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Introducción
Los estudiosos de las relaciones laborales, en general, y de las huelgas, en particular, tienden a analizar al Estado de dos maneras: a) como un conjunto de instituciones y leyes que establecen el marco donde se desarrollan las interacciones entre trabajadores y empleadores; y b) como un agente que busca resolver los conflictos entre el capital y el trabajo a través de mediaciones, arbitrajes, inspecciones laborales o procesos judiciales (Müller-Jentsch, 2004). Sin embargo, no se ha profundizado respecto a su intervención mediante la represión directa a los trabajadores.
Por su parte, la literatura sobre movimientos sociales ha llegado a una definición parcialmente consensual de la represión como “el uso -o la amenaza- de sanciones físicas contra un individuo u organización, dentro de la jurisdicción territorial del Estado, con el propósito de imponerle un costo y disuadir actividades específicas y/o creencias percibidas como desafiantes para el personal de gobierno, sus prácticas o instituciones.” (Davenport, 2007: 2; Davenport e Inman, 2012). Aunque esta definición se centra en el gobierno como el principal blanco de las acciones desafiantes, también aplica cuando el conflicto es entre particulares (Earl, 2011), como lo hacen habitualmente los trabajadores de las empresas al entrar en huelga.
En este artículo estudiamos la represión policial en el sitio mismo de ocurrencia de las huelgas, que resulta ser la forma clásica de represión hacia los trabajadores. Además, este tipo de represión puede rastrearse mejor que otros -como represión encubierta, infiltración o allanamientos- dada la existencia de registros sistemáticos en la prensa y fuentes oficiales (Earl, Soule y McCarthy, 2003; Lee, 2013). Conceptualizamos la represión policial en dos fases. En la primera, la policía puede asistir o no a la huelga. En la segunda, si asiste, la policía puede actuar con distintos niveles de violencia que, siguiendo a Earl, Soule y McCarthy (2003), van desde “no hacer nada” hasta la “arremetida”, donde se combinan diversas tácticas represivas. En consecuencia, abordamos dos preguntas: ¿Por qué en algunas huelgas la policía está presente y en otras no? Y ¿por qué, dentro de aquellas huelgas con presencia policial, actúa con mayor o menor violencia?
Nuestro principal hallazgo -basado en modelos de regresión multivariada-, para Chile entre 2010 y 2015, es que el sector de la economía en que se encuentran las empresas en huelga afecta la represión policial. Específicamente, manteniendo otros factores constantes, las huelgas en sectores estratégicos de la producción económica (minería, agricultura e industria, para el caso chileno) exhiben mayor presencia policial que las huelgas en sectores no estratégicos. Sin embargo, también mostramos que la represión aumenta en huelgas que involucran a más trabajadores, en particular trabajadores externos -subcontratados-, especialmente cuando adoptan tácticas transgresivas tales como cortes de ruta, tomas de edificios (además de la propia huelga).
Por huelga laboral entendemos toda acción de disrupción deliberada del proceso de trabajo, organizada por un grupo de trabajadores, para el logro de una reivindicación común (Medel, Pérez, Velásquez y Morales, 2017). A diferencia de las tácticas destinadas a alterar el orden político y social -como una marcha o un corte de ruta-, la huelga laboral amenaza con alterar el orden productivo y, con ello, presionar y obtener ciertas demandas.
Chile es un caso de interés para estudiar los determinantes de la represión policial en huelgas. Con bajas tasas de sindicalización y baja cobertura de la negociación colectiva respecto a la totalidad de ocupados, el sindicalismo chileno es considerado habitualmente como un movimiento fraccionado, atomizado y débil (Gaudichard, 2015; Gutierrez, 2013; Rojas y Aravena, 1999; Dussaillant, 2008; Sehnbruch, 2012; Aguiar, 2011). No obstante, desde 2007 se logra apreciar un nuevo ciclo de movilizaciones laborales que comenzó entre los trabajadores subcontratados de la minería, las empresas forestales y el salmón, y posteriormente se extendió a los funcionarios públicos ( Pérez, Medel y Velázquez, 2017). Este ciclo se caracteriza por un aumento del número de huelgas, particularmente las extralegales -llevadas por fuera de los marcos de la negociación colectiva reglada- y un aumento exponencial de la participación de los trabajadores en ellas (OHL, 2014a, 2016). Sin embargo, ello no se ha traducido en un aumento en las tasas de sindicalización ni en la cobertura de contratos colectivos (Pérez, Medel y Velázquez, 2017), por lo que el movimiento de trabajadores chileno se mantiene debilitado. Asimismo, el ciclo de movilizaciones ocurre en un ambiente de poca violencia y represión. Por ello, nos preguntamos ¿cómo se explica que, en un contexto de mayor conflictividad laboral y un sindicalismo debilitado, los gobiernos no busquen disuadir las huelgas de manera más contundente?
Este artículo hace tres contribuciones a la literatura sobre represión y huelgas laborales en América Latina. En primer lugar, queremos mostrar que si bien existen algunas investigaciones sobre la represión policial en Chile -por ejemplo, hacia mapuches (Gerber, Carvacho y González, 2016) y a defensores de los derechos humanos (Loveman, 1998)- hasta donde sabemos éste es el primer estudio que aborda cómo las características de las huelgas impactan en la represión policial. De este modo llenamos un vacío en el conocimiento empírico sobre un tema de creciente relevancia.
En segundo lugar, intentamos hacer un aporte teórico a la literatura general sobre huelgas y represión, en particular al enfoque de las amenazas y, específicamente, si se ubica en un sector económico estratégico o no. Dicho enfoque es el más importante sobre la represión de los movimientos sociales. Desde la sociología económica argumentamos que la posición en la economía en que se encuentra una empresa afecta las posibilidades de que sus trabajadores en huelga sean reprimidos. Esto ocurre porque las huelgas en sectores estratégicos resultan más amenazadoras para la legitimidad popular y los prospectos electorales de los gobiernos. Además, observamos que los gobiernos también se interesan en salvaguardar el control del proceso productivo del capitalista al enviar a policías a las huelgas cuyos trabajadores buscan un mayor control del proceso de trabajo. Por lo tanto, damos cuenta de la acción estatal mediante carabineros (como se denomina a la policía en Chile) tanto a escala nacional como a escala local, o a nivel de empresa.
En tercer lugar -en términos metodológicos-, innovamos a través de la utilización de una base reciente de huelgas laborales de Chile para el periodo 2010-2015. Los datos fueron producidos por el Observatorio de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES). La base posee información tanto sobre la presencia y acciones de la policía en las huelgas, como de las características de los trabajadores en huelga, sus acciones, y las empresas mismas donde las huelgas se llevan a cabo (OHL, 2014b).
El contexto sociopolítico chileno
Previo a la revisión de las teorías existentes sobre la represión policial, es necesario describir el contexto sociopolítico en el que interactúan huelguistas y policías en Chile. Para ello se abordan las características relativas a la matriz productiva y la estrategia de desarrollo, la normativa que rige a las huelgas y la institucionalidad sobre la cual la policía procede.
En primer lugar, en términos económicos, Chile es un país cuya economía se basa en la extracción de materias primas siguiendo un modelo neoextractivista, en el cual el Estado juega un rol activo mediante el establecimiento de normativas que buscan atraer la inversión extranjera, pero a costa de agravar sus impactos sociales y ambientales (Gudynas, 2011). Este modelo que durante el siglo XX se basó principalmente en la extracción del cobre y en la exportación agrícola ha sido acompañado de una expansión a nuevos sectores extractivos, como la salmonicultura y la industria vitivinícola, que buscan su posicionamiento en mercados globales. Estos aspectos definirán las actividades estratégicas en la política de desarrollo, las cuales serán detalladas más adelante.
Respecto a las normativas que rigen la acción sindical, Chile posee un sistema que flexibiliza las relaciones individuales de trabajo y que restringe fuertemente las relaciones colectivas (Rojas, 2009). Estas últimas se estructuran descentralizadamente, donde la negociación colectiva reglada o formal está anclada al nivel de empresa, por lo que sólo los sindicatos a ese nivel tienen derecho a negociar. Así, las organizaciones suprasindicales (como federaciones o confederaciones) y los funcionarios públicos carecen del derecho a negociar colectivamente. Esto determina el carácter de las huelgas, ya que aquellas que se realizan mediante procesos de negociación colectiva reglada son conocidas como huelgas legales, donde los dirigentes gozan de fuero; mientras que las que se realizan por fuera de dicha institucionalidad son denominadas huelgas extralegales, donde el derecho a huelga no está garantizado y los dirigentes carecen de fuero (Pérez, Medel y Velázquez, 2017).
La descentralización de las relaciones laborales recién descrita afecta también a la posibilidad de crear sindicatos. En efecto, el tamaño de la empresa determinará la posibilidad de generar organizaciones colectivas con derecho a negociación. Específicamente, las micro y pequeñas empresas (MyPEs) son generalmente un terreno más adverso para la acción sindical que las empresas medianas y grandes. El hecho de que la ley chilena establezca que el quórum mínimo para formar un sindicato es de ocho trabajadores impone obstáculos para la organización de los trabajadores en las MyPEs (que en promedio poseen 9.3 trabajadores). Además, los trabajadores de estas unidades deben agrupar prácticamente a la totalidad de los empleados para poder ejercer su derecho a sindicalización. Esto explica por qué tan solo el 2.9 % de las pequeñas empresas tienen sindicato (ENCLA, 2014). De igual manera, las MyPEs cuentan con una cobertura mucho menor de contratos o convenios colectivos (3.6 %) en comparación con la mediana (22.6 %) y la gran empresa (60.2 %) (ENCLA, 2014). A pesar de estas trabas, la acción sindical mediante huelgas se encuentra en pleno auge, tal como se mencionó anteriormente.
La normativa chilena también establece formas de represión policial ante las huelgas. Las fuerzas policiales, o Carabineros de Chile, están encargadas de garantizar el orden público, para lo cual dependen del Ministerio del Interior. A través de la Dirección Nacional de Seguridad y Orden Público y de la División de Gobierno Interior, el Ministerio del Interior se encarga de desplegar las fuerzas policiales a lo largo del país ante hechos que alteren dicho orden.1 Por tanto, cuando la policía es notificada sobre la existencia de una huelga laboral, la decisión sobre el envío de fuerzas policiales no recae autónomamente sobre Carabineros, sino que responde a los criterios previamente decididos y comunicados desde el Ministerio del Interior y, por tanto, desde el Poder Ejecutivo. Como cualquier criterio emanado del Ejecutivo, estos criterios no sólo tienen una naturaleza legal sino también política, los cuales varían según las características de las empresas y las huelgas mismas. Por supuesto, la presencia y acción de Carabineros puede estar influida por múltiples factores contingentes y locales que son difíciles de capturar empíricamente en su totalidad; pero se trata, al menos en teoría, de una institución policial obediente y no deliberante, que acata las instrucciones del Ministerio del Interior y que, una vez en la huelga, actúa según protocolos que regulan el uso de la violencia (Carabineros de Chile, 2014). Por tanto, el contexto chileno permite interpretar la presencia y acción de Carabineros como el resultado de la medida en que las huelgas amenazan el orden político-económico desde la perspectiva del Gobierno.
Acción policial en Chile
A continuación, discutimos los principales enfoques existentes en la literatura de movimientos sociales para explicar la presencia policial y su acción una vez presentes los policías en la protesta. Posteriormente discutiremos, desde la sociología económica, sobre cómo la posición estratégica de las empresas en la economía motiva al Estado a actuar en las huelgas mediante policías.
Enfoque de las amenazas
Nuestra principal contribución consiste en expandir el enfoque de las amenazas, incorporando el sector de la economía como un nuevo factor que incide en la represión a los huelguistas. El enfoque de las amenazas es actualmente el más relevante para comprender la represión de la protesta colectiva en general (Earl, 2011). Su premisa es que las protestas -incluyendo las huelgas- serán más reprimidas mientras más amenazantes resulten para las élites políticas (Tilly, 1977). El foco está puesto en las características del evento y del grupo que protesta. Este abordaje ha revelado, por ejemplo, que la disminución de la violencia policial a los manifestantes en los Estados Unidos de América entre las décadas de los 60 y los 90 no se debió tanto a un cambio en la filosofía represiva de las autoridades, sino a que las protestas se tornaron menos amenazantes (Soule y Davenport, 2009). Así, el foco está puesto en las características del evento y del grupo que protesta.
En primer lugar, respecto al tamaño de la protesta, las que poseen participación masiva se vuelven amenazantes para el orden social, lo que incita tanto a la presencia policial como a acciones policiales más violentas (Earl, 2003; Earl y Soule, 2006; Earl, Soule y McCarthy, 2003; Lee, 2013). Para nuestro caso esperamos que las huelgas con más trabajadores involucrados tengan mayores posibilidades de exhibir presencia policial y represión violenta que las más pequeñas. En segundo lugar, los trabajadores en huelga suelen usar tácticas adicionales durante la huelga misma para aumentar sus opciones de paralización de la producción (Pérez, Medel y Velázquez, 2017; Medel, Pérez, Velázquez y Morales, 2017; Ermida, 1999). Algunas de ellas son los cortes de ruta, huelgas de hambre, o tomas de empresas, que resultan particularmente amenazantes, situación que aumenta las posibilidades de represión (Earl, Soule y McCarthy, 2003; Earl y Soule, 2006; Earl, 2011). En específico, el uso de tácticas disruptivas tendrían un carácter más amenazante que las convencionales, ya que evidencian la determinación del movimiento; estas acciones obstruyen las actividades rutinarias de los oponentes, espectadores o autoridades públicas, obligándolos a poner atención a sus demandas. Al ampliar el círculo del conflicto, interrumpiendo el tránsito o negocios públicos, poniendo el riesgo la ley y el orden, atraen la atención de las autoridades a lo que es un conflicto privado (Tarrow, 2011). Por tanto, es entendible que las huelgas con tácticas transgresivas adicionales tengan mayores probabilidades de exhibir presencia policial y represión violenta respecto a otras tácticas.
En tercer lugar, la literatura sugiere que las demandas radicales resultan más amenazantes y aumentan las posibilidades de represión. Así, las reivindicaciones de los huelguistas pueden variar respecto al grado en que exigen el control del proceso productivo dentro de la unidad empresarial, en el que es posible distinguir varios niveles (Campusano, Gaudichaud, Osorio, Seguel y Urrutia, 2017; Katz, 2004): 1) en el primer nivel se encuentran las demandas vinculadas al precio de la fuerza de trabajo -reivindicaciones pecuniarias y remuneraciones-; 2) en el segundo nivel, demandas sobre las condiciones materiales del trabajo -condiciones de infraestructura, seguridad e higiene-; 3) en el tercer nivel, demandas relativas a la organización del proceso productivo y/o laboral -administración de la fuerza de trabajo y gestión del aparato productivo-. De esta manera se deduce que las huelgas con demandas orientadas a un mayor control del proceso productivo son más posibles de exhibir presencia policial y represión violenta que el resto. Finalmente, las protestas colectivas son más amenazadoras para el gobierno cuando se llevan a cabo mediante canales no regulados por las autoridades (McAdam, 1982). Las protestas no institucionales amenazan simbólicamente porque comunican un rechazo a los mecanismos institucionalizados para canalizar el descontento y porque privan a las élites de sus recursos de poder institucionales (Tilly, 1977); lo que ya hemos denominado huelgas extralegales.
Enfoque de la debilidad
Aunque en este estudio nos interesa expandir particularmente el enfoque de las amenazas a través de la consideración de la posición económica estratégica de las empresas, que se discutirá más adelante, también consideramos el enfoque de la debilidad, que parte de la idea de que la represión puede poseer altos costos para las autoridades: por ejemplo, si no logran reprimir efectivamente a los grupos movilizados, las autoridades pueden quedar en ridículo y generar más protesta al aparentar ser más permeables a las demandas sociales. En consecuencia, el enfoque de la debilidad establece que la represión aumentará mientras más débiles sean los grupos movilizados, dado que ello reduce los costos de la represión por parte del Estado (Earl, 2011; Earl, Soule y McCarthy, 2003).
La literatura distingue entre debilidad interna y externa. La primera alude a grupos subordinados políticamente y con organizaciones débiles, como personas afrodescendientes en los Estados Unidos -en particular antes de la década de los 60- o minorías sexuales (Piven y Cloward, 1977). La segunda, la debilidad externa, refiere a la legitimidad que posee el grupo y sus organizaciones en la opinión pública -a mayor legitimidad, menor debilidad (Gamson, 1975).
Este enfoque permite derivar cuatro factores relevantes para las huelgas chilenas -tres referidas a la debilidad interna y una a la debilidad externa-. Respecto a la debilidad interna, los trabajadores externos se ubican en una condición precaria en comparación a sus pares de planta en términos de remuneraciones y condiciones generales de trabajo. Además, poseen trabas legales para negociar con la empresa mandante (Abarzúa, 2008; Aravena, 2009; Echeverría, 2010). Dada su mayor debilidad, las huelgas realizadas por trabajadores externos o subcontratados tendrían mayores posibilidades de exhibir presencia policial y represión violenta que las huelgas de trabajadores de planta. En línea con lo anterior, desde la teoría de movilización de recursos se considera más débiles a aquellos grupos con organizaciones menos estructuradas (McCarthy y Zald, 1977). Entre los trabajadores chilenos se distingue entre: a) quienes se organizan a nivel de empresa -es decir, que poseen directivas representativas de algún establecimiento o empresa en particular- y b) quienes lo hacen a través de organizaciones suprasindicales- que concentran a una serie de organizaciones y/o sindicatos, como federaciones, confederaciones y colegios profesionales-. En el segundo caso hallamos estructuras sindicales más fuertes, que coordinan una mayor cantidad de unidades de trabajo que en las primeras, y con mayor capacidad movilizadora. Por tanto, esperamos que las huelgas vinculadas a sindicatos de empresa tengan mayores posibilidades de exhibir presencia policial y represión violenta que las huelgas vinculadas a organizaciones suprasindicales.
En el contexto chileno, el tamaño de la empresa -medido en términos de utilidades- es otro indicador de la debilidad de los trabajadores. Como fue mencionado anteriormente, los trabajadores de las MyPEs tienen fuertes obstáculos para constituir sindicatos y coordinar acciones colectivas. Entonces, se desprende que las huelgas realizadas por trabajadores de estas MyPEs tienen mayores probabilidades de exhibir presencia policial y represión violenta que las huelgas de empresas medianas y grandes.
Finalmente, respecto a la debilidad externa, Wilser y Giugni (1999) indican que existe una relación inversa entre la cobertura en los medios de comunicación de las protestas, y la presencia policial en los mismos. Como la cobertura mediática permite al público monitorear las acciones represivas -y por tanto sus posibles excesos y desaciertos-, las protestas con menor cobertura están menos “protegidas” y reducen los posibles costos públicos de la represión para las autoridades (ver Earl, Soule y McCarthy, 2003 y Earl y Soule, 2006). Consecuentemente, se desprende que las huelgas cubiertas por un menor número de noticias tienen mayores posibilidades de exhibir presencia policial y represión violenta que las huelgas con mayor cobertura en los medios.
La posición estratégica en la economía como factor amenazante del orden productivo
Como mencionamos en la introducción, la principal contribución teórica de este artículo consiste en incorporar al enfoque de las amenazas un nuevo factor determinante de la represión en las huelgas: la posición en la economía nacional de la empresa en la que se realiza la huelga. En síntesis, argumentamos que, ceteris paribus, las huelgas en empresas situadas en ramas estratégicas son más amenazantes para el orden productivo y político, por lo que serán más reprimidas que las huelgas en sectores no estratégicos.
El concepto de posiciones estratégicas nace de la mano de la teoría de sistemas de relaciones industriales a mediados del siglo XX (Müller-Jentsh, 2004, Edwards, 1990). En el marco de su estudio sobre las relaciones de poder en el lugar de trabajo, Dunlop (1958) planteó que los procesos de producción y distribución de bienes y servicios en la sociedad industrial moderna se encuentran concatenados, por lo que ciertos puntos son más vulnerables que otros en cuanto al paro laboral. Específicamente, una empresa está situada en una posición estratégica si, mediante la huelga, sus trabajadores pueden detener la producción de muchos otros (Womack, 2007). Como explica Silver (2003) en su estudio sobre los movimientos de trabajadores modernos:
un paro localizado del trabajo en un punto central puede causar disrupciones en una escala mucho mayor que el paro mismo […] líneas enteras de montaje han sido interrumpidas por un paro en un segmento de la línea, y […] empresas enteras que dependen de la provisión en tiempo exacto de distintas partes fueron paradas por huelgas en los trabajadores de los ferrocarriles. (Silver, 2003: 13)
Otro ejemplo está dado por los trabajadores del transporte -los portuarios, camioneros, o funcionarios de aeropuertos, etc.- en economías orientadas a la exportación de materias primas (Bergquist, 1986). Wright (2000) se ha referido a un fenómeno similar con su concepto de poder estructural, que resulta de la posición que ocupan los trabajadores dentro del sistema económico, y que se distingue del poder asociativo ligado a las características de los sindicatos y a sus alianzas con otros actores sociales, como los partidos políticos.
La investigación sobre las posiciones estratégicas se puede llevar a cabo en distintas escalas. Mediante el estudio de varias industrias de la economía de un país es posible entender cuáles son las altamente estratégicas a nivel nacional, local, de unidad empresarial o cuáles no lo son (Womack, 2007). Aquí nos concentramos sólo en el nivel nacional.
Las huelgas en sectores estratégicos no sólo amenazan el orden productivo sino también el orden político, lo que lleva a la intervención estatal a través de la represión policial. Este punto lo explica Block (1977) en su teoría marxista del Estado capitalista, en el que postula que, para servir a sus propios intereses, los gobernantes -en tanto administradores del Estado- se ven impulsados a favorecer los intereses de la clase capitalista. Específicamente, los gobernantes deben hacer esfuerzos para mantener niveles razonables de actividad económica por dos razones: 1) la capacidad del Estado de autofinanciarse a través de impuestos y/o préstamos depende del estado de la economía, y 2) el apoyo al régimen declinará si cae la actividad económica, dado que ello aumenta el desempleo y la escasez de bienes primarios. En una economía capitalista, el nivel de la actividad económica es ampliamente determinado por la inversión privada, por lo que los gobernantes deben mantener la confianza mercantil (bussiness confidence).
Si bien los capitalistas deciden sus niveles de inversión en base a variables económicas, también evalúan el clima político (Silver, 2003). En este sentido las huelgas -en particular en sectores estratégicos- no sólo amenazan con disminuir la inversión sino también con paralizar la producción, lo cual genera desempleo y escasez y en definitiva disminuye la popularidad del gobierno. Bajo esta lógica, los gobernantes podría estar particularmente motivados en mantener el proceso de acumulación en los sectores estratégicos de la economía, llevando a que las huelgas en dichos sectores resulten más amenazadoras y por tanto sean más reprimidas. En consecuencia, podemos decir que las huelgas realizadas en sectores estratégicos de la economía tienen mayores posibilidades de exhibir presencia policial y represión violenta que las huelgas desarrolladas en sectores no estratégicos.
Posiciones estratégicas en Chile
Con base a la discusión anterior, identificamos cinco sectores de la economía chilena como estratégicos y, por tanto, más posibles de recibir represión en las huelgas. Una primera posición estratégica es la minería, principalmente por la importancia del cobre, elemento básico de la economía nacional. Si bien su peso relativo en cuanto a exportaciones respecto a otras ramas ha bajado, el cobre por sí solo posee una proporción superior a 30 % del total. Si bien durante la década de los 80 se vendieron algunas empresas públicas mineras a privados, como CAP o Soquimich, hacia mediados de los 90 el sector todavía lograba resistir a las presiones privatizadoras, como producto tanto de su importancia estratégica como de su aporte a las arcas fiscales y la fuerza de sus organizaciones sindicales, por no mencionar su fuerte carga simbólica (Salazar y Pinto, 2012). La paralización de la minería no sólo reporta grandes pérdidas al fisco en términos monetarios, sino que también paraliza el trabajo de un gran contingente de trabajadores de empresas contratistas, al ser uno de los sectores que más subcontrata: dos de cada tres trabajadores es subcontratado (Arias, Atienza y Cademartori, 2013).
El segundo sector estratégico es la agricultura, uno de los más consolidados y dinámicos en la exportación, ocupando 12 % de la fuerza de trabajo del país (Aguiar, 2010). En específico, es el sector no minero más exportador de Chile. Desde una perspectiva histórica, Salazar y Pinto (2012) consideran que la agricultura ha mantenido un rol central dentro de la economía nacional en los últimos dos siglos. Y aunque ha tenido que ceder su preponderancia a otras actividades en mejor sintonía con las demandas económicas, la agricultura renació durante la dictadura militar (1973-1990) como uno de los motores de la reconversión neoliberal y como sector emblemático de un nuevo modelo de acumulación. La restitución de políticas proteccionistas (bandas de precios), el bajo costo de la mano de obra, y la incorporación de nuevas tecnologías que renovaron los sistemas de cultivo y explotación, permitieron obtener rápidamente grandes beneficios a las empresas del sector e indirectamente al Estado (Salazar y Pinto, 2012). Una paralización prolongada en la agricultura puede afectar al comercio interno de alimentos, comprometiendo el abastecimiento de regiones enteras del país y generando problemas políticos al gobierno. También afecta a las exportaciones y el subsecuente ingreso de recursos fiscales. Esto se complica aún más al considerar que las mercancías son, en muchos casos, perecederos.
La industria constituye una tercera posición estratégica. Si bien la industria -sobre todo la manufacturera- fue un motor del crecimiento desde los años 30, la apertura hacia el comercio exterior y las crisis económicas de 1974 y 1982 dejaron profundas cicatrices en la actividad industrial. Sin embargo, algunos sectores fueron capaces de reorientar su oferta hacia el exterior, como la madera y el papel, la harina de pescado, mariscos congelados y algunos derivados de la producción minera (Salazar y Pinto, 2012). Justamente, la industria de procesamiento de alimentos es un centro vital de la industria nacional, en particular la del salmón, llamado “el segundo sueldo de Chile” (Oseland, Haarstad & Fløysand, 2012; Aguiar, 2010). De hecho, las ramas más dinámicas de la actual estructura industrial son las directamente vinculadas al procesamiento inicial de recursos naturales destinados a la exportación (Salazar y Pinto, 2012). Más aún, los trabajadores que se desempeñan en este sector gozan de un nivel de especialización que dificulta su reemplazo.
En cuarto lugar, ubicamos al transporte. El buen funcionamiento de la locomoción colectiva es especialmente vital para la vida una sociedad industrial interdependiente (Dunlop, 1958), por lo que es un sector estratégico para cualquier economía. Un caso ejemplar es el de los puertos, dado que la exportación de recursos naturales es uno de los pilares de la economía chilena (Santibañez y Gaudichaud, 2017; Aguiar, 2010). Finalmente, consideramos a los servicios de electricidad y agua como estratégicos, ya que su paralización puede detener completamente a la industria y minería, trayendo graves costos al gobierno (Soto, Brega y Rojas, 2017).
Conviene señalar, a modo de contraste, a algunos sectores económicos que no se presentarían como estratégicos, o que no lo son tanto en comparación con los sectores anteriormente mencionados. Tal sería el caso del comercio y la construcción. El comercio ha experimentado un gran auge a partir de los 1990, principalmente impulsado por el retail (Durán y Kremerman, 2007), aglutinando a más de un millón y medio de trabajadores según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE, 2016). Sin embargo, los trabajadores del sector son principalmente independientes, cuentapropistas o asalariados no calificados, lo que facilita su reemplazo por parte del empleador y les resta poder negociador. Además, al concentrar principalmente la venta de bienes finales, su producto no genera dependencia de otros sectores (Perrone, Wright y Griffin, 1984). Por tanto, la paralización no afectaría la producción de otras industrias por falta de insumos, sino sólo al consumo final, donde es posible abastecerse en un local de la competencia. Por otro lado, en el caso de la construcción, a pesar de que se trata de un sector que genera valor económico, también concentra a trabajadores manuales no calificados o con bajos niveles de calificación, lo que facilita su reemplazo; de hecho, es el sector económico con mayor rotación laboral según el Banco Central (2016). Como el tipo de trabajo en la construcción es generalmente transitorio, las huelgas sólo retrasarían la entrega de las obras, sin entorpecer mayormente la labor en otros sectores de la economía y sin generar mayores consecuencias para el gobierno.
Base de datos
Para este estudio utilizamos la base de datos del Observatorio de Huelgas Laborales de la Universidad Alberto Hurtado y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (UAH-COES), cuya unidad de análisis son las huelgas laborales en Chile durante el periodo 2010-2015. Siguiendo la metodología de análisis de eventos de protesta (Hutter, 2014), la base se construyó utilizando información provista por la Dirección del Trabajo de Chile -que reporta las características de las huelgas llevadas a cabo mediante negociaciones colectivas regladas- complementada por noticias sobre huelgas reportadas en una muestra de 4 medios de prensa de cobertura nacional y 14 regional (COES, s.f.; OHL,2014b).
Esta base de datos es ideal para examinar nuestras hipótesis porque incluye variables sobre represión policial y diversas características de las huelgas, los trabajadores y las empresas respectivas. Como nos interesa entender por qué el Estado decide involucrarse mediante la acción policial en conflictos entre trabajadores y empleadores privados, analizamos las huelgas laborales del sector privado y de empresas del Estado. Estas últimas son empresas en las que el Estado tiene una participación accionaria superior a 50 % o designa a la mayoría de los miembros del Directorio, por lo que poseen activos privados y se rigen por el Código del Trabajo; durante el período estudiado ascienden a 552.
Método de análisis y variables dependientes
Como mencionamos anteriormente, el análisis consta de dos momentos: la presencia policial (primera pregunta de investigación), y la acción que realizan los policías una vez presentes en la huelga (segunda pregunta de investigación). Para el primer momento empleamos una variable dependiente dicotómica que indica la presencia (valor 1) o ausencia (valor 0) de policías en la huelga. La Figura 1 describe esta variable. La mayoría de las huelgas no contó con presencia de Carabineros (72.6 %), lo que indicaría una acción selectiva de las autoridades respecto a cuáles asistir.
Dado que se trata de una variable dicotómica, empleamos un modelo de regresión logística binomial multinivel, que indaga en los factores que influyen en la probabilidad de la presencia policial. El modelo es multinivel porque combina variables independientes a nivel de la huelga (detalladas abajo) y a nivel de rama de actividad económica -en particular, una variable indicando si la empresa pertenece o no a un sector estratégico de la economía, además de dos variables de control indicadas abajo-. Esto nos permite aislar apropiadamente el efecto de la posición relativa de las ramas respecto de sus características económicas y de fuerza de trabajo.
En relación con la segunda pregunta de investigación, se indagará sobre el nivel de violencia con que actúa la policía una vez en la huelga (Figura 2). Para este segundo momento consideramos únicamente aquellas huelgas donde asistió la policía (151 en total), y estudiamos el nivel de violencia con que ella actuó. Esta segunda variable dependiente, de carácter ordinal, contiene las cinco categorías propuestas por Earl, Soule y McCarthy (2003) : 1) “no hacer nada” (los policías acuden a la protesta pero no toman acciones); 2) “acciones mínimas” (acciones limitadas, como negociaciones con los líderes, pero excluyendo arrestos y coerción física); 3) “disuasión” (la policía intenta prevenir el desorden levantando barricadas, realizando arrestos o ambos); 4) “enfrentamientos directos” (se usa la fuerza e incluso armas como bombas lacrimógenas) y 5) “arremetida” (se combinan todas las tácticas disponibles: uso de la fuerza, arrestos y el uso de armas, como lacrimógenas). La Figura 2 muestra la distribución de esta variable. En 44 % de los casos en los que la policía se presenta no realiza ningún tipo de acción. En 56 % restante actúa con distintos niveles de intensidad, predominando los “enfrentamientos” (25 %). Para estudiar esta variable dependiente empleamos una serie de modelos logísticos ordinales, pero esta vez en un solo nivel.
Variables independientes
Enfoque de amenazas
Para someter a prueba a las variables del enfoque de amenazas empleamos diversas variables independientes. Para la participación empleamos el logaritmo de la cantidad de trabajadores involucrados en la huelga -usamos el logaritmo para evitar la influencia desmedida de huelgas muy masivas-. Sobre el uso de tácticas, empleamos una variable dicotómica con “valor 1” si durante la huelga se desplegaron tácticas transgresivas -como cortes de ruta, enfrentamientos con contra manifestantes, huelgas de hambre, tomas, etc.- o no (“valor 0”).
Respecto a las demandas, inicialmente construimos una variable que indica el nivel máximo de amenaza de acuerdo con la reivindicación por control del proceso de trabajo. La base de datos registra hasta cinco demandas de la huelga, las que fueron recodificadas en tres categorías ordinales, a saber: 1) asuntos remunerativos; 2) demandas de condiciones laborales a nivel de empresa -como trabajo, higiene y seguridad-; y 3) demandas vinculadas a la organización del trabajo -protestas por gestión o forma de organizar la producción, malos tratos de jefaturas, incumplimiento de acuerdos, etc.-; cada categoría indica el nivel máximo de demandas en la huelga -por ejemplo, una huelga con demandas del tercer nivel también puede contener demandas remunerativas, pero dentro de su petitorio hacen referencia a asuntos de organización del trabajo. En ese sentido, se evita trabajar con una única demanda, ya que generalmente los trabajadores movilizan más de una y, por lo tanto, no se establecen jerarquías sobre cuál es la principal. En los modelos de regresión consideramos a las demandas remunerativas como categoría de referencia.
Respecto a la institucionalidad de la huelga, empleamos una variable dicotómica que asigna “valor 1” a las huelgas extralegales -realizadas por fuera de un proceso reglado de negociación colectiva versus las “huelgas legales” (“valor 0”).
Sobre el poder estructural -que captura la principal contribución teórica de este artículo- empleamos una variable dicotómica con “valor 1” si los trabajadores en huelga pertenecen a un sector estratégico de la economía (minería, industria, agricultura, transporte, y suministro de agua, luz y gas) y “valor 0” para las restantes (pesca, construcción, comercio, hoteles y restaurantes, intermediación financiera, actividades inmobiliarias y empresariales, enseñanza, servicios sociales y salud, y otras actividades de servicio comunitario). Estas categorías provienen de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), revisión 3. Excluimos a las huelgas en la Administración Pública y Defensa que, al regirse por el Estatuto Administrativo -y no por el Código Laboral-, tienen una dinámica distinta, aunque sí incluimos a las empresas del Estado, muchas de las cuales son estratégicas. Además, excluimos las huelgas en organizaciones extraterritoriales -como embajadas o consulados- y a un pequeño número de huelgas en hogares privados con servicios domésticos (7 en total) dado el carácter excepcional que allí asume la relación capital-trabajo.
Enfoque de la debilidad organizacional
Pasamos ahora al enfoque de la debilidad. Para el tipo de contrato emplearemos una variable dicotómica que indica si la huelga fue realizada por trabajadores de planta (valor 0) o externos a la empresa (valor 1).
Para evaluar la estructura organizacional emplearemos una variable dicotómica con “valor 0” si los trabajadores en huelga pertenecen a una organización formal a nivel de empresa -sindicato de empresa, establecimiento, grupo negociador- y “valor 1” si pertenecen a una organización suprasindical -federación, confederación o colegio profesional-.
Para estudiar el tamaño de la empresa donde se desarrolla la huelga, incluimos tres variables dicotómicas. Ellas nos permiten comparar a las micro y pequeñas empresas -como categoría de referencia- vs. las medianas empresas, las grandes empresas, y las empresas del Estado -a las que no atribuimos un tamaño específico sino incluimos como categoría ad-hoc-. La categorización del tamaño se basó en las utilidades declaradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) considerando los siguientes tramos: MyPE, entre 0.01 y 25 000 UF anuales; mediana, entre 25 000 y 100 000 UF anuales; y gran empresa, de 100 000 UF anuales y más.
Finalmente, para estudiar el impacto mediático empleamos el logaritmo del número de noticias que reportan la huelga. Al igual que con los trabajadores involucrados, usamos el logaritmo para evitar la influencia desproporcionada de casos extremos.
Variables de control
Finalmente, incluimos algunas variables de control no consideradas en los enfoques de la amenaza y la debilidad que podrían afectar la presencia y acción policial en las huelgas. A nivel de evento, lo controlamos por el logaritmo de la cantidad de días de trabajo efectivamente perdidos -es decir, descontando fines de semana y feriados-; más días perdidos deberían aumentar la presencia y acción policial. Adicionalmente, para obtener una estimación válida del efecto del sector estratégico, controlamos por dos variables económicas a nivel de rama que, siguiendo a Franzosi (1989), podrían influir en las dinámicas de las huelgas: el PIB promedio de cada rama durante el periodo 2010-2015 -dato proveniente del Banco Central de Chile (Banco Central de Chile, s.f.)-; y la cantidad promedio de trabajadores ocupados en cada rama durante 2010-2015 (obtenido del Instituto Nacional de Estadística (INE, s.f.). La Tabla 1 (ver Anexo) indica los estadísticos descriptivos de las variables mencionadas.
Resultados
Realizamos el análisis de resultados en dos fases. Primero estudiamos, a través de un modelo logístico binomial multinivel, los determinantes de la presencia o ausencia de policías en las huelgas (primera pregunta de investigación). Posteriormente, exploramos los determinantes de la acción policial en aquellas huelgas con presencia policial (segunda pregunta de investigación).
Explicando la presencia policial
Respecto al análisis de la presencia policial, como la principal contribución teórica del artículo que refiere al impacto de los sectores estratégicos en la represión, comenzamos indagando si existe variabilidad en la presencia policial en huelgas de distintas ramas de actividad económica. Calculamos la correlación intraclase en base a un modelo multinivel nulo (ver M1 en Tabla 2). Esto indica que la realización de una huelga en una rama de actividad económica en particular explica en un 3.42 % las posibilidades de que la policía acuda a la huelga. Si bien se trata de un porcentaje pequeño, al comparar el modelo nulo con otro de un solo nivel encontramos una diferencia significativa entre ambos (nivel de confianza de 95 %), lo que justifica emplear una metodología multinivel.
Tabla 2 Modelo logístico sobre presencia policial
| M1: Modelo Nulo | M2: Nivel 2 | M3: Amenaza | M4: Debilidad | M5: Completo | |
| Intercepto | −1,01∗∗∗ | −1,67∗∗∗ | −4,59∗∗∗ | −2,07∗∗∗ | −3,51∗∗∗ |
| (0,15) | (0,49) | (0,68) | (0,51) | (0,87) | |
| Variables nivel 2 (rama) | |||||
| PIB rama | −0,00 | 0 | −0,00 | 0 | |
| (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||
| Núm. Ocupados | 0 | 0,00∗∗ | 0 | 0,00∗∗ | |
| (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) | ||
| Sector estratégico (ref: no estratégico) | 0,48∗ | 0,46∗ | 0,4 | 0,46∗ | |
| (0,24) | (0,23) | (0,21) | (0,23) | ||
| Variables nivel 1 (huelga) | |||||
| Log (Días perdidos) | 0,32∗∗ | 0,36∗∗ | 0,33∗∗ | 0,31∗ | |
| (0,1) | (0,12) | (0,11) | (0,13) | ||
| Huelga extra-legal (ref: Legal) | −0,43 | −0,72 | |||
| (0,34) | (0,38) | ||||
| Log (Trabajadores comprometidos) | 0,25∗∗ | 0,15 | |||
| (0,08) | (0,09) | ||||
| Dem. Condiciones de trabajo (ref: Dem. remuneracionales) | 0,79∗ | 0,76∗ | |||
| (0,32) | (0,32) | ||||
| Dem. organizacionales trabajo (ref: Dem. remuneracionales) | 0,95∗∗∗ | 0,79∗∗ | |||
| (0,25) | (0,26) | ||||
| Tác. Disruptivas (ref: no disruptiva) | 1,62∗∗∗ | 1,58∗∗∗ | |||
| (0,23) | (0,23) | ||||
| Empresa mediana (ref: MyPE) | −1,14∗ | −0,97 | |||
| (0,56) | (0,62) | ||||
| Gran empresa (ref: MyPE) | −0,37 | −0,43 | |||
| (0,42) | (0,48) | ||||
| Empresa del Estado (ref: MyPE) | −0,02 | 0,12 | |||
| (0,73) | (0,8) | ||||
| Log (núm. noticias) | 0,41∗∗∗ | 0,22∗ | |||
| (0,1) | (0,09) | ||||
| Org. supra-sindical (ref: Org. nivel empresa) | 1,02 | 0,95 | |||
| (0,57) | (0,63) | ||||
| Trabajadores externo (ref: Trab. de planta) | 0,3 | 0,11 | |||
| (0,25) | (0,28) | ||||
| AIC | 647.87 | 638.61 | 554.00 | 607.71 | 553.02 |
| BIC | 656.50 | 664.49 | 601.45 | 659.47 | 626.35 |
| Log Likelihood | -321.94 | -313.30 | -266.00 | -291.85 | -259.51 |
| Núm. obs. | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Núm. grupos: rama | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Var: rama (Intercepto) | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
∗∗∗ p < 0,001, ∗∗ p < 0,01, ∗ p < 0,05 Fuente: elaboración propia.
La Figura 3 muestra cómo se distribuyen los interceptos de las ramas respecto a la presencia policial. Los sectores con interceptos ubicados a la derecha de la línea vertical punteada exhiben mayor presencia policial, mientras en los sectores ubicados a la izquierda es menos frecuente. Cabe destacar -de forma preliminar dado que se trata de un análisis bivariado- que la presencia policial es comparativamente más frecuente en varios sectores estratégicos (agricultura, transporte, industria y minería), lo que es consistente con nuestro argumento.
La Tabla 2 presenta los modelos que explican la presencia o ausencia policial. Además del Modelo Nulo ya comentado (M1), el Modelo 2 incluye como variables independientes el sector de la empresa (estratégico o no) y variables de control de nivel 1 (días perdidos) y nivel 2 (PIB por rama y número de trabajadores ocupados). El resultado más importante es que el sector tiene un efecto positivo y significativo: las huelgas en las ramas estratégicas de la economía tienen 162 % más posibilidades de atraer a la policía que las huelgas en ramas no estratégicas. El PIB de la rama y el número de trabajadores ocupados no son significativas, pero los días perdidos tienen un efecto positivo y significativo como esperábamos -las huelgas más duraderas tienen más posibilidades de exhibir presencia policial-. Además, la inclusión de estas variables prácticamente elimina la varianza a nivel 2, por lo que son suficientemente explicativas de las diferencias existentes entre ramas.
El Modelo 3 de la tabla anterior incluye las variables de nivel 1 vinculadas al enfoque de las amenazas. En términos generales, dichas amenazas se comportan como esperábamos y no alteran la significancia estadística del sector. Como establece la literatura, el aumento de la cantidad de trabajadores comprometidos en la huelga aumenta significativamente las posibilidades de presencia policial, presumiblemente porque más participantes amenazan con producir más disrupción al proceso productivo y son más difíciles de remplazar por otros trabajadores. Por su parte, las huelgas con tácticas transgresivas (como cortes de rutas o piquetes), al ser más amenazantes para las autoridades, tienen mayores posibilidades de exhibir presencia policial. Por otro lado, las huelgas con demandas sobre las condiciones materiales del trabajo exhiben significativamente mayor presencia policial que las meramente remunerativas. El contraste es aún mayor al comparar las demandas que buscan un mayor control del proceso productivo versus las remunerativas. Finalmente, a diferencia de lo postulado por la teoría, que la huelga sea legal o extralegal no afecta las posibilidades de presencia policial.
El Modelo 4 (Tabla 2) incluye las variables derivadas del enfoque de la debilidad organizacional. A diferencia del enfoque de las amenazas, en este caso los resultados prácticamente no apoyan a las hipótesis. Las probabilidades de presencia policial no son significativamente altas entre huelgas llevadas a cabo por trabajadores externos o por trabajadores de planta, y tampoco hay diferencias entre huelgas por trabajadores organizados a nivel de empresa o a nivel supra-sindical. Sin embargo, las huelgas realizadas en MyPEs tienen más posibilidades de atraer a la policía que las huelgas en empresas medianas, posiblemente debido a la mayor debilidad de los trabajadores de las primeras. No obstante, no hay diferencias significativas al comparar las MyPEs con las empresas grandes y las empresas estatales. Además, contrario a lo sugerido por Wilser y Giugni (1999), un mayor número de noticias se asocia a mayor propensión de presencia policial. Quizás un mayor número de noticias, más que proteger a los trabajadores de la acción policial, alerta a las autoridades de la relevancia y notoriedad de la huelga, quienes en consecuencia ordenan a la policía que se haga presente. Por otra parte, cabe anotar que en M4 el efecto de la pertenencia a un sector estratégico pierde su significancia estadística.
Finalmente, presentamos un modelo con todas las variables independientes (M5). Lo primero a considerar es que el sector vuelve a ser importante: aun controlando por un conjunto variado de indicadores de amenaza y debilidad de los trabajadores, las huelgas pertenecientes a sectores estratégicos tienen mayores posibilidades de atraer a la policía que las huelgas en sectores no estratégicos. Además, hay que notar que el resto de los coeficientes no sufren variaciones mayores. Por último, la comparación de M3 y M4 en el indicador del grado de ajuste Bayesian Information Criterion (BIC) sugiere que el enfoque de las amenazas resulta más relevante que el de las debilidades para explicar la presencia policial en las huelgas chilenas. M3, incluso, logra un mejor ajuste a los datos que M5.
Explicando la violencia en la represión policial
Aquí abordamos la segunda pregunta de investigación: ¿por qué, una vez que la policía está presente en las huelgas, su nivel de violencia varía? Al igual que en el análisis anterior, comenzamos evaluando la viabilidad de un análisis multinivel de la violencia policial (siendo la rama el nivel 2). Comparamos un modelo nulo (sin estimadores) en dos niveles, con un modelo en un único nivel (Tabla 3). No existen diferencias significativas entre ambos modelos. Esto sugiere que la adscripción de las huelgas a distintas ramas económicas no explica el nivel de violencia policial, lo que vuelve preferible trabajar sólo al nivel del evento.
Tabla 3 Test de ANOVA entre modelo ordinal de uno y dos niveles
| Núm. Parámetros | AIC | Log (verosimilitud) | gl | Pr(>Chisq) | |
| Nulo un nivel | 4 | 426,36 | |||
| Nulo dos niveles | 5 | 428,36 | -0,0 | 1 | 1 |
Fuente: elaboración propia.
La Tabla 4 presenta cuatro modelos ordinales logísticos (M2 a M5) con el nivel de violencia policial como variable dependiente, lo que permite observar la dirección y la significancia de los coeficientes de las variables, pero para un mejor análisis es preferible estimar los valores predichos. En primer lugar, en el caso del modelo de amenaza (Modelo 2), la cantidad de trabajadores comprometidos en las huelgas aumenta las posibilidades que la policía actúe con mayor violencia. La Figura 4 muestra los valores predichos de esta relación. Al aumentar el número de participantes disminuyen las probabilidades de que la policía tenga un rol pasivo, a la vez que aumentan los de enfrentamiento o arremetida contra los huelguistas.
Tabla 4 Modelo ordinal de acción violencia policial
| M1: Modelo Nulo | M2: Amenaza | M3: Debilidad | M4: Completo | M5: Trab. externos* táctica disrupt. | |
| Huelga extra-legal (ref: huelga legal) | 0.25 | 0.02 | −0.15 | ||
| (0.42) | (0.52) | (0.54) | |||
| Log (trab. comprometidos) | 0.26∗ | 0.22∗ | 0.19 | ||
| (0.10) | (0.11) | (0.11) | |||
| Dem. cond. Trabajo (ref: Dem. remuneracionales) | −0.64 | −0.61 | −0.70 | ||
| (0.47) | (0.48) | (0.48) | |||
| Dem. org. Trabajo (ref: Dem. remuneracionales) | 0.12 | 0.11 | 0.13 | ||
| (0.36) | (0.37) | (0.38) | |||
| Tác. Disruptiva (ref: Tác. no disruptiva) | 1.40∗∗∗ | 1.39∗∗∗ | 0.86∗ | ||
| (0.37) | (0.38) | (0.4) | |||
| Trabajadores externos (ref: Trab. de planta) | 0.81∗ | 0.6 | −16.71∗∗∗ | ||
| (0.38) | (0.41) | (0.24) | |||
| Empresa mediana (ref: MyPE) | −0.53 | 0.23 | −0.05 | ||
| (1.01) | (1.09) | (1.09) | |||
| Gran Empresa (ref: MyPE) | 0.62 | 0.63 | 0.31 | ||
| (0.61) | (0.65) | (0.65) | |||
| Empresa del Estado (ref: MYPE) | 1.03 | 0.36 | 0.32 | ||
| (1.00) | (1.07) | (1.13) | |||
| Log (núm. noticias) | 0.17 | 0.02 | 0.05 | ||
| (0.13) | (0.13) | (0.13) | |||
| Org. supra-sindical (ref: Org. nivel empresa) | 1.15 | 0.92 | 0.82 | ||
| (0.8) | (0.87) | (0.91) | |||
| Trab. Exter. * Tact. Disrup. | 18.09∗∗∗ | ||||
| (0.24) | |||||
| Nada-Acc. mínima | −0.23 | 2.30∗∗∗ | 0.72 | 2.58∗ | 1.57 |
| (0.16) | (0.67) | (0.6) | (1.07) | (1.09) | |
| Acc. mínima-Disuasión | −0.01 | 2.56∗∗∗ | 0.94 | 2.84∗∗ | 1.84 |
| (0.16) | (0.68) | (0.6) | (1.07) | (1.1) | |
| Disuasión-Enfrentamiento | 0.61∗∗∗ | 3.27∗∗∗ | 1.60∗∗ | 3.56∗∗ | 2.60∗ |
| (0.17) | (0.69) | (0.61) | (1.08) | (1.1) | |
| Enfrent.-Arremetida | 2.13∗∗∗ | 4.94∗∗∗ | 3.23∗∗∗ | 5.30∗∗∗ | 4.43∗∗∗ |
| (0.26) | (0.76) | (0.67) | (1.13) | (1.15) | |
| Log Likelihood | -209.18 | -194.08 | -201.88 | -191.60 | -184.82 |
| AIC | 428.36 | 406.15 | 423.76 | 413.20 | 401.63 |
| BIC | 443.44 | 433.31 | 453.94 | 458.46 | 449.91 |
| Núm. obs. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
∗∗∗ p < 0.001. ∗∗ p < 0.01. ∗ p < 0.05
Fuente: elaboración propia.
Fuente: elaboración propia.
Figura 4 Probabilidades predichas de acciones policiales según número de trabajadores comprometidos en la huelga
Asimismo, consistente con la literatura, el M2 muestra que las huelgas sin tácticas transgresivas se asocian a mayores posibilidades de pasividad policial y a menores de acciones violentas (Figura 5). Esta relación se invierte para huelgas disruptivas, encontrando su mayor diferencia respecto a los enfrentamientos directos. Finalmente, las demandas presentadas por los trabajadores no tienen un efecto significativo sobre la acción policial, contrario a lo esperado.
Fuente: elaboración propia.
Figura 5 Probabilidades predichas de acciones policiales para huelgas con tácticas disruptivas y no disruptivas
El Modelo 3 (Tabla 4) presenta las variables vinculadas a la debilidad de los trabajadores, únicamente apoya la relevencia del tipo de contrato. En efecto, la policía tiende a actuar de forma significativamente más violenta cuando son los trabajadores externos -en vez de los trabajadores de planta- quienes llevan adelante la huelga. Sin embargo, este efecto se disipa al incluir todas las variables en el modelo completo (M4), en el que únicamente las variables del enfoque de las amenazas mantienen su relevancia estadística.
La literatura reciente sobre los movimientos de trabajadores externos (Ponce, 2017; Echeverría, 2010; Aravena, 2009; Abarzúa, 2008) sugiere que este grupo de trabajadores tienden a utilizar repertorios de acción transgresivos, suposición que permite conectar el enfoque de las amenazas con el de las debilidades. Para explorar este punto, M5 incluye un término interacción entre la condición de los trabajadores (externos vs. de planta) y las tácticas utilizadas (disruptivas vs. no disruptivas) que resulta significativo y positivo. Esto sugiere que la reacción policial a las tácticas transgresivas será especialmente violenta cuando sean llevadas a cabo por trabajadores externos. La Figura 6 ilustra este fenómeno. El uso de tácticas disruptivas por parte de trabajadores de planta genera un leve aumento en las probabilidades de acciones policiales violentas (panel de la derecha), pero cuando son los trabajadores externos quienes se comportan disruptivamente, la incidencia de violencia policial es mucho más marcadas (panel izquierdo). En otras palabras, las amenazas generan más represión cuando las protagonizan los grupos más débiles.
Conclusiones
La literatura sobre la represión policial de los movimientos sociales ha enfatizado cómo los gobiernos, a través de las fuerzas policiales, reprimen a los grupos que protestan contra ellos. Pero los gobiernos -que tienen sus propios intereses económicos y políticos- también utilizan a la policía cuando se producen conflictos entre actores privados, particularmente entre trabajadores y empleadores.
Este artículo indagó en un tipo particular de respuesta del Estado frente a las huelgas laborales: la acción policial. Para ello, analizamos la represión policial de las huelgas en Chile entre 2010 y 2015, particularmente dos ámbitos de la acción policial en las huelgas: a) su presencia en la huelga y b) el nivel de violencia con que actúa una vez presente. El caso chileno es interesante para aproximarse a la acción policial, ya que presenta una creciente ola de huelgas impulsada por un sindicalismo debilitado. Esto sugiere una respuesta estatal más represiva que en contextos donde la relación de poder entre el capital y el trabajo está más equiparada.
La principal contribución del artículo es que expande conceptual y empíricamente el enfoque de las amenazas, el más utilizado actualmente para comprender la represión contra los manifestantes. Para ello, investigamos el impacto que tiene el sector económico de las empresas en huelga sobre la represión policial. Los modelos de regresión indican que, controlando por otras variables, las huelgas llevadas a cabo en sectores estratégicos tienen probabilidades mucho mayores de exhibir presencia policial que las restantes, es decir, los gobiernos parecen estar más interesados en movilizar sus recursos policiales cuando el conflicto ocurre en posiciones que amenazan con interrumpir la cadena de producción y paralizar la actividad de trabajadores o industrias no directamente ligadas al conflicto. Siguiendo a Block (1977), nuestra interpretación de este resultado es que la paralización de la producción a gran escala disminuye la confianza empresarial y la inversión. Tal situación aumenta el desempleo y disminuye la recaudación fiscal, lo que se traduce en problemas para llevar adelante políticas públicas, crisis de legitimidad, y costos electorales para el gobierno de turno. La presencia policial busca evitar estas consecuencias. Igualmente, busca salvaguardar el control del empresario capitalista sobre el proceso productivo, ya que las huelgas con demandas que buscan disputarlo también presentan más policías. Por lo tanto, el interés estatal se centra tanto a escala nacional como a escala local o de empresa.
Más allá de esta contribución, nuestros resultados confirman otras predicciones derivadas del enfoque de las amenazas para Chile. La presencia policial es más probable cuando las huelgas involucran a un mayor número de trabajadores, dado que ello dificulta la capacidad del empleador de encontrar trabajadores de reemplazo. También hay más posibilidades de presencia policial cuando los trabajadores emplean tácticas transgresivas, como cortes de rutas, piquetes o tomas de lugares de trabajo. De manera similar, en las huelgas con presencia policial, el comportamiento de la policía es más violento cuando aumenta el número de trabajadores y cuando se utilizan tácticas disruptivas.
Por otra parte, el enfoque de las debilidades encuentra menor apoyo empírico, tanto para predecir la presencia policial como la violencia de sus acciones. La gran excepción es que, dentro de aquellas huelgas con presencia policial, la acción es más violenta cuando la protesta es encabezada por trabajadores subcontratados, quienes además de tener menores remuneraciones, encontrarse en una situación más precaria en cuanto a su capacidad de negociación, protección laboral y de seguridad que sus colegas de planta, también sufren mayores niveles de violencia cuando realizan huelgas. En consecuencia, encontramos que los trabajadores externos son reprimidos con violencia particularmente exacerbada cuando emplean tácticas disruptivas -los trabajadores de planta también lo son, pero en un grado menor.
Estos resultados abren algunas interrogantes para abordar en futuras investigaciones: 1) surge la pregunta sobre si el enfoque de las amenazas también tiene mayor capacidad explicativa que el de las debilidades para otros movimientos sociales chilenos, o para movimientos de trabajadores de otros países latinoamericanos. 2) Será interesante estudiar el impacto de otros recursos estatales no policiales que busquen inhibir la acción de los trabajadores en las huelgas -como mecanismos jurídicos, cooptación, o reemplazo de trabajadores-; inversamente, ¿qué características de las huelgas hacen que el Estado otorgue concesiones a los trabajadores? 3) Se debe indagar en la contraparte, es decir, en cuáles son las consecuencias de la acción policial en los trabajadores; ¿logran disuadir la huelga o más bien la alargan y radicalizan? ¿Utilizan los trabajadores a la policía como un medio para obtener mayor cobertura mediática? 4) A raíz de los resultados toma fuerza la pregunta sobre los límites de la acción estatal en el “Estado interno” de la empresa en el sentido de Burawoy (1989) , y en particular en los conflictos laborales. Su incidencia no se limita al espacio público ni a las ocasiones en que se posiciona como el actor al que se dirige la demanda, sino que también presta recursos policiales que favorecen el control del proceso productivo por parte de los capitalistas.
Finalmente, el análisis estadístico aquí empleado tiene la fortaleza de permitir examinar la utilidad relativa de distintas hipótesis. Sin embargo, un enfoque cualitativo basado en observación etnográfica o entrevistas a trabajadores, policías y empresarios permitiría por ejemplo develar las motivaciones políticas y policiales detrás de la represión; la construcción de las estrategias de los huelguistas; y las interpretaciones (quizás divergentes) que dan al fenómeno los participantes situados en distintas posiciones. Sin duda, entendemos a los enfoques cuantitativos y cualitativos como complementarios y necesarios para comprender cabalmente un fenómeno complejo.
