Referentes de la organización obrera para el caso chiapaneco¹

La intención de este trabajo es analizar y explicar las condiciones que enfrentó el movimiento obrero para configurarse como fuerza política en un lapso posterior a la gesta revolucionaria y anterior a la administración cardenista. El texto se divide en cinco partes: la primera presenta referentes de la organización obrera en Chiapas, valorando las aportaciones de distintos autores; la segunda es un acercamiento a las condiciones laborales de los trabajadores de las fincas cafetaleras en el periodo analizado; la tercera brinda la referencia de los primeros antecedentes legales de la organización obrera en el estado de Chiapas; la siguiente señala la formación de los primeros órganos de representación que integraron al proletariado como fuerza política; y por último se presentan las conclusiones.

Dentro del contexto de análisis de la conformación de fuerzas políticas en el panorama chiapaneco, el año de 1918 representa el punto de partida de una serie de eventos de interés, como fue la creación de partidos políticos y sindicatos, los cuales fueron determinantes en el proceso de consolidación de un modelo de Estado que tuvo como principal característica la regulación de procesos de control a partir de una estructura altamente disciplinada que rindió obediencia a un mando centralizado. En este sentido, el estado de Chiapas fue asimilado dentro de la vorágine que tuvo como epicentro la presidencia de la república. Las particularidades que determinaron el ritmo de los procesos encauzados al reforzamiento de los mandos federales dentro del territorio estatal partieron de acuerdos que, como lo establece Diana Guillén, garantizaban entre otras cosas la lealtad de las oligarquías regionales a cambio de recursos:

A diferencia de lo sucedido en otras partes, la revolución iniciada en 1910, lejos de destruir las estructuras oligárquicas, cobijó a las élites que las representaban. La familia revolucionaria se encargó de asegurar autonomía a la familia chiapaneca y a cambio recibió lealtad y recursos en abundancia.²

Este pacto entre las esferas federal y estatal permitió a los grupos de poder regional obrar con una relativa autonomía que favoreció la explotación de recursos y personas.

De esta forma, el periodo que abarca de 1918 a 1934 para el caso chiapaneco puede ser identificado como una etapa caracterizada por la conformación de fuerzas de naturaleza obrera y agraria en un marco político y social que mantenía condiciones de control propios del periodo del Porfiriato. Ciertamente muchas prácticas continúan hasta nuestros días, pero la conformación de fuerzas obreras generadas en el periodo analizado propició una reconfiguración en los procesos de control, enfocados en marginar la influencia de los sectores oligarcas.

De esta manera, los antecedentes del modelo corporativo que identificó al Estado mexicano de 1936 en adelante los encontramos en la estructuración de los sectores obrero y campesino como parte de un proyecto político impulsado desde la esfera federal a partir de 1929, por lo que cuando Lázaro Cárdenas inició su campaña por la presidencia de la república en 1934 se benefició de una estructura básica que se formuló a partir del surgimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Cabe mencionar que durante el periodo comprendido de 1920 a 1932, tres gobernadores constitucionales habían tomado protesta en el estado de Chiapas: Tiburcio Fernández Ruiz (1920-1924), Carlos A. Vidal (1925-1927) y Raymundo Enríquez (1928-1932); dos de ellos, Vidal y Enríquez, estaban directamente vinculados con el movimiento proletario, mientras que Fernández Ruiz se identificó con los sectores oligarcas. En este lapso la causa obrera había logrado en el Partido Socialista Chiapaneco (PSCh) su mejor expresión en lo concerniente a la capacidad de organización y respuesta del proletariado frente a los sectores patronales.³ El PSCh se fundó el 13 de enero de 1920 en la ciudad de Motozintla,⁴ y desde su creación estuvo vinculado con la figura de Carlos A. Vidal y de su cercano colaborador Ricardo Alfonso Paniagua, quien en el proceso de fundación del partido firmó el acta constitutiva en calidad de secretario; es decir, Paniagua fue un elemento relacionado con la organización del proletariado chiapaneco desde sus bases, por lo que en su persona podemos encontrar el nexo entre Vidal y los grupos proletarios.⁵ Vinculado con el partido y con las fuerzas de naturaleza obrera, Carlos A. Vidal pasó a la historia como el primer gobernador de Chiapas que llegó al cargo con un determinado respaldo de bases proletarias. Estas condiciones son analizadas por diversos autores, entre los cuales podemos mencionar a Robert Wasserstrom, quien señala la llegada al poder de Tiburcio Fernández Ruiz, así como el gatopardismo que identificó su administración, los conflictos que enfrentó Carlos A. Vidal y, por último, la llegada al poder de Victórico Grajales (1932) gracias a la influencia de Plutarco Elías Calles.⁶ En este contexto, se describen las condiciones que enfrentaron los sectores obrero y agrarista en su proceso de conformación como fuerzas políticas.

Asimismo, dentro del marco que describe la organización gremial, Daniela Spenser estudia el caso del PSCh, donde destaca la participación de Vidal y Paniagua en el proceso de estructuración del sector obrero como fuerza política organizada dentro del territorio estatal. Cabe mencionar que el PSCh fue el referente que fincó las bases que fueron utilizadas por personajes como Raymundo Enríquez y Victórico Grajales.

A este respecto y ampliando la información sobre la organización gremial y particularmente del PSCh, Emilio Zebadúa menciona la participación de Raymundo Enríquez en el desarrollo de la organización de dicha agrupación, por lo que de esta forma se puede explicar que fue Enríquez quien se benefició, en su lucha por la gubernatura en 1928, de las bases creadas una vez desaparecido el PSCh en 1927.⁷

De esta manera, la defensa de los intereses de clase, el surgimiento y la organización de fuerzas políticas de naturaleza obrera y agraria, la llegada al poder de personajes que lograron su ascenso gracias a los pactos entre la esfera federal y los grupos locales, así como la consolidación de los mandos federales a través de procesos institucionalizados son temas que Thomas Benjamin analiza y describe en su obra Chiapas: tierra rica, pueblo pobre,⁸ donde ofrece un marco de referencia que expone condiciones pautadas por la crisis ocasionada por el choque de los grupos en conflicto; de forma análoga, en su obra El camino a Leviatán, Benjamin retoma la temática política y realiza un análisis de los personajes y las condiciones que favorecieron la construcción del modelo de Estado, que para el periodo cardenista se valieron de las estructuras creadas a partir de la movilización de los sectores obrero y campesino para consolidar el patrón sistémico que mantuvo durante décadas los ejes del poder sujetos a la presidencia de la república.⁹

La situación antes detallada tuvo en la desaparición de poderes de 1936 la manifestación de la ruptura de los acuerdos entre los órdenes federal y estatal, a la vez que representó el choque entre dos tipos de proyectos de gobierno divergentes: uno, el federal, encaminado a la conformación de fuerzas de naturaleza obrera con vistas al control de éstas y la consolidación de un tipo de mando centralizado; el otro, el estatal, empeñado en mantener las prácticas de explotación propias del Porfiriato, las cuales aseguraban los controles de la tierra y los mandos políticos en manos de las oligarquías regionales, marginando a los sectores obreros de cualquier tipo de participación dentro del sistema político. Sobre el conflicto que devino en la desaparición de poderes en 1936, María del Carmen García Aguilar lo interpreta como una expresión de la confrontación de los intereses callistas contra los cardenistas.¹⁰ Ciertamente la expulsión de Calles del territorio nacional precedió a la desaparición de poderes, lo que evidencia el conflicto señalado y la concentración del mando en la figura de Lázaro Cárdenas, condición que favoreció la estructuración del modelo corporativo en clara vinculación con la presidencia de la república desde la fecha señalada.

Precisamente la cuestión sindical en esos años es abordada por Antonio García de León, quien señala que la formación de agrupaciones de representación fue una respuesta a las prácticas de explotación que imperaban en el territorio estatal y que le fueron dadas a conocer a Lázaro Cárdenas en su calidad de candidato a la presidencia. García de León describe un contexto obrero estatal en vinculación con referentes de talla nacional, donde la figura de Victórico Grajales es relacionada con la protección de los grupos oligarcas y con la perpetuación del pacto de autonomía entre autoridades federales y las élites detentadoras del poder en el estado de Chiapas.¹¹

Cabe mencionar que una consecuencia de la concentración del control político de las fuerzas proletarias a través de la aplicación del modelo corporativo dentro del estado fue lo que Ramón Raymundo Reséndiz García identifica como un “desequilibrio entre ciudadanías”.¹² Esto gracias a que al establecer el gobierno de la república como directriz la defensa de los intereses gremiales a cambio del control político de los grupos de obreros, la ciudadanía social fue beneficiada en detrimento de la ciudadanía política, condición que definió el perfil que el gobierno federal mantuvo las siguientes décadas.

La gradual aplicación del modelo corporativo favoreció la concentración del mando en la figura del presidente de la república, marginando a otras fuerzas que reclamaban espacios dentro del sistema político, fueran del orden castrense o de naturaleza oligarca. Así, lo que operó fue una migración gradual de los efectivos políticos de naturaleza militar a otros de base civil; migración que estuvo ligada -por nexos de lealtad partidista, aplicación de políticas de mejora en la cuestión laboral y el reparto de tierras- a la figura del presidente en turno. Fue así como la administración de Lázaro Cárdenas capitalizó las fuerzas de naturaleza proletaria surgidas durante el Maximato.

Valorando los aspectos delineados cabe preguntarse ¿cuáles fueron las condiciones que enfrentó el movimiento obrero organizado en el periodo que antecedió a la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república? y ¿qué factores favorecieron la asimilación de los sectores proletarios en calidad de fuerzas políticas dentro del sistema?

En consecuencia, es necesario analizar casos concretos que nos permitan bosquejar los escenarios que enfrentó el proletariado chiapaneco y, a la vez, valorar hasta qué punto los preceptos constitucionales tuvieron repercusión en las relaciones entre trabajadores y empleadores. En este sentido, es preciso profundizar en las condiciones que enfrentó un grupo que enlaza las esferas agraria y obrera, como fueron los peones contratados en las fincas cafetaleras.

Un acercamiento al entorno finquero

En las primeras décadas del siglo XX la industria cafetalera, asentada principalmente en las regiones del Soconusco y Sierra Mariscal, se encontraba en proceso de desarrollo, condición que demandaba una considerable mano de obra; como resultado de esta situación, los propietarios de fincas cafetaleras contrataron a personas conocidas como enganchadores, cuya labor era conseguir la mayor cantidad de peones interesados en trabajar en las plantaciones. Así, en el contrato firmado el 14 de octubre de 1918 por Onofre Díaz en calidad de representante de Guillo Kahle, propietario este último de la finca cafetalera Germania, ubicada en el Soconusco, y el peón Manuel García, la retribución que se le ofreció al jornalero fue de 80 centavos por “cada caja de café entregada en el beneficio, tarea de trabajo o jornada que no exceda ocho horas diarias y que entregue tanto él como los miembros de su familia”. Por su parte, Guillo Kahle, en calidad de patrón, se comprometía a otorgar “una casa cómoda e higiénica y demás útiles necesarios para el trabajo”; de igual manera se aclaraba que se le había adelantado a Manuel García la cantidad de $10.00/100 (diez pesos m.n.) y que el contrato tendría una vigencia de dos meses y medio, tiempo en el cual García debía devengar la cantidad adelantada.¹³

Al revisar casos similares en contratos de otras fincas, llega a variar la cantidad pagada por la caja de café o jornada de trabajo, las cuales rondaban entre 60 y 80 centavos; varía también la duración del contrato, entre uno y tres meses, así como la cantidad de adelanto otorgado, mismo que fluctuaba entre diez y treinta pesos, en proporción directa con la duración del contrato: a mayor extensión del contrato más cantidad de dinero adelantado.¹⁴ Así, vemos que en 1920 la empresa Chiapas Coffee Company, propietaria de las fincas Irlanda y Esmeralda pagó 60 centavos por cada caja de café; las condiciones que estipulaba el contrato revisado eran las mismas en cuanto a obligaciones del patrón y del jornalero.¹⁵

De la revisión de múltiples contratos de distintas fincas observamos que el patrón adquiría las siguientes obligaciones: respetar el número de horas que debía abarcar la jornada laboral; al respecto, se especificaba que ésta no debía exceder ocho horas; se indicaba el día de pago, que en todos los casos fue el sábado, comprometiéndose los patrones a cubrir el salario antes de las seis de la tarde y también se otorgaba al jornalero una libreta donde se debían indicar las cantidades liquidadas. En todos los contratos revisados encontramos las condiciones descritas. Por su parte, el trabajador se obligaba a permanecer en la finca con su familia hasta dar por terminado el tiempo contratado, a obedecer al patrón, a observar buena conducta y, en caso de necesidad por amenazas de pérdidas en la cosecha, a trabajar horas extra con la debida retribución por éstas. Este último dato es un aspecto que pone de manifiesto la influencia de la Convención de Washington y del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en lo referente a la duración de la jornada laboral.¹⁶

Los datos que resultan irregulares, de acuerdo con los criterios actuales, son que, al momento de contratar al jornalero, la familia del mismo podía participar en la faena diaria, lo que implicaba el potencial trabajo de menores de edad que formaran parte de la prole del peón y de su cónyuge; es decir, la contratación de una sola persona se podía transformar en la de otras involucradas en la labor asignada, lo que se traducía en reducción de costo y tiempo en beneficio del patrón, sin que esto se reflejara en mejoras para el trabajador, ni incremento de su ingreso, pues a los familiares no se les pagaba. La seguridad del trabajador y de su familia es un aspecto que no estaba considerado en ningún apartado del texto, por lo que los accidentes y las enfermedades que fuesen consecuencia del desempeño de la labor realizada quedaban excluidos del contrato.

Todos los datos anteriormente aportados son tomados de contratos firmados entre enganchadores y jornaleros, aunque esto no implica que se cumplieran a cabalidad las condiciones ofrecidas, ni que el trato a las personas contratadas fuera de respeto.¹⁷ Erasto Urbina refiere en sus memorias que, en 1932, la jornada laboral comenzaba en las fincas a las cuatro de mañana y terminaba a las seis de la tarde. La vivienda donde eran alojados los jornaleros, Urbina la describe como galeras; dormían hacinados hombres, mujeres y niños. La alimentación proporcionada consistía en frijol, tortillas y café, además les daban una bola de masa de pozol (mezcla de maíz y cacao) para que la consumieran al mediodía. Lo destacable es que las políticas laborales del momento habían alcanzado tal grado de penetración en el entorno chiapaneco que sus contratos debían estipular los aspectos antes mencionados, otra cosa muy distinta es que los patrones se preocuparan por cumplir las leyes y respetar a los obreros. En este sentido hay que señalar que en el interior de las fincas los abusos no escaseaban; como referencia de esto nos sirve la carta que dirigió Fausto Ruiz al gobernador del estado, Carlos A. Vidal, en la que denunció que en la finca Chinenzé, propiedad de Moctezuma Pedrero, se obligaba a los jornaleros a trabajar cuatro meses pero sólo se les pagaban dos y a pesar de las quejas de los peones se pretendía obligarlos a volver a trabajar en la misma finca en circunstancias iguales.¹⁸ En palabras claras, estamos hablando de un modelo de semiesclavitud que perpetuaba formas de explotación propias del Porfiriato.

Sin embargo, los abusos hacia los jornaleros no sólo provenían de los dueños de las fincas, ya que las condiciones que otorgaban los enganchadores a los peones, desde su contratación hasta el arribo a la finca que los iba a emplear, estaban lejos de respetar la dignidad humana e incluso hubo quejas relacionadas con el encierro al que eran sometidos para evitar que se regresaran a sus comunidades una vez recibido el adelanto, de igual modo se menciona el abuso de bebidas alcohólicas que eran proporcionadas por los mismos enganchadores y la venta de baratijas. Cabe señalar que el recurso, por parte de los enganchadores, de mantener embriagados a los peones contratados para poder someterlos fue una práctica recurrente, tan es así que Erasto Urbina no dejó de denunciarla en sus memorias:

[…] agentes y representantes de los finqueros millonarios encierran en locales especiales con que cuentan, donde los tienen constantemente ebrios de alcohol de mala calidad durante el tiempo necesario para reunir una cantidad de importancia que poder remitir con la necesaria custodia…¹⁹

Como es posible suponer, estas iniquidades estaban directamente vinculadas con la merma del adelanto monetario otorgado por los enganchadores a los trabajadores, tomando en cuenta que el alcohol y las baratijas no eran regaladas, sino vendidas por los enganchadores; en consecuencia, al momento de llegar los jornaleros a la finca que los empleaba, su economía personal y su estado físico se veían menguados, lo que podía transformarse en más tiempo del acordado para poder cubrir las cantidades del adelanto y las necesidades del trabajador.²⁰

Ahora bien, la demanda de mano de obra en las fincas cafetaleras de las regiones del Soconusco y Sierra Mariscal era un fenómeno que exigía elevadas cantidades de obreros cada año; a manera de ejemplo citamos el caso de los meses de julio, agosto y diciembre de 1928. En la oficina de control de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas en julio de 1928 se contrató a 577 jornaleros;²¹ en agosto del mismo año, a 1 725;²² y para diciembre, a 95 más.²³ En total estamos hablando que la industria cafetalera, a través de una sola de las oficinas de control, había empleado en un solo año a por lo menos 2 397 trabajadores, solamente de la región de los Altos de Chiapas. Téngase en cuenta que las cantidades mencionadas son datos aportados por los oficios que constan en el ^{Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas}; es posible que existan otros oficios que no hayan sido archivados o que el tiempo haya destruido y que la cantidad sea mayor a la que hemos podido contabilizar. En relación con el número de empleados ocupados, según datos aportados por Erasto Urbina, en el capítulo VII de sus memorias, la industria del café requería anualmente entre treinta y cuarenta mil trabajadores, sobre todo durante el periodo de cosecha (septiembre-diciembre): “En los centros agrícolas del Soconusco y Mariscal se requiere durante todo el año y especialmente en la cosecha del café, de treinta mil a cuarenta mil trabajadores del campo…”.²⁴ En este punto es pertinente aclarar la función que desempeñaron las oficinas de control en el proceso de alquiler de mano de obra indígena en los Altos de Chiapas, con destino a las fincas cafetaleras del Soconusco y Mariscal.

Así pues, el 22 de marzo de 1922, Manuel Gris, en su calidad de presidente de la Cámara Agrícola Nacional del Soconusco, dirigió un escrito al presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, en el que hacía referencia a la situación que atravesaban los propietarios de fincas cafetaleras al momento de contratar mano de obra indígena en la región de los Altos. En el documento, Gris se quejaba de que era práctica común entre los trabajadores indígenas que se comprometieran con más de un enganchador para emplearse en diferentes fincas a un mismo tiempo, exigiendo adelantos de todos los enganchadores con los que hacían acuerdo, de esta forma una misma persona recibía varios adelantos, pero sólo cumplía con un patrón. Para tratar de resolver esta situación, la Cámara Agrícola Nacional del Soconusco ideó la creación de una oficina enfocada a la exclusiva contratación de los peones requeridos por las diversas fincas; así podían ejercer un relativo control y hacer frente a la resistencia de los jornaleros a su explotación en las fincas. En el mismo oficio, el presidente de la Cámara Agrícola expresaba que ya existía con anterioridad una oficina similar en la ciudad de Motozintla y, en función de los buenos resultados alcanzados, se proponían abrir otra en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En conclusión, las oficinas de control fueron los espacios encargados de la contratación de la mano de obra indígena a partir de 1922, y al menos existieron dos de ellas, una en Motozintla y otra en San Cristóbal de Las Casas, las cuales son mencionadas en el escrito referido.²⁵ La creación de las oficinas de control no eliminó del todo los problemas que originaron su instalación; las quejas por el incumplimiento de los contratos firmados entre los trabajadores y los enganchadores continuaron existiendo al grado de intervenir autoridades de distintas instancias para obligar a los peones a acatar los acuerdos firmados.²⁶

En suma, la revisión de los documentos vinculados con la contratación de trabajadores para las fincas cafetaleras en el periodo de 1920-1930 refleja un entorno ríspido entre trabajadores y empleadores. Por una parte, los abusos en contra de la dignidad de las personas abundaron en forma de quejas y escritos elevados a distintas autoridades; por otra, las quejas de los empleadores en contra de las prácticas adoptadas por algunos jornaleros fueron cosa frecuente. En síntesis, hasta finales de la segunda década del siglo XX la demanda de mano de obra para trabajar en la industria del café fue en aumento, pero sin una mejora concreta en sus condiciones laborales, lo que originó que, en las regiones de Soconusco y Sierra Mariscal, espacios donde la industria cafetalera tiene hasta la actualidad particular importancia, el proceso de organización de los obreros cobrara relevancia. Ahondando en el aspecto del cumplimiento de los requerimientos legales, es preciso preguntarse cuáles eran los criterios utilizados para determinar cuánto debía pagarse por jornada de trabajo. En lo relativo al monto establecido del salario mínimo -y en el siguiente caso hablamos de trabajadores que desempeñaban sus labores en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y sus inmediaciones-, cada año se convocaba por parte del municipio de la ciudad a la “Comisión Especial Para Fijación del Salario Mínimo”,²⁷ instancia creada a partir del artículo 414 de la Ley del Trabajo de la época, la cual establecía que debía existir una comisión en cada municipio del estado.²⁸ Ésta determinaba, de acuerdo con criterios muy sui generis, el monto a pagar. A continuación, menciono algunos de los criterios utilizados:

Considerando que el peón o jornalero se sostiene sin ningún sacrificio con los productos de sus tierras… que la vida de los peones o jornaleros la sobrellevan sin ningún sacrificio, bajo las costumbres que tienen establecidas y se conforman sin perjuicio alguno con el salario que han estado acostumbrados devengar y que sólo les sirve para sus vicios y no necesidades que cubrir en el curso de la vida…²⁹

Como se puede apreciar, aunque en la reunión existía una persona que representaba a los trabajadores, los criterios utilizados se decantaban a favor del sector patronal, dejando a los obreros al arbitrio de los intereses de sus contratantes. El texto citado puede servir de referencia para identificar la brecha que separaba a los indígenas de sus contratantes. Resultado de la reunión referida fue la instauración de un salario mínimo de 50 a 60 centavos diarios para los jornaleros del campo y de 50 a 75 centavos diarios para los peones empleados en la ciudad.³⁰ Para tener una referencia de cuánto representaban los pagos realizados, puedo mencionar que para febrero de 1930, es decir, un mes antes de dicha reunión, se estableció el sueldo de un peso diario para un “maestro de circuito”, 2.50 pesos diarios para maestros en “poblaciones importantes” y 4.50 pesos diarios para los directores de “escuelas elementales de cabecera de distrito”.³¹ Cabe aclarar que los sueldos fijados para jornaleros fueron resultado de una junta en el nivel municipal, mientras que en el caso de los maestros fue una determinación acordada por el gobierno estatal.

De cualquier forma, ambos casos muestran un fenómeno que debe ser considerado. Si tomamos en cuenta las referencias de los pagos acordados por “caja de café o jornada de trabajo” en las fincas cafetaleras a principios de la década de los años 20, observamos que a finales de la misma década no hubo una gran variación en relación con los pagos por jornada laboral; sobre este punto, Erasto Urbina refiere que para 1932, año en que asistió a una inspección de las condiciones laborales en las fincas cafetaleras, el promedio general era de 80 centavos por jornada de trabajo, es decir, prácticamente sin variación, tomando como referencias los contratos analizados.³²

Los primeros años del movimiento obrero en Chiapas

Ciertamente las condiciones generales que enfrentó la causa proletaria de Chiapas, sobre todo al principio de la década de los años veinte durante el gobierno de Tiburcio Fernández Ruiz (1920-1924), estuvieron lejos de ser un modelo que promoviera la defensa del sector obrero del campo y la ciudad; eran más bien lo contrario. Sólo considerando un panorama adverso a las causas a favor del trabajador podemos entender que, no obstante los logros alcanzados en materia laboral a partir de la promulgación de la constitución de 1917, en Chiapas no se desarrolló un mayor número de instituciones defensoras del sector proletario en los primeros años del periodo posrevolucionario. Una vez más la particular ubicación geográfica del estado coadyuvó a que el arribo y la difusión de ideas de corte socialista y promotoras de la causa proletaria fuera lenta y tuviera en las regiones del Soconusco y Sierra Mariscal sus principales ejes de difusión, esto debido al desarrollo de la industria del café en dichas demarcaciones, empresa que exige, por su propia naturaleza de comercialización, el contacto con referentes internacionales. Al observar detalladamente el lento proceso de la lucha obrera en la entidad durante los años veinte del siglo pasado, detectamos una vinculación entre los grupos de trabajadores y campesinos con figuras destacadas del acontecer político como Carlos A. Vidal y Raymundo Enríquez, personajes que desde la titularidad del Ejecutivo estatal marcaron la dinámica y el ritmo de estos movimientos. De este modo podemos identificar el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario en 1929 como un factor que favoreció la separación de los movimientos obreros del campo y la ciudad del entorno estatal, vinculando estos movimientos con una institución representativa. No obstante, esto se tradujo en una circunstancia que patrocinó el enquistamiento de dichos grupos dentro de la estructura partidista.

En este orden de ideas, cuando nos interesamos en los inicios de la estructuración del movimiento obrero en el territorio chiapaneco, dos referentes son sustanciales: primeramente, la Ley de Obreros de 1914 y posteriormente el surgimiento y trayectoria del Partido Socialista Chiapaneco (PSCh). La Ley de Obreros fue promulgada el 30 de octubre de 1914 por el general Agustín Castro, comandante al mando del batallón del Ejército Constitucionalista que tomó el control de la plaza de Tuxtla Gutiérrez en septiembre del mismo año (1914), en dicha ley se fijaba una “tarifa para el pago diario” y se cancelaban las deudas de los trabajadores, medida que estaba encaminada a eliminar los créditos adquiridos en las tiendas de raya de las fincas, e igualmente se eliminaban los castigos corporales.³³

Es importante destacar que en la legislación señalada no se estipulaban cuántas horas debía trabajar un obrero para cubrir el salario de un día, aspecto que cobró particular importancia en el contexto internacional a partir de la Convención de Washington de 1919; aun así la Ley de Obreros ayudó al establecimiento de un referente de salario mínimo por jornada de trabajo en el territorio chiapaneco.³⁴ En referencia a lo anterior se puede apreciar que las condiciones de pago y tiempo de la jornada laboral para el obrero y el campesinado chiapaneco en épocas anteriores a la promulgación de la Ley de Obreros quedaban al arbitrio de los patrones y finqueros, quienes además aplicaban castigos corporales a sus empleados, castigos que quedaron prohibidos por la legislación referida. Sin embargo, la promulgación de la ley antes citada no eliminó por completo esas acciones, ya que existen antecedentes que advierten de abusos de diferentes patrones hacia sus empleados en épocas posteriores, pero los referentes legales quedaron establecidos como un precedente encaminado a la protección y organización de los obreros y los campesinos chiapanecos.³⁵

Por otra parte, dentro del programa del PSCh se fijaron objetivos tales como promover la dotación de ejidos, la aplicación efectiva del artículo 123 de la constitución de 1917, sobre todo en lo tocante a la duración de la jornada laboral; establecer el salario mínimo y la participación en el reparto de utilidades; estrechar las relaciones con el proletariado mundial; y tomar parte activa en las campañas políticas.³⁶ Como quedó constatado, el activismo político y la vinculación con distintas entidades internacionales fueron aspectos de particular importancia al momento de establecer la agenda del instituto político señalado; subrayo esto porque de igual modo se confirma el interés de nacionales y extranjeros por difundir las ideas de corte socialista con la finalidad de establecer bases de apoyo a sus movimientos. Cabe destacar que el interés del partido no se centraba únicamente en los obreros de la ciudad, sino también en los campesinos, los cuales formaban parte de su estrategia al incentivar, dentro de sus estatutos, el reparto de tierras.

El 13 de junio de 1926, el PSCh sacó a circulación su órgano informativo ^{Alba Roja}. Estableció también en junio de ese mismo año la sede de la Dirección General del Partido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.³⁷ Ambos aspectos deben valorarse en función de los mandos políticos que tenían el control de la administración estatal, me refiero al gobierno de Carlos A. Vidal, ya que el haber establecido la sede en la capital del estado y publicar un periódico son condiciones que nos permiten plantear un entorno general favorable al movimiento obrero. 1926 fue un año en el que la consolidación del movimiento obrero dentro del territorio chiapaneco tuvo un considerable avance al contar con un partido que se caracterizó por su defensa y que contaba con una oficina plenamente identificada y un órgano de difusión. Dicho de otro modo, no era un movimiento clandestino y su existencia era una situación asimilada en el contexto político y social, particularidades que nos permiten pensar que los reclamos de orden laboral, considerando los antecedentes antes señalados como fueron la Ley de Obreros de 1914 y el artículo 123 de la Constitución de 1917, eran parte de un marco de referencia que comenzaba a dar frutos. No resulta fortuito que ambos eventos ocurrieran mientras Carlos A. Vidal ocupaba la titularidad del Ejecutivo estatal, ya que su figura y el citado partido estuvieron ligados desde la fundación de éste.

El apoyo que otorgó el partido socialista a la trayectoria de Vidal se concretó una vez más cuando en septiembre de 1927 no dudaron los directivos del periódico ^{Alba Roja} en publicar notas a favor de la candidatura del general Francisco Serrano a la presidencia de la república, calificando de “traidores y vendepatrias” a quienes apoyaban la reelección de Álvaro Obregón. Debemos recordar que Vidal pidió licencia indefinida a la titularidad del Ejecutivo estatal para coordinar la campaña de Serrano; por lo que tanto, la decisión de Vidal como los estridentes pronunciamientos del periódico tuvieron consecuencias dramáticas a corto plazo.³⁸ La estrecha relación del partido socialista con Vidal quedó confirmada en 1927, cuando el exgeneral carrancista fue fusilado (27 de octubre); fue el mismo año en que el partido socialista se desarticuló en medio de la crisis sucesoria y de los asesinatos de Luis Vidal, hermano de Carlos y su sucesor en la gubernatura, y de Ricardo Alfonso Paniagua, elemento fundador del partido y amigo cercano de Carlos A. Vidal. Tomando en consideración los datos hasta aquí aportados, en el panorama obrero, para el caso chiapaneco, en 1927 podemos identificar una tendencia a favor de la consolidación de los diferentes contingentes de trabajadores del campo y la ciudad, aunque en función de las condiciones propias del entorno chiapaneco hasta ese momento no existía una plataforma ajena a proyectos personales que favoreciera la continuidad del movimiento obrero de forma autónoma o por lo menos que pudiera servir de soporte para que los alcances del referente constitucional se extendieran más allá de las candidaturas y los cargos públicos.

Con base en los puntos expresados, podemos colegir que durante la segunda década del siglo XX en el territorio chiapaneco el nivel de organización de los sectores proletarios era mínimo, lo cual trajo como consecuencia una serie de aspectos que favorecían al sector patronal; de ahí la importancia que tuvo el Partido Socialista Chiapaneco como representante y gestor entre patrones y proletariado y la Ley de Obreros como referente legal que establecía la prohibición de castigos corporales y el pago de una cantidad determinada por el trabajo diario.

Dentro de este contexto debemos iniciar el análisis de los referentes de agrupación que adquirieron importancia a partir de 1929, donde cobró particular relevancia la fundación de partidos políticos y sindicatos en el ámbito estatal.

Los partidos políticos de enfoque obrero

Tomando en cuenta el panorama señalado en relación con la situación del proletariado chiapaneco, mención especial para el fenómeno corporativo merece el caso del PNR, ya que la injerencia de este instituto político en las relaciones establecidas entre los sectores agrario y obrero y las autoridades de los distintos niveles fue un asunto que la directiva del partido procuró atraer a su esfera de influencia; un ejemplo esclarecedor de este aspecto es el siguiente párrafo:

[…] Los campesinos y obreros, que forman la mayoría del pueblo chiapaneco, han respondido muy patrióticamente al llamado que les hiciera el Comité de Estado del PNR, para sacar avante a los Candidatos (sic) sostenidos por los Comités Municipales, candidatos que debían estar plenamente identificados con ellos… Los campesinos, olvidados por Gobiernos (sic) anteriores que han beneficiado a los terratenientes, han encontrado en el Ing. Raymundo E. Enríquez, no a un agrarista, no a un apóstol apócrifo, sino a un fiel amigo que ha vivido entre ellos los mejores años de su vida… Prueba de esa labor noble del Gobierno de Chiapas, es el adelanto moral, material y social que han alcanzado en los dos años escasos que lleva de gobernar… patentizada la fuerza incontrastable que tienen, al militar muy airosamente en las filas victoriosas del Gran Partido Nacional Revolucionario.³⁹

Los elementos primordiales del párrafo anterior son la importancia del proletariado del campo y la ciudad en la vida política de la entidad, el liderazgo mesiánico del gobernador, o en su momento del candidato en turno, promocionado este último como generoso dispensador de favores en defensa de las clases populares y la trascendental labor del partido hegemónico como medio oficial y casi único para materializar los reclamos y reducir las necesidades del proletariado. Este tipo de discurso, que puso particular énfasis en tres factores involucrados: partido, candidato y masa, se convirtió en la fórmula común de las arengas propias del periodo analizado.

En este sentido, las autoridades en turno -y si tomamos en cuenta la definición adoptada en este trabajo de corporativismo-⁴⁰ promovieron desde la esfera federal la instauración del modelo corporativo utilizando como principal herramienta el discurso y recurriendo a la plataforma, en esos momentos en sus primeras etapas, que significó el partido hegemónico. Siendo así que partido, líder y proletariado se erigieron en un patrón recurrente al momento de estructurar propuestas discursivas a favor del régimen posrevolucionario, buscando a través de estos mecanismos posicionar al partido hegemónico como defensor de la causa obrera, gestor primordial de sus reclamos y genuino producto emanado de los sectores populares o revolucionarios que defendía. Todos estos elementos fieles, en permanente situación de reclamantes de tierras y mejores condiciones laborales, fueron la base electoral que dio vida y persistencia al proyecto nacido en 1929 y que promovió la idea de identificar al partido como un garante que avalaba la continuidad de la causa obrera y defendía sus intereses.⁴¹

Incluso en una circular girada a los presidentes municipales y firmada por Matías Rodríguez en su calidad de secretario general del PNR en el estado de Chiapas, se manifestaban como objetivos del partido hegemónico constituirse en “defensor de los intereses de campesinos y obreros”, a la vez que pretendía “prestar todo su apoyo a los representantes… de las agrupaciones obreras y campesinas”.⁴² Esta circular fue elaborada a poco menos de un año de la fundación del partido y permite evidenciar las aspiraciones que el citado instituto político pretendía alcanzar en el imaginario popular. En función de lo mencionado, podemos conocer las bases del discurso que dio soporte a la oferta política del periodo estudiado.

Desde su fundación, el que fue partido hegemónico buscó asimilar las distintas fuerzas que resultaron del proceso bélico entre 1914 y 1920, teniendo como elemento aglutinador la causa revolucionaria. El mismo Plutarco Elías Calles hizo particular énfasis en este aspecto:

[…] Es preciso atraer a muchos de los grupos revolucionarios que hoy se encuentran alejados del Gobierno y que hasta se creen en la oposición. Atraer a esos revolucionarios que forman grupos aislados, que se encuentran en el Ejército, en las organizaciones obreras y campesinas, en todas partes. Con estos elementos, hay que construir el frente revolucionario. No hay que ir desmembrando a la Revolución, destruyéndola. Hay que hacer una sola unidad fuerte para apoyar al Gobierno.⁴³

De esta manera, la propuesta discursiva situó en el centro del contexto nacional la causa revolucionaria y al mismo tiempo propuso como actores primordiales de este fenómeno a los sectores militar, obrero y campesino. Así, la revolución era el aglutinante de los elementos que estaban destinados a dar sustento al gobierno y, a su vez, eran los grupos mencionados los que principalmente se favorecían de la relación establecida.

Asimismo, el caso del partido hegemónico fue una continuación de otros esfuerzos nacidos en el centro de la república que habían intentado incorporar a sus filas a los cuerpos de trabajadores de distintas áreas, sin alcanzar los resultados logrados por el PNR; un ejemplo de ello fue el Partido Laborista Mexicano, instituto político que tuvo participación en el estado de Chiapas, pero sin mayor trascendencia.⁴⁴ De este modo, el PNR se convirtió en pieza primordial del modelo corporativo desde su fundación, teniendo como sus metas el control de las distintas fuerzas político-militares dispersas después de la gesta revolucionaria y garantizar el control de las masas obreras del campo y la ciudad. El surgimiento de partidos y clubes políticos en el entorno chiapaneco, desde el periodo de la revolución, la mayoría de las veces estuvo ligado con la candidatura de algún personaje a cargos de representación, principalmente a la titularidad del Ejecutivo estatal y federal. Los ejemplos son muchos y generalmente se desintegraban una vez pasadas las elecciones.⁴⁵ En el caso del PNR, hablamos de la creación de un instituto político erigido en función de un proyecto a largo plazo y no sólo para enfrentar un único proceso electoral; este partido además tuvo como principal objetivo aglutinar fuerzas a favor de la consolidación de un determinado modelo de Estado que tuvo como característica el control de las grandes centrales obreras (Confederación de Trabajadores de México) y agrarias (Confederación Nacional Campesina) desde el pináculo del poder político, es decir, la presidencia de la república.

Por otro lado, el modelo aplicado por el PNR sirvió para que otros grupos replicaran la dinámica establecida entre trabajadores y autoridades, y de esa forma consiguieran constituirse como fuerzas dentro del sistema político en el ámbito regional; dicho de otro modo, paralelo al proceso de empoderamiento del partido promovido desde la esfera federal surgieron otros partidos de relevancia local que, aprovechando las condiciones del proletariado chiapaneco, se presentaron como rutas alternas de representación y gestión frente a las autoridades obrera y agraria. Ejemplos de esto son la Unión de Partidos Revolucionarios del Estado de Chiapas, la Asociación de Obreros Libres de Tapachula y la Unión Socialista Integral Chiapaneca.⁴⁶

Los citados referentes hacen patente la necesidad que manifestaba el trabajador chiapaneco de encontrar canales de vinculación entre las fuerzas proletarias y las autoridades de los distintos niveles; de esta forma se expresó la búsqueda de representación y gestión que grupos determinados supieron cooptar, siendo el partido hegemónico el más destacado y exitoso, al menos en este sentido. Fue así como se logró instaurar una dinámica que, en función de los avances alcanzados frente a diferentes instancias, reclamó la lealtad de los obreros en los procesos electorales. Cabe señalar que se dieron casos, como el de la Unión de Partidos Revolucionarios del Estado de Chiapas (UPRECH), que con el correr del tiempo se incorporaron a las filas del PNR sin haber sido una condición generalizada.

En relación con los aspectos abordados, merece mención aparte la Confederación Socialista de Trabajadores de Chiapas, la cual tuvo vigencia durante el periodo de gobierno de Carlos A. Vidal (1925-1927). Esta agrupación abiertamente había dicho al gobernador que “se sirva dar preferencia en los empleos de la oficina… a los compañeros socios”, esto a manera de cobro de favores por el apoyo que Vidal recibió por parte de la agrupación durante el accidentado proceso sucesorio que derivó en su toma de protesta al cargo de gobernador. No existen datos que permitan afirmar que esta confederación procurara el beneficio de la clase trabajadora en general; dicho de otra manera, no intervino con iniciativas a favor de mejoras salariales u otras prestaciones, a lo sumo cumplió una función de “agencia de empleos” para sus agremiados.⁴⁷ Como contraparte de las acciones ejercidas por la Confederación Socialista de Trabajadores de Chiapas, podemos citar el caso de la UPRECH, agrupación que, al igual que ocurrió con el PNR, manifestaba como objetivos de su causa el patrocinio “a los obreros y campesinos en todas sus gestiones, tanto para dotación de tierras como para todas las demás que se les ofrezca”.⁴⁸ Como es posible observar, la organización pretendía convertirse en mediadora entre la clase obrera y las autoridades de los distintos niveles, ofreciendo sus recursos y representación; su objetivo era incluir en sus filas a la mayor cantidad posible de agremiados que pudieran convertirse, en futuras contiendas políticas, en una base electoral para abrirse espacios en el horizonte político.

La formación de sindicatos en el territorio estatal empezó a tener cierta resonancia a partir de 1929, así lo señala una nota publicada en noviembre de 1936,⁴⁹ pero su periodo de mayor crecimiento se puede ubicar a partir de 1934. Asimismo, a partir de 1930 los órganos de gobierno empezaron a reconocer el peso y la presencia de las distintas organizaciones de naturaleza obrera y campesina dentro del panorama local en función de ser requeridas y mencionadas en diferentes eventos públicos o causas con trasfondo político, situación que no era común anteriormente, a menos que fueran arengas políticas en busca del voto.⁵⁰

Conclusiones

Valorando los aspectos antes citados es posible afirmar que durante la segunda década del siglo XX, en el territorio chiapaneco se mantuvo en operación una estructura económica y política de matriz oligarca que se beneficiaba de prácticas de explotación laboral encaminadas a la acumulación de capital y que perpetuaban formas de control propias del Porfiriato, las cuales generaron condiciones que por una parte obstruyeron la abierta difusión de ideas de corte obrero y, por otra, favorecieron el liderazgo de elementos de origen castrense que vincularon su agenda personal del ejercicio político en relación directa con la organización y desarrollo del movimiento obrero, siendo el mayor ejemplo de esta situación el caso de Carlos A. Vidal.

De igual manera se destaca que de 1929 a 1936 se aplicó desde la esfera federal una política que enfocó su esfuerzo en la organización de agrupaciones obreras, la integración de éstas dentro del PNR y la asimilación en el ámbito político y laboral de una estructura de control que, teniendo su origen en el gobierno federal, estableció la preponderancia de un líder nacional al mando de las fuerzas obreras y militares, condición que primeramente recayó en Plutarco Elías Calles en su calidad de Jefe Máximo y, a partir de 1936 tras la expulsión de Elías Calles, en el titular del Ejecutivo federal a cargo de Lázaro Cárdenas del Río. Por lo anterior, los factores que favorecieron la integración del movimiento obrero en calidad de fuerza política estuvieron enmarcados por un proyecto de centralización del mando que utilizó el modelo corporativo como estrategia de control del proletariado contando con una plataforma, me refiero esencialmente al PNR y a los distintos cuerpos emanados de ese instituto político, el cual diversificó sus funciones más allá del plano de la representación en vistas de la integración del mayor número posible de elementos dentro de sus filas, a la vez que fomentó la integración de un orden piramidal altamente disciplinado en vinculación con la imagen del titular del Ejecutivo federal, siempre a través del PNR.

En este sentido, al control ejercido por las oligarquías regionales en los grupos jornaleros, el mando federal añadió el impulso a la creación de un frente proletario que estableció lazos a través de los cuerpos emanados del partido hegemónico con la presidencia de la república. Así, las bases del movimiento asalariado que respaldó y se benefició de las políticas instauradas durante la presidencia de Lázaro Cárdenas tuvieron su origen en las prácticas originadas durante el Maximato. En este sentido, el cardenismo operó como periodo de consolidación de los controles de los diversos grupos de trabajadores desde la esfera federal. Ciertamente la defensa de la causa fue un garante que justificó las políticas instauradas a favor del trabajador chiapaneco, pero, en contraparte, los métodos instituidos limitaron el desarrollo del movimiento a los intereses pautados desde la presidencia de la república, a favor de la continuidad sistémica.