Artículos

 

El radicalismo republicano en Hispanoamérica: un balance historiográfico y una propuesta de estudio¹

 

Republican radicalism in Latin America: a historiographic evaluation and a study proposal

 

Alfredo Ávila*

 

* Investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su correo electrónico es: alfredo.avila@unam.mx.

 

Resumen

Tras la independencia, los países hispanoamericanos enfrentaron problemas parecidos, pero también tuvieron expectativas semejantes. Desde el Río de la Plata hasta México, pasando por Colombia y Centroamérica, pensadores y dirigentes políticos creyeron que había llegado el momento para erradicar los hábitos coloniales y transformar a la sociedad. El presente artículo da cuenta de la simultaneidad de esos procesos, por lo que el autor propone que, en realidad, se trata de un mismo proceso, ocurrido entre las décadas de 1820 y 1830. Sin embargo, cambiar los hábitos y la cultura política de la sociedad no es tarea fácil. Movimientos antireformistas dieron marcha atrás a casi todas las medidas impulsadas por la generación de políticos encabezada por Bernardino Rivadavia, Francisco de Paula de Santander, Mariano Gálvez y Valentín Gómez Farías.

Palabras clave: reformas, utilidad pública, educación, reforma fiscal, provincia de Buenos Aires, Colombia, Estado de Guatemala, México, Bernardino Rivadavia, Francisco de Paula Santander, Mariano Gálvez, Valentín Gómez Farías.

 

Abstract

After Independence, Latin American countries faced similar problems yet also had similar expectations. From the River Plate to Mexico, through Colombia and Central America, thinkers and political leaders thought that the time had come to eradicate colonial habits and transform society. This article describes the simultaneity of these processes, as a result of which the author proposes that it is actually the same process, which took place between 1820 and 1830. However, changing the habits and political culture of society is no easy task. Anti-reform movements overturned nearly all the measures promoted by the generation of politicians led by Bernardino Rivadavia, Francisco de Paula de Santander, Mariano Gálvez, and Valentín Gómez Farías.

Key words: reforms, public utility, education, tax reform, province of Buenos Aires, Colombia, State of Guatemala, Mexico, Bernardino Rivadavia, Francisco de Paula Santander, Mariano Gálvez, Valentín Gómez Farías.

 

En las décadas recientes, los historiadores han insistido en la necesidad de una perspectiva común para explicar las revoluciones hispanoamericanas de la segunda década del siglo XIX. En términos generales, se ha abandonado la interpretación que veía ese proceso como "guerras de independencias nacionales" para enfatizar que lo que se presentó fue la crisis y disolución de la monarquía española, con la consecuente fractura de las jerarquías territoriales que la habían caracterizado y el difícil surgimiento de nuevas entidades político-territoriales.² Los resultados de estos trabajos han sido sumamente benéficos. El peso del constitucionalismo iniciado en Cádiz entre 1810 y 1812, la revolución territorial de los pueblos y la erección de Estados soberanos allí donde antes sólo había provincias, el poder destructor y transformador de las guerras y los ejércitos en todo el continente, las experiencias trasatlánticas de políticos y pensadores, y los lenguajes políticos comunes, han iluminado aspectos que permanecían oscuros desde la perspectiva estrictamente nacional.³

Sin embargo, con notables excepciones, la perspectiva común se pierde apenas iniciada la vida independiente de cada uno de los países hispanoamericanos.⁴ Resulta explicable que, con el paso del tiempo, cada una de las repúblicas establecidas en el continente siguiera un camino propio, pero muchos rasgos comunes permanecieron, en especial en los primeros años. Para empezar, tuvieron que hacer frente a los mismos problemas. Tras la caída del principio de legitimidad monárquico cualesquier órganos de gobierno pudieron ser discutidos. Esto obligó al establecimiento de sistemas representativos, aunque las formas que se diseñaron también fueron cuestionadas. En algún caso se propuso representar a los cuerpos e intereses que integraban la sociedad, si bien la mayoría estaba por representar a los individuos, pero también a los territorios. Las elecciones —uno de los mecanismos para hacer funcionar los sistemas representativos— ocasionaron numerosos problemas ¿quiénes debían votar? ¿qué cargos hacer electivos? Los esfuerzos para establecer gobiernos sobre territorios y provincias que se habían asumido como Estados soberanos dieron como resultado diversas clases de uniones, como las confederaciones en el Río de la Plata, Centroamérica y México o la propuesta más centralista (¿más federalista?) de Colombia.⁵

De sur a norte los problemas eran semejantes, y las propuestas también. El presente trabajo es un paso para extender el análisis común en la historia hispanoamericana más allá del proceso de emancipación, a los primeros años de la vida independiente. En las páginas siguientes presentaré un acercamiento al radicalismo republicano de las décadas de 1820 y 1830 en cuatro regiones (aunque haré alguna referencia a otros casos); a continuación me detendré en la manera en que la historiografía ha analizado estos fenómenos, y concluiré con algunas propuestas para su estudio. Se trata de un proyecto de investigación que recién estoy iniciando, y que continuará en los siguientes años. De momento, su originalidad radica en la apreciación de que esos cuatro casos pueden ser vistos como parte de un proceso común de formación del orden republicano —de ahí que no considero que se trate de un ensayo de historia comparativa— y en las hipótesis que deberán ser corroboradas mediante una investigación más larga.

 

El orden republicano

Hay muchos elementos comunes en la historia de los países hispanoamericanos luego de la independencia. En todas partes se establecieron repúblicas, incluido México tras la caída del breve gobierno imperial de Agustín de Iturbide. Esto no quiere decir que el monarquismo hubiera desaparecido. Por el contrario, no pocos políticos pensarían que una solución a la inestabilidad política de estas naciones sería, precisamente, establecer un "poder conservador" o "moderador", fundado en una legitimidad que estuviera más allá de las discusiones y disputas de la política, especie de monarquía sin príncipe, como señaló Edmundo O'Gorman.⁶

Una de las características de los gobiernos que se establecieron en Hispanoamérica en la década de 1820 fue tratar de implantar un nuevo orden, en el que los privilegios característicos del periodo colonial desaparecieran y los ciudadanos encontraran en el ejercicio de sus derechos un medio para progresar individual y colectivamente. Sin afán de establecer una genealogía intelectual (tema sobre el cual volveré más adelante), desde la segunda mitad del siglo XVIII varios destacados políticos y pensadores españoles habían venido insistiendo en la necesidad de impulsar reformas que permitieran a la monarquía encontrar un nuevo aliento. Las proposiciones de Pedro Rodríguez Campomanes y de Melchor de Jovellanos encontrarían eco en América en las elaboradas por Victorián de Villava, entre otros, en la audiencia de Charcas, y Antonio de San Miguel, en el obispado de Michoacán. Si bien tenían algunas diferencias (San Miguel era un defensor de los privilegios eclesiásticos, lo mismo que su protegido y sucesor Manuel Abad y Queipo), coincidían en la necesidad de que todos los miembros de la república, sin importar su condición y calidad, contribuyeran a su sostenimiento. Para estos individuos, los supuestos privilegios de los indígenas americanos habían servido más para mantenerlos en perpetua infancia y explotarlos, que para protegerlos. De ahí deriva la propuesta de abolir la odiosa mita y los repartimientos, pero también las exenciones fiscales y los bienes comunales. Desde esta perspectiva ilustrada, una sociedad integrada por propietarios, en vez de indios con tierras comunales, "formaría hoy una clase distinta y acomodada con gran incremento de la población y de la renta del Estado".⁷

Estos proyectos para formar una sociedad de ciudadanos comprometidos con el sostenimiento del Estado se retomarían con fuerza recién alcanzada la independencia de los países hispanoamericanos. En Colombia, desde 1824, el gobierno de Francisco de Paula Santander promovió un sistema impositivo cuyo objetivo era reducir las cargas fiscales, para propiciar la creación de riquezas, pero también para que todos contribuyeran. Por su parte, la legislatura de Buenos Aires se proponía, por medio de una reforma hacendaria, estimular la productividad a través de la reducción o eliminación de algunas de las cargas tradicionales, como el diezmo, al tiempo de hacer que todos, sin excepción, pagaran un impuesto proporcional. En México, la búsqueda por la igualdad tributaria empezó antes de la independencia, cuando el virrey Félix María Calleja aplicó las disposiciones de las Cortes de Cádiz aun después de la abolición del régimen constitucional en 1814, pues garantizaban ingresos al gobierno virreinal. La igualdad, la uniformidad y la proporcionalidad marcaron el norte de los proyectos fiscales. La fragmentación hacendaria y otros problemas comunes ocasionados por las guerras civiles de la década de 1810 impidieron el éxito de las reformas. En Colombia y en México, la viabilidad de los gobiernos dependió de préstamos de los agiotistas, mientras que los tributos indígenas (en principio abolidos en beneficio de contribuciones igualitarias), fueron restablecidos en varias regiones, a veces con otros nombres. Al final, la mayoría de esos proyectos fracasó. Era más fácil recaudar en el comercio que en una sociedad fragmentada por efecto de la guerra.⁸

Los proyectos de reformas fiscales tenían como objetivo contar con recursos que dieran viabilidad a los nuevos gobiernos, pero también promovían cambios en la manera de concebir al Estado, la sociedad y las relaciones entre ambos. Así, la supresión del diezmo tenía como objetivo —explícito, al menos en el Río de la Plata— convertir a los eclesiásticos en funcionarios públicos, pagados por el gobierno civil. Bajo el orden corporativo característico del dominio español no había en un sentido estricto una diferencia entre Estado y sociedad. En principio, todos los súbditos del monarca se hallaban integrados a uno o varios cuerpos que otorgaban privilegios y obligaciones diferentes, que dictaban sus normas internas y tenían su propia jurisdicción y gobierno, aunque estuvieran subordinados al rey.⁹ Los proyectos liberales —y los ilustrados de finales del siglo XVIII— buscaban construir un nuevo orden en el que hubiera una relación directa entre el Estado, que monopolizara la legislación; el gobierno y la administración de justicia, y los ciudadanos, con derechos y obligaciones iguales. De ahí que desde la reunión de las Cortes de Cádiz, uno de los objetivos de los constituyentes fuera negar representatividad a las corporaciones, como sucedió en el caso de la petición elaborada por el Consulado de México en 1810. Si bien es verdad que ni la Constitución de 1812 ni algunas otras que se promulgaron en los años siguientes negaron los privilegios de eclesiásticos y militares, las medidas y reformas que se propusieron desde el Trienio Constitucional condujeron a un enfrentamiento con esas corporaciones, confrontación que estaría presente tras la caída de la monarquía española en el continente.

Seguramente fueron las corporaciones eclesiásticas las que con mayor fuerza resintieron las transformaciones impulsadas por los nuevos gobiernos, toda vez que tenían una importante presencia social. En realidad, como ha señalado Roberto Di Stefano, la "Iglesia católica" en el periodo colonial no era sino la sociedad completa, aunque habitualmente se confunda con el clero. No fue sino en el transcurso del siglo XIX con la desaparición del patronato (y el rechazo a que éste fuera tomado por los gobiernos americanos) y el fortalecimiento del papado cuando adquirió sentido el término "Iglesia" como sinónimo de la institución.¹⁰ Esto explica en buena medida por qué el afán de reformar la sociedad impactó de modo tan directo a las corporaciones eclesiásticas. Involucradas en asuntos como la educación, la asistencia y en general en la vida particular de las personas, resintieron cuando los gobiernos determinaron que sería el Estado el encargado de llevar el registro de cada ciudadano, o encargarse de hospitales y escuelas.

Desde mediados del siglo XVIII, la educación fue vista como un medio para la formación de ciudadanos útiles a la república. La confrontación de los reformistas con las corporaciones encargadas de la enseñanza tuvo dos facetas: la primera, por la promoción de nuevas formas y métodos pedagógicos y la crítica hacia la ineficiencia de los tradicionales, y la segunda, por la cada vez más descarada intervención del poder regio en los espacios que hasta entonces habían mantenido autonomía y mostraban poco interés en las políticas de la corona. Esta intervención quedó demostrada con la expulsión de los miembros de la Compañía de Jesús en 1767.¹¹ Los proyectos elaborados por Campomanes y, en especial, por Jovellanos no sólo se caracterizaron por promover el estudio de "ciencias útiles", en detrimento de las disciplinas especulativas que durante tanto tiempo dominaron las cátedras, sino por extender la enseñanza más allá de los grupos a los que habitualmente se dirigía.¹²

Desde junio de 1813, las cortes liberales dispusieron la abolición de los gremios, con lo cual desaparecía formalmente el de por sí alicaído de maestros de primeras letras. La Instrucción de gobiernopolítico económico de las provincias elaborada por la misma asamblea dejó en manos de los ayuntamientos el cuidado de la enseñanza primaria y el establecimiento de, al menos, una escuela gratuita de primeras letras. Estas medidas se restablecieron en 1820, luego del periodo de seis años de absolutismo,¹³ y fueron de fundamental importancia para la introducción del sistema lancasteriano, impulsado por los gobiernos hispanoamericanos después de la independencia. El método de enseñanza mutua, en el que los jóvenes más adelantados servían de guía a los más jóvenes, fue visto con agrado por las autoridades nacionales y provinciales, incluidas las de los ayuntamientos, pues implicaba un gasto menor y prometía un mayor alcance.¹⁴

Hacia 1821, se fundó la primera institución universitaria posterior al dominio español, la de Buenos Aires. La legislatura de esa provincia, apoyada por el ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia, promovió las academias de Medicina, de Ciencias Físicas y Matemáticas, de Jurisprudencia y de Música. En el marco de la supresión de las corporaciones municipales, que hasta entonces se encargaban de buena parte de la enseñanza básica, se formó un Departamento de Primeras Letras encargado de supervisar las escuelas lancasterianas que empezaron a proliferar. El Colegio de Ciencias Morales, bajo el control de la Universidad, se encargó de la educación preparatoria, dirigida especialmente a fomentar el aprendizaje de materias útiles, como la economía política.¹⁵ Al mismo tiempo, en Nueva Granada, el Congreso de Cúcuta se propuso establecer escuelas de primeras letras en cada pueblo con cien o más familias. La formación de ciudadanos, explicaba la asamblea, requería el conocimiento de las obligaciones con la religión y la moral, pero también el de los derechos y deberes con la sociedad. Más adelante, se decretó la instauración de escuelas normales en Bogotá, Caracas y Quito, y la fundación de varios colegios en Tunja, Medellín y Popayán. Francisco de Paula Santander, encargado del ejecutivo colombiano, reunió una comisión para elaborar un plan nacional de estudios, que fue revisado y modificado por la asamblea legislativa el 22 de febrero de 1826. El alcance de dicho plan es enorme. No sólo prescribía la cantidad de escuelas de primeras letras, colegios, normales y universidades que debía haber en la república sino que intervenía en el currículo y en la forma en que debían enseñarse las asignaturas. Si bien tanto los legisladores como el gobierno se apoyaron en algunos destacados eclesiásticos, la tendencia de la propuesta educativa no beneficiaba los estudios religiosos ni los humanísticos sino los de ciencias y artes útiles. La asociación de la educación lancasteriana con la masonería también ocasionó tensiones con las corporaciones eclesiásticas de Colombia. La confrontación se anunció desde un inicio: en octubre de 1819 Bolívar había ordenado el establecimiento de una escuela de primeras letras para huérfanos, pobres e hijos de miembros del ejército patriota en el convento de capuchinos de Bogotá, recientemente expulsados por su colaboración con el gobierno español.¹⁶

El interés por la educación estuvo presente en México y Guatemala desde el momento mismo de la independencia, aunque las reformas más radicales se llevaron a cabo más tarde. El reglamento general de instrucción pública elaborado por las Cortes de Madrid en junio de 1821 tuvo buena acogida en el imperio mexicano. Se proyectó una Dirección Nacional de Instrucción, con facultades para administrar los fondos de las universidades, colegios mayores y obras pías, pero no pudo realizarse, pues el establecimiento del federalismo dejó en manos de los estados las medidas que debían arreglar la educación. Al igual que en Colombia, Buenos Aires y otros lugares, el sistema de educación mutua lancasteriano generó muchas expectativas. La masonería del rito escocés promovió la formación de esta clase de establecimientos, como sucedió con la escuela de El Sol, impulsada por la logia del mismo nombre. En el estado de México, Veracruz y San Luis Potosí, entre otros, se llevaron a cabo programas para impulsar el establecimiento de escuelas de primeras letras desde la década de 1820. En Zacatecas, el presidente del Congreso local, Valentín Gómez Farías, promulgó una ley de enseñanza que tendría eco en las medidas que tomó en 1833, cuando asumió la vi-cepresidencia de la república.¹⁷ El 19 de octubre de 1833, el Congreso federal decretó la extinción de la Universidad de México, y creó una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación, que tenía a su cargo los establecimientos públicos de enseñanza, depósitos de monumentos y arte, y fondos públicos para educación. en la apreciación de uno de los principales promotores de la reforma había un espíritu de regeneración moral de la sociedad.¹⁸ Ese mismo espíritu es posible apreciarlo en el Estado de Guatemala, en donde la asamblea declaró que "un pueblo ilustrado no puede ser esclavizado ni un pueblo ignorante puede ser virtuoso".¹⁹ De ahí que se promovieran escuelas de primeras letras tanto para niños, niñas, indígenas y adultos. En 1830, se estableció la primera escuela lancasteriana y poco después se tomaron medidas para formar una academia, encargada de administrar las instituciones de enseñanza y difundir "conocimientos útiles".²⁰

José María Luis Mora señaló que, en México, la reforma educativa se hizo para quitar al clero el "monopolio" de la enseñanza. Sin embargo, éste no fue el ataque más directo a las corporaciones eclesiásticas. El primer reformismo latinoamericano radicalizó la tendencia que se observaba desde mediados del siglo XVIII en la monarquía católica en temas como el fuero y el patronato. Integrado por un conjunto de privilegios —que se fueron acumulando a lo largo de los siglos—, el patronato permitía a los reyes españoles intervenir de manera directa en numerosos aspectos de la organización clerical en sus dominios, entre los que destacaban la presentación de obispos y la administración de una parte importante de los ingresos diezmales. A través de una Junta del Real Patronato, la dinastía borbónica procuró reducir la autonomía de las corporaciones eclesiásticas. Las medidas más importantes tuvieron que ver con la disminución del fuero y la consecuente extensión de la jurisdicción regia sobre el clero. Si bien hubo reacciones, el privilegio de presentar obispos había favorecido que muchos de ellos fueran partidarios de los cambios emprendidos por la Corona. Esto ocasionó reacciones paradójicas en el clero. En Nueva España, Manuel Abad y Queipo elevaba representaciones para proponer reformas en la sociedad corporativa y, a la par, evitar que se perdieran los fueros eclesiásticos.²¹

Algunas voces más radicales acompañaban esta tendencia regalista. Las críticas a la vida conventual y monástica provenían tanto de los ministros ilustrados como de anónimos autores de pasquines y literatura más o menos clandestina. Se acusaba a los regulares de quitar brazos al trabajo, de ser una carga para el conjunto de la sociedad. La vida conventual no reportaba utilidad alguna a la república, ni siquiera en términos religiosos, pues monjes y frailes no estaban dedicados a la conducción de la feligresía, salvo en las doctrinas, como sí hacían los diocesanos.²² La relajación moral también fue muy señalada. Tal vez lo más frecuente era proponer que se volviera a la observancia estricta de los principios que habían dado origen a las órdenes, aunque muchos no veían con malos ojos la posibilidad de que desaparecieran, al menos algunas de ellas. Una posición extrema, y por lo mismo más clandestina y menos conocida, proponía la eliminación del celibato sacerdotal, por considerarlo motivo de escándalos, antinatural y, en especial, inútil.²³ En octubre de 1820, las Cortes de Madrid decretaron una reforma de regulares, que incluyó la supresión de monacales y hospitalarios. En lugares como México y Guatemala, se dio marcha atrás a algunas de estas propuestas, en buena medida por motivos políticos (el Plan de Iguala incluyó entre sus propuestas la protección de fueros y privilegios eclesiásticos, mientras que en Centroamérica se consideraba que la orden de Belén era nacional, de modo que se le restituyó), pero en términos generales se aceptó que era menester reformar la vida conventual.²⁴

En 1821, cuando Rivadavia asumió como secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires, la asamblea impulsó reformas semejantes a las que las Cortes de Madrid habían decretado, como la supresión de varias órdenes religiosas. A los argumentos ilustrados que acusaban a los regulares de quitar brazos útiles a la sociedad y de fomentar la superstición, se sumaron las dudas a la lealtad política de los enclaustrados hacia la república. En noviembre de 1822, el decreto de reforma del clero abolió los diezmos. Como señalé, esta medida pretendía beneficiar a los productores agrícolas, al tiempo de considerar a los eclesiásticos como funcionarios asalariados del Estado, si bien por motivos de presupuesto se mantuvieron las primicias. Más tarde, con pretexto de la importancia de la presencia de comerciantes y agentes británicos en el Río de la Plata, se decretó la tolerancia de cultos. Desde la perspectiva de los reformistas rioplatenses, las corporaciones eclesiásticas debían tener las mismas características que la nueva república, debían ser una nueva Iglesia, una nueva institución, compuesta por ministros que a la vez eran ciudadanos, con los mismos derechos y obligaciones que los demás.²⁵

Sin duda, las reformas del clero fueron las más polémicas y ocasionaron la reacción más fuerte. No obstante, hay que señalar que en toda Hispanoamérica, al comenzar el siglo XIX, hubo un fuerte impulso (apoyado incluso por muchos clérigos) que favorecía cambios en la organización eclesiástica.²⁶ Entre 1829 y 1831, la legislatura del Estado de Guatemala elaboró una serie de decretos que pretendían afianzar la autoridad civil sobre la eclesiástica. Para empezar, se extinguieron todas las órdenes regulares masculinas, con excepción de los hospitalarios betlemitas, y se derogó la coacción civil para que las monjas cumplieran sus votos. El Estado guatemalteco se apropió de los bienes temporales de las órdenes extinguidas, cuyos miembros fueron exclaustrados y muchos de ellos expulsados de Guatemala, lo mismo que el obispo Ramón Casaús. Ya antes, una asamblea había legislado para que los hijos de sacerdotes fueran herederos forzosos, medida que afectaba por supuesto a bienes eclesiásticos que, durante mucho tiempo, habían sido considerados inalienables. Las legislaturas de algunos otros Estados centroamericanos también elaboraron leyes en ese sentido. La de Honduras, por ejemplo, repitió la de Guatemala respecto de la herencia para los hijos de eclesiásticos y estableció que los sacerdotes pudieran contraer matrimonio "lo mismo que cualquiera otro ciudadano".²⁷

El distanciamiento entre clero y los gobiernos independientes tuvo muchos frentes. Desde 1824, Santander promovió la formación de una sociedad bíblica, que no dejó de causar resquemores entre los sectores más tradicionales de la sociedad. El congreso colombiano, por su parte, suprimió de modo definitivo el Tribunal del Santo Oficio, lo mismo que algunos conventos y se procuró limitar los fueros y privilegios de los eclesiásticos. Sin embargo, el tema más controvertido, tanto en Colombia como en otras partes de América, fue el del patronato. Por una parte, las autoridades independientes, provinciales y nacionales, pretendieron asumir su ejercicio, mientras que los gobiernos de las diócesis vieron la oportunidad de emanciparse. Como ha sido visto para el caso de la arquidiócesis de México, la independencia también lo fue para la Iglesia.²⁸ En este país, además, el establecimiento del federalismo condujo a problemas de jurisdicción, pues tanto el gobierno como el Congreso federales, lo mismo que los de los estados, estaban interesados en asumir el patronato.²⁹

Estos primeros proyectos reformistas, tanto en México como en otros países de América Latina, cubrieron numerosos temas, que no podré sino mencionar. Entre otros, se hallaba la formación de una sociedad de pequeños propietarios y productores agrícolas o impulsar la colonización extranjera en zonas que se consideraban "desiertas" —aunque no lo estuvieran—. Conviene señalar que incluso en estos temas también hubo confrontación con los intereses de las corporaciones eclesiásticas. En Zacatecas, el gobernador Francisco García presentó en diciembre de 1829 un proyecto de ley de desamortización y de crédito agrícola. Entre otros objetivos, se buscaba repartir tierras a pequeños propietarios para resolver los problemas de indigencia y desempleo y favorecer el desarrollo económico. Desde el punto de vista de los promotores de esta ley, una sociedad formada por pequeños propietarios sería más observante de las leyes y benéfica para la república. Debido a que algunas de las propiedades que el gobierno deseaba intervenir pertenecían a corporaciones eclesiásticas fue inevitable el enfrentamiento con la diócesis de Guadalajara. La pretensión del gobierno estatal de ejercer el patronato de los reyes españoles no hizo sino agravar el conflicto. Por ello, la legislatura convocó un concurso en el que se pedía a los literatos del país que presentaran un ensayo acerca de los derechos de los gobiernos estatales sobre las propiedades eclesiásticas. El ganador del concurso fue José María Luis Mora, uno de los más cercanos consejeros del vicepresidente Gómez Farías a partir de 1833.³⁰

En Guatemala, entre las numerosas reformas impulsadas por el jefe del Estado, Mariano Gálvez, fue la de colonización la que más pretextos dio a los opositores para protestar por las reformas. Al igual que las corporaciones eclesiásticas, los pueblos indígenas se sentían amenazados por las campañas para formar una sociedad de pequeños propietarios. El descontento indígena fue acrecentado porque el régimen obligó a los habitantes de los pueblos a trabajar en la construcción de las obras de infraestructura que conducirían al progreso centroamericano. De una manera poco ilustrada y reformista, las autoridades guatemaltecas recurrieron a la vieja práctica del repartimiento de mano de obra para construir caminos, puentes y edificios públicos. Luego de la epidemia de cólera de 1833, la entrada de compañías extranjeras en el negocio de la colonización (en tierras que algunos pueblos consideraban propias) generó protestas. La llegada de colonos británicos en julio de 1836 dio pie a una campaña en la que se acusaba al gobierno de entregar Guatemala a los extranjeros, quienes —para colmo— no eran católicos.³¹ Poco después, la rebelión de Rafael Carrera cancelaría el proyecto reformista en Guatemala.

Antes de pasar al comentario sobre la historiografía, permítaseme señalar que el cierre del reformismo tuvo características semejantes en los casos que he venido comentando. En Centroamérica y en México, las reformas fueron frenadas por movimientos que condujeron al fin de las federaciones, en el primer caso, para que cada uno de los estados que la integraban se convirtieran en repúblicas independientes y en el segundo para dar paso a un Estado de tipo unitario o centralista. En Colombia, el regreso de Simón Bolívar canceló no sólo muchas de las medidas de su vicepresidente —como hiciera después Santa Anna con Gómez Farías— sino que propiciaría el fin del proyecto de unidad con Venezuela y Ecuador. En Buenos Aires, la llegada de Juan Manuel de Rosas al gobierno, en 1829, conduciría al establecimiento del pacto federal con otras provincias rioplatenses. Muchas de las medidas del periodo rivadaviano fueron echadas para atrás, salvo algunas importantes, como la supresión del diezmo, que no fue restablecido, como tampoco lo fue en México.

 

Las historiografías nacionales sobre el primer reformismo

La primera característica de las historiografías nacionales sobre el primer reformismo es que son "nacionales". Con esto quiero decir que —salvo unas pocas excepciones— la mirada de los historiadores ha sido la del análisis nacional, con lo cual se pierde de vista que se trató de un proceso reformista común (no sólo en Hispanoamérica, sino en varias regiones de Europa), pero también que las reformas emprendidas fueron más bien regionales o provinciales. Esto es válido incluso para México. Los principales estudios sobre el liberalismo pasaron por alto las reformas que varios estados de la federación impulsaron antes del gobierno de Valentín Gómez Farías. En el mejor de los casos, las referencias a Zacatecas servían como "antecedente" a la obra reformista que se emprendería en 1833 desde la ciudad de México.³² Ahora bien, puede pensarse que de cualquier forma, aunque iniciadas en los estados (en Coahuila se abolió la obligación del diezmo antes de que lo hiciera el gobierno federal), las reformas finalmente fueron "nacionales" cuando las cámaras de diputados y senadores, junto con el vicepresidente, las adoptaron. Entre agosto y diciembre de 1833, se secularizaron las misiones de California, fueron confiscados los bienes de los misioneros filipinos para posteriormente subastarse, se clausuró el Colegio de Santa María de Todos los Santos y la Universidad de México, fue establecida la Biblioteca Nacional y la Dirección General de Instrucción, se suprimió la obligación civil del pago de diezmos lo mismo que la obligatoriedad de cumplir los votos eclesiásticos, entre otros. Sin embargo, estas disposiciones sólo estuvieron vigentes en los territorios federales, es decir, la ciudad de México, Tlaxcala, Colima, Nuevo México y las Californias.

Algo semejante puede decirse de las reformas en Centroamérica, Argentina y Colombia. La historiografía clásica había pasado por alto, casi siempre, el carácter provincial que tuvieron, en especial en los dos primeros casos. En la corta vida de la confederación centroamericana, fue el estado de Guatemala el que condujo las propuestas más radicales desde 1828, aunque la asamblea de San Salvador elaboró algunas en el mismo sentido y el gobierno de la confederación encabezado por Francisco Morazán también impulsó cambios para los demás estados. En el sur del continente, la desaparición de las efímeras Provincias Unidas del Río de la Plata permitió a Buenos Aires aplicar a partir de 1821 una serie de medidas que sólo estuvieron vigentes en esa provincia, aunque algunas otras siguieron su ejemplo. En Colombia, si bien las leyes promovidas por Santander tendrían vigencia en todo el territorio nacional, fueron aplicadas de modo más directo en Nueva Granada que en Venezuela o Quito.³³ La importancia de que las reformas tuvieran su origen en las provincias ha empezado a ser ponderado en la historiografía más reciente, como parte del proceso de desintegración de la monarquía que dejó como legado no un conjunto de naciones soberanas sino de provincias autónomas.

La mirada nacional empieza a desvanecerse, pero —como mencioné al inicio del artículo— todavía faltan estudios que aprecien el reformismo radical como un proceso común, más allá de las provincias o de las naciones que apenas empezaban a formarse. Uno de los primeros historiadores que se percató de la semejanza de los proyectos reformistas de la década de 1820 en América del Sur, David Bushnell, dedicó dos libros a los que se desarrollaron en Colombia y en el Río de la Plata, sin mencionar apenas la similitud que había entre ellos.³⁴ Entre los pocos historiadores que han mostrado interés en la dimensión hispanoamericana e incluso atlántica del reformismo liberal se cuenta Miriam Williford, quien dedicó un trabajo importante a la impronta del utilitarismo y, en concreto, de Jeremy Bentham, en los proyectos de codificación y educativos en los nuevos países de América. Al poner como centro de su investigación los proyectos de Bentham, Williford mostró la comunidad de intereses y propuestas del primer tercio del siglo XIX hispanoamericano, aunque también la limitó a los que tuvieron relación directa con el notable utilitarista.³⁵

Un caso paradójico es el extraordinario rastreo intelectual que hizo José Enrique Covarrubias. Por un lado, se trata de uno de los pocos estudiosos mexicanos que analiza los trayectos del pensamiento más allá de las propias fronteras, pero lo hace de una manera que "encajona" las diversas tradiciones del utilitarismo, tanto en términos de "corrientes" (y dedica valiosas páginas a señalar si determinado pensador debería clasificarse dentro de una corriente específica o en otra) como en nacionales, pues el "neomercantilismo utilitarista" que estudia, a través de sus grandes exponentes, queda dividido en sus corrientes "alemana", "italiana" y "española", amén de la "atlántica" que en realidad es la "franco-británica".³⁶ Jonathan Israel ha lanzado una certera crítica a las "narrativas nacionales de los siglos XIX y XX [...] que obstaculizaron el estudio de las ideas democráticas e igualitarias" al poner atención sólo a los "grandes pensadores" de cada país, como si sus contribuciones fueran las más determinantes.³⁷ En realidad, como ya había mostrado Quentin Skinner hace años,³⁸ más que un diálogo entre los "grandes pensadores" (lo cual nos conduce a imaginar la historia de las ideas como un largo encadenamiento de "influencias"), el pensamiento político se nutre de polémicas, muchas veces circunstanciales o coyuntura-les, entre diversos individuos, muchos de ellos poco conocidos, autores de libros, panfletos y notas de periódicos, que compartían un lenguaje común. En el caso concreto de los publicistas hispanoamericanos de las primeras décadas del siglo XIX, las referencias a autores —a autoridades— tenían una intención retórica y no mostraban una influencia clara de ciertos pensadores ni podían conformar una ideología coherente.³⁹

Lo anterior no quiere decir que no sea posible trazar genealogías intelectuales. Los políticos y reformistas hispanoamericanos del primer tercio del siglo XIX eran claramente ilustrados. Muchos de ellos, compartían las características de la Ilustración radical, como la ha llamado Israel.⁴⁰ En términos generales, todos los políticos, legisladores, pensadores y dirigentes que impulsaron las reformas de las décadas de 1820 y 1830 compartían el rechazo al orden corporativo, la esperanza en que la educación de los individuos los convirtiera en miembros útiles a la república, y el interés en que todas las personas, sin importar su origen, contribuyeran al sostenimiento del Estado, en igualdad de condiciones. Los empeños para formar pequeños propietarios, para subordinar los asuntos eclesiásticos a los civiles, el impulso a la colonización y la obligatoriedad de colaborar con las autoridades en llevar a cabo las reformas dan cuenta de un ideario ilustrado que, si bien incluía algunas características que la filosofía política atribuye al liberalismo (el carácter sagrado de la propiedad privada, por ejemplo) se alejaba de ese ideario en otros aspectos. Como ha señalado Adolfo Bonilla Bonilla, las reformas impulsadas por Gálvez en Guatemala no eran tanto liberales como ilustradas y en el marco del republicanismo.⁴¹

En México, las medidas reformistas tomadas por Valentín Gómez Farías han sido consideradas habitualmente como parte de la tradición liberal que triunfaría con las leyes impulsadas por Benito Juárez. Charles Hale se percató en su momento de que más que antecedente del liberalismo de la segunda mitad del siglo XIX, el programa reformista de Gómez Farías era heredero del reformismo carolino, en tanto que se trataba de un ataque a los grupos privilegiados. Incluso el liberal Mora, quien había promovido la defensa de los derechos individuales, se olvidó de ese credo al comenzar la década de 1830, pues consideró necesaria la activa participación del Estado en la transformación social. Esto mismo ha sido apreciado por la historiografía para los casos colombiano y rioplatense.⁴² Los estudiosos de las reformas eclesiásticas han dejado en claro que, más que antecedentes del liberalismo y de la separación Iglesia-Estado, eran continuación y radicalización del regalismo borbónico de las últimas décadas del siglo XVIII.⁴³

Debo señalar, antes de concluir, que la historiografía reciente sobre el tema de la construcción de los Estados nacionales en América Latina ha descuidado el tema del reformismo. El interés se ha trasladado a la negociación entre poderes locales y nacionales, con resultados muy interesantes, pero que se aleja de los proyectos reformistas, tal vez por considerar que se trata de temas "tradicionales".⁴⁴ Los interesantes estudios promovidos en Argentina, Colombia y Centroamérica sobre el tránsito del orden colonial al independiente han puesto mayor atención al proceso de adquisición (para algunos autores "retroversión") de la soberanía en las villas y ciudades, que —con fundamento en el derecho natural— negociaron la construcción de confederaciones o —a través de las armas— subordinaron a otras provincias para integrar lo que serían los primeros Estados nacionales independientes del siglo XIX.⁴⁵ Vinculados con estas interpretaciones, un conjunto de estudios cada vez mayor ha puesto atención a las transformaciones de la cultura política en el mismo periodo, con énfasis en la participación política popular, tanto en los espacios urbanos y, sobre todo, en los rurales e indígenas.⁴⁶

Las conclusiones de estos trabajos apuntan a que los grupos populares tuvieron un papel destacado en el surgimiento del orden republicano. Sin embargo, la insistencia de estos estudios en que la participación "plebeya" construyó un republicanismo diferente y alternativo al de las elites políticas⁴⁷ hace parecer el reformismo de las décadas de 1820 y 1830 como completamente desvinculado de las aspiraciones populares. El caso más ejemplar de esta historiografía es la dedicada a América Central. Desde los trabajos de Mario Rodríguez hasta la excelente monografía de Ralph Woodward, se muestra cómo las reformas emprendidas por el jefe del Estado de Guatemala Mariano Gálvez nada tenían que ver con las condiciones del "pueblo", en especial de los indígenas, quienes "naturalmente" no estaban preparados para convertirse en ciudadanos modernos. El resultado esperable de las reformas en Centroamérica era la resistencia popular, cosa que efectivamente ocurrió al estallar la rebelión conservadora encabezada por Rafael Carrera.⁴⁸

En buena medida, esta interpretación se nutre de un vacío dejado —en términos generales— por los trabajos dedicados al estudio de las reformas. Tradicionalmente, las reformas emprendidas en Buenos Aires, Colombia, Guatemala e incluso en México han sido conocidas con el nombre de quienes se ocupaban del gobierno en esos lugares cuando se llevaron a cabo. Así, Rivadavia ha sido visto como el principal impulsor de las reformas de 1821; Santander como el hombre que encarnó los proyectos ilustrados en Colombia en esa misma década; Gálvez suele ser visto como el único responsable de las medidas radicales en Guatemala y se supone que Gómez Farías fue (junto con Mora) el impulsor de los cambios de 1833 en México. Suele olvidarse que en todos esos casos hubo asambleas legislativas que aprobaron las reformas y que, como ha visto Reinaldo Sordo para el caso mexicano, en ocasiones eran más radicales que los propios encargados del poder ejecutivo.⁴⁹ Ahora bien, esos congresos y asambleas legislativas eran electos mediante procedimientos que involucraban una participación popular que no por no ser "democrática", en el sentido actual del término, debe desdeñarse.⁵⁰ Para el caso centroamericano hay algunos testimonios que indican que pese al supuesto conservadurismo popular no era extraño que los pueblos indígenas salieran a votar por liberales.⁵¹

Por razones semejantes, para los historiadores que han dedicado libros al tema resulta "incomprensible" que los artesanos colombianos (cuyo proyecto sería proteccionista) apoyaran a los reformistas (librecambistas).⁵² En términos generales, la historiografía ha desvinculado la participación popular de las reformas de las décadas de 1820 y 1830. Sólo unos cuantos estudios, como el de Gabriel di Meglio para la "plebe" de Buenos Aires en el periodo revolucionario, han ponderado la importancia que los nuevos lenguajes políticos, impulsados por los dirigentes patriotas, tuvieron en la movilización de sectores sociales que de seguro no compartían todos los principios de las elites políticas pero sí eran muy sensibles a los llamados a la "igualdad" y la participación de todos, sin importar condición.⁵³ En el caso mexicano, algunas obras clásicas, como la de Michael Costeloe, apuntaban simplemente que la participación popular en la política era inexistente, mientras que los trabajos más recientes muestran un panorama más complejo, en el que la población, desde los pueblos indígenas hasta los pobres de las ciudades, aprovechó las instituciones constitucionales para hacerse escuchar, en las elecciones y a través de otros medios.⁵⁴

 

La feliz experiencia latinoamericana

Por supuesto, no pretendo ofrecer conclusiones en este breve ensayo. Como señalé, adelanto sólo algunas hipótesis que me parece que deben probarse con una investigación más sólida, pero que pueden formularse a partir de la revisión historiográfica. Para empezar, considero importante resaltar la conveniencia de estudiar al menos las primeras décadas de la vida independiente de los países hispanoamericanos como parte de un mismo proceso. Este punto de vista arrojó luz sobre el periodo de la emancipación y puede hacerlo también con el tema que presento. En las provincias del Río de la Plata, en Colombia, Centroamérica, México, y —en menor medida— en Chile y Perú, hubo propuestas legislativas para modificar la relación entre el Estado y la sociedad, en el sentido de formar una ciudadanía ilustrada, útil a la república, con las mismas obligaciones y derechos. En todas partes estuvieron presentes los proyectos para hacer proporcional y universal la recaudación fiscal, para modificar y ampliar la enseñanza, y fomentar la aparición de pequeños propietarios. De igual manera, el ataque al orden corporativo condujo a un enfrentamiento con las instituciones eclesiásticas y, en algunas partes, con el ejército.

Estas propuestas nacieron de que los países americanos estaban llamados a ocupar un lugar importante en el progreso de la humanidad, aspiración ilustrada, que se alimentó de numerosas "corrientes" de pensamiento, aunque de ninguna en particular, de ahí que no pretenda rastrear genealogías intelectuales ni preocuparme por las "influencias". Por supuesto, como puede verse en la prensa del periodo (al menos en la mexicana y en la rioplatense), lo mismo se publicaba a Jeremy Bentham (con quien algunos políticos hispanoamericanos mantenían correspondencia) que a Melchor de Jovellanos, a Thomas Paine que a Benjamin Constant. En zacatecas, Buenos Aires, Guatemala y Bogotá se formaron asociaciones que impulsaron medidas como los establecimientos de educación mutua o lancasterianos, publicaron periódicos, debatieron y promovieron la participación popular a través de un lenguaje político republicano, que ponderaba la igualdad como valor fundamental.

En todos los casos, el cierre de los proyectos reformistas estuvo vinculado con medidas de colonización, fracaso en la recaudación fiscal y crisis económica, rechazo de los sectores más tradicionalistas (especialmente eclesiásticos) y condujo a la reorganización constitucional de los Estados en los que se aplicó la nueva legislación: la llegada de Juan Manuel de rosas al gobierno de Buenos Aires supuso el establecimiento de un nuevo pacto federal con las provincias del litoral, la caída de Santander en Colombia traería como consecuencia la desarticulación de Colombia, el fracaso de Gómez Farías en México llevó al fin de la federación, para establecer un régimen unitario, mientras que en Guatemala la rebelión de Rafael Carrera también acabó con la federación, pero para atomizar a los estados centroamericanos.

"Es ya público y notorio que el gobierno ha dado ya principio a las reformas", publicó El Argos de Buenos Aires el 18 de agosto de 1821. Desde unas semanas antes, ese periódico había dado inicio a una sección titulada Reformas, en las que se mencionaba, con un enorme optimismo, la limpieza de las calles, los cambios en los horarios del tañido de las campanas, la reorganización del consulado, el derribamiento de viejos e inútiles edificios. Las reformas se sucedían con rapidez. En pocos meses se había publicado la mayoría de los decretos con los que la asamblea planeaba construir la sociedad futura. Por supuesto, pronto hubo debates con periódicos y publicistas que adelantaban el final de la "feliz experiencia", como la historiografía argentina llama al ministerio de Rivadavia. Algo semejante pasó en Colombia, Guatemala y México. En esos lugares también la mayoría de las reformas se decretó en pocos meses y la oposición surgió con rapidez. El entusiasmo de los publicistas anunciaba una nueva era, que resultó ser una breve pero también feliz experiencia.

 

Notas

¹ La investigación bibliográfica para este artículo fue realizada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en la de la Universidad de Georgetown, gracias a una beca otorgada por la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Biblioteca del Instituto Ravignani de Argentina. Mi gratitud para Georgette Dörn, Barbara Tenenbaum y el equipo de la Sala Hispánica de la Biblioteca del Congreso; para John Tutino, Erick Langler y los colegas de la Universidad de Georgetown, y para José Carlos Chiaramonte y el equipo de la Biblioteca del Ravignani de la Universidad de Buenos Aires.

² Los pioneros de esta interpretación fueron Tulio Halperin Donghi (Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985) y Franç         [ Links ]ois-Xavier Guerra (Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, MAPFRE, 1992): vé         [ Links ]ase A. Ávila, "De las independencias a la modernidad: notas sobre un cambio historiográfico", en E. Pani y A. Salmerón, Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra, historiador, México, Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, 2004, p. 76-112.         [ Links ]

³ J. E. Rodríguez O., La independencia de la América española, México, Fondo de Cultura Económica, 1994;         [ Links ] A. Annino, L. Castro Leyva y F.-X. Guerra, (comps.), De los imperios a las naciones: Iberoamérica, Zaragoza, IberCaja/Forum Internacional des Sciences Humaines, 1994;         [ Links ] J. Ortiz Escamilla (ed.), Fuerzas militares en Iberoamérica. Siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de México, 2008;         [ Links ] J. C. Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica, Buenos Aires, Sudamericana, 2004;         [ Links ] J. M. Portillo Valdés, Crisis atlántica autonomía e independencia en la crisis de la monarquía hispánica, Madrid, Fundación Carolina/Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos/Marcial Pons, 2006.         [ Links ]

⁴ Algunas excepciones son los trabajos de J. E. Rodríguez O., El nacimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1980;         [ Links ] J. A. Aguilar Rivera, En pos de la quimera. Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico, México, Fondo de Cultura Económica, 2000;         [ Links ] R. Rojas, Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica, Madrid, Taurus, 2009,         [ Links ] y las obras que abordan el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los países latinoamericanos y los primeros e infructuosos intentos de unidad continental.

⁵ J. C. Chiaramonte, "Estado y poder regional: Constitución y naturaleza de los poderes regionales", en J. Z. Vázquez (ed.), Historia general de América Latina 6. La construcción de las naciones latinoamericanas, Madrid, Trotta/UNESCO, 2003, p. 145-160.         [ Links ] Dado que Argentina no se constituyó sino a mediados del siglo XIX, siempre me referiré al Río de la Plata, en términos generales, o de forma más concreta a la provincia de Buenos Aires. De igual manera, emplearé el nombre de Colombia (que era el oficial) para designar lo que los historiadores posteriores llamaron Gran Colombia, y, para la provincia, a Cundinamarca o Nueva Granada.

⁶ E. O'Gorman, La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismomexicano , México, Universidad Iberoamericana, 1986, p. 26-27;         [ Links ] L. Barrón, "La tradición republicana y el nacimiento del liberalismo en Hispanoamérica después de la independencia: Bolívar, Lucas Alamán y el 'Poder Conservador' ", en J. A. Aguilar Rivera y R. Rojas, El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y política, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 244-312.         [ Links ]

⁷ "Memorial de fray Antonio de San Miguel (1804)", en Jesús Canales Ruiz, Fray Antonio de San Miguel (Alejandro Iglesias de la Cagiga). Un obispo apóstol de la libertad de los indios, Santander, Aula de Cultura de Monte Corbán, 1992, p. 135.         [ Links ] Véanse también los "Apuntes para una reforma de España", en La vida atlántica de Victorián de Villava, edición de J. M. Portillo Valdés, Madrid, MAPFRE/Doce Calles, 2009,         [ Links ] y sobre San Miguel, J. Jaramillo Magaña, Hacia una Iglesia beligerante. La gestión episcopal de fray Antonio de San Miguel en Michoacán (1784-1804), los proyectos ilustrados y las defensas canónicas, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996.         [ Links ]

⁸ C. Marichal, "Las finanzas y la construcción de las nuevas naciones latinoamericanas, 1810-1880", en J. Z. Vázquez, op. cit., p. 408-411; J. A. Serrano Ortega, Igualdad, uniformidad,proporcionalidad. Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1810-1846, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2007;         [ Links ] D. Bushnell, The Santander regime in Gran Colombia, Westport (Connecticut), Greenwood Press, 1970, p. 77-83;         [ Links ] Malcolm Deas, "The fiscal problems of nineteenth-century Colombia", Journal of Latin American Studies, 14:2, noviembre 1982, p. 287-328;         [ Links ] T. Halperin Donghi, Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino (1791-1850), Buenos Aires, Prometeo, 2005, p. 132-154;         [ Links ] T. Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, siglo XXI, 1979, p. 357;         [ Links ] Jorge Gelman y Daniel Santilli, "Entre la eficiencia y la equidad. Los desafíos de la reforma fiscal en Buenos Aires. Primera mitad del siglo XIX", Revista de Historia Económica, 24, 2006, p. 491-520.         [ Links ] Una visión más tradicional sobre el reformismo económico de la época de Rivadavia, en Sergio Bagú, El plan económico del grupo rivadaviano 1811-1827. Su sentido y sus contradicciones, sus proyectos sociales, sus enemigos, Rosario, Universidad Nacional del Litoral, 1966.         [ Links ]

⁹ A. Lempérière, Entre Dieu et le roi, la république. Mexico XVIe-XIXe siècles, París, Les Belles Lettres, 2004.         [ Links ]

¹⁰ R. Di Stefano, "De la cristiandad colonial a la Iglesia argentina: una breve discusión metodológica", Andes 11, 2000. se encuentra en <http://www.educ.ar/educar/site/secure/educar/lm/1193422012298/kbee:/educar/content/portal-content/taxonomia-recursos/recurso/c69aa274-2eca-48fb-9588-d34797bf1861.recurso/795b429d-b926-4990-b004-ee547e6fc88e/AND0311.pdf> consultado el 14/12/2010>         [ Links ].

¹¹ Véase el estudio clásico de J. Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, p. 194-229.         [ Links ]

¹² M. de Jovellanos, Tratado teórico-práctico de enseñanza pública, con aplicación a las escuelas y colegios de niños, dala a luz Ramón María Cañedo, Madrid, Imprenta de León Amarita, 1831.         [ Links ]

¹³ D. Tanck de Estrada, La educación ilustrada (1786-1836). Educación primaria en la ciudad de México, México, El Colegio de México, 1977, p. 22-27.         [ Links ]

¹⁴ "Lancaster", El Argos de Buenos Aires, 2, 19 de mayo de 1821.         [ Links ]

¹⁵ K. Gallo, The Struggle for an Enlightened Republic: Buenos Aires and Rivadavia, Londres, Institute for the Study of the Americas, 2006, p. 38-45;         [ Links ] M. Ternavasio, "Las reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso General Constituyente (1820-1827)", en N. Goldman (dir.), Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p. 180-181 (Nueva Historia Argentina III).         [ Links ]

¹⁶ D. Bushnell, op. cit., p. 183-194.

¹⁷ D. Tanck de Estrada, 30-36. op. cit. , sobre las reformas educativas en los estados, véanse en particular: R. Ríos Zúñiga, Formar ciudadanos. Sociedad civil y movilización popular en Zacatecas, 1821-1853, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Plaza y Valdés, 2005, p. 137-178,         [ Links ] y P. Martínez Carmona, Sociabilidades, oligarquía y movilización popular en la formación de los ciudadanos en Veracruz, 1821-1854, tesis de maestría, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, p. 163-208.         [ Links ]

¹⁸ J. M. L. Mora, "Revista política", en Obras sueltas, París, Librería de Rosa, 1837, v. 1, p. CLXXXII-CCXXXV.         [ Links ]

¹⁹ Boletín Oficial, Guatemala, 5, 1 de junio, 1831.         [ Links ]

²⁰ M. Williford, "The educational reforms of Dr. Mariano Gálvez", Journal of Inter-American Studies, 10, 3, julio 1968, p. 461-473.         [ Links ]

²¹ Manuel Abad y Queipo, Colección de escritos de Manuel Abad y Queipo, edición de Guadalupe Jiménez Codinach, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.         [ Links ] Los estudios clásicos son los de Vicente Rodríguez Casado, "La Iglesia y el Estado en el reinado de Carlos III", Estudios Americanos, 1, 1948, p. 5-47,         [ Links ] y Nancy Farriss, Crown and clergy in colonial Mexico, 1759-1821. The crisis of ecclesiastical privilege, Londres, University of London, The Athlone Press, 1968.         [ Links ]

²² J. Sarrailh,640-642; op. cit., 640-642; David Carbajal López, "Pública utilidad o causa pública: la utilidad de los conventos de la provincia de Veracruz, 1786-1834", Anuario de Estudios Americanos, 65, 2, 2008, p. 151-175.

²³ Roberto Di Stefano, Ovejas negras. Historia de los anticlericales argentinos, Buenos Aires, Sudamericana, 2010, p. 69-74;         [ Links ] Jeffrey L. Klaiber, Religion and revolution in Peru, 1824-1976, Londres/Notre Dame (Indiana), University of Notre Dame, 1977, p. 10.         [ Links ]

²⁴ Acerca de la reforma eclesiástica en el Trienio Liberal, Manuel Revuelta González, Política religiosa de los liberales en el siglo XIX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973, p. 387-390;         [ Links ] para Guatemala, Alejandro Marure, Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centroamérica desde el año de 1821 hasta el de 1842, Guatemala, Imprenta de la Paz, 1844, p. 27.         [ Links ] En México se ha pasado de ver la consumación de la independencia como mera reacción al reformismo del Trienio, aunque no puede negarse que ese ingrediente fue muy importante: véase Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales, 2006.         [ Links ]

²⁵ R. Di Stefano, El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, p. 193-205;         [ Links ] D. Bushnell, Reform and reaction in the Platine provinces 1810-1852, Gainesville, University of Florida Press, c. 1983, p. 30.         [ Links ]

²⁶ El caso peruano está bien representado por Manuel Lorenzo Vidaurre, quien pretendía volver a un cristianismo primitivo: L. Klaiber, op. cit., p. 9-10.

²⁷ Al parecer, dos eclesiásticos lo hicieron: Alejandro Marure, Efemérides, op. cit., p. 27.

²⁸ Berenise Bravo Rubio y Marco A. Pérez Iturbe, Una iglesia en busca de su independencia. El clero secular del arzobispado de México 1803-1822, tesis de licenciatura, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.         [ Links ]

²⁹ D. Bushnell, The Santander regime, op. cit. p. 220; Brian Connaughton, "República federal y patronato: el ascenso y descalabro de un proyecto", Estudios de Historia Modernay Contemporánea de México, 39, enero-junio 2010, p. 5-70.         [ Links ] Hay numerosos estudios sobre las relaciones entre los estados federados en México con las corporaciones eclesiásticas que muestran la búsqueda de la armonía entre esas instancias y los inevitables quiebres: véanse B. Connaughton, Iglesia y sociedad en Guadalajara (1788-1853), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992,         [ Links ] y David Carbajal López, La política eclesiástica del estado de Veracruz 1824-1834, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Miguel Ángel Porrúa, 2006.         [ Links ]

³⁰ Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853), México, Siglo XXI, 1972, p. 112-113.         [ Links ]

³¹ Ralph Lee Woodward, Jr., Rafael Carrera and the Republic of Guatemala, 1821-1871, Athens/Londres, the University of Georgia Press, 1993, p. 51.         [ Links ]

³² C. A. Hale, op. cit. Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, 2. La sociedad fluctuante, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 174-211.         [ Links ]

³³ Como ejemplo de la historiografía clásica que describía las reformas como procesos "nacionales", véanse Vicente Fidel López, Historia de la República Argentina: su origen, su revolución y su desarrollo político hasta 1852,10 v., Buenos Aires, C. Casa Valle, 1883-1893;         [ Links ] Bartolomé Mitre, Centenario de Rivadavia, 2 v., Buenos Aires, La Nación, 1945;         [ Links ] Rafael Aguirre Cinta, Lecciones de historia general de Guatemala desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, Guatemala, Tipografía Nacional, 1899;         [ Links ] José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional, 4 v., Besanzón, Imprenta de M. Jacquin, 1858.         [ Links ]

³⁴ D. Bushnell, The Santander regime..., y Reform and reaction.

³⁵ Miriam Williford, Jeremy Bentham on Spanish America. An account of his letters and proposals to the New World, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1980.         [ Links ]

³⁶ José Enrique Covarrubias, En busca del hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo neomercantilista en México y Europa, 1748-1833, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2005.         [ Links ]

³⁷ Jonathan Israel, A revolution of the mind. Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern democracy, Princeton, Princeton University Press, 2010 [ebook, posición 59]         [ Links ].

³⁸ Quentin Skinner, Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.         [ Links ]

³⁹ Frank Safford, "Política, ideología y sociedad", en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina 6. América Latina independiente, 1820-1870, Barcelona, Crítica/Cambridge University Press, 1991, p. 42-104.         [ Links ]

⁴⁰ J. Israel, Radical Enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2002.         [ Links ] Véase también, del mismo autor, A revolution of the mind.

⁴¹ Adolfo Bonilla Bonilla, The Central American Enlightenment 1770-1838. An interpretation of political ideas and political history, tesis de doctorado, Manchester, University of Manchester, 1996;         [ Links ] A. Bonilla Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada: 1793-1838, San Salvador, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1999.         [ Links ]

⁴² C. A. Hale, p. cit., p. op.cit., Para Colombia, D. Bushnell, Santander regime..; para el Río de la Plata, K. Gallo, op. cit.

⁴³ B. Connaughton, op. cit.; R. Di stefano, El púlpito y la plaza., op. cit.

⁴⁴ Véase A. Ávila, "Liberalismos decimonónicos: de la historia de las ideas a la historia cultural e intelectual", en Guillermo Palacios (ed.), Ensayos sobre la nueva historia política en América Latina, siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007, p. 111-145.         [ Links ] una excepción importante es el libro de K. Gallo, op. cit.

⁴⁵ Para Argentina, véase J. C. Chiaramonte, Ciudades, provincias, estados. Orígenes de la nación argentina, Buenos aires, emecé, 2007,         [ Links ] y Geneviève Verdo, L'indépendance argentine entre cités et nation (1808-1821), París, Publications de la Sorbonne, 2006;         [ Links ] para Colombia, Daniel Gutiérrez Ardila, Un nuevo reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el interregno en la Nueva Granada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010,         [ Links ] y María Teresa Calderón y Clément Thibaud, La majestad de los pueblos de Nueva Granada y Venezuela 1780-1832, Bogotá, Universidad del Externado/Taurus, 2010;         [ Links ] para Centroamérica, Jordana Dym, From sovereign villages to National States: city, State, and Federation in Central America, 1759-1836, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2006.         [ Links ]

⁴⁶ Para México, véanse Peter Guardino, Peasants, Politics, and the Formation of Mexico's National State: Guerrero 1800-1857, Stanford (California), Stanford University Press, 1996,         [ Links ] y del mismo autor, The time of liberty: popular political culture in Oaxaca, 1750-1850, Durham (North Carolina), Duke University Press, 2005, y Michael Ducey, A nation of villages: riot and rebellion in the Mexican Huasteca, 1750-1850, Tucson, University of Arizona Press, 2004;         [ Links ] acerca de Centroamérica, Xiomara Avendaño, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno. Institucionalidad, ciudadanía y representación política 1810-1838, Castellón, Universitat Jaume I, 2009;         [ Links ] sobre Colombia, Marixa Lasso, Myths of harmony: race and republicanism during the age of Revolution. Colombia 1795-1831, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2007.         [ Links ]

⁴⁷ Guardino se refiere a un "federalismo popular" en Guerrero (Peasants, op. cit.); Lasso (ibid.) y Cecilia Méndez (The Plebeian Republic: the Huanta rebellion and the making of the Peruvian State, 1820-1850, Durham (North Carolina), Duke University Press, 2005) a un "republicanismo popular" o "plebeyo", mientras que el estudio clásico (que no aborda el periodo de las independencias) de Florencia Mallon (Peasant and nation: the making of Postcolonial Mexicoand Peru, Los Ángeles, The University of California Press, 1995) describe un "liberalismo popular", todos diferentes a los de las elites criollas.

⁴⁸ Ralph Lee Woodward, Jr., Rafael Carrera and the Republic of Guatemala., op. cit., p. 36-55; Mario Rodríguez et al., Applied Enlightenment: 19th century Liberalism 1830-1839, Nueva Orleans, Tulane University, Middle American Research Institute, 1972.         [ Links ]

⁴⁹ Reynaldo Sordo Cedeño, El Congreso en la primera república centralista, México, El Colegio de México/Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1993.         [ Links ]

⁵⁰ Eduardo Posada Carbó (ed.), Elections before democracy: the history of elections in Europe and Latin America, Londres, MacMillan/University of London, Institute of Latin American Studies, 1996.         [ Links ]

⁵¹ Véase el interesante testimonio de Lorenzo Montúfar (un poco posterior al periodo que me interesa) en el que —ante la posibilidad de perder una elección— algún eclesiástico "llevó" a votar a un pueblo de indios a favor de los candidatos liberales: Lorenzo Montúfar, Memorias autobiográficas, introducción de Carlos Meléndez C., San José, Asociación Libro Libre, 1988, p. 122-123.         [ Links ]

⁵² Enrique Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el libre-cambismo. Primeras manifestaciones socialistas en Colombia, Bogotá, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2002, p. 123.         [ Links ] Véanse los excelentes estudios de Carmen Escobar Rodríguez, La revolución liberal y la protesta del artesanado, Bogotá, Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, 1990,         [ Links ] y David Sowell, The early Colombian movement. Artisans and politics in Bogotá, 1832-1919, Filadelfia, Temple University Press, 1992.         [ Links ]

⁵³ Gabriel di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006.         [ Links ]

⁵⁴ Michael Costeloe, La primera república federal (1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México independiente, 2a. reimp., México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 165.         [ Links ] Estudios más recientes: Torcuato S. Di Tella, National popular politics in early independent Mexico, 1820-1847, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1996;         [ Links ] Richard Warren, Vagrants and citizens. Politics and the masses in Mexico City from Colony to Republic, Wilmington, Scholarly Resources, 2001;         [ Links ] Claudia Guarisco, Los indios del valle de México y la construcción de una nueva sociabilidad política, 1770-1835, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2003,         [ Links ] además de algunos citados en notas anteriores.

 

Información sobre el autor

Alfredo Ávila, mexicano, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en historia de la cultura política de la primera mitad del siglo XIX, ha coordinado proyectos de investigación nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones recientes destaca Actores y escenarios de la independencia (México, Fondo de Cultura Económica, 2010).