Introducción

En el Archivo General de Centro América se halla la copia decimonónica de un documento de 1571 en cuya portada se puede leer: “Extracto de un título antiguo de Chiapa de los Indios, probando su antigüedad y legitimidad de posesión de sus tierras, sacado del archivo de la misma Villa de Chiapa de Indios”.¹ A pesar del título del expediente, en realidad se trata del fragmento de un litigio entre dos partes: los pueblos de Chiapa y Acala por un lado, mientras que por el otro se encontraban Zinacantán, San Felipe e Ixtapa.

Los del Chiapa y Acala reclaman tierras ubicadas entre Totolapa y el río Grande, en las cercanías del pueblo de Chiapilla. Según su relato, aquellas tierras fueron invadidas por gente de Zinacantán y San Felipe 38 años atrás, poco después de la llegada de los españoles. De acuerdo con esta versión, los zinacantecos aprovecharon la huida de los chiapanecas, luego de que éstos se rebelaran en contra de los españoles tiempo después de la Conquista -se habían refugiado en unos peñoles río arriba a la entrada del Sumidero-, para ocupar las tierras abandonadas. En este proceso, los zinacantecos cambiaron el pueblo de Totolapa dos leguas más abajo y fundaron el pequeño asentamiento de San Lucas Evangelista. Ello ilustraría el hecho de que los zinacantecos eran finalmente advenedizos en estas tierras de abajo, las cuales, entonces, no ocuparon sino hasta después de la llegada de los españoles. Los de Zinacantán, San Felipe e Ixtapa, por su parte, argumentaban haber tenido sus zacualpas, es decir, los primeros asentamientos “de su gentilidad” en esa comarca, donde no habrían dejado de sembrar, como “Azacualpa de Omecali, que era el asiento antiguo de Calchitlan [Chalchitlán] y mesa [sic] abajo se decía Ocosingo, los cuales dichos de Azacualpa al tiempo que los vecinos de ellas la habían despoblado […] y porque las dichas tierras las habían donado […] y parte de ellas a los vecinos de Totolapa”.² Agregan que, aunque los chiapanecas hubiesen nombrado dichas tierras en su propia lengua, no les pertenecían del todo.

Entender el antiguo paisaje cultural de Chiapas en vísperas de la Conquista no es una tarea fácil y amerita el concurso de varias disciplinas para poder abrir brechas de interpretación. Debido a la importancia de los expedientes históricos para documentar las relaciones instituidas entre diferentes grupos sociales, además de los historiadores, especialistas de otras disciplinas como la filología, la antropología o la arqueología han recurrido a los archivos con la finalidad de comprender los procesos culturales del siglo XVI y rebasar así una visión demasiado estática del corpus arqueológico. Para quienes trabajan las temporalidades posclásicas resulta indispensable acudir a los documentos relacionados con conflictos de tierras, ya que nos proporcionan datos sobre grupos y actores involucrados, intereses particulares, antiguas coyunturas políticas, asentamientos y poblaciones, así como sus relaciones, los recursos y actividades desarrolladas o las diferentes maneras en que conceptualizan y nombran los elementos del territorio.

Asimismo, desde hace algunas décadas el paradigma de los procesos culturales ocurridos en Centroamérica durante el siglo XVI se ha transformado. Tradicionalmente se privilegiaba una visión maniquea que ubicaba a la población indígena en un lado de la contienda histórica, mientras que en el extremo contrario situaba a los españoles. El axioma central de esta perspectiva era que ambas poblaciones, la indígena y la europea, habían entrado en un choque irreconciliable desde la guerra de conquista, el cual se había mantenido durante el resto de la época colonial. El resultado de aquella interpretación histórica desdeñaba el diálogo y las relaciones establecidas entre ambos grupos. Sin embargo, como ha señalado ^{Cunill (2012: 392)}, a partir de la década de 1960 comenzó un viraje metodológico en los estudios sobre las sociedades indígenas, el cual incluía desde un cambio de los personajes históricos y el tipo de testimonios utilizados para los análisis hasta el enfoque que se da a las relaciones entre españoles e indios. Dichas relaciones no sólo fueron de confrontación o servidumbre, sino más complejas y diversas de lo que se consideraba. De particular relevancia resultó el estudio de los documentos judiciales en los archivos históricos, ya se tratase de instituciones como el Archivo General de Indias,³ el Archivo General de Centro América,⁴ repositorios de universidades y, sobre todo, los archivos de los propios pueblos.

Aquellas investigaciones han rescatado de manera paulatina las voces de los indios registradas en los documentos judiciales, ya que los pueblos comenzaron a utilizar los instrumentos y medios que les otorgó la legislación castellana. Este acceso a los procesos del derecho hispano tuvo su razón de ser más en las decisiones políticas y de legitimación de la Corona que en el anhelo de justicia: al darles acceso a los procedimientos legales, evitaba que los españoles asentados se enseñorearan sobre los indios, pues les otorgaba a éstos el estatus de vasallos de su majestad, al igual que los españoles. Ello ha permitido conocer la “negociación” establecida entre los pueblos de indios y el régimen colonial, la cual muestra que el mito de la pasividad indígena durante la Colonia difícilmente explica los complejos procesos y relaciones que se establecieron entre unos y otros durante esta época en general, y sobre la Colonia temprana en particular. Dan cuenta de ello los resultados que han presentado diversos investigadores sobre dichos expedientes ^{(Ruiz y Valle, 1998}; ^{Restall, 2003}; ^{Ruiz y Kellogg, 2010}; ^{Romero, 2014}; ^{Flores, 2014}; ^{Okoshi, 2018)}.

El caso del documento aquí estudiado ofrece importantes pistas en torno a tales cuestionamientos. Partimos de la idea de que analizar la historia del expediente y su conformación nos ayudaría a entender la “singularidad” de la documentación indígena escrita para el caso de Chiapas, al tiempo que nos permitiría ofrecer algunas pautas metodológicas para el estudio de dichas fuentes. Quisiéramos recalcar que no se trata de examinar en profundidad el contenido, pues varios investigadores ya lo han estudiado previamente ^{(Navarrete, 1966}; ^{Viqueira, 1997)}. Nuestro objetivo más bien radica en comprender la forma del conjunto en el cual se inserta este fragmento y contextualizarlo dentro del marco del discurso legal de la época. De igual manera, este artículo busca dialogar con aquellos estudios abocados a los textos coloniales de tradición indígena, y en particular con aquellos autores que han discutido y están discutiendo, desde diversos enfoques, la naturaleza y rasgos de los documentos mayas de las tierras altas de Guatemala. La intención es que las líneas trazadas en el presente trabajo aporten ideas para el estudio de los “títulos”, recordando que las investigaciones sobre documentos análogos tanto para la Nueva España como para Guatemala, generalmente se han hecho desde enfoques distintos, pero que pueden resultar complementarios, razón por la cual ha sido pertinente discutir los temas mencionados para así aportar a la discusión general desde las particularidades de la provincia de Chiapa.

Antes de entrar en el corazón de la documentación, quisiéramos ofrecer un panorama de la región antes de la Conquista española. La lectura literal del contenido del Título de Chiapa, denominado así de manera errónea, como veremos más adelante, dio pie a varios intentos arqueológicos e históricos para examinar si las ocupaciones y los desplazamientos de población maya-tzotzil tuvieron sus antecedentes en la época Posclásica, o más bien fueron consecuencia de la irrupción española en dichos territorios, lo que provocó la redistribución de los focos poblaciones (Figura 1). Quisiéramos, en primera instancia, llamar la atención sobre la delicada interpretación de los patrones posclásicos de la región y la dicotomía espacial y cultural entre tierras altas y tierras bajas, antes de adentrarnos, en una segunda parte, en el examen de la también compleja transición hacia la época colonial.

(Elaborado por Chrystian Reyes C.).

Figura 1 Mapa de la región central de Chiapas con los principales sitios mencionados en el texto. 

La administración en la provincia de Chiapa en el siglo XVI y la suerte de su documentación

Luis Marín partió de la Villa del Espíritu Santo, Coatzacoalcos, introduciéndose en territorio chiapaneco hacia la Semana Santa de 1524. ^{Bernal Díaz del Castillo (2005)} refiere en su Historia verdadera las violentas batallas que sostuvieron en el poblado de Chiapan para luego dirigirse a la conquista de los asentamientos ubicados en las montañas. Las páginas escritas por el soldado cronista permiten apreciar los conflictos entre los poblados de la depresión central, así como los de aquellos ubicados en los Altos. Si bien esa primera entrada en Chiapas no alcanzó el objetivo de fundar una villa, acorde con el proyecto de Cortés, sí colocó a la región bajo la jurisdicción de su grupo e introdujo el sistema de encomiendas.

Otra entrada militar española llegó al actual territorio de Chiapas desde Guatemala, a cargo de Pedro Portocarrero, hacia finales de 1527 o principios de 1528, la cual invadió pueblos de habla tojolabal y tzeltal, fundando en los alrededores de Comitán una villa de efímera existencia: San Cristóbal de Los Llanos ^{(Lenkersdorf, 1998: 81)}. Poco tiempo después, las huestes del teniente de gobernador Diego de Mazariegos, enviadas desde la Ciudad de México, establecieron otra villa en la provincia de Chiapa con la finalidad de asegurar dicho territorio a la jurisdicción novohispana. Los conflictos por el territorio no se hicieron esperar, lo que llevó a Portocarrero y Mazariegos a reunirse en Huistán a finales de marzo de 1528, sin que lograran otro acuerdo que dejar la resolución del conflicto jurisdiccional a las autoridades de la Nueva España ^{(Lenkersdorf, 1993: 256)}. Durante el tiempo de espera del fallo, Mazariegos aprovechó para mudar su asentamiento, la Villa Real, hacia el Valle de Jobel.

A fines de mayo de ese mismo año, llegó la resolución al conflicto, la cual ordenaba retirarse de la provincia a Portocarrero, así como a los vecinos españoles de Coatzacoalcos, con excepción de quienes aceptaran quedarse bajo la autoridad de Mazariegos, a quien se le reconoció como la autoridad legítima en la región. A la postre, esta decisión permitió que “entre Coatzacoalcos y Guatemala se interpusiera una nueva entidad jurídica administrativa, que llevó el nombre de Provincia de Chiapa, aunque abarcaba, además de los chiapanecas a zoques, choles, tzotziles, tzeltales, tojolabales y probablemente cabiles y otros” ^{(Lenkersdorf, 1998: 82)}. Al despuntar la década de 1530, las decisiones de la Corona sobre los distritos territoriales en Centroamérica y la Nueva España llevaron a que la provincia de Chiapa se incorporase a la gobernación de Guatemala, bajo la autoridad de Pedro de Alvarado. En 1536 la villa fundada por Mazariegos recibió el título de Ciudad Real, afianzándose como cabeza de la provincia, lo cual apuntaló su consolidación como entidad administrativa. Sin embargo, en términos jurisdiccionales, la personalidad administrativa de la provincia de Chiapa quedó definida al establecerse su pertenencia a la naciente Audiencia de los Confines, fundada por medio de las Leyes Nuevas de 1542 ^{(Flores, 2010)}.

La instauración de esta audiencia, junto con la del Perú, significó un paso adelante en la reorganización administrativa de las colonias en las Indias, la cual, además, buscaba limitar el poder factual de los encomenderos españoles, sometiéndolos a la burocracia real. Las audiencias no sólo funcionaron como tribunal colegiado, sino que también se hicieron cargo de los gobiernos provinciales. La erección de las audiencias, además, abría las puertas para que los indios tuvieran acceso a los mecanismos de justicia hispana,⁵ pues dichos tribunales también estaban facultados para dirimir los pleitos concernientes a los naturales. Ciertamente la población indígena formó parte fundamental del proyecto de reorganización administrativa de la Corona en las Indias. En octubre de 1549, desde la metrópoli, llegaron a la Audiencia de Guatemala un grupo de cédulas con instrucciones para que dicho tribunal reorganizara los pueblos de indios. Este proyecto buscaba que los pueblos se autogobernasen por medio de cabildos, evitando en lo posible intermediarios, como los religiosos, los encomenderos y la “nobleza” india, pues estarían directamente sujetos a los funcionarios reales, quienes a su vez responderían a las audiencias. Parte fundamental de este proyecto era la consolidación de la evangelización y la vida en policía de los indios; en la provincia de Chiapa comenzó a instituirse a partir de la década de 1560 ^{(Lenkersdorf, 2001a: 127)}. Así, el verdadero proceso de cambio en las sociedades indias promovido por los españoles no se encuentra en la Conquista ni en las primeras décadas de la colonización, sino en este cambio espacial. Resulta relevante señalar que los conflictos territoriales que en el Posclásico eran frecuentes, con estas políticas se agudizaron. Hasta entonces, cada entidad política identificaba su territorio, por lo que la defensa de éste, así como la ambición por nuevos espacios, motivaban conflictos de distinta índole y gravedad.

Con la reorganización administrativo-jurisdiccional, sistematizada a partir de la década de 1560, las entidades políticas tradicionales se vieron envueltas en un complejo proceso de reorganización interna y de interacción con el nuevo régimen imperial, al mismo tiempo que nuevas entidades nacían y otras comenzaban su desaparición. No fue extraño que en las nuevas repúblicas de indios se asentaran personas procedentes de distintos pueblos, quienes se agrupaban en las diferentes parcialidades en que podía subdividirse un pueblo.⁶ En este escenario, no es de extrañar que, para la década de 1570, existiesen numerosos conflictos entre los nacientes pueblos de indios motivados por los alcances de su jurisdicción territorial. Sin embargo, este período de reorganización de las administraciones en ultramar no era un proceso concluido para la Corona. Durante un tiempo la Audiencia de Guatemala desapareció por disposición de Felipe II, por medio de una Cédula Real fechada el 30 de mayo de 1563. Algunos meses más tarde, don Felipe sujetó a los gobernadores de diversas provincias centroamericanas, entre ellas la de Chiapa, a la autoridad del gobernador de Guatemala, el licenciado Francisco Briceño. No fue sino hasta comienzos de 1570 cuando volvió a instalarse en los hechos la Audiencia en Guatemala, ahora bajo la presidencia del doctor Antonio González, acompañado de los oidores Jufre de Loaísa, Valdés de Cárcamo y Cristóbal de Axcoeta. Durante aquel tiempo la jurisdicción de la provincia de Chiapa estuvo bajo el distrito de la Audiencia de México, pero al reinstaurarse la de Guatemala, Felipe II le dio el carácter de pretorial al tribunal nuevamente instalado, lo cual dejó a la provincia de Chiapa definitivamente fuera de la jurisdicción de la Nueva España ^{(Flores, 2010: 126-128)}.

El primer grupo de dominicos que llegó a las tierras de Chiapas, lo hizo con fray Bartolomé de las Casas, primer obispo de la diócesis, en 1545, es decir 20 años después de los conquistadores que habían empezado a transformar de manera ineluctable el paisaje étnico y político de la región. Las tierras altas y frías de Chiapas no atrajeron tanto la codicia de los encomenderos, como ocurrió en otras áreas de la Nueva España y Guatemala, los cuales más bien aprovecharon la numerosa mano de obra. La carencia de recursos naturales que interesaran a los españoles podría explicar, en parte, los pocos litigios sobre la tierra y, en consecuencia, la cuasi nula producción, con pocas excepciones, de testimonios escritos por parte de las élites indias. En efecto, hablar de “élite” supone la existencia de una jerarquía social y política que es apenas esbozada tanto en el registro arqueológico como en los estudios lingüísticos disponibles. El análisis de términos en el diccionario de 1571 proveniente del famoso pueblo tzeltal de Copanaguastla nos proporciona indicios relacionados con la organización social y política en tiempos coloniales tempranos ^{(Ruz, 1992a: 181-201)}. Sin embargo, en otras áreas adyacentes, como Atahuistlán, en el valle de Las Margaritas, no existe diferencia material entre las casas de los habitantes en el Posclásico Tardío.⁷ Otras crónicas mencionan a los principales cacicazgos presentes en la región para aquella época: Zinacantán, Chamula, Pontehuitz, Huixtán, Copanaguastla. ^{Viqueira (1998)} no vacila al hablar de “señorío” para Zinacantán al examinar los procesos de “desmembramiento” de su jurisdicción, mientras ^{Lenkersdorf (2001a: 150-153)} retoma el concepto de “behetría” o “comunidad” para tratar de calificar la organización de los pueblos de indios en vísperas de la Conquista, sin orden político aparente ni señores a quienes obedecer. Es de notar que, en el caso de Zinacantán, la cuestión radica en el hecho de que resulta difícil pensar que los zinacantecos lograran organizar una red de comercio tan importante en tiempos posclásicos, con el control sobre ciertas poblaciones y rutas, sin que hubiese cierto grado de implicación por parte de sus élites.

De igual manera, el proceso de formación de las repúblicas de indios y las prácticas políticas autónomas concomitantes, luego de la congregación a poblados, ha sido escasamente examinado para el caso de Chiapas. Tal como lo recalca ^{Lenkersdorf (2001a: 19-30, 75)}, el término de “cacique” se generalizó a raíz del envío de una Cédula Real de 1538 estipulando que se usaran los términos “cacique” y “principal” en lugar de “señor”, borrando de esa manera la diferenciación entre títulos, cargos, antiguas formas de gobierno y modos de sucesión. En otras palabras, la falta de fuentes escritas dificulta tener una idea clara acerca de dichos debates para esta región que, a diferencia de otras áreas, hubiera propiciado la creación o, más bien, el fortalecimiento de una élite, no hereditaria, intermediaria, que se empoderó por medio de relaciones directas con los españoles. Dicha élite, luego de asentar su poder, se reconoció como legítima asimilando los mecanismos de sucesión por derecho hereditario, dando lugar a nuevas estirpes en el siglo XVII. Testimonios quizás de estas estrategias son los fragmentos de probanzas tardías redactadas por ciertos personajes originarios de Zinacantán y Chamula, en contactos estrechos y negociados, advocando sus méritos por servicios a los españoles en los tiempos de la Conquista. En fin, nada comparable con el discurso de los señores que, en los títulos de Guatemala, se valían de genealogías antiguas para que la Corona reconociera sus derechos; documentos que se convertirán en títulos de tierra según los casos. Esa diferencia podría asimismo explicar la ausencia de manuscritos de esta índole para Chiapas.

Como ya se ha señalado, hasta ahora se consideraba que en la región había una carencia de este tipo de fuentes indígenas. ^{Lenkersdorf (2001b)} llevó a cabo una revisión del AGCA justamente en busca de la nobleza indígena del siglo XVI, que bien pudiera haber dejado huella en los pleitos de tierras o en la venta de propiedades. Dice que “de los 30 manuscritos encontrados sólo tres procedieron de la alcaldía mayor de Chiapa” ^{(Lenkersdorf, 2001b: 85)}, cubriendo las zonas chiapaneca y zoque,⁸ dejando un punto de interrogación para la región maya. Una revisión reciente de los “títulos indígenas” en el AGCA ^{(Arriola y Linares, 2011: 783, cuadro 2)}, llega a un total de 18 documentos. Uno solo hace referencia a la misma jurisdicción de Chiapa con el nombre “Título de los Señores de la Villa de Chiapas”, la fecha de 1571 y la famosa nomenclatura A1.18, leg. 6,074, exp. 54,880, cuyas seis fojas fueron publicadas por Carlos ^{Navarrete en 1966}.⁹

El conjunto documental aquí presentado se compone de tres expedientes, resguardados en dos legajos: 6,074 y 6,934 del AGCA; para fines expositivos, denominamos con letras (A, B y C) cada documento, de acuerdo con el orden cronológico que guarda su contenido. Efectivamente, varios investigadores han utilizado los expedientes como testimonio para sus propios trabajos. De manera acertada buscaron la relación entre los diferentes expedientes y expusieron información relevante sobre su génesis y conformación. Hacia la década de 1950 Heinrich Berlin estudió los tres documentos mencionados, mismos que fueron de utilidad para proponer la ubicación prehispánica del pueblo de Chiapa. En su estudio, Berlin concluyó que los expedientes estaban relacionados entre sí. El investigador alemán señala que pudo conocer estos documentos gracias al trabajo de Brasseur de Bourbourg, el cual abría posibilidades al estudio de las fuentes históricas para las investigaciones arqueológicas en Chiapas pues, hasta ese momento, los únicos testimonios escritos utilizados como fuente eran las obras de Bernal Díaz del Castillo y Antonio de Remesal ^{(Berlin, 1958: 19-20)}.

Posteriormente, Carlos Navarrete también utilizó los expedientes aquí estudiados, reproduciendo incluso parte de ellos en su obra The Chiapanec History and Culture ^{(Navarrete, 1966: 99-103)}, en la cual discute el origen de los chiapanecas. Finalmente, Jan de Vos en su libro La Batalla del Sumidero, presentó una vez más los expedientes sobre el conflicto entre Chiapa y Zinacantán como parte de su proyecto para estudiar la narrativa sobre la Conquista y colonización en Chiapas ^{(De Vos, 1985)}. En el caso de Berlin y Navarrete, ambos autores comenzaron el tránsito entre la evidencia material y el testimonio escrito para el estudio de las sociedades mesoamericanas. Dichas fuentes requieren para su utilización no sólo de una formación específica -la de historiador o arqueólogo-, sino también una formación interdisciplinaria que permita el diálogo entre diferentes teorías y metodologías.

Geografía y contextos arqueológicos

Restituir los procesos pre-Conquista en Chiapas resulta difícil por la conjunción de varios factores. Un periodo Posclásico Tardío poco conocido, ya que dicha ocupación no dejó testimonios arquitectónicos destacados, como los podemos observar todavía en la Guatemala vecina. La región parece haber destacado siempre por su carácter marginal con respecto a los procesos históricos de la “civilización maya”. Falta documentar y completar el panorama regional ya que varias áreas, representadas en los mapas arqueológicos actualizados, ilustran todavía un no man’s land cuando, en realidad, conectaban regiones a larga distancia, por medio de caminos cuyos rumbos se transforman a través del tiempo por las dinámicas humanas ^{(Viqueira, 2006: 137)}.

Los expedientes del conflicto territorial entre Chiapa y Zinacantán y su análisis

En la segunda mitad del siglo XVI, tanto en Guatemala como en la provincia de Chiapa, los pueblos de indios recurrían a diversas instancias oficiales para litigar no sólo en contra de los encomenderos españoles, sino también para resolver sus conflictos intercomunitarios. Resultado de ello es la documentación elaborada para ser presentada ante instancias judiciales y administrativas durante el siglo XVI. Los testimonios ahí contenidos nos permiten conocer con mayor detalle los procesos por los que transitaban los pueblos amerindios durante el período.

De un añejo conflicto entre Zinacantán y Chiapa surgió un conjunto de expedientes resguardados hoy en día en el AGCA. El 6 de junio de 1571 el pueblo de Chiapa presentó ante el juez de comisión Luis Álvarez de Soria una demanda de apelación contra Zinacantán, San Felipe e Ixtapa. El pleito no era nuevo, pues los chiapanecas aseguraban haber iniciado este litigio desde décadas atrás e incluso haber obtenido algunas disposiciones a su favor, las cuales fueron emitidas por funcionarios españoles. La primera de estas sentencias fue dada, de acuerdo con los chiapanecas, por el alcalde de Ciudad Real Pedro de Solórzano, después de 1534, mientras que la segunda fue otorgada por Gonzalo Hidalgo de Montemayor, quien fue visitador general de la provincia de Chiapa en 1549. ^{Calnek (1962: 95)} señaló que “Gonzalo Hidalgo de Montemayor [...] issued the first titles of nobility in the area (Chiapas)”. Hombre del presidente de la Audiencia de Guatemala, Alonso López de Cerrato, Hidalgo de Montemayor siguió en Chiapas sus políticas: liberó indios esclavizados, mandó a hacer mediciones de tierras, tasó tributos (incluso llegó a privar a prominentes vecinos de Ciudad Real de sus derechos al tributo) y fue un gran impulsor del proyecto de congregaciones, para el cual otorgó su apoyo a los dominicos ^{(Remesal, 1619, Libro 8, cap. XXIII-XXIV: 502-509)}. En este punto cabe recordar que desde 1552 Chiapa pasó de ser un pueblo de encomienda a quedar bajo la Real Corona. Hasta entonces, Chiapa había sido encomendada a Diego de Mazariegos, Juan Enríquez de Guzmán y Baltasar Guerra, este último en conflicto abierto y prolongado con los dominicos que dejó largos testimonios en las crónicas ^{(Remesal, 1619, Libro 6, cap. XIII-XXV: 320-360)}.

Sin embargo, pese a las sentencias arriba mencionadas, como vemos, a principios de la década de 1570, los vecinos de Zinacantán, San Felipe e Ixtapa, continuaban asentados en las tierras que reclamaban los chiapanecas. Es más, acusan a los de San Felipe de haber modificado los mojones de las tierras de Suchiapa. Por el documento sabemos que los de Chiapa donaron en algún momento tierras a los de San Felipe según un acuerdo común sobre linderos. Pero luego acusaron a los de San Felipe de no haber respetado el concierto y de haber desviado por medio de acequias el agua hacia San Lucas.²⁵ De ahí que los chiapanecas nombraran a Pedro Santisteban como abogado de su causa para que presentara una demanda ante los funcionarios de la Audiencia. Cabe mencionar que en esta demanda el pueblo de Chiapa estaba acompañado por el pueblo de Acala. Por el lado contrario, los pueblos denunciados tuvieron por representantes a Juan Martín de la Torre, defensor general de indios con amplia experiencia en litigios presentados por los pueblos de indios, y al encomendero de Zinacantán, Luis de Estrada.

Desafortunadamente no tenemos completos los expedientes de este pleito, pero contamos con partes relevantes del proceso: por un lado, la presentación de la causa por parte de Pedro Santisteban a Cristóbal de Axcoeta, oidor de la Audiencia de Guatemala, que se hallaba en una visita en la provincia de Chiapa; por el otro, las respuestas al interrogatorio realizado a los testigos del caso. Asimismo, gracias a los fragmentos que conocemos de los expedientes que generó este conflicto, podemos inferir el resto de la documentación relativa a él. Es decir, siguiendo las formas regulares de la organización de los expedientes judiciales durante el siglo XVI, sabemos que las secciones que aún se conservan en el AGCA, necesariamente debieron estar unidas con otras partes del proceso. De ellas ya no tenemos noticia hoy en día, pues pudieron haber sido destruidas por el inexorable paso del tiempo, o bien, están a la par de otros muchos expedientes anónimos a la espera de ser encontrados en el futuro.

Recordaremos al lector que decidimos denominar con letras (A, B y C) cada expediente y que para su correcto análisis debemos tener claro que los papeles que hoy en día conservamos pasaron por diferentes procesos de “intervención” por parte de diversos actores de distintas épocas.

Documento A (cf. Apéndice)

Bajo esta nomenclatura denominaremos aquí al expediente llamado anteriormente como Título de Chiapa. Se trata, entonces, de la transcripción de parte de los alegatos presentados tanto por los chiapanecas como por los zinacantecos en el pleito de 1571, de la cual, sin embargo, sólo contamos con una copia realizada en el siglo XIX. Este documento se encuentra bajo resguardo del AGCA con la signatura A, legajo 6,074, expediente 54,880. Su soporte es de hojas de papel de algodón, con una medida del tamaño de una hoja carta;²⁶ la última foja tiene pequeñas manchas de humedad. El expediente está elaborado con letra humanística,²⁷ o de hilo, como comúnmente se le llama a la escritura correspondiente de mediados del siglo XIX (Figura 2).

(Fotografía de Rafael Flores).

Figura 2 Portada del expediente resguardado en el AGCA  

En el mismo legajo donde se encuentra el Documento A se hallan, además, otros 29 expedientes que se refieren a los más diversos pueblos de indios que alguna vez estuvieron bajo la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala: k’iche’s, pipiles, kaqchikeles, tz’utujiles, lacandones, chiapanecas, entre otros. Durante la conformación del AGCA, a mediados del siglo XX, el director y gran impulsor del archivo, el ilustre José Joaquín Pardo, no siguió el criterio de procedencia para clasificar los documentos que poco a poco iban integrándose al repositorio, sino más bien siguió un criterio de orden temático. De ahí que el legajo 6,074 contenga documentos considerados por los organizadores del AGCA como “títulos indígenas”.

El origen de este expediente, como ya se expuso con anterioridad, corresponde a la demanda interpuesta por los chiapanecas en 1571; sin embargo, el documento que continua en el AGCA hoy en día es una copia realizada durante el siglo XIX. ¿La razón? Sabemos que varios de los expedientes que conforman el legajo 6,074 fueron reunidos por el abate Brasseur de Bourbourg al iniciar la segunda mitad del siglo XIX y copiados por cuenta suya. Tal es el caso del Documento A, el cual comparte su historia con otros documentos ubicados en la misma carpeta, como el Título Nija’ib’, del que también sabemos que fue copiado a expensas del abate ^{(Flores, 2014: 20)}. Varios de estos documentos de manera afortunada se conservan hasta hoy en el AGCA. Cuando esta copia llegó al archivo a mediados del siglo XX, fue colocada en dicho legajo junto con otros expedientes sin otra relación entre sí que tratar sobre algún pueblo indígena. Para finalizar este apartado, es importante reiterar que el documento original del cual fue sacada esta copia, entonces, formaba parte del mismo litigio del que proceden los Documentos B y C, aunque los azares de la historia los separasen y, posteriormente, colocasen en diversas secciones del AGCA.

Documento B

Este expediente forma parte del legajo 6,934, junto con el Documento C. En él están contenidas parte de las declaraciones de los testigos que fueron llamados para el caso. El Documento B se encuentra clasificado bajo la signatura de expediente 57,601. Está conformado por 20 fojas, cuyo soporte es, hasta la foja 14, hojas de papel de algodón, y después se añadieron seis hojas más que corresponden al papel fabricado durante el siglo XIX hecho de la pulpa de madera; el tamaño de los pliegos es carta. El documento fue elaborado originalmente con letra procesal del siglo XVI,²⁸ aunque, al igual que el papel, tiene diferencias importantes en sus últimas seis fojas, donde aparece la decimonónica letra humanística. La razón de la diferencia de las últimas fojas se debe a que corresponden a un traslado del expediente original, el cual fue realizado el 10 de julio de 1843. Sobre el estado físico del documento es importante anotar que las 14 primeras fojas presentan hongos, mientras que las restantes se encuentran en buenas condiciones; no obstante, en las caras verso de estas últimas fojas el papel se encuentra muy dañado, lo cual dificulta la paleografía del documento.

Sabemos que algunos de los expedientes del pleito de Chiapa fueron copiados en 1843 por fray Víctor María Flores, quien fue prior del convento de Santo Domingo de Guzmán en Chiapa. Su objetivo, al parecer, fue conservar el contenido de los papeles ante su deteriorado estado de conservación. Los documentos que representaban mayor dificultad, así como aquellos que estaban en idioma chiapaneca, o los que le resultaban ilegibles al fraile, fueron conservados junto con las copias más nuevas. Este expediente resulta de gran interés debido a que sus primeras cinco fojas contienen igual número de documentos en lengua chiapaneca, los cuales fueron revisados por el lingüista Rubén Borden Eng, quien anotó lo siguiente para cada documento (Figura 3a):

(Fotografías: Rafael Flores).

Figura 3 a) Documento en lengua chiapaneca; b) interrogatorio del caso. 

El primero {ff. 1r - 2r} corresponde a una extensa lista de al menos treinta personas, particularmente varones, que murieron, acerca de los cuales se aclara si tuvieron o no hijos, y si éstos aún viven en la ciudad. El segundo {f. 3r} corresponde a una provisión, según la cual se exige el tributo en maíz, fruto, sal, grano o “persona”, y que en cuaresma, debido al ayuno es preciso llevar pescado a los sacerdotes. El tercer texto {f. 4r} contiene dos provisiones: la primera de ellas corresponde a una orden del alcalde mayor para que las personas dejen su tributo en grano satisfactoriamente; mientras que la segunda está dirigida a “Zuuz”, para que reciba el grano y lo reúna por diez días. El último texto {ff. 5r - 5v} es el que presenta mayores complicaciones en su lectura debido no sólo a la letra, sino también a lo desgastado del papel. Al parecer, se trata de un documento legal fechado el diez de diciembre de 1686, en el que compareció Francisco “Nahueho”, hijo de G. de la Cruz y de Nicolasa, para solicitar que lo liberen de “muchos y desagradables servicios”, aunque tal solicitud le es negada, y lo asignan como trabajador de servicio con un tal Miguel, para que pague su condena. El texto está firmado por Don Cristóbal de Morales y Jacinto Gometa.²⁹

A partir de la foja 6r comienzan las diligencias e interrogatorios realizados sobre el pleito entre Zinacantán y Chiapa, entre ellas la averiguación, luego de varias vistas de ojos, de los linderos entre Suchiapa y las tierras de San Felipe. Los testigos son vecinos de Ciudad Real y principales del pueblo de Totolapa. De igual manera, resultan de gran interés los interrogatorios acerca de los linderos entre Chiapa e Ixtapa.³⁰ Aunque no aparecen las 17 preguntas formuladas para examinar a los testigos, se pueden restituir sin mayor dificultad con las respuestas de los mismos cuando saben contestar a las mismas. En este caso, los testigos son vecinos de distintos pueblos de la comarca como Chapultenango,³¹ Quitoltepeque (o Xitoltepeque), el actual Jitotol y Chiapa (Figura 3b).

Del Documento B cabe aclarar que, como señala una nota del copista del siglo XIX localizada en la última foja del expediente, le fueron añadidos documentos referentes a los poblados de los que tratan esos mismos papeles. Es así que para comprender la conformación de los expedientes no sólo debemos considerar cómo se constituían y organizaban los documentos judiciales del siglo XVI; igual de relevante resulta conocer la forma en que se constituyeron los expedientes de los archivos históricos hasta adquirir su condición actual, pues no siempre los papeles que integran un expediente están necesariamente relacionados entre sí.

Documento C

Por último, en el expediente 57,602 del legajo 6,934 continúa la presentación de testigos, en 1572, para el juicio entre Chiapa y Zinacantán. Este expediente es original del siglo XVI y cuenta con 13 fojas tamaño carta; el soporte es de hojas de papel de algodón, en muy mal estado, pues presentan marcas de apolillado y humedad, así como hongos (Figura 4). Siguen los interrogatorios con las mismas preguntas planteadas en el Documento B. Los testigos son originarios de Coapa y Copanaguastla. Es relevante la entrevista, por ejemplo, de un cacique de este último pueblo que responde al nombre de don Diego, de 70 años de edad. La quinta pregunta interroga sobre la distancia entre Chiapa e Ixtapa y si no existen otros “indios” que ocupen las dichas tierras entre ambos pueblos, haciendo mención, también en otras respuestas de los testigos, de los pobladores de Quetzaltenango³² como sujetos al pueblo de Zinacantán.³³ Los presentan como “mercaderes qezaltecas”.³⁴ Quizás pudiera ubicarse el antiguo pueblo de Quetzaltenango a medio camino entre Chiapa e Ixtapa, a la altura de El Escopetazo, “el puerto en medio” o “puerto de Chiapa”. Tal ubicación coincidiría quizás mejor con la descripción del “peñón de Quetzaltepec” cuyos habitantes se rebelaron en 1529 contra los abusos de los españoles ^{(Viqueira, 1997: 93)}. O por lo menos, tendría que corresponder con algún lugar estratégico a lo largo de la abrupta bajada desde los Altos hacia la Depresión.

(Fotografía: Rafael Flores).

Figura 4 Fragmento del interrogatorio sobre el caso. 

Algunas reflexiones sobre los documentos producidos por los pueblos de indios

El estudio de los expedientes que conforman el litigio entre Chiapa y Zinacantán nos permite enterarnos acerca de la importante actividad indígena en la defensa jurídica de sus pueblos durante el siglo XVI, lo cual ofrece evidencia para cuestionar la idea de su pasividad durante los siglos de colonialismo español. Así como existen nuevas perspectivas en el ámbito de los estudios coloniales enfocadas en comprender la negociación entre indios y españoles, nuevas corrientes historiográficas y arqueológicas abocadas al análisis de los distintos procesos de conquista en Mesoamérica han demostrado cuán decisivo fue el papel de las sociedades indias en estos capítulos de la historia. Ambos estudios, los de la Conquista y los de la Colonia, vuelven la mirada a los archivos históricos en busca de testimonios que les permitan mostrar la polifonía del período y no sólo la voz de las crónicas de tradición española.

El análisis de los papeles aquí presentados confirma que los pueblos de Chiapas tuvieron una importante actividad ante las justicias reales durante la segunda mitad del siglo XVI. Auxiliados por sus defensores, los pueblos litigaron constantemente en contra de los encomenderos, religiosos, pueblos vecinos, sus propias autoridades e, incluso, funcionarios españoles.

De particular interés resulta el período en que se fechan los documentos A, B y C, pues es un período de transición política en la metrópoli -la consolidación de Felipe II como monarca español comenzó en la década de 1560 pues, aunque fue proclamado rey en 1556, pasó varios años entre Inglaterra y Flandes y finalmente llegó a ocupar el trono de España hasta 1559-, que tuvo repercusiones importantes a nivel local. Los experimentos de la Corona con las Audiencias en Centroamérica influyeron sobre la resolución de los conflictos locales en la provincia de Chiapa. Una vez reinstalada la Audiencia en los hechos en 1570, es notorio el número de casos presentados por indios ante el tribunal, muchos de ellos antiguos, como el caso del conflicto entre Chiapa y Zinacantán. Lo que también deja claro este proceso es que los pueblos encontraron y usaron los mecanismos jurídicos necesarios en defensa de sus intereses. Esto no resulta sorprendente, pues en otras regiones del antiguo territorio mesoamericano ocurría lo mismo, de tal forma que desde principios de la década de 1530 las autoridades coloniales otorgaron a los indios la posibilidad de presentar en los juicios pruebas provenientes de sus usos y costumbres ^{(Ruiz y Kellogg, 2010)}. Aunque cada proceso de conquista y colonización regional fue distinto, parecen tener en común que los indios siempre buscaron la manera de promover sus demandas ante las autoridades competentes. Para ello presentaron pruebas documentales y orales acerca de la antigüedad de sus pueblos y del territorio ocupado por éstos. La provincia centroamericana de Chiapa no fue distinta en este aspecto a otras regiones de Michoacán, Yucatán, Guatemala, Oaxaca, Veracruz, el centro de México, Tlaxcala y un largo etcétera, de donde poco a poco vamos descubriendo los litigios promovidos por indios. Ello nos refiere a un proceso de mestizaje de la justicia, cuyo funcionamiento apenas comenzamos a comprender.

Antes de continuar con nuestra reflexión, queremos esclarecer un punto del ámbito de las autorías corales en los documentos. A pesar de que estos papeles fueron elaborados a instancias de los indios, y en esa medida ofrecen su perspectiva sobre los procesos con los que dialogaban, no podemos afirmar que sea ésta una perspectiva puramente indígena. Los pueblos de indios, al formar parte de una colectividad social junto con sus encomenderos, promovían pleitos con apoyo de éstos. Así, es interesante saber cómo se llevaba a cabo esta negociación, a nivel local, entre españoles e indios para defender sus intereses frente a otros pueblos.

Entonces, el viejo conflicto entre Chiapa y Zinacantán necesita ser abordado como un proceso cruzado por una serie de coyunturas de corta duración. Ello supone un reto a la línea trazada tradicionalmente entre las disciplinas arqueológica e histórica: “arqueólogos de lo prehispánico”, “historiadores de la Colonia”. Pero al enfrentarnos a un proceso que se desarrolló en un contexto de cambios complejos, invariablemente debemos trabajar en conjunto para abordarlo desde las diferentes facetas por las que pasó. En el caso particular de Chiapa los estudios sobre los documentos indígenas van a la postre respecto a los de otras regiones. De Guatemala son bien conocidos el Popol Vuh, el Título de Totonicapán o el Memorial de Sololá; de Yucatán los libros de Chilam Balam, los Papeles de los Xiu o el Códice de Calkiní, pero en particular de la región maya de Chiapas, son escasos los ejemplos conocidos: uno de ellos es el corpus documental aquí estudiado. Sin embargo, pocas veces se ha reparado en que en realidad todos los documentos mencionados forman parte de corpus documentales más amplios, muchos de los cuales se encuentran en archivos institucionales en universidades o archivos generales, pero también en archivos locales. Es un fenómeno similar al que ocurre con mapas, lienzos y demás expedientes estudiados en toda la región mesoamericana. Chiapas no tendría por qué ser la excepción a este fenómeno cultural a pesar de la historia turbulenta de sus archivos.

La razón de no haber encontrado documentos en Chiapas análogos a los que existen en otras regiones, puede deberse a una perspectiva conceptual de los documentos. En realidad los libros famosos que conocemos sólo son parte de expedientes más complejos, elaborados por los pueblos del siglo XVI, pero que estaban inmersos en argumentos discursivos más amplios. Por ejemplo, fue frecuente que para argumentar ante las autoridades españolas su legítimo derecho sobre la tierra, según el derecho colonial, los pueblos pusieran por escrito o transcribieran códices que referían los orígenes de sus pueblos, desde la formación del mundo en general, hasta la historia particular del pueblo y las razones por las que ellos tenían derechos legítimos sobre la tierra, tal como se acostumbraba en la tradición mesoamericana. Pero a esas historias se les anexaron muchos otros papeles fruto de los litigios que mantuvieron incluso durante siglos (algunos llegan hasta nuestros días). Sin embargo, hasta ahora se ha privilegiado dar a conocer o estudiar los fragmentos de esos papeles que se refieren únicamente a lo que le interesa a los investigadores: mitos, historias de la fundación de los pueblos, historias de linajes e intrigas de cortes, dejando de lado el resto del contenido jurídico.

Ahora bien, eso significa que es probable encontrar papeles con narraciones históricas y aquellas que llamamos “míticas” si estudiamos documentos similares al pleito entre Zinacantán y Chiapa. ^{Okoshi (2018: 302-303)} señala que “la Corona Real reconocía y admitía el estilo propio de los documentos indios, con algunos elementos jurídicos y diplomáticos mínimos indispensables”, lo cual permitió una relevante producción documental indígena en Yucatán durante el siglo XVI. Lo que este investigador señala también se ha podido verificar en Guatemala ^{(Ochoa, 2017)} y otras regiones fuera del área maya. El resultado fue que los discursos y los formatos legales y legítimos, de escritura y registro del pasado de ambas tradiciones culturales, la indígena y la española, quedaron asentados en documentos que aún se conservan en los archivos históricos. El proceso de mestizaje de la justicia durante el siglo XVI es un fenómeno necesario de estudiar a futuro pero, por el momento, nos indica que es viable que poco a poco vayamos encontrando la historia de los pueblos narrada por ellos mismos, lo cual enriquecería enormemente nuestra visión de los procesos del pasado y su influencia futura.

Consideraciones finales

Al terminar la revisión de los expedientes aquí expuestos, concluimos que el documento llamado Título de Chiapa o Título de los señores de Chiapa en investigaciones anteriores, en realidad, se trata del fragmento de un expediente judicial complejo, fruto del litigio territorial entre los zinacantecos y los chiapanecas, sus vecinos de la Depresión Central. El estudio de la historia del propio documento aquí realizado, corrobora lo ya señalado por Berlin y De Vos: ese “título” en realidad forma parte de un conjunto documental más extenso. Tampoco es viable seguir pensando que ese expediente represente únicamente la visión de los chiapanecas, ya que incluye testimonios de las dos partes enfrentadas en el juicio y las de algunos funcionarios reales. Es decir, este expediente es testimonio de la polifonía de la sociedad colonial en la provincia de Chiapa.

Estas conclusiones nos llevan a repensar los criterios y metodología utilizados para estudiar los documentos indígenas en Chiapas y su supuesta inexistencia en la región. En realidad, el presente trabajo ofrece un estudio de caso que confirmaría la hipótesis de que no es que tales testimonios documentales no existan en el área, sino que al conceptualizarlos erróneamente -como títulos o libros hechos ex profeso para ser una unidad textual independiente- no han sido buscados en los litigios legales o corpus documentales más complejos. Es decir, investigaciones futuras deben tener presente el contexto del cual forman parte los documentos para su búsqueda y análisis. Al respecto, existen testimonios que valdría la pena volver a examinar bajo esta nueva mirada, como la relación de Ocozocoautla ^{(Navarrete, 1968)} y la probanza de Santa María Magdalena Tanjoveltic ^{(De Vos, 1994: 207-208)}. La conformación conjunta del enfoque teórico-metodológico entre historiadores y arqueólogos para estudiar un mismo problema en sus diferentes etapas necesita un diálogo constante para comprender la complejidad de los procesos sociales en temporalidades largas. Así, estudiar este litigio abre las puertas a futuros trabajos que crucen la frontera cronológica y disciplinaria en Chiapas, toda vez que las fuentes documentales nos informan no sólo acerca de los conflictos que enfrentaban los pueblos en la segunda mitad del siglo XVI, sino de las razones de tales conflictos que hundían sus raíces en el pasado prehispánico.

De igual manera, el estudio de estos expedientes abre líneas de investigación, pues nos ofrece testimonios relevantes sobre el uso de la lengua chiapaneca en los procesos administrativos y judiciales entre los siglos XVI y XIX, recordando que fue un idioma que desapareció a principios del XX. En efecto, la región de la Depresión se transformó lentamente, en un ineluctable proceso de “ladinización”, dando lugar a diferentes procesos que explican el fenómeno y remiten a diversas condiciones locales que aún se discuten. Según ^{Viqueira (2002: 10)}, la élite chiapaneca se habría ladinizado para conservar sus privilegios y habría encaminado a sus súbditos a hacer lo mismo, ya que para el siglo XVIII gran parte de los chiapanecas hablaba español. Al final de la época colonial, los documentos de censos reportan solamente 400 indios tributarios, la otra mitad hace valer su ascendencia mestiza ^{(Viqueira, 2002: 10)}. En una perspectiva diferente, Obara-Saeki plantea que luego de la plaga (y distintos episodios epidémicos anteriores) en el período 1769-1771, parte de los indios tributarios del área chiapaneca, si no murió, migró hacia otros pueblos y haciendas tanto de la comarca como de la provincia en general, provocando de esta manera el aumento de la proporción de ladinos en Chiapa, al ser el asentamiento que perdió la mayor cantidad de tributarios durante la plaga, además de contar con la mayor concentración de no-tributarios ^{(Obara-Saeki, 2010: 260-283)}. Por esta razón resulta relevante explorar desde el punto de vista lingüístico este corpus documental, pues ofrece un modesto pero inapreciable testimonio del uso de la lengua chiapaneca. Finalmente, la documentación tratada evoca también la profundidad de la memoria histórica de los pueblos indígenas que nos incita a adoptar la metodología propuesta para otras áreas de la región. El estudio de la documentación temprana inédita, y su intertextualidad con documentos conocidos, es indispensable para realmente poder entablar el diálogo interdisciplinario con la arqueología, cruzando las líneas temporales adscritas generalmente a cada disciplina. El corpus arqueológico, asimismo, resulta aún fragmentario para los Altos y la Depresión Central mostrando la complejidad de las ocupaciones humanas en el Posclásico Tardío. Empero, tanto los documentos históricos como la arqueología nos dejan entrever que estuvieron vinculados de múltiples maneras según las épocas y desde tiempos inmemoriales.