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Introducción
El siglo XXI ha visto un notorio incremento demográfico y una diversificación socio étnica de las migraciones internacionales en diversas regiones del mundo (De Haas, Castles y Miller, 2020; Brettell y Hollifield, 2015). Este aumento ha sido resultado, entre otros procesos estructurales, de las repercusiones socio espaciales, políticas y económicas del capitalismo neoliberal en diversos países del orbe (Robinson y Santos, 2014; Márquez y Delgado, 2011; Delgado, Marquéz y Rodríguez, 2009; Hardwick, 2015), y de las dinámicas de reestructuración productiva y laboral relacionadas a la globalización (Hollifield y Wong, 2015; Castles, 2008, 2003; Sassen, 2007, 2006). En este marco de movilidades de poblaciones humanas transfronterizas, la migración forzada irregularizada1 procedente del norte de Centroamérica (NdC) -conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala- tiene como destino principal Estados Unidos (EE. UU.), con un necesario tránsito a través de territorio mexicano. Sin embargo, recientemente, México también se ha convertido en un destino secundario para estas poblaciones migrantes, aunque en mucho menor medida que EE. UU.2
Estas migraciones son producidas por causas estructurales -económicas, sociopolíticas y medioambientales- (REDODEM, 2017, 2018, 2019; MSF, 2017), tienen una dimensión masiva en términos de población (CONAPO, 2021, 2020, 2019, 2018; ACNUR, 2017) y cuentan con una historia fluctuante a lo largo de las décadas (ITAM, 2014; Rodríguez, 2016; Casillas, 2012). De igual manera, estos movimientos acontecen en diversos espacios y territorios caracterizados por la exclusión y la violencia hacia los migrantes, por parte de diferentes actores e instituciones (Winton, 2018, 2016; MSF, 2017; REDODEM, 2020a, 2019; Missing Migrant Project, 2020, 2019, 2018, 2017; Castillo Ramírez, 2020, 2019; ACNUR, 2014a).
En este contexto, el objetivo de este artículo es mostrar que esta migración ha experimentado diferentes procesos de contención territorial gracias al Programa Frontera Sur (PFS) (2014) y a la aparición de la Guardia Nacional (2019), específicamente en el sur de México -en Chiapas, pero también en Oaxaca, Tabasco y Veracruz-, a partir de la consulta y análisis de fuentes oficiales del gobierno mexicano en los últimos años (2014-2019).3 Se argumenta que estos procesos de contención están relacionados con la presión de los gobiernos estadounidenses recientes de Barack Obama y de Donald Trump, y de la implementación material de las políticas migratorias y fronterizas del gobierno mexicano en dos coyunturas específicas en el contexto de las "caravanas migrantes". También se aborda de manera complementaria lo ocurrido en los años de la pandemia del SARS-COV2 (2020 y 2021). Como se mostrará en este texto, estas medidas se tradujeron en el aumento, diferenciación y selectividad en la distribución de los lugares de los procesos de detención y deportación de migrantes del NdC.4
La justificación de la elección temporal y de las dos iniciativas en política migratoria por abordar -tanto el PFS en 2014 y el despliegue de la Guardia Nacional en 2019 para desarticular las "caravanas"-, tiene que ver con que se tratan de episodios recientes y de drástico cambio. Sin embargo, también es importante destacar su relación con la agenda antiinmigrante de EE. UU. y la presión para que México, en un proceso de externalización de fronteras y de contención territorial (nacional y regional), detuviera la migración -principalmente originaria del NdC e "irregularizada"- hacia suelo estadounidense.
Para conseguir el objetivo propuesto, este artículo se estructura de la siguiente manera: después de la introducción, se abordará el andamiaje conceptual que permite pensar la relación entre frontera y migración. Posteriormente, se delineará la estrategia metodológica empleada en la búsqueda de datos oficiales relativos a los procesos de contención territorial. Siguiendo lo anterior, se dará cuenta de la historia y rasgos de la migración de la región norte de Centroamérica; se elaboró una revisión sobre la literatura especializada al respecto y un ejercicio de caracterización de dicha migración. Sobre esta base, el trabajo trata de manera detallada dos coyunturas específicas de las políticas migratorias recientes: 1) el PFS y el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur y 2) lo acontecido en los años de la pandemia del SARS-COV2. El artículo cierra con una serie de reflexiones sobre las complejas y mutuas relaciones determinantes entre migración, producción de fronteras y contención.
Cabe señalar que uno de los aportes del presente trabajo es mostrar que, como resultado de los complejos e históricos procesos de producción política y socio jurídica de fronteras en el marco del Estado nacional y de las asimétricas relaciones geopolíticas entre México y EE. UU., la contención territorial de migrantes se concentró espacialmente en el sur de México. Lo anterior ocurrió particularmente en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Una agenda pendiente del presente artículo es explorar la línea de investigación sobre la relación entre procesos de securitización fronteriza y de endurecimiento de políticas migratorias (con la criminalización de los extranjeros en situación irregular) y su vinculación con dinámicas de incremento de exclusión, transgresiones de derechos humanos y violencia hacia migrantes.
Finalmente, este trabajo es un aporte a la literatura de estudios migratorios y fronterizos, particularmente desde perspectivas y abordajes territoriales de la contención migratoria. Si bien hay diversos trabajos sobre las relaciones entre migraciones y fronteras (Rodríguez, 2016; García y Villafuerte, 2014; Villafuerte y García, 2008; Castillo, 2005, 2000; Casillas, 2012, 2011, 2008), hay pocos estudios con perspectivas de corte espacial y centrados en dichas dinámicas de apropiación sociopolítica del espacio. Sin negar la relevancia de otro tipo de estudios desde la economía, la demografía, la sociología y las ciencias políticas, es necesario fortalecer las líneas de trabajo desde abordajes territoriales y espaciales sobre este tipo de temas.
Andamiaje conceptual, entre migraciones, fronteras y territorios
El aparato conceptual de este artículo remite a las diferentes relaciones de mutuo impacto y determinación entre las migraciones y las construcciones (cambiantes) de fronteras, en el marco de territorios nacionales acotados. Las migraciones, en tanto procesos de movilidad de grupos humanos a través de diversas fronteras internacionales en diferentes regiones del orbe y que implican dinámicas de relocalización residencial (Gregory, Johnston, Pratt, Watts y Whatmore, 2009), tienen múltiples detonantes y contextos de expulsión (Brettell y Hollifield, 2015). Particularmente para el caso de las migraciones del NdC, tanto por su tipo de causas, como por las características que la distinguen (histórica, forzada, masiva, etc.), puede ser analizada desde tres propuestas teóricas críticas sobre la migración.
La primera de ellas es la migración /orzada, desde el marco de las ciencias políticas y la sociología (Gzesh, 2008; Castles, 2008). De acuerdo con estos planteamientos, habría que pensar las migraciones del NdC como procesos de personas desplazados de su lugar de origen más allá de su voluntad y por contextos fuera de su control (como la pobreza, la falta de empleo, la violencia, etc.). Estas migraciones están caracterizadas por generalizadas dinámicas de ausencia de derechos humanos e invisibilidad sociopolítica y jurídica (Gzesh, 2008). En estos escenarios, la movilidad se ve ligada a la exposición a riesgos y agresiones, así como a la(s) violencia(s) diferenciada(s) y encadenada(s) desde el sitio de origen, a través del tránsito y hasta el lugar de destino (Castles, 2008). De manera que, por la carencia de documentación migratoria de las personas en movilidad y los elaborados requisitos político administrativos de los países de tránsito y destino, estas migraciones forzadas generan procesos de "irregularización" de los migrantes.5 Frecuentemente, estas migraciones se enmarcan en contextos de políticas de "securitización fronteriza", y en clara distancia del interés de la seguridad y los derechos humanos de los migrantes.
La otra vertiente teórica pertinente es la economía política de la migración (Castles, 2008; Márquez y Delgado, 2010; Delgado, Márquez y Rodríguez, 2009). Este abordaje es relevante, no sólo porque permite pensar el complejo e histórico vínculo de las migraciones y el desarrollo, sino también porque aborda explícitamente el carácter multiescalar de las causas histórico estructurales de las migraciones (Delgado, Márquez y Rodríguez, 2009). Desde esta vertiente, y en el marco de la asimetría política entre países y la desigualdad en los niveles de desarrollo (y la "diferencia salarial), indaga, tanto los contextos de expulsión en los países de origen, como la fuerte demanda de fuerza laboral en los lugares de destino (Márquez y Delgado, 2010). Esto acontece dentro de las dinámicas de la expansión del capitalismo neoliberal, particularmente con la integración económica regional, así como en el entramado de las tendencias hacia la internacionalización del mercado laboral y el abaratamiento de los procesos productivos.
Aunado a las dos perspectivas previas, la propuesta de la autonomía de las migraciones permite pensar las relaciones entre (las producciones de) fronteras y los grupos de migrantes (De Genova, 2017; Mezzadra, 2012). Por una parte, recupera el punto de vista de los migrantes, desde la consideración de la agencia social y política, y no sólo desde el cálculo económico (rational choice), postulado por la nueva economía de la migración (Mezzadra, 2012). Además, desde la autonomía de las migraciones, las "fronteras" son concebidas, no como muros fijos y dados por sí mismos, sino como producciones histórico-políticas, que fungen también como dispositivos que determinan e impactan las migraciones (De Genova, 2017).6 Asimismo, la "irregularidad" de los migrantes es también vista, no como un hecho en sí, sino también como una producción jurídico-política de los migrantes como "transgresores de la ley", y de acuerdo con ciertos fines e ideologías (nativistas).
Retomando el tema de las fronteras como eje fundamental para pensar los procesos de contención territorial, un abordaje más clásico de las fronteras nos remite a concebirlas como formas materiales de límites jurídicos y político administrativos, relacionados con el surgimiento de los Estados nacionales y el orden geopolítico entre países -con el tratado de Westfalia- (Gregory, Johnston, Pratt, Watts y Whatmore, 2009). No obstante, lecturas más contemporáneas señalan que las fronteras son algo más que sólo líneas y límites fijos y rígidos. Se trata, más bien, de construcciones diacrónicas con diversos órdenes de intervención: políticos, jurídicos, administrativos (De Genova, 2017; Mezzadra, 2012). En este marco, las fronteras son producidas de acuerdo con diversas finalidades e intenciones político ideológicas, y son cambiantes temporalmente y dinámicas en términos espaciales.
Finalmente, el concepto de territorio, vinculado a la categoría de frontera, es una categoría abordada por diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades, desde la antropología y la sociología, hasta la geografía humana (Gregory, Johnston, Pratt, Watts y Whatmore, 2009; Ramírez y López, 2015). Hay diversos ejercicios de definición de ese concepto: el cultural, el económico y el político. Una de las concepciones de territorio de corte político más frecuente es la que hace referencia a un espacio -o conjunto de espacios- que es organizado, utilizado y controlado por una institución (el Estado) y/o por ciertos grupos (Gregory, Johnston, Pratt, Watts y Whatmore, 2009: 746); lo anterior con el propósito de administrar, controlar (contener) y negar (restringir) el acceso de determinados colectivos humanos o personas a esos espacios determinados (Gregory, Johnston, Pratt, Watts y Whatmore, 2009: 746).
En este sentido, los procesos de contención territorial, en el marco de variadas relaciones de poder y desde diversas escalas, aluden a dinámicas y estrategias de control de diversa índole (económica, política, social). Estos procesos tienen expresiones materiales, mediante las cuales, ciertas instituciones y actores sociales -como el Estado y/o organizaciones delictivas-, limitan y controlan el acceso de ciertas poblaciones a determinadas demarcaciones. Particularmente, en este caso la contención territorial está relacionada a procesos de endurecimiento/cierre de fronteras, entendidas las fronteras no sólo como límites materiales rígidos, sino como procesos de producción de límites internacionales/geopolíticos que implican diferenciados y selectivos procedimientos de inclusión;7 pero también de exclusión de los migrantes "irregularizados" del NdC. Particularmente en este trabajo las dinámicas de contención migratoria territorial se abordan a través del tratamiento de las detenciones y deportaciones.
Estrategia metodológica y fuentes consultadas
La estrategia metodológica se basó en dos ejes principales. Por una parte, y en relación a la línea de indagación sobre cómo y de qué manera rastrear los procesos de contención migratoria, se revisaron los registro sobre las detenciones y deportaciones de migrantes del NdC, en las bases de datos estadísticas oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación (UPM, 2022, 2021, 2020, 2019, 2016, 2015, 2014). Por otro lado, y con el objetivo de tener una lectura histórico-contextual más amplia y poder contrastar los datos oficiales, se consultaron diversos trabajos de organizaciones de derechos humanos pro migrantes (REDODEM, 2020a, 2019) y de investigaciones especializadas en migración y violencia de carácter cualitativo y cuantitativo.
Respecto a la consulta de base de datos oficiales que pudieran ser útiles, se consultaron los Boletines de Estadísticas Migratorias, elaborados por la UPM; las búsquedas en dichos boletines se centraron en los años de 2013 a 2021. Se consultó el número de detenciones y deportaciones de centroamericanos del NdC. Posteriormente, se puso énfasis en lo acontecido en las entidades de la frontera sur: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. El seguimiento de las detenciones y deportaciones y su distribución espacial a lo largo de México fue una de las formas de abordar los procesos de contención territorial de la migración irregularizada. Con ello, se da cuenta de cómo, a raíz del PFS (2014) y del envío y presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur (2019), se presentaron incrementos y selectividades espaciales del número de migrantes del NdC detenidos y deportados. Además, esto se complementó con información de los anuarios de migración y remesas del CONAPO.
Por otra parte, se llevó a cabo una consulta de informes de migración y derechos humanos; documentos que, mediante diversas evidencias e información de campo, dan cuenta de la articulación entre procesos migratorios de centroamericanos en la frontera sur y de dinámicas de violencia y detención, como los informes anuales de la REDODEM (2012-2019), el trabajo de MSF (2017) y de la MODH (2020). Estos trabajos fueron de utilidad para saber cuáles fueron los principales delitos y agresiones cometidos contra los migrantes, así como la distribución espacial de dichos delitos. Asimismo, permitió ver si se había incrementado la comisión de delitos en el contexto de coyunturas específicas de políticas migratorias (como el PFS y el envío de la Guardia Nacional). Finalmente, también se consultaron estudios e investigaciones sobre coyunturas claves de los últimos años. Particularmente, la implementación del PFS del 2014 y el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur en 2019.
Cabe mencionar que la definición del periodo temporal del presente trabajo estuvo en función de dos acciones oficiales que han marcado la política migratoria de México en la frontera sur en los últimos años. Por un lado, la instauración del PFS en 2014. Por otro lado, el envío de la Guardia Nacional en 2019 para detener a las "caravanas" migrantes. Ambos episodios, están marcados por el drástico cambio que implicaron en términos de políticas migratorias y fronterizas y también por su determinación e imposición en la agenda y la presión de los gobiernos norteamericanos de Obama y Trump sobre México para detener la migración, sobre todo la proveniente NdC con destino a EE. UU. (REDODEM, 2020a, 2015), en el marco de dinámicas de externalización de fronteras y procesos de contención territorial.
La migración del NdC, contexto histórico y características
La migración irregular originaria del NdC -Honduras, El Salvador y Guatemala- tiene un carácter histórico y una dimensión masiva, que involucra a cientos de miles de migrantes (CONAPO, 2019, 2020; REDODEM, 2020a; UPM, 2019, 2018; Rodríguez, Fernández, Luna y Rodríguez, 2016; Rodríguez, 2016; Anguiano y Cruz, 2014). Dicha migración se basa en una selectividad geográfica en términos de su ingreso irregular a México, principalmente por el sur de Chiapas y por Tabasco (UPM, 2019, 2018, 2017).
Como sostienen Durand y Heredia, los antecedentes de esta migración se remontan a las décadas de 1980 y 1990, cuando diferentes grupos huían de la política de Terrorismo de Estado en Guatemala, y en El Salvador durante el periodo de la guerra y los procesos de contrainsurgencia (Heredia y Durand, 2018; Heredia, 2016; Durand, 2008).8 Posteriormente, el arribo y consolidación de las pandillas de la Mara Salvatrucha generaron que decenas de miles huyeran de la violencia (García y Villafuerte, 2014; Castillo, 2005, 2000; Villafuerte y García, 2008). En las décadas mencionadas, Honduras -a diferencia de la actualidad, que es el país que más migrantes expulsa del NdC (UPM, 2020, 2019)-, tenía un papel menor respecto a su participación en esta migración.
Un proceso fundamental para entender la génesis del desplazamiento centroamericano fue el enorme peso en la región que tuvo el intervencionismo político y económico estadounidense. Este país promovió y forzó la implantación de la agenda neoliberal y reformas estructurales a nivel regional, las cuales aumentaron la pobreza y desigualdad. También apoyó clara y contundentemente a los regímenes de Guatemala y la contrainsurgencia en El Salvador.
Posteriormente, para inicios del presente siglo, las causas de esta migración cambiaron y se diversificaron. Desde hace varios años los contextos de expulsión migratoria del NdC están relacionados con procesos económicos (falta de empleos, salarios mal remunerados, incremento de la pobreza, crisis económicas y encarecimiento del costo de vida), de orden político (impunidad, contextos de violencia relacionados al crimen organizado y las pandillas) y medioambiental (el impacto de eventos como huracanes, sequías, entre otros) (REDODEM, 2017, 2018, 2019). En la década de 2010, el volumen demográfico de esta migración había aumentado. Para mediados de dicha década, se llegó a registros de alrededor de medio millón de migrantes del NdC en tránsito por México (ACNUR, 2016, 2017; UPM, 2018, 2019; Martínez, 2015). También se modificó la participación de los países en términos del número de migrantes, últimamente Honduras ha tomado el primer sitio, seguido de Guatemala y El Salvador (UPM, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018).
El perfil migratorio es principalmente de hombres jóvenes -entre 18 y 35 años-, en edad productiva, poca escolaridad y buena parte proveniente del sector primario de la economía, con antecedentes de trabajo manual "no calificado" (CONAPO, 2018, 2016, 2015). En cambio, las mujeres, los niños, los adolescentes y los grupos LGBTI son menos numerosos, pero mucho más vulnerables a la violencia. El principal destino de esta migración es EE. UU. (CONAPO, 2018, 2017; REDODEM, 2020, 2019, 2018), debido a la diferencia salarial y la existencia de redes que permiten la llegada. No obstante, cada vez más México se consolida como el segundo destino en importancia, aunque todavía muy por detrás DE EE. UU. (REDODEM, 2020a, 2019).
Finalmente, esta migración también se ha distinguido por procesos de exclusión, criminalización y violencia hacia los centroamericanos en tránsito irregular por diversos países (REDODEM, 2018, 2017; MSF, 2017; Missing Migrant Project, 2017, 2018; Castillo Ramírez, 2020, 2019). Como lo han documentado diversas organizaciones, la variedad de delitos y crímenes que sufren los migrantes es amplia, y abarca desde el robo y la extorsión (como dos de las más frecuentes), pasando por agresiones, lesiones, secuestro, abuso de autoridad, privación de la libertad, y hasta el abuso y violaciones sexuales y el asesinato (REDODEM, 2020, 2019, 2018; MSF, 2017).
Por otra parte, y de acuerdo con el Missing Migrant Project, centenas de migrantes centroamericanos han perdido la vida en la frontera México-Estados Unidos en los últimos años (Missing Migrant Project, 2018, 2017). El Missing Migrant Project ha tenido un registro regular de las muertes de migrantes en esta frontera desde hace varios años y muestra que hay cientos de centroamericanos que han perdido la vida en su intento por llegar a territorio estadounidense. En el 2014 se registraron a 306 migrantes que perdieron la vida en esa zona, de los cuales 286 eran centroamericanos. Para el 2015, del total de 339 muertes, 283 fueron de centroamericanos. En el 2016 la cifra subió a 353, de los cuales 272 eran de la región de Centroamérica. En 2017, bajó a 330, y los centroamericanos que perdieron la vida fueron 289. Para el 2018 el registro total subió a 421, de los cuales 132 eran de la región centroamericana. Un año después, 2019, el número fue de 423 y 312 fueron centroamericanos (Missing Migrant Project, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015).
De igual manera, las situaciones de exclusión y violencia que sufren los migrantes se han agravado en los últimos años con las políticas antiinmigrantes del gobierno de Trump (REDODEM, 2020a, 2019; MODH, 2020; International Crisis Group, 2018). Desde los países de origen en Centroamérica, están las carencias de derechos sociales -carencia de empleo, ausencia de seguridad respecto a la violencia y exposición a desastres medioambientales- que generan los contextos de salida. En los países de tránsito, como México, están la ausencia del respeto de los derechos humanos, la falta de asistencia (socio jurídica, médica), y el riesgo a la integridad física. Finalmente, aquellos pocos que logran llegar a EE. UU., sufren explotación laboral, salarios incompletos, carencias de seguridad y exclusión social.
Procesos de contención territorial migratoria: el PFS y la Guardia Nacional
Desde finales del siglo pasado, la frontera sur de México (principalmente Chiapas y, en menor medida, Tabasco), ha sido la puerta directa de entrada de la migración irregular originaria del NdC (Anguiano y Villafuerte, 2015; García y Villafuerte, 2014). Sin embargo, con el pasar del tiempo, y especialmente durante la última década, dicha frontera ha pasado de ser parcialmente flexible y "porosa", a convertirse en una de tipo "vertical" cada vez más selectiva y cerrada, especialmente en el contexto de ciertas coyunturas políticas específicas.
De particular importancia para estos procesos ha sido la presión geopolítica estadounidense. El papel e influencia de los gobiernos de Obama y de Trump en la región centroamericana y, particularmente, con ciertas medidas de la política migratoria mexicana contemporánea (como la externalización de las fronteras y el régimen fronterizo regional), es un proceso fundamental para entender la configuración y las dinámicas de exclusión y criminalización que han experimentado los migrantes irregulares del NdC (Robert Strauss Center, 2019; REDODEM, 2020a, 2019; International Crisis Group, 2018).
En este contexto y en un lapso de cinco años, hay dos procesos sociales relacionados a esta migración que han generado coyunturas de endurecimiento, cierre y securitización de fronteras en el sur de México. Por un lado, un primer proceso es la crisis de miles de niños y menores migrante no acompañados en la frontera sur de EE. UU. en 2014 (durante el gobierno de Obama) (ACNUR, 2014a, 2014b); apenas unas semanas después, aconteció en la súbita implementación en México del Programa Frontera Sur (Robert Strauss Center, 2019; Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF, 2016).
Por otra parte, y de manera más reciente, el segundo proceso es a partir de octubre de 2018 y durante el 2019, cuando se dieron las dinámicas de migración colectiva de grandes contingentes de migrantes (de cientos y miles), que se denominaron las "caravanas migrantes" (París y Díaz, 2020). Estas nuevas formas de llevar a cabo la migración por parte principalmente de los centroamericanos del NdC, mostró cierta agencia y capacidad organizativa, para desplegar estrategias de protección y visibilidad (REDODEM, 2020). Frente a esta situación, y derivado de la presión y amenazas del gobierno DE EE. UU. de ejercer represalias económicas (París y Díaz, 2020), el gobierno de México envió miles de efectivos de la recientemente creada Guardia Nacional para contener estas nuevas formas de migración (REDODEM, 2020). En este contexto, la frontera sur del país se configuró como un territorio de contención de las poblaciones migrantes del NdC, caracterizado por dinámicas de criminalización, violencia y exclusión) (MODH, 2020). A continuación, abordaremos ambos procesos.
El PFS, contención territorial derivada de la crisis de los menores no acompañados
En el contexto del incremento de la migración irregularizada del NdC en tránsito por México y con destino a EE. UU. desde inicios de la década de 2010 (UPM, 2013, 2014; ACNUR 2014a), el PFS se instauró de manera súbita en el verano de 2014 (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016). Dicho programa fue resultado de la presión del gobierno estadounidense de Obama por la situación de decenas de miles de niñas, niños y menores de edad (acompañados y sobre todo no acompañados) del NdC, que salieron por diversos causas (reunificación familiar, motivos económicos y violencia e inseguridad) (ACNUR, 2014a), y llegaron a la frontera sur de EE. UU. (ACNUR, 2014b). Sólo entre octubre de 2013 y julio de 2014 se registró un estimado de 48 mil menores en la frontera México-Estados Unidos (ACNUR, 2014a). Esto representó un aumento significativo de este grupo sociodemográfico respecto de años previos (ACNUR, 2014b).
Por su parte, un documento del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte (Colef) (2016) apunta que, a partir de 2011 y de acuerdo con los datos generados por el U.S. Custom and Border Protection, hubo un incremento en el número de menores no acompañados detenidos por la Border Patrol. De este modo, de 15 701 menores no acompañados detenidos por la Border Patrol en 2011, se pasó a 24 120 en 2012 (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016). Después subió a 38 043 en 2013, y para 2014 se llegó a un registro sin precedentes de 67 339 (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016).
En este contexto, el 7 de julio de 2014 el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció oficialmente la creación del PFS y su implementación se inició poco después. A este programa se le asignaron 102 millones de pesos (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016) y tenía dos objetivos primordiales. 1) La protección de migrantes "irregularizados" (principalmente del NdC) que entraran a México por su frontera sur. 2) "Gestionar" la migración, con la "justificación" de la seguridad y la prosperidad en los estados fronterizos del país (Robert Strauss Center, 2019; Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016). No obstante, en los hechos y de acuerdo con las exigencias de la agenda (anti)migratoria de EE. UU., el PFS buscaba de facto contener territorialmente la migración irregular en tránsito por México, principalmente la procedente del NdC.
La aplicación de dicho programa consistió, además de una serie de decretos y de la formación de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur -cuyo cometido discursivamente era lograr un espacio de estabilidad y gobernabilidad en la frontera sur- (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016), en una serie de medidas y acciones en la frontera sur (sobre todo y principalmente en Chiapas, y en mucho menor medida en Tabasco, Veracruz y Oaxaca), que tuvieron diversas expresiones materiales. Se fortalecieron los doce cruces fronterizos existentes (Robert Strauss Center, 2019: 18-19). Además, los puntos de inspección aduanales vigentes también empezaron a fungir como nodos con funciones de control y supervisión migratoria (Robert Strauss Center, 2019: 18-21). Asimismo, se desplegaron más de cien puntos móviles de inspección y control migratorio, lo que significó más operativos y un incremento del personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) (de 561 agentes en el año 2013, se pasó a 594 para 2014 y a 602 en los años 2015 y 2016) (Robert Strauss Center, 2019: 20).
Considerando la conformación geográfica e histórica de la frontera sur, el PFS funcionó de facto mediante un proceso de selectividad geográfica en la aplicación de las medidas migratorias de contención, lo cual hizo de Chiapas, particularmente de sus municipios fronterizos con Guatemala,9 la entidad federativa prioritaria de dicho programa. La estrategia de control territorial se basó en dinámicas simultáneas y vinculadas. Por un lado, reforzar la vigilancia y la gestión de la frontera mediante nodos ya establecidos, así como la polifuncionalidad de otros sitios ya constituidos. De este modo, se reforzaron puntos fijos y estratégicos de control, como fue el caso de los cruces fronterizos ya establecidos. Además, con miras a incrementar espacialmente su capacidad de control, los puntos de inspección aduanales ya existentes y funcionales adquirieron nuevas actividades de vigilancia y supervisión migratoria.
Por otra parte, se desplegaron acciones de carácter más flexibles y dinámicas para incrementar la capacidad de control migratorio de las autoridades mexicanas y del INAMI. Se llevaron a cabo diversos operativos que estaban basados en la instalación de nodos móviles, y que eran definidos y reconfigurados con relación al diagnóstico de las rutas existentes de los migrantes irregulares, principalmente los procedentes del NdC. Esto implicó que las acciones de contención de la población migrante también se basaron en una lógica territorial dinámica y en varias escalas: local, con los puntos fronterizos y los operativos; municipal, en relación con los municipios fronterizos claves que tenían límites con Guatemala; y de entidad federativa, con Chiapas como estado clave del PFS.
En lo referente a los impactos del Programa, los resultados fueron evidentes y notorios a corto plazo. En el primer año del programa, de julio de 2014 a junio de 2015, se incrementaron las deportaciones y casi se duplicó el número de detenciones, llegando a un registro sin precedentes de 93 613 personas (UPM, 2015, 2014). Este registro fue equivalente a 99 % de las detenciones de los dos años previos (de julio de 2012 a junio de 2013 fueron 47 868 y de julio de 2013 a junio de 2014 el registro fue de 46 969) (ver Cuadro 1) (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016: 3). De modo que, en los seis primeros meses de la instalación y funcionamiento de PFS, se detuvo prácticamente al mismo número de migrantes que el año anterior a dicho programa.
Cuadro 1 Migrantes del NdC detenidos y deportaciones durante el PFS
| Año | Detenidos | Deportados |
|---|---|---|
| 2013 | 79 908 | 77 896 |
| 2014 | 118 440 | 104 269 |
| 2015 | 177 949 | 176 726 |
| 2016 | 151 429 | 150 919 |
Fuente: elaboración propia con base en UPM (2014, 2015, 2016, 2017).
La información del Boletín Anual de Estadísticas Migratorias de la UPM marca una tendencia similar a lo descrito previamente (UPM, 2015, 2014, 2013). En 2014, y especialmente en 2015 -año en que se notaron con más claridad los efectos del Programa-, se observó un importante incremento y concentración territorial de las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos, y particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador (UPM, 2016, 2015, 2014).10
Las razones del incremento de las detenciones con la instalación del PFS muy probablemente se debieron a que, con el aumento de personal y el incremento de los puntos de vigilancia y control (los de carácter fijo y sobre todo los de tipo móvil), los migrantes en situación irregular estuvieron mucho más expuestos al contacto con autoridades (Robert Strauss Center, 2019). Pero también, junto con estas medidas de política migratoria, se incrementó el número de crímenes cometidos contra los migrantes por parte de grupos del crimen, bandas delictivas, y diversas autoridades e individuos (REDODEM, 2015, 2016). Se observó igualmente una reducción de 58.5 % de las niñas, niños y adolescentes no acompañados que llegaron a la frontera sur de EE. UU. durante los primeros doce meses del PFS (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016: 3). Con la implementación de dicho programa el registro de menores no acompañados detenidos por la Border Patroll descendió de manera sustantiva (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016: 3). De 67 339 en el 2014, bajó a 39 399 para el 2015 y a 20 164 en el 2016 (Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colef, 2016: 3).
En su tránsito por México, y particularmente en la frontera sur, la concentración de estos procesos de detenciones y deportaciones, así como de crímenes contra los migrantes, se dio sobre todo en Chiapas, y en menor medida, en Tabasco, Veracruz y Oaxaca (UPM, 2015 y 2016; REDODEM, 2015, 2016). El Programa Frontera Sur -en el contexto de la presión de EE. UU. y su agenda política antiinmigrante- fue parte de los procesos de externalización de las fronteras y del régimen fronterizo regional (Estados Unidos/México/Norte de Centroamérica), además de un incremento de la violencia contra migrantes, así como de dinámicas de "criminalización" (de parte del Estado) y aumento de los delitos contra ellos por parte del crimen organizado, pandillas particulares y ciertas fuerzas estatales de seguridad (REDODEM, 2015, 2016).
Contención migratoria, caravanas migrantes y el envío de la Guardia Nacional
El otro proceso de contención territorial es más reciente y remite al envío de la Guardia Nacional a mediados de 2019 para detener las "caravanas migrantes" del NdC. En el contexto de la amplia diversidad de los grupos migrantes en la frontera sur de México (con personas procedentes de Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, China, Nigeria o Brasil), y con una clara preponderancia en los volúmenes demográficos del NdC, las caravanas migrantes -que habían iniciado un año antes, en octubre de 2018- implementaron acciones colectivas como caminar juntos, acompañándose y viendo unos por otros (París y Díaz, 2020).11
Las caravanas, en contingentes de diversos tamaños -algunas llegaron a tener hasta cerca de 7 000 migrantes-, tenían el cometido de remontar, en cierta medida, las adversidades, dificultades y violencias en su tránsito por México y otros países del NdC (REDODEM, 2020), en su intento de llegar a la frontera de México con EE. UU. y solicitar asilo en este último (París y Díaz, 2020). Las caravanas fueron una expresión de los grupos migrantes para ejercer su capacidad organizativa, así como para llevar a cabo estrategias de protección y visibilidad; los perfiles de los migrantes se diversificaron y estuvieron mucho más presentes familias, mujeres, adolescentes y niños (REDODEM, 2020; MODH, 2020). Desde octubre de 2018 y hasta mediados de 2019, las caravanas se multiplicaron y transitaron, mediante diversas rutas, por diversas entidades federativas del país para llegar a la frontera norte de México (París y Díaz, 2020). En múltiples ocasiones, dichas caravanas fueron convocadas a través de redes sociales y partían generalmente de Honduras, particularmente de la ciudad de San Pedro Sula (París y Montes, 2020). Es cierto que hubo diferentes noticias respecto a si éstas eran convocadas y/o financiadas por actores externos en coyunturas políticas específicas y con diversos intereses. Sin embargo, lo que sí se ha documentado es que varios de los grupos de migrantes que las componían migraban debido a la producción de contextos de expulsión relacionados fuertemente con causas económicas (pobreza, falta de empleos, salarios insuficientes), entornos de violencia e impactos medioambientales (REDODEM, 2022, 2020a; París y Díaz, 2020).
No obstante, si ya había diversos indicios de un cambio en la política migratoria, en junio de 2019 y derivado de la clara presión económica del gobierno de EE. UU., hubo un cambio drástico en el manejo del gobierno mexicano de su frontera sur y tuvo que ver con este contexto geopolítico específico. A inicios de junio, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó a México con imponer un incremento de 5 % de impuestos a las importaciones mexicanas. Esto ocurriría si el gobierno del país no lograba frenar la migración irregular hacia EE. UU., sobre todo la proveniente del NdC (REDODEM, 2020). Lo anterior se producía en el marco de la política migratoria antiinmigrante que el gobierno estadounidense promovía abiertamente y que, en el caso de México y algunos países del NdC. De igual manera, esta medida se pretendía extender territorialmente hacia al sur, para que los países de origen y tránsito de estas masivas migraciones con destino a EE. UU. tomarán medidas similares y detuvieran las poblaciones en movimiento a cualquier costo (París y Díaz, 2020; REDODEM, 2020).
Dicha presión económica sobre México tuvo un efecto importante, inmediato y coyuntural. El gobierno se comprometió a frenar la migración y decidió enviar en junio alrededor de 6 000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur mexicana (principalmente a Chiapas), e implementar diversos operativos de puntos de control y vigilancia migratoria, para contener y desarticular las caravanas (REDODEM, 2020; MODH, 2020). Asimismo, y de la mano de la medida previa, se dio un cambio en la dirección del INAMI. Tras la renuncia de Tonatiuh Guillén a dicho instituto, Francisco Garduño entró para hacerse cargo. De parte de las autoridades del gobierno mexicano, y ya con la presencia de la Guardia Nacional, se implementaron procesos de control territorial caracterizado por reforzar puntos fijos/estratégicos de supervisión y vigilancia, preponderantemente los cruces fronterizos. Otras medidas fueron el control de vías de comunicación clave (carreteras principales y de relativa importancia, que era por donde transitaban las caravanas).
En semejanza con el PFS, en el caso del control de las caravanas a través del envío de la Guardia Nacional, hubo una dimensión territorial de contención migratoria en diferentes escalas. Unas de carácter local, como en los puntos y cruces fronterizos, otras a nivel municipal, como el caso de los municipios fronterizos antes mencionados y, finalmente, a nivel de entidad federativa -con Chiapas a la cabeza de dichas iniciativas- en un contexto general de la frontera sur del país. Esto produjo cambios drásticos en los registros de detenciones y deportaciones en los años 2018 y particularmente en el 2019, especialmente en lo referente a entidades del sur de México (ver cuadros 2, 3 y 4). Este tipo de medidas, no sólo no disminuyeron la violencia hacia migrantes, sino que además incrementaron la "criminalización" de los migrantes por parte del Estado y la ejecución de delitos contra ellos, por parte del crimen organizado, grupos de particulares y ciertas fuerzas de seguridad del Estado (REDODEM, 2020; MODH, 2020).
Cuadro 2 Migrantes del NdC detenidos y deportados, 2018-2019
| Año | Detenidos | Deportados |
|---|---|---|
| 2018 | 115 008 | 110 917 |
| 2019 | 152 138 | 142 958 |
Cuadro 3 Migrantes del NdC detenidos en el sur de México, 2018-2019
| Año | Chiapas | Oaxaca | Tabasco | Veracruz |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 45 594 | 7 090 | 12 978 | 12 789 |
| 2019 | 58 346 | 7 628 | 15 699 | 21 045 |
Cuadro 4 Migrantes del NdC deportados en el sur de México, 2018-2019
| Año | Chiapas | Oaxaca | Tabasco | Veracruz |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 48 405 | 5 702 | 11 825 | 15 905 |
| 2019 | 55 585 | 5 642 | 13 850 | 30 681 |
Los efectos de estos procesos de contención territorial de la migración en la frontera sur se mostraron en el claro incremento de un año (2018) a otro (2019) de los registros de detenciones y deportaciones de poblaciones en tránsito del NdC por México en situación migratoria irregular (UPM, 2020 y 2019) (ver cuadros 3 y 4). De 115 008 detenciones de migrantes del NdC registradas a nivel nacional en 2018 (UPM, 2019), hubo un alza muy acentuada a 152 138 para el año 2019 (ver Cuadro 3) (UPM, 2020). En las deportaciones se observó una tendencia similar: de 110 917 en el año 2018 (UPM, 2019), subió de manera drástica a 142 958 para 2019 (ver Cuadro 4) (UPM, 2020).
En una clara similitud con lo acontecido con la implementación del PFS en 2014, más de la mitad de todas las detenciones y deportaciones a nivel nacional del 2018 y 2019 se concentraron en tan sólo cuatro entidades federativas: Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En relación al conjunto de los registros de migrantes del NdC del grupo de las entidades federativas del sur (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz), durante el 2018 se llegó a las cifras de 78 451 detenciones (68.2 % del total del acumulado nacional), y 81 837 deportaciones (73.7 % del total nacional) (ver cuadros 2, 3 y 4) (UPM, 2019). Durante el 2019, el escenario fue similar, presentando 102 718 detenciones (67.5 % del total del acumulado nacional), y 105 758 deportaciones (73.7 % del total nacional) (UPM, 2020). Dentro de este contexto del sur del país, Chiapas tuvo un papel muy preponderante. Para 2018, Chiapas acumuló 39.6 % de las detenciones y 43.6 % deportaciones del total nacional de los migrantes irregularizados provenientes del NdC (UPM, 2019 y 2018). En 2019, se tuvo 38.3 % de todas las detenciones hechas en el país, y 38.8 % del total de las deportaciones. También, y para los años 2018 y 2019, esta entidad federativa sureña y fronteriza tuvo más detenciones y deportaciones que el conjunto de registros que tuvieron Oaxaca, Tabasco y Veracruz (ver cuadros 2 y 3) (UPM, 2020 y 2019).12 Como se puede observar de lo descrito previamente, el sur de México es el gran acumulador detenciones, y una región clave en las estrategias estales de control y contención migratoria.
Respecto a las agresiones y delitos hacia migrantes por entidad federativa, redes de organizaciones pro migrantes y de derechos humanos (como la REDODEM) mostraron también una clara selectividad geográfica y una drástica concentración territorial en el sur del país (REDODEM, 2020a, 2019). En este contexto, la tipología del delito en los últimos años fue variada (REDODEM, 2020a, 2019). Desde el robo y la extorsión como las más frecuentes, después vinieron lesiones, secuestro, abuso de autoridad, pero también hubo abusos y violaciones sexuales y homicidios (REDODEM, 2020a, 2019). Para 2018 y 2019, la gran mayoría de los crímenes se cometieron en primer lugar en Chiapas, luego en Veracruz y después en Oaxaca (REDODEM, 2020a, 2019).
La migración en el contexto de la pandemia de la Covid-19, reflexiones provisionales
Durante la pandemia del SARS-COV2 (2020 y 2021) también se presentaron cambios sustantivos en los procesos de detenciones y deportaciones de migrantes del NdC. En el primer año de la contingencia sanitaria global hubo un notorio descenso respecto al 2019, llegando a los registros de 75 399 detenciones y 57 919 deportaciones (ver Cuadro 5) (UPM, 2021). No obstante, en el segundo año de la pandemia, hubo un repunte sin precedentes de las migraciones irregularizadas, y se llegó a los registros históricos de 232 506 detenciones y 108 212 deportaciones (ver Cuadro 5) (UPM, 2022).
Cuadro 5 Migrantes del NdC detenidos y deportados durante la pandemia del SARS-COV2 (2020-2021)
| País | Detenciones 2020 | Deportaciones 2020 | Detenciones 2021 | Deportaciones 2021 |
|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 8 179 | 4 450 | 24 514 | 5 804 |
| Guatemala | 31 479 | 26 149 | 80 767 | 45 787 |
| Honduras | 35 741 | 27 320 | 127 225 | 56 621 |
| Total del NdC | 75 399 | 57 919 | 232 506 | 108 212 |
Ahora bien, las cifras de migrantes del NdC del grupo de las entidades federativas del sur (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz) durante el primer año de la Covid-19 fue de 43 205 detenciones (lo que implicó 57.3 % del acumulado nacional total), y de 29 816 deportaciones (que representó 51.4 % del total nacional) (ver cuadros 5, 6 y 7) (UPM, 2020). Posteriormente, en el segundo año de la emergencia sanitaria, hubo un incremento sustantivo de las migraciones del NdC, y también de las detenciones y deportaciones. Los registros fueron de 71 574 detenciones (lo que representó 30.7 % del conjunto completo del acumulado nacional), y 64 779 deportaciones (que fue 59.8 % del total nacional) (ver cuadros 5, 6 y 7) (UPM, 2022). De esto modo, el sur del país fue para estos años el gran concentrador de detenciones y deportaciones, y fue una región primordial en las acciones y medidas de control y contención migratorias estatales.
Cuadro 6 Migrantes del NdC detenidos en el sur de México, 2020-2021
| Año | Chiapas | Oaxaca | Tabasco | Veracruz |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30 132 | 2 479 | 5 993 | 4 601 |
| 2021 | 41 293 | 5 267 | 15 694 | 9 293 |
Cuadro 7 Migrantes del NdC deportados en el sur de México durante 2020 y 2021
| Año | Chiapas | Oaxaca | Tabasco | Veracruz |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 432 | 1 767 | 4 543 | 3 074 |
| 2021 | 31 074 | 3 716 | 18 948 | 11 041 |
La situación de los migrantes originarios del NdC a raíz de la Covid-19, no mejoró (REDODEM, 2022, 2020b). En México pero también a nivel regional de Norteamérica y Centroamérica se dieron procesos de cierre y securitización de fronteras, con el argumento de la emergencia sanitaria. Particularmente el gobierno de EE. UU. tuvo un uso político de la pandemia para promover y difundir su agenda anti inmigrante y de contención de movilidades humanas forzadas, irregulares y transfronterizas; no sólo en el marco de su territorio nacional, sino también de México y Centroamérica. En el área mexicana se vieron dinámicas de desocupación de estaciones migratorias y deportaciones súbitas (como también acontecieron en EE. UU.) durante el primer año de la Covid-19 (MODH, 2020). En este contexto, la violencia y "criminalización" hacia los migrantes (de parte del Estado) y de la comisión de delitos contra ellos (realizada por el crimen organizado, particulares, Estado) sigue presente (MODH, 2020; REDODEM, 2022, 2020d, 2020c). De igual manera, tanto el cierre de fronteras (en Centroamérica, México y EE. UU.), así como el contexto del SARS-COV2 , produjeron durante 2020 una disminución en el volumen demográfico de los flujos migratorios. No obstante, en 2021 hubo un drástico y exponencial crecimiento de las migraciones irregularizadas del NdC.
Por otra parte, como lo han registrado organizaciones y colectivos de derechos humanos pro migrantes (como la REDODEM), y en el contexto de los adversos efectos del Migrant Protection Protocols (MPP) impuesto por el gobierno de EE. UU. en 2019, miles de migrantes de las caravanas se encontraron varados en México, sobre todo en la frontera norte. El MPP del gobierno estadounidense no sólo fue un proceso de extraterritorialización hacia México de la petición de derecho de asilo, sino que, además, significó de facto una clara y muy drástica reducción de este proceso para los migrantes que querían tramitarlo y residir en EE. UU. (París y Díaz, 2020). Mientras intentaban y esperaban presentar su caso, estos migrantes afectados por el MPP se encontraban en situaciones de mayor precariedad material (sin acceso a servicios de agua, educación, vivienda en buenas condiciones), en una suerte de "campos" y con muy pocas posibilidades de conseguir trabajos temporales por el contexto de la pandemia (París y Díaz, 2020; REDODEM, 2020a). Los migrantes se encontraban atrapados en las fronteras, y con una gran desprotección y exposición a más riesgos (París y Díaz, 2020).
En lo que respecta a las redes de apoyo, las casas y albergues para migrantes, se encontraron rebasados y sin apoyo suficiente para enfrentar la Covid-19 (REDODEM, 2022 2020d, 2020c, 2020b). Como ha señalado la REDODEM, buena parte de ellos tenían poca infraestructura para poder llevar a cabo las medidas y protocolos sanitarios y de aislamiento social requeridos por la pandemia. Esto propició una estrategia de atención a puertas cerradas y una clara dificultad de ingreso de nuevos migrantes. Además, experimentaron precarización de sus fuentes de financiamiento, y se redujo su capacidad para proporcionar actividades ocupacionales/laborales. No obstante, la labor de apoyo y solidaridad con los migrantes, aunque mermada, continuó de parte de dichas instituciones y albergues (REDODEM, 2022, 2020d, 2020c, 2020b).
Conclusiones: la securitización de fronteras como contención territorial
Este trabajo, en el marco de hechos y coyunturas específicas de la política migratoria mexicana reciente, abordó las complejas relaciones entre las migraciones irregulares del norte de Centroamérica (NdC), la producción de fronteras y el Estado nación mexicano. En este sentido, plantea reflexiones en tres ejes: 1) la contención migratoria (a través de acciones estatales concretas como las detenciones y deportaciones), 2) la relación entre política (migratoria) y migraciones irregularizadas, y 3) la literatura sobre migración y fronteras.
Procesos de contención migratoria
Una de las propuestas de contribución a la literatura sobre migraciones de parte de este artículo fue mostrar que, derivada de las múltiples y diacrónicas dinámicas de construcción política y socio jurídica de las fronteras en el contexto del Estado nacional y sus estructuralmente desiguales relaciones geopolíticas entre México y Estados Unidos (EE. UU.), la contención territorial de las migraciones del NdC (los procesos de detención y deportación) se concentró espacialmente en el sur del país, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz (UPM, 2020, 2019, 2018, 2015 y 2014). Como se pudo observar, este grupo de cuatro entidades acumularon más de la mitad de todas las detenciones y deportaciones durante varios años. La frontera sur de México se volvió claramente un espacio de contención de las migraciones del NdC. De esto modo, los flujos migratorios y las detenciones de los migrantes irregularizados no se expresó homogénea y generalizadamente en todos lados. Por el contrario, esto acontece de manera selectiva, diferenciada y específica. Por ejemplo, como se mostró, la frontera sur, y en especial Chiapas, son puntos de alta intensidad y de gran número de casos de migrantes del NdC en tránsito, pero también de detenciones y deportaciones de los mismos. De esta forma, se presentó una selectividad territorial y temporal en los procesos de contención migratoria, lo que permitió entender la condición específica y particular de la producción de la contención de las migraciones del NdC en la frontera sur de México.
En este contexto, las fronteras del sur de México se han convertido desde hace años en circunscripciones de violencia y exclusión, donde acontece el incumplimiento de los derechos humanos (MODH, 2020; REDODEM, 2020a, 2019; International Crisis Group, 2018; MSF, 2017). Lo anterior se derivó de la falta de protección y de las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes. Con estos hallazgos, se reitera la idea de que es fundamental contextualizar e historizar las migraciones y las fronteras, lo que permite ver las migraciones, y sobre todo las fronteras, como complejas producciones/constructos de carácter histórico y sociopolítico, y con un marcado carácter diferenciado y de fuerte selectividad territorial.
Migraciones irregularizadas y políticas migratorias
Dentro de la gama de estudios sobre migración, frontera y violencia (París y Díaz, 2020; París y Montes, 2020; Winton, 2018; García y Villafuerte, 2014), este trabajo apunta a la probabilidad de que también se presenten procesos de aumento de violaciones de derechos humanos, agresiones y crímenes contra los migrantes, en el momento en que acontecen dinámicas de securitización de fronteras y de endurecimiento de políticas y acciones de control migratorio -derivadas de la coacción económica/política estadounidense y que apuntalan a la criminalización de extranjeros en condición irregular migratoria- conforme a lo señalado por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos (REDODEM, 2020a, 2019; MSF, 2017). El presente artículo mostró una forma contextual de pensar las relaciones entre migraciones, fronteras y violencias-exclusión, en el caso de la frontera sur de México y relacionado a la migración irregularizada del NdC. En el marco de la presión del gobierno de EE. UU. para imponer sus intereses antiinmigrantes, la frontera sur de México se ha vuelto un territorio de contención migratoria. Se produjeron hallazgos en la relación entre el cierre y securitización de fronteras y el incremento de la violencia y la precarización de los migrantes en sus movilidades transfronterizas.
El análisis de los cambios y permanencias de la producción de acciones de control migratorio mostró que los procesos de securitización fronteriza, de contención de población y criminalización de los migrantes no fueron compatibles con acciones cuyos ejes sean "la dignidad humana y de los derechos humanos". Para que la línea a seguir de una política migratoria sea tal dignidad y la consecuente seguridad, es imprescindible reconocer las causas estructurales de la migración y los procesos de exclusión/violencia sobre los que se basan, lo cual posibilitará concebir a los migrantes como sujetos sociales e individuos merecedores del respeto irrestricto de sus derechos. Finalmente, identificar la necesidad de perspectivas integrales multiescalares (local, estatal, nacional y regional), que identifiquen el contexto geopolítico regional de Centro y Norteamérica. En los últimos años, los procesos de contención territorial y externalización de fronteras no han sido exclusivos de México, también se han visto en EE. UU. y en algunos países de la región de Centroamérica (como el caso de Guatemala con la desarticulación de la caravana migrante hondureña de octubre de 2020 en el contexto de la contingencia sanitaria de la Covid-19).
Literatura sobre migración irregularizada, fronteras y contención migratoria
Trabajos como el presente, pueden contribuir a la compresión de la producción de fronteras y políticas de control migratorio no sólo desde los intereses nacionales -de "supuesta seguridad nacional"- de un determinado país (en este caso, México). Sino que, en el contexto de relaciones tan asimétricas de poder político y económico entre un grupo de países determinados, es necesario tener enfoques más amplios e integrales de carácter regional que permitan dimensionar el peso y la presión de EE. UU. sobre México, y en particular sobre la definición de las políticas mexicanas migratorias y fronterizas, en especial desde perspectivas y aproximaciones territoriales en México y Latinoamérica. Es cierto que hay estudios e investigaciones que, desde la economía, la sociología, la historia y la demografía han abordado las vinculaciones entre migración y frontera (Rodríguez, 2016; García y Villafuerte, 2014; Villafuerte y García, 2008; Castillo, 2005, 2000; Casillas, 2012, 2011, 2008). Pero no son muy abundantes las investigaciones realizadas desde la mirada del territorio (Winton, 2018, 2016). En este sentido, lo que aquí se presenta puede ser un aporte en dicha dirección, y contribuye con ese rubro que ha sido poco abordado desde la producción académica. Un tema pendiente para otros espacios académicos es el análisis más detallado de la relación de las dinámicas de contención migratoria y los procesos de aumento de la exclusión y la violencia hacia los migrantes del NdC en tránsito por México.
Para finalizar, cabe señalar que el presente trabajo demostró que, como resultado de los complejos e históricos procesos de producción política y sociojurídica de fronteras en el marco del Estado nacional y de las asimétricas relaciones geopolíticas entre México y EE. UU., la contención territorial de migrantes se concentró espacialmente en el sur de México. Lo anterior ocurrió particularmente en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Este trabajo es un aporte a la literatura de estudios migratorios y fronterizos, particularmente desde perspectivas y abordajes territoriales de la contención migratoria. Si bien hay diversos trabajos sobre las relaciones entre migraciones y fronteras (Rodríguez, 2016; García y Villafuerte, 2014; Villafuerte y García, 2008; Castillo, 2005, 2000; Casillas, 2012, 2011, 2008), hay pocos estudios con perspectivas de corte espacial y centrados en dichas dinámicas de apropiación sociopolítica del espacio. Sin negar la relevancia de otro tipo de estudios desde la economía, la demografía, la sociología y las ciencias políticas, es necesario fortalecer las líneas de trabajo desde dichos abordajes territoriales y espaciales sobre este tipo de temas.
