Introducción

En el último informe del representante federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas¹ durante el sexenio 2006- 2012, se señala que dicha comisión financió a través del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas² 14,532 proyectos productivos para un total de 164,354 mujeres (^{CDI, 2012: 74}). En el informe únicamente se dan cifras que muestran cuántos proyectos se entregaron durante ese período de tiempo y las actividades desarrolladas, prescindiendo de sus componentes cualitativos como el impacto en las mujeres y sus familiares, la manera en que ellas los apropian o no y sus aportaciones al desarrollo; tampoco hay datos sobre cuántos de esos proyectos continúan, en qué condiciones y por qué algunos no fueron exitosos.

Si bien el dato cuantitativo es fundamental para comprender, entre otros elementos, las generalidades respecto a un fenómeno, la información cualitativa nos permite entender las especificidades de éste, nos adentra a las experiencias concretas que nutren al componente numérico. En ese sentido, documentar un caso de los proyectos productivos financiados por la CDI permite develar algunos de los aspectos que oculta, por lo menos en el citado informe, el dato cuantitativo. El objetivo de este documento es reflexionar, a partir de un caso, cómo estos proyectos constituyen una experiencia vivencial para las mujeres, revestida de significados y componentes afectivos que contrastan con aquellos sentidos y actitudes que los agentes de desarrollo tienen hacia la misma experiencia. Recalco que dichos proyectos están sustentados en un discurso institucional que no corresponde a lo que en la práctica transmiten los agentes del Estado a las mujeres, constituyendo una contradicción importante de analizar.

El proyecto que retomo en este trabajo, “granjas avícolas de traspatio”, se le otorgó en el año 2011 a la organización “Flor de calabaza” de Tekit, Yucatán, a través de lo que en su momento fue el POPMI. Se trata de una organización que continúa operando el proyecto más por los sentidos y significados que las mujeres han construido de la experiencia, que por los beneficios económicos. El presente trabajo se encuentra organizado en seis apartados, más la introducción y las conclusiones; el primero destaca los antecedentes desde los cuales se aborda la temática, el segundo caracteriza el contexto de estudio, el tercero destaca el posicionamiento teórico desde el cual se analiza el caso, y el cuarto recupera el discurso oficialista que reviste a la experiencia documentada. Los últimos dos apartados discuten las representaciones del proyecto desde las perspectivas de las mujeres y de los agentes estales vinculados con el POPMI. Finalizo con las conclusiones.

Antecedentes, mujeres y desarrollo

La presencia de mujeres rurales en proyectos de desarrollo no es un fenómeno novedoso, ni tampoco la manera como las impacta. Desde los años sesenta la incorporación de las mujeres al discurso y acciones del desarrollo ha significado financiar proyectos productivos como vías para que ellas desempeñen actividades remuneradas y aporten recursos a sus familias. Estos proyectos se han aplicado en países en desarrollo donde buscan ser opciones económicas ante la precarización de las condiciones de vida de algunos sectores del llamado Tercer Mundo.

Autoras como ^{Talamante, Careaga y Parada (1999)} sostienen que la aparición de las mujeres en el discurso del desarrollo surge ante el cuestionamiento del proceso gradual de crecimiento económico que los países subdesarrollados tendrían que atravesar para alcanzar niveles de Primer Mundo. A dicho cuestionamiento contribuyeron los movimientos sociales de la época, como el de mujeres que, con sus protestas sobre el modelo económico, obligaron a replantear las ideas del desarrollo ancladas en una noción de acumulación económica (^{Nazar y Zapata, 2000}). En este escenario, el debate sobre mujeres y desarrollo se acompañó de una propuesta que otorgaba al Estado mayor participación en la economía, significando la implementación de estrategias para reorganizarla, como los diversos proyectos sociales y productivos generadores de ingresos.

Desde entonces, las intervenciones hacia las mujeres han sido constantes y enfocadas en temas de los que destacan aquellos con perspectivas económicas, reproductivas y de empoderamiento o igualdad. Los enfoques Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED) han mostrado, analizado y ejemplificado el proceso de incorporación de la mujer al desarrollo, enfatizando que ese proceso es más que la puesta en marcha de programas que aporten a las economías emergentes. El primero de ellos, MED, surge en los años setenta como una reacción al paradigma desarrollista que invisibilizó a la mujer (^{Monreal, 1999}). Este enfoque se ubicó en un contexto global que buscaba atender las necesidades de los pobres, peculiarmente de las mujeres que ya empezaban a considerarse protagonistas de la reproducción familiar, planteándose brindar mayores oportunidades al sector femenino en materias de educación y capacitación. MED resaltó por sus tres dimensiones: antipobreza, bienestar y eficiencia, considerando a las mujeres únicamente como receptoras de recursos (^{Cárcamo et al., 2010}).

La finalidad de MED era beneficiar a las mujeres del desarrollo a partir de sus necesidades reproductivas, impulsando proyectos generadores de empleo que estuvieron lejos de buscar equidad y transformación en la división de las tareas domésticas, dejando sin cuestionar los roles tradicionales de la mujer y su sobrecarga de trabajo (^{Braidotti, 2004}; ^{Buendía et al., 2008}). MED también fue un enfoque que bajo la premisa de erradicar la pobreza, ignoró las contribuciones de las mujeres en actividades agrícolas, políticas, sociales y otras vinculadas con sus comunidades y hogares; se trató de un modelo concentrado en atender necesidades específicas o prácticas de la mujer, sin llegar a incidir en las estratégicas (^{Moser, 1989}). Una de sus críticas ha sido que homogeneizaba a las mujeres del Tercer Mundo como subdesarrolladas, con necesidades e intereses comunes pero sin opciones ni libertad. Estos reduccionismos ahistóricos olvidaron aspectos vinculados con identidades de clase y étnicas, así como las relaciones desiguales entre los géneros (^{Pineda, Vizcarra y Lutz, 2006}). Esto último dio nacimiento a GED.

Género en el Desarrollo ha buscado disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres brindando oportunidades, creando espacios y condiciones para la participación femenina. Es un enfoque que demanda revertir el papel de subordinación de las mujeres en los ámbitos privados y públicos, a través del desarrollo equitativo y sostenible (^{Enríquez et al., 2003}). Además enfatiza la división sexual del trabajo, la manera diferenciada como las mujeres acceden a los recursos dentro de la familia y las implicaciones para éstas de ser productoras y reproductoras (^{Monreal, 1999}).

GED parte de dos dimensiones: equidad y empoderamiento, impulsando las organizaciones femeninas como bases alternativas al desarrollo y el papel de las mujeres como actrices sociales (^{Cárcamo et al., 2010}). Desde este modelo los proyectos desarrollistas debían plantearse con una perspectiva de género para lograr mayor y mejor impacto en las condiciones de vida de las mujeres, de lo contrario legitimarían un sistema construido en la diferencia. Algunas críticas a GED las ha apuntado Rosi ^{Braidotti (2004)}. Ella señala que ese enfoque no cuestionó al desarrollo como paradigma, sino sólo la forma como consideró a la mujer en él. Esto ha implicado que los proyectos continúen saturándolas de actividades, quedando pendiente atender los cambios en la división del trabajo. Otra de las críticas destaca que es un modelo que favorece a instituciones financiadoras como el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las legitima al aparecer como comprometidas con los procesos sociales de las mujeres del Tercer Mundo, convirtiéndolas en un instrumento para sus fines políticos (^{Masson et al., 2008}).

El proceso de desarrollo que inició en el período de posguerra contribuyó para que las mujeres se incorporaran a actividades remuneradas y fueran objeto de políticas públicas materializadas, entre otros, en proyectos productivos. Éstos han sido concebidos como estrategias para aumentar el ingreso económico de las mujeres; algunos pueden trascender esta noción y plantearse como vía para impactar las relaciones de género o la situación de la mujer, pero en la práctica no siempre lo logran.

Con casos concretos se ha demostrado que la integración de las mujeres al desarrollo se forjó desde concepciones que las identificaron como seres con múltiples carencias y necesidades, a las que habría que mejorarles su situación diseñando estrategias para empoderarlas, reconociéndolas a partir de sus carencias y no desde sus capacidades (^{Harcourt, 2007}). La vulnerabilidad femenina se vuelve la característica esencial para incluirlas en el proceso de desarrollo vía programas y proyectos. Esto implica que las instituciones diseñen verticalmente estrategias que consideren adecuadas para integrarlas, y que sus demandas reales no necesariamente sean atendidas (^{Pineda, Vizcarra y Lutz, 2006}).

Pese a las críticas que demuestran que los proyectos productivos de desarrollo no transforman las condiciones de vida de las mujeres porque refuerzan roles tradicionales y se otorgan verticalmente sin que sean alternativas económicas ni de empoderamiento (^{Rubio y Castillo, 2014}; ^{Vizcarra, 2008}), aún continúan siendo una práctica desarrollista avalada por instituciones como la CDI. Práctica institucional revestida con un enfoque de género.

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, la autonomía de las mujeres es un punto fundamental para la agenda de desarrollo, y ésta es concebida como “la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos, en el contexto histórico que las hace posibles” (^{CEPAL, 2011: 9}). Avanzar en este camino de la autonomía fortaleciendo el ejercicio de los derechos de las mujeres al interior y exterior de sus hogares, así como en los ámbitos económicos, políticos y culturales, permitirá, desde tal perspectiva, alcanzar el desarrollo.

El mismo Observatorio señala la importancia de tres dimensiones de la autonomía como componentes necesarios para el desarrollo: física, económica y toma de decisiones. Principalmente, ha sido la dimensión económica la que se reconoce como un indicador del empoderamiento femenino, entendiendo por éste el proceso de adquisición de poder en los espacios individuales y colectivos, buscando que las personas a las que se les había negado la posibilidad de hacer elecciones estratégicas de vida las realicen (^{Kabeer, 1999}). Se trata de un concepto que busca dar poder a quienes no lo han tenido, concretamente a las mujeres. Para ello, se ha asumido desde las políticas desarrollistas con perspectiva de género que la independencia económica de las mujeres es fundamental en su proceso de empoderamiento; por ejemplo, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se acordó

promover la independencia económica de la mujer, incluido su empleo, erradicar la carga persistente y cada vez mayor de la pobreza que recae sobre las mujeres, combatiendo las causas estructurales de esta pobreza mediante cambios en las estructuras económicas, garantizando la igualdad de acceso a todas las mujeres, incluidas las de las zonas rurales, como agentes vitales del desarrollo, a los recursos productivos, oportunidades y servicios públicos (^{ONU-Mujeres, 2014: 13}).

En concordancia, los proyectos de desarrollo promovidos desde las instituciones responden a este compromiso político de avanzar hacia el empoderamiento y autonomía de las mujeres.

En el año 2000, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas enfatizó la urgencia de ratificar a las mujeres como población clave para reducir la pobreza en los países subdesarrollados, partiendo de una concepción del desarrollo basada en el impulso de las capacidades locales y ya no sustentada en la búsqueda del crecimiento económico. Esa declaración está conformada por ocho metas con sus respectivos indicadores, y la tercera propone promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer (^{Kabeer, 2006}). El empoderamiento femenino vuelve a ser uno de los puntos centrales de la agenda internacional de desarrollo, y en México instituciones como la CDI adoptan este compromiso mundial de dirigir sus acciones en tal dirección.

Desde su creación en el año 2003, el objetivo de la CDI ha sido “orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas…” (^{CDI, 2012: 17-18}). Sus acciones se han enfocado en la búsqueda de un desarrollo “más humano”, inclusivo, en el cual participen hombres y mujeres fortaleciendo sus capacidades. La promoción del desarrollo con identidad pasa a ser el punto central de dicha institución, y éste es concebido como el "bien vivir" que incluya las maneras como los indígenas entienden el mundo, lo significan y fundamentan sus creencias (^{CDI, 2012: 82- 83}). Una de las acciones apoyada por la CDI fue el POPMI, programa que impulsó la formación de grupos productivos desde los cuales las mujeres rurales realizaran actividades económicas que les permitieran mejorar sus situaciones de vida; dicho programa también fomentó procesos de autogestión y empoderamiento a través del desarrollo de los proyectos (^{Diario de la Federación, 2013: 3}). En Tekit, Yucatán, el POPMI estuvo vigente desde el año 2004, otorgando entre uno o dos proyectos por convocatoria.

Contexto de estudio

Tekit es uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, el número 22 según el total de población que alberga; se ubica en el centro-sur de la entidad. De acuerdo con la división regional del estado de Yucatán, pertenece a la región VII, el sur, junto con los municipios de Akil, Chapab, Chumayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekax, Ticul, Tixméhuac y Tzucacab.³

El censo del año 2010 reportó un total poblacional de 9,884 personas para el municipio: 4,965 hombres y 4,919 mujeres. El mismo censo muestra la distribución de la población en 2,280 hogares dirigidos mayoritariamente por los varones, es decir con jefatura masculina (^{INEGI, 2011}). Por su crecimiento poblacional y económico, en el año 2004 Tekit fue declarado Villa por el gobernador del estado en turno. En otro trabajo (^{Rubio, 2016}) he mostrado cómo la costura, principal fuente de ingresos en el municipio, es una actividad transversal en la vida de hombres y mujeres, de tal manera que se constituye como objeto de representación con sus significados, actitudes y prácticas. Se trata de una representación hegemónica cuyos contenidos se construyen en la diferencia, a partir de un sistema de género estereotipado en el cual el trabajo de las mujeres es secundario al de los hombres, menos valorado y reemplazable. En correspondencia, las mujeres ocupan puestos de trabajo como ayudantes de los varones y nunca como las encargadas directas de la gestión de la actividad económica.

Los datos empíricos presentados en este artículo devienen de una investigación más amplia cuyo trabajo de campo antropológico fue realizado entre los años 2011 y 2013. Las técnicas de investigación empleadas fueron entrevistas semiestructuradas, observación participante y una encuesta socioeconómica aplicada a las integrantes de la agrupación para caracterizar a sus familias. En total entrevisté a 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres; de esas mujeres, cinco fueron socias activas de la organización, dos ex socias y tres señoras que habían sido beneficiadas del POPMI en otras convocatorias. Los varones, salvo en un caso, fueron sus parejas. Las entrevistas tuvieron la finalidad de conocer aspectos clave de las historias laborales de hombres y mujeres, profundizando en el proceso de trabajo con la CDI.

Excepto una, todas las entrevistadas son casadas, con edades entre los 25 y 54 años y con hijos que reflejan el ciclo familiar de cada hogar; algunos son hijos pequeños, otros estudiantes, trabajadores e independientes de la familia de origen. Ellas, al igual que sus parejas, han atestiguado cómo fue el desarrollo de la actividad de la costura y los cambios conexos que trajo al municipio; también han visto el declive de la activad henequenera en Tekit, y cómo fue el tránsito del henequén a la costura. Todas han trabajado como empleadas en los talleres de ropa en algún momento de sus vidas, algunas continúan haciéndolo de acuerdo al sistema representacional vigente, como ayudantes o en puestos considerados de menor importancia al de los varones. Sus esposos son costureros de primera, segunda y tercera generación, gestores de la actividad y con el reconocimiento social correspondiente (^{Rubio, 2015}; ²⁰¹⁶).

A diferencia de lo que el proyecto productivo con la CDI les entrañó, las experiencias de las mujeres como empleadas en los talleres de costura fueron catalogadas como negativas, principalmente por el acoso laboral padecido y por la escasa remuneración percibida en comparación con los hombres. Algunas también mencionaron las relaciones verticales establecidas entre empleado y empleador y cómo el espacio laboral tiene reglas estrictas que limitan la interacción durante las horas de trabajo (^{Rubio, 2015}; ²⁰¹⁶).

También entrevisté a cinco empleados de la CDI, tres hombres y dos mujeres; todos mayahablantes, con raíces indígenas, provenientes de municipios o comisarías cercanas a Tekit y con edades que oscilan entre los 25 y 56 años. Las dos mujeres son promotoras y han mostrado cierto liderazgo en procesos organizativos, una de ellas ha laborado en otras instituciones como el Seguro Social y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). De los varones, dos son promotores, y el otro, coordinador regional del POPMI con más de 34 años trabajando en la institución, primero como parte del equipo del Instituto Nacional Indigenista y posteriormente con la CDI. Estudió agronomía en Chetumal, Quintana Roo, y fue el encargado del POPMI regional desde el año 2005.

El siguiente apartado contiene aspectos clave de la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) que fueron útiles para analizar los datos cualitativos en articulación con los antecedentes temáticos ya expuestos.

Representaciones sociales y la experiencia vivida

La TRS fue acuñada en el seno de la psicología social por Serge Moscovici hacia la segunda mitad del siglo XX en Francia. Es una teoría que ha cobrado importancia epistémica por recuperar el saber cotidiano de hombres y mujeres explicándolo desde especificidades históricas, sociales, culturales y contextuales. Además, realza la experiencia de la vida cotidiana en el sentido de que cada individuo genera su propio conocimiento (^{Flores, 2010}). Las representaciones sociales obedecen a un proceso con dimensiones individuales y colectivas. En principio son la elaboración mental que los individuos hacen de un objeto, implicando una relación entre el sujeto cognoscente y el objeto de representación. Esa relación está mediada por elementos culturales, regulaciones, posiciones sociales de los individuos y por los espacios y contextos donde actúan (^{Villarroel, 2007: 440}). Por ello, más que resultado de una actividad individual, las representaciones sociales son un producto social que se construye en la interacción con otros actores e incluye información, ideas, imágenes, significados, creencias, actitudes y sentimientos que permiten a los individuos interpretar el mundo que habitan y conducirse en él. De acuerdo con ^{Abric (2011: 18)}, las representaciones sociales corresponden a aquel “conjunto de informaciones, de creencias, de opiniones y de actitudes al propósito de un objeto dado”.

^{Denise Jodelet (2007: 204)} ha señalado que todo trabajo de intervención amerita conocer las representaciones sociales del objeto o situación concreta, y, una vez conocidas, la labor del interventor se enfocará en hacer las correcciones correspondientes y la valoración del saber cotidiano, creando “concientizaciones críticas de posturas ideológicas, resignificaciones de las situaciones de vida, puesta en perspectiva de posiciones en función de un análisis de los contextos de la acción o del punto de vista de otros actores”. Sin embargo, resulta importante develar las representaciones sociales de ambos lados, tanto de quien es intervenido, como de quien interviene. Ello aportaría mayores herramientas para lograr el éxito en los programas de desarrollo, como el analizado en este trabajo.

Por su parte, la experiencia vivida es una categoría de análisis que ha sido empleada en investigaciones de representaciones sociales con perspectiva de género, para dar cuenta de cómo cobran sentido ciertos eventos en la vida de hombres y mujeres, cómo organizan la experiencia y la revisten de sentidos (^{Flores, 2013}; ²⁰¹⁵; ^{Flores y Mora, 2010}). La experiencia vivida es “la manera como las personas sienten, en su fuero interno, una situación y el modo como ellas elaboran, por un trabajo psíquico y cognitivo, las resonancias positivas o negativas de esa situación y de las relaciones y acciones que ellas desarrollan ahí” (^{Jodelet, 2004: 91}). Así, cuando refiero al proyecto “granjas avícolas de traspatio” como experiencia vivida por las mujeres de la organización “Flor de calabaza”, asumo que se trata de un objeto social provisto de múltiples significados que las mujeres concretizan y revisten de sentidos; esos elementos que emplean para explicar o “vivir” la experiencia emergen de un fondo cultural común que a su vez expone la experiencia social.

Para abordar las representaciones de la experiencia privilegié un enfoque cualitativo, rescatando la narrativa como fuente de saber cotidiano. Al igual que ^{Rodríguez (2003)} considero que las narrativas son un medio útil para captar las representaciones, porque éstas son la base tanto de la vida social como del pensamiento de sentido común y el vehículo de comunicación intersubjetiva. A través de las narrativas captamos diferentes tipos de información que nos muestran las conexiones de los actores con su medio, las relaciones que establecen entre grupos y sus reflexiones. El análisis de contenido se realizó clasificando cada relato en categorías temáticas y prestando particular atención a los elementos prácticos y reflexivos que aparecían en las narraciones. En su sentido práctico, las representaciones denotan significados tácitos e implícitos, incuestionables y aproblemáticos manifiestos en las prácticas. En el sentido reflexivo, las representaciones dejan de presentarse como saberes o significados establecidos e inapelables porque los actores son capaces de reflexionar sobre esos saberes y significados, cuestionándolos, problematizándolos y argumentándolos (^{Rodríguez, 2001}).

A continuación, presentamos el discurso oficial subyacente al proyecto productivo que recibieron las mujeres de Tekit y cómo fueron los inicios de la experiencia.

El proyecto desde el discurso institucional

Los orígenes de la organización “Flor de calabaza” se encuentran en el marco de una agenda internacional de desarrollo que busca la incorporación de la mujer rural a proyectos productivos como vía para transformar sus condiciones de vida. Se pretende, tal y como lo conviene la CDI, empoderarlas, cambiar sus situaciones de vulnerabilidad a partir de la implementación de una experiencia económica (^{Lovera, 2010}).

Se mencionó que el empoderamiento, sobre todo económico, ha sido un punto constante en la agenda internacional de desarrollo desde que se implementó el modelo GED, reafirmándose en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y en la Declaración del Milenio. Para la CDI, este empoderamiento refiere al proceso a través del cual las mujeres adquieren “herramientas para enfrentar la vida: puede ser una experiencia, una ilustración, un conocimiento o un intercambio” (^{Lovera, 2010:125}).

El fin último de la CDI es contribuir, a través de políticas federales, al desarrollo y preservación de los pueblos indígenas con respeto a la diversidad cultural y a los derechos correspondientes que les garanticen una vida plena. Para ello, es fundamental que sean los mismos pueblos originarios quienes definan sus proyectos de desarrollo y que éstos deriven en la creación y puesta en marcha de políticas públicas que los beneficien, de tal forma que sus condiciones de vida se homologuen a la media nacional (^{Diario Oficial de la Federación, 2013: 2}).

La CDI, como parte de su agenda de trabajo, ha fomentado diversos programas sociales que aseguren el desarrollo con identidad, que como mencioné, remite al “bien vivir”. La búsqueda de este desarrollo con identidad comprende cinco ejes de acción: la superación de los rezagos, derechos indígenas, afirmación de la diversidad cultural y lingüística, participación activa para una democracia y gestión correspondiente para un país cultural y lingüísticamente diverso (^{CDI, 2010: 10}).

El POPMI fue uno de los programas impulsados por la CDI como estrategia institucional y acción prioritaria para visibilizar a las mujeres indígenas, constituyendo “una respuesta congruente con los propósitos de una nueva política indigenista que, además de reconocer las circunstancias de marginalidad femenina, tiende a eliminar la discriminación, exclusión y dominación a que son sometidas las mujeres por ser pobres e indígenas, a través de métodos participativos, con un importante componente de capacitación y asistencia técnica dirigido a ellas” (^{Lovera, 2010: 18}). Uno de los ejes transversales del POPMI y de la misma CDI ha sido el género, entendido como un enfoque o perspectiva que reconoce la diferencia construida entre hombres y mujeres, enfocando acciones hacia la equidad, particularmente fortaleciendo el poder económico de las mujeres (^{CDI, 2011}; ²⁰¹²; ^{Lovera, 2010}).

Desde el discurso institucional, el POPMI también figuró como programa impulsor de los procesos organizativos, y de la participación activa de las mujeres en el desarrollo del proyecto como mecanismo para potenciar sus capacidades de liderazgo. Esa participación estipuló que fueran ellas quienes definieran el tipo de actividad productiva a desarrollar y la asistencia a reuniones de capacitación en temas organizativos, técnicos y de comercialización. Se buscaba encaminarlas hacia un proceso de autogestión que permitiera la continuidad del proyecto a largo plazo (^{Diario Oficial de la Federación, 2013: 3}; ^{Lovera, 2010}).

En concordancia con ese discurso institucional, las mujeres de la organización “Flor de calabaza” obtuvieron el proyecto “granjas avícolas de traspatio” en el año 2011. En sus inicios, la organización se integró por 16 mujeres tekiteñas que sin proponerse formar un grupo, fueron electas por la CDI, para recibir un proyecto del POPMI, por cumplir con los requisitos establecidos que para el año 2011 fueron los siguientes:

Serán sujetas de los apoyos del PROGRAMA las mujeres indígenas, mayores de edad o menores emancipadas, que conformen grupos de 10 mujeres como mínimo, o de 8 mujeres en localidades con menos de 50 habitantes, que:

Los recursos materiales que se les otorgó consistieron en 70 aves de engorda (Gallus gallus), por socia el alimento para criarlas durante los primeros meses y materiales para la construcción de los gallineros. Se esperaba que ellas gestionaran y pagaran la mano de obra para dicha construcción de gallineros y que con las capacitaciones técnicas, organizativas y comerciales pudieran garantizar la continuidad del proyecto.

Los testimonios de las entrevistadas indican cómo inició el vínculo con la CDI, destacando que ninguna sabía de qué se trataba el proyecto POPMI; para todas fue una novedad, su primera experiencia de trabajo como organización. Tampoco conocían a quiénes se les otorgaban proyectos como el de ellas, por qué, ni mucho menos qué era la CDI. La historia de “Flor de calabaza” comenzó en el año 2011 cuando 16 mujeres fueron invitadas para asistir a una reunión, algunas recibieron la invitación de su centro de trabajo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se desempeñaban como cocineras o ayudantes de cocina (fajinadoras); otras fueron invitadas “por casualidad”, porque el día y hora de la reunión con los representantes de la CDI se encontraban en el palacio municipal. La invitación se les extendió el mismo día, cuando promotores y otros empleados de la CDI esperaban en el salón de juntas del palacio municipal a que llegaran las mujeres interesadas en afiliarse al POPMI.

Las mujeres rememoraron que, en la primera reunión con los agentes estatales, éstos comentaron que les otorgarían un proyecto porque el nombre de Tekit resultó electo junto con otros municipios susceptibles de recibir financiamiento por parte del “gobierno”, preguntándoles si estaban o no interesadas; a las que dijeron que sí, se les citó nuevamente. Nunca hubo información que permitiera a las mujeres dotar de mayor contenido al objeto social o al proyecto en sí. Los agentes del Estado prescindieron de informar sobre qué marco o agenda internacional de desarrollo se entregaba el proyecto, por qué Tekit “salió beneficiado” y la importancia de las mujeres rurales dentro del paradigma de desarrollo y el POPMI.

Al momento de recibir el proyecto, las mujeres sabían que éste era una “ayuda” que el gobierno les otorga para que “salgan adelante” y “prosperen”; estos aspectos informativos constituyen elementos prácticos de sus representaciones sobre dichos proyectos, significados establecidos y aproblemáticos que pasan a formar parte del sentido común. Las mujeres dieron por sentado que los proyectos eran ayudas al igual que los programas gubernamentales como “Oportunidades” (hoy “Prospera”) y “Comunidad Diferente”, no tuvieron que problematizarlos ni se interesaron en solicitar otros detalles sobre éstos, por ejemplo cómo operaban, en qué marco y por qué. La información sobre el objeto social no aumentó a través del tiempo, y la institución de financiamiento, a través de sus representantes, lejos de contribuir a fomentar el incremento en los contenidos del programa, ratificó en las mujeres una noción asistencial de éste.

Se ha señalado que la CDI otorga un papel importante a la participación activa de las mujeres en el desarrollo del proyecto, enfatizando la relevancia de que sean ellas quienes elijan la actividad a desempeñar como organización (^{Diario Oficial de la Federación, 2011: 5; 2013: 3}). En concordancia, uno de los representantes de la CDI indicó que el primer paso para otorgar un proyecto es la realización del diagnóstico participativo que evidencie las aptitudes e inclinaciones de las mujeres hacia determinada actividad, así como la factibilidad de ésta:

Primero hacemos un diagnóstico, en base a ese diagnóstico surge entonces a qué actividad se inclina ese grupo, porque a veces, cuando las mujeres escuchan que un programa es de gobierno, a veces les viene alguna idea y es una actividad que ni siquiera conocen o saben, pero como hay un recurso, pues lo quieren. Por eso se hace el diagnóstico, para ver sus habilidades, para que no fracase el proyecto. Si vemos que de un grupo, por ejemplo, ocho saben bordar, pues como que es más viable un proyecto de bordado (Representante de la CDI, 2013).

En la práctica, el proyecto estudiado prescindió de un diagnóstico participativo, y en principio las solicitantes no querían aves, pedían máquinas de coser porque éstas constituían (y constituyen) implementos más relevantes para la dinámica económica actual de Tekit. Por ello, una de las promotoras de la CDI las persuadió para adoptar el proyecto avícola dada su “simplicidad” y el poco trabajo que les demandaría, porque sólo se trataba de alimentar a las aves, lo que permitiría a las mujeres continuar con sus “quehaceres”, “no descuidarlos”. Además, era el único proyecto disponible, y al respecto ^{Iturriaga (2012)} documentó algo semejante con un grupo de mujeres mayas en el sur de Yucatán, quienes, después de organizarse a través del programa “Fondos Regionales de la CDI”, participaron eligiendo un proyecto entre dos disponibles.

Si analizamos el trasfondo del convencimiento que la promotora aplicó para que las mujeres aceptaran el proyecto, destaca cómo están conceptuados los proyectos POPMI en el sentido de que se instauran dentro de un orden de género que espera que, aun cuando las mujeres los acepten, no descuiden las tareas domésticas que les son atribuidas. Se trata de proyectos planteados como ayudas que no interfieren con las actividades socialmente consensuadas como responsabilidad de las mujeres; esto vuelve una falacia la noción de empoderamiento que a nivel institucional se proclama, porque ¿cómo empoderar a las mujeres a través de ayudas? Pareciera que únicamente se perpetúa un estereotipo recalcitrante anclando en la memoria colectiva que cataloga a las actividades femeninas como secundarias, o ayudas, más que como trabajo.

Cuando iniciaron las capacitaciones técnicas sobre el cuidado y cría de las aves, algunas mujeres replantearon su permanencia en el grupo porque sus esposos, suegras y cuñadas les controlaban la libertad de movimiento. Paradójicamente, quienes continuaron con el proyecto lo definen como una experiencia novedosa a sus actividades diarias, grata, en la cual salir de sus casas para hacer una actividad (que, a diferencia de sus trabajos la consideraban un pasatiempo por no estresarlas), relacionarse con otras mujeres y promotores, así como aprender cosas nuevas, son componentes que reafirman positivamente a la experiencia misma, orientando en ese sentido las actitudes de las mujeres. A continuación, se profundizará en ello.

Los significados y actitudes, las mujeres

En el discurso de las mujeres sobresale que se consideran beneficiadas de un proyecto que no todas consiguen, son afortunadas, con suerte, porque cuentan con “una oportunidad” que otras tekiteñas quisieran tener. Estos contenidos se relacionan con la dimensión de la actitud en las representaciones sociales, concretamente al posicionamiento de las mujeres respecto a la experiencia. Belem, una de las integrantes de la organización, señala:

Esto [el proyecto] pues es algo así que nosotros debemos valorar, porque la verdad he escuchado que digan unas señoras que tenemos suerte que nos haya tocado este proyecto porque hay personas que ni siquiera se les ha invitado, ni siquiera se les ha avisado cuándo va a haber proyectos. Entonces yo digo que esto es algo así de veras, es una suerte que tuvimos, pues entonces nosotros también debemos así valorar lo que es de este proyecto que se nos dio y cuidarlo. Aparte que cuidarlo y también aprovecharlo, debemos trabajarlo como debe ser, para que este proyecto no se acabe, para que siga funcionando. ¡Qué bueno que se nos da estos apoyos! (Belem, 2012).

En el caso de algunas mujeres como Beatriz, Emma y Aurora, destaca la importancia de la organización como espacio que les ha posibilitado experimentar nuevas vivencias, porque antes de participar en el proyecto se aburrían por “no hacer nada” en sus ratos libres de las tardes, cuando finalizaban sus jornadas en los talleres de costura. Particularmente, Beatriz reitera que el POPMI le permitió afrontar la muerte de una de sus hijas, hecho que la dejó “aturdida” y en un estado de depresión:

Porque es como digo, si no hago nada como que me fastidio, bueno, me deprimo. Mejor así que hay cosas para que yo me distraiga, porque desde que se murió mi hija tengo que ver qué hacer, porque de olvidarlo no se olvida, pero si me atengo y no hago nada ¡me pongo a pensar en ella, en ella!; en cambio así, no. Me distraigo, a veces me oigo hablando con las gallinas y me dicen ellos ¿con quién estás hablando? ¡Con las gallinas, jajaja! Pues me distraigo así, ¡sí! ¡Por eso me gusta! (Beatriz, 2012).

Para doña Beatriz y Emma, el grupo tiene significados más emotivos que para otras mujeres; señalan que la organización les ha permitido conocer no sólo qué es la CDI y “qué es un apoyo”, sino también a otras señoras con las que conversan sus problemas, preocupaciones y con quienes se distraen, lo que no ocurre con sus compañeras de trabajo del DIF porque no les tienen confianza. Por su parte, Aurora afirma que el grupo la ha cambiado, ella identifica un antes y un después respecto a la manera como se autopercibe, señala que ha “cambiado porque acá [en su casa] no platicaba; así era allá donde hacen las juntas de la CDI, ahora conversamos del trabajo, converso, me distraigo más; antes sí era más callada, me daba pena” (Aurora, 2012). Aurora trabaja en un taller de costura como planchadora de guayaberas pero no interactúa con otras personas porque su jefe mantiene en estricta vigilancia a sus empleados, impidiendo cualquier tipo de intercambio verbal que no sea del proceso de trabajo.

Otras mujeres indicaron que desde su ingreso al POPMI, además de tener una distracción, se sienten “útiles” de hacer una actividad nueva. La utilidad la refieren a una condición en la cual ellas aportan recursos económicos para la familia. Ser útil tiene connotaciones económicas, y destaca que, paralelo a los significados emotivos que las mujeres depositan en la experiencia organizativa, el componente económico no queda desfasado, más bien es trascendental. El aspecto económico refiere a los recursos que logran por comercializar las aves, autoconsumirlas o usarlas como materia prima para preparar la comida que posteriormente venden. No obstante y pese a que en los discursos de las mujeres se recalca la importancia económica del proyecto, sobresale que no todas lo consideran un trabajo. Que las mujeres reconozcan como trabajo aquellas actividades a las que destinan tiempo y les generan recursos, implica cuestionar representaciones sociales de género desde su sentido práctico, problematizar lo que había permanecido como normal o natural. Para ello es indispensable enfocar adecuadamente los proyectos de desarrollo desde el género, asegurando que el personal que facilita las capacitaciones realmente transmita esa perspectiva y no la opuesta, aquella que define a tales programas como “ayudas”.

Las actitudes de las mujeres respecto al proyecto, en tanto experiencia vivida, tienen resonancias positivas. Esto no es nuevo y ya ^{González (2005: 181)} ha explicado en qué sentido son estas resonancias para las mujeres rurales del país:

Participar en proyectos colectivos significa una ampliación de la sociabilidad femenina, habitualmente restringida a la familia y los parientes más cercanos. Las mujeres están utilizando estos espacios para canalizar sus inquietudes personales, para “platicarse sus problemas” y reflexionar sobre sus relaciones con sus maridos, hijos y con otras mujeres.

Las actitudes o posicionamientos también se reflejan en los comentarios de las mujeres sobre los aprendizajes, convertidos en prácticas, atribuidos a la CDI. Estos aprendizajes son componentes esenciales que las motivan para continuar en el proyecto, y los más importantes son aquellos aspectos técnicos como el cuidado general de las aves, la capacidad de carga por gallinero y el tiempo máximo de crianza. Así mismo destacan otros aprendizajes, como los relacionados con la separación entre inversión y ganancia, cómo hacer redituable el proyecto y, en palabras de las mujeres, “cómo girar el capital”. Los aprendizajes técnicos también han sido reportados como impulsores del empoderamiento femenino entre mujeres chontales (^{Pérez, Vázquez y Zapata, 2008}).

Estos resultados del proyecto “granjas avícolas de traspatio”, en términos de cómo lo representan las mujeres desde el plano de los contenidos y actitudes, pueden considerarse como colaterales a los estipulados por la CDI, resultados inesperados. Mostré que el discurso oficialista señala la creación del POPMI como una estrategia para visibilizar a las mujeres rurales impulsando sus procesos organizativos mediante un proyecto productivo. Se esperaba que el proyecto y su gestión sirvieran como base del empoderamiento, principalmente económico. No se consideró que las mujeres pudieran dotar de sentidos más vivenciales a esta experiencia, mismos que prevalecen y la impulsan hacia su continuidad.

El proyecto es calificado, por las mujeres, como un “ejercicio”, una “rutina” que contribuye al bienestar emocional de algunas de ellas y no es vivido ni representado como una extensión de sus jornadas laborales, pues todas dicen estar acostumbradas al trabajo, a madrugar diariamente y a cumplir con sus actividades cotidianas sin pausas. Por ello, las socias consideran que no han experimentado desgaste físico o lo que en la literatura se ha denominado “intensificación de actividades domésticas” (^{Zapata y Suárez, 2007}). Lejos de considerarlo como un intensificador en sus rutinas, las mujeres definen al proyecto como un conjunto de actividades “fáciles”, “poco pesadas”, que realizarlas las hace sentir “muy bien”. Del proyecto han aprendido cosas nuevas y, muy importante, les permitió conocer a otras mujeres con las que se identifican, particularmente entre quienes han vivido la muerte de un familiar y quienes afrontan alguna enfermedad crónica.

Aurora es la única socia que reconoce que el proyecto la fatiga, pero que continúa en él por los beneficios emotivos y económicos que percibe. Ella justifica su agotamiento físico argumentando que la organización no le complicó su rutina y que ha encontrado la manera de organizarse para realizar las actividades reproductivas a su cargo: alarga sus jornadas diarias de trabajo.

Quisiera acotar respecto a la idea que las mujeres tienen del proyecto: no lo consideran una carga más de trabajo. El que ellas tengan esta representación, entendida desde los significados que otorgan al proyecto como poco pesado, cuyas actividades “no son duras” sino todo lo contrario, que se “distraen” al realizarlas, “se sienten bien” porque han aprendido cosas nuevas y disfrutan lo que hacen, no implica que sus jornadas se hayan mantenido estables o sin aumento, y es aquí donde me parece fundamental recalcar que las instituciones de gobierno se han aprovechado de esta representación, contribuyendo en la intensificación⁴ de las jornadas femeninas bajo la encubierta de “ayuda” o “apoyo”.

Este incremento en las jornadas de trabajo de las mujeres a través de programas y proyectos no es exclusivo de la CDI, y en otro espacio ya se ha discutido (^{Rubio y Castillo, 2014}) cómo se han incrementado las actividades domésticas de las integrantes de una agrupación productiva en el sur de Yucatán cuyo proceso de trabajo se gestó participativamente con un programa universitario. Respecto al programa gubernamental Oportunidades, ^{Muñoz y Vázquez (2012)} y ^{Espinosa (2006)} demuestran que aún cuando éste se proclama abiertamente con perspectiva de género, las obligaciones que las mujeres contraen al recibirlo intensifican sus jornadas de trabajo, las sobrecargan de actividades que muchas veces son una duplicación de esfuerzos institucionales. Sin embargo, la percepción de las mujeres puede ser diferente porque no necesariamente perciben ese incremento de sus actividades, quedando ante una situación de vulnerabilidad institucional.

Participantes y exparticipantes de la agrupación estudiada señalaron la importancia de “poner de su parte” para el funcionamiento del grupo; este “poner de su parte” guarda relación con el requerimiento de más horas de trabajo por día. Por ello, algunas mujeres que se salieron del proyecto dicen que no pudieron con él por falta de tiempo para cumplir con todas las obligaciones contraídas, en todo caso asumen la responsabilidad total por haberlo dejado y temen ser sancionadas.

Desde los años previos a la aparición del enfoque GED⁵ en los programas de desarrollo, se criticó que una de las carencias de la perspectiva MED⁶ era que sus proyectos intensificaban las jornadas cotidianas de las mujeres, por lo que urgía se replanteara la perspectiva de intervención con la finalidad de atenuar dicha sobrecarga de trabajo; para hacer este replanteamiento era indispensable incluir el enfoque de género (^{Braidotti, 2004}; ^{Martínez, 2000}). Más de 30 años después, un programa como el POPMI, que manifestó emplear al género como línea transversal en correspondencia con el discurso oficial de la CDI, no contribuyó en ese sentido, siguió reproduciendo un enfoque obsoleto de las mujeres y del desarrollo carente de una perspectiva integral de género, contradiciendo el discurso y objetivos del mismo POPMI y la CDI. Habría que cuestionar las razones de esto si en el discurso institucional se enfatiza la importancia del cambio propositivo en las condiciones de vida de las mujeres, resaltando como categorías fundamentales de las acciones institucionales el género y el empoderamiento. Una de tales razones guarda relación con el hecho de que los mismos agentes estatales de desarrollo recalcan en sus discursos y prácticas hacia las mujeres conocimientos de sentido común opuestos a los planteamientos institucionales que proclama la CDI en concordancia con la agenda internacional de desarrollo. Enseguida profundizaré en esto.

Los significados y actitudes. Perspectivas de los agentes estatales

En el año 2013 se emitieron las últimas reglas de operación del POPMI, y en éstas se establecía que para ser acreedoras a un proyecto, las mujeres debían habitar en zonas de alta y muy alta marginación y ser hablantes de lengua indígena; dichas condiciones son las que las definieron, desde las instancias federales, como población vulnerable y marginada (^{Diario Oficial de la Federación, 2013: 3-4}). En la práctica, ¿cómo se incorporaron las mujeres a los proyectos POPMI? Mencioné que la organización “Flor de calabaza” se conformó de manera fortuita⁷ y sin que las mujeres conocieran de antemano con quién se relacionaban y en qué marco. Esto dista de lo señalado por el coordinador regional del POPMI:

Ahorita como la CDI ya tiene una página de internet y ahorita casi todas las localidades ya tienen internet, pues allá están las reglas de operación, entonces los abren y ahí ven las mujeres el programa POPMI y se divulga muy rápido, la misma gente hace difusión de eso, así forman los grupos y nosotros llegamos (coordinador regional del POPMI, 2013).

En Yucatán, el POPMI inició sus operaciones en el año 2004 en los municipios de Tekit y Hocabá, y según su representante regional, desde entonces ha habido trabajo exhaustivo de promoción de proyectos que mejoren la calidad de vida, organización y empoderamiento de la mujer rural. Estas nociones convergen con las estipuladas en los objetivos y pretensiones de la CDI ya mencionadas. Sin embargo, el representante institucional agrega que:

Aquí existe que, lo que diga el hombre eso se hace, ¿no?, entonces la mujer tiene muy limitada su participación en cuestiones de toma de decisiones en la misma localidad, además sus esposos no las dejan salir. Por eso buscamos que se empoderen, que tomen decisiones, y se mejore su calidad de vida, eso es lo que fortalecemos en las localidades con el programa. El POPMI es un programa para mujeres de escasos recursos (Coordinador regional del POPMI, 2013).

Del testimonio anterior se observan varios aspectos importantes de los que rescataré dos. Primero, el representante asume que el POPMI es para mujeres que tienen “limitada” la participación en el sentido de las tomas de decisiones. Esta consideración me parece contraria a lo que observé con varias tekiteñas que recibieron el proyecto POPMI, pues algunas han sido militantes activas dentro de sus partidos políticos o pertenecen a familias con largas y densas historias de militancia política; o bien, en sus narrativas muestran que a lo largo de sus vidas han estado tomando decisiones. No estoy afirmando que todas las mujeres de Tekit carezcan de limitantes ocasionadas por un sistema de género opresivo, pues el efecto de este sistema en la vida de las mujeres está bastante documentado; sin embargo, quiero mostrar que hay matices, y que si bien varias de las tekiteñas que recibieron el proyecto POPMI no tienen restringidas sus participaciones en la esfera pública, sí son víctimas de un sistema que estructura esa participación y de manera general sus vidas.

Segundo, si el POPMI busca que las mujeres tomen decisiones y mejoren su calidad de vida a través del desarrollo de un proyecto, se trata de que lo logren a partir de un proyecto que no cuestione ni trastoque un orden de género. En la introducción mencioné que en el sexenio 2006-2012, la CDI impulsó 14,532 proyectos productivos destinados a un total de 164,354 mujeres (^{CDI, 2012: 74}). Estos proyectos se enfocan mayoritariamente al fomento de actividades que desde el orden de género pueden catalogarse como femeninas, por ejemplo, la gestión de panaderías, pastelerías, tortillerías, carnicerías, expendios de frutas y verduras, papelerías, estéticas o salones de belleza, cocinas económicas entre otras. Proyectos orientados a la apertura de ferrotlapalerías e imprentas son los menos comunes.

Las promotoras y promotores que trabajan con las mujeres tienen ideas y concepciones definidas sobre lo que son tales proyectos productivos. Estas personas significan a los proyectos POMPI como “ayudas” y “oportunidades” "convenientes para las mujeres”, por eso una de sus funciones es “convencer” a las señoras de las bondades que ofrecen actividades productivas como la cría de aves y cerdos. Esto es una contradicción, porque el mismo coordinador regional del POPMI señaló que los proyectos agropecuarios ya no son redituables en el México rural del siglo XXI, siendo un esfuerzo en vano, por parte de las mujeres, tratar de desarrollarlos; además el informe final del representante de la CDI durante el sexenio pasado refiere que esos proyectos son los menos financiados (^{CDI, 2012: 74-75}). Entonces, ¿por qué siguen otorgando proyectos poco rentables?

En general, las promotoras y promotores, a menudo recalcan a las señoras sus roles como madres, “buenas mujeres” y responsables de las familias con ideas como las siguientes:

Nos comentó doña Lupita [la promotora] que está bien el proyecto de los pollos porque es una ayuda, además no es mucho el trabajo que vamos a hacer, sólo vas en la mañana, le llenas su comida y le das agua, ¡tienes todo el día para hacer tu quehacer!, para no descuidarlos. Que no es mucho trabajo- dice ella, pues ahí nos animamos también de lo que dice ella, nosotras queríamos máquinas [de coser] (Beatriz, 2013).

Esos proyectos les digo que son positivos para ellas como mujeres en el sentido de que, aunque para las cocas hay, aunque para unas libretitas hay, para unos zapatos para los hijos hay, y no esperanzarse a lo que el marido les da, es bueno para los hijos (Promotor ^{CDI, 2013}).

Nos dijo [la promotora] que el proyecto se da para las mujeres porque hay muchas mujeres que pasan mucha necesidad, muchos no tienen dinero. Entonces muchos dicen que las mujeres prácticamente no valemos, pero ¿cómo no vamos a valer?, si cualquier trabajo es digno. Entonces ella [la promotora] nos decía que por eso nos ayudaban, para que nosotras no nos sintiéramos inútiles. Nos decían que nos están dando el material, ese es el capital que nos dieron y si nosotros somos unas buenas mujeres que sabemos administrar el dinero, entonces nosotros podemos salir adelante (Belem, 2013).

En los dos primeros testimonios se observa que los proyectos no pueden considerarse como extradomésticas, porque parten de una concepción de la mujer como madre-esposa que “ayuda” a la familia a partir de actividades feminizadas o domesticadas, que son apoyadas por instituciones como la CDI y que se ratifican en las afirmaciones de los promotores cuando comentan que esos proyectos son para que las mujeres los desarrollen sin comprometer la atención de sus familias porque, ante todo, son madres. Con esto, los promotores legitiman un orden social que en el discurso institucional de la CDI se reconoce como dañino para lograr la equidad de género y, por consiguiente, cualquier avance en las condiciones de vida de las mujeres. Por ejemplo, en el documento Testimonios y experiencias de promotoras indígenas, ^{Lovera (2010: 20)} afirma que el POPMI busca luchar en contra de las diferencias de género y eliminar la inequidad en esas relaciones; sin embargo, en la práctica se fomenta la diferencia al otorgar proyectos tipo “ayuda” con actividades feminizadas, ancladas a un modelo clásico de género dentro del cual los promotores conceptúan a las mujeres como madres responsables de los hijos y de los quehaceres domésticos, que sólo podrán “salir adelante” “si son buenas” y “capaces” de gestionar los recursos que les otorga la CDI.

La inequidad también se fomenta en la difusión de estereotipos, y en este sentido son las promotoras quienes recalcan las imágenes de los varones como irresponsables y las de las mujeres como responsables: “Mary [encargada del POPMI estatal] lo dijo, que estos apoyos son, o sea apoyan a las mujeres porque de antes que a los hombres dan apoyo, pero ven que los hombres no son responsables, y empezaron a apoyar a las mujeres. Las mujeres que somos más responsables” (Martha, 2013). Esta noción sobre las mujeres más responsables que los varones guarda relación con ideas que las conciben para otros, la mujer responsable es la que vela por los demás, por los suyos, por sus familiares. Dicho estereotipo de género se encuentra vigente desde que las mujeres fueron incorporadas al desarrollo vía proyectos, porque se procuró integrarlas desde condiciones que les permitieran ser mejores madres y esposas (^{Talamante, Careaga y Parada, 1999: 333}).

Desde la lógica de los promotores y del coordinador local del POPMI, al proyecto de cría de aves le falta consolidación, “no ha logrado despegar”, porque “estamos en México, no estamos acostumbrados al trabajo colectivo, el individualismo siempre predomina en los grupos y es difícil cambiar la personalidad de una mujer de 30 o 40 años” (Coordinador regional del POPMI, 2013). Las actitudes al respecto son de reproche y reclamo hacia las mujeres que dejaron la organización y de crítica para las que se quedaron; los promotores consideran que las mujeres no han puesto suficiente empeño para hacer funcionar el proyecto, dejando de percibir la contradicción en su mismo discurso, porque ¿cómo hacer funcionar un proyecto que ellos mismos han reconocido como inviable? Sin embargo, mostré que las mujeres opinan muy diferente, y en sus representaciones del proyecto destacan contenidos, actitudes y significados opuestos a los que tienen los promotores de la misma experiencia.

A diferencia de lo que les evocan sus trabajos como ayudantes de costura o cocineras, el proyecto de la CDI es una experiencia nueva que les ha permitido construir un espacio que ellas hacen funcionar; se lo han apropiado pese a que fue una organización formada verticalmente y en la que no estuvieron de acuerdo con la actividad a desarrollar, ellas preferían máquinas de coser en vez de aves de engorda. Si bien no hubo un diálogo con la institución y sus promotores en el que ellas definieran la actividad del proyecto y las reglas del mismo, sí se han involucrado activamente en él, llegando a un nivel de autogestión y empoderamiento que la CDI y el POPMI estipulan en sus lineamientos ya mencionados.

Las señoras han creado estrategias que les garantizan la sustentabilidad del proyecto, involucrando exitosamente a sus esposos e hijos en el proceso de crianza y comercialización de las aves. En contraste con la idea que se les transmite, en la cual los varones son menos responsables que ellas, en este proyecto los hombres se involucraron activamente, retomando información de sus acervos de experiencias acumuladas para dotarlo de sentido.⁸ Esto lo hicieron al margen de la institución y de los promotores, porque se esperaba que no formaran parte de un proyecto conceptuado para mujeres, además, como la promotora les recalcó a las mujeres, los varones dejaron de ser población objetivo de las instituciones por su poca responsabilidad en el manejo de los programas.

Conclusiones

En el marco de políticas internacionales de desarrollo, la CDI ha puesto en marcha proyectos productivos para mujeres rurales con la finalidad de transformar sus condiciones de vida. Se ha mostrado que el discurso oficial del POPMI enfatizó la importancia de visibilizar a las mujeres rurales mediante acciones que coadyuven a su empoderamiento y al cambio en sus condiciones de vida, partiendo de una representación institucional de la mujer indígena como marginada, vulnerable y carente de oportunidades a la que el desarrollo de un proyecto productivo podría contribuir a esa transformación añorada. Conocer cómo el proyecto fue significado e integrado al acervo de conocimientos de las mujeres receptoras y de los agentes estatales, constituyó una prioridad en este trabajo; interesó dar cuenta de las representaciones que lo sustentan y dan sentido.

Un análisis de las narrativas de las mujeres mostró sus representaciones del proyecto, las cuales son de sentido práctico. Resalta que la información con la que dotaron la experiencia fue retomada de sus acervos de sentido común, la cual emplean para definir a otros programas gubernamentales. La información del proyecto es de corte asistencial, pero la manera como las mujeres organizan la experiencia, la significan y se posicionan señala sentidos vivenciales no esperados por la institución. Estos sentidos son desconocidos por los agentes estatales y podrían ser el cimiento de un cambio si se impulsaran cabalmente porque son los que prevalecen en el desarrollo del proyecto, los que lo sustentan desde la perspectiva de las mujeres. El proyecto es una experiencia nueva que impacta a las mujeres en el plano vivencial, que disfrutan y les permite hacer una actividad diferente a las cotidianas, ayudando a minimizar el incremento en sus jornadas de trabajo y la poca rentabilidad del proyecto, asumiendo la responsabilidad total del mismo y eximiendo a la CDI de cualquier obligación. Es fundamental transformar esta idea.

Contrario a las mujeres, los promotores y otros representantes de la CDI tienen un posicionamiento de crítica respecto al proyecto, con ideas y actitudes construidas en estereotipos que no concuerdan con el discurso oficial de la CDI ni con el de la agenda internacional de desarrollo que busca el empoderamiento de las mujeres desde sus tres dimensiones: física, económica y toma de decisiones (^{CEPAL, 2011}). Tales agentes conceptúan a los proyectos como “ayudas” que se dan a las mujeres “pobres” para “salir adelante” sin “descuidar” a sus hijos, esposos y actividades del hogar. Estos contenidos evidencian representaciones hegemónicas de género que “parten de percepciones tradicionales de la realidad, largamente arraigadas en la mente y la visión del mundo de las personas; de ahí surgen nuestras convicciones y también nuestros prejuicios y estereotipos. Al ser hegemónicas se naturalizan y se reproducen” (^{Jiménez y Figueroa, 2013: 174}).

En concordancia con ^{Jodelet (2007)}, la importancia de conocer las representaciones sociales de un objeto o evento específico de intervención radica en la posibilidad de hacer las correcciones y/o revalorización del saber correspondiente. En este sentido, el trabajo de corrección que deben realizar los agentes del estado tiene que iniciar desdibujando la idea de “ayuda” que las mujeres receptoras tienen del proyecto, aquella anclada a prácticas políticas clientelares que no permite construir representaciones del proyecto como trabajo que implica tiempo, esfuerzo y que merece ser valorado igual que las actividades realizadas por los varones. Sin embargo, para que los promotores hagan esta labor de corrección de representaciones, primero tienen que modificar las suyas respecto al mismo objeto.

Es urgente trabajar con los agentes externos, deconstruir esas representaciones que han elaborado desde un sistema estereotipado, incuestionable y naturalizado; la institución debe revisar y reflexionar cómo, en la práctica, se está entendiendo y transmitiendo el discurso oficialista. No basta con revisar sin actuar, hay que ser congruente entre los postulados de desarrollo y la promoción de proyectos productivos; esto sólo se probará cuando el discurso y prácticas de los agentes del Estado sean distintos, cuando dejen de estereotipar y dotar de atributos a las mujeres, de reafirmar una visión asistencial y contra-género que no aporta nada al desarrollo con identidad que proclama la CDI ni mucho menos al empoderamiento de las mujeres.

Desde sus inicios, la experiencia se caracterizó por la falta de un diálogo entre las partes involucradas; el programa prescindió de un diagnóstico que justificara el proyecto y evaluara la factibilidad de desarrollarlo. Se les entregó a las mujeres porque era el único disponible, y pese a que ellas no lo aceptaban, terminaron haciéndolo y volviéndolo un proyecto sustentable desde sus propios esfuerzos, aun cuando la institución enfatizó la poca rentabilidad que genera un proyecto como el de cría de aves. Las mujeres emplearon sus propios recursos para garantizar la continuidad del proyecto, involucraron a sus familiares más inmediatos para resolver problemas como el de la crianza y comercialización de las aves; crearon sus propias redes de comercio e hicieron del proyecto una experiencia afectiva diferente a las que sus otros espacios de socialización les evocan. Se puede concluir que sí se consiguió un empoderamiento femenino a partir del proyecto, pero no por el impulso de la institución y programa, sino más bien por la movilización de los propios recursos de las mujeres; ellas son las que han hecho funcionar el proyecto desde sus propias redes, capacidades y recursos.

Una contradicción importante entre los planteamientos institucionales de la CDI y la forma específica de operar del POPMI es la carencia de un enfoque integral de género. Se trata de proyectos que no sólo suelen sobrecargar de actividades a las mujeres, sino que están conceptuados como ayudas que ellas tienen que aprovechar. Por ello, los promotores critican a las mujeres que no continuaron en la organización, calificándolas como “flojas” o como señoras que “no pusieron de su parte”, sin considerar las limitaciones que un sistema de género les impone. Estas concepciones que los promotores tienen de las mujeres y los proyectos las laceran y colocan en una situación de vulnerabilidad al darles la responsabilidad absoluta de hacer viable un proyecto imposible. Al mismo tiempo hay una legitimación institucional reflejada en el hecho per se de otorgar proyectos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, dejando claro que son ellas quienes no aportan en ese sentido y las principales inhibidoras de cualquier cambio.

Es conveniente enfatizar que esta forma de reafirmar la división sexual del trabajo, los roles de género y los estereotipos a través de un proyecto y un programa constituye una contradicción entre los objetivos oficiales del POPMI y de la institución que lo respaldó, la CDI. Ello demuestra la prevalencia del enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) en un programa que en su momento fue central en la promoción del cambio en las condiciones de vida de las mujeres rurales del país. Ese enfoque, como se mencionó, ya fue debatido y cuestionado por su nula aportación al cambio en las relaciones de género.

Finalmente, este documento también ha mostrado las condiciones de trabajo en las que operan los promotores y otros agentes del estado y la poca capacitación que reciben en materia de género, desarrollo y políticas públicas. Los tiempos de la institución también los obligan a responder al dato cuantitativo referido en la introducción de formar grupos y dar proyectos que engrosen las cifras del proyecto, dejando de lado el acompañamiento cualitativo, obviando los diagnósticos que deben realizar y todo diálogo que pueda favorecer el cambio social que persigue la institución.

La experiencia presentada expone la ausencia de un trabajo de acompañamiento integral que respalde el intento de formación de sujetos sociales. Esta faltante constituye uno de los mayores retos de la CDI, porque los proyectos podrán tener significados afectivos y vivenciales, así como impacto inmediato o a largo plazo en las mujeres, como en el caso aquí presentado, pero no lograrán consolidarse como experiencias trascendentales si no hay un acompañamiento dirigido a la formación de los sujetos sociales. Para avanzar en este cometido es fundamental que, primero, las autoridades correspondientes trabajen en la formación de su personal.