciones de Londres y el deseo de no desairar a su nuevo aliado internacional acabaron conduciéndolo a aceptar a mediados de agosto los buenos oficios de España. Martínez de Alva procedió entonces a concertar sus gestiones con el delegado español en Ginebra.20
Las negociaciones entre Martínez de Alva y Drummond avanzaron con rapidez y a fines de agosto el enviado mexicano había conseguido el compromiso del secretario general de que la Sociedad cursaría a México una invitación especial por iniciativa de varias de las potencias signatarias del Tratado de Versalles.21 Éste no era, desde luego, el caso de España, que se había mantenido neutral durante la Gran Guerra, pero el delegado español consiguió el apoyo del grupo latinoamericano para ser incluido en la comisión creada por Drummond a fin de redactar la propuesta de invitación a México.22 La fórmula de compromiso elaborada conjuntamente por las delegaciones de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Japón fue aprobada unánimemente por la Asamblea de la Liga, tras lo cual se cursó a México una invitación que reconocía que su exclusión en 1919 había constituido un acto injusto que debía ser reparado.23 Ello desbloqueó las últimas trabas y México ingresó en el organismo ginebrino en septiembre de 1931.
En definitiva, sería el interés de las grandes potencias el que hizo posible el ingreso de México en Ginebra y no las gestiones realizadas por la diplomacia española, aunque éstas contribuyeran, sin duda, a despejar el último obstáculo que se oponía a aquél.24 En cualquier caso, más allá de su mayor o menor relevancia, la ofensiva diplomática española en apoyo de la admisión de México tuvo sobre todo una dimensión simbólica, ya que supuso el inicio de la colaboración de ambos países en la SDN, la cual se iría cimentando a partir del interés compartido de ambos países por apuntalar el papel de la Sociedad en la defensa de la seguridad colectiva. La invasión de Manchuria por Japón constituiría el primer escenario que pondría a prueba la sintonía entre las políticas de México y España en Ginebra.
MÉXICO Y ESPAÑA ANTE EL INICIO DE LA CRISIS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD COLECTIVA
La ocupación de Manchuria -una región semiautónoma bajo soberanía china- constituía la más grave violación contemplada por el pacto societario, ya que implicaba la invasión de un Estado miembro por otro, que además formaba parte del Consejo de la Liga. En realidad, la crisis sino-japonesa constituía el primero de los sucesivos desafíos al orden internacional provocados por el ascenso de los totalitarismos en el mundo a raíz de las repercusiones socioeconómicas de la crisis de 1929.25
El Consejo de la SDN se negó en un principio a condenar la invasión, pese a las repetidas protestas de China. Este organismo se limitó a solicitar el 30 de septiembre el repliegue de ambos contendientes y la apertura de negociaciones, al tiempo que encomendaba su seguimiento a un comité ad hoc integrado por los delegados de España y de las cuatro potencias que -al margen de Japón- eran miembros permanentes del Consejo. La falta de firmeza de la SDN alimentó la agresividad de los sectores militaristas japoneses y acentuó la debilidad del gobierno de Wakatsuki Reijiro, que acabó enviando refuerzos que permitieron al ejército de Kwantung -que inicialmente había actuado por propia iniciativa- consolidar su posición en Manchuria e invadir otras zonas de China.26 Ello convirtió este problema en el primer desafío internacional para la diplomacia republicana y mexicana en Ginebra a la hora de defender el precario orden internacional de entreguerras.
El gobierno de Ortiz Rubio no se vio envuelto en la crisis sino-japonesa hasta la tardía incorporación de su delegado a la SDN en enero de 1932. Por el contrario, la diplomacia española se vio directamente implicada desde el inicio, ya que Lerroux desempeñaba la presidencia del Consejo en septiembre de 1931. La crisis de Manchuria quedaba fuera del ámbito de interés de la política exterior española, pero constituía una magnífica oportunidad para probar a la SDN -y a la opinión pública española- el compromiso del nuevo régimen republicano con los principios del pacto, especialmente tras el encendido discurso pronunciado por Lerroux el 10 de septiembre ante la XII Asamblea de la Liga, en el que comprometió la colaboración activa de su gobierno en el mantenimiento de la paz mundial.27
Encargado por el Consejo de conseguir un alto el fuego, el ministro de Estado español se limitó sin embargo a respaldar la estrategia contemporizadora seguida por Londres y París para no irritar a Japón. Su actitud se tradujo en la resolución aprobada por el Consejo el 30 de septiembre, aceptando las vagas promesas japonesas de retirada de Manchuria.28
La desilusionante gestión de Lerroux contrastaba con la de Madariaga, quien como responsable de la delegación española en la SDN no sólo asistió personalmente al ministro de Estado durante sus ocasionales visitas a Ginebra, sino que se ocupó en la práctica de dirigir la política española en este organismo internacional entre septiembre de 1931 y enero de 1932. Ello se vio facilitado por el desinterés del líder radical y del propio Azaña -quien se había hecho cargo del gobierno en octubre de 1931- hacia lo que el nuevo presidente del gobierno calificaba despectivamente como “el asunto de los chinos”.29 Madariaga se dio cuenta inmediatamente, por el contrario, del potencial desestabilizador que la cuestión de Manchuria entrañaba para la seguridad colectiva. Ello lo llevó a denunciar las negociaciones mantenidas en secreto por las grandes potencias -a las que en octubre se sumaron los Estados Unidos- y a unirse a las críticas de los países neutrales hacia el cabildeo de Francia e Inglaterra para contentar a Japón. Las acusaciones de Madariaga -amplificadas por la prensa ginebrina- lograron que el Consejo emitiera el 24 de octubre de 1931 una nueva resolución en la que instaba por fin a la retirada de las tropas japonesas.30
Madariaga continuaría su defensa de China durante las sesiones celebradas por el Consejo en París entre noviembre y diciembre, que concluyeron con la decisión de enviar una comisión investigadora a Manchuria, presidida por Lord Lytton. El delegado español llegó a ofrecer la participación de la escuadra española si Gran Bretaña encabezaba una acción colectiva para hacer cumplir las resoluciones de la Liga, lo que fue recibido por Londres con el lógico escepticismo. Su actuación le valió el irónico apelativo de Don Quijote de la Manchuria y, lo que era más importante, el liderazgo sobre un grupo de países neutrales que consideraban la inacción de la SDN como un peligro para su propia seguridad.31
Los esfuerzos de Madariaga no lograron modificar ni un ápice la Realpolitik de las grandes potencias en el Consejo de la Sociedad, ni siquiera cuando los japoneses atacaron Shanghái en enero de 1932. Por el contrario, España fue excluida significativamente de la Comisión Lytton. La molestia española subió de tono cuando el Consejo intentó formar otra comisión investigadora en Shanghái integrada únicamente por los cónsules de los países con un puesto permanente en el Consejo y de los Estados Unidos. La indignación de los neutrales obligaría al Consejo a incorporar a España y a Noruega en representación de este grupo.32 La parálisis del Consejo acabó llevando, sin embargo, al gobierno chino a presentar el asunto directamente a la Asamblea, invocando los artículos 10 y 15 del pacto que constituían la antesala para la activación de las sanciones previstas por el artículo 16.33 La convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea en marzo abrió la puerta a la intervención de los Estados neutrales.
El agravamiento de la crisis coincidió con la incorporación a la Asamblea del delegado mexicano, el embajador en Suecia Romeo Ortega. Las instrucciones del nuevo canciller, Manuel C. Téllez, le ordenaban criticar con dureza la incapacidad del Consejo para resolver el conflicto, así como enfatizar la creciente decepción de México, cuyo reciente ingreso en la Liga había estado determinado por su supuesta capacidad “para normar desde un plano superior la vida internacional en bien [del] entendimiento y concordia [entre los] Estados”. Téllez lo instruía además para pronunciarse a favor de China si la cuestión fuera votada en la Asamblea.34
La posición de la Cancillería era bastante crítica con el control del consejo por las grandes potencias. Esta postura coincidía con la del resto de las pequeñas potencias que -como España- consideraban que la incapacidad de la Liga para impedir de manera efectiva la transgresión por una gran potencia de los principios del pacto constituía un riesgo para su propia supervivencia. De manera incomprensible, Ortega -que había sido designado para una de las vicepresidencias de la Asamblea por el voto del grupo latinoamericano- alabó la actuación del Consejo en su primera intervención ante la Asamblea que tuvo lugar el 4 de marzo. Su discurso fue inmediatamente desautorizado por la Cancillería, que le ordenó rectificarlo públicamente y que lo reemplazó por Martínez de Alva al negarse a ello.35
Esta situación impidió a México tomar parte en la rebelión protagonizada por los países neutrales en la Asamblea, que desembocó el 11 de marzo en la creación del Comité de los Diecinueve para detener las hostilidades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones relativas a Manchuria. El nuevo organismo incluía, junto a los miembros del Consejo, a los representantes de otros seis países elegidos por votación, en un claro gesto dirigido a los neutrales.36 La destitución de Ortega excluyó por el momento a México, que debió conformarse con participar en los debates que tuvieron lugar más tarde en la Asamblea.
La VI Asamblea Extraordinaria de la Liga en julio de 1932 proporcionó a México y a España la oportunidad para criticar conjuntamente el retraso de la Comisión Lytton en presentar su informe, así como para manifestar su rechazo a reconocer al nuevo Estado de Manchukuo, creado en febrero por los ocupantes japoneses. No obstante, mientras el gobierno de Ortiz Rubio fue endureciendo gradualmente su posición y ordenó a su delegado abstenerse de participar en cualquier manifestación de agradecimiento de la SDN a Japón por su reciente evacuación de Shanghái,37 el gobierno de Azaña trató de frenar el activismo de Madariaga a fin de no empeorar sus relaciones con Tokio y evitar roces con el eje franco-británico. El principal artífice de esta política fue el nuevo ministro de Estado, Luis de Zulueta, que en enero de 1932 había sustituido a Lerroux. De acuerdo con Azaña, Zulueta intentó que España adoptara una posición menos militante en el diferendo sino-japonés y logró que el Consejo de Ministros celebrado el 18 de abril acordara frenar a Madariaga “mirando al interés de España, para no lanzarse a quijotadas”, al tiempo que rechazaba vender armas a China.38
Estas diferencias se manifestaron en la posición de ambos países hacia el informe Lytton, presentado por fin en octubre a la XIII Asamblea Ordinaria de la Liga. El gobierno español aplaudió en términos generales el contenido del informe que venía a refrendar muchas de las críticas contra Japón realizadas por el Grupo de los Ocho. La posición de México fue diferente. Las amenazas de una intervención anglo-estadounidense eran demasiado recientes para que la administración mexicana no se inquietara ante la ambivalencia del informe Lytton, que aludía repetidamente a la importancia de los intereses japoneses en Manchuria y a la supuesta incapacidad de las autoridades chinas para protegerlos.39 El malestar del gobierno mexicano se vio acentuado además por los ataques del delegado en Ginebra y posterior canciller japonés, Yosuke Matsuoka, que comparó la intervención japonesa en Manchuria con la expedición Pershing a México.40 Ello llevó al gobierno de Abelardo L. Rodríguez a mostrar su descontento por la ambigüedad de la SDN y ordenar a su delegado en Ginebra, Alberto J. Pani, que se desentendiera de cualquier nueva iniciativa de la Liga en Manchuria, pese a que México había ingresado en el Consejo -y por consiguiente en el Grupo de los Diecinueve- a fines de 1932.41 El desencanto de la administración mexicana la llevó incluso a anunciar en diciembre su retirada de la SDN, pretextando dificultades económicas. La verdadera razón radicaba sin embargo -como reconocía el nuevo canciller, José Manuel Puig Casauranc- en la impotencia de la Liga frente a la agresión de una gran potencia contra uno de sus miembros.42
La diferente actitud de ambos gobiernos hacia el informe Lytton se vio amortiguada por la postura de Madariaga, quien en realidad siguió actuando con un considerable margen de autonomía respecto a Madrid. Ello hizo posible que la política española en Ginebra se viera condicionada por la acción conjunta de un grupo de pequeñas potencias europeas liderado por el propio Madariaga que, al igual que México, era partidario de la aplicación estricta de los principios del pacto y veía en la crisis de Manchuria la oportunidad para que la SDN se convirtiera en un árbitro efectivo de los conflictos bilaterales. El informe Lytton reforzó esta posición en el seno del Comité de los Diecinueve, si bien no pudo impedir finalmente que las grandes potencias limitaran la acción de la Liga a una condena moral.43
Este desenlace fue contemplado con indisimulado alivio por el gobierno de Azaña que, a diferencia de Madariaga, se conformaba con una salida que salvara formalmente los principios y hubiera preferido adoptar desde el inicio una postura más neutral en el conflicto sino-japonés.44 La propia opinión pública española se mostraba dividida en torno a la responsabilidad del conflicto. Mientras la izquierda condenaba unánimemente la agresión japonesa, la prensa conservadora acusaba a China por su incapacidad a la hora de garantizar la seguridad de los intereses extranjeros en Manchuria.45
Pese a estas diferencias, tanto España como México unieron su voto al del resto de las delegaciones para aprobar el informe Lytton el 24 de febrero de 1933. La resolución condenaba a Japón por violar el pacto y negaba el reconocimiento internacional al Estado satélite de Manchukuo, pero sin imponer ningún tipo de sanción a Tokio, que pese a todo abandonó en marzo la Liga.46
La crisis de Manchuria constituyó el primer fracaso de la SDN como garante de la seguridad colectiva. El desarrollo de la Conferencia de Desarme, inaugurada en Ginebra en febrero de 1932, deterioraría aún más el clima internacional. La conferencia convocó a los representantes de 64 países con la intención de aprobar una serie de medidas que evitaran una nueva carrera de armamento entre las grandes potencias.47 La posición española en dichas negociaciones se vio condicionada inicialmente por el concepto de “neutralidad activa” formulado por Zulueta, según el cual la neutralidad española debía ir más allá de la no beligerancia adoptada por el país durante la Primera Guerra Mundial y estar dirigida a contribuir a evitar la guerra.48 Estos postulados llevaron a Madrid a apoyar activamente el proceso de desarme impulsado por la SDN. La política española en la Conferencia de Desarme se movió entre unas pretensiones maximalistas, de reducción de las fuerzas militares a los límites estrictamente necesarios para el mantenimiento del orden interior, y unos objetivos mínimos, centrados en la proscripción de las armas más destructivas y el establecimiento de medidas verificables de control sobre la financiación, fabricación, comercio y almacenamiento del material militar.49
Estos últimos objetivos eran compartidos por la mayoría de las pequeñas potencias que -como España- carecían de medios de defensa ante una conflagración generalizada y que, por este motivo, defendían la necesidad de impedir una nueva carrera armamentista. Ello condujo a Madariaga -quien presidía la importante comisión de aviación- a crear un mecanismo permanente de consultas con los países europeos neutrales para evitar el cabildeo de las grandes potencias, lo que daría lugar al denominado Grupo de los Ocho, liderado por el delegado español.50
La diplomacia mexicana se adhirió inicialmente a estos esfuerzos. El delegado de México en la Conferencia de Desarme, Francisco Castillo Nájera, anunció a la Asamblea el 19 de febrero de 1932 que su país se sumaba a los proyectos de desarme, declarando que, “dada la imposibilidad del desarme total inmediato, [México] suscribirá todas las iniciativas que tiendan a proscribir los medios excepcionalmente destructivos y los instrumentos de guerra de franca agresión: guerra química y bacteriológica, bombardeo aéreo, artillería pesada y carros de asalto”.51
Todos los esfuerzos de los pequeños y medianos países naufragaron, sin embargo, cuando la incapacidad de las grandes potencias para llegar a un acuerdo condujo a la suspensión de la conferencia en julio de 1932. Su reanudación en febrero de 1933, días después del acceso de Adolfo Hitler al poder, provocó un realineamiento casi desesperado de España y de las pequeñas potencias europeas con los proyectos de desarme presentados sucesivamente por Francia e Inglaterra, al tiempo que contribuía a fragmentar al Grupo de los Ocho.52 Para entonces, el gobierno mexicano -que había anunciado poco antes su retirada- contemplaba con un marcado escepticismo el reinicio de unas negociaciones consideradas cada vez más por la Cancillería como un asunto exclusivamente europeo.53 La retirada de Alemania de la conferencia y de la propia SDN en octubre acabaría por dar al traste con las expectativas y abriría la puerta al rearme generalizado de todas las potencias, seguido poco después por el del resto de los países europeos, incluida España, conscientes de que el desplome del sistema de seguridad colectiva los privaba de cualquier garantía.54
La participación de México y España en la resolución de los conflictos del Chaco y de Leticia
El rápido empeoramiento del clima internacional coincidió con la estrecha cooperación establecida por México y España en la SDN con motivo de la extensión de las actividades mediadoras de este organismo a Latinoamérica. Las razones que llevaron a la Liga a involucrarse en la resolución pacífica de los conflictos interamericanos, que hasta ese momento habían sido abordados en el marco del sistema panamericano, no están del todo claras. Es posible que el fracaso consecutivo de varios intentos regionales de mediación, unido a la creciente oposición de numerosos países latinoamericanos al intervencionismo estadounidense -reflejada en la VI Conferencia Panamericana de 1928- llevaran a la SDN a considerar que su intervención en el arreglo de dos conflictos localizados, que involucraban únicamente a pequeños Estados miembros de la Sociedad, suponía una excelente ocasión para incrementar su prestigio y establecer sendos precedentes en torno a su capacidad para intervenir en el continente americano. Fuera ésta u otra la razón, la mediación de la Liga en los conflictos del Chaco y de la región amazónica de Leticia constituyó una oportunidad para los objetivos exteriores de México y España, especialmente en un momento en que ambos países formaban parte del Consejo.
La participación española en las gestiones mediadoras de la SDN respondía al interés del régimen republicano por impulsar los vínculos políticos y culturales con los países latinoamericanos, tanto a nivel bilateral como en el ámbito societario. Los gobiernos del Bienio Reformista consideraban que éste era el único modo de incrementar gradualmente la influencia española en el continente americano, donde la diplomacia española no podía aspirar a competir con la estadounidense.55 Este planteamiento implicaba dejar de lado las pretensiones hegemónicas del hispanismo conservador en Latinoamérica y -dado el creciente proteccionismo económico- circunscribía dicho acercamiento al ámbito de la cooperación política y de la política cultural. En este contexto, participar en la resolución de los conflictos del Chaco y de Leticia permitía al gobierno de Azaña conciliar su vocación europeísta con su declarado interés por América Latina y ello en el principal escenario de la política exterior republicana, como era Ginebra.
El interés de México respondía a otros factores. Su participación como mediador en los diferendos fronterizos sudamericanos constituía la culminación de una estrategia de reposicionamiento en Latinoamérica iniciada tras su retorno en 1928 a las conferencias panamericanas, después de su significativa ausencia de la V Conferencia de Santiago en 1923. Esta estrategia estaba dirigida a reconstruir la deteriorada imagen del país en el continente y a abrir espacios que permitieran a México incorporarse a la compleja dinámica internacional de esta región. Todo ello, con el objetivo último de erosionar el predominio de los Estados Unidos dentro del sistema panamericano y de buscar aliados para obstaculizar la política intervencionista de Washington en el continente.56 Un objetivo ya expuesto por Pani a Alcalá Zamora en la presentación de sus cartas credenciales en julio de 1931 y que orientaría la política de ambas naciones en Ginebra.57
La indefinición de la frontera entre Bolivia y Paraguay en la región del Chaco Boreal; el fracaso de las negociaciones desarrolladas entre 1879 y 1907, y el renovado interés por esta región debido a factores geoestratégicos, económicos y psicológicos acabaron conduciendo a una guerra abierta en la década de 1930. La incapacidad del sistema panamericano para resolver la crisis del Chaco proporcionó la ocasión para que la SDN interviniera en un conflicto que enfrentaba a dos de sus miembros. Ginebra había recordado a Bolivia y Paraguay sus obligaciones como miembros de la Sociedad tras el fracaso de la Conferencia Interamericana en marzo de 1930. La extensión del conflicto desde el verano de 1932 movió al Consejo a reiterar este llamamiento y respaldar una nueva mediación interamericana impulsada por Washington.58 La posición dubitativa de Ginebra a la hora de intervenir en el continente americano respondía, en gran medida, a la ambigüedad del pacto acerca de la primacía o no de las competencias societarias sobre las de otras “inteligencias regionales preexistentes” y a los recelos estadounidenses.59
Para Madariaga, no cabía duda de la preeminencia de Ginebra sobre el sistema panamericano cuando la cuestión afectara a alguno de sus miembros. Su posición no sólo respondía al interés de la diplomacia republicana por potenciar el papel de la SDN en la resolución pacífica de los conflictos internacionales, sino también a la oportunidad que la extensión de las actividades societarias al continente americano representaba para la nueva política latinoamericana de España.60 Este último país había contemplado impotente cómo el desarrollo del sistema panamericano iba reduciendo su protagonismo en la resolución de algunos de los conflictos limítrofes interamericanos.61 La intervención de la SDN en la cuestión del Chaco -como después en Leticia- brindaba a España la oportunidad de volver a influir en esta región. Madariaga lo percibió perfectamente y promovió dicha participación. Ésta fue acompañada por la adopción de una estricta neutralidad en el conflicto entre Paraguay y Bolivia, refrendada en las Cortes por Zulueta en febrero de 1933.62
La propuesta de Madariaga fue bien recibida por el Consejo, que vio una oportunidad para compensar el creciente desprestigio de la Liga a causa de Manchuria y del bloqueo de las negociaciones de desarme en Ginebra. Ello motivó la creación en septiembre de 1932 de una comisión de seguimiento del conflicto del Chaco, integrada inicialmente por Irlanda, España y Guatemala.63 Previamente, Del Vayo había sondeado en México la disposición de los representantes de Bolivia y Paraguay hacia la participación española en la mediación.64 La SDN, no obstante, siguió demorando su intervención en el Chaco a la espera del resultado de una nueva mediación realizada esta vez por países limítrofes.
Casi simultáneamente, tuvo lugar el estallido de otra crisis en el territorio amazónico de Leticia. Esta región selvática, deshabitada y de difícil acceso, cedida por Perú a Colombia en 1922, fue ocupada por un grupo paramilitar peruano en septiembre de 1932. El gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro -enfrentado a una fuerte oposición interna- aprovechó este incidente para excitar el nacionalismo peruano y oponerse a la devolución de dicho territorio a Colombia.
El clima prebélico llevó a la SDN a recordar a ambos países en enero de 1933 la obligación de resolver pacíficamente su disputa. El fracaso de la mediación interpuesta por Brasil y el inicio de una escalada acabarían provocando la intervención de la Liga. El Consejo delegó este asunto en el recién constituido Comité de los Tres. Éste determinó con rapidez que el territorio en disputa pertenecía a Colombia en virtud del tratado Salomón-Lozano, firmado por ambos países en 1922 y ratificado por el Perú en 1927. El Consejo aprobó el 18 de marzo una resolución que instaba al Perú a evacuar el territorio ocupado, que sería administrado por la SDN hasta su entrega a Colombia. Esta resolución fue respaldada unánimemente por la Asamblea, que creó un comité especial para vigilar su cumplimiento.65
La negativa peruana a cumplir esta resolución agravó el conflicto. Las debilidades de la SDN volvieron a ponerse de manifiesto cuando una flotilla peruana logró cruzar el Canal de Panamá y repostar en Curazao y Jamaica camino al Amazonas.66 El asesinato de Sánchez Cerro el 30 de abril abriría, sin embargo, la puerta a la negociación y permitiría a la Sociedad apadrinar el acuerdo colombo-peruano de 25 de mayo de 1933, el cual establecía que la SDN se hiciera cargo provisionalmente de la administración de Leticia mientras se desarrollaban las conversaciones que conducirían un año más tarde al arreglo pacífico de la controversia.67
Tanto Madariaga -desde la Comisión de los Tres- como Castillo Nájera -que en mayo se hizo cargo de la presidencia del Consejo- participaron activamente entre marzo de 1933 y junio de 1934 en los trabajos del Comité Especial Consultivo creado por la SDN para abordar este problema. La intervención española en el arreglo colombo-peruano respondió enteramente a la estrategia de la diplomacia republicana de utilizar la plataforma brindada por Ginebra para incrementar gradualmente su influencia en el continente americano. La diplomacia hispana había seguido con inquietud los intentos de Washington para coordinarse con las grandes potencias a fin de presionar al gobierno de Sánchez Cerro, al tiempo que rechazaba una solicitud previa de Lima para mediar en el conflicto.68 Zulueta optó, por el contrario, por seguir una política de difícil equilibrio entre los contendientes. El ministro de Estado consiguió que el gobierno adoptara una actitud de estricta neutralidad y bloqueara la venta a Colombia del cañonero Dato.69 Esta medida, unida a su intervención poco después en el arreglo de las diferencias entre Lima y México, le aseguró el agradecimiento de la nación andina. Paralelamente, el gobierno de Azaña defendió con firmeza en Ginebra la colombianidad de Leticia, lo que llevó a Bogotá a enviar una embajada extraordinaria a Madrid para agradecer su mediación.70 El éxito de esta estrategia explica la aparente paradoja de que ambos rivales apoyaran la participación de España -junto a Brasil y Estados Unidos- en la comisión tripartita creada por la Sociedad para administrar Leticia, antes de su devolución a Brasil.
La administración mexicana, por su parte, respaldó desde un principio todas las acciones adoptadas por la SDN para la devolución de Leticia a Colombia. Ortiz Rubio mantenía una excelente sintonía con el liberal Enrique Olaya, que había puesto fin a un prolongado ciclo de gobiernos conservadores hostiles al régimen revolucionario. Todo lo contrario que en el caso de Sánchez Cerro, con quien México había roto relaciones en mayo de 1932. Rodríguez, que apoyaba a la oposición aprista, llegó incluso a facilitar material militar de manera encubierta a Bogotá.71 El éxito de la SDN en el diferendo colombo-peruano no sólo beneficiaba al principal aliado mexicano en la zona, sino que constituía, sobre todo, un abierto desafío al predominio de los Estados Unidos en el sistema panamericano. En este sentido, el discurso pronunciado por Castillo Nájera como presidente del Consejo durante la firma del acuerdo colombo-peruano reflejaba el éxito de la apuesta mexicana por Ginebra y mostraba un cierto optimismo en el futuro de la Sociedad que pronto se mostraría infundado.72 Tras ocupar la presidencia de la Comisión Consultiva en diciembre de 1933, Castillo Nájera todavía desempeñaría un papel relevante en las gestiones de la Liga para que las negociaciones colombo-peruanas no se empantanaran y desembocaran en un arreglo duradero.73
La crisis puso de manifiesto el interés conjunto de España y México por reforzar el papel de la SDN en la resolución pacífica de los conflictos internacionales y en extender sus actividades al continente americano. La alianza estratégica entre ambos gobiernos se pondría de manifiesto cuando la muerte de Sánchez Cerro fue aprovechada por la diplomacia española para ofrecer sus buenos oficios a México. Las gestiones directas de Zulueta, secundadas eficazmente por la legación española en Lima, permitirían el rápido restablecimiento de las relaciones con Perú en mayo de 1933, en una muestra más de la estrecha cooperación internacional establecida por ambos países.74
Mientras la crisis de Leticia entraba en vías de resolución, la guerra del Chaco no dejaba de agravarse. La declaración de guerra del Paraguay llevó a Bolivia a solicitar en mayo de 1933 la intervención de la SDN. Este hecho -unido al fracaso de la última mediación interamericana- acabó por decidir a Ginebra a involucrarse en la resolución del conflicto. El Comité de los Tres propuso el envío de una comisión investigadora a la región, con funciones similares a las de la Comisión Lytton en Manchuria.75 En junio, antes de que ésta estuviese formada, México sustituyó a Guatemala en el Comité de los Tres.
La llegada de México a la presidencia rotativa del Consejo de la Liga en mayo de 1933 y el éxito de la mediación societaria en la crisis de Leticia reactivaron el decaído interés mexicano por la SDN tras sus repetidos fracasos para frenar el deterioro del sistema de seguridad colectiva. El nuevo protagonismo internacional adquirido por el país se vería acentuado al asumir en septiembre la presidencia del Comité de los Tres. Ese mismo mes, Madariaga ayudó a Castillo Nájera a conseguir una de las vicepresidencias de la XIV Asamblea.76 Esta situación impulsó al gobierno mexicano a reconsiderar la decisión de abandonar la Liga.77
A partir de este momento, Madariaga y Castillo Nájera -de acuerdo con las instrucciones de sus respectivos gobiernos- sumarían sus esfuerzos para asegurar el éxito de la mediación ginebrina en el Chaco frente a las continuas maniobras de los beligerantes y sus aliados regionales.78 Esta colaboración se extendió a la comisión investigadora constituida en julio bajo la presidencia del exembajador de España en México, el socialista Del Vayo, de la que formaría también parte el agregado militar mexicano en Francia, Raúl Rivera Flandes. La mayor sintonía personal e ideológica de Castillo Nájera con Del Vayo contribuyó a hacer más fluida la relación entre ambos organismos, como reconocía privadamente el propio delegado mexicano.79
La comisión investigadora desarrolló una intensa actividad en la zona del conflicto entre noviembre de 1933 y enero de 1934, logrando que sus esfuerzos fueran respaldados por la VII Conferencia Panamericana, que en diciembre de 1933 se declaró dispuesta a cooperar con la SDN en la aplicación del pacto.80 El informe de la comisión, presentado al Consejo por Del Vayo, constataba, no obstante, el fracaso de las gestiones societarias. Ello movió al gobierno español a desligarse de la mediación.81 El gobierno mexicano adoptaría una postura similar cuando el Comité de los Tres, presidido por Castillo Nájera, pasó a hacerse cargo del asunto en mayo de 1934. Este desenlace no impidió que tanto España como México acabaran adhiriéndose con muchas reticencias a la propuesta del delegado británico, Anthony Eden, para imponer a ambos países un tardío embargo de material militar.82 Una decisión que se revelaría ineficaz debido a la actitud de los países limítrofes, que siguieron permitiendo el tráfico de armas.
Para entonces, el Bienio Reformista había llegado a su fin tras el desplazamiento de la coalición republicano-socialista por una serie de gobiernos centro-derechistas tras las elecciones de noviembre de 1933. Las nuevas autoridades españolas acentuaron el progresivo repliegue exterior del país frente al anterior activismo en Ginebra, al tiempo que las relaciones bilaterales con México experimentarían un enfriamiento debido al creciente influjo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). En este marco, la transición al Bienio radical-cedista se vio acompañada por un breve enfrentamiento entre las delegaciones mexicana y española en Ginebra, cuando la propuesta de Madariaga de invitar a los Estados Unidos y Brasil a las deliberaciones del nuevo comité creado en la SDN para la cuestión del Chaco tropezó con el voto en contra de la delegación mexicana. Más que a diferencias de criterio entre ambos gobiernos hacia la cuestión del Chaco, el incidente respondía a la autonomía con la que actuaba el delegado español en Ginebra, cuya propuesta no contaba con la aprobación de Madrid. Consciente de su error, el propio Madariaga defendió ante el nuevo gobierno español la necesidad de mantener y reforzar la colaboración con México dentro de la SDN; al tiempo que la Secretaría de Relaciones Exteriores recordaba a Castillo Nájera la conveniencia de que ambas delegaciones siguieran actuando de acuerdo en Ginebra.83
La colaboración entre ambos países en la SDN no llegaría, por tanto, a interrumpirse durante la nueva etapa y la delegación española en Ginebra respaldaría las posteriores gestiones de Castillo Nájera para tratar de dinamizar la participación de la Sociedad en la cuestión del Chaco mediante la creación, en noviembre de 1934, de una Comisión de Neutrales en Buenos Aires, que sería asistida desde Ginebra por un comité consultivo presidido por el propio delegado mexicano.84 A la postre, la negativa de las autoridades paraguayas a suspender las operaciones militares acabaría llevando a la SDN a levantar parcialmente el embargo a Bolivia, lo que provocaría la salida de Paraguay y el final de la mediación ginebrina en febrero de 1935.
La acción de Ginebra no pudo imponerse, en definitiva, a la actitud oportunista de ambos bandos, alimentada por el obstruccionismo de los países limítrofes con intereses en la región, como Argentina y Brasil, la acción contrapuesta de las compañías petroleras estadounidenses y anglo-holandesas y el rechazo de Washington a la intervención de la SDN en el continente americano. El fracaso de la Liga en el Chaco empañaría el éxito conseguido por México y España durante el Bienio Reformista a raíz de su participación en la mediación de la SDN en Leticia. Por el contrario, el protagonismo de ambos países en las nuevas gestiones ginebrinas en el Chaco sólo sirvió para despertar las reticencias de Washington, así como para enfriar sus relaciones con varios países latinoamericanos con intereses propios en el conflicto, especialmente Argentina y Brasil.85
A MODO DE CONCLUSIÓN
El acercamiento entre México y España durante el bienio republicano-socialista coincidió con una etapa de intensa actividad de ambos países en la SDN. Si bien con sus propios matices, las políticas del régimen posrevolucionario mexicano y de la coalición republicano-socialista en Ginebra estuvieron determinadas por un mismo objetivo: reforzar los pilares sobre los que descansaba el sistema de seguridad colectiva articulado en torno a la SDN para, de ese modo, ver garantizada su propia seguridad frente a la amenaza de las grandes potencias. Esta convergencia de intereses, unida al acercamiento político-ideológico entre los gobiernos de México y España, sentó las bases para una estrecha cooperación en Ginebra entre 1931 y 1933. Una alianza cimentada sobre el respaldo republicano al ingreso de México, reforzada por el activismo de ambos países a raíz de la cuestión de Manchuria y la Conferencia de Desarme y consolidada por su estrecha colaboración en las mediaciones de la SDN en Leticia y el Chaco. Esta alianza respondía a las coincidencias puntuales entre los objetivos de la acción exterior de ambos Estados en Ginebra, pero reflejaba también el mutuo interés de dos regímenes políticos ideológicamente afines por establecer una cooperación internacional estable, que permitiera a México contar con un firme aliado en Europa, al tiempo que facilitaba la estrategia española de penetración política y cultural en Latinoamérica, donde ambas naciones se oponían al intervencionismo estadounidense.
Por debajo de estas coincidencias, las políticas de ambos países en la SDN respondieron a sus propios objetivos. El nuevo régimen republicano intentó inicialmente capitalizar el descontento de las pequeñas potencias europeas en Ginebra para incrementar su prestigio internacional, pero acabó plegándose a la política apaciguadora del eje franco-británico. De este modo, pasó de sostener una “neutralidad activa” en el marco de la SDN a replegarse hacia una neutralidad defensiva, dirigida a evitar verse involucrado en el conflicto que se estaba gestando en Europa, lo que, en definitiva, acabaría provocando su aislamiento internacional. Menos preocupado por el contexto europeo que por la latente amenaza que las potencias anglosajonas representaban para el régimen posrevolucionario, el Maximato sostuvo de manera continuada una política más firme en Ginebra, centrada en la defensa a ultranza del principio de no intervención y en demandar un papel más activo de la SDN en los conflictos internacionales. Ello lo llevó a apartarse de la posición contemporizadora de España hacia el informe Lytton e incluso a plantearse su retirada de la SDN a fines de 1932. La diplomacia mexicana tampoco compartió la disposición española a integrar a Washington en las gestiones societarias en el Chaco y se mostró más dispuesta a erosionar la influencia estadounidense sobre el continente en el marco de su reposicionamiento diplomático en Latinoamérica. Estas diferencias no constituyeron, sin embargo, un obstáculo para que ambos países sentaran las bases de su colaboración en Ginebra durante este periodo.
