Tipologías de los desplazamientos forzados

Los desplazamientos forzados son ocasionados por diversos factores sociales, económicos y climatológicos, que a diferencia de los migrantes tradicionales tienen un carácter obligatorio, ya que de no movilizarse las personas ponen en riesgo sus vidas y seguridad (^{IDMC, 2010}). Las personas en situación de desplazamiento forzado pueden clasificarse de acuerdo con las fronteras administrativas que cruzaron en desplazados internos y externos, en donde los internos no cruzan fronteras internacionales, por lo que quedan al amparo de las leyes y protección de sus gobiernos, mientras que los externos sí cruzan fronteras internacionales pudiendo llegar a tener protección internacional mediante las figuras de solicitantes de asilo o refugiados (^{ACNUR, 2021}; ^{Velázquez, 2017}).

Según los principios rectores de los desplazamientos internos establecidos por Naciones Unidas, las personas desplazadas internas son "aquellas que han sido obligadas a huir de su lugar de residencia habitual para evitar los efectos de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones a sus derechos humanos, por catástrofes naturales o provocadas y que en su huida no han cruzado fronteras internacionales reconocidas" (^{ONU, 1998: 5}). En este sentido, la violencia ejercida por grupos criminales en diversas regiones de México en años recientes y en particular en la región de Tierra Caliente ha provocado el desplazamiento interno forzado de miles de familias y de comunidades enteras a otras comunidades, municipios y entidades del país que huyen de la violencia criminal (^{CMDPDH, 2021b}; ^{Guerrero, 2021}).

Ante la falta de programas de atención y reparación del daño, las personas internamente desplazadas pueden llegar a buscar protección en otros países por el temor fundado a ser perseguidos por sus victimarios pese a su movilización a otras comunidades o entidades del país. Esto ha llevado a miles de personas a tratar de huir a EE. UU. al no encontrar seguridad en territorio mexicano, ya sea mediante solicitudes de asilo u otras formas de protección complementaria, o mediante el uso de diversos tipos de visas o de manera indocumentada (^{Rodríguez Chávez, 2021}; ^{Rubio y Pérez, 2016}).

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPD, 2021b) establece que los desplazamientos forzados en México pueden darse "a cuenta gotas", es decir, de algunas personas y/o familias que han sido amenazadas o violentadas por lo que deciden abandonar sus lugares de origen en busca de mayor seguridad, pero también pueden darse de forma masiva, en donde un grupo de personas, familias e inclusive comunidades enteras abandonan sus hogares por la amenazas o actos violentos en su contra. En este caso, los acontecimientos actuales sucedidos en distintas comunidades de Michoacán, y en particular desde inicios del siglo XXI, se han asociado mayoritariamente a desplazamientos masivos de grupos de familias y comunidades que ante el incremento de la violencia en sus lugares de origen han sido forzados a abandonar sus hogares en busca de mayor seguridad en otras comunidades, municipios, entidades o incluso fuera de México.

Según ^{Velázquez Moreno (2017)}, los desplazamientos forzados por la violencia criminal pueden darse tanto de forma reactiva como preventiva, los desplazamientos reactivos son originados como consecuencia de actos criminales y violaciones cometidas en su contra o en contra de sus familias; y los desplazamientos preventivos son motivados por el miedo fundado de ser víctimas ante un contexto inseguro y violento. No obstante, en los desplazamientos masivos pueden ocurrir tanto desplazamientos reactivos como preventivos ante la salida de un gran número de personas de las comunidades. Además, gran parte de las personas movilizadas en el mundo son mujeres, niñas y niños cuya condición de vulnerabilidad no solamente queda en el lugar de origen sino en el asentamiento a su llegada a las comunidades de acogida; la mayoría de las personas desplazadas no dan información sobre su trayecto o paradero, ni a las personas cercanas como vecinos o familiares para no dejar datos, dejando pertenencias y casas vacías (^{Mercado, 2018}).

Violencia y criminalidad en Tierra Caliente, Michoacán

La historia reciente del narcotráfico en Tierra Caliente, Michoacán se remonta a los años setenta cuando los primos Armando Valencia Cornelio y Luis Valencia Valencia fundaron el cártel de los Valencia después de haber migrado a EE. UU. y retornado a Michoacán para dedicarse al cultivo de marihuana y amapola. Posteriormente, estos se asociaron con el cártel de Guadalajara y el de Medellín para vender su producto y la cocaína procedente de Colombia en suelo estadounidense (^{Guerrero, 2021}; ^{Pineda, 2014}). Debido a su producción regional de drogas y su cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, la región de Tierra Caliente ha sido desde hace décadas uno de los principales puntos disputados por distintos grupos criminales, pero fue a partir de 2001 que el cártel del Golfo inició una lucha por el control de la región en contra de otros cárteles regionales (^{Aguilar, 2015}; ^{InSight Crime, 2020}).

En 2005 surgió un nuevo cártel denominado la Familia Michoacana que, en principio, se había aliado con el cártel del Golfo y los Zetas para controlar la región. Tras su ruptura con Los Zetas comenzó una lucha, lo que incrementó la violencia hasta llegar a una tasa estatal de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2006, 14 % por encima de la tasa nacional (^{InSight Crime, 2020}; ^{Nateras, 2016}; ^{SESNSP, 2021}). A finales de 2006, el presidente Felipe Calderón puso en marcha la denominada "Guerra contra el Narcotráfico" para hacer frente a algunos de los principales grupos criminales en México haciendo uso de las fuerzas armadas (^{IDMC, 2010}; ^{Rubio y Pérez, 2016}). Esta guerra comenzó en Michoacán el 11 de diciembre con la puesta en marcha del Operativo Conjunto Michoacán, el cual consistió en el despliegue inicial de siete mil elementos de las fuerzas armadas (^{Domínguez, 2014}; ^{Maldonado, 2012}).

En diciembre de 2010, tras la presunta muerte de Nazario Moreno, líder de la Familia Michoacana, esta organización se dividió en dos facciones: una dirigida por José Méndez, quien conservó el nombre de la Familia Michoacana y otra facción dirigida por Servando Gómez y Enrique Plancarte a la que llamaron Los Caballeros Templarios. La Familia Michoacana se alió con Los Zetas, pero en 2011 Méndez fue arrestado, y la mayor parte de los territorios de Tierra Caliente en Michoacán fueron controlados por los Caballeros Templarios (^{Maldonado, 2012}; ^{Animal Político, 2011}).

La violencia criminal e inseguridad continuó escalando en la entidad y en febrero de 2013 surgieron los primeros grupos de autodefensa en los municipios de Tomatlán y Tepalcatepec con el objetivo de sacar a los Caballeros Templarios de sus comunidades. Posteriormente, el 26 de junio de 2013 surge en Aguililla un grupo de autodefensas con el mismo objetivo (^{Nateras, 2016}; ^{Pineda, 2014}). Sin embargo, diversos grupos de autodefensas fueron infiltrados por criminales y terminaron en muchas ocasiones operando para otros cárteles de drogas o por su cuenta en actividades ilícitas, tales como la extorsión a empresas y personas (^{Fuentes y Paleta, 2015}; ^{Pineda, 2014}).

En 2013, el entonces presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la denominada Estrategia de Seguridad en Michoacán, la cual no tuvo diferencias significativas a la de su predecesor y continuó privilegiando el enfrentamiento de los grupos criminales con las fuerzas armadas. Al principio pretendió desarmar a los grupos de autodefensas de la región, pero ante el surgimiento de nuevos grupos y el incremento de su apoyo social, el gobierno federal cambió su estrategia e integró a algunas autodefensas en policías comunitarias.

Entre 2014 y 2015 fueron capturados o abatidos los principales líderes de los Caballeros Templarios provocando la pulverización de los grandes cárteles de drogas de la región y dando origen a células más pequeñas que continuaron la violencia en la entidad (^{InSight Crime, 2017}; ^{Nájar, 2015}; ^{Nateras, 2016}). En 2016, la violencia en la entidad se acrecentó hasta niveles similares a los que tenía a principios de los años noventa, para posteriormente registrar su nivel más alto en 2019, con una tasa de 51.38 homicidios por cada 100 mil habitantes, 77 % por encima del nivel nacional y más del doble al nivel estatal registrado cuando inició el Operativo Conjunto Michoacán en 2006 (^{SESNSP, 2021}).

Aguililla, Michoacán, la entrada a Tierra Caliente

Aguililla tiene una extensión de 1 401 kilómetros cuadrados, se localiza al suroeste de Michoacán y limita al norte con el municipio de Buenavista, al este con Apatzingán y Tumbiscatío, al sur con Arteaga, al noroeste con Tepalcatepec y al oeste y sudoeste con Coalcomán (^{INAFED, 2017}). De acuerdo con datos del CPV, la población de Aguililla en 2020 fue de 14 754 habitantes, de los cuales 50.3 % eran mujeres y el resto, 49.7 %, hombres. Está constituido por 35 localidades, siendo las principales en términos de población la cabecera municipal (Aguililla) con 8 500 habitantes y Bonifacio Moreno (El Aguaje) con 2 500 habitantes, el resto son pequeñas localidades en su mayoría con menos de cien habitantes.

Dentro de las principales actividades económicas del municipio destacan la agricultura, en la cual se concentra 36.9 % del total de la Población Económicamente Activa (PEA), seguido del comercio al por menor (7.4 %), la ganadería (5.0 %), preparación de alimentos y bebidas (5.0 %) y la industria de la madera (3.7 %). Cuenta con yacimientos mineros de hierro, plata, oro y cobre además de recursos madereros de pino, cedro y encino, los cuales han sido afectados en las últimas décadas por las extorsiones y explotación clandestina por parte de distintos grupos criminales (^{INAFED, 2017}; ^{Pineda, 2014}).

Dado su accidentado relieve y difícil acceso, este municipio se ha caracterizado por albergar plantaciones de marihuana y amapola desde mediados del siglo XX, al constituir la puerta de entrada a Tierra Caliente, una de las regiones con mayor importancia para el cultivo y producción de diversos tipos de drogas en México (^{Maldonado, 2012}). Por su cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, a 220 kilómetros por carretera, constituye una de las rutas de tránsito de enervantes y de localización de laboratorios clandestinos para la fabricación de distintos tipos de drogas sintéticas (^{Pineda, 2014}).

Fuente: elaboración propia con datos de ^{INEGI (2021)} y QGIS 2 .18.

Mapa 1 Mapa de Aguililla, Michoacán 

La historia reciente de la violencia en Aguililla comenzó en 2019 con el asesinato de 19 policías en el municipio, presuntamente efectuados por integrantes del CJNG y quienes buscan quitarles el territorio a cu, grupo integrado por el Cártel de Tepalcatepec y los Viagras, entre otros (^{Bowman, Previde y Dittmar, 2021}; ^{San Juan, 2021}). Fue así como, desde la primera mitad del 2020, el CJNG fue apoderándose de diversos poblados de la región y replegando a CU al municipio de Aguililla. Posteriormente el 30 de marzo de 2020 es capturado en Guatemala el exalcalde de Aguililla Adalberto Fructuosa por el presunto tráfico de drogas a EE. UU. y por ser uno de los líderes de CU, a quien ya se había ligado anteriormente con los Caballeros Templarios y que posteriormente se unió al grupo de autodefensas de Aguililla (^{Papadovassilakis, 2021}; ^{Radwin, 2021}; ^{San Juan, 2021}).

Estos acontecimientos motivaron al CJNG a enfrentarse para tomar control del municipio en donde nació su líder, Nemesio Oseguera, uno de los principales capos de drogas de México y que mantiene una lucha constante contra otros grupos de cárteles por el control de los territorios. Además, este municipio representa un punto estratégico para la producción y distribución de distintos tipos de drogas en la región y hacia EE. UU. (^{González, 2021}; ^{Pineda, 2014}; ^{San Juan, 2021}).

La lucha constante por Aguililla ha propiciado la salida masiva de cientos e inclusive miles de familias que, ante la escalada de la violencia, el reclutamiento forzado, la falta de suministros y el confinamiento forzado han optado por huir de sus hogares y refugiarse en otros lugares ya sea en el municipio de Apatzingan e inclusive a lugares más alejados como Tijuana y Rosarito en Baja California (^{Molina, 2021}; ^{Pechinski, 2021}). Los desplazamientos han sido apoyados por distintas redes entre las comunidades de origen y destino, desde redes sociales que se formaron por la migración histórica de michoacanos a EE. UU. y a otras entidades de México, hasta redes religiosas que conectan a la población a través de párrocos locales con otros sacerdotes del país, brindándoles apoyos, información e inclusive ayudándoles a viajar a la frontera norte de México en busca de asilo y protección estadounidense (^{Lemus, 2021}).

El 8 de febrero de 2022, el gobierno federal puso en marcha un operativo de seguridad consistente en el envío de fuerzas armadas a Aguililla y a otros municipios vecinos con el propósito de recuperar los territorios controlados por el narcotráfico. Esto trajo una aparente calma por algunas semanas, pero el 10 de marzo fue asesinado el presidente municipal de Aguililla, Cesar Valencia y su asesor Rene Cervantes, lo que pone en duda la supuesta seguridad del municipio y la reducción de la violencia en distintas comunidades y regiones de Michoacán, por lo que miles de personas que huyeron de la violencia en Aguililla continúan en distintas regiones del país y en particular en la frontera norte de México, a la espera de poder solicitar asilo en EE. UU. (^{San Juan, 2022}; ^{Zamora, 2022}).

Datos y métodos

Esta investigación hace uso tanto de bases de datos oficiales como de entrevistas a mujeres en situación de desplazamiento interno forzado. En el primer apartado, se utilizan datos administrativos y estadísticos para tratar de caracterizar las condiciones socioeconómicas, demográficas y de seguridad actuales que han motivado la salida de las personas de sus comunidades de origen, así como los factores que pudieron incidir en la selección del lugar de destino. Se usan datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en particular del CPV 2020 que muestran las características socioeconómicas y demográficas de Aguililla y Tijuana en 2020, para su comparación.

Es importante aclarar que los datos del CPV 2020 hacen referencia a migrantes por diversos motivos incluidos por inseguridad delictiva y violencia, los cuales incluyen parte de las personas en situación de desplazamiento interno forzado, pero que subestiman su nivel dado las características del instrumento de recolección y de la propia definición y causas del fenómeno (^{ACNUR y UPMRIP, 2022}; ^{González, Díaz y Galicia, 2022}). Los datos de migración se complementan con los registros administrativos de homicidios como medida de los niveles de violencia en los lugares de origen y destino proporcionados también por el INEGI. A estos se suman indicadores asociados al bienestar social, económico y de seguridad en los municipios proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el segundo apartado, se desarrollaron 12 entrevistas semiestructuradas realizadas entre febrero y junio de 2021 a mujeres procedentes de Aguililla, Michoacán que se encontraban residiendo en el campamento de El Chaparral en Tijuana. La entrada originalmente fue libre y sin restricciones, ya que el uso de rejas y seguridad comenzó en octubre de 2021. Dichas entrevistas se realizaron con el propósito de identificar los factores de expulsión, las redes de apoyo, así como las vulnerabilidades y barreras que han encontrado en sus trayectos y en particular en su arribo a la ciudad de Tijuana.

La razón por la que se entrevistaron solamente a mujeres fue porque se detectaron pasando la noche al costado de la garita, bajo lonas sujetas de forma precaria, antes de que se implementara el uso colectivo de casas de campaña y se convirtiera oficialmente en el campamento ubicado en la garita fronteriza de El Chaparral. La identificación de estas mujeres fue intuitiva al percibir que se encontraban con niñas y niños, fue entonces cuando, al no identificar a otras personas adultas, se inició con las entrevistas al preguntarles cuántas personas las acompañaron hasta Tijuana y si las niñas y niños eran sus hijas e hijos, así como si resintieron el clima e inseguridad bajo sus lonas por la noche al encontrarse expuestas a la intemperie. La forma en que la autora generó la confianza con las entrevistadas fue a partir de visitas constantes, al principio bajo pláticas cotidianas, luego grabando audio que posteriormente fue transcrito, donde se enfatizaron los momentos principales basado en entrevistas semiestructuradas biográficas que se construyeron a partir del encadenamiento de hechos significativos denominados epifanías (^{Denzin y Lincoln, 1995}) Turningpoints (^{Smith, 1998}) o momentos críticos que han marcado su vida.

La perspectiva teórico-metodológica que, a través de la interpretación del investigador, permite intentar hacer accesible el mundo de la experiencia. Se denomina interaccionista, ya que parte del supuesto de que las acciones humanas se dan hacia el otro, con el otro, partiendo del otro, en un proceso mutuo, y estas acciones resultan en experiencias interactivas mediadas por símbolos y lenguaje. El foco de la investigación interpretativa se centra en las experiencias de vida que afectan y configuran radicalmente el significado que las personas se dan a sí mismas, a los proyectos de vida y en las epifanías, que son experiencias que dejan huella en la vida de las personas (^{Denzin y Lincoln, 1995}).

El análisis de las entrevistas residió en las constantes que hilaban su trayecto, como el momento de quiebre que las hizo salir de Aguililla, el número de integrantes que viajaron hasta Tijuana, si recibieron apoyo en su desplazamiento, si fueron informadas sobre solicitar ayuda humanitaria en EE. UU., quiénes les informaron. Todas las entrevistadas son mayores de edad y fueron debidamente informadas que su participación en este estudio era totalmente libre y confidencial, y que para resguardar su identidad se usarían nombres ficticios.

Análisis contextual de los lugares de origen y destino

Contextos de expulsión en Aguililla

Al hacer un análisis del crecimiento de la población de Aguililla de 1990 a 2020 se puede observar que su población pasó de 17 424 a 14 754 personas, lo que representa una pérdida de 18.1 % en 30 años y una tasa de decrecimiento anual de -0.55 %. Al dar seguimiento de la población por edad y sexo a partir de los censos y conteos de población y de los registros administrativos, podemos observar que la pérdida de población no atribuida a defunciones y que, por tanto, pueden dar cuenta del saldo migratorio tanto interno como internacional fue de más de 13 000 personas en el periodo analizado, en donde la mayoría fueron de hombres de entre 15 a 49 años y de mujeres de 20 a 49 años, lo que puede estar asociado a migraciones de población joven en edades laborales.

El CPV 2020 muestra que de 2015 a 2020, 877 personas migraron de Aguililla a otras entidades y municipios de México. Los principales destinos fueron municipios al interior de Michoacán como Uruapan, Morelia, Apatzingán y Coalcomán, representando 59.0 % del total, pero también se observan migraciones a otras entidades y municipios más alejados como Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito en Baja California, la ciudad de Colima y Zihuatanejo en Guerrero.

Los datos de migraciones internas procedentes de Aguililla deben tomarse como el nivel mínimo, ya que quedan fuera todos aquellos casos en donde los encuestados no quisieron dar información sobre el municipio especifico de residencia cinco años atrás, por diversas razones entre ellas de seguridad, y que para el caso de Michoacán representaron a casi 24 500 personas, es decir, 13.2 % de los migrantes municipales y estatales procedentes de Michoacán, de los cuales 21.6 % se encontraba residiendo en 2020 en alguna entidad de la frontera norte de México y principalmente en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua.

Si bien el CPV 2020 no permite estimar la emigración internacional reciente de Aguililla a partir del cuestionario ampliado del censo debido a problemas de tamaño de muestra, los datos arrojan que para el caso de Michoacán más de 54 000 personas migraron a EE. UU. entre 2015 y 2020, de los cuales más de 37 500 continuaban residiendo fuera de México en 2020, colocándose como la tercera entidad con más migrantes absolutos y por tasas de migración. Esta estimación debe tomarse como el nivel mínimo debido a que la fuente no da cuenta de migraciones de hogares completos, al no haber quién diera cuenta de su migración.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de los CPV 1990, 2000, 2010 y 2020; Conteos de Población 1995 y 2005; EI 2015 y registros administrativos del ^{INEGI (2018}, ^2021a, ^2021b).

Nota: para la estimación se da seguimiento de los cortes de edad en los censos y conteos de población, tomando en cuenta los nacimientos y defunciones ocurridos en cada quinquenio.

Figura 1 Pérdida de población en Aguililla, Michoacán entre 1990 y 2020, según grupos de edad (2020) 

En 2020, de acuerdo con información del cpv, sus habitantes se caracterizaban por ser una población joven en donde 51.5 % tenía menos de 30 años. Sin embargo, se espera que esta distribución haya cambiado desde la segunda mitad de 2020 derivado de los desplazamientos forzados masivos, particularmente de mujeres, niñas y niños según documentan diversos medios (^{Lemus, 2021}; ^{Molina, 2021}). El promedio de escolaridad para la población de 15 años o más era de 6.01 años, con un promedio municipal de 5.97 años para hombres (primaria incompleta) y 6.21 años para mujeres (primaria completa), lo que los colocaba por debajo del promedio estatal y como el cuarto municipio con menor promedio de escolaridad de Michoacán (^{INEGI, 2021a}).

Respecto a los ingresos por trabajo, el promedio mensual para la población de 24 a 65 años fue de $5 617 pesos mexicanos (MXN), cifra 22.5 % menor al promedio de la entidad. A partir del cálculo de pobreza multidimensional elaborado por el CONEVAL en 2020, se estimó que 62.8 % de la población de Aguililla era pobre, lo cual contrasta con 44.5 % de Michoacán y 43.9 % a nivel nacional. Según el índice de rezago social de CONEVAL, se establece que para 2020 el municipio de Aguililla tenía un grado bajo en comparación con el resto de los municipios del país, pero mostró mayores rezagos respecto al nivel nacional y estatal en el porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud (51.0 %), de población de 15 años o más analfabeta (14.9 %) y con educación básica incompleta (62.6 %) y de niñas y niños de 6 a 14 años que no asistían a la escuela (17.9 %) (^{CONEVAL, 2021a}, ^2021b).

A partir del Índice de Intensidad Migratoria hacia EE. UU. de 2020 elaborado por el CONAPO, se sostiene que Aguililla tuvo un grado medio respecto al resto de municipios del país, el cual se debió a sus mayores porcentajes de viviendas que reciben remesas (18.7 %), así como de viviendas con emigrantes (3.4 %). Sin embargo, la circularidad de la movilidad michoacana y en general de la movilidad de mexicanos hacia suelo estadounidense se ha reducido debido a las barreras y restricciones de la política migratoria norteamericana, que han provocado que las migraciones sean por periodos más largos e inclusive definitivas ante las dificultades de poder migrar de manera indocumentada (^{CONAPO, 2021a}). De acuerdo con lo registrado por diversos medios, una de sus principales redes de apoyo para poder desplazarse a otros municipios y entidades del país han sido las redes religiosas y en particular las redes católicas; esto se ve explicado en parte debido a que 91.3 % de la población de Aguililla en 2020 era católica, nivel ligeramente superior al estatal (88.9 %) según el CPV 2020 (^{INEGI, 2021a}; ^{Lemus, 2021}; ^{Molina, 2021}).

En términos de seguridad, de acuerdo con el INEGI, el municipio de Aguililla tuvo, entre 2015 y 2020, un total de 86 homicidios, lo que representó una tasa de 5.5 homicidios por cada mil personas, 1.4 veces mayor que la tasa estatal, que fue de 2.3 homicidios por cada mil personas y 2.7 veces por arriba de la tasa nacional del periodo. Según datos del SESNSP las tasas de carpetas de investigación (CI) para los delitos de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones fueron superiores en Aguililla a lo registrado a nivel estatal de enero de 2015 a octubre de 2021. No obstante, el número de delitos no denunciados o en los que no se abrió una CI representó solo en 2020, 89.1 % del total de delitos ocurridos en Michoacán según las estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (^{INEGI, 2021c}) por lo que la magnitud real de los delitos en Aguililla es mayor a lo registrado.

Un delito que suele tener un mayor porcentaje de denuncia debido a su valor económico y a que es un requisito para el cobro de los seguros, es el robo de vehículos en donde Aguililla tuvo un promedio de 8 CI entre 2015 y 2018, pero en 2019 y 2020 se registraron 45 y 59 CI respectivamente, periodo en el que iniciaron los principales enfrentamientos entre grupos criminales de la región. El robo de vehículos suele estar asociado con la comisión de otros delitos cometidos por grupos criminales como los secuestros, extorsiones y robos tal y como lo mencionan ^{Vélez Salas et al. (2014)}.

Contexto de atracción y de vulnerabilidad en Tijuana

Según la CMDPDH, en 2021 se documentaron cerca de 1 080 personas desplazadas de Michoacán las cuales salieron principalmente de comunidades de Aguililla, uno de los municipios más afectados por la violencia, éstas se trasladaron en su mayoría a la frontera norte de México debido a la violencia generada por grupos armados, principalmente a Tijuana y Rosarito. Muchas de éstas se encuentran en el campamento conocido como "El Chaparral", donde esperaban la oportunidad para solicitar asilo en EE. UU. Derivado de los continuos ataques y enfrentamientos en la región de Tierra Caliente en Michoacán y por consiguiente de los desplazamientos masivos de familias y comunidades enteras en la región, la Arquidiócesis de Michoacán declaró que se encontraba rebasada por la ola de personas movilizadas que huyen de esta región (^{CMDPDH, 2021a}).

Las circunstancias que presenta el estado de Baja California, y en particular el municipio de Tijuana, muestran posibles problemáticas al ser receptor de población desplazada internamente y destino temporal o permanente de distintos flujos de migración internacional. El CPV indica que la población total de Tijuana en 2020 fue 1 922 523 habitantes lo que lo posiciona como el municipio más poblado de México, siendo 49.6 % mujeres y 50.4 % hombres con una concentración en edades de 15 a 29 años (26.6 % del total). En 2020, 44.3 % de su población nació en otra entidad federativa y 4.8 % en otro país. Además, 9.2 % de la población de 5 años o más residente en Tijuana eran migrantes estatales recientes, de los cuales cerca de 130 mil procedían mayoritariamente de Chiapas (16.5 %), Sinaloa (12.3 %), Guerrero (12.2 %), Veracruz (9.0 %) y Michoacán (6.2 %), y casi 26 000 eran migrantes internacionales, principalmente de EE. UU. (78.6 %), Haití (4.2 %), Honduras (3.6 %) y Venezuela (1.9 %).

De acuerdo con datos del CPV, el ingreso promedio de la población trabajadora de 25 a 64 años en 2020 fue de $11 188 MXN en Tijuana, casi el doble a lo registrado en Aguililla. Por otro lado, de acuerdo con las estimaciones de CONEVAL, en 2020, 21.8 % de la población de Tijuana se encontraba en situación de pobreza moderada y 1.9 % en situación de pobreza extrema. Así mismo, el grado de rezago social de Tijuana fue muy bajo en comparación con el resto de los municipios del país, pese a ello mostró mayor nivel de rezago respecto al nivel nacional y estatal en el porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (7.6 %) y apenas inferior al nivel nacional en el porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud (25.0 %).

En cuanto a su intensidad migratoria hacia EE. UU., se estima que en 2020 obtuvo un nivel bajo debido particularmente a sus bajos porcentajes de viviendas con migrantes circulares, emigrantes y receptoras de remesas. Sin embargo, tuvo un alto porcentaje de viviendas con migrantes de retorno (2.3 %) lo que se debe parcialmente al incremento de las deportaciones de mexicanos de EE. UU. y su permanencia en ciudades de la frontera norte de México (^{CONAPO, 2021a}; ^{INEGI, 2021a}).

Respecto a la violencia e inseguridad que vive el municipio y la entidad en años recientes, Tijuana se colocó como el municipio con el mayor número de homicidios en el país con 9 769 homicidios entre 2015 y 2020, con una tasa 56 % por encima de la de Baja California y 275 % mayor a la nacional, pero este nivel fue apenas 2.3 % mayor a lo ocurrido en Aguililla (^{INEGI, 2021a}). Según información del ^{SESNSP (2021)}, el municipio de Tijuana mostró entre enero de 2015 y octubre de 2021 tazas de CI por arriba del nivel nacional para delitos tales como homicidios (334 % más), narcomenudeo (394 % más), robos (156 % más) y violaciones (135 % más), lo que demuestra mayores niveles de delitos denunciados y, por ende, una posible mayor vulnerabilidad para la población migrante interna e internacional que puede llegar a estar expuesta a la violencia y criminalidad de los grupos delictivos.

En síntesis, las condiciones de precariedad en términos de pobreza, ingresos, educación y en particular de inseguridad por las que atraviesa la población de Aguililla en comparación con otras regiones del país pueden haber propiciado el desplazamiento forzado hacia la frontera norte de México que se caracteriza por tener mejores niveles de ingresos y educación, menores niveles de pobreza e inclusive mayores niveles de seguridad a los que actualmente se viven en diversas comunidades de Tierra Caliente. Las características particulares de su desplazamiento forzado, así como las condiciones de seguridad y bienestar en los lugares de destino colocan a estas personas en mayores niveles de precariedad económica y vulnerabilidad, que se ven acrecentados por los altos niveles de inseguridad en algunas de las principales ciudades de la frontera norte de México.

Barreras a la protección de las personas desplazadas en México y a las solicitudes de asilo en EE. UU.

Pese al incremento de los desplazamientos internos forzados por la violencia en México desde el comienzo de la Guerra contra el Narcotráfico a finales de 2006, no existen leyes y programas específicos sobre desplazamiento interno forzado a nivel nacional que les permitan a las personas en esta situación reducir su vulnerabilidad y condiciones de precariedad en los lugares de destino, ni de acompañamiento en su retorno seguro y asistido a sus comunidades de origen. Solo tres entidades federativas (Chiapas, Guerrero y Sinaloa) cuentan con leyes específicas sobre desplazamiento interno forzado (^{CMDPDH, 2021b}). En el ámbito federal, a pesar de la aprobación por la cámara de diputados del decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno en septiembre de 2020, esta continúa en espera de ser aprobada por la Cámara de Senadores.

Respecto a la legislación actual, la Ley General de Víctimas (LGV) menciona a los desplazados internos forzados, y establece que para el caso de los desplazados fuera de sus entidades de origen, son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las Comisiones Ejecutivas Estatales las encargadas de garantizar su debido registro, atención y reparación (^{Cámara de Diputados, 2017}). No obstante, esta ley no establece una definición de desplazamiento interno forzado, lo que genera obstáculos para su atención (^{ACNUR y UPMRIP, 2022}; ^{Quintana, 2022}), muestra de lo anterior es que en el Registro Federal de Victimas (REFEVI) solo 0.3 % de los 31 228 registros entre 2014 y 2021 atendidos por la CEAV fueron por violaciones a los DD.HH. y/o delitos asociados al desplazamiento interno forzado, los cuales ocurrieron en su mayoría en las entidades de Guerrero, Sinaloa y Chihuahua en 2018 (^{CEAV, 2021}).

Por otro lado, existen diversas políticas migratorias estadounidenses que han dificultado el acceso al asilo y a otros tipos de protección para la población mexicana y para otras personas que huyen de la violencia en sus países de origen. El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) obliga a los solicitantes de asilo en EE. UU. a permanecer en la frontera norte de México en espera de sus audiencias, prolongando las estancias de los migrantes internacionales en ciudades fronterizas de México con graves problemas de seguridad e incrementando la presión ejercida en la ayuda ofrecida por diversas organizaciones nacionales e internacionales (^{Parra, 2021}; ^{Rodríguez Chávez, 2021})

Como consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, el gobierno norteamericano derivó una serie de acciones sobre inmigración y ordenó la prohibición temporal de viajes "no esenciales" a través de sus fronteras y el bloqueo al ingreso a las personas migrantes no autorizadas y a los solicitantes de asilo, bajo el Título 42. Para ^{Castillo y García (2021)}, este Título 42 es un estatuto de salud pública y bienestar promulgado en 1944 que otorgó a un cirujano general de EE. UU. la autoridad luego transferida a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para examinar si una enfermedad es contagiosa en un país extranjero y representa un grave peligro de propagación en dicho país.

^{Neusner y Kizuka (2021)} a través de Human Rights First informaron que el uso del Título 42 no proporciona una adecuada justificación sobre salud pública al expulsar a familias solicitantes de asilo en la frontera. Epidemiólogos y expertos en salud pública han reprobado el uso indebido del Título 42, explicando en septiembre de 2021 que la orden de los CDC de estas expulsiones magnifican los riesgos de transmisión de la Covid-19. El gobierno de EE. UU. anunció que levantaría las restricciones a los viajes no esenciales en la frontera el mes de noviembre de 2021, lo que permite a las personas vacunadas con fórmulas autorizadas el ingresar a tal nación, pero injustificadamente continúa usando el Titulo 42 para violar el derecho de las personas a solicitar asilo y el principio de no devolución.

Campamento de El Chaparral

De acuerdo con información de la ^{Dirección Municipal de Atención al Migrante en Tijuana (2021)}, en el campamento de El Chaparral residían 769 personas al momento que las autoridades municipales decidieron cercarlo el 29 de octubre de 2021, dentro de las personas que lo habitaban se encontraban desplazados internos de otras entidades de México, así como personas de otros países en espera de poder solicitar asilo en EE. UU. Entre febrero y octubre de 2021, 51.3 % de las personas que residían en este campamento provenían del interior de México, 33 % de Honduras, 9.6 % de El Salvador y 4.8 % de Guatemala, entre otros.

Al examinar las circunstancias en las que se encontraba esta población viviendo en el campamento, se observó que sus carencias y situación de vulnerabilidad se acrecentaron al no haber suficiente cupo en las casas y albergues de migrantes localizadas en Tijuana. Lo anterior debido parcialmente a la disminución en el apoyo que reciben a consecuencias de las restricciones propiciadas por la pandemia de la Covid-19. Los albergues que históricamente han apoyado a migrantes en México durante su tránsito han tenido que adaptar sus espacios y adquirir patrocinio para poder garantizar la salubridad del lugar ante la presencia del virus SARS-COV-2 (^{CMDPDH, 2021a}).

Esto fue la causa que llevó a cientos de personas a permanecer en el campamento de El Chaparral en casas de campaña, algunas con lonas de plástico colocadas encima para protegerse de las inclemencias, con disponibilidad de baños portátiles colectivos, agua para lavar ropa, y otras pocas cosas indispensables. De acuerdo con autoridades municipales, con el afán de proteger a las personas que viven en el campamento y ofrecerles seguridad, el 29 de octubre de 2021 fue colocado un cerco a medianoche que delimitó el perímetro, debido a que mencionan se encontraron personas en situación de calle, pandillas, delincuentes, narcomenudistas y polleros, dentro del campamento (^{Guerra, 2021}).

Finalmente, el 6 de febrero de 2022, a casi un año de su establecimiento, fue desmantelado el campamento de El Chaparral por autoridades municipales, estatales y federales, argumentando motivos de salud y seguridad para las 381 personas que continuaban residiendo en este campamento improvisado. Las personas -en su mayoría mexicanas- fueron llevadas a distintos albergues ubicados en Tijuana, mientras que las casas de campaña y pertenencias que dejaron en el campamento fueron removidas por maquinaria pesada del ayuntamiento de Tijuana, sin que esto represente una solución a la problemáticas y vulnerabilidades a la que se enfrentan los desplazados forzados en la frontera norte de México (^{Ruiz, 2022}).

El perfil sociodemográfico de las entrevistadas

En este apartado se realiza una revisión a partir de las entrevistas para determinar los factores que llevaron a estas mujeres a abandonar sus lugares de origen, los motivos y las redes que las llevaron a la frontera norte de México, así como las barreras y vulnerabilidades a las que se han enfrentado en su estadía en Tijuana. Las 12 entrevistadas son, en su mayoría, viudas con una edad promedio de 37 años. Casi todas madres de familia, con un promedio de 1.5 hijas e hijos. Su nivel educativo es bajo con primaria incompleta, lo que es similar a los niveles de educación registrados en Aguililla. Diez de ellas nacieron en Michoacán y provienen de Aguililla y dos nacieron en Jalisco. La mitad tenía empleo informal cuando vivían en Aguililla y el resto, con excepción de una, eran exclusivamente amas de casa.

Factores del desplazamiento forzado

Al estar expuesta a las peleas entre cárteles, la población se enfrenta a diversas formas de violencia, entre las que destacan las disputas por el territorio, el tráfico de drogas, distintos tipos de robos y el cobro de cuotas de piso, entre otros. A esto se suma el reclutamiento forzado y los homicidios de familiares, principales factores de sus desplazamientos internos forzados tanto reactivos como preventivos. La revisión de las circunstancias y acciones emprendidas por las entrevistadas, señalan su necesidad de procurar mejores condiciones ante la violencia e inseguridad en Aguililla, lo cual fomentó medidas reactivas e hizo que la movilización surgiera como una de sus principales acciones ante el homicidio de su cónyuge y/o las extorsiones recibidas por parte de grupos criminales.

Para Esther, que era empleada de un supermercado, las cosas cambiaron cuando recibió una amenaza en forma de cortejo en horario laboral, generando intimidación pero que no toma en cuenta pensando que era solamente un asunto de coquetería. En la fecha indicada el sujeto regresa para cumplir la amenaza de robársela. Ella corrió rumbo a su casa y es ahí donde asesinan a su esposo. Recurre a su prima María con su hijo para solicitar auxilio y ambas emprenden la ruta hacia Tijuana. En el caso de María, al igual que a Esther, asesinaron a su esposo en la vía pública "En plena calle me lo mataron, me siento muy mal y no supe exactamente quién lo asesinó, pudo haber sido una pelea entre dos grupos".

Previo al asesinato de sus esposos en algunas de las historias como la de Esther, antecedieron intimidaciones y extorsiones en sus lugares de trabajo, como también lo señala Rebeca, quien tenía una estética en Aguililla y al quedar viuda se desplazó con su hijo.

Mi vida era un poco tranquila en Aguililla al inicio de poner al fin mi lugar de trabajo, a los dos años llegaron unos hombres, que disque a cobrarme por trabajar [...] en ese momento no sabía lo que eso significaba, pero lo peor de todo es que mis clientes no buscaron que les cortara más el cabello. Mi esposo los enfrentó en algunas ocasiones y con el paso de estar peleando con los criminales, lo asesinaron frente a mí.

Sonia, quien era cocinera en una establecimiento de comida corrida, vivió mucha presión al tener que alimentar de manera gratuita a supuestos integrantes del CJNG. De igual manera, sintió impotencia de ver sus rostros y no sentirse segura. "Es como si nunca acababa, iban y regresaban al poco rato a pedirme comida, eso no es de Dios [...] mi esposo no lo sabía, trabajaba mucho y cuando llegaba a la casa mejor lo atendía a él, ya sabe, que descansara. Un buen día se le ocurre pasar a la fonda a saludarme y los encuentra ahí, armados hasta más no poder... al ver mi rostro se da cuenta de lo que sucede y su impulso fue sacarme del lugar, lo que le ocasiona una bala por la espalda". Por su parte, Celia asegura que una bala perdida asesinó a su esposo cuando ella le pidió que fuera a la tienda de abarrotes y, por ello, se culpa de que haya muerto. "Si no le hubiera pedido ese encargo seguramente viviría, no he dejado de revivir esa noche una y otra vez, nada me consuela la verdad [...] estoy viva pero no estoy viva".

Un caso adicional es el de Pilar, quien detalla que durante los tiroteos entre grupos armados, una bala perdida pudo haber matado a su esposo, por lo que decidió huir con sus hijos "Dejé todo, lo poco que tenía, tengo dos niños varones de 6 y 8 años, me los traje para que los malos no me los fueran a quitar o lo que es peor, meter a trabajar en eso también". Este último relato, ejemplifica también los casos de desplazamiento forzado preventivo para proteger a los integrantes de sus familias y en particular para evitar el posible reclutamiento forzado de sus hijos por parte de estos grupos criminales.

Otro ejemplo es el de Rosario, para quien la decisión de salir de Aguililla al quedar viuda y ser madre de familia, fue el sentirse obligada a proteger a sus hijos pues "no podría soportar que me robaran a mis dos hijos varones y los metieran a trabajar en sus cochinadas". Por otro lado, Fátima, no recibió amenazas directas, pero intuyó que corrían peligro ella y su familia si permanecían en Aguililla; se trasladó con toda su familia, esposo y tres hijos. "Gracias a que mi gordo me hizo caso podíamos ver cómo estaban asesinando a diestra y siniestra, no necesitas saber mucho, no acabé la primaria, pero eso no importa para saber que la corazonada es algo que te va diciendo lo que necesitas hacer para seguir vivo".

Barreras al asilo en EE. UU.

Una vez en Tijuana -y en específico en el campamento migrante- algunas de las mujeres manifestaron el deseo de solicitar asilo a EE. UU. al percibir la inseguridad en México. Es necesario puntualizar que el plan de iniciar el proceso de solicitud de asilo afirmativo no era algo conocido por todas, sino que, a través de escuchar y comunicarse entre ellas, sintieron que esto podría ser favorable para sus familias. Tal es el caso de Carmela, quien contaba con el apoyo de sus vecinos en Aguililla, los cuales tenían familia en aquel país y le fueron planteando la iniciativa de solicitar asilo y a través de las redes sociales fueron respondiendo sus preguntas, entonces las otras mujeres tomaron este recurso para saber un poco más del proceso.

Otro relato que finca sus esperanzas y seguridad en EE. UU. es el de Guadalupe, quien viajó con su bebé y tiene dos familiares indirectos ahí. "La policía no se enfrenta a los criminales, ellos solo tiran balas y no resuelven. Tengo un bebé de brazos, he dejado todo y de verdad espero que Estados Unidos me ayude, en mi país no pueden". Ella es una de las pocas entrevistadas que tiene conocimiento sobre el proceso de solicitud de asilo en suelo estadounidense en comparación con el resto de las mujeres entrevistadas y menciona que solicitando asilo puede iniciar el proceso para beneficio de su bebé.

Trabajadores de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) les impartían charlas sobre sus derechos humanos e información sobre el proceso de solicitud de asilo en EE. UU. Los medios de comunicación que se les acercaban también les preguntaban acerca de su intención de solicitar asilo en el vecino norteamericano, además del uso de la Internet donde encontraron videos explicativos del proceso ordinario para acceder a este tipo de protección. Se debe señalar que, si bien las redes religiosas en más de la mitad de los casos ayudaron a viajar a la frontera norte, las entrevistadas manifestaron no contar con el apoyo de abogados o de documentos sobre su desplazamiento forzado que pudieran incluir en sus solicitudes de asilo en aquel país.

Por otro lado, las barreras impuestas por la pandemia de la Covid-19 a partir de las expulsiones por el denominado Titulo 42 desde inicios de 2020, han dificultado los procesos de solicitud de asilo para las personas desplazadas por la violencia. Al respecto, la mayoría de las mujeres entrevistadas consideraba que no debían salir del campamento ya que sentían que, al permanecer ahí, se les respetaría el tiempo que llevaban en espera, además, a pesar de vivir en situación de vulnerabilidad y posibilidad de contagio, contaban con su lugar dentro del campamento y no querían que se abriera la posibilidad de solicitar asilo mientras ellas estaban en otro sitio, esto pese a no existir ningún documento o lista de espera.

Redes de apoyo

Estas mujeres sintieron la necesidad de movilizarse utilizando principalmente el apoyo de las redes religiosas; algunas de ellas aseguraron que se iban moviendo entre parroquias dentro del mismo municipio y ahí se resguardaban antes de salir de Michoacán. Es importante señalar que varios sacerdotes las aconsejaron y fueron monitoreando para que llegaran seguras entre parroquias. Muchas de las que utilizaron estas redes resaltaron haber sentido que el determinante para buscar llegar a Tijuana fue el resultado de la experiencia de otras personas que llegaron a la frontera norte y compartieron información sobre el trayecto a través de distintos medios de comunicación como Facebook y WhatsApp.

Redes religiosas

Sonia es la única entrevistada que identifica a los agresores con un grupo específico, por lo cual, al sentirse en situación de vulnerabilidad, pidió auxilio a una parroquia cercana y les explicó el peligro que corría al poder identificar a estas personas que frecuentaban la fonda en donde trabajaba, ya que era cocinera en un negocio cercano en donde alimentaba de manera gratuita a los que supone eran distintos integrantes del CJNG, después de presenciar el asesinato de su esposo en una vía pública por parte de integrantes de este grupo criminal, Sonia huyó con sus tres hijos y un poco de ropa que guardó en una caja mediana de cartón. Otros casos que ejemplifican el apoyo de las redes religiosas son los de Esther y María quienes después del asesinato de sus esposos emprendieron su viaje hacia Tijuana dirigiéndose a una parroquia local en la que no tardaron más de cinco días alojadas, antes de llegar a otro lugar católico donde las hospedaron y protegieron.

Por su parte, Pilar, quien también emprendió el viaje después del asesinato de su esposo, agradece a dos sacerdotes que le facilitaron el poder salir de su estado paulatinamente, puesto que existen retenes por parte del CJNG y de CU que han sitiado a gran parte de la región. En el mismo sentido Celia, quien emprendió su trayecto acompañada de sus hijos y de Enedina fueron también auxiliadas por las redes católicas, utilizando un mecanismo similar al de Esther y María, al ser alojadas entre parroquias dentro de Michoacán hasta emprender su viaje a Tijuana.

Redes sociales y familiares

Los padres de Carmela se quedaron en Aguililla, su familia permanece todavía en ese lugar. "Me traje a los menores, mis dos hijos varones, el de 11 y 14 años y a un hermano mayor de edad [...] Hay que correr, pensé, no supe cómo hacerlo, pero me dijeron que llegara a este sitio". Las redes sociales le fueron guiando puesto que habían llegado meses antes unos vecinos a Tijuana y ellos le aconsejaron para que llegara con su familia hacia la garita. Tales vecinos contaban con familia en EE. UU. desde hace mucho tiempo, ellos fueron quienes le plantearon la iniciativa de solicitar asilo y a través de Facebook y WhatsApp fueron respondiendo sus preguntas.

Del mismo modo, en los casos de Rosario y Fátima, quienes huyeron de Aguililla para prevenir los efectos del incremento de la violencia y del reclutamiento forzado, mencionan que mediante el uso de las redes sociales pudieron llegar hasta el campamento de El Chaparral. En particular, Fátima, quien no tuvo amenazas directas por parte de grupos criminales viajó al lado de su esposo e hijos, al intuir que otras personas de Aguililla se iban a solicitar asilo en EE. UU., fue lo que la motivó a dejar su comunidad y emprender el viaje a la frontera norte de México. En sentido similar, Enedina, la más joven de las entrevistadas, pese a no tener amenazas directas por parte de grupos criminales decidió acompañar en su viaje a Celia en busca de mejores oportunidades y de poder formar una familia, si bien recibieron apoyo de las redes religiosas, el contar con el apoyo de Celia en su trayecto la motivó a viajar a Tijuana.

Laura, a partir de las redes que ha entablado, inició su trayecto hacia Tijuana llevando a su bebé de cinco meses consigo, después de haber quedado viuda a los 33 años, lo único que recuerda era que a su esposo lo habían amenazado por tener una pequeña tienda de abarrotes y no querer pagar piso. Ella había sido empleada esporádica en una pequeña fonda.

Si te va bien o mal, siempre hay motivos para quitarte lo que tienes, la gente es envidiosa y de mala leche [...] seguramente ni así son felices. Tuve que correr hacia este rumbo, dejando la tienda y todo lo que tenía, casa, muebles, ropa, pertenencias [...] le digo que sigo en estado de alerta, a mi pobre bebé no le pasará nada, yo estoy acá para ella.

Finalmente, Guadalupe, quien tiene la intención de solicitar asilo para ella y su hijo en EE. UU., se ha apoyado de sus redes y de familiares para poder llegar a Tijuana y en particular de dos familiares indirectos que residen en este país por lo que se siente más segura en caso de que su trámite no sea favorable y tenga que pedirles apoyo a los primos lejanos de su esposo difunto. Ella viajó sin compañía al tener estos datos antes de salir de su casa, contactó a través de WhatsApp con ellos y cree que tiene posibilidades de obtener el asilo afirmativo.

En resumen, si bien las entrevistadas dejaron todo y las condiciones en el campamento fueron difíciles a tal grado que parecía que la violencia de la cual habían salido para salvar sus vidas podía replicar la situación vivida en Aguililla, el ambiente general de carencias e incertidumbre sobre los pasos a seguir y la interrogante de cuándo se avanzaría en el proceso de solicitud de asilo al vecino país; ellas aseguraban sentir tristeza por la familia y los recuerdos que dejaron atrás, así como algo de esperanza por comenzar posiblemente una nueva vida en EE. UU.