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Introducción
El 10 de febrero de 1857, el exministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada -relevado recientemente en el Ministerio por José María Urquidi- daba al presidente sustituto Ignacio Comonfort un informe detallado de las operaciones de la desamortización civil y eclesiástica, llevadas a cabo hasta el 31 de diciembre de 1856. Dichas operaciones estaban recopiladas en la Memoria de Hacienda de 1857, documento que todos los miembros del gabinete entregaban año con año. La peculiaridad de este informe es que durante el segundo semestre de 1856 se había puesto en marcha el proceso de desamortización civil y eclesiástica en toda la República a raíz de la promulgación de la Ley emitida por el propio Lerdo de Tejada.
De dicha disposición se tenían grandes expectativas para el bien de la sociedad y su economía, de lo cual dio cuenta Anselmo de la Portilla (1858) en estos términos:
Creyóse en efecto al principio que aquella ley iba a remediar la miseria general, dividiendo la propiedad y derramándola entre millares de individuos, que iba a favorecer a todas las clases de la sociedad [...]1.
Asimismo se lo comunicaba el ministro de Fomento de Comonfort, Manuel Siliceo, al gobernador de Guanajuato Manuel Doblado, el día de la expedición de la ley:
Por mil consideraciones que no se ocultarán a tu buen sentido y a tus ideas de progreso radical y bien entendido, hemos acordado en el gabinete una ley de desamortización de la propiedad raíz de toda especie de comunidades, corporaciones, etcétera, con la que se hará indudablemente en el país una verdadera revolución, convirtiendo de la noche en la mañana en propietarios a los que no lo son y trayendo consigo otras consecuencias de un valor incalculable2.
Empero, todas esas esperanzas lisonjeras acerca de dicha disposición pronto fueron refutadas por los antiguos propietarios (sobre todo la Iglesia) y documentadas por los historiadores contemporáneos. Según estos autores, los resultados optimistas entregados por Lerdo en su Memoria de 1857, en la que anunciaba la creación de 9000 nuevos propietarios, eran una mala apreciación de la situación que se había creado a partir de la puesta en marcha de la ley. Contrario a lo expuesto por Lerdo, Anselmo de la Portilla(1858) asentó en su relato que:
La propiedad no se dividió de manera que se advirtiera una mejora en la condición social del pueblo; el verdadero número de propietarios no se aumentó; algunos especuladores se aprovecharon de la ley para hacer negocios inmorales; algunos ricos aumentaron su fortuna y ningún pobre remedió su pobreza [...]3.
Muchas décadas después, tras una revisión historiográfica emprendida durante el último tercio del siglo XX -acerca del periodo conocido como Revolución de Ayutla, Reforma, Segundo Imperio y República Restaurada (1854-1876)-, los historiadores mexicanistas nacionales y extranjeros han retomado esta idea respecto a la desamortización eclesiástica y civil. Varios de ellos han concluido que el origen del latifundismo y de todas las irregularidades democráticas acaecidas durante el Porfiriato, que establecieron las condiciones del estallido revolucionario de 1910, estaban dadas desde la época de Juárez, pues leyes como la de 25 de junio de 1856 fueron las causantes de la desgracia del agro mexicano. Así, Thomas G. Powell expresó que "la ley Lerdo sirvió para: intensificar el latifundismo y el sistema de peonaje por deudas y la desmoralización de todo un grupo social, el campesinado indígena. Los liberales descubrieron en poco tiempo que la ley era un absoluto desastre para los campesinos, y sin embargo siguieron aplicándola"4.
Una década después Charles Berry, en su estudio sobre la Reforma en Oaxaca, asentó que los liberales, "en el fondo, deseaban favorecer su propia causa y su posición en el gobierno; hacerse del poder a fin de promover su propio ascenso. Ellos serían los principales beneficiarios de la desamortización de la propiedad eclesiástica"5.
Leticia Reina, en su estudio clásico de las rebeliones campesinas en el México del siglo XIX, mencionó que "este Estado liberal surgido de la Revolución de Ayutla se había apoyado en los campesinos para derrocar a la Iglesia y al ejército, pero transigió con los terratenientes"6. Por último, John Tutino, en la década de los noventa, hizo este señalamiento: "un examen cuidadoso del largo desarrollo del pensamiento liberal y de los conflictos sociales del siglo XIX indica que el ataque a la propiedad comunal-por la Ley Lerdo-era intencional y claramente destinado a liberar a los terratenientes mexicanos de la resistencia campesina"7.
Creo que con este pequeño balance ha quedado clara la idea bastante generalizada que hay en la historiografía contemporánea sobre el proceso de desamortización. En el presente artículo, me propongo profundizar en las conclusiones de estos historiadores que me han antecedido y, a su vez, busco mostrar algunos mecanismos empleados por los políticos decimonónicos que han pasado inadvertidos, por medio de los cuales algunos liberales mexicanos se beneficiaron del proceso de desamortización eclesiástica y a la vez contribuyeron a la división de la propiedad.
Analizaré las acciones de tres liberales que fueron funcionarios del Estado durante la desamortización: Manuel Payno, Juan José Baz e Ignacio Ramírez. Busco dar a conocer su labor en torno a la transformación de la realidad en el espacio de la ciudad de México a través de la ley Lerdo y rastrear sus intereses durante el proceso. En el caso de Baz y Ramírez, se comparará su actuación como promotores de la desamortización, para observar el grado de beneficio personal y compromiso social presente en cada personaje. En el caso de Payno, también se lo comparará, pero en su labor empresarial, dado que él no fue un gran promotor de la ley Lerdo.
Mi hipótesis es que hubo liberales de "primera plana" que aumentaron su fortuna con la ley de desamortización de 1856, sin que ello implicara que el único objetivo de la Reforma fuera el enriquecimiento de algunos pocos, sino la búsqueda al mismo tiempo de un beneficio social.
Antecedentes y contexto de la ley de desamortización
La desamortización tuvo varios antecedentes antes de cristalizarse en la ley de 25 de junio de 1856. De hecho, es posible encontrarla en la historia virreinal. El intento de sanear la economía por medio de la traslación de la propiedad raíz eclesiástica y civil, se halla desde las disposiciones emprendidas por el rey borbón Carlos III, por ejemplo en el decreto de 1767 que expulsaba a la Compañía de Jesús de Nueva España y todos los dominios españoles. Esa disposición fue parte de las posteriormente llamadas "reformas borbónicas", mediante las cuales se pretendió hacer más eficiente y racional en todos los ámbitos la administración de los recursos potenciales de España y de las colonias americanas.
En los últimos años del virreinato, la Corona española prosiguió con las políticas reformistas al expedir, en 1804, la "consolidación de vales reales", con el fin de minar la base económica de la Iglesia y fortalecer en consecuencia la del Estado, además de con ello sufragar los gastos de las guerras napoleónicas.
Esta medida había sido adoptada en la metrópoli desde 1798, y llegó a la Nueva España seis años después, su característica, según Carlos Marichal, era que se afectaban "fundamentalmente los fondos líquidos disponibles en los ya mencionados juzgados de obras pías viéndose obligados a ceder sus capitales [los deudores de la Iglesia] al gobierno"8. En total, dicha política desamortizadora dio por resultado la recaudación en Nueva España de 10,321,800 pesos, dos terceras partes del total obtenido de las colonias americanas9.
Ya en el México independiente, la nueva nación obtuvo, a partir del año 1821, los capitales de las otras propiedades desamortizadas durante la última etapa virreinal, como los de la Inquisición, suprimida en 1813, rehabilitada un poco después y abolida definitivamente en 1820. Asimismo los bienes de otras órdenes suprimidas, como los benedictinos, los hospitalarios de Belén, los de San Juan de Dios y los de San Hipólito10. Para 1823 los bienes de la Inquisición ascendían, según Jan Bazant, a 1,880,103 pesos y los de las órdenes mencionadas, conocidas también como "temporalidades", a 525,548 pesos11.
Empero, tales bienes no pudieron ser vendidos sino hasta 1829, durante la administración de Vicente Guerrero y el ministro de Hacienda Lorenzo de Zavala; se vendieron entonces la mitad de los bienes de la Inquisición y de las "temporalidades", cuyos compradores fueron varios comerciantes, hacendados, médicos y abogados12.
A inicios de la siguiente década, en 1833, los esfuerzos realizados para llevar a cabo la primera gran reforma liberal se dieron durante la administración de Santa Anna, en cuyo diseño participaron ampliamente el doctor José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala y Valentín Gómez Farías. Durante ese año se puso en marcha la secularización de los bienes de California, la confiscación de bienes de las misiones de Filipinas, la orden de venta en subasta pública de los bienes de misioneros de San Camilo y Filipinos, disposiciones dadas entre agosto y octubre de 1833. Como parte de estas políticas, se transfirieron al control de la Dirección General de Instrucción Pública, edificios, fondos y fincas pertenecientes a las instituciones a las que ya se hizo referencia, además del Hospital de Belén, Asilo de pobres de Santo Tomás, Antigua Inquisición y Monasterio e Iglesia del Espíritu Santo13.
Además de lo anterior se confeccionó, al decir del doctor Mora, un proyecto de desamortización eclesiástica Monteros, Bernardo Couto, Juan Rodríguez Puebla, Andrés Quintana Roo y José María Luis Mora (1986), junto con el vicepresidente Gómez Farías, que tuvo como objetivo sanear las deudas mexicanas del interior y el exterior:
Los bienes ocupados al clero no deberán ponerse en subasta pública para ser vendidos y rematados en el que mejor los pague; al contrario, los fondos territoriales rústicos y urbanos, se adjudicarán a los inquilinos de casas y arrendatarios de fincas que quisieren recibirlos por su valor calculado al 5% de la renta que hoy pagan, sin otra condición que continuar exhibiéndola en los plazos estipulados y redimir el capital cuando quisiesen y pudiesen [...]14.
No hubo, sin embargo, tiempo de poner dicha desamortización en marcha debido a los sucesos que dieron fin a esa administración, que concluyó en abril de 1834, con el plan de Cuernavaca, el cual anunciaba el cambio del federalismo al centralismo. Diez años pasaron para que se supiera de un movimiento importante en la compra-venta de bienes eclesiásticos. Durante la dictadura santanista de 1844, se acabó de vender la segunda mitad de bienes del Fondo Piadoso de las Californias y las "temporalidades", que no habían podido ser transferidas desde la administración de 1829, y cuyos compradores fueron Manuel Escandón y José Domingo Rascón15.
Otro intento de desamortización e incluso nacionalización de bienes eclesiásticos tuvo lugar en plena guerra con Estados Unidos, cuando en el gobierno de Santa Anna y la vicepresidencia del líder político de los puros, Valentín Gómez Farías, se decretó el 11 de enero de 1847 la nacionalización y venta en subasta pública de los bienes eclesiásticos hasta proporcionarse 15,000,000 de pesos con el fin de costear los gastos de la guerra. Dicha disposición no logró recaudar lo esperado y significó la caída de la administración de los puros, tras la llamada revuelta de los batallones "polkos", llevada a cabo por varios políticos moderados y miembros de la Iglesia. Santa Anna, el 29 de marzo de 1847, finalmente anuló la ley de 11 de enero, bajo la promesa de la Iglesia de otorgar un préstamo a su gobierno de 1,500,000 de pesos16.
En el ámbito de lo civil, la desamortización se remonta a las disposiciones dadas en las Cortes de Cádiz, en las que se propuso reducir a propiedad individual, exceptuando los ejidos, las tierras de las corporaciones civiles, pues estas organizaciones se consideraban un estorbo al engrandecimiento económico del imperio17. Durante el México independiente, siguiendo esta línea, hubo intentos de dotar tierras a comunidades indígenas y hacerlos propietarios individuales, con el fin de convertirlos en ciudadanos de la nueva nación, políticas previas a la ley de 25 de junio de 1856, que también abarcó a las corporaciones civiles18.
Estos intentos de "ciudadanizar" a la población rural a través de la repartición de los terrenos comunales tuvieron como fin la creación de una clase propietaria y ciudadana que compusiera el nuevo Estado nación, pero también contribuir al crecimiento de la economía por medio de la formación de una clase media urbana y rural. Se pensaba que con ello se haría crecer el mercado de consumidores, quienes con sus nuevas posesiones entrarían en un proceso mercantil, que contribuiría a las casi siempre exhaustas arcas del Estado19.
Miguel Lerdo de Tejada dejó claros los fines perseguidos por su ley de desamortización con respecto a las corporaciones civiles y el Estado:
Incuestionable es que no debe tolerarse la subsistencia de comunidades de indígenas, procurándose por el contrario la repartición de los bienes de que han sido propietarios y éste es cabalmente uno de los principales preceptos de la ley20.
En cuanto a los beneficios que traería a la administración de 1856, dentro de los artículos de su disposición refirió al presidente lo siguiente:
Art. 33. Tanto en los casos de adjudicación como en los de remate, pagará esta alcabala [5%] el comprador, quien hará igualmente los gastos de remate o adjudicación. Art. 34. Del producto de estas alcabalas se separará un millón de pesos, unido a los otros fondos que designará una ley que se dictará con ese objeto, se aplicará a la capitalización de los retiros, montepíos y pensiones civiles y militares en el actual servicio21.
Eso desde el punto de vista de las autoridades. Pero estas medidas, desde la óptica de los pueblos, trastocaban formas ancestrales de convivencia en las comunidades indígenas y en sus corporaciones civiles, a las que iba en parte dirigida la ley de 25 de junio. Estas "organizaciones" desempeñaban un papel fundamental en la economía y la cultura de dichas comunidades, mediante acciones como: préstamos en efectivo a comerciantes de la localidad, obtención de cabezas de ganado para la hermandad, cesión de tierras, comidas, pago para los pastores, vaqueros, albañiles, maestros de escuelas y, por supuesto, las festividades religiosas. Por lo tanto, dicha disposición generó un alto grado de resistencia entre las poblaciones rurales22.
Así, una década después de enero de 1847, Comonfort decretó la ley de 25 de junio de 1856, en medio de un ambiente muy convulso debido a la reconstrucción del orden político tras la caída de "Su Alteza Serenísima" en agosto de 1855. El primer reto de don Ignacio como presidente sustituto, trasrelevar a Juan Álvarez en el poder, fue hacer frente a la rebelión que, al grito de "¡religión y fueros!", se armó en Zacapoaxtla, al norte de Puebla en diciembre de 1855, con motivo de la expedición de la ley Juárez.
Sumado a lo anterior, se promulgaron decretos hostiles a la Iglesia, como la derogación de la coacción civil para el cumplimiento de votos monásticos, el 26 de abril de 1856, y el decreto de extinción de la Compañía de Jesús (que había sido rehabilitada por el gobierno de Santa Anna en 1853), dado por el Congreso el 5 de junio de ese año.
El 18 de febrero de 1856 habían iniciado las sesiones del Congreso Constituyente que, conforme al plan de Ayutla, fue elegido para dar una nueva Constitución al país. En él se tocaron temas tan controversiales como la tolerancia de cultos. En este caldo de cultivo, en medio del estira y afloja entre Comonfort, el Congreso y la reacción conservadora, fue que se expidió la Ley de Desamortización civil y eclesiástica, que defendió el propio presidente hasta que se quedó sin salida y decidió dar el golpe de Estado de diciembre de 1857, junto con Félix Zuloaga, Manuel Payno y Juan José Baz23.
En dicha disposición, dada por Lerdo, los inquilinos o arrendatarios tenían la preferencia en la denuncia de las propiedades que rentaban, aun sobre los dueños. También se explicaba la forma en que se liquidarían las mencionadas fincas, calculando un rédito del 6% anual. En palabras de Charles Berry:
Los antiguos arrendatarios que se constituyeron en propietarios debían seguir haciendo pagos mensuales a las corporaciones de las que habían alquilado con anterioridad, siendo la única diferencia que esos pagos ya no eran rentas, sino intereses sobre hipotecas. No hubo exigencias, ni se fijaron plazos para la liberación de las hipotecas, de modo que los propietarios podían seguir haciendo sus pagos indefinidamente. La única exigencia de efectivo derivaba de la estipulación del impuesto sobre la venta, que constaba del 5% [...]24.
Tres funcionarios ante la ley de desamortización
Manuel Payno
A los trece años de edad, Manuel Payno Cruzado25 entró, por influencia de su padre, a laborar sin goce de sueldo en la Dirección General de Rentas, en la que permaneció hasta 1839. Con el tiempo se convirtió en colaborador del periódico El Siglo Diez y Nueve , en donde se impregnó de la ideología liberal moderada, de la que fue partidario.
Tiempo después colaboraría como ministro de Hacienda en varias administraciones, una de ellas la de Mariano Arista, y posteriormente con Comonfort, del 14 de diciembre al 5 de mayo de 1856, en sustitución de Prieto de Urquidi. Prieto y Payno habían colaborado con el presidente interino Juan Álvarez un poco antes de la expedición de la ley Lerdo que nos ocupa. Más tarde Payno asumió un segundo periodo como ministro de Hacienda, con el mismo Comonfort, del 20 de octubre al 11 de diciembre de 185726.
Manuel Payno es, de los tres casos que se analizan en este trabajo, el que más se asemeja al arquetipo liberal que presenta la historiografía a que he hecho referencia. Es decir, es en apariencia uno de los liberales mexicanos que más se benefició de su posición como funcionario y del proceso de desamortización iniciado en el segundo semestre de 1856. Tenía intereses en varios rubros. Era socio de los concesionarios de las compañías del ferrocarril en Tehuantepec, es decir, de los hermanos Escandón, a quienes consiguió, el 19 y el 26 de agosto de 1856, dos concesiones de construcción del camino de fierro de manos de Manuel Siliceo, ministro de Fomento de Comonfort. Al mismo tiempo formaba parte de nuevas compañías mineras y se adjudicaba propiedades conforme a la ley Lerdo, como veremos adelante27.
Un poco antes, en la misma zona del Istmo, cuando todavía era ministro de Hacienda, fue socio de Juan Bautista Jecker y Bonifacio Gutiérrez en el deslinde de terrenos baldíos en la misma zona. Jecker y Gutiérrez gozaban de la concesión desde 1854, pero esta fue modificada en febrero de 1856, correspondiéndole a Payno una tercera parte de los mismos baldíos28.
En septiembre de 1856, ya durante el auge de la desamortización en la capital del país, a través de su esposa Guadalupe González de Payno como prestanombres o tal vez a iniciativa de ella misma, se adjudicó varias propiedades, como la que adquirió el 21 de septiembre de 1856, la casa n.o 23 de la calle de Santa Clara, de la que doña Guadalupe era inquilina, junto con una accesoria anexa, en 12,600 pesos, pagando por ella 63 pesos al mes, propiedad que había pertenecido al Convento de la Concepción29. La esposa de Payno adquirió cinco días después, conforme a la ley Lerdo, una propiedad más, aunque en esta ocasión la pagó al contado; se trató de la casa n.o 27 de la calle de Puente Quebrado, cuya antigua propietaria era "La Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén". La compra se hizo a través del representante de la corporación, Joaquín Cecilio González, y pagó por ella 8000 pesos30. Unas semanas después la señora Payno compró, al mismo representante, la casa n.o 4 de la calle de Puente Colorado, en 6700 pesos; esta propiedad la liquidó en un plazo de 7 años con anualidades de 1873 pesos31.
Por su parte, don Manuel formó una compañía minera en Baja California, junto con otros comerciantes y liberales prominentes como Antonio del Castillo, Fernando Escandón, Ponciano Arriaga, José Miguel Arrioja, Ignacio Amor, Guillermo Prieto, José María Esteva, Bernardo Elguero y Manuel Ocampo. Las minas de la nueva Compañía fueron San Joaquín, la minera de la Soledad, San Nicolás, Santa Gertudis, el Nacimiento y Guasave, entre otras. Con esto, don Manuel mostraba su carácter emprendedor e inquieto ante los negocios, en una época que se prestaba para ello32.
El "segundo aire" de los Payno vendría con el año 1857. El 20 de abril don Manuel adquirió en pública almoneda, con el consentimiento del gobernador Baz, la casa n.o 11 a espaldas de San Juan de Letrán, que pertenecia a la Casa de Niñas Expósitas, pagándola de contado en 2500 pesos33. Tres días después Payno vendió esta propiedad al ayuntamiento de la ciudad de México para que demoliera una parte a fin de ampliar y alinear el callejón de López. La primera mitad la vendió en 2100 pesos y la segunda en 300034. El 13 de mayo doña Guadalupe González de Payno adquirió una casa situada en la calle Real de Tacubaya, de la cual era propietario Juan Bautista Jecker y Cía., en 11,000 pesos, de los que pagó al contado 9000 y los restantes 2000 los liquidó en seis meses35. El último negocio de Manuel Payno que pude localizar se registró en octubre de ese mismo año, poco antes de retomar el Ministerio de Hacienda, no en forma de adjudicaciones sino en otros rubros como el deslinde de terrenos en Sinaloa, el 13 de octubre, junto a Francisco Ocampo36.
Como es sabido, meses después este político, junto a Baz, Comonfort y Zuloaga, participaría en el famoso golpe de Estado de diciembre de ese año. Lo curioso es que, paradójicamente, respecto a la actividad que hemos revisado en este texto, en sus Memorias sobre la revolución de diciembre de 1857 y enero de 1858, al revivir las conferencias o reuniones en Tacubaya que sostuvo con Comonfort, cuando este les pidió su parecer a Baz y Payno acerca de la ley de desamortización y la Constitución, don Manuel le contestó:
V. sabe, le contesté, que yo desde el principio he opinado en contra de la ley de 25 de junio, y aunque sin ponerlo por condición esta segunda vez que entré al Ministerio de Hacienda, tenía intención de derogarla, pero registrando los expedientes, y examinando los antecedentes, me he encontrado con un cúmulo de dificultades tan invencibles, que creo lo mismo que el señor Baz que es imposible su derogación37.
Las dificultades invencibles para echar abajo la ley tenían que ver con la cantidad tan grande de intereses creados, entre ellos los del propio Payno, y de los cuales seguramente hay más que no he podido localizar pues, según la Memoria de Hacienda de 1857 , Payno compró más de 90,000 pesos en bienes eclesiásticos38. Al revisar en las fuentes algunos de los movimientos de Manuel Payno, puedo sugerir mas no asegurar que fue probablemente capaz de entregar a Comonfort a la reacción con tal de salvar sus intereses, pues es curioso saber que desde el 15 de octubre de 1857, dos meses antes del golpe de Estado, estuviera planeando salir del país y por ese motivo pidiera préstamos a Jecker y Cía. en "esta capital, Londres y París en Europa, dejando como garantía las casas de Puente Quebrado y Real de la Villa de Tacubaya"39.
Al mismo tiempo dejaba, al día siguiente (16 de octubre), al provisor del Arzobispado un poder general sobre sus propiedades para que "gobierne y administre las fincas urbanas que hoy posee en esta capital el señor otorgante"40, tras ser denunciado ante el Congreso como conspirador en contra del régimen y organizador del proyecto de un golpe de Estado. Tiempo después, al parecer, Payno admitiría el cargo y diría "Comonfort fue la víctima"41.
Lo anterior se complementa destacando que todas las propiedades de Payno no fueron anuladas por la ley dada por Zuloaga en marzo de 1858 que regresaba a la Iglesia las fincas adjudicadas por medio de la ley Lerdo, a excepción de la que había revendido al ayuntamiento; las dos haciendas adquiridas por Comonfort en Tehuantepec tampoco fueron anuladas y en general los protocolos del notario Pablo Sánchez, aunque no sé bien el motivo, pues los demás notarios sí fueron obligados a anular las transacciones. Probablemente Zuloaga les hizo un favor a sus antiguos compañeros políticos42.
Juan José Baz
Juan José Baz43, durante la década de los años cuarenta, se distinguió por su militancia federalista, su combate a la facción centralista, y su propuesta de nacionalizar los bienes de la Iglesia en 1847. Durante la intervención norteamericana fue nombrado, por primera vez, gobernador del Distrito Federal en 1847, pero fue rápidamente removido por Santa Anna.
Su segunda gubernatura fue de noviembre de 1855 a octubre de 1857. En esa administración sobresalió por su persecución al bandolerismo, su reorganización de la policía, la fundación del asilo de Tecpan de Santiago y su anticlericalismo exacerbado. Este último pudo observarse en la demolición del convento de San Francisco para abrir la calle de Independencia y su altercado con el Arzobispo de México, Lázaro de la Garza y Ballesteros, durante la Semana Santa de 1857. El religioso no quiso recibirlo en la Catedral junto a su comitiva, lo que ocasionó la encarcelación de los miembros del cabildo catedralicio. Destaca también su búsqueda incesante de transformación de la realidad y el espacio de la ciudad de México a través de su labor promotora de la ley Lerdo. Por último, se distinguió en ese periodo por descubrir y sofocar, en menos de un año, más de 40 conspiraciones contra el gobierno constituido, formar la guardia nacional del Distrito y por haber sido participe del golpe de Estado de diciembre de 185744.
La labor emprendida por Juan José Baz en torno a la promoción de la Ley de Desamortización que voy a dar a conocer se ha pasado por alto entre sus biógrafos, pues se piensa tal vez que carece de importancia. Baz, desde su función como gobernador del Distrito, ejerció una especie de "asesoramiento" en el proceso de adjudicación y remate de propiedades, conforme a la ley de 25 de junio de 1856, que comenzaba cuando a él acudía la gente interesada en el proceso y el gobernador la canalizaba con los notarios que él conocía, e incluso se presentaba con los interesados ante la notaría y el notario en turno, y facilitaba la entrega de las escrituras por parte de las corporaciones religiosas; o en el caso de que estas se negaran a hacerlo, él las otorgaba a nombre de la "Nación". Para ejemplificar este proceso de Baz, que siguió por igual Ignacio Ramírez, transcribiremos parte de un protocolo notarial:
En la ciudad de México a cinco de diciembre de 1856, ante mí el escribano y testigos el E.S. Gobernador, D. Juan José Baz a quién doy fe conozco dijo: que según el certificado que ha exhibido don Francisco Yniestra [sic] y Co. del señor secretario de Gobierno del mismo Distrito que se agrega al protocolo y saldrá inserto en cabeza del testimonio que se ha de dar de esta escritura, aparece que con esta fecha remató en pública almoneda dicho señor Yniestra y Compañía la casa no. 17 de la calle de Chiconautla conforme a la ley de 25 de junio último, perteneciente al Convento de Galvanera, y debiéndose extender la respectiva escritura de adjudicación el E. S. Gobernador por la presente en la vía y forma que más alla lugar en derecho firme y valedero sea a nombre del Supremo Gobierno de la nación otorga que debía de adjudicar y adjudica, vende, cede y traspasa públicamente de hoy y para siempre al Sr. D. Francisco Yniestra y Compañía y sus herederos la casa no. 17 de la calle de Chiconautla [...]45.
Visto el procedimiento seguido por los promotores de la ley, voy a tomar solamente algunos casos para ejemplificar este asunto, pues me interesa destacar el tipo de personajes a los que ayudó en el proceso Baz, con el fin de contrastarlo con la acción de Ignacio Ramírez que también será revisada más adelante. Dado que los expedientes de Baz y Ramírez en el Archivo de Notarias de la ciudad de México son muy vastos, solo revisé algunas decenas de protocolos de cada uno, tratando con ello de marcar las tendencias presentes en cada uno de estos políticos liberales.
En cuanto a sus propias adjudicaciones, me encontré con que Juan José Baz se adjudicó el 23 de septiembre de 1856 una propiedad perteneciente a la Universidad de México, ubicada en el n.o 1 de la calle de los Meleros, a través del tesorero de la misma Institución, don José María Durán. Baz obtuvo el permiso de Comonfort y la casa fue valuada por el agrimensor Rafael Durán en 12,560 pesos y 4 reales, a lo que se redujeron 880 pesos por reparaciones, con una superficie de 184 varas cuadradas. El precio final fue de 10,000 pesos, pagando 50 al mes, aunque posteriormente, en agosto de 1857, la traspasaría a Víctor de la Fuente46.
Baz, al igual que Payno, al parecer utilizó a su esposa Luciana Arrazola como prestanombres o ella por iniciativa propia se adjudicó algunas propiedades conforme a la ley Lerdo, como las que adquirió el 6 de diciembre de 1856, ubicadas en el n.o 3 y el n.o 6 del callejón de las Ratas, ambas en 3416 pesos, pertenecientes a la "Sacristía de la Merced"47, la n.o 1 de la calle del Factor, con valor de 10,000 pesos, que perteneció al Convento de la Encarnación, y la casa baño n.o 5 de la calle del Salto de Agua en 13,240 pesos, perteneciente a la "Obra Pía fundada en la Merced"48, por las que pagó, al parecer, 50, 15 y 66 pesos al mes respectivamente. La señora Baz perdió su última casa por la ley de Zuloaga en marzo de 1858, aunque salvó las primeras tres, ignoro el motivo.
Por su parte, su marido orientó a varias personas con el fin de contribuir a la transformación de la realidad por medio de la ley, por ello ayudó a adjudicarse propiedades a su esposa Luciana, así como a Marcelino Sánchez, quien adquirió el n.o 18 de la calle del Sapo junto con nueve accesorias; a José Salvador Lozano, nuevo propietario de la casa n.o 3 de la calle de Jesús Nazareno; a Rosendo Laimon, a quien adjudicó el n.o 18 de la calle de la Cadena; a Eugenia Longa, dueña del n.o 13 de la calle de Monte Alegre; a Cayetano Tallez, del n.o 6 de la segunda calle de Puente de la Aduana vieja49; además de otras personas en cuyas transacciones no profundizaremos, Paulina Paredes50, Francisco Flores, Manuel Ramírez, José Urdapillaneta, Luis Picaso, Ignacio Baz y Francisco Iniestra, con precios de venta que iban desde los 534 hasta los 20,000 pesos51. Precisamente nos detendremos un poco en estos últimos personajes, Baz e Iniestra, por su importancia.
Ignacio Baz fue un rematador de bienes eclesiásticos de los cuales adquirió por lo menos una docena con "orientación" de Juan José Baz. No tengo certeza de si fue un pariente del gobernador, pues ninguno de los hijos de este se llamaba así, dado que respondían al nombre de Maximiliano y Gustavo52; pero tal vez pudo ser un primo lejano o simplemente una coincidencia en los apellidos, pues descubrí que este personaje era hijo del comerciante Ignacio Baz padre y tuvo por hermanos a Agustín y Guadalupe Baz, aunque lamentablemente el testamento no incluye sus segundos apellidos53.
Por su parte, Francisco Iniestra fue un funcionario y representante de una de las varias compañías rematadoras que se fundaron para apropiarse de fincas pertenecientes al clero. Su compañía -localizada hace tiempo por Jan Bazant- tuvo por nombre Francisco Iniestra y Cía., una de las más importantes, misma que renacería en 186154. Baz ayudó Iniestra a rematar varias decenas de propiedades.
El último caso es la asociación, al parecer lucrativa (que también localizó Jan Bazant, pero que, al igual que con Iniestra, no relacionó con Juan José Baz), fue la que sostuvo el gobernador con otro representante de una compañía rematadora, tal vez la más importante del periodo, Manuel Morales Puente y Cía., que se componía de Ignacio Loperena, Cayetano Rubio, Ignacio Muñoz Campuzano, Ramón Larrainzar y el propio Morales Puente. Dicho personaje es descrito por Bazant de esta forma:
Manuel Morales Puente fue el rematante más fuerte del momento [1856], quien en 150 operaciones se quedó con fincas por valor de $986,997, o sea casi con un cuarto del valor total de los remates del distrito de México [...]55.
Baz ayudó a Morales Puente a rematar 150 fincas, aunque pudieron ser más, dado que el mismo expediente que refiere Bazant, que yo también consulté, contiene 610 fojas de protocolos realizados en un tiempo récord, del 2 al 9 de enero de 1857, en el que alrededor del 80% son operaciones de dicha compañía56. Del pasado de Morales Puente se puede decir lo siguiente: fue miembro del Ayuntamiento constitucional de México en 1851, junto a Pedro María Anaya, Simeón Arteaga y Miguel Lerdo57; al año siguiente, al parecer fue regidor de la comisión de ríos y acequias, junto a José María Castillo Velasco58. Tras la caída de Santa Anna en octubre de 1855, fue comisionado por José Vicente Miñón, gobernador interino del Distrito, para formar su guardia nacional, registrando a ciudadanos voluntarios en el Convento y diputación de San Francisco59. Falleció el 19 de marzo de 1871, como diputado del Congreso Federal60.
Lo que se puede concluir respecto a la actuación de Baz es que, al tiempo que buscó diversificar la propiedad entre un número considerable de sujetos de recursos medios, también colaboró en gran medida al acaparamiento de las propiedades por unos cuantos privilegiados, como ocurrió con Ignacio Baz, Francisco Iniestra y Manuel Morales Puente.
Ignacio Ramírez
Ignacio Ramírez61 inició su trayectoria como publicista bajo el seudónimo "Nigromante" en el periódico Don Simplicio , al lado de Guillermo Prieto y Vicente Segura; también colaboró en El Monitor Republicano, La Chinaca y El Clamor progresista . Fue un gran orador e ideólogo del partido liberal, reconocido sobre todo por su estilo periodístico crítico, satírico, mordaz con todos los gobiernos, en especial en contra de Santa Anna y posteriormente contra Juárez.
Empero, su faceta como un promotor de la ley Lerdo es desconocida o poco valorada por sus biógrafos, pues en la mayoría de los trabajos consultados no se menciona tal actividad62. Únicamente Ignacio Manuel Altamirano, en su Biografía de Ignacio Ramírez , dice al respecto: "Ramírez, desempeñando un juzgado de lo civil en México, en el que se hizo notable por su integridad y sabiduría, se mostró más grande todavía como diputado, tomando parte de las discusiones de los Congresos de 1856 y 1857"63, es decir, menciona algo muy vago o prácticamente nada. Esta es una laguna importante que trataré de contribuir a subsanar, y ella es sumamente significativa, pues se trata de "otro" Nigromante , dado que dicha actividad representa otro aspecto por medio del cual el político mexicano contribuyó a la mutación del México de su época.
Según la documentación consultada, Ramírez, desde sus funciones como 6.o juez de lo civil de la capital, al igual que Juan José Baz, decidió transformar la realidad y secularizar el espacio de la ciudad de México (que no fue poca cosa, pues la capital fue uno de los territorios que logró una desamortización eclesiástica casi total para el año 1856, según Jan Bazant64) a pesar de ser un crítico de la Ley de desamortización, pues creía que esta iba a enriquecer a una minoría a costa de la mayoría, como al parecer ocurrió. En su labor en el juzgado se comprometió con el proyecto de los liberales puros en materia social (Ocampo, Arriaga, Juárez, Mata, Castillo Velasco, Olvera y él mismo) y buscó diversificar lo más que pudo la distribución de la propiedad. Al igual que el gobernador del Distrito, él estaba facultado para orientar a los inquilinos de los inmuebles que deseaban adjudicarse, canalizándolos con varios notarios y presentándose con los interesados ante la notaria y el notario en turno.
Uno de ellos fue su suegro Remigio Mateos, de cuyos protocolos recuperamos la actividad del Nigromante . Este orientó, al igual que Baz, a cientos de personas de todas las extracciones sociales; gente como Clementa Ibar, a quien ayudó a adjudicar el n.o 7 de la calle del Puente de la Merced, a Ramón A. Gochieva el n.o 3 de la calle del Puente de la Aduana vieja, a María Anastacia Reyes el n.o 1 del callejón de la Paja, a José García Conde el n.o 31 de Donceles, a Guadalupe Castillo el n.o 3 de la calle de la Alcancería, y a Tomás Guerrero el n.o 1 de la calle de la Estampa de San Miguel.
Ayudó a algunas otras personas en cuyos movimientos no podemos profundizar más, como Ignacio Blanquel, Agustina Pérez, Clemente Hidalgo, Mariano Espinoza, Luis Ramírez, Mateo Echaíz, Luis Romero, Jacinto Parrodi, Pedro Lozano Vargas, entre varios más, con precios de venta que oscilaban entre los 41.66 y los 19,400 pesos65. Destaca el caso de Lozano Vargas por la peculiaridad de que se adjudicó un terreno conocido como los Socavones, que pertenecía a la "Obra Pía de nuestro padre Jesús", que fue valuada en 41.66 pesos; Vargas adquirió el compromiso de pagar por él 2 pesos y 4 reales al año, siendo uno de esos casos que al parecer se dieron a cuentagotas durante la desamortización, favoreciendo a la clase más baja.
Empero, el contraste con Payno y Baz es bastante más marcado, pues Altamirano no mintió al subrayar que el Nigromante se hizo notable cuando fue juez civil debido a su inteligencia y su integridad; ya que, a diferencia del exministro de Hacienda y el gobernador, Ramírez solo adquirió una propiedad durante el proceso, y su esposa Soledad Mateos no fungió, a diferencia de las demás, como prestanombres de su marido, pues no hay registro de ella en las guías del archivo de notarías66. Esto es importante, dado que el Nigromante demostró con este gesto su compromiso como político, resistiéndose como pocos ante la tentación de adquirir estatus por medio de las propiedades, tal y como lo hicieron otros; pero sobre todo porque mostró una honestidad "escalofriante" y una congruencia con su pensamiento, pues buscó la realización del pequeño propietario y ciudadano liberal que se anhelaba en la época.
También hay que mencionar que tanto Baz como el Nigromante transformaron la realidad y secularizaron el espacio, por lo menos de julio de 1856 hasta marzo de 1858, cuando Zuloaga echó abajo la ley de desamortización, y que tras la guerra de Reforma, varios propietarios renunciaron a las fincas. En el caso de Baz, la mayoría de las transacciones que mostramos se recuperaron una vez concluida la Guerra de Tres Años, a excepción de cinco casos, que fueron adquiridos por gentes con una mentalidad más capitalista, como los representantes de las Compañías. Por su parte, de la mayoría de los casos de Ramírez que presentamos, solo se logran cinco, pues la generalidad de las personas al parecer fueron de una mentalidad más tradicional, entre ellas varias señoras que probablemente eran prestanombres de la Iglesia67.
Con respecto a las mujeres, recientemente Irina Córdoba realizó una investigación sobre la desamortización eclesiástica por parte de 353 mujeres en la ciudad de México en el mismo periodo referido por mí, y por medio de su trabajo sabemos que las mujeres solteras podían celebrar contratos sin tutela una vez cumplidos los 25 años, y con 21 años a partir de 1863, en el Distrito Federal y Territorios. A esa edad adquirían la categoría sui juris , o libre de toda patria potestad. En otros casos podían administrar sus bienes desde los 18 años si el tutor las consideraba capacitadas para ello y las viudas, por supuesto, administraban los bienes de sus difuntos esposos68.
Otro dato a destacar es que la mitad de los protocolos de las mujeres analizados por la autora no contenían el estado civil y la edad. Yo me encontré con algunos de estos casos, como el lector ha podido darse cuenta. Las esposas de los funcionarios revisados sí contenían estos datos y por eso los consigné, con las demás féminas no los pudimos señalar debido a la ausencia de los datos en la documentación, lo cual es una lástima, pues nos podía haber dado otra perspectiva del proceso en general69.
De la desamortización a la nacionalización
Como sabemos, tras el inicio de la Guerra de Reforma el 11 de enero de 1858, con la remoción de Ignacio Comonfort como Presidente de la República y su sustitución por el conservador Félix Zuloaga y Benito Juárez desde el bando constitucionalista, se dio continuidad a la lucha, esta vez en forma abierta. Tras el primer año, en que el ejército conservador contó un número considerable de victorias, y el reconocimiento de las potencias europeas, Miguel Miramón preparaba en los primeros meses de 1859 el primer acecho al puerto de Veracruz, sede del gobierno liberal. En ese contexto fue que los generales del ejército liberal Santos Degollado, Pedro Ogazón y Jesús González Ortega empezaron a nacionalizar los bienes del clero, anticipándose a las medidas del gobierno federal, que finalmente lanzó el código de la Reforma, el 12 de julio de 1859. En él se dictó la nacionalización de los bienes de la Iglesia y la separación entre la Iglesia y el Estado. Así, se inició inmediatamente la denuncia de propiedades eclesiásticas en los territorios ocupados por los constitucionalistas70.
Dicha disposición se distinguió de la ley Lerdo por ser mucho más radical, al señalar que los bienes de la Iglesia siempre habían pertenecido a la Nación y porque a la hora de liquidarlas los antiguos propietarios no recibirían pagos, sino que estos irían a parar a las arcas del Estado. La nacionalización se aplicaría de forma más integral hasta el triunfo de los liberales en la guerra civil en enero de 1861. Esta disposición y la desamortización de los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas del 25 de junio de 1856 sirvieron en conjunto a los liberales, más que en el plano económico, en el ámbito político, pues gracias a la desamortización y nacionalización, se creó una base relativamente amplia de nuevos propietarios y, por lo tanto, potenciales aliados de los liberales71.
Varios de los nuevos compradores de bienes nacionalizados a partir del año 1859 eran de origen extranjero, muchos de ellos franceses y norteamericanos, que empezaron a presionar a los gobiernos de los conservadores y del posterior Imperio de Maximiliano. También hubo mexicanos de todos los extractos sociales, que pugnaron por el triunfo liberal, al ver ligados sus intereses al lado de los del gobierno "juarista". Empero, muchos movimientos de adjudicaciones y remates de propiedades eclesiásticas a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el año 1856, se fueron complicando a raíz de la nacionalización, pues al haber renunciado a las propiedades voluntariamente algunos con la ley de Zuloaga de 1858, o bajo la presión de esta administración, la relativa diversificación de la propiedad, lograda en parte por gente como Juan José Baz e Ignacio Ramírez, tal vez se fue diluyendo poco a poco, coyuntura que fue aprovechada por agiotistas y representantes de compañías como las que he revisado someramente, algunas de ellas ligadas a políticos liberales, como en su momento lo fue Juan José Baz.
Esas circunstancias fueron enredando aún más el ya de por sí complicado proceso de adjudicación de propiedades y su estudio, cuestiones que ya habían sido apuntadas por especialistas como Jan Bazant, Charles R. Berry y Robert J. Knowlton décadas atrás, y que tuve la oportunidad de comprobar durante la investigación. Obstáculos que van desde la simple localización de propiedades de los políticos liberales en el acervo, a pesar de la valiosísima ayuda de las Guías de Protocolos del Archivo de Notarías , pasando por los movimientos de traspaso de fincas que se daban entre los adquirientes como Baz y Payno y en la anulación de la ley Lerdo en marzo de 1858, por la cual muchas personas no recuperaron sus propiedades adquiridas en 1856, además del uso de prestanombres, entre otras, a las que se sumarían las creadas desde el año 1859 por el Imperio de Maximiliano y la República Restaurada.
Conclusiones
Con la revisión de los tres casos concretos de políticos liberales ante el proceso de desamortización eclesiástica, he tratado de explicar varios de los mecanismos que algunos políticos liberales utilizaron durante el proceso de desamortización eclesiástica, que tuvieron como fin la búsqueda de intereses personales, pero también la individualización de la propiedad y la secularización de la sociedad. Asimismo, he hecho referencia a la complejidad del estudio de estos temas, debido a la cantidad tan grande de información disponible en los archivos notariales de los estados, en este caso, el del Distrito Federal, junto con el uso de prestanombres, litigios, disputas y anulaciones de propiedades, entre otras72.
Una aportación modesta que intenté hacer a la historiografía sobre desamortización eclesiástica en este escrito fue dar a conocer la labor de los promotores de la ley de desamortización, figuras que hasta entonces habían pasado inadvertidas. Lo importante de estas "figuras" dentro de la "política social" del liberalismo mexicano es que explican cómo se fue complementando el proceso que dio por resultado el probable acaparamiento de la propiedad por comerciantes o políticos, de los que tenemos mayor certeza de su beneficio a través del estudio de Jan Bazant, entre ellos dos liberales, de "segundo o tercer orden", Francisco Iniestra y Manuel Morales Puente, que fungieron al mismo tiempo como representantes de compañías rematadoras.
Si se continua con este trabajo en los archivos notariales de la ciudad de México y otros estados de la República, podremos seguramente dar con otros "promotores" de la desamortización, entre los funcionarios y políticos prominentes de la época. Lo que nos dará otra lectura del proceso, pues tal vez, como en el caso que presento, nos daremos cuenta de que existieron políticos que colaboraron al acaparamiento de la propiedad y se beneficiaron de ella, tesis demostrada por Jan Bazant, Robert J. Knowlton y Charles Berry, y también quizá nos demos cuenta de que probablemente hubo otros políticos que prefirieron seguir el camino de Ignacio Ramírez o que hubo varios casos como el del humilde adjudicatario Pedro Lozano Vargas, quien se benefició de la desamortización eclesiástica.
Lo anterior nos dará un panorama más completo sobre el proceso de la construcción de una nueva élite, sumado a factores como la resistencia de la Iglesia, la Guerra de Reforma, la Intervención francesa, la indecisión de algunos sectores más tradicionales con respecto a reclamar sus propiedades tras las guerras, o la falta de capital en ellas para adquirirlas. Todo ello muestra la complejidad de la época en cuestión, que no se puede aprehender cabalmente más que haciendo otras reflexiones, junto con las emprendidas por la historia social mexicana.
Fuentes
Centro de Estudios de Historia de México Carso: Fondo XXXIII, Impresos Constitucionales.
Archivo Histórico de Notarías de la ciudad de México: José María Ramírez, José Querejazu, Manuel Orihuela, Pablo Sánchez, Francisco Pérez de León, Manuel de Madariaga, Remigio Mateos, Ramón de la Cueva.
Periódicos: El Monitor Republicano.
