Introducción

El año de 1835 en que el Congreso General de la República Mexicana decretó la reducción de las milicias cívicas representó, para entidades como Zacatecas, un duro golpe a la soberanía estatal. Su resistencia a acatarlo le trajo menudas complicaciones al grado de perder el territorio de Aguascalientes. El discurso de las autoridades legislativas y ejecutivas de Zacatecas en defensa de la soberanía y del ejercicio de las libertades consagradas en su Constitución, se enfrentó con las demandas encabezadas por los integrantes del ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes, quienes supieron sacar ventaja de aquella coyuntura política para insistir en su separación respecto del estado de Zacatecas.

Una interpretación que circuló entre los historiadores de las entidades desde el siglo XIX, apegada a la historiografía patriótica liberal, sostuvo que unos cuantos días antes de la batalla del 11 de mayo de 1835 tras el arribo de Santa Anna a la ciudad de Aguascalientes fue recibido con arcos triunfales, descargas de artillería, vítores al héroe de Tampico, repiques de campanas y honrado por el clero con una misa solemne de acción de gracias; todo pudo haber ido en sentido contrario porque Aguascalientes pertenecía a una entidad que se había opuesto de manera decidida a la forma de gobierno central en los últimos años de la primera república federal, pero no fue así, el propio Santa Anna sorprendido ante aquel recibimiento, anunció que muy pronto Aguascalientes lograría su independencia como castigo frente a la rebeldía y las pretensiones soberanistas de las autoridades zacatecanas.¹ Esta interpretación acomodada a una romántica leyenda utilizó el episodio donde Luisa Fernández Villa, esposa del comerciante Pedro José García Rojas, buscó convencer a Santa Anna de la necesidad de separar a Aguascalientes de Zacatecas; lo besó en su mejilla y, gracias a tal atrevimiento, logró su independencia.²

El propósito del artículo es explicar el papel que desempeñó el ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes para lograr su primera emancipación respecto del estado de Zacatecas (1835-1846) en el marco del movimiento procentralista desatado a partir de 1834. Aguascalientes, de ser partido, se convirtió en territorio y unos meses más tarde, en departamento de la república central. Dicha transición ha sido explicada por la historiografía liberal que ubica la escisión como parte de un proyecto encabezado por Santa Anna para imponer la república central y valerse de las élites políticas como la hidrocálida para concretar su tarea. Otra versión encabezada por Jesús Gómez Serrano a partir de la historia regional reconoce el empuje de las élites regionales en la conformación de ciudades nodales, su protagónico papel como centros rectores y articuladores, en ese sentido, como núcleos de competencia que atravesaron la etapa reformista y tuvieron rasgos de continuidad en la república federal. La valía de esta perspectiva se encuentra en el análisis que toma en cuenta la riqueza de relaciones entre diversos contextos (local, regional, nacional, internacional) donde -lejos de la simple crónica de hechos y de aislar la circunstancia local- la intención estriba en exponer las complejidades y contradicciones en la construcción de un proceso histórico concreto.³

Explicar los conflictos históricos entre las ciudades de Aguascalientes y Zacatecas ayudará a la comprensión de cómo se conformó la territorialidad dentro de las primeras décadas de vida republicana considerando sus expresiones confederal y unitaria. Ninguna de las interpretaciones, empero, tomó en cuenta el papel de la junta departamental de Aguascalientes en el marco del centralismo; ésta fue reducida a un nivel inferior visualizando a los gobernadores como los principales actores de la escena pública. Es así como pretendo demostrar la importancia de la junta departamental de Aguascalientes sobre todo en la discusión y el análisis político que se viviera para debatir sobre la mejor forma de gobierno en México.

De viejos y nuevos agravios

Como se ha explicado esta historia de rencillas, competencias y conflictos entre Aguascalientes y Zacatecas tuvo dos momentos en una larga trayectoria:⁴ el primero ocurrió en el último tercio del siglo xviii a partir de un reordenamiento de carácter fiscal emitido en 1775 cuando la Real Audiencia determinó que Aguascalientes y Juchipila deberían tributar en la Caja Real de Zacatecas, lo que se traducía en sumar cuatro pueblos tributarios del primero y doce del segundo, así como la vigilancia y la administración de los estancos de tabaco, pólvora, naipes y alcabalas.⁵ El asunto no prosperó porque con el establecimiento de las intendencias, la de Guadalajara quedó integrada por su capital y 25 subdelegaciones entre las que se encontraba la alcaldía mayor de Aguascalientes y Juchipila, en tanto que la de Zacatecas se compuso por el distrito de su capital y las subdelegaciones de Fresnillo, Sierra de Pinos, Sombrerete y Mazapil.

La división así concretada representó una desproporción en términos de distancia, puesto que la villa de Aguascalientes se encontraba mucho más cercana a Zacatecas que a Guadalajara, por lo que su primer intendente Felipe Cleere inició los trabajos para su anexión.⁶ Hacia 1789 dirigió una representación al virrey Manuel Antonio Flórez Maldonado en la que se quejaba de que ambos territorios seguían manteniendo su vínculo fiscal con Guadalajara. Ese año el virrey Flórez y la Junta Superior de Real Hacienda determinaron que para los asuntos de policía, guerra, hacienda y justicia, dichos territorios deberían arreglarse con las autoridades de Zacatecas. La cuestión desde luego causó rechazo e inconformidad a Antonio Villaurrutia, intendente de Guadalajara, y más cuando su homólogo zacatecano le solicitó los expedientes para hacerse cargo de su administración. Felipe Cleere, que sabía de la riqueza agrícola, demográfica, industrial y comercial de Aguascalientes, no podía dejar de pelear por su anexión hasta que lo consiguió el 7 de octubre de 1803.⁷

Una vez que se dio a conocer la noticia a las autoridades de Guadalajara, el rechazo no se hizo esperar: ganaderos, agricultores, comerciantes e integrantes del ayuntamiento de Aguascalientes aconsejaron al subdelegado resistir cualquier intento de agregación a la intendencia zacatecana.⁸ La pretensión no pudo lograrse como lo esperaban, así que desde 1803 Aguascalientes fue parte de la intendencia zacatecana. Su principal órgano de gobierno no dejó de ser el ayuntamiento de la villa; en cambio la figura del subdelegado fue esporádica: sólo entre 1803 y 1805 se tuvo noticia de su presencia con José Joaquín Masciel, a partir de 1805 hasta 1809 la villa no contó con subdelegado. La incuestionable autoridad del ayuntamiento se evidenciaba también por la serie de privilegios como el ser reconocido en su carácter de “ilustre”, la solemnidad de los rituales que le otorgaban preeminencia como su entrada al templo con repiques de campana. La ausencia del subdelegado permitió que en aquellos años el ayuntamiento fuera el principal órgano de control político y administrativo de su jurisdicción.⁹ Un segundo momento en la historia de conflictos y competencias se dio una vez establecida la república federal, cuando Aguascalientes pasó a ser uno de los más prósperos partidos de la entidad zacatecana. En 1825 quedó fuera de su jurisdicción el pueblo de indios de San José de la Isla que pasó a pertenecer al partido de Zacatecas y en su lugar se agregó el pueblo de Huejúcar.¹⁰ En este segundo periodo se destaca una mayor tensión en la relación del ayuntamiento de Aguascalientes con la legislatura zacatecana a propósito de varias iniciativas que pretendió impulsar el primero denegadas de manera sistemática por los diputados de Zacatecas. La lista de agravios fue sintetizada el 2 de mayo de 1835 cuando solicitaron su independencia de aquella entidad.

A lo largo del periodo novohispano la ciudad de Zacatecas (con cabildo desde 1587) y la villa de Aguascalientes (con cabildo desde 1575) desarrollaron una notable actividad productiva en los ramos de minería, agricultura, ganadería, comercio y textiles. Después de los primeros asentamientos y tras los hechos de la guerra chichimeca, durante el siglo XVII se dio un proceso de crecimiento demográfico en la villa de Aguascalientes, lento pero continuo, lo que ayuda a explicar que ni los mismos eventos calamitosos como pestes o hambrunas hicieron mella en este espacio alentando el establecimiento de templos, cofradías, el desarrollo de la agricultura o el despliegue de su vida artesanal y comercial.¹¹

Se ha demostrado que los principales centros abastecedores de maíz a los reales de minas como Zacatecas, Fresnillo, Vetagrande, Mazapil o Sombrerete no fueron sólo los del Bajío; los de Villanueva, Jerez, Juchipila, Aguascalientes y los Altos de Jalisco representaron una efectiva red de abasto que superó al granero del Bajío.¹² A propósito del levantamiento de información geográfica, demográfica y estadística para el bienio 1804-1806, el intendente de Zacatecas, Francisco Rendón, recurrió a los subdelegados para dar cuenta de la situación económica de sus jurisdicciones, en particular se puso énfasis en la fuerza de trabajo en su condición de operarios, pastores y agricultores, arrieros, carreteros y todos aquellos que se dedicaban a la industria y la manufactura, con lo que se puede apreciar la consolidación económica de Aguascalientes y Fresnillo, respecto del resto de las subdelegaciones de la intendencia zacatecana.

Aguascalientes destacó por ocupar el segundo lugar después de Fresnillo en la cantidad de hombres dedicados al pastoreo y la agricultura, el primer lugar en arrieros y carreteros y sobresalió por su actividad en la industria textil y manufacturera: su producción anual fue la más alta de la intendencia. Como Manuel Miño lo ha explicado, Aguascalientes formaba parte de una región que había sido dominada, junto con otras localidades como Lagos y Tepic, por Guadalajara. Ésta había logrado dinamizar y conectar las villas de Lagos, Aguascalientes, las poblaciones del sur de Zacatecas y los principales centros mineros, a través del mercado interregional, lo que demuestra una realidad económica articulada con capacidad de intercambio,¹³ como lo acreditan los inventarios de comercios y los testamentos del vecindario de las ciudades y villas de la región. Ese mercado reconocido por su alta capacidad de flujo de productos estuvo caracterizado por la producción ganadera de Guadalajara y Zacatecas, la producción agrícola del sur de la provincia zacatecana, la producción textil, agrícola y la pujanza comercial de Aguascalientes conectados con los principales centros mineros de la región. En la última década del siglo XVIII, la villa de Aguascalientes llegó a ocupar, después de Bolaños, el segundo lugar en recaudación en los ramos de alcabalas y tabacos para la intendencia de Guadalajara.¹⁴

Hacia los primeros años de la república federal, la población de cada uno de los partidos de Zacatecas representa otro indicador clave para posicionar a Aguascalientes como una región demandante y competitiva. En 1828, mientras que la ciudad de Zacatecas tenía una población de 15 991 habitantes y la villa de Fresnillo 10 178, la ciudad de Aguascalientes contaba con 39 481.¹⁵ En las Memorias presentadas por el gobernador Francisco García Salinas en 1834, el registro de población por partido no deja de ser elocuente si se compara con la población de los partidos de Zacatecas (38 908) y Fresnillo (36 249) con la de Aguascalientes que casi los duplicaba (71 235).¹⁶ La población productiva de la villa se distingue, respecto de Fresnillo y Zacatecas, en actividades agrícolas y artesanales con 1450 artesanos y 3012 jornaleros, mientras en Fresnillo se registraron 774 artesanos y 1 564 jornaleros y en el partido de la capital 878 artesanos y 743 jornaleros. Desde luego que en otras actividades como la minería, Zacatecas superaba al resto con 1 004 operarios seguido de Fresnillo con 102. En profesiones como abogados, Zacatecas triplicaba a la villa, pero el registro de médicos, cirujanos, boticarios y preceptores de escuelas era básicamente el mismo. Lo que llama la atención es que la villa contara con tres vicarios y 19 clérigos y Zacatecas con un vicario y 21 clérigos.¹⁷

La historiografía sobre la región ha demostrado que la provincia-entidad de Zacatecas representó un lugar estratégico, primero para la Corona y después para la República, por su producción en la extracción de minerales, impulsando otras actividades como la agricultura, el comercio y la ganadería. La incorporación de Aguascalientes como uno más de sus partidos no sólo representó un conflicto con las autoridades de Guadalajara por un territorio altamente competitivo dada su pujanza comercial, sino un potencial conflicto entre la capital zacatecana con el ayuntamiento hidrocálido por los privilegios que ambos habían adquirido desde el siglo XVI. La ciudad de Zacatecas y la villa de Aguascalientes encarnaron sendos centros políticos ordenadores de la vida pública, con ayuntamiento constitucional desde el 8 de agosto de 1813, con capacidad comercial que cruzó los ramos de la minería, agricultura, ganadería e industria; fueron receptáculos de instituciones religiosas desde que dio vida la presencia española en América lo que incidió en la promoción de saberes y conocimientos compartidos, en la oportunidad de formar hombres dedicados a las letras con fuertes vínculos con las instituciones civiles como los ayuntamientos y en las múltiples relaciones que se dieron con distintos sectores sociales porque además de fortaleza espiritual, los conjuntos conventuales articularon actividades productivas y de abasto de agua a las ciudades.¹⁸

Tanto Aguascalientes como Zacatecas contaron con plazas públicas donde circulaban productos para abastecer a la población. Esas plazas, además de la convivencia que pudo haber significado el intercambio mercantil, fueron promotoras de rituales cívicos y religiosos que ayudaron a armar la identidad y la memoria de sus corporaciones. Sus instituciones políticas como los ayuntamientos no fueron ordenadores de la administración de la ciudad de manera exclusiva, sino cuerpos políticos donde se reconoció, en distintas circunstancias de crisis como la ocupación militar de Napoleón Bonaparte a la península ibérica o la guerra de insurgencia, el peso de la tradición legal castellana sea para analizar la situación de la monarquía con un monarca en cautiverio, establecer distintas estrategias para enfrentar a los insurgentes, analizar el papel de las Cortes, o discutir la conveniencia de la separación de territorios estratégicos como el partido de Aguascalientes, de la entidad zacatecana.

El papel de los ayuntamientos en el movimiento procentralista

En marzo de 1835 los integrantes del ayuntamiento de Aguascalientes redactaron una representación dirigida al Congreso del Estado de Zacatecas con el fin de derogar el Reglamento interior económico-político de los partidos del estado de 1832, que suprimía la facultad de los órganos municipales de recaudar y administrar sus fondos. El tema fue considerado de la mayor gravedad al compararlo con la legislación gaditana y republicana que otorgaba amplias facultades para la administración de sus propios y arbitrios. Hicieron un largo recorrido por la historia de los ayuntamientos, no era posible que gozaran de mayor protección en tiempos de monarquía que en tiempos republicanos. A sus ojos era considerada una grave contradicción. La legislación española los tenía en condición de cuerpos honorables, los munícipes citaron a Bobadilla: “El señorío de los bienes de los pueblos, es de ellos, y funda su intención de derecho cuanto a la propiedad y posesión, según Avendaño […] y así los dichos bienes de los pueblos no son de los emperadores, ni de los reyes, ni ellos pueden apropiarlos a sí, ni usar de ellos”.¹⁹ Ese mismo espíritu se prolongó en la Constitución de 1812, en los decretos de 1813, en la Constitución política del estado libre y soberano de Zacatecas de 1825; por qué interrumpirlo con un reglamento que a todas luces ponía en predicamento el logro del bien común atándole las manos a los gobiernos locales en el tema de la recaudación e inversión. Los munícipes alegaron su margen de autonomía y la idea que tenían de federación; su equilibrio se rompería si un poder terminaba por imponerse al resto sin más justificación que su solo dominio:

La general propensión que se advierte en todo supremo poder constitucional de deprimir y sujetar al local, situándolo en una rigurosa y servil dependencia; sin que se sepa, como dice uno de los modernos políticos citados (Constant) por qué se le tema, se le deprima y sujete, cuando todo lo contrario convendría hacer. Dejando obrar en libertad al poder local y protegiéndolo, estarían sin duda mejor gobernados en su interior los pueblos y del arreglo de esas secciones o pequeñas familias, de que se compone la gran familia del estado, resultaría el mejor gobierno total de éste.²⁰

Por más acuciosa que fuera la representación de los alcaldes y regidores contra el Reglamento de 1832, las autoridades del estado no hicieron por modificarlo en lo más mínimo. Dos nuevas evidencias tuvieron los miembros del ayuntamiento para criticar al gobernador y a la legislatura: el jefe político que de ser elegido pasaba a ser funcionario designado por el gobernador y la prohibición a los ayuntamientos de recaudar y administrar sus bienes. Los diputados de la entidad hicieron caso omiso del documento tensando aún más la relación con la ciudad de Aguascalientes. Los integrantes de su ayuntamiento volvieron a reunirse el 2 de mayo para elaborar un acta pero ahora dirigida al Congreso General solicitando su independencia del estado de Zacatecas para ser reconocido como territorio. Una larga lista de agravios le dio cuerpo a su argumentación. El ayuntamiento se consideró a sí mismo soberano, en ejercicio de deliberar su suerte, haciendo valer su derecho a la libertad tal como lo habían probado las autoridades zacatecanas al haber roto el pacto, desobedecido la Constitución de 1824 y retado a los poderes centrales a propósito de no reconocer el decreto de disminución de las milicias publicado en marzo de aquel año. La proposición del ayuntamiento no dejaba lugar a dudas: “La ciudad de Aguascalientes, que hasta entonces había pertenecido al estado de Zacatecas, componiendo una de sus municipalidades, de hoy en adelante se emancipa e independe del mismo estado, y es su voluntad constituirse en territorio”.²¹ En sesión extraordinaria, presidida por el alcalde primero y sin haber convocado al jefe político por ser el brazo derecho del gobernador, discutieron el tema central: a lo largo de los años en que Aguascalientes había estado sujeto a las autoridades zacatecanas, su situación de dominación y avasallamiento se habían agravado al punto de considerarla insostenible.

Los integrantes del ayuntamiento redactaron una representación dirigida al Congreso General en la que ofrecieron numerosos motivos y agravios que justificaran su separación de Zacatecas como el cobro de impuestos²² para el fomento de la enseñanza pública, asunto que no podía constatarse por la ruinosa situación en la se encontraba la escuela de primeras letras sostenida por el estado a diferencia de las que se hacía cargo el ayuntamiento; la negativa de la legislatura de favorecer el establecimiento de una fábrica de tabacos y, en cambio, dar su aval para que fuera instalada en el partido de Villanueva; la negativa de que en su sede se instalara una casa de estudios superiores para favorecer la vanidad del gobernante y fundarla en la villa de Jerez, su lugar de nacimiento; la desolación en la que quedaba aquella villa cuando era llamada la milicia cívica por las autoridades zacatecanas para cubrir otros frentes sin dejar custodios suficientes para vigilar la cárcel; la negativa de crear una junta filantrópica porque ya se encontraba en funciones la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Zacatecas.

La representación subió de tono al criticar dos temas clave que ponían en entredicho las bondades del federalismo, en especial, el municipalismo dentro del orden federal tal como se había practicado en México: la soberanía y su opinión sobre figuras políticas en temas electorales. Zacatecas no podía considerarse soberano al ser uno más de la federación sujeto a la relación entre todas sus partes; en su opinión eran dolosas las reformas religiosas sancionadas por la legislatura, gravosa la existencia de una descomunal milicia cívica, amenazantes para el orden público las “temerarias y antifederales”²³ coaliciones. Criticaron a las autoridades zacatecanas de antifederalistas al ejercer el derecho de insurrección haciendo oídos sordos de los decretos publicados por el Congreso General. Los firmantes de la representación recordaron a propósito la obra de Emerich de Vattel en el sentido de que el delito a la rebelión era propio de los individuos y no de las entidades: “el delito de rebelión no es verosímil ni aun posible que comprenda en tal caso a todos los individuos que componen la numerosa comunidad de un estado […] sino de algunos gobernantes […] que abusando pérfidos del poder y de la representación popular que se les había confiado para otros efectos comunes […] lo emplean todo en mal de los pueblos para llevar adelante sus caprichos interesados, extraviantes y ruinosos a la comunidad”.²⁴ En sentido contrario al que había enunciado el gobernador Francisco García sobre la disolución del pacto federal, el ayuntamiento de Aguascalientes sostuvo que la actitud desafiante de las autoridades zacatecanas ponía en jaque la forma de gobierno adoptada en 1824.

Si el ayuntamiento ha sido reconocido como “el padre inmediato de los pueblos”,²⁵ en los últimos años del federalismo esto era materia de papel y no de ejecución de sus facultades. Según la representación, fueron reducidos a “pupilaje” al despojarlos de sus atribuciones.

De los funcionarios designados por el gobernador como el jefe político y a la propuesta de su destitución por los munícipes de Aguascalientes²⁶ bajo el argumento de que “siendo el señor jefe político de este partido José María Sandoval un empleado puesto por el Supremo Gobierno de Zacatecas, y no nombrado por elección popular, parecía una consecuencia forzosa del plan que se acababa de adoptar, la indispensable remoción”.²⁷ La permanencia del jefe político designado por el gobernador fue votada por los integrantes del ayuntamiento con el resultado unánime para ser destituido. Su arrojada posición no tuvo contemplaciones con los métodos legales previstos en la Constitución zacatecana de 1832 al realizar una nueva votación ahora para elegir jefe político interino, favorecido en el cargo el poderoso comerciante Pedro José García Rojas. Bajo el mismo procedimiento se puso a votación si los miembros del ayuntamiento deberían continuar en su cargo; se salieron del recinto y los vecinos que se encontraban en el lugar insistieron en que debía hacerse valer su voto, pues eran ellos los elegidos por el pueblo. La representación criticó el papel que desempeñaba el jefe político para impedir la autonomía municipal; una figura que no tenía raíz entre el vecindario al ser enviado por el gobernador, por lo que no tenía el más mínimo interés en promover sus ramos.

La representación del 2 de mayo se puso en circulación en el resto de municipalidades del partido advirtiendo que, de no lograrse la adhesión, ya no pertenecerían a su jurisdicción. Sus autores se aseguraron de que llegara al Congreso General y al presidente de la república a través de Tomás López Pimentel, quien se encontraba en la ciudad de México. En tanto se aprobara por el Congreso, seguirían rigiéndose por las leyes zacatecanas, a pesar de la evidente infracción cometida al artículo 119 al realizar elecciones improvisadas para destituir a un funcionario como el jefe político.

¿Podía considerarse al ayuntamiento como cuerpo político soberano? Esa era una cuestión de la agenda del primer federalismo, tal como se expresó en el constitucionalismo de las entidades en la década de 1820. Las entidades se autonombraron libres y soberanas para el ejercicio de su administración interna. La historiografía avanzó en esta discusión al plantear la soberanía compartida con una débil presencia del gobierno central, una aún más débil hacienda pública y un exceso de atribuciones de las entidades, al grado de que Carlos María de Bustamante nombrara a las legislaturas de las entidades como el ominoso poder de los “congresitos”.

Zacatecas fue ejemplo claro de este combate por la soberanía. El discurso de sus legisladores y gobernantes era en pos del sistema federal porque les permitía ser libres, autónomos, soberanos. Las diversas publicaciones en la prensa local y nacional sobre la posición soberanista zacatecana ayudaron a darle fama de bastión federal tanto como a Jalisco. Prisciliano Sánchez y Francisco García Salinas se convirtieron en poco tiempo en héroes de sus patrias chicas al punto de que el segundo fue tildado de Washington zacatecano. El político convertido en prócer por el culto cívico local asumió en sus Memorias que el pacto federal quedaba disuelto por los actos anticonstitucionales en las elecciones presidenciales de 1828. Ese fue el primer golpe. Después vendrían otros directos a la yugular, como el decreto de reducción de las milicias cívicas, asociadas a la capacidad y la facultad de las autoridades estatales de preservar su soberanía.²⁸

Un tipo de práctica política institucional que les dio confianza a las legislaturas de las entidades por confirmar que el federalismo era la mejor opción como forma de gobierno fueron las coaliciones regionales impulsadas primero por las diputaciones provinciales y después por las legislaturas para armar mesorregiones que pudieran hacer efectivo contrapeso frente al gobierno central. En 1823 la diputación de San Luis Potosí propuso hermanarse con Valladolid, Querétaro y Guanajuato para formar una república federada. Pulsar coaliciones ayudó a concebir nuevos cuerpos de representación política integrados por dos comisionados de cada una de las entidades, con el discurso de unidad y defensa de su soberanía territorial, la posibilidad de formar un ejército sostenido por las mismas entidades y la invitación a los estados colindantes. Se trató de redes horizontales impulsadas por las legislaturas con un efectivo canal de comunicación a través de la frecuente correspondencia para llegar a pactos mínimos. Este tipo de sociabilidad de corte regional aseguró, por otra parte, la vigilancia y el cuestionamiento de las decisiones tomadas por las autoridades centrales.

El intento por formar una nueva coalición volvió a sugerirse a propósito de las elecciones presidenciales de 1828; la pretensión de los que integraron esta nueva red fue para combatir el “espíritu de partido” que amenazaba la unidad nacional y defender con toda energía la Constitución.²⁹ Las coaliciones no dejaron de proponerse entre las legislaturas en los últimos años del primer federalismo. Con la sospecha de la proximidad de una república central en 1833, los estados de Zacatecas, Jalisco, Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí formaron la coalición de los estados de occidente con los propósitos de defender su soberanía, conservar la Constitución de 1824 y hacer frente a los “facciosos” que pretendían desmantelar la independencia y la soberanía nacional.

Era claro que Zacatecas se había convertido en una entidad con discurso político radical y con capacidad de participar en el armado de coaliciones regionales en coyunturas que amenazaran el pacto federal, pero con lazos centralizadores hacia la vida de sus municipios. De tanto expurgar argumentos en pro del federalismo hacia fuera, las contradicciones e imposiciones hacia los ayuntamientos fueron tensando una cadena que para algunos, como el de Aguascalientes, se volvió insostenible.

Hacia los primeros meses de 1835, las discusiones al interior del Congreso General fueron en torno a proponer una serie de reformas a la Constitución sin faltar al artículo 171 que establecía límites sobre cualquier tipo de alteración en materia de libertad e independencia, libertad de imprenta, división de poderes de la federación y de los estados o cambiar la forma de gobierno. Como Israel Arroyo lo ha analizado, varios fueron los factores que se aglutinaron para el cambio de la forma republicana federal a la central: una nueva generación de representantes, entre los que se encontraba Pedro Ramírez, por Zacatecas; la incidencia de políticos como Manuel Sánchez de Tagle, artífice directo de las Siete Leyes; las posiciones de las legislaturas: la mayoría donde se encontraba la zacatecana pretendían un programa de reformas considerando el límite impuesto por el artículo 171, otras por el cambio en la forma de gobierno, las menos guardaron silencio sobre los alcances de sus representantes. Los primeros días de mayo de 1835 el sentir general no pugnaba por el cambio en la forma de gobierno. Empero, un elemento de gran incidencia fue la movilización que los impulsores de la república central realizaron entre autoridades locales durante junio y julio para que se manifestaran hacia la variación.³⁰ Entre el 19 de mayo, en que se pronunció el ayuntamiento de Orizaba por la república central, y el 14 de julio de 1835 se multiplicaron las representaciones de ayuntamientos, vecinos y pueblos en ese sentido sin tener una idea clara de lo que pudiera significar una república central. Lo que sí tenían claro era no más federalismo.

Al recinto del Congreso llegaron 369 representaciones elaboradas en su mayoría por pueblos y ayuntamientos ejerciendo el derecho de petición. Reynaldo Sordo Cedeño analizó la tendencia de los ayuntamientos hacia el centralismo explicada por la confluencia de varios factores: “expuestos a todos los condimentos del sectarismo partidista, a una doble influencia de las legislaciones general y estatal, y seguramente, a un mayor número de contribuciones, como la de la milicia cívica, más onerosas que si no existiera el sistema federal”.³¹ Israel Arroyo, en cambio, considera la movilización de algunos representantes al buscar incidir entre los ayuntamientos y pueblos para adoptar la exigencia del cambio en la forma de gobierno. Sostengo que el conjunto de representaciones de pueblos y ayuntamientos en pro de la república central se debió a la política de sujeción que las autoridades estatales mantuvieron en el nivel municipal; ese proceso fue convenientemente utilizado por los representantes en el Congreso General que tenían como propósito variar la forma de gobierno; fue una manera de construir un consenso basado en la voluntad popular para afirmar que actuaban según el reclamo de la nación.

En su conjunto, las actas de los ayuntamientos demandaron la instalación de una república central, la garantía de preservar la religión católica y el desconocimiento a Valentín Gómez Farías. Si bien la mayoría de los que participaron en esta ola de representaciones fueron del México central (147 de 369), otros, vinculados con el federalismo, también se manifestaron por el cambio en la forma de gobierno. Mientras que el gobernador de Zacatecas, Manuel González Cosío, era respaldado por la legislatura para la defensa del territorio ante la ocupación de tropas federales,³² el ayuntamiento de la capital externaba su adhesión al pronunciamiento de Orizaba por la república central y su rechazo a la forma de gobierno federal por sus excesos en que había caído. El ayuntamiento convocó a los vecinos que estuvieran interesados por tratar el asunto para definir su posición respecto de la permanencia o variación de la forma de gobierno adoptada desde 1824. Era clara su diferencia con las autoridades ejecutiva y legislativa. El acta expresó el total rechazo a la fórmula federal por “los males, desórdenes e inquietudes continuos que ha sufrido la república desde 1824”; proponía, al igual que otras corporaciones municipales, que el Congreso se asumiera en constituyente, que el general López de Santa Anna siguiera rigiendo los destinos de la república y que se nombrara al general Joaquín Ramírez y Sesma en calidad de jefe superior político del estado de Zacatecas³³ con lo que se desconocía el gobierno de Manuel González Cosío.

El que pasó a ser difundido como “El Plan de Zacatecas” se dio a conocer entre el resto de los municipios del estado suscrito por catorce ayuntamientos de aquella entidad; un día después, en el acta de Jerez se aludía a las numerosas revoluciones que tenían por fin colocar a ciertos personajes en puestos públicos vistos como su patrimonio personal en una desenfrenada carrera calificada como “aspirantismo”.³⁴ El ayuntamiento de Pinos, además de suscribir en todas sus partes “El Plan de Zacatecas”, presenció un repique general de campanas instruido por el cura párroco, quien no perdió oportunidad en aconsejar al ayuntamiento para hacerle llegar una copia al general López de Santa Anna, con el fin de reconocer su liderazgo y agradecer, de paso, la posibilidad de liberar a los pueblos “de la opresión en que gemían bajo un gobierno férreo”.³⁵ El ayuntamiento de Fresnillo aprovechó la ocasión para hacer pública su posición. En reunión extraordinaria y bajo el protagonismo del jefe político, se reconoció que ningún estado de la república había padecido tantos males como el de Zacatecas:

Tantos y tan graves así han sido los males que se han experimentado en toda la extensión de la República; pero en ninguna parte mayores ni más lamentables, que los que hemos padecido en este desgraciado estado de Zacatecas, propuesto por algunos escritores, o apasionados, poco instruidos, como el modelo de la federación […] aquí en este suelo es en donde, invocando libertad, se ha desplegado la más detestable tiranía, y apellidando principios y división de poderes, se nos ha hecho sufrir todo el peso del más cruel y espantoso absolutismo, principalmente en la azarosa administración de estos últimos seis años.³⁶

El resto de municipios que se adhirió al Plan de Zacatecas fueron Vetagrande, Sombrerete, Saín Alto, Mineral de Pánuco, San Juan Bautista del Teul, Tlaltenango, San Juan Bautista de Tepetongo, Tepechitlán, Atolinga y Guadalupe. Cité un fragmento del acta de Fresnillo por la feroz crítica que hizo al gobierno de Francisco García Salinas. El ayuntamiento de Aguascalientes ya no tuvo necesidad de unirse al Plan de Zacatecas porque se le había adelantado con su representación dirigida al Congreso General fechada el 2 de mayo. Ningún órgano municipal como el de Aguascalientes fue tan severo y crítico respecto de lo que consideraron un ejercicio tiránico de las autoridades zacatecanas.

El problema de gobernarse

En mayo de 1835 se aglutinaron factores que ayudan a comprender la exigencia de Aguascalientes por separarse de Zacatecas: su condición competitiva en los diferentes ramos, su choque continuo con las autoridades legislativa y ejecutiva del estado, las lecciones enseñadas por esos once años de federalismo y el conocimiento que tuvieron de las actas de los ayuntamientos exigiendo por los canales institucionales el cambio en la forma de gobierno.

La coalición formada por varios estados para enfrentar a López de Santa Anna fue desmantelada.³⁷ En Zacatecas el 11 de mayo Santa Anna combatió a la poderosa milicia cívica bajo el mando del oficial en jefe Francisco García Salinas, quien no contaba con la más mínima experiencia militar. No tuvo oportunidad de diseñar estrategia alguna para vencer a quien sí estaba entrenado en las armas. La batalla duró unas cuantas horas y el saldo fue desastroso para Zacatecas: de 3000 hombres, 2800 fueron hechos prisioneros; se confiscó su armamento, y se tomaron sus instalaciones militares improvisadas para la batalla.³⁸ Santa Anna se quedó unos días más en Zacatecas, lo que sirvió para que distintos ayuntamientos le mostraran sus respetos, como el de Vetagrande, que aprovechó para recordar “somos gobernados y no gobernantes”,³⁹ en franca crítica a la posición desafiante de las autoridades del estado, ahora derrotadas. El ayuntamiento de Zacatecas aprovechó aquellos días para organizar una ceremonia con el propósito de reconocer al general López de Santa Anna como benemérito de la patria por sus acciones en Tampico y por su triunfo sobre la milicia zacatecana.

En este contexto, la representación escrita por los integrantes del ayuntamiento de Aguascalientes del 2 de mayo no pudo tener mejor ocasión para hacerse escuchar. La comisión de reformas del Congreso General, integrada por Francisco Sánchez de Tagle, José Ignacio de Anzorena, José María Elizalde y Miguel Valentín, elaboró su dictamen con el argumento de que Aguascalientes ya no podía ser parte de Zacatecas por el odio acumulado; sus integrantes reconocieron que no se había prescrito nada al respecto en la Constitución de 1824: “no dijo por quién ni en qué términos debía dirimirse una contienda suscitada de un estado por agravios a uno de sus partidos a pesar de ser un caso tan posible que ya se ha repetido tres veces y es de temer que se repita algunas otras”.⁴⁰ Y como nada se establecía en la Constitución al respecto, podía votarse su dictamen por las legislaturas y, en el caso de aprobar por dos terceras partes, Aguascalientes sería considerado un territorio más de la república mexicana. El resultado fue abrumador con 43 votos a favor y 2 en contra, con lo que el ayuntamiento de Aguascalientes pudo cantar victoria.⁴¹ Esta serie de eventos promovió la interpretación de que aquel nuevo territorio había logrado su independencia por favorecer la república central y adherirse al liderazgo del general López de Santa Anna, lo que terminó por explicar su acción política como conservadora.

En una primera instancia fue reconocido como territorio al igual que Tlaxcala, las Californias, Nuevo México y el Distrito Federal, sin capacidad legislativa y dependiente de manera exclusiva de los poderes centrales.⁴² Un primer tema que representó un problema para su gobernabilidad interior fue justamente cómo gobernarse sin disponer de aparato legislativo. Con su nueva condición de territorio, perdió la representatividad lograda durante la primera etapa federal en las legislaturas del estado de Zacatecas con sus diputados Pedro José López de Nava, José Guadalupe García Rojas, Valentín Gómez Farías y José María López de Nava en la quinta y la sexta legislaturas.

Fue con la publicación de las Leyes Constitucionales en diciembre de 1836 cuando pasó a ser considerado departamento. El que fuera elegido por el ayuntamiento como jefe político Pedro García Rojas lo convirtió en el primer gobernador cuando se reconoció a Aguascalientes como territorio; esperaba ser ratificado por el presidente una vez reconocida la condición de departamento. En su lugar fue designado el coronel de milicia cívica Francisco Flores Alatorre (1836-1841), quien ocupara la plaza de Aguascalientes y recibiera la orden de no oponer resistencia alguna a las tropas federales bajo el mando de Santa Anna en mayo de 1835. Quizá por su obediencia al hacerle más fácil el camino al héroe de Tampico fue premiado para ocupar la gubernatura desde el 24 de julio de 1836. Desdeñando el papel que pudiera haber protagonizado la junta departamental, Flores Alatorre designó a hombres de su confianza para formar, con pobres resultados, cuatro comisiones: Industria y Comercio, Ciencias y Artes, Agricultura y Plantíos y Policía y Ornato.⁴³

Por su parte, la junta departamental instalada el 26 de marzo de 1837 la integraron Pedro José López de Nava, José María Ávila, Lucas Mazón, Joaquín de Ávila, Felipe Nieto, Ignacio Gutiérrez y Mariano del Castillo. Sobre los años del centralismo vividos en Aguascalientes, la reseña del historiador Agustín R. González es una crónica del paso de un gobernador a otro haciendo frente a la decadencia de la industria textil, el comercio y la agricultura. No registra “sucesos notables”, tal vez por el olvido en que se condicionó el estudio de la república central por la historiografía liberal. Sobre la junta departamental, con cierto menosprecio, refiere que “cuando las hubo, eran compuestas de comerciantes o agricultores acomodados que poco sabían de la difícil ciencia del gobierno”.⁴⁴ No hubo ninguna mención más a este organismo político clave en el nuevo orden central; en su lugar, prevaleció la interpretación de que aquellos años fueron sacudidos por numerosos pronunciamientos militares, años en que “nada o muy poco podían hacer los gobiernos departamentales”.⁴⁵

Después de las duras críticas realizadas a las nuevas autoridades departamentales publicadas en un folleto de nombre Cosmograma sacado a la luz en 1836, donde el autor ponía en contraste las bondades económicas y sociales de haber pertenecido a Zacatecas,⁴⁶ el gobernador Francisco Flores Alatorre ordenó elaborar el Primer cuadro estadístico del Departamento de Aguascalientes, que arrojaba una población de 40 868 habitantes; la ciudad de Aguascalientes contaba con 19 600 habitantes, un solo pueblo de indios, Jesús María, con 1 843. Lo integraban 20 haciendas, 128 ranchos,⁴⁷ y estaba conectado por siete caminos hacia Juchipila, San Luis Potosí, Saltillo y cuatro más a Zacatecas.⁴⁸ Los números sobre su trayectoria demográfica son contrastantes según las distintas fuentes, pues el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística registra, previa la separación de Aguascalientes, una población de 331 781 del estado de Zacatecas; una vez segregado, el departamento de Aguascalientes contabilizó 69 693 habitantes⁴⁹ con una población concentrada en su capital de 19 600, pero no se explica la variación respecto del registro levantado en 1828, que contabilizó 39 481 habitantes para la ciudad de Aguascalientes. Sin poder abundar en este espinoso tema que no es propósito de nuestro artículo, lo significativo es que, una vez creado el departamento, se dieron a la tarea de sistematizar sus principales indicadores con el fin de contar con el referente comparativo respecto de Zacatecas y terminar de justificar que Aguascalientes presumía de recursos naturales y humanos para erigirse de manera independiente.

En cuanto Francisco Flores Alatorre fue designado gobernador del departamento, no se hicieron esperar sus razones que lo alejarían de la comodidad de su vida privada: enfrentar las amenazas de otras naciones sobre la república, promover el bien común y cerrarle el paso a los facciosos “que conspiran a un mismo fin, los feos apodos de los partidos, que teniendo por objeto hacer odiosas las afecciones políticas han terminado por odiarse unos a otros”.⁵⁰ Pese a sus buenas intenciones, su gobierno no destacó por la promoción de los ramos de industria, educación, agricultura, comercio y ganadería; algunos de sus opositores reconocieron que habían estado en mejores manos cuando se encontraban bajo el gobierno de Zacatecas. Una cosa era reclamar la independencia y otra hacerse cargo de la difícil tarea de gobernarse.

Fue durante su periodo de gobierno que se dieron a conocer numerosas actas de vecinos, ayuntamientos y guarniciones militares exigiendo el restablecimiento de la Constitución de 1824 o proponiendo autogobiernos como en Sonora o Tamaulipas. Me detengo en especial en las actas elaboradas por algunas de las juntas departamentales que se dieron a la tarea de valorar si era conveniente permanecer con la república central o restablecer el código federal. La primera en hacerlo fue la de Durango el 30 de octubre de 1837 culpando la lejanía de un poder central que todo lo decidía aunado a la extrema situación en la que se encontraban los departamentos, las excesivas contribuciones directas, las revoluciones intestinas, la amenaza de los indios bárbaros, el desamparo de la justicia, la ruina del comercio; su posición era llamar a una asamblea elegida popularmente para reformar la Constitución de 1824. En el mismo sentido se pronunció la junta de Sonora, pero las de Sinaloa, Jalisco y Puebla se manifestaron por el respeto a las instituciones de la república central, mantenerse “fiel a sus juramentos” y dar oportunidad a que con el paso del tiempo se pudiesen consolidar las nuevas instituciones.

En la ola de representaciones a favor del restablecimiento del código federal, una más fue elaborada entre vecinos de las ciudades de Zacatecas y Aguascalientes el 3 de noviembre de 1837 dirigida al presidente de la república. Participaron, entre otros, notables políticos zacatecanos que habían pertenecido al Congreso del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia,⁵¹ integrantes de la junta departamental,⁵² reconocidos impresores y catedráticos del Instituto Literario.⁵³ El documento se mandó a la imprenta del hidrocálido José María Chávez. Por diplomacia y conveniencia mutua, no se hizo alusión a la separación de Aguascalientes; se concentró en reseñar los logros del federalismo, el decreto de reducción de las milicias cívicas, el valor de su último bastión y la malhadada batalla contra Santa Anna que hizo de Zacatecas “la tumba de la federación”. Desconoció que el cambio al centralismo hubiera sido promovido por la voluntad popular a través de los ayuntamientos cuando los únicos reconocidos para presentar este tipo de iniciativas eran las legislaturas: “¿podría imaginarse siquiera que la misma pluma que en diciembre de 1832 escribió que la nación sólo hablaba y manifestaba su voluntad por sus órganos legítimos que eran las legislaturas de los estados, había de reconocer después por tales el esforzado de unos cuantos ayuntamientos cuya voz no fue en manera alguna la de los pueblos que representaba?”.⁵⁴ En suma exigían el cese de las Leyes Constitucionales, la convocatoria de un nuevo Congreso para reformar la Constitución de 1824 y mantener a Anastasio Bustamante en la presidencia.

No tardó un numeroso grupo de vecinos de Aguascalientes en unirse a esta petición. En sus palabras sería “criminal” mantenerse indiferentes ante “el clamor general de los pueblos”. Los males arreciaban. Se dieron a la tarea de comparar la situación prevaleciente con la batalla de Zacatecas de mayo de 1835; no había lugar a dudas, la república central había sido incapaz de contener los males, por el contrario, los había favorecido; lejos quedaba de este cuadro de males aquella Constitución “que tan libremente había aceptado la nación en 1824”.⁵⁵ Los redactores tuvieron que reconocer que Zacatecas se había anticipado para exigir su restablecimiento. No tenían necesidad de repetir los argumentos de sus vecinos, todos contundentes; se ocuparían, en cambio, de las consecuencias de haber adoptado la república central, “la horrible retrogradación”.⁵⁶

Tres años de centralismo bastaron para hacer añicos los derechos ganados, la integridad del territorio nacional con la separación de Texas, la defensa ante las tropas españolas, la prosperidad de los ramos agrícola, industrial, educativo, comercial; autoridades incapaces de informar sobre sus ingresos y, en cambio, imponer numerosas contribuciones. Ahora todo se encontraba en riesgo. En su opinión, bastaba con haber realizado pequeñas reformas a la Constitución de 1824. Los firmantes olvidaron las exigencias de los ayuntamientos por instalar en México una república central. Los defectos de la Constitución “se hubieran corregido, esto era lo que dictaba la sana razón, esto lo que los pueblos pedían, esto lo que hubiera asegurado su gloria y prosperidad”.⁵⁷ Se trataba de hacer reformas y respetar el artículo 171. También olvidaron los festejos y regocijos ofrecidos a Santa Anna:

Pero no se adoptó este medio [las reformas]. Un hombre ambicioso, un hombre que se había llamado en otros días el Padre de las libertades públicas, un hombre, en fin, a quien la nación había confiado sus destinos, abusando del puesto en que ésta le había colocado, haciendo traición a su patria y a su conciencia misma, dividió astuto al ejército del pueblo, marchó como conquistador sobre los estados que hacían todavía el último y noble esfuerzo por su expirante libertad; holló las legislaturas particulares, y entre los gritos de victoria que lanzaban mexicanos teñidos con la sangre de otros mexicanos, precedido de la destrucción y apoyado por el terror, rompió la carta constitucional y sustituyó el desgraciado centralismo.⁵⁸

La república central ahora fue asociada a la voluntad de un solo hombre. Los vecinos aseguraban que el centralismo no fue objeto de demandas de los ayuntamientos, sino de la imposición y la arbitrariedad de Santa Anna, quien doblegando a la milicia zacatecana puso fin a la federación. Las Leyes Constitucionales de 1836 fueron consideradas obra de unos cuantos, “hecha a retazos”;⁵⁹ sobre todo leyes segunda y quinta fueron las más acremente criticadas: el Supremo Poder Conservador no fue reconocido como árbitro, sino como un poder arbitrario capaz de “disolver cualquier gobierno”⁶⁰ los ayuntamientos se habían visto reducidos a su más mínima expresión. Irónicamente la representación elaborada por los vecinos de Aguascalientes terminaba por confirmar las propuestas de los zacatecanos. Fue firmada el 25 de noviembre de 1837 por un centenar de vecinos, sin aclarar sus cargos públicos ni colocar alguna institución en su nombre.

Una siguiente representación elaborada por el ayuntamiento de Aguascalientes el 19 de mayo de 1838 condenaba la ineficiencia de las autoridades emanadas del nuevo orden, reconoció como jefe primero de las tropas federales al general José Urrea, quien desde el 26 de diciembre del año anterior había difundido su plan federalista, propuso que las autoridades que debían hacerse cargo de las instituciones serían las que estaban antes de la vigencia de las Siete Leyes y determinó que el departamento volvería a ser un partido más del estado de Zacatecas a quien le prestaría “obediencia tan luego como se halle constituido bajo un régimen representativo, popular, federal”.⁶¹ De inmediato contestó el gobernador Francisco Flores Alatorre reconociendo el apego de la mayoría de los habitantes del departamento a su cargo a las instituciones de la república central; en su opinión, sólo unos cuantos perturbadores pretendían seducir haciéndose pasar como representantes del clamor general. En su manifiesto caricaturizó a la Constitución de 1824: “esa carta ridícula e impracticable, anómala y heterogénea cuyos vicios y defectos han conocido, confesado y publicado los peticionarios de todas partes, que contradictoriamente han pedido a un tiempo mismo su restauración y su reforma”.⁶² Nada dijo del atrevimiento de regresar como partido a la tutela zacatecana, pero era claro que, si se mantenía el departamento, él seguiría siendo su principal servidor.

Tal parece que iban en el mismo sentido el gobernador Flores y los integrantes de la junta departamental al publicar su posición con el ánimo de contener a los vecinos que se habían manifestado. Entre sus líneas destacan tres argumentos: las constituciones no pueden mudar de un día para otro ni regir su ritmo por los pronunciamientos; la república central y su nueva legislación diseñada por hombres inteligentes y selectos eran oportunidad propicia para su consolidación al corregir los excesos en que había caído la forma de gobierno precedente; las peticiones que algunos vecinos habían hecho en distintas partes de la república por el retorno del código federal no representaban la voluntad general de los pueblos.⁶³ En opinión de la junta, los peticionarios eran “genios del mal” que ponían “en movimiento todos sus depravados resortes con el fin de que el centralismo no se consolide”.⁶⁴

Los peticionarios, aludidos en su honorabilidad, respondieron que nadie los había amenazado o sobornado para exigir el restablecimiento del código de 1824; era su derecho de petición el que ejercían: “¿De cuándo acá estos medios se han hecho depravados? ¿cuáles son entonces los medios justos y honrosos para que un hombre pida lo que en su concepto conviene a la república? […] no necesitamos ni de clubes ni de logias para acordarnos en principios”.⁶⁵ Los integrantes de la junta departamental solicitaron al Congreso General hacer caso omiso de este tipo de peticiones pues no representaban la voluntad popular. En contraparte, exclamaron: “Qué somos a vuestros ojos los mexicanos que opinamos por la federación, si no tenemos ni el derecho de pedir, ni el de hacer que sean oídas nuestras quejas”.⁶⁶

La incómoda junta departamental de Aguascalientes

Podrá parecer insignificante a los ojos de la historiografía de corte liberal el papel de las juntas departamentales. Ocho fueron los gobernadores del departamento de Aguascalientes durante el periodo central criticados unos más que otros por su pobre desempeño.⁶⁷ Escasas referencias a la junta y, si las hay, son para confirmar su débil posición frente al gobernador. Sin embargo hay que reparar en su posición política y radio de influencia.

Ubico cuatro niveles de participación de la junta departamental de Aguascalientes: sus relaciones con el ayuntamiento de la capital, sus vínculos con otras juntas departamentales, su destacado papel para vigilar a los gobernadores y las representaciones que hizo llegar al Congreso General a través de su diputado a propósito del desempeño de algunos funcionarios. Con el ayuntamiento temas como su vigilancia respecto del cobro injustificado de contribuciones, la división de la ciudad en doce secciones, la prohibición de celebrar la feria anual por la relajación de las costumbres entre sus habitantes,⁶⁸ el cuidado de la Escuela de Dibujo o la saturación de los gastos militares fueron los constantes.⁶⁹ No se pudieron poner de acuerdo en la cuestión de cuál debía ser la mejor forma de gobierno pues, como ya se hizo mención, el ayuntamiento estaba por el regreso de la Constitución de 1824 y la junta por la preservación de las Leyes Constitucionales.

Siguiendo la práctica política de llegar a pactos mínimos que encabezaron las legislaturas para formar coaliciones en la etapa federal, algunas juntas departamentales se dieron a la tarea de posicionar sus acuerdos para exponer sus representaciones ante el Congreso General. El primer caso fue el apoyo que le dio la junta de Aguascalientes a la de Zacatecas sobre su iniciativa de analizar la justificación de los decretos del gobierno central en materia de hacienda, valiéndose de las facultades extraordinarias y la solicitud al ejecutivo general de la asignación de 2 pesos diarios a los presos que trabajaran en obra pública para los departamentos que así lo considerasen.⁷⁰ El segundo caso cuando las juntas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Zacatecas y Aguascalientes secundaron a la de México al manifestar su inconformidad respecto de los impuestos de 2 y 3 al millar sobre fincas rústicas y urbanas, los derechos de patente y capitación. La de Puebla agregó que cualquier determinación que tomaran los diputados para establecer nuevas contribuciones deberían antes escuchar los informes de la mayoría de las juntas departamentales.⁷¹

En su trato con el ejecutivo del departamento, lo que al principio pareció una relación de respeto institucional fue cediendo paso a una de tensión donde el gobernador fue evidenciado por la junta por sus continuos actos de abuso de autoridad. Sobre el desempeño del gobernador Flores Alatorre, sus críticas se centraron en el olvido del bien común y el sospechoso enriquecimiento de sus bienes. Reconocían que, si bien los integrantes de aquel organismo “no eran ángeles sino hombres”, tenían toda la capacidad para la observancia imparcial de los funcionarios. No se explicaban las partidas crecidas y extraordinarias de los gastos militares “que no están documentadas” por el gobernador. Cuidándose de no hacer una acusación directa por robo, pusieron bajo tela de duda su ejercicio al frente del departamento. A sus cuatro años en el ejecutivo, todos los ramos vivían un preocupante deterioro, por más que el gobernador hubiera impulsado la formación de comisiones. No se atrevieron a solicitar su destitución pero su discurso ya estaba cargado con esa intención: “No pedimos en nuestra representación se quite al señor gobernador”.⁷²

La posición de la junta departamental fue secundada por numerosos vecinos de la ciudad quienes se dieron a la tarea de redactar una nueva representación dirigida a Santa Anna para evitar a toda costa que se ratificara el nombramiento como gobernador a Flores Alatorre.⁷³ Valiéndose de “cuantos medios legales” se encontraran a su favor y ejerciendo su derecho de petición, expusieron la decadente situación de Aguascalientes, nada comparable a como se encontraba antes de la separación de Zacatecas. Parte de los pésimos resultados de su gestión no como gobernador, sino como “esbirro”, fue la migración de sus trabajadores a otras regiones, el abandono de su tradición textil, los atropellos por sus numerosas venganzas cuando ordenó la ejecución de los presos que se habían escapado de la cárcel; la mira se puso en su falta de proyección para alentar la creación de un tribunal de justicia que contuviesen los abusos y arbitrariedades y “garantizara la propiedad, la vida y la seguridad de los ciudadanos”. Condenaban su indolencia frente a un departamento agrícola por excelencia, sin un programa de fomento al campo. De todos los colores políticos fue pintado Flores Alatorre: fernandino, independiente, iturbidista, republicano, federalista, centralista acomodando su interés particular a la bandera que le conviniese, volviendo patrimonialista lo que debería ser del bien común.

Flores no pudo continuar como hubiera querido. José María López de Nava fue designado gobernador del departamento en 1841 sucediéndose los siguientes gobernadores en periodos tan breves que poco pudieron hacer para armar un programa consistente en el fomento de los distintos ramos. Lo significativo, para nuestro artículo, es que a partir del papel de la junta y de los vecinos poniendo en entredicho la trayectoria del gobernador, el tono respecto de los siguientes fue subiendo al punto de exigir, en el caso del general Nicolás Condell, su destitución. A pesar de que se le reconozca el haber hermoseado las calles de la ciudad, no pasó la prueba de la lealtad, pues fue denostado por la junta como un traidor a la república al haber secundado los planes de Valentín Canalizo. La asamblea departamental no tuvo contemplaciones: “al saberse en esta ciudad su vergonzosa conducta, los vecinos y las autoridades todas han protestado de la manera más solemne no reconocerle por su gobernador”;⁷⁴ recordaron la retractación de su juramento a las Bases Orgánicas y esto no podía pasar desapercibido por faltar a la moral pública.

Finalmente me refiero a la relación de la junta departamental con el que fuera su representante ante el Congreso General en 1845, el general Francisco Flores Alatorre, que volvía a la escena pública después de que la junta y los vecinos se opusieran a que continuara como gobernador de aquel departamento en 1841. Al tratarse la ley sobre el arreglo de la designación de las rentas a los departamentos, el diputado Flores Alatorre se unió a los que con sus razones y argumentos consideraron que Aguascalientes debería regresar como uno más de los distritos al departamento de Zacatecas por su poca extensión territorial, su baja productividad agrícola y la decadencia de sus establecimientos. La asamblea legislativa se esforzó en redactar tres representaciones el 22 de marzo, 9 de julio y 28 de octubre de 1845 con el mismo propósito: expresar su rechazo a la posición de su propio diputado. A diferencia de lo que opinó años antes sobre la ruina del departamento cuyo responsable era el gobernador, ahora puso la mira en que no era una situación particular sino contaminada en toda la república por la centralización del poder. La república central no había dado los frutos que se esperaban. La asamblea no participó más en su defensa. Aguascalientes había adquirido derechos políticos cuando fue erigido como departamento y ésos no se le podían negar, mucho menos cuando reconocían la fracción tercera del artículo I de las Bases Orgánicas. El declive de sus ramos no era por su condición de departamento, sino por las malas administraciones con “mando absoluto y obediencia servil”. Consagró el documento una sólida reflexión sobre el mal que acontecía a las sociedades políticas cuando el interés personal prevalecía sobre el común con el que se favorecía a los partidos políticos, las descomunales fortunas, los largos litigios. Para el caso de Aguascalientes, fue el propio Francisco Flores en su calidad de gobernador quien “no reconoció límite alguno en su conducta pública ni privada, sin distinción de personas ni clases y sin previo examen decretaba prisiones, arrestos y destierros […] no respetó ninguna de las garantías sociales que las leyes aseguran a los ciudadanos”.⁷⁵

Flores Alatorre regresó a Aguascalientes a levantar firmas para secundar su iniciativa. Poco logró porque el ayuntamiento, la asamblea y el vecindario le dieron la espalda. Unas cuantas firmas no representaban las más de sesenta mil almas. En opinión de los integrantes de la asamblea era evidente que ese diputado carecía de representación, su voto contradecía el sentir general de la población que decía representar; ya sabrían las augustas cámaras el valor que le otorgarían a documentos sin fundamento, “a solicitudes no explicadas por sus órganos legales”. En octubre de 1845 la asamblea legislativa de Aguascalientes recordó que el diputado, cuando había ocupado la silla de la gubernatura, había denostado todas aquellas iniciativas relativas a agregarse de nueva cuenta a Zacatecas y ahora caía en evidente contradicción. Solicitaron al Congreso “desechar la iniciativa del actual diputado de Aguascalientes presentada el 6 de febrero último”.

Consideraciones finales

A pesar de que la asamblea legislativa de Aguascalientes se convirtió en un improvisado Congreso adoptando la Constitución de Zacatecas de 1825 con algunas modificaciones y su reglamentación para el gobierno interno de los partidos,⁷⁶ el Acta de Reformas de 1847 era clara: los estados que componen la nación recuperan su independencia y soberanía. El Acta Constitutiva y la Constitución de 1824 “forman la única Constitución política de la república” siendo sus estados los nombrados por dicho código y “los que fueron nombrados después conforme a ella”. Por más que Felipe Cosío, que se encontraba como gobernador provisional de Aguascalientes (2 de septiembre de 1846), defendiera su autonomía e independencia, no logró convencer a las autoridades centrales para atender el viejo pleito que representaba volver a quedar sujetos a Zacatecas. Aquéllos estaban muy ocupados con la intervención norteamericana y desdeñaron como pleito menor la petición de Cosío que no cuadraba en el nuevo orden constitucional. Los zacatecanos, por su parte, no tensaron más la cuerda porque sabían que el otrora departamento se convertiría una vez más en partido bajo su tutela con lo que se volvería a la acostumbrada armonía con los hidrocálidos. El que fuera gobernador y diputado por Aguascalientes, el general Francisco Flores Alatorre, recordó que cuando tuvo la representación ante el Congreso General, presentó la iniciativa de la reincorporación porque sostener el estado de cosas como departamento no auguraba buenos resultados.

El Acta de Reformas a la Constitución de Zacatecas publicada en 1850 estableció en su artículo 45 la vigencia de la Constitución particular de 1832 en cuyo artículo 4, relativo al territorio del estado, se señalaban como sus partes integrantes los partidos de Zacatecas, Fresnillo, Aguascalientes, Sombrerete, Nieves, Juchipila, Mazapil, Pinos, Jerez, Tlaltenango y Villanueva.⁷⁷ En la Constitución del estado de 1852 a los ya mencionados se agregaron los partidos de Calvillo (que había pertenecido al partido de Aguascalientes) y Nochistlán.⁷⁸

El esfuerzo de la clase política hidrocálida por conservar y luchar por su independencia no se hizo esperar. En mayo de 1847 hicieron llegar al Congreso General una representación que fue enviada al resto de las legislaturas para no consentir que se le privara de su “ser político”. Responsabilizaron a Mariano Otero de esta situación. Una vez más enlistaron las bondades de sus recursos humanos, naturales, de la sabiduría de sus distinguidos políticos, de los nobles establecimientos para el fomento de las artes, de su fortalecida milicia; justo cuando presumía detentar todo eso, le cayó el “golpe eléctrico” para su ruina y desaparición.⁷⁹ Se cuidaron de no traer a colación sus antiguas quejas dirigidas a las autoridades departamentales ni presentar algún escenario de deterioro en su sociedad y economía durante los años de centralismo. En su lugar publicaron los viejos y los recientes agravios cometidos por las autoridades zacatecanas. Su enérgica protesta por la permanencia de su “ser político” fue firmada desde la sala del Congreso del Estado y enviada a las legislaturas de Querétaro, Guanajuato, México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Jalisco, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Algunos hicieron llegar su respaldo al que consideraron “pueblo hermano”.⁸⁰ Años más tarde los hidrocálidos se volverían a quejar de las autoridades zacatecanas porque “en lugar de ofrecernos el brazo de una sincera reconciliación, nos trató con toda la altanería de un conquistador que hubiera entrado a nuestra capital por la brecha”.⁸¹

La relación de hechos aquí narrada da cuenta de un interesante caso político-territorial en el marco del orden republicano de las primeras décadas del siglo XIX: la competencia entre las oligarquías de ciudades nodales que tuvieron los recursos territoriales, demográficos, administrativos y políticos para combatir por su independencia y soberanía. Si durante los primeros años de federalismo la discusión más visible se centró en el tema de la doble soberanía entre estados y centro, fue justo en esos años que se preparó el terreno para evidenciar, con el nuevo orden centralista, una de las contradicciones que arrojó el discurso federalizante: la centralización hacia el nivel municipal. El partido de Sombrerete buscó agregarse a Durango sin conseguirlo, los diputados zacatecanos cuando conocieron su petición la resolvieron con el argumento de que “esas cuestiones domésticas se resuelven en casa”. Así se pretendió hacer para el caso de Aguascalientes pero, como se indicó líneas arriba, su prosperidad y pujanza le permitieron sostener la exigencia de su independencia.

Destaco, por otra parte, que el tipo de documento empleado en esta lucha fueron las representaciones impresas, circuladas por los canales legales ofrecidos por el entramado institucional. La independencia de Aguascalientes, su regreso a Zacatecas y su definición final como entidad a partir de 1857 no fue derivada de pronunciamientos militares ni exigida por motines o levantamientos populares. Fue cuestión de las élites regionales acuerpadas en instituciones clave como los ayuntamientos donde supieron aprovechar coyunturas específicas para hacer oír su voz. Este tipo de representaciones dan una idea del peso que tuvo para quienes así lo ejercieron, el derecho de petición, formulado desde la Constitución de 1812 y por algunas constituciones estatales de la década de 1820. Lo curioso del caso es que en las primeras líneas del dictamen presentado por la junta departamental de Zacatecas en 1841 sobre las reformas a la Constitución se hacía toda una apología sobre el derecho de petición: “Parece, pues, indispensable pedir, que entre el catálogo de los derechos del mexicano se comprenda el de poder hacer iniciativas y peticiones sobre cualquier materia al Congreso y a las juntas departamentales”.⁸² Justo eso fue lo que hizo el ayuntamiento de Aguascalientes: redactar su petición para separarse de Zacatecas y ser reconocido como una entidad más de la nación mexicana.

La menospreciada junta departamental desempeñó un papel destacado en varios sentidos: defender la forma de gobierno central, trabar relaciones con el ayuntamiento, con otras juntas, con el Congreso General y ponerle piedras en el zapato a todo aquel funcionario de primer orden que abusara de sus atribuciones. A pesar de que la asamblea legislativa de Aguascalientes, al momento del restablecimiento del código federal de 1824, recuperara la carta zacatecana como su principal corpus legal por no contar con experiencia legislativa, sin duda los años en que se dio vida a su junta departamental y después a su asamblea le fueron significativos al momento de redactar su primera Constitución en 1857.

Por un beso a Santa Anna se ha explicado también la creación del estado de Aguascalientes. Ese beso quedó plasmado en el escudo del estado, en los murales de su Palacio de Gobierno, en la tradición oral, en los libros de texto. Fue un suceso sin duda irrelevante, pero que logró trascender como símbolo fundante de su emancipación.