El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México sufrió dos supresiones, la primera fue de 1813 a 1814 y la segunda, que significó la desaparición definitiva de dicha institución, en 1820. Pero, ¿qué ocurrió entre los dos primeros años citados con quienes cometían delitos contra la fe? ¿Hubo algún otro tribunal encargado de juzgar tales asuntos en lugar de la Inquisición? Estas preguntas son muy bien respondidas por José Luis Quezada Lara en su interesante y valiosa obra ¿Una Inquisición constitucional? El Tribunal Protector de la Fe del Arzobispado de México, 1813-1814, estudio que le valió el Premio Nacional “Luis González y González” en 2015.

La investigación se sustenta en novedosas fuentes de archivos mexicanos y españoles, fuentes impresas de la época, así como bibliografía general y especializada, además de hemerografía que aporta nuevas e interesantes pistas al entendimiento de los eventos estudiados. El autor aborda, a través de la historia política e historia judicial, el surgimiento, además de las actividades llevadas a cabo por el Tribunal Protector de la Fe en el Arzobispado de México y el Obispado de Oaxaca, a manos del exinquisidor y en ese tiempo arzobispo y obispo de las diócesis citadas, Antonio de Bergosa y Jordán, entre junio de 1813 y diciembre de 1814, periodo que abarcó la primera supresión de la Inquisición de México, teniendo como escenario la lucha encabezada por los insurgentes.

El lector es guiado a través de un estudio muy bien estructurado en cuanto al análisis de hechos históricos que resultan clave para entender mejor el interesante, aunque complejo, tema abordado por José Luis Quezada. Además, el lenguaje ameno y claro empleado, así como una cuidadosa secuencia y conexión de ideas, ayudan a examinar más de cerca los eventos ocurridos en el año y medio de vida del tribunal en cuestión que, si bien fue breve, es suficiente para mostrar su nacimiento y desarrollo dentro de un contexto bastante adverso por cuestiones bélicas, políticas y de administración de la justicia.

El primer capítulo expone los principales acontecimientos que imperaron en una España sumida en crisis (tras la invasión francesa) entre 1810 y 1812, donde el autor retoma las ordenanzas por parte de la Regencia, que buscaron reestructurar el orden institucional en cuanto a la religión a través del fortalecimiento de la autoridad y jurisdicción episcopal que por consiguiente debilitaron el poder del ya decadente Santo Oficio. Los sucesos anteriores originaron conflictos jurisdiccionales, mismos que analiza José Luis Quezada al retomar el célebre caso seguido al líder insurgente, Miguel Hidalgo.

En el capítulo segundo se analizan de manera sobresaliente las posturas y los debates suscitados en España entre obispos y Cortes de Cádiz en torno al futuro que le depararía al Santo Oficio, dado que el primer bando apelaba a la continuidad de la Inquisición como encargada de juzgar delitos contra la fe y el segundo sector opinaba que los episcopados debían atender dichos asuntos. El capítulo concluye con el estudio de los decretos de supresión del viejo Tribunal de la Fe en España y todas sus posesiones, incluyendo las de América. A lo largo de las discusiones entre los sectores citados queda claro que, para las autoridades civiles de inicios de la década de 1810, la Inquisición había perdido vigencia y estaba condenada a desaparecer.

Para el tercer capítulo, se muestran las reacciones de los obispos en España y Nueva España frente a la abolición del Santo Oficio, mismas que contrastaron pues para el caso español los episcopados manifestaron su desacuerdo abiertamente y desobedecieron las disposiciones de las Cortes de Cádiz. Estos actos de rebeldía difirieron con la postura tomada por el entonces arzobispo de México, Antonio de Bergosa y Jordán, protagonista principal de la investigación, quien cumplió las disposiciones al suprimir el Santo Oficio (suceso que tanto en España como en Nueva España y seguramente en otros distritos donde había sede inquisitorial generó el beneplácito entre la población) y al fundar el Tribunal Protector de la Fe, con la consiguiente toma de posesión de los asuntos de carácter religioso y la organización del nuevo foro de justicia en cuanto a jurisdicción, ministros y modo de trabajar.

Un aspecto que se agradece al autor es el hecho de dedicar algunas páginas para explicar las acciones emprendidas por el arzobispo con respecto al rescate de algunos bienes del extinto Santo Oficio y el archivo completo que dispuso trasladar y resguardar en las casas arzobispales, logrando con ello evitar que la valiosa información contenida en los expedientes inquisitoriales, correspondencia y demás escritos, se perdiera ante posibles actos de rapiña.

Los capítulos cuarto y quinto representan el corazón del estudio, pues en ellos Quezada Lara, de una manera completa y detallada, presenta la puesta en práctica del nuevo tribunal, guiando al lector no solo a través de la impartición de justicia en el organismo tanto en lo referente a los contados sospechosos de cometer faltas contra la fe en el arzobispado de México y obispado de Oaxaca como en lo relativo a la persecución y censura de textos que se llegaron a considerar “prohibidos” entre junio de 1813 y diciembre de 1814, sino que también se adentra en la vida cotidiana de un tribunal fundado sobre los cimientos del extinto Santo Oficio y que, lejos de aplicar justicia con un método propio y autónomo, sus ministros terminaron ejerciendo funciones cuasiinquisitoriales, mismas que derivaron en una serie de críticas y cuestionamientos en torno a arbitrariedades y pretensiones del arzobispo Bergosa. Por último, en el sexto capítulo se estudia, de manera resumida, la existencia de Tribunales Protectores de la Fe en otros obispados de Nueva España e Hispanoamérica.

Por otra parte, un aspecto digno de resaltar es la anexión de cuatro documentos que ayudan al mejor entendimiento de esta serie de procesos legales seguidos, particularmente en torno a esta primera supresión del Santo Oficio. Entre ellos se cuenta con el decreto de abolición de la Inquisición, el manifiesto que exponía los motivos de dicha orden, así como dos edictos firmados por el arzobispo Antonio de Bergosa, donde el primero de ellos explicaba y justificaba la supresión del tribunal referido y el segundo ratificaba todas las censuras, castigos y excomuniones impuestas por el extinto organismo.

La única ausencia que se observa en la investigación es que el autor no brinda una explicación más amplia en torno a la desaparición del Tribunal Protector de la Fe a raíz de la reinstauración del Santo Oficio en España y sus posesiones, dado que solo se limita a comentar que el primer organismo citado se desvaneció al ser reinstaurada la Inquisición con el regreso de Fernando VII al poder.

Sin duda se trata de un trabajo muy bien logrado que acerca a los lectores a un estudio importante para la historia política y judicial en el México de inicios del siglo XIX, donde además permite al lector conocer la cotidianeidad de un tribunal que, si bien tuvo un periodo de vida efímero, se desempeñó de la mejor manera posible conforme a las circunstancias, los casos presentados y la latente convivencia entre prácticas viejas y nuevas que, lejos de conformar al Tribunal Protector de la Fe como un organismo autónomo, con el transcurrir de los meses se fue asemejando más al modus operandi del desaparecido Santo Oficio.

Naturalmente José Luis Quezada responde de manera puntual a las inquietudes formuladas al inicio de este escrito y logra exitosamente llenar un vacío historiográfico al estudiar detalladamente un tema complejo, novedoso y que contribuye al mejor entendimiento del tribunal eclesiástico que ocupó el lugar del entonces suprimido Santo Oficio de México, cuya presencia, pese a su abolición, pesó en el joven foro de justicia y logró continuar relativamente vigente, no obstante las disposiciones de las Cortes de Cádiz para desaparecer por completo la Inquisición.