Percepción de inseguridad y prácticas de seguridad

Desde el punto de vista criminológico, la percepción de inseguridad ha sido categorizada como el miedo o temor al crimen (^{Narváez, 2015}), con diversas sensaciones vinculadas a la posibilidad de ser víctimas de un delito (robo, amenaza, extorsión, acoso sexual, etc.). La tipología de los hechos delictivos ha sido relevante y ha establecido dificultades para comparar la percepción de inseguridad entre países; es decir, no es igual mostrar una percepción de inseguridad por la posibilidad de ser asesinado que por el robo de un celular. Asimismo, los grados de violencia en el delito han requerido ser sopesados más allá del hecho delictivo. La percepción de seguridad guarda relación con la intensidad de la violencia: no es lo mismo el robo con arma de fuego que un robo al paso. Estas discusiones desafiaron la conceptualización de los hechos delictivos, de modo que se determinó la necesidad de distinguir entre la reacción emocional y el proceso cognitivo que establece las probabilidades de ser víctima (^{Ferraro y Grange, 1987}). Actualmente las mediciones cuantitativas oficiales ponderan la percepción de seguridad a partir de dos preguntas que implican las dimensiones antes mencionadas: si consideran que serán víctima de un delito en los siguientes doce meses (cognitivo) y si se sienten seguros caminando en la calle, en el barrio o por la noche (emocional)

La percepción de inseguridad ha sido largamente relacionada con la tasa de victimización, es decir, con los individuos que efectivamente han sido víctimas de un hecho delictivo. Frente a ello, se ha diferenciado la victimización directa de la indirecta. En la primera, se consigna al sujeto que ha padecido el incidente, mientras que en la victimización indirecta están referidos todos los episodios de familiares y conocidos que han padecido el incidente delictivo (^{Vilalta, 2010}). Las brechas entre victimización directa y percepción de seguridad, así como las relaciones con el tipo de delito y las características sociodemográficas de los sujetos, han sido largamente discutidas sin que se hayan establecido resultados concluyentes.

En relación al problema de investigación que aquí nos ocupa, nos planteamos como primer objetivo reconocer las historias de inseguridad de los sectores de menores recursos y los sentimientos que provocan, llevando a cabo la tradicional distinción entre victimización directa e indirecta. Si bien esta categorización de la victimización es teórica, nos interesa explorar formas nuevas en las que los ciudadanos clasifican su experiencia con el crimen. Adicionalmente, nos interesa reconocer las teorías que las personas elaboran sobre el crimen, así como el rol de género en la percepción de inseguridad.

Las prácticas de seguridad permiten observar la interacción de distintos actores como organizaciones sociales, fuerza policial, organizaciones criminales e individuos cuya finalidad es producir seguridad en acción (^{Peña, 2015: 5}). La seguridad en acción es un conjunto de rutinas cuyo objetivo es enfrentar la inseguridad proveniente de la delincuencia. En el caso de los ciudadanos organizados o no, o más allá de haber sido víctima de un delito o no, consideramos que pueden ser un potente indicador de la percepción de inseguridad, en el sentido que serán sus conductas tomadas como “medidas de seguridad” las que pueden indicar el grado de temor hacia la delincuencia. En general, las personas adoptan prácticas de seguridad porque han sido víctimas del crimen o porque consideran que pueden serlo. La proliferación y adopción de este tipo de prácticas, impulsadas por el miedo, produce lo que ^{Peña (2016)} define como securonormatividad, “una sociabilidad urbana en la que la suspicacia y la actitud de defensa son el rasgo distintivo de las interacciones cotidianas” (^{Peña, 2016: 105}). Dichas interacciones pueden ser conductas restringidas o desafiantes. Las prácticas de seguridad, al apoyarse en percepciones de inseguridad, transforman la textura de la ciudad, motivan cambios en las rutinas de los ciudadanos y resignifican la escala de valores en relación con los modos en que debe ordenarse políticamente dicho espacio. Ese es el motivo por el que se apoyan medidas autoritarias, solicitan una mayor participación de las fuerzas armadas o justifican las restricciones a la libertad individual. Estas prácticas tienen repercusiones concretas en el uso colectivo de los espacios urbanos. En consecuencia, profundizan las fragmentaciones sociales y la privatización de la seguridad (^{Peña, 2015}).

La fragmentación social se refleja en la configuración espacial de la ciudad, donde podemos encontrar infinidad de enclaves residenciales cerrados. Estos pueden ser planificados, como los gated communities estadounidenses y los condominios verticales dirigidos a sectores de mayores recursos; en varios países de la región, dicha fragmentación social ha dado lugar a emprendimientos inmobiliarios que conforman una retórica de la vida urbana centrada en el aislamiento y la sola convivencia con los semejantes. Existen también enclaves no planificados, como los barrios cerrados tras su construcción y por iniciativa de sus residentes (^{Klaufus, van Lindert, van Noorloos y Steel, 2017}). Esto resulta especialmente alarmante en los sectores de menores recursos que no pueden acceder a los costosos enclaves cerrados y que adaptan ciertas estrategias de aislamiento a partir de la colocación de barreras, tanto en el espacio privado como en el público. De todos modos, restringen la libre circulación o exponen a sus propios residentes a otros peligros, como la falta de asistencia frente un incendio o la ausencia de rutas de escape ante un eventual sismo.

En ambas formas de configuración -enclaves planificados y no planificados-, habría que destacar la transversalidad a lo largo de todos los estratos sociales. No obstante, el estudio del caso peruano muestra que dicha transversalidad tiene un énfasis en la clase media que reside próxima a barrios de estratos socioeconómicos de menores recursos. Los grados de formalización de este fenómeno son tan diversos que abarcan desde la ausencia total de la autoridad hasta procesos de autorización, inventariado y registro por parte de la autoridad competente (^{Plöger, 2006}). En Lima podemos observar numerosas barreras en vías menores (calles residenciales y parques) que cuentan con la autorización local correspondiente. Numerosos autores sostienen que la proliferación de los barrios cerrados no planificados es consecuencia de las políticas neoliberales que conducen a la ausencia o ineficacia del Estado en su rol de proveer protección, vacío ocupado por actores privados (^{Plöger, 2006}; ²⁰⁰⁷; ^{Low, 2006}; ^{Glebbeek y Koonings, 2016}). ^{Hojman (2004)} denominó este proceso como medievalización de la ciudad, en el que distintos sectores de la sociedad se resguardan del crimen mediante el cierre de sus urbanizaciones y la “fortificación” de sus propiedades.

La privatización de la seguridad se manifiesta también en el vigilantismo, el cual puede definirse como “el uso o amenaza de uso colectivo de violencia extralegal en respuesta a supuestos actos criminales” (^{Moncada, 2017: 6}). Esto se manifiesta en el aumento de vigilantes individuales sin competencias para combatir la inseguridad y con escasa o nula formación en aspectos elementales de seguridad. Este aumento es visible en muchos espacios a lo largo de toda la ciudad. Estas formas de ostentación de la seguridad las encontramos en centros comerciales (mall o shopping centers), empresas, instituciones privadas y públicas, barrios y viviendas particulares. También se incluyen dispositivos de seguridad como cámaras de videovigilancia o alarmas. De manera similar a la formación de enclaves residenciales, uno de los principales motivos por los cuales el vigilantismo se encuentra tan difundido es la falta de capacidad de respuesta del Estado frente a la inseguridad. No obstante, esto no significa que los diferentes actores que ejercen el vigilantismo actúen totalmente a “espaldas” del Estado. Por el contrario, estos actores negocian e interactúan constantemente con agentes estatales y también pueden ser validados por discursos e ideologías oficiales (^{Wisler y Onwudiwe, 2008}; ^{Moncada, 2017}).

Tanto la fragmentación social como la privatización de la seguridad tienen como consecuencia la generación de espacios difíciles de transgredir que pueden derivar en acciones de “esterilización” del territorio (^{Valenzuela-Aguilera, 2016}) o “higienización social”. Con ellas se excluye de los espacios a individuos percibidos como riesgosos o simplemente “diferentes”. En ese sentido, en la ciudad de Lima, prácticas como las restricciones al tránsito impulsadas por los propios vecinos o las diferentes formas de segregación de los agentes de seguridad privados o municipales reflejan el sistema de desigualdades en la gestión del espacio público (^{Vega-Centeno, 2017}). Estas consecuencias siguen la marcada tendencia latinoamericana de apoyar medidas autoritarias para enfrentar la inseguridad, ya sea por percepción de ilegitimidad institucional, experiencias de victimización o actitudes punitivas (^{Nivette, 2016}). Tomando en cuenta lo señalado en las investigaciones precedentes, en este artículo se planteó como segundo objetivo identificar las prácticas de seguridad impulsadas por los ciudadanos en relación directa con las medidas adoptadas en la protección de sus viviendas y los agentes involucrados en estas medidas. Igualmente, consideramos importante distinguir aquellas acciones dirigidas a proteger el espacio privado (la vivienda) de las medidas cuyo objetivo es protegerse a sí mismo en el espacio público.

Los estudios peruanos sobre la percepción de inseguridad se han ido integrando poco a poco a la discusión motivando diferentes reflexiones. En el caso de la relación entre victimización y temor al crimen, se han hecho esfuerzos por diferenciar la victimización por grados de violencia, encontrando un efecto jerarquizado en la percepción de inseguridad, siendo la victimización al cuerpo (física o violencia sexual a un familiar) la que genera más miedo con respecto a la victimización con arma de fuego. Asimismo, las medidas de seguridad adoptadas son negativas con relación a una reducción del miedo, éstas actúan más como paliativos que como protecciones reales. Sobre la relación entre NSE y percepción de inseguridad los resultados no son concluyentes. El mismo estudio muestra que los NSE de mayores recursos sienten más miedo porque tienen más recursos que perder. (^{Hernández, Dammert y Kanashiro, 2020}) Una conclusión diferente la ofrece ^{López (2015)} al señalar que la percepción de inseguridad es menor en los distritos de mayores recursos por las medidas adoptadas por el gobierno local.

En el tema de las prácticas de seguridad y la eficacia colectiva, la prevención comunitaria en América Latina tiene entre sus debilidades la estigmatización del otro y la legitimación, por parte de la comunidad, de la exclusión (^{Dammert, 2007}). Esto es corroborado con el trabajo de ^{Vizcarra y Bonilla (2016)} al alertar que las prácticas de seguridad -como la organización de rondas o colocación rejas (barreras)- cuestionan el carácter democrático de la eficacia colectiva advirtiendo la necesidad de diferenciar medidas de reducción de la victimización respecto a las de reducción de la percepción de inseguridad. Un aporte novedoso vinculado a la exclusión lo proporciona el estudio de ^{Cuevas-Calderón (2018)} ya que relaciona la migración y la percepción de inseguridad, destacando en sus conclusiones el rol de chivo expiatorio del migrante profundizando la estigmatización del mismo. El estudio señala que esto se debe más que nada por el malestar social reinante, aunque se use como pretexto frente al temor al crimen. Siguiendo la línea sobre las debilidades de la prevención comunitaria, el estudio sobre variaciones del temor al crimen a niveles distritales en el caso del robo o hurto señaló dificultades en la organización de prácticas comunitarias de seguridad tanto en los NSE de mayores y menores recursos (^{López, 2014}).

A manera de síntesis, nuestro objetivo general fue el estudio de la percepción de inseguridad en su relación con las prácticas de seguridad adoptadas por los ciudadanos. En ese sentido, los estudios de percepción de inseguridad reseñados en esta sección nos llevaron a formular como primer objetivo específico el reconocimiento de las historias de inseguridad en los sectores de menores recursos para contratarlas con los diversos tipos de victimización proveniente de la literatura. Asimismo, los estudios sobre prácticas de seguridad nos permiten formular el segundo objetivo específico vinculado a la identificación de estas prácticas en relación con la vivienda y su relación con nociones como fragmentación social y privatización establecidas en los estudios antecedentes. Continuando con la revisión de la literatura, procederemos a integrar los diferentes conceptos que guiaron el diseño metodológico y la lectura de nuestros hallazgos.

Integración conceptual: entre percepciones y prácticas

La orientación disciplinaria del presente artículo combina las aproximaciones de la criminología y la sociología. En una sistematización teórica realizada para comprender el caso peruano, se destacaron los principales constructos teóricos de producción académica como vulnerabilidad, victimización, desorden y desorganización social, y percepción de inseguridad, principalmente de las mujeres (Kanashiro, Dammert, ^{Hernández, 2018}). No resultaría conveniente clasificar taxativamente la correspondencia a una disciplina en exclusión de otra, ya que la riqueza de la discusión científica de esta problemática ha generado un proceso muy dinámico y dialógico. Sin embargo, y a riesgo de equivocarnos en nuestras lecturas, podemos señalar mayores acentos en algunos constructos.

La vulnerabilidad y la victimización son temas que han sido abordados principalmente por la crimonología. Por ejemplo, en el caso del primero se han realizado esfuerzos por la búsqueda de predictores de la percepción de inseguridad como edad, sexo y nivel socioeconómico (^{Killias y Clerici, 2000}). Por su parte, sobre la victimización se ha insistido en los diferentes tipos de ella (^{Vilalta, 2010}) y su incidencia en la percepción de seguridad. En el ámbito latinoamericano, ^{Hernández (2019a)} tomando la información de Latinobarómetro, confirma la relación entre victimización y percepción de inseguridad a través de rondas estadísticas en 16 países de América Latina.

En el caso del desorden y desorganización social, sus abordajes tienen un énfasis más sociológico. Es así como para el caso del desorden social se pone una mayor atención a prácticas cercanas al entorno o signos de deterioro del espacio que pueden provocar un aumento de la percepción de inseguridad (^{Sampson, 2009}). Con respecto a la desorganización social, se profundiza en las condiciones para el ejercicio del control, articulándose con conceptos como capital social, legitimidad institucional y la eficacia colectiva. (^{Sampson y Groves, 1989}). En esta conceptualización se agregan reflexiones en torno a la influencia del debate político para una mejor comprensión de los altos niveles de miedo. De acuerdo con ^{Dammert y Salazar (2017)}, los políticos tratan de responder a los sentimientos de los ciudadanos que pueden estar más basados en percepciones que en hechos reales. En ese sentido, el papel del Estado podría estar enmarcado en una politización de la seguridad que ha tendido a especificar las demandas ciudadanas y, consecuentemente, la respuesta institucional ha estado orientada al control del crimen, sanción, prevención y rehabilitación.

Merecen una mención especial los estudios relacionados con la percepción de inseguridad de las mujeres que, aunque no es el tenor central de este estudio, han suscitado esfuerzos de un mayor diálogo entre ambas orientaciones disciplinarias. Una paradoja inicial pone en alerta a los investigadores: ¿cómo es posible que el temor de las mujeres sea tan alto cuando los niveles de victimización son bajos? Aun cuando el cuestionamiento sigue estado vigente, se han llevado a cabo esfuerzos para conceptualizar las diversas formas de violencia de las mujeres (^{Hernández, 2018} y ^{Hernández, 2019b}). A ello se añade la necesidad de una visión ecológica que identifique factores de riesgos en distintos niveles: personal, microsistémico, exosistémico y macrosistémico (^{Roberts, 2002}).

Metodología

El presente artículo se enmarcó en un abordaje cualitativo interesado en la percepción de seguridad y en las prácticas de seguridad que emprenden y experimentan adultos de 30 a 50 años, cuya residencia son barrios representativos de los NSE D y E de acuerdo con la ^{APEIM (2018)}. La elección del rango de edad se definió en función del criterio de ciclo vital. Hombres y mujeres de ese rango de edad son categorizadas como adultos jóvenes y adultos. En ese sentido, se consideró que poseen un estilo de vida consolidado y su percepción de la realidad se nutre tanto de experiencias pasadas como de perspectivas futuras, con pesos similares. Se excluyeron a los y las jóvenes, en tanto representan el segmento de mayor peso demográfico en el Perú, lo que requeriría un estudio especializado. Ambas consideraciones permitieron darle consistencia al muestreo cualitativo que prioriza los NSE elegidos por encima de otras variables.

Se estimó conveniente emplear como técnica de obtención de información las entrevistas en profundidad o entrevistas semiestructuradas. Esta técnica fue la más conveniente porque permitió profundizar en las experiencias personales vinculadas con la inseguridad; en muchos casos de carácter traumático por la violencia implicada. Para ello, se requirió un contexto de confianza, confidencialidad y respeto. Estas experiencias probablemente no serían expuestas en un entorno grupal ni sometidas al juicio de otras personas.

Historias de inseguridad, teorías de los ciudadanos y rol de género

Nos trazamos como primer objetivo específico el reconocimiento de las historias de inseguridad y los sentimientos que provocan, en ese sentido, los participantes manifestaron 365 historias vinculadas a experiencias con la inseguridad, como robos, estafas, agresiones, etcétera. Se clasificaron las historias en tres tipos: 1) historias vividas en las que el participante fue víctima o testigo del hecho, 2) historias cercanas en las que el participante tuvo noticia del hecho por un sujeto de su entorno (familiar, vecino, amigo o colega) que estuvo involucrado en él, y 3) historias referidas en las que la fuente u origen del relato no era clara (pudo ser una noticia o un rumor) o conocidas por medio de una persona de su entorno. Bajo esos parámetros, las historias se distribuyeron de la siguiente manera:

A partir de ello, pudimos observar que las historias que más recordaron los participantes fueron tanto las historias vividas como las cercanas. Estas constituyen uno de los insumos sobre los cuales se construye la percepción de inseguridad. La historia vivida es el equivalente a la victimización directa y la historia cercana, a la victimización indirecta (^{Vilalta, 2010}). Sin embargo, en el caso de las historias vividas, el concepto de victimización no toma en cuenta las experiencias atestiguadas por los sujetos, las cuales mostraron tener un impacto significativo en la percepción de inseguridad, tanto como haber sido víctima de un hecho delictivo.

Encontramos dos menciones predominantes con relación a los sentimientos experimentados: en primer lugar, el miedo y, en segundo, la ira. Llamó la atención la aparición de la ira o rabia ante los acontecimientos: los participantes manifestaron esta experiencia tomando en cuenta el esfuerzo que tomó la adquisición de sus bienes y asociaron la conducta delictiva con la costumbre de aquel que quiere conseguir las cosas de manera fácil; es decir, sin trabajar o sin esforzarse. A modo de ilustración, reproducimos los sentimientos señalados en las historias vividas:

Me subí a cualquier micro [transporte público] pues... Y, y fui a otro paradero. [...] Pero sí con el temor, con lo, con miedo, con nervios, ¿no?, el cuerpo también tiembla con las cosas que (a) uno te sucede. [...] Temblando, no puedes hacer nada, no sabes pues, con la desesperación hasta no sabía ni qué, ni qué micro me he subido. (^{Entrevista 17, hombre, 43 años})

“Uy, amiga, no sé, te diré que me quedé helada, llegué a mi casa y mi hijo me decía: ‘Mamá, qué tienes, por qué tiemblas’. Que nunca me había pasado eso en la calle.” (^{Entrevista 26, mujer, 40 años}).

Un patrón similar se encontró en la narración de los sentimientos asociados a historias cercanas:

Entonces, le ayudé y como estaba llorando pues, ¿no? Estaba temblando y no había nadie en su casa. Y eso le pasó a ella. También tiene mi edad. Sí, estaba mal, mal. De ahí nunca más, dijo, que iba subir a un taxi ni a un colectivo [transporte público informal] que esté lleno, porque si tú subes a un colectivo, a veces te subes y hay gente y esos mismos son todos cómplices. (^{Entrevista 1, mujer, 31 años})

Pero en mi cuñada, creo que no podía moverse, ¿no? No accionaba, ¿no? Llegó el policía, [...] llegó el Serenazgo.³ Y ella seguía en shock [...]. Porque el tema no es solamente que la asaltaran, sino que también la manosearon pues. Y allí ya es muy fuerte. (^{Entrevista 14, hombre, 43 años})

No cabe duda de que el miedo fue el principal sentimiento que surgió en estas historias. Sin embargo, si la discusión conceptual (^{Ferraro y Grange, 1987}; ^{Narváez, 2015}) estriba en diferenciar la reacción primaria (miedo) de la cognición (percepción de inseguridad), la rabia o ira quedan fuera de la ponderación de los estudios como parte del aspecto emocional de la percepción de inseguridad. Es necesario prestar atención a esta emoción, dado que puede motivar intentos extralegales para ejercer la justicia, fundamentados en la inseguridad urbana.

A partir de lo anterior, podemos señalar que los participantes construyen sus propias teorías sobre los acontecimientos que les rodea. En primer lugar, alcanzó el punto de saturación la consideración de que el origen de la delincuencia está en la educación al interior de las familias. Resaltaron la importancia de la educación en valores desde la infancia y no consideraron importante la educación formal recibida en la escuela. La familia es identificada como un espacio central en la formación de los sujetos y se considera a los padres como los agentes sobre los que recae la responsabilidad de las decisiones de los hijos e hijas que terminan involucrándose en hechos delictivos. La imagen de delincuencia que prevaleció fue juvenil, ya sea porque las familias eran disfuncionales (padres separados, madres solteras, familia de delincuentes, etc.) o porque los padres se dedicaron todo el día a trabajar y no ejercieron un control efectivo sobre los jóvenes. Esto conectó con la mención de las malas compañías que conducen a los jóvenes hacia la delincuencia. Esta explicación coincidió tanto en hombres como en mujeres.

La Parada,⁴ por ejemplo, la gente desde el cerro todos son chamba [trabajadores], pero los hijos son los choros [ladrones], [risas]. Todo el cerro San Cristóbal... Ya ahí sólo son chamba, son provincianos, pero los hijos no. (^{Entrevista 27, hombre, 40 años})

El segundo lugar de menciones lo ocupó la “atracción por la vida fácil”. Fue recurrente en la explicación de los participantes la secuencia que comienza con el “no hay trabajo, tengo necesidad, entonces robo”. Como lo explicó una participante, “porque es más fácil robar que trabajar”. Esta explicación señala que no hay necesidad material que justifique el acto delictivo, la pobreza no es aceptada como argumento para cometer crímenes. De acuerdo con los participantes, el delincuente se dedica a ello por conveniencia, oportunidad y comodidad. Esta forma explicativa tuvo más incidencia en mujeres que en hombres.

Entender la delincuencia como el fracaso de la familia es propio de una construcción que parte de las experiencias más cercanas de las personas. La ausencia de una lectura más estructural del problema puede coincidir con la lejanía que tiene el Estado para las personas en materia de seguridad (^{Herrera, 2015}; ^{Plöger, 2006}, 2007; ^{Low, 2006}; ^{Glebbeek y Koonings, 2016}). Para los ciudadanos de NSE D y E, la delincuencia no proviene de deficiencias en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de la corrupción incrustada en el sistema judicial o el sistema político, sino de la crisis de valores y del desajuste de un modelo tradicional de familia.

Con relación a los roles de género y la propensión a ser víctima de la inseguridad, los participantes señalaron que tanto hombres como mujeres tenían la misma probabilidad de ser víctimas de la delincuencia. El argumento más predominante fue que los delincuentes no hacen distinciones, que también tienen como víctimas a niños y ancianos. Pero también argumentaron que “ya no respetan nada”; es decir, si antes “respetaban al hombre” por su fuerza, ahora se ha perdido eso. Se mencionó que todos pueden ser víctimas justamente por el uso extendido del arma de fuego. Esta visión de no respeto mostró una norma interiorizada en la cual las mujeres son víctimas de la delincuencia por su condición biológica vinculada a la debilidad. Además, expuso que la delincuencia quiebra esa distinción al no respetar que a los hombres no se les debe robar por sus características vinculadas a la fuerza, o que a los niños y ancianos -verbalizados como carentes de sexualidad- tampoco se les debe robar por su condición de mayor vulnerabilidad que la mujer. También hicieron distinciones para argumentar que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas porque a las mujeres les quitan celulares y carteras o las agreden sexualmente, mientras que a los hombres les roban con más violencia porque usualmente llevan dinero. La ruptura del pacto delictivo clasista al que hacía referencia ^{Cuevas-Calderón (2018)} aparece nuevamente como un pacto delictivo patriarcalista que puede profundizarse en investigaciones futuras.

Algunos participantes consideraron que las mujeres estaban más expuestas a ser víctimas por las características que asocian el ser mujer a la debilidad (“se asustan”, “no pueden defenderse”, “no reaccionan” o “no tienen fuerza”). De modo excepcional, se indicó la problemática de género como argumento (acoso sexual). Como se puede apreciar, las conceptualizaciones en torno a los roles de género están presentes en sus explicaciones sobre la criminalidad y sus consecuencias. Éstas son compartidas tanto por hombres como por mujeres. La visión patriarcal permeó las valoraciones sobre la inseguridad.

Prácticas de seguridad y vigilancia

Como segundo objetivo específico, nos planteamos la identificación de prácticas de seguridad en relación con la vivienda, en ese sentido, las prácticas de seguridad que los participantes adoptan y reconocen, aparecen a lo largo de toda la entrevista. Las historias relatadas por los participantes indicaron que son medidas tomadas después de ocurridos los acontecimientos. Los participantes señalaron haber participado o tener conocimiento de iniciativas vecinales para combatir la inseguridad en sus barrios (prácticas grupales de seguridad). Esta participación fue más mencionada en los hombres que en las mujeres. No obstante, de estas experiencias de participación, varias fueron experiencias frustradas por diversas razones, como la pérdida de interés por parte de los vecinos, la falta de consenso sobre los costos económicos, las iniciativas que quedaron en buenas intenciones y la falta de apoyo de la autoridad local ante sus requerimientos.

De manera similar al estudio de ^{Vizcarra y Bonilla (2016)} , dos prácticas grupales para hacer frente a la inseguridad destacaron de las experiencias de los participantes dentro de la ciudad de Lima: 1) organizarse para vigilar y suplir la presencia de la autoridad local -rondas vecinales-, y 2) organizarse para la colocación de barreras (rejas) que impidan el libre tránsito de personas ajenas al barrio.

De las experiencias que fueron relatadas de manera positiva resaltó la organización de rondas vecinales, en las que el silbato ha sido la herramienta por excelencia para combatir la delincuencia en sectores de menores recursos. Ante una amenaza, cualquier vecino puede utilizar el silbato y los demás vecinos, o algunos, salen a intervenir en la situación. De acuerdo con los participantes, esta forma de organización está asociada a recuerdos o experiencias presentes vinculadas con el desarrollo urbano de sus barrios, es decir, el tránsito de ser un asentamiento humano a ser un barrio con los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica y asfalto). Sobre las rondas vecinales, algunos participantes relataron experiencias de captura y sanción de los supuestos delincuentes.

B: Sí, con los vecinos estábamos antes con la directiva actual que estábamos […] Hacíamos reuniones y decíamos: “Ya, cualquier cosita, pitazo”, todos tienen su pito [silbato] en su casa... En ese momento todos nos pasamos la voz con los pitos, salimos a ver cuando hay bulla, todo pues, cuando están robando.[…] A: ¿Y en algún momento han encontrado a alguien robando? B: Sí, dos veces y han correteado al chico, lo han agarrado, porque tengo unos vecinitos que, pucha, corren con ganas. Y los han agarrado y le han quitado la mochila […]. Estaba llevando una llave, parece una T, quiere decir que puedes abrir los carros. Y tenía celular, como dos celulares tenía ahí. Y llamaron el patrullero, a veces el patrullero no hace ni caso. Dice no tengo gasolina, igual el Serenazgo, y por eso a la segunda llamamos y entonces le grabamos quién nos respondió. Lo único, porque, si no, no nos atienden. A: ¿Y de frente llaman al patrullero o conversan con los ladrones? B: No, de frente llamamos porque hay vecinos que le pegan, le pegaban pues al chico que le agarraron, le pegaban. Por eso nosotros: “Ya, no vayan a matarlo”, nosotros llamamos. Sí, sí, sí, feo sí, les pegan. Nosotros no: “Déjalo, déjalo, ya no les peguen”. (^{Entrevista 16, mujer, 43 años})

El testimonio anterior no sólo muestra el funcionamiento de un tipo de práctica de seguridad colectiva, también expresa el sentimiento de ira asociado al temor al crimen, así como las consecuencias latentes, como hacer justicia con sus propias manos (^{Moncada, 2017}; ^{Wisler y Onwudiwe, 2008}; ^{Nivette, 2016}). La aparición de la ira como un sentimiento asociado en segundo grado de relevancia con la percepción de inseguridad constituyó una novedad respecto a lo encontrado en la literatura. Es probable que este sentimiento se encuentre presente en todos los estratos socioeconómicos; sin embargo, la situación de vulnerabilidad de los sectores de menores recursos respecto del acceso a los servicios de seguridad provistos por el Estado podrían ser un aliciente para que este sentimiento sea más profundo que un simple malestar e indignación. Si el Estado, representado en las autoridades locales, no puede mantener los servicios básicos de limpieza y salubridad pública que garanticen un espacio público decoroso, la percepción es que menos capacidad tendrán para hacer cumplir la ley y combatir la delincuencia. Cabe destacar que gran parte de las competencias en esta materia están en manos de la autoridad nacional (Ministerio del Interior y Policía Nacional), aunque se requiere de la colaboración y coordinación con las autoridades subnacionales (municipios y Serenazgo). No obstante, esta distinción es formal y académica; en la vida cotidiana de los ciudadanos, la diferenciación de competencias no es habitual ni relevante.

En segundo lugar, algunos participantes narraron las experiencias de colocación de rejas para evitar el acceso y libre tránsito de extraños por sus barrios. Si bien son pocas experiencias, son narradas de manera positiva y acrítica frente al fenómeno de fragmentación de la ciudad (^{Valenzuela-Aguilera, 2016}; ^{Vega-Centeno, 2017}). Reproducimos a modo de ilustración y en detalle la experiencia grupal de enrejar la calle:

B: Hemos acordado entre nosotros, los que vivimos ahí. Nos entregaron una llave a cada propietario. Mi papá es el titular de la casa, le entregaron una llave y él nos dio una copia a cada uno. Y cada uno es responsable de abrir la reja a la hora que venga y por semana, por mes; como son tres rejas en triángulo, un mes está abierto hacia este lado, otro mes acá, otro mes acá. Siempre tiene que haber un lado que tenga que estar abierto por una disposición municipal. Lo que está en la pista, cada uno lo maneja. (…) A: ¿Y dejan una reja abierta para la entrada vehicular? B: Sí también. Sí, vamos tomando turnos. A: ¿Y cuando enrejaron, sintieron que disminuyó la ...? B: Nos sentimos en las nubes (risas). De verdad, porque inclusive los niños salen a jugar. Podían salir hasta las doce de la noche en el verano y podían estar en el parque correteando, jugando en los columpios, lo que sea, y no pasaba nada, y nadie podía entrar. [Los niños] salían con su bicicleta, sus patines, lo sé, porque hay un horario, la reja puede estar abierta solamente hasta las ocho de la noche, y a pesar de que no hay alguien que esté atrás, porque antes pagábamos a un vigilante y como a veces no alcanza el dinero. Entonces hemos acordado de que la reja esté abierta y a las ocho se cierra. (^{Entrevista 4, mujer, 44 años})

No todas las experiencias fueron narradas con tanto detalle. En este extracto, se manifiestan problemas en la contratación del vigilante para la administración de la reja, ya sea por cuestiones económicas o por la desconfianza -sobre todo cuando los robos no cesan-, a pesar de que se haya colocado el enrejado. Más allá de los beneficios y las dificultades que se experimentan ante la colocación de barreras en la vía pública para controlar o evitar la circulación de los extraños, la literatura ha coincidido en tratar este fenómeno como fragmentación de la ciudad y segregación (^{Klaufus, van Lindert, van Noorloos y Steel, 2017}; ^{Hojman, 2004}). En los sectores de menores recursos, esta experiencia fue excepcional y propia de barrios que han alcanzado mejores niveles de desarrollo urbano (asfaltado y servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica). En aquellos lugares donde el entorno es más precario, las medidas de organización vecinal estuvieron más presentes. Los testimonios recogidos señalan que la seguridad es una motivación para la organización vecinal; en particular, para la protección de las viviendas, dada su precariedad.

A: ¿Alguna vez has trabajado o participado en acciones vinculadas a la seguridad ciudadana de tu barrio? B: Barrio, sí este, seguridad, los vecinos que nos daban de noche para cuidar las calles, ¿no? Daban pito. Rondas vecinales, como dicen. […] Lo que pasa es que antes, no antes, sino que se sigue viendo pe, ya diferente la forma. Antes vivíamos en choza. […] Entonces en mi choza levantaban [la estera], entraban y lo cerraban. Ya eso era en la noche, en la noche comenzó a aparecer bien feo, comenzó a aparecer, eso. Y comenzamos a, sabes qué, no, ya tú acá, tú acá, tú acá, tu acá, tú acá. Como vivimos en cerro. Asentamiento, es un asentamiento. […] Así hacíamos, estaba de repente 6 meses. Descansamos, y en esos meses no había nada, en esos meses, no, no había nada, no había nada de, toy hablando de repente hace de 8 años. Y de ahí hacíamos esporádicamente, ¿no? De vez en cuando. A: ¿O sea hubo un tiempo que era permanente? B: Sí claro, y de ahí... Dejamos, y de ahí así, así. A: Entonces, ¿y tú crees que esos problemas disminuyeron? B: Hubo un monto de repente. Claro, ya cuando llegamos de construir... Ya estábamos más seguros la forma de que ya nada pasaba, o sea, voy a salir con mis hijos, y voy cerrando, voy cerrando la puerta con llave. Y me voy. Y no estoy diciendo, ¿no?, he salido, puchamadre, tengo que levantar la estera o van a romper la madera. (^{Entrevista 5, hombre, 39 años})

Al respecto, en el estudio de ^{Hernández (2019a)} se evidencian incentivos en los sectores de menores recursos en cuanto a capital social por la organización de prácticas colectivas para la seguridad, elemento contrapuesto en sectores de mayores recursos donde las prácticas son individuales. No obstante, nuestra aproximación cualitativa lo confirma con el detalle de que las prácticas de seguridad que involucran organización vecinal para la vigilancia son propias de entornos precarios y por ende con menores recursos mientras que las prácticas de seguridad que involucran organización para la colocación de barreras son propias de entornos con presencia de familias de mayores recursos.

A modo de síntesis, respecto a nuestro primer objetivo (historias de inseguridad) se resaltó la importancia de la experiencia atestiguada en los relatos de inseguridad y la asociación del sentimiento de ira frente a dichas experiencias. Asimismo, se señaló el origen del problema de inseguridad en la formación recibida en la familia y se mencionaron poco los aspectos críticos del sistema estatal. Para los participantes, tanto hombres como mujeres, tienen las mismas probabilidades de ser víctimas de la delincuencia. Subyace, sin embargo, la normalización de que las mujeres son más vulnerables y hay un desconcierto ante la delincuencia que ha generalizado la victimización. Con relación a nuestro segundo objetivo -prácticas de inseguridad-, se destacaron dos prácticas de seguridad grupales para hacer frente a la inseguridad: las rondas vecinales y la colocación de barreras en el barrio. Estas prácticas guardaron estrecha relación con la precariedad del entorno y los recursos económicos de las familias.