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Lo que ocurre es que la protección a la
vida y a los bienes la imparten aquí los más violentos,
los más inmorales, y eso convierte en una especie
de instinto de conservación la inclinación de casi
todos a aliarse con la inmoralidad y la violencia.
Observa a la policía mexicana: en los grandes
momentos siempre está de parte del malhechor
o es ella misma el malhechor.
Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo
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Durante la década de los veinte la corrupción gubernamental tomó grandes dimensiones. Ésta emanaba desde la silla presidencial y extendía sus tentáculos hasta llegar a los confines más recónditos de las calles. A comienzos de 1925, en la ciudad de México, una editorial de El Universal advirtió azorada sobre la probable colusión entre gendarmes y criminales: “si no ya la lenidad, sino la acción criminal se comprobase que ha existido como sistema en nuestra institución policiaca, ¿qué grado de abyección, de vertiginoso descenso no habrán alcanzado entre nosotros las instituciones no ya directamente impartidoras, sino auxiliares de la justicia?”1
La Policía capitalina constaba de una inspección general y de cuatro cuerpos policiacos. Dentro de estos últimos, las comisiones de seguridad se encargaban de la investigación de los delitos ya consumados y de la aprehensión de sus ejecutores.2 La gendarmería montada vigilaba los caminos que conducían a la ciudad. La gendarmería de a pie patrullaba las calles de la capital con el afán de evitar delitos y faltas. Los bomberos generalmente llevaban a cabo labores de auxilio, aunque también se les llegaba a requerir como apoyo para la represión de manifestaciones ilegales o violentas. El Departamento de Tráfico también pasó a ser una dependencia de la Inspección General a partir de 1926. Éste tenía la tarea de mantener el control vial en el distrito, así como de levantar multas y amonestaciones a los conductores de vehículos. Durante los años veinte la ciudad de México se encontraba dividida en diez demarcaciones, cada una de las cuales contaba con su propia comisaría.
Si bien la historiografía ha dedicado diversas investigaciones a la corrupción existente durante la reconstrucción posrevolucionaria,3 se ha escrito muy poco sobre el desarrollo de actividades ilegales dentro del sistema policiaco capitalino. A mi parecer, esta falta de interés refleja la arraigada mentalidad que ve a la Policía como una institución servil a los intereses del Estado. En este sentido, explicar uno conduce por deducción al esclarecimiento del otro.4 Al partir de una premisa según la cual los cuerpos de Policía están conformados por sujetos sumisos se pierde de vista la complejidad del tema. En este tenor, Diane E. Davis menciona que “algunas veces las acciones de la Policía provienen de una lógica propia, independiente de las directrices del liderazgo del partido-Estado”.5 Con tal aseveración, la autora nos invita a pensar a la Policía como una institución con sus propios valores e intereses, los cuales no se agotan en una supuesta subordinación al aparato gubernamental.
En los pocos estudios sobre el particular es posible mencionar a Diego Pulido, quien ha centrado sus pesquisas en el entendimiento informal (reglas del desorden) establecido entre ciudadanos y gendarmes.6 Diane E. Davis, en el artículo ya citado, se preocupó más por la politización de la Policía durante el periodo, la cual, según su argumentación, inició la deslegitimación del Estado de derecho en México. Para la autora, la creación de la Policía Judicial en 1917, como una respuesta de Carranza al localismo y conservadurismo de la Policía Preventiva capitalina, fue la pieza angular de este proceso.7
En este artículo busco demostrar cómo, más allá de la creación de la Policía Judicial, la absorción de la Policía Preventiva de la ciudad de México por parte de las autoridades federales del país fue el fenómeno que inauguró la conformación de un sistema policiaco cuyas cartas distintivas fueron la corrupción y la impunidad.
He repartido la información conseguida en tres perfiles: los intocables, los sacrificados y los impostores. Estas categorías hacen referencia a los grupos en los que, a mi parecer, se sostenía la corrupción policiaca en los años veinte. Los intocables formaban parte de aquellos individuos que, dueños de los cargos administrativos más altos en la Inspección, no recibían castigo por sus acciones desviadas de las normas. Los sacrificados reúnen a todos aquellos gendarmes que fueron despedidos de la institución tras campañas supuestamente moralizantes. Sus prácticas corruptas, muchas de las cuales eran coordinadas por los jefes mayores, no fueron las que sentenciaron sus destinos, sino la necesidad de hacer parecer que se lidiaba con los abusos y la ilegalidad presentes en la corporación. Los impostores fueron aquellos individuos que, bajo el cobijo de cargos que en realidad no sustentaban, lucraban utilizando a la justicia como amenaza.
La corrupción, por su carácter ilegal, suele escapar al registro documental oficial. Por ello, las fuentes utilizadas en este artículo son diversas. Además de archivos administrativos, entre los cuales destacan los informes confidenciales, me he acercado a publicaciones hemerográficas. Los periódicos capitalinos contienen entre sus páginas múltiples testimonios de extorsiones policiacas.8 Ana María Serna menciona que los diarios tienen la capacidad de transmitir y producir opiniones. Lograr que los diarios reprodujesen la opinión de las cúpulas gobernantes, transformándose así en órganos oficialistas, fue un objetivo muchas veces alcanzado. En cambio, cuando la prensa divulgaba los pareceres propios de sus dueños y reporteros, produciendo con ello opiniones originales, las alarmas se encendían.9 Para combatir las críticas en su contra, la Inspección General optó por crear su propio medio de difusión. La Revista de Policía, resultado de dicho interés, contó con treinta y tres números editados entre octubre de 1925 y agosto de 1927. Con ella he logrado detallar los proyectos que tenía la Inspección para profesionalizar y moralizar a sus tropas.10
Los intocables
Si se tuviera que elegir un término para designar a las autoridades del país durante los años veinte, me parece que no existe ninguno mejor que el de doble moral. Las posturas oficiales entraban constantemente en conflicto con las acciones que se emprendían en la cotidianidad. Las regulaciones sobre las bebidas alcohólicas, juegos de azar y la prostitución quizá sean el mejor ejemplo de ello. Todos ellos eran estigmatizados y colocados dentro de los vicios más nefastos de la humanidad. Resulta extraño que muchos de los componentes de la élite gobernante tuvieran un historial sumamente cercano a ellos. Francisco R. Serrano, quien era uno de los principales candidatos para suceder a Calles en la presidencia y que además ocupó el cargo de gobernador del Distrito Federal en 1926, era conocido por su afición desmedida a las drogas, a las mujeres y a las apuestas. Incluso Álvaro Obregón lo ayudó a finiquitar una de sus deudas de juego con dinero proveniente de la Tesorería Nacional.11 El mismo Calles se vio relacionado con los vicios del bajo mundo cuando asistió a una de las orgías ofrecidas por Morones en la Quinta Tlalpan.12
Más allá de las afinidades personales hacia ciertos pasatiempos, es importante poner sobre la mesa las formas en que los componentes del gobierno se enriquecieron invirtiendo y recibiendo sobornos de los dueños de ese tipo de mercados. Aprovechando su posición política, muchos gobernadores amasaron grandes fortunas a través de casinos, cantinas y garitos. Abelardo Rodríguez y su monopolio del vicio en el Distrito Norte de la Baja California es el caso más paradigmático.13
En la ciudad de México, José Mascorro, primer jefe de las comisiones de Seguridad, fue quien más se benefició en el rubro. Encomendado a clausurar algunas casas de asignación, Mascorro pudo hacerse de un capital extra a su sueldo como policía. En una de ellas, bajo la condición de no llevar a cabo su tarea, obtuvo mil pesos y un anillo con brillantes. En otra, tras haber detenido a ocho mujeres, recibió 850.00 pesos para no recluirlas en prisión. Antes de liberarlas, dejó que varios de sus agentes abusaran sexualmente de ellas. Aunado a ello, el líder de la Policía Reservada solicitó 2000.00 pesos a un grupo de apaches (proxenetas) para tolerar el trabajo de sus mujeres en las calles. Las sustancias ilegales también formaban parte en el horizonte de sus negocios. Un chino le pasaba 200.00 pesos para poder vender drogas en su tabaquería ubicada en el segundo callejón de Dolores. Más escandaloso aún, en otro momento encargó a algunos de sus agentes la venta de medio kilogramo de opio obtenido tras una aprehensión.14
La información anterior es parte de un informe confidencial hecho en junio de 1925 por un agente secreto y entregado a Martín F. Bárcenas, entonces inspector general de Policía. Increíblemente, al menos bajo el amparo de una postura ética, Mascorro fue uno de los pocos miembros de la corporación que conservaron su puesto tras la depuración que el general Roberto Cruz realizó en 1925 tras su llegada a la dirección de la Inspección General.
Valente Quintana, jefe de las comisiones de Seguridad antes de Mascorro, igualmente contaba con inversiones en el rubro de la prostitución. Según otro informe anónimo, era dueño de una casa de asignación ubicada en la calle de la Libertad número 61. Los agentes de la Reservada, en ese caso, eran utilizados para llevar las cuentas de los asistentes y para reclutar mujeres de otros burdeles de la capital. Junto con el inspector general Pedro J. Almada y Pablo Meneses, quien ocupaba el puesto de secretario general de la Inspección, hizo negocios con el dinero recuperado de robos, con las ganancias de contubernios con bandas criminales, utilizando a los agentes de Policía como empleados particulares y registrando numerosos aviadores en la nómina de la corporación.15 Los diversos negocios de estos tres hombres pusieron en peligro su aurora de impunidad. La información salió a la luz y protagonizó varias páginas de los periódicos capitalinos. La vigilancia de la opinión pública puso en marcha un proceso jurídico en contra de Quintana y Meneses. Los diarios de la capital hicieron un seguimiento puntual del caso entre los meses de febrero y abril de 1925.
Los inculpados negaron todos los cargos que se les imputaron, a los cuales se sumaron los de intimidación y tortura a quienes declararon contra ellos. Impulsado por la solidaridad hacia sus ya en ese momento excamaradas, Pedro J. Almada intercedió por ellos, declarando en su favor. No obstante, tras observar los sinuosos derroteros que tomaba el caso, se retractó. En una de sus notas, El Gráfico analizó el callejón sin salida en el que se encontraba el inspector. “Si el jefe de la Policía se coloca en el lado de Gobernación y condena a sus antiguos colaboradores, se condena a sí mismo. Y si viceversa, no hace más que hacer su propia defensa. En este caso, a pesar de la última onda fría, no cabe hacer lo que la zorra del cuento, que cuando no le conviene oler, tiene catarro”.16 El escándalo no fue suficiente para una resolución ejemplar. El proceso se desgastó y Quintana y Meneses fueron declarados inocentes por falta de pruebas. El primero incluso regresó a la Inspección en 1928 bajo el mandato de Antonio Ríos Zertuche. No conforme con ello, Quintana ascendió en la escala y se transformó en jefe de Policía de la reformada Jefatura de Policía del Distrito Federal.
¿Por qué muchos de estos altos mandos eran protegidos? La respuesta parece encontrarse en el hecho de que muchos de ellos servían a las ambiciones de las autoridades federales por centralizar el poder político. Primero que nada, hay que mencionar que la mayor parte de estos altos mandos formaban parte de los cuerpos castrenses del país. Durante el periodo que toma en cuenta esta investigación, los dirigentes de la Inspección General fueron los siguientes: general Pedro J. Almada (11/07/1921-3/03/1925), coronel Martín F. Bárcenas (4/03/1925-31/08/1925), general de división Roberto Cruz (1/09/1925-17/07/1928), general de brigada Antonio Ríos Zertuche (18/07/1928-30/11/1928) y el general de brigada Lucas González (1/12/1928-14/03/1929).
La tendencia militarista en la reforma policiaca fue un completo revés al proceso civilista que el organismo sufrió durante el Porfiriato. Si tiempo atrás la toma de las riendas del aparato policiaco por elementos civiles había sido considerada como un momento en que se hacía patente “la protección constitucional contra un gobierno arbitrario y autoritario, las nociones de soberanía popular y de igualdad, estipuladas por la ideología liberal”,17 ¿cómo podría entenderse el abrupto cambio ocurrido durante los veinte? La respuesta a esta pregunta se bifurca en la consideración de dos situaciones muy diferentes. La primera de ellas fue la que se manejó oficialmente y que tenía que ver con la indisciplina de la corporación y los difíciles obstáculos que enfrentaba la capital en el rubro de la seguridad pública. La segunda recaía en el escenario en que se encontraba el ejército tras la Revolución.
Al llegar al mando de la Inspección General, Roberto Cruz llevó a cabo una depuración enérgica de los altos mandos policiacos. De estos últimos solamente el coronel José Mascorro y el civil José Morales conservaron sus puestos como primer y segundo jefe de las comisiones de Seguridad. Dos de los puestos más importantes de la institución, los de comandantes de la gendarmería de a pie y de la gendarmería montada, fueron distribuidos respectivamente a los generales brigadieres Antonio Gómez Velasco y Jesús Palomera López. Otorgar un mando militar a los cuerpos de gendarmería fue justificado en la necesidad de que esta última contara con la instrucción militar, la organización, la moralidad y la disciplina necesarias. Estos elementos, a palabras del inspector general, lograrían que sus subalternos fueran “hombres resueltos y de honor profesional que ni se venden ni se acobardan. El bandido que ataque a un policía lleva el riesgo de perder la vida”.18 La creencia era que, ante la podredumbre característica de la vida urbana, un oficial disciplinado militarmente podría escapar de las seducciones criminales y, en casos necesarios, actuar de la forma más brutal para acabar con los problemas que se le presentasen.
El párrafo anterior contiene la versión oficial que amparó la militarización de la institución policial. La versión no oficial puede rastrearse en los componentes militares que pasaron a formar parte de la Inspección General. Todos ellos demostraron su lealtad al régimen obregonista-callista en la rebelión delahuertista. Por lo tanto, eran elementos confiables para el sistema político.19 Aunado a ello, la situación del ejército hacía necesario acomodar a muchos de sus integrantes en otras organizaciones. Este último, como resultado de más de diez años de constantes enfrentamientos, había visto engrosar sus filas de una forma descomunal. Tal fenómeno hizo que un gran porcentaje del presupuesto de egresos de la Nación tuviera como destino el rubro militar.20 Por estos motivos, no resulta extraño ver desfilar a militares en instancias diferentes al ejército. De hecho, hasta cierto punto, la Policía fue un lugar ideal para su llegada.
Cleave Emsley, historiador y criminólogo británico, menciona que los debates alrededor de quién es el encargado de la administración de la Policía han sido un tema constante en las discusiones presentes entre instancias federales y autoridades locales en los estados nacionales. Para el autor, el factor clave para explicar la centralización policiaca es “la escala de la resistencia violenta a la afirmación de la autoridad y la consolidación del Estado. Junto con la naturaleza del gobierno, la estructura definitiva de la policía dependía de acuerdos políticos y tradiciones resultantes”.21
Durante las primeras décadas del siglo XX, en la ciudad de México la centralización adquirió especial relevancia. En ella residían los poderes nacionales. No obstante, hasta 1928 su administración se encontraba bajo los designios de un ayuntamiento local. La solución encontrada durante los años del Porfiriato fue que, siendo subsidiados por los fondos de la Tesorería Municipal, los cuerpos de vigilancia responderían a las autoridades federales.22 A pesar de que la revolución maderista reivindicó la personalidad del municipio libre (devolviéndole con ello múltiples facultades administrativas al ayuntamiento), la subordinación de la Gendarmería Municipal al gobernador del Distrito Federal fue reafirmada en abril de 1917 por la Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales.23
Durante la década de los veinte, el 19 de mayo de 1922, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reglamentación de las atribuciones de los inspectores generales de Policía. En ella es posible observar cómo el servicio de Policía estaba subordinado a la autoridad del gobernador del Distrito Federal. Este último podía exigir responsabilidades a la corporación, designar a los comisarios, proponer la remoción del inspector general y, en casos necesarios, emitir órdenes directas.24
El manejo de la Policía por parte del gobernador del Distrito Federal causó malestar en los regidores del Ayuntamiento de la ciudad. En ciertas actas de cabildo reproducidas en el Boletín Municipal es posible vislumbrar algunos de los choques que existían entre el gobierno local, el gobierno de Distrito y las autoridades policiacas. Gran parte de los problemas provenía de cuestiones económicas y de jurisdicción. Como ya se ha mencionado, la Policía era financiada mediante los fondos del Ayuntamiento. En este punto es importante aclarar que este pago no se realizaba de forma directa. Para que éste fuera llevado a cabo, el Ayuntamiento cedió al gobierno del Distrito Federal la recaudación de algunos impuestos que por ley le correspondían (para el rubro de seguridad, el 30 % de la contribución predial y de patente). A pesar de la existencia de este marco reglamentario, durante los primeros días de 1920 el gobernador del Distrito se negó a pagar el Servicio Médico de Policía, alegando que el Ayuntamiento debía hacerlo directamente. Buscando no ceder tan fácilmente sus derechos, el Cabildo llegó a la determinación de negociar directamente con el presidente de la República. No obstante que el Ayuntamiento se negó a que le adjudicaran el pago del Servicio Médico, su actitud fue de cordialidad, buscando evitar fricciones con el gobernador.25
Tan sólo siete meses después, la actitud de negociación sustentada por el Ayuntamiento comenzó a menguar. En una sesión de Cabildo llevada a cabo el 26 de agosto de 1920, se dio lectura a un proyecto del ejecutivo para aumentar el salario de los cuerpos de gendarmería montada y de a pie. Los regidores Riveroll y Carregha opinaron que era inútil discutir sobre el particular. El primero de los citados manifestó que existía un contrasentido en el hecho de que, a pesar de ser sostenida por los fondos municipales, la Policía dependiese del poder Federal: “mientras la Cámara de Diputados no trate el asunto de que la Policía sea pagada por el Gobierno de Distrito, todo lo que nosotros hagamos en este sentido es en vano: si nos oponemos a que la Policía gane ese sueldo, el sueldo le será asignado a la Policía y le será pagado”.26
Los roces generados por las constantes invasiones de la Policía y el gobernador a diversos asuntos que por jurisdicción le correspondían al Ayuntamiento causaron aún más irritación en los miembros del Cabildo. En enero de 1923, Jorge Prieto Laurens, entonces presidente municipal, envió una carta a Obregón para informarle de algunas acciones arbitrarias emprendidas por la Policía de la ciudad bajo el amparo del gobernador. En concreto, se quejaba de que el comandante de Policía de la tercera demarcación había desalojado a más de 300 locatarios establecidos en el exterior del mercado de la Lagunilla, remitiendo a la comisaria a los encargados de los puestos y haciéndoles pagar una contribución al Gobierno del Distrito para la reapertura de sus negocios. Prieto Laurens explicó en el escrito que, según la Ley de Organización del Distrito y Territorios, el Ayuntamiento era el único capacitado para permitir el establecimiento de ese tipo de comercios. La lectura de esta carta en el cabildo dio paso a múltiples quejas de los demás regidores sobre el asunto, las cuales pasaron desde la existencia de dos inspectores de espectáculos en la ciudad (uno del Ayuntamiento y otro del Distrito) hasta el cobro de multas que hacía el Gobierno del Distrito por infracciones levantadas a vehículos y a expendios de bebidas alcohólicas (cuestiones de las que también estaba a cargo el Ayuntamiento).27
La superposición de autoridades fue aprovechada por la incipiente política centralizadora posrevolucionaria para ir minando las facultades del Ayuntamiento hasta hacerlo desaparecer en 1929 (y con ello mermar a los grupos de oposición que se refugiaban en ellos).28 Más allá del conflicto político entre autoridades locales y federales, las situaciones narradas generaban un gran malestar en los habitantes de la metrópoli. Estos últimos, confundidos, se encontraban a merced de múltiples cobradores “oficiales” que absorbían un porcentaje considerable de sus ingresos.29
La centralización del mando policiaco en la ciudad de México se acentuó aún más con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia del país en 1924. Nominalmente la corporación seguía respondiendo al gobernador; en la práctica, el presidente era quien imponía sus condiciones. En sus memorias, Roberto Cruz hizo patente esta situación al plasmar una llamada que recibió de Calles en 1925. Después de ofrecerle el cargo de inspector general de Policía, relata Cruz, el presidente le comentó que “usted dependerá directamente de mí, y solamente de mí recibirá órdenes; no dependerá del gobernador del Distrito”. Con orgullo, Roberto Cruz concluyó su remembranza de la siguiente manera: “Yo no la llamaba Inspección General de Policía, sino Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que yo dependía del presidente, y tenía acuerdo con él como cualquier ministro”.30
La búsqueda del líder del ejecutivo por controlar la Policía capitalina fue más allá de un acuerdo personal con el inspector en turno. Un memorándum firmado por el gobernador del Distrito Federal y fechado el 7 de septiembre de 1925 da cuenta del deseo de Calles por la creación de un Departamento de Policía dependiente de la Presidencia de la República. En este documento, el gobernador le informó a Calles acerca de los artículos constitucionales que debían ser reformados para poder crear dicha institución. Al intuir lo complicado que sería lograr las reformas necesarias en el Congreso de la Unión, el gobernador mencionó la posibilidad de alcanzar los fines propuestos mediante un acuerdo presidencial que demostrase convenir a los “intereses generales”.31
Si bien el Departamento de Policía concebido por Calles no logró materializarse, vale la pena reflexionar acerca de los motivos que lo llevaron a considerar necesaria la centralización del mando policial en la capital. Un caso paradigmático para desentrañar esta incógnita es el inicio del conflicto religioso en 1926. El jefe máximo, sumamente molesto por las “sediciosas” declaraciones del arzobispo Mora y del Río acerca de los artículos 3, 5, 27 y 130 de la Constitución, encomendó a Roberto Cruz la clausura de conventos y seminarios, así como evitar manifestaciones de culto y la expulsión de sacerdotes extranjeros. Tiempo después, tras un atentado dinamitero en Chapultepec contra Obregón, Calles, con la intención de poner un ejemplo de la mano dura del gobierno y sin respetar las formas apropiadas, ordenó fusilar sin previo juicio a Luis Segura Vilchis, Miguel Agustín Pro y Juan Tirado en las instalaciones de la Inspección General de Policía.32
Otro ejemplo sobresaliente en el uso que los presidentes del país dieron a la Policía puede verse en el asesinato de Francisco Field Jurado. Senador por Campeche en la legislatura de 1923, Jurado fue uno de los principales líderes opositores a la conformación de la Convención Especial de Reclamaciones formada por las conferencias de Bucareli.33 Su labor estratégica fue evitar el quórum necesario en el Congreso para la aprobación de la Convención. El 23 de enero de 1924, al salir del Congreso, Jurado fue seguido, acorralado y asesinado por cinco individuos. Por si fuera poco, Ildefonso Vázquez, Francisco J. Trejo y Enrique del Castillo, senadores también de la oposición, fueron secuestrados el mismo día. Las sospechas recayeron sobre Luis N. Morones, líder de la Confederación Nacional Obrera Mexicana (CROM) y fundador del Partido Laborista Mexicano, quien días antes había acusado a Jurado de apoyar la rebelión delahuertista y lo había amenazado. Adalberto Gómez Jáuregui, juez primero de lo penal, hizo declaraciones en contra de la Inspección General de Policía, acusándola de proteger a los homicidas y de no poner mayores esfuerzos en las investigaciones del caso.34 La muerte del senador quedó impune. En su narración sobre el acontecimiento, John W. F. Dulles reproduce una carta que Obregón le mandó a Morones en la cual se puede percibir que el entonces presidente fue consciente de la responsabilidad del líder obrero sobre el asesinato.35 En esta omisión la complicidad de las autoridades policiacas con los líderes del ejecutivo se vislumbra como clara.
La politización de la Policía fue consecuencia del uso que las autoridades federales hicieron de ella para reprimir manifestaciones contra el régimen y para vulnerar las atribuciones municipales. Diane E. Davis argumenta que la toma de partido de la Policía durante la década de los veinte fue una de las piedras angulares en el resquebrajamiento de la seguridad pública en México. En sus propias palabras, “los cambios jurídicos y organizativos de la Policía en la ciudad de México durante el periodo posrevolucionario fueron la metáfora de le ‘pistola homicida’ en el crecimiento de la delincuencia, la impunidad y el deterioro del Estado de derecho”.36 La explicación de la metáfora planteada por Davis es la siguiente: ya que la Policía contribuyó enormemente a la “pacificación” de la ciudad, siendo con ello muchas veces cómplice en lo que hoy tendríamos a bien llamar crímenes de Estado, las autoridades le brindaron un amplio margen de maniobra para sus actividades diarias. Según la autora, tal situación fue aprovechada con fines de abuso de autoridad y enriquecimientos ilícitos. Es interesante reparar en cómo el Estado mexicano, al consolidar un fuerte control sobre el aparato policial, perdió al mismo tiempo la capacidad de exigirle una rendición de cuentas claras. La impunidad, al final de cuentas, sólo puede generar más impunidad.
Seguramente la corrupción era moneda común en las esferas dirigentes de la Inspección. La ausencia de casos conocidos es más prueba del encubrimiento que de la moralidad de los altos mandos. En sus memorias, Roberto Cruz refiere que, al momento de tomar posesión de su cargo como líder policiaco en 1925, uno de sus amigos cercanos le ofreció un negocio jugoso. “Tú estás haciendo aquí el papel de pendejo, deja en mis manos el manejo de todo y todos los días en la mañana te traigo treinta mil pesos en oro”.37 Como era de esperarse, la remembranza del general terminó en una negativa al ofrecimiento y en un testimonio de la pureza de la organización que él comandaba. ¿Autoengaño o hipocresía? Lo cierto es que el ofrecimiento bien pudo haber sido hecho por Pedro J. Almada, José Mascorro, Valente Quintana o Pablo Meneses. El general retirado no sufría de lagunas mentales, más bien continuaba interpretando su papel como ex encargado de un puesto administrativo crucial. En sus momentos de gloria en la Inspección también hablaba de moralidad y lucha contra la corrupción interna. Sus campañas de limpieza llevaron al desempleo y a la prisión a muchos comisarios y gendarmes. Estos últimos, que seguramente eran menos ambiciosos que los aquí denominados como intocables, fueron utilizados para legitimar la teórica moralidad de la Policía capitalina y encubrir los negocios de sus jefes. En pocas palabras, fueron sacrificados.
Los sacrificados
La corrupción policiaca, como se ha visto, emanaba desde los altos mandos. No obstante, para llegar a buen puerto, debía pasar por múltiples instancias hasta llegar al gendarme de a pie. Un informe confidencial de febrero de 1925 brinda indicios acerca de la compleja red de complicidades que existía dentro de la Inspección.
El inspector general de Policía es el principal responsable de los mil y un abusos, pues recibe tanto de los comisarios y demás personal de la Policía pues sabe perfectamente las utilidades diarias, pues hay agentes de la Policía que no tienen más economía que recibir las cuotas fijadas de antemano, a casa de prostitución, casas clandestinas de las mismas, llamadas vulgarmente de citas, así como a casas donde se venden drogas de toda naturaleza. […] El agente principal es el jefe de las comisiones de Seguridad, quien trata con los rateros la forma y cantidad que pagarán para seguir robando sin que nadien [sic] los moleste. […] hay tanta podredumbre en todo el personal de Policía, que decirlo no es creíble, todo está muy bien preparado. De jefe a jefe se dicen lo que tienen que hacer y así sucesivamente hasta llegar al gendarme.38
Mario Barbosa defiende que parte de la corrupción de las primeras décadas del siglo XX puede interpretarse como una red de reciprocidades que beneficiaban tanto a las autoridades encargadas de vigilar directamente las calles como a los ciudadanos interesados en esquivar algunos obstáculos legales.39 La categoría de reglas del desorden utilizada por Diego Pulido es sumamente apropiada para acercarse a este tipo de corrupción, ya que hace referencia a las series de acuerdos extralegales que permitieron la mejor convivencia posible dentro de un espacio delimitado.40
Los trabajos de Mario Barbosa y de Diego Pulido están ampliamente nutridos de testimonios en los cuales puede percibirse la negociación entre agentes del orden por un lado y vendedores ambulantes y expendedores de bebidas alcohólicas por el otro. Tal negociación implicaba necesariamente la exclusión o el perjuicio de actores secundarios al trato. El entendimiento de un gendarme con un negocio o pulquería en particular podía acarrear la miseria de los comercios restantes. De igual manera, la complicidad con un sector entero significaba el perjuicio de otros. Por ejemplo, ante el programado cierre dominical forzoso, los dueños de las cantinas del centro de la ciudad alzaron su voz para denunciar la complacencia de la Policía con “tabernas miserables” de las afueras del centro. Expresaron que sólo aceptarían la medida si ellos mismos eran facultados para acompañar a los inspectores del gobierno en sus visitas por la ciudad, “pues de esa manera la posible acción solapadora de algunos miembros de la policía sería ineficaz”.41
La corrupción también existía de forma no negociable. Por su carácter coercitivo, la Policía era capaz de imponer condiciones y tarifas. Quizá el fenómeno más representativo al respecto es el que gira alrededor de la persecución religiosa. Aprovechando el miedo y la vulnerabilidad de los grupos católicos, los agentes de la Inspección obtenían cantidades significativas de dinero y objetos religiosos e históricos tales como pinturas, ornamentos y joyas.42 Las personas acaudaladas, fuesen o no religiosas, también eran víctimas de extorsiones. A mediados de 1924 la extranjera Francisca Olivier fue atropellada. Aunque el accidente fue menor, la mujer fue conducida por el gendarme del crucero a las oficinas de la cuarta comisaría. Allí su estatus cambió de víctima a detenida. Su liberación fue condicionada a la entrega de dinero.43 En 1925, tras sufrir un episodio parecido al de Olivier, Ramiro S. Lugo denunció formalmente al comisario de la octava demarcación y a sus empleados. En su alegato, este hombre declaró que
Durante mi estancia en aquellos calabozos vi que de diez detenidos que estaban haciéndome compañía, a las diez de la noche habían salido diez en libertad, mediante arreglos hechos en mi presencia. […] Dos de los que obtuvieron su libertad en esta forma estaban presos por delitos de sangre, pero los empleados les aconsejaron que, al declarar, dijeran que los heridos habían sido atropellados por un camión. No menos de cien pesos fueron recogidos esa noche, por los empleados de la comisaría, por la libertad de unos presos.44
Los testimonios de Olivier y de Lugo resaltan dos situaciones importantes. En primera instancia muestran una práctica policial recurrente en la cual “hombres y mujeres honrados” eran extorsionados tras ser indebidamente apresados (como se verá más adelante, este modus operandi fue imitado por maleantes que fingían ser agentes de Policía para extorsionar a la población). Por otro lado, también apuntan a que muchos de los detenidos que efectivamente habían cometido faltas graves eran liberados siempre y cuando contaran con los recursos que les permitiesen pagar por ello.
La prensa de la época, como se mencionó en la introducción, es indispensable para llevar a cabo un seguimiento de la corrupción policial. Durante la década de los veinte sus páginas estaban plagadas de episodios con los que se ponían en evidencia las prácticas truculentas de la corporación. La magnitud de los escándalos llevó a una editorial de El Universal a mencionar que, “por mucho que se insista en la corrupción reinante en las comisarías, nunca se expresará la verdad en toda su amplitud. La herencia de impureza, de ignorancia y de abusos se ha venido transmitiendo, indefectiblemente, desde remotos años”.45
La escalada de una opinión negativa en su contra llevó a los altos mandos de la Inspección a emprender diversas medidas para, supuestamente, reformar y moralizar a la corporación. A mediados de 1925, por ejemplo, se informó del proyecto de remover y rotar frecuentemente a todos los comisarios y subcomisarios de las diez demarcaciones de la ciudad de México; ello, con el fin de “evitar que se arraiguen demasiado en un sitio creando intereses”.46 A su vez, también se dio de baja a una considerable cantidad de agentes presumiblemente corruptos. Los despidos se dieron a conocer constantemente en la prensa.47 Las purgas, como se les denominaba en los medios, fueron celebradas por el órgano oficial de la Inspección. “Esta es la verdadera labor: la que comienza por uno mismo, la que, en busca del mejoramiento, impone, como el buen juez del refrán, la justicia comenzando por casa.”48
Para muchos de los oficiales culpados y estigmatizados, la injusticia había imperado sobre sus despidos. Particularmente significativo es el testimonio presente en una carta dirigida en febrero de 1925 a Plutarco Elías Calles por veinte agentes cesados de las comisiones de Seguridad. En el escrito, los firmantes protestaron por sus destituciones arbitrarias y por ser responsabilizados por delitos que no habían cometido. Asimismo, evidenciaron que Alfonso Frías, uno de los principales implicados en los negocios sucios de Valente Quintana y Pablo Meneses, seguía prestando sus servicios en la corporación bajo el mando del nuevo encargado de la Policía Reservada, José Mascorro. La solicitud final fue la siguiente.
Nosotros lo que queremos es que se depure la conducta de estos sujetos y que la autoridad les exija la responsabilidad criminal y que los intereses mal habidos que éstos tienen pasen al poder del gobierno por ser producto de asaltos, plagios y robos de todas las índoles, y que purguen sus crímenes para ejemplo de la corporación, pues nosotros pedimos el castigo de todos los que estén en complicidad con ellos, pues así los que no tuvimos ninguna participación en delitos y que hayamos cumplido con nuestro deber creemos de justicia se nos vuelva a restituir en nuestro empleo, pues ellos mismos señalarán a sus cómplices y los inocentes quedaremos en [el] lugar que nos corresponde, por ser de toda justicia.49
Si es que la tuvo, no logré encontrar la respuesta dada a la carta. La hipótesis más acertada es que la denuncia fue ignorada. Los hombres fuertes de la política mexicana, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, conocían perfectamente los movimientos de sus subalternos. Las corruptelas solamente eran reprendidas cuando sus ejecutores perdían la simpatía de los presidentes o cuando los negocios tomaban el rumbo del escándalo. Al respecto, José Alfredo Gómez Estrada menciona que Obregón y Calles “tuvieron una postura de rechazo a la corrupción en sus discursos políticos, pero hay evidencia de que en la práctica la toleraron de manera selectiva, se beneficiaron personalmente con ella y procuraron también beneficios para parientes, amigos y allegados”.50 Aquí añadiríamos que, para el encubrimiento de la corrupción en gran escala y la protección de los actores responsables de ella, se tomaron a personajes menores como chivos expiatorios.
La gran mayoría de los elementos policiacos llevados a juicio eran gendarmes, es decir, los eslabones más bajos en la jerarquía de la Inspección General. Muchos de ellos eran migrantes del interior del país, tenían un promedio de 30 años de edad, contaban con baja instrucción y pertenecían a las clases populares que se alojaban en las vecindades hacinadas que se localizaban al oriente de la ciudad.51 Partiendo de estas coordenadas socioeconómicas, Pablo Piccato caracterizó a la gendarmería de la época como una organización cuyos agentes sufrían permanentemente de una superposición de identidades. En sus palabras, los gendarmes eran “intermediarios involuntarios entre las políticas públicas y las tradiciones, entre las instituciones y las comunidades, y […] entre los criminales y las víctimas”.52
El perfil real de los policías estaba muy alejado del que en principio se proyectaba para ellos.53 En su tesis de licenciatura Rocío Castillo encontró que el rechazo al empleo de gendarme por parte de los sectores sociales hacia los cuales estaba destinado fue una práctica constante desde el Porfiriato.54 La creación de la Escuela Técnica de Policía en 1923, que en el papel impuso mayores requisitos y beneficios para pertenecer a la gendarmería, no logró modificar esta tendencia.55 Además de ser considerado como un empleo peligroso y degradante, los sueldos de los policías eran sumamente bajos. Durante la década de los veinte éste osciló entre dos y tres pesos. Para empeorar aún más el panorama, durante los años posteriores al alistamiento de los gendarmes se les descontaban 25 centavos diarios o lo suficiente para crear un depósito de 60 pesos (posteriormente de 100). Sólo se les devolvía el dinero si se mantenían dentro de la corporación más de tres años. Esta medida se conocía como enganche y tenía como objetivo evitar las deserciones.
Las defecciones no eran deseadas por la Inspección, pero sí esperadas. Los títulos cuarto y quinto del libro primero de la Ordenanza General de los Cuerpos de Policía de 1922 plasman los procedimientos que se debían seguir para aprehender, reclamar y entregar a los desertores. Es posible tomar algunos de los puntos establecidos allí como una confesión implícita de los movimientos realizados por los gendarmes que huían de su labor. Probablemente algunos de ellos, con el uso de nombres falsos, se enlistaban en compañías diferentes a las que habían pertenecido en su primer ingreso a la Policía. Otros tantos cambiaban la carrera policial por la militar. Sea como fuera, todo miembro de la corporación estaba obligado a perseguir a los desertores. Cualquier omisión o muestra de solidaridad con ellos (resultados que seguramente se producían del compañerismo surgido en el trabajo diario) se consideraba como una falta grave.56
El Archivo General de la Nación resguarda diversos procesos legales emprendidos contra gendarmes por abandono de empleo y robo de prendas a la nación. De todos ellos, he consultado una muestra de 36 juicios. He obtenido dos tipos de datos: el tiempo que tardaban en desertar desde que eran dados de alta en el servicio y la estimación del valor de las prendas robadas. A pesar de ser pocos, me parece que en su conjunto pueden brindar indicios acerca de la movilidad de los gendarmes en la Inspección. De los 36 gendarmes enjuiciados (100%), tan sólo dos permanecieron en sus puestos por un periodo mayor a tres años (5.5%), tiempo obligatorio establecido por el primer enganche. Once de ellos se mantuvieron en servicio por un periodo mayor de un año, pero menor de tres (30.55%). El resto no logró rebasar la barrera de un año (63.88%). De esos 23 casos, hubo un par en los que ni siquiera se superó el límite de un mes (5.5%). Nueve de estos gendarmes no se llevaron consigo el equipo policial (25%). El resto sí lo hizo (75%). El valor más pequeño que se sustrajo fue de 8 pesos; el más alto, de 219.24 pesos.
Dentro de los 36 juicios por abandono de empleo en sólo uno se logró la aprehensión del gendarme desertor. Con el número de placa 836, Adalberto Mejía se mantuvo en servicio del 21 de mayo de 1927 al 12 de septiembre de 1928 en la octava comisaría. Fue detenido en San Luis Potosí. En su defensa alegó que antes de viajar a ese estado solicitó su baja por escrito al cuartel general de la gendarmería de a pie. Explicó también que entregó los objetos supuestamente robados a un portero de la comandancia. Su proceso judicial duró dos meses, tiempo en el cual estuvo recluido en la cárcel general. Al final se le dio libertad provisional por falta de pruebas para determinar si en verdad había abandonado su empleo.57 Mejía fue sustraído de San Luis Potosí y arrastrado a una cárcel de la ciudad de México durante dos meses. No se le declaró inocente y su libertad fue únicamente provisional. Aunque contaba con las suficientes pruebas para demostrar su correcto proceder, la desconfianza imperó en su proceso.
Aunado a su baja cualificación y su tendencia a abandonar el empleo, muchos de los gendarmes permanecían en el servicio aún después de haber cometido varias faltas. La mayoría de ellas eran por no asistir al patrullaje nocturno o por abandonar el punto que debían vigilar. También existían casos en los que se les sorprendía en estado de ebriedad en sus puntos de vigilancia o en las mismas pulquerías.58 La hoja de faltas y castigos del gendarme Porfirio Garrido es sintomática de la movilidad del personal policial. Con 22 años se enlistó a la gendarmería de a pie en marzo de 1912. Tras ser consignado varias veces por encontrarse ebrio en servicio y tras haber ocasionado un escándalo por tocar los senos de varias mujeres durante su ronda de vigilancia, desertó de la Policía a finales del mismo año. Cinco años después, en febrero de 1918, volvió a causar alta en la gendarmería de la ciudad. En su segunda oportunidad se mantuvo en servicio hasta noviembre de 1923, momento en el cual volvió a desertar. Durante ese tiempo, acumuló sesenta y dos faltas en su registro administrativo.59 El historial de Porfirio Garrido demuestra que, en ausencia de prospectos, la Policía recibía en sus filas a muchos individuos con malos antecedentes y que, a pesar de sus múltiples faltas, eran mantenidos en la corporación.
Aun peor, la falta de cuidado en el reclutamiento permitía que criminales anidasen en ella. Una investigación interna llevada a cabo los primeros meses de 1922 reveló que Vidal Flores, antiguo subordinado del criminal porfiriano conocido como el Tigre de Santa Julia, prestaba sus servicios en la Policía Reservada. Después de repasar los antecedentes criminales de Flores, la investigación informaba sobre diversos homicidios presuntamente cometidos por él ya en su periodo como oficial de la Inspección General.60
El perfil de la gendarmería seguramente facilitó su inserción en el corrupto sistema de la Inspección General. En un folleto escrito con el afán de reorganizar el servicio de Policía, el coronel Paulino Fontes esbozó una interpretación del cohecho establecido entre policías y criminales. Según pensaba el coronel,
El cumplimiento del deber para el gendarme representa el peligro de su vida, sin ninguna recompensa material. En cambio, la falta del cumplimiento del deber, especialmente en estos tiempos de corrupción general, le asegura en primer lugar la vida, y le deja de paso, en una sola noche de complacencia, lo que quizá él no recoge en muchos meses de trabajo. Y como el nivel moral del gendarme, no es ciertamente el de un austero e inflexible protector de la sociedad, sino el de un infeliz que se metió a gendarme para no morirse de hambre, prefiere proteger su preciosa vida, haciéndose aliado del ladrón, del asesino o del simple infractor, antes que comprometerla por tres miserables pesos, que no le bastan ni para alimentarse.61
Naturalmente, el coronel Fontes no mencionó que en términos generales la corrupción policiaca estaba coordinada por los altos mandos de la Inspección. Ello era lógico. Responsabilizar a “la falta del cumplimiento del deber” del patrullero de banqueta del fracaso del sistema policiaco brindaba objetivos menores a los cuales atacar. El despido constante de gendarmes, como ya se ha mencionado, fue una práctica corriente. Sus caídas en desgracia fueron el escudo moral de la corporación.
Los gendarmes no sólo eran instrumentos en las jerarquías de corrupción y sacrificio. Ellos mismos eran víctimas de constantes extorsiones por parte de sus jefes. Muchas veces, sin reparar en los servicios que estuviesen dando fuera de sus puntos de vigilancia, se les acusaba de faltistas. En otras ocasiones se solía retirar el Roll (documento para checar las horas de entrada y salida en las comisarías) media hora antes del tiempo límite. Cada falta cometida les significaba horas de detención en los calabozos de la Inspección General y un descuento salarial. En casos de arrestos, se les cobraba una suma por debajo del agua para dejarlos salir con antelación al tiempo asignado para su reclusión.62
Las situaciones irregulares que tenían que ver con dinero y abusos no eran raras en las dinámicas internas de la Policía capitalina. En 1925 una comisión de gendarmes cesados se quejó ante el periódico Excélsior por la no devolución del dinero de su enganche. Todos ellos ya habían cumplido con la cuota de cien pesos, pues trabajaron en la corporación por un periodo de entre ocho y diez años. La Inspección les negó el dinero alegando que todos ellos habían sido suspendidos de sus empleos. Para los ya en ese momento exgendarmes, las causales de su despido habían sido faltas leves o imaginarias y la no devolución de sus enganches sospechosamente irregular.63
Los aspirantes a gendarmes técnicos también sufrían de irregularidades durante su etapa formativa. Según un informe confidencial, Gonzalo García Travesí los obligaba a pagar dos pesos para que pudiesen formar parte de una sociedad denominada “Cooperativa Mutualista de Policía”. Al momento de causar alta en la gendarmería, tenían que comprometerse a seguir contribuyendo económicamente a la asociación, volviéndose su obligación el aporte de cuatro pesos durante todos aquellos meses que durasen 31 días. Renunciar a la cooperativa no era una opción para los agentes, ya que ello les implicaba la posibilidad de ser dados de baja. El destino de las cuotas era incierto. Los técnicos manifestaban que “nadie sabe a qué fin están destinados los fondos que se les descuentan, cuáles son los estatutos de la sociedad ni en poder de quien están llendo [sic] a parar los dineros”.64
Los gendarmes, en fin, eran víctimas y responsables (material y simbólicamente) de la corrupción policial en la ciudad de México durante la década de los veinte. A la presión que las autoridades y la prensa imprimieron en su contra se sumó la existencia de múltiples impostores que, al amparo de uniformes falsos, empeoraron su situación.
Los impostores
Antes de concluir, resulta necesario considerar el problema de los impostores. En la documentación de la época es relativamente frecuente encontrar referencias a inspectores falsos. La Policía no fue ajena a ello. A manera de precaución en abril de 1926 la Revista de Policía informó que Miguel Cárdenas, alias “el Salidor”, se hacía pasar por agente de las comisiones de Seguridad para obtener dinero de víctimas a las que supuestamente arrestaba.65 El procedimiento habitual de dichos individuos era presentarse ante sus víctimas, demostrar una placa que los acreditara como parte de la Policía Reservada y proceder a pedir dinero a cambio de no llevar a cabo la tarea a que estaban encomendados. La cantidad de dinero que solicitaban dependía de la capacidad monetaria que tuviera la víctima. A una vecina de Santa María la Ribera, por ejemplo, lograron estafarle 5 000.00 pesos. Los agentes falsos la amenazaron diciéndole que habían descubierto correspondencia que la vinculaba con la rebelión delahuertista. La carta incriminatoria fue sembrada; su destrucción, negociada.66
Ante los hechos, una pregunta se asoma a la mente. ¿Cómo conseguían los impostores las placas que hacían posibles sus fechorías? La respuesta simple recae en el extravío de las placas por parte de los policías debidamente acreditados y en la existencia y circulación de placas falsas de plomo.67 Sin embargo, la aparición de farsantes encubiertos bajo uniformes legítimos complejiza el panorama. Al parecer, cualquier individuo que estuviese dispuesto a pagar entre 15 y 30 pesos podía adquirir un uniforme y una placa apócrifos. Alejandro Martínez, jefe de la Policía de Tláhuac, era uno de los tantos ofertantes del producto. Tras fabricar los pertrechos falsos, los vendía entre aquellos interesados en cobrar multas y sobornos extralegales en la ciudad de México.68
Un par de casos permiten establecer otra interpretación alrededor de la condición de posibilidad de los impostores. El primero de ellos hace referencia a una joven mujer que fue retenida y violada por un gendarme en mayo de 1925. Convencida de hacer llegar la justicia a su agresor, levantó una denuncia en los juzgados del Distrito Federal. La única referencia palpable que tenía del policía era el número 205 presente en su placa. La violación fue comprobada por los médicos legistas, pero el juicio no pudo proceder. El gendarme número 205 había desertado de la corporación tres meses atrás.69
El segundo caso gira alrededor de la cuadrilla de bandoleros de Agustín Barragán, que se caracterizaba por hacer uso de distintos tipos de disfraces en las ejecuciones de sus crímenes, muchos de los cuales se llevaban a cabo con uniformes de gendarmes. Las investigaciones posteriores demostraron que los integrantes de la banda habían pertenecido a los grupos policiacos de la capital y de las municipalidades del Distrito Federal.70 En una sección anterior ya se ha hecho referencia a la deserción y robo de prendas que emprendían algunos gendarmes. Quizá muchos de ellos seguían portando los uniformes tras abandonar la corporación, sólo que con motivaciones diferentes. A su vez, existe la posibilidad de que se deshicieran de los objetos vendiéndolos al mejor postor, mismo que recuperaba su inversión haciendo gala de extorsiones e intimidaciones con ayuda de su adquisición.
El problema generado por los impostores estuvo lejos de desaparecer al finalizar la temporalidad que aquí se estudia. Al contrario, parece ser que aumentó; al menos así se percibe tras la lectura de un anuncio firmado por el inspector general Antonio Ríos Zertuche a finales de 1928. Con la advertencia “Debe Cuidarse el Público de Agentes Falsos de Policía”, el comunicado informaba que “La Inspección General de Policía a mi cargo suplica atentamente a todas las personas, que sin motivo reciban alguna molestia por agentes dependientes de esta propia oficina o por individuos que sin tener tal representación ostenten documentos apócrifos, se sirvan poner inmediatamente en conocimiento del suscrito la queja correspondiente”.71
¿Puede tomarse como responsable a la Inspección General por los fraudes emprendidos por los impostores? Mi respuesta es afirmativa. El estado general de corrupción policiaca en el cual se encontraba sumergida la ciudad de México creó las condiciones de posibilidad para el surgimiento de embaucadores. Vestir uniformes falsos o robados, además de facilitar sus atracos, imprimía cierto grado de impunidad en sus acciones. Además, la existencia de algunos casos en los cuales la prensa no pudo determinar si un agente estafador era un farsante o no conduce a revalorar el fenómeno.72 Quizá muchos de ellos actuaban bajo el beneplácito de las autoridades. La venta de uniformes por parte del jefe de la Policía de Tláhuac, mencionada atrás, abona a dicha sospecha.
Al finalizar el apartado anterior he hecho alusión a que la existencia de los impostores hacía más difícil la situación de los gendarmes legítimos. ¿A qué me he referido con ello? Fuesen o no policías, los impostores vestían el uniforme. Sus acciones eran percibidas por la sociedad como parte del entramado de prácticas que manejaban los integrantes de la corporación en sus actividades diarias. Farsantes o no, sus movimientos contribuían a la formación de una opinión pública respecto de la Policía. Esta última era una aportación negativa, cabe añadir, pues se dedicaban única y exclusivamente a hostigar y a lucrar con el miedo de la población.
Consideraciones finales
Durante el transcurso de la tercera década del siglo XX el aparato gubernamental mexicano surgido de la Revolución se enfrentó al abrumador reto de reconstruir a un país diezmado por más de diez años de guerra civil. La paz y el orden se vislumbraron entonces como elementos clave en la legitimación de las nuevas autoridades. Como capital, la ciudad de México fue uno de los espacios que recibió más atención. En ella, la garantía de seguridad descansó sobre la Inspección General de Policía, la cual estuvo supeditada al gobierno federal desde 1917. La inspección fue el escenario de diversos proyectos de reforma que buscaron la profesionalización y la moralización de sus agentes. No obstante, el progreso esperado se vio resquebrajado desde dentro. Las aspiraciones de una Policía moderna cayeron ante la flexibilidad con que los mandos aplicaban las reglas y el abuso con que sometían a sus subordinados.
La absorción de la Policía Preventiva de la ciudad de México por parte del gobierno federal, a mi parecer, puede considerarse como uno de los fenómenos más trascendentales de la temprana reconstrucción posrevolucionaria. Con la tarea de mantener un fuerte control político sobre la población de la capital, diversos militares adictos al nuevo régimen se hicieron cargo de los puestos cruciales de la Inspección. Amparados en la dependencia que sobre ellos tenían las autoridades federales, los oficiales de todas las jerarquías utilizaron sus posiciones para medrar fuera de los marcos legales. Muchos de ellos participaron en redes de narcotráfico, de prostitución y de extorsión. El conocimiento de la corrupción policial estaba tan arraigado que muchos delincuentes lo utilizaron en su favor portando uniformes y placas apócrifas.
La corrupción reinó en la ciudad durante los años veinte. Los gobiernos, más preocupados por afianzar su autoridad, la permitieron. La arbitrariedad imperante generó escándalos y constantes críticas. Con el afán de encubrir a los altos mandos policiacos se procedió constantemente a la presentación, despido y aprehensión de chivos expiatorios, es decir, de subalternos menores.
