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Introducción
La violencia de género es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo, muy particularmente, la violencia contra niñas y mujeres, como lo demuestran las estadísticas e indicadores actuales al respecto.
En el caso de México, seis de cada diez mujeres manifiestan haber sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida (INEGI, 2018). Esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación por razones de género. La discriminación contra la mujer se entiende como toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera (H. Congreso de la Unión, 2006; CEDAW, 2011). Instrumentos tales como la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en los Hogares (ENDIREH)1 (INEGI, 2016), demuestran que alrededor de 66.1 % de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida ejercida por cualquier agresor. Respecto a la violencia en el ámbito escolar, 25.3 % de las mujeres de 15 años y más a nivel nacional han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida de estudiante y 26.6 % de las mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida laboral (INEGI, 2016). Estos últimos dos datos son indicadores de la violencia que enfrentan las mujeres a nivel institucional, tanto en el plano escolar (como estudiantes) como en el plano laboral (como docentes, académicas o trabajadoras).
La ENDIREH (2016) arrojó luz sobre la violencia en el ámbito escolar. Si consideramos que quienes contestaron la encuesta son mujeres mayores de 15 años, es muy probable que podamos inferir la dimensión del problema aun cuando, evidentemente, no toda la violencia se refiera a la universidad ni a las universidades de México, y no nos arroje luz sobre la violencia de género que se vive en la población administrativa y académica. Las cifras nos acercan al contexto de violencia sexual -acoso y hostigamiento- al que se enfrentan estas jóvenes: según la ENDIREH, en los últimos 12 meses, más de 60 000 mujeres de más de 15 años refieren:
Que les han propuesto tener relaciones sexuales a cambio de calificaciones, cosas o beneficios en la escuela; y
Que fueron castigadas, las trataron mal o se vengaron porque se negaron a tener relaciones sexuales, y como consecuencia de ello fueron reprobadas, les bajaron la calificación, las expulsaron o las sacaron de la escuela, entre otras represalias (Ferreyra, 2019: 26).
Dentro de las modalidades de violencia que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (CONAVIM, 2007) se hace mención de la violencia institucional, señalando que:
son actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. (CONAVIM, 2007: art. 18)
La violencia institucional se puede dar no sólo desde el ámbito de la administración pública, sino también a partir de la diversidad de dependencias y entidades que componen un contexto institucional. Por lo tanto, dicha violencia puede presentarse igualmente en el ámbito de las instituciones educativas, tales como las universidades. La LGAMVLV también señala que se consideran modalidades de la violencia la laboral y docente. El artículo 10 de esta Ley señala que
la violencia laboral y docente, se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. (CONAVIM, 2007: art. 10)
Asimismo, es fundamental señalar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México2 (ASLF, 2017), además de definir tipos de violencia contra las mujeres que la Ley General de Acceso no contempla -como la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, violencia feminicida (como tipo, no en tanto modalidad) y violencia simbólica-, especifica en sus modalidades la violencia escolar como
todas aquellas conductas, acciones u omisiones, infligidas por el personal docente o administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa que daña la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta en todas aquellas conductas cometidas individual o colectivamente, en un proceso de interacción que se realiza y prolonga tanto al interior como al exterior de los planteles educativos o del horario escolar y se expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su vida. (ASLF, 2017: art. 7)
A nivel nacional, los datos respecto de la violencia escolar reflejan la raíz estructural de esta problemática, que se desarrolla en los diversos entornos y ámbitos en que se dan las relaciones de género. La violencia física, sexual y emocional son los principales tipos de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar. La física con 16.7 %, la sexual con 10.9 % y la emocional con 10.4 %, a lo largo de la vida escolar de las mujeres en México (INEGI, 2016). A nivel estatal, las entidades federativas con mayor proporción de violencia escolar contra las mujeres son Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Oaxaca y Ciudad de México, con 30.6 % (por encima del promedio nacional, 25.3 %). Respecto de los agresores, principalmente son hombres alumnos, con 47.1 %; alumnas mujeres figuran con 16.6 %; profesores con 11.0 %; profesoras con 1.4 %; personas desconocidas de la escuela 14.0 % y trabajadores de la escuela, 2.2 % (INEGI, 2016).
Estos datos se vuelven aún más relevantes de ser analizados a la luz de las cifras que publica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respecto de la violencia de género. Se utilizan como principal fuente de información estadísticas generadas a partir de los tres Informes Anuales de la Oficina de la Abogacía General (OAG), desde la aplicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la máxima Casa de Estudios en 2016 (OAG, s.f.a, s.f.b, s.f.c). Un primer dato fundamental es que las principales denunciantes de la violencia en la Universidad son las mujeres, ya sea en su calidad de alumnas, académicas, funcionarias o trabajadoras.
El Primer Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM (OAG, s.f.a) estableció que 96.6 % de las quejas fueron presentadas por mujeres; el Segundo Informe (OAG, s.f.b) expone que 98 % de las quejas fueron presentadas por mujeres y el Tercer Informe (OAG, s.f.c) que 99.3 % también fueron presentadas por mujeres. Las personas presuntamente agresoras en su gran mayoría son hombres: primer informe, 96 %; segundo informe, 97.2 %, y el tercero, 94.5 %.
Este indicador es imprescindible para cualquier estrategia institucional en contra de la violencia de género, ya que, a partir de las recientes movilizaciones, paros y tomas de planteles, se han generado discusiones y argumentos respecto a que la violencia es un problema generalizado y que no afecta sólo a las mujeres.
En este sentido, al desarrollar el concepto de violencia de género hacemos una utilización más amplia de éste, en cuanto nos referimos a todos aquellos actos de violencia y discriminación que se realizan debido al género de las personas, sea éste femenino o masculino, o bien personas con identidades de género diversas. Sin embargo, a pesar de que el género es una categoría analítica que no sólo hace referencia al género femenino, sino a la construcción cultural e histórica y los roles que se les asignan a las personas basados en una caracterización biológica (Castro, 2018), la violencia de género tiene una vinculación directa con la violencia contra las mujeres. Existe consenso en que la violencia es un problema estructural de nuestro país; sin embargo, la violencia por razones de género -y muy específicamente la violencia contra las mujeres- es un fenómeno que va en aumento y que tiene su máxima expresión de desigualdad en los feminicidios; por ejemplo, en México 10 mujeres son asesinadas diariamente (Vela, 2019).
Considerando el contexto nacional -y puntualmente la situación en la UNAM- se vuelve necesario hacer transparentes para la comunidad universitaria datos e información que contribuyan a generar estrategias eficientes y efectivas basadas en evidencia, sin especulaciones respecto de un problema que nos atañe a todos y a todas. Por tal razón, la OAG ha publicado sistemáticamente datos que se desprenden del análisis estadístico respecto de la atención, seguimiento y sanción en torno a los casos de violencia de género que se denuncian en la Universidad a través de la aplicación del Protocolo. Además, encontramos información vinculante en la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) a partir de sus informes anuales y la revisión de las quejas presentadas y las recomendaciones emitidas en materia de violencia de género por parte de este organismo autónomo dentro de la Universidad.
En este contexto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) desde 2016 ha realizado un trabajo coordinado de atención de casos de violencia de género, vinculando de manera interna las instancias dentro de la misma Facultad, tales como las Coordinaciones de las diferentes carreras y Centros de Estudios y la Coordinación de Atención a Estudiantes, así como con los espacios institucionales que la UNAM fue generando para responder a la demanda en materia de violencia escolar, expresada principalmente en violencia de género y específicamente en violencia contra las mujeres.
Si bien es cierto que el movimiento de las Mujeres Organizadas de la UNAM y de la FCPyS ha sido actor importante de incidencia en los cambios y reformas del último período, en el caso de la FCPYS se ha venido desarrollado un trabajo sistemático en materia de igualdad de género desde 2016 y en la UNAM desde los años noventa (Buquet y Hernández, 2019). Este trabajo tiene como uno de sus principales resultados el proyecto de creación de la Unidad de Género (UG), cuya iniciativa se fue gestando desde 2017 en el Consejo Técnico de la Facultad, dando paso en 2019 a los Lineamientos de Creación de la Unidad de Género, esfuerzo coordinado de su Comisión de Género, de académicas, de funcionarias y de estudiantes. Varios de los objetivos principales por lo que se creó la Unidad de Género en la FCPYS son la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y de cualquier tipo de discriminación; sin embargo, lo cierto es que esta iniciativa se enmarca en un proyecto más amplio y global que radica en transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer de la Facultad. Esta iniciativa encuentra un sustento institucional todavía más amplio desde el proyecto de la Política Universitaria de Género en la UNAM, cuyo objetivo es el mismo: incorporar la perspectiva de género a través de una política institucional en la Universidad. La reciente creación de la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género (CUIG) lo demuestra.
A la luz de las consideraciones expuestas, este artículo pretende revisar el trabajo que ha venido desarrollando la FCPyS en materia de género, considerando el proceso institucional que ha tenido la UNAM en el último tiempo como consecuencia de las movilizaciones y del movimiento feminista universitario. Asimismo, se presenta el proyecto de la Unidad de Género como un espacio estratégico para impulsar la transversalidad de esta perspectiva, promoviendo la prevención y la erradicación de la violencia de género desde un trabajo integral y vinculante, interviniendo en aquellos factores que dan lugar a las desigualdades y brechas de género.
Consecuentemente, este artículo se organiza en tres secciones en las que se analizan las acciones impulsadas por la FCPyS en materia de género y los avances en la UNAM, en el marco de la incorporación de la perspectiva de género en la Instituciones de Educación Superior (IES).
La primera sección refiere a las aproximaciones metodológicas de su desarrollo. La segunda sección, compuesta por dos apartados, expone la evolución de la política de género en la UNAM en el marco de las últimas movilizaciones del movimiento feminista, así como de las Mujeres Organizadas (MO) de la FCPyS, contextualizando la problemática de la violencia de género en la Universidad. Su tercera sección presenta la relevancia de la transversalización de la perspectiva de género en las IES y el caso particular de la UNAM, para dar pie al análisis del proyecto de la Unidad de Género de la FCPyS. Por último, se formulan algunas propuestas y reflexiones.
Aproximaciones metodológicas
Este artículo es producto de un amplio, arduo y sistemático trabajo de revisión del material e información generada por diversas instancias de la FCPyS en materia de género, tales como la Unidad Jurídica, la Comisión de Género del Consejo Técnico, la Coordinación de Atención a Estudiantes (CAE), la Secretaría General, las Coordinaciones de carreras -Ciencias Políticas, Sociología, Administración Pública, Antropología, Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales-, los Centros de Estudios y la División de Estudios Profesionales (DEPRO). Esta información fue analizada y seleccionada en categorías que pudieran ofrecer un marco sistemático al trabajo que se ha venido realizando.
Se utilizaron, además, algunos de los datos y resultados arrojados por el diagnóstico realizado por Género y Desarrollo a. c. (GENDES), titulado: "La igualdad posible". Percepciones de estudiantes y docentes sobre relaciones de violencia de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Diagnóstico y recomendaciones. Para este estudio se decidió emplear el uso de métodos cuantitativos, a partir del diseño y desarrollo de una encuesta estadísticamente representativa de las poblaciones estudiantil y docente, así como de métodos cualitativos, a partir de la concertación de entrevistas en profundidad con personas clave y la puesta en marcha de varios grupos focales configurados a partir de una muestra que permitiera rescatar las diversas voces que coexisten al interior de la Facultad. Una vez determinados los objetivos, la población y los métodos a emplear, se procedió a la elaboración de los instrumentos metodológicos respectivos, mismos que se pilotearon el 17 de septiembre de 2019, etapa que dio paso al trabajo de algunos ajustes para así fortalecer la validación del trabajo de campo, etapa que se realizó del 23 septiembre al 10 de octubre del mismo año. Durante esta fase se aplicó una encuesta a 838 estudiantes y a 202 docentes; de igual manera, entrevistamos a 12 personas de la comunidad escolar y se realizaron 6 grupos focales que generaron reflexiones interesantes para complementar el análisis cualitativo. La información se sistematizó, se analizó y se presentó en dos documentos complementarios, (GENDES, 2020). A mediados de marzo se presentaron los resultados preliminares y algunas recomendaciones de política institucional. Sin embargo, por la situación generada a partir de la pandemia producto del covid-19, su publicación quedó suspendida.
Este trabajo buscó identificar situaciones y problemáticas específicas de las relaciones de género percibidas por estudiantes y docentes de la FCPYS de la UNAM, con el fin de instrumentar acciones que prevengan y erradiquen la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual (GENDES, 2020).
Como objetivos específicos se plantearon:
Registrar las percepciones de las relaciones de género en la comunidad escolar, en particular aquellas relacionadas con la violencia.
Identificar algunos factores de prevención y atención para la violencia de género en sus expresiones generales, aunque con énfasis en las de tipo sexual.
Generar recomendaciones para que la FCPyS instrumente (o fortalezca) acciones a favor de consolidar una comunidad universitaria con prácticas equitativas e igualitarias en términos de género (GENDES, 2020).
Este diagnóstico es de suma relevancia, por cuanto se constituye en una Línea de Base necesaria para sistematizar y evaluar el trabajo realizado en la FCPyS en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como visualizar aquellas áreas de oportunidad que requieren una labor más eficiente y efectiva.
Aunque este diagnóstico aún no ha sido publicado para conocimiento de toda la comunidad universitaria, se convierte en un primer instrumento de análisis de la situación de las desigualdades de género al interior de la Facultad, expresadas desde la violencia de género y la discriminación. Sumado a la información producida en la Facultad, se revisaron documentos y fuentes de información diversas que permitieran análisis comparados respecto de la situación de la FCPyS y de la UNAM en materia de política institucional de género, transversalidad, así como de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. Los Informe Anuales de la OAG en torno a la implementación del Protocolo de Atención en Casos de Violencia de Género si bien no constituyen un diagnóstico de la problemática en la UNAM, son una fuente importante de información que a través de datos estadísticos manifiestan la relevancia del problema y las formas en que se ha venido atendiendo en la Universidad.
Otras fuentes de información utilizadas en materia de estadísticas de violencia de género, tales como la Encuesta sobre las Dinámicas de Relaciones en los Hogares, ENDIREH (2016), del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, informes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, SEGOB y ONU Mujeres, 2017), en coordinación con organismos internacionales como ONU Mujeres y CEPAl, o bien los Informes País del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belem Do Pará (MESECVI) (OEA, 2017), facilitan la comprensión del fenómeno a nivel nacional, destacando los indicadores de violencia contra las mujeres y brechas de desigualdad en el entorno institucional y escolar.
No obstante que las metodologías con las que se construyeron estos instrumentos y fuentes de información son diversas, su interpretación se acerca a evidenciar con datos duros la implicancia de un fenómeno que va en aumento en nuestro país, del cual el contexto de la UNAM no es ajeno. Aunado a lo anteriormente expuesto, a partir del inicio del trabajo de la Unidad de Género, en febrero de 2020, se generaron reuniones y espacios de diálogo con profesoras y estudiantes. En estos espacios se fueron recogiendo ideas, propuestas y opiniones para integrar una agenda de género para la FCPyS que pudiera traducirse en una política institucional de género.
Se llevaron a cabo encuentros y actividades con académicas, profesoras, funcionarias y estudiantes, así como con las Mujeres Organizadas (MO) de la FCPyS, y participantes de la Asamblea Separatista, donde se recopiló información de suma relevancia para conocer el trabajo que se ha venido realizando en materia de género, propuestas y demandas de la comunidad universitaria, y particularmente de las mujeres. Hubo reuniones específicas con las MO para conocer sus expectativas de la Unidad de Género, cuáles creían que deberían ser sus objetivos y qué actividades les parecían más relevantes de proponer. Así también se sostuvieron reuniones con las actoras y los actores clave de la Facultad.
Antecedentes de Mujeres Organizadas
El movimiento de las jóvenes Mujeres Organizadas en la UNAM ha sido un motor fundamental de incidencia en los cambios y reformas del último período, sobre todo respecto del Estatuto General y el reconocimiento de la violencia de género como una falta grave a la ética universitaria (artículo 95) y los avances en materia de igualdad. Sin embargo, no podemos negar los aportes de feministas de generaciones anteriores en la Universidad.
En efecto, el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM entró en vigor el 29 de agosto de 2016, más de un cuarto de siglo después de que la comunidad universitaria demandara, en el Congreso Universitario de 1990 (Cevallos y Cheháibar, 2003), atención al hostigamiento sexual mediante la creación de una instancia legal y el establecimiento de sanciones de carácter institucional. Ello da cuenta del largo camino que ha recorrido la Universidad para conocer, reconocer y actuar frente a una de las manifestaciones más duras de las desigualdades de género. A lo largo de este lapso (1990-2016), el feminismo académico de la UNAM actuó, se movilizó y obtuvo varias conquistas dentro de la Universidad (Buquet y Hernández, 2019: 15).
En el caso de la FCPyS, desde 2016 la Unidad Jurídica fue respondiendo a las quejas de violencia que interpusieron principalmente las mujeres estudiantes en contra de sus compañeros, alumnos, adjuntos y profesores (Unidad de Género, 2020). El personal de dicha Unidad se fue capacitando para brindar una atención adecuada con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, para operar un proceso adecuado desde el principio de la debida diligencia.3 Algunas de estas instancias de capacitación estuvieron a cargo del Centro de Estudios e Investigaciones de Género (CIEG), al tiempo que se involucraron otras entidades universitarias y externas para desarrollar contenidos jurídicos desde la perspectiva de género con la coordinación de la Oficina de la Abogacía General.
Podríamos decir que el proceso de institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la UNAM inició aproximadamente en 1992. En términos de estructura, se establece entonces el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), -CIEG desde 2016-; en 2003 la Unidad para la Atención y Seguimiento a Denuncias (UNAD) cobra un papel de vital importancia desde la OAG; en 2005 inicia labores la Comisión Especial de Equidad de Género (CEEG), a través de la cual se van vinculando las Comisiones Locales de Género, que son aquellas que responden a los Consejos Técnicos de las diferentes entidades. Éstas tendrán, posteriormente, una extensión en lo que hoy conocemos como las Comisiones Internas de Equidad de Género (CINEG’S), pieza clave para transversalizar la perspectiva de género en la UNAM.
En términos de normatividad, desde 2005 se han iniciado reformas al Estatuto General de la UNAM,4 con la reciente modificación al artículo 95 y 99, y aún está pendiente la modificación del artículo 98, referente a las sanciones.
En 2013 se dan a conocer los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM; en 2016, el Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género (Graue, 2016) y en el mismo año el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género, cuya última versión es de 2019 (OAG, 2019); en 2018 se publica el Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género. A todo este panorama se agrega que recientemente el rector dio a conocer la constitución de la CUIG, que será la piedra angular para conectar todas aquellas instancias institucionales y acciones que se están materializando en la UNAM para transversalizar la perspectiva de género y construir una política universitaria de igualdad sustantiva.
Estos procesos estuvieron acompañados por una serie de acciones y medidas de carácter general tales como actividades de formación, capacitación, campañas de prevención, talleres, estrategias de difusión, diagnósticos, etc. que han sido trascendentales para movilizar recursos institucionales en materia de transversalidad en las entidades. El Cuadro 1 resume este proceso de institucionalización y normatividad en materia de género en la UNAM:
Cuadro 1 Proceso de institucionalización y normatividad
| año | proceso |
|---|---|
| 1992 | Creación del PUEG, UNAM |
| 2004 | Inicio del Proyecto de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM |
| 2005 | Reforma al Estatuto General de la
UNAM. Creación de la Comisión de Seguimiento a las Reformas de la Equidad de Género en la UNAM |
| 2008 | Acciones de equidad en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) |
| 2010 | Creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario (CEEG) |
| 2011 | Acciones de equidad en el PDI |
| 2013 | Publicación de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM |
| 2015 | Acciones de equidad en el PDI |
| 2016 | Publicación del Acuerdo del Rector por el que se
establecen políticas institucionales para la prevención,
atención, sanción y erradicación de casos de violencia de
género Publicación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Transformación del PUEG en el CIEG |
| 2018 | Presentación del Documento Básico para el Fortalecimiento de la Política Institucional de Género en la UNAM |
| 2019 | Actualización del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. |
| 2020 | Reforma a la
legislación universitaria, Estatuto General de la UNAM,
artículos 95 y 99 Creación de la CUIG UNAM Conformación de la Red de CINEG de la UNAM. |
Fuente: elaboración propia con base en CIEG, 2019a, 2019b.
El Movimiento Feminista en la UNAM y las Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: desafiando el orden establecido
Antecedentes del término "feminicidio"
En México, grupos feministas y activistas comenzaron a utilizar este concepto a partir de los asesinatos seriales de las mujeres que se registraron en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras poblaciones fronterizas a partir de la década de 1990. Fue así como se incorporó el término "feminicidio" para referir a los asesinatos de mujeres por motivos de género. En 2015, 16 países latinoamericanos modificaron sus legislaciones para incluir un tipo específico de delito referido al homicidio de mujeres, ya sea como femicidio o como feminicidio (Berlanga, 2018: 107).
Diana Russell y Jill Radford desarrollaron esta categoría a partir del trabajo expuesto en su texto Femicide, The Politics of Woman Killing (1992) y, en palabras de Russell, se define como "el asesinato de mujeres a manos de hombres por ser mujeres" (Russell y Radford, 1992). En 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia introdujo el término violencia feminicida, pero no fue sino hasta 2011 cuando el feminicidio se tipificó como tal.
Marcela Lagarde, antropóloga feminista y diputada federal que presidió la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de Justicia Vinculada, de la IX Legislatura (2003-2006) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tradujo Femicide como Feminicidio, a partir del concepto fundamental de la definición de Russell, pero le añadió el criterio de crimen de Estado. Su definición es la siguiente: "El conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado [...] El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres" (Lagarde, 2005: 155).
Perspectivas conceptuales de género
Recientemente, en México hemos sido testigas y testigos de una serie de movilizaciones de mujeres jóvenes, las cuales han expresado su repudio a la violencia cotidiana que enfrentan en sus hogares, relaciones de pareja, espacios públicos, transporte, plazas, centros de trabajo, escuelas, universidades, redes sociales y en los medios de comunicación. Asimismo, el país sufre de la máxima expresión de la desigualdad en la figura de los feminicidios, evidencia del odio y la misoginia.
Rita Segato sostiene que la primera forma de violencia de género es intragénero y es entre los hombres (Segato, 2018), y que la violencia de género no es de índole sexual, sino relacional: la excitación, el impulso está puesto en la mirada de otros hombres, en la construcción de la fratría, en el sostenimiento de la misma (Ferreyra, 2019: 23). El gozo de la fratría es pertenecer, es ser aceptado, es ser reconocido no sólo como hombre sino como "no femenino"; por eso el impulso diferenciador estará dirigido no únicamente a las mujeres, sino también a los disidentes del orden heteronormativo, quienes habitan los márgenes y no el centro (Serret, 2008).
Para conocer la epistemología feminista, la primera categoría que debemos analizar es la de patriarcado, concepto elaborado por las historiadoras, las sociólogas, las antropólogas y las juristas feministas sobre las formas de organización social basadas en la dominación del género masculino sobre el género femenino. Referente también a la dominación de unos hombres sobre otros hombres -no sólo sobre mujeres-, el patriarcado implica una dominación intergenérica y una dominación intragenérica. Es una dominación de sexo/género y edad en la que los hombres adultos y poderosos dominan a las mujeres y a otros hombres con menor poder, en las relaciones y en las prácticas sociales y en las institucionales (Lagarde, 2013). La autora de la categoría de género es la antropóloga Gayle Rubin y se reconoce, también, a la historiadora Joan Scott como otra feminista que, de manera simultánea, sintetizó esta misma categoría, entre muchas otras autoras que contribuyeron con sus trabajos a esa síntesis, cuyas bases articuló Simone de Beauvoir décadas antes (Lagarde, 2013). Gayle Rubin llamó sistema sexo/género a esa parte de la vida social que es la sede de la opresión de las mujeres, las minorías sexuales y algunos aspectos de la personalidad humana en los individuos; es el sistema sexo/género, por falta de un término más elegante. Como definición, un sistema sexo/género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades transformadas (Gayle, 1997). El mandato de la masculinidad implica un reto diario, en que los hombres deben "ganar" ese título y refrendarlo en un contexto de éxito, competitividad, individualista y meritocracia. En éste se da y se reproduce la violencia de género, y muy particularmente la violencia contra las mujeres, con un propósito claro: mantener el orden establecido y la dominación masculina junto con la subordinación de las mujeres.
Cuando hablamos de esta subordinación de las mujeres apuntamos a toda una estructura económica, social y familiar que se activa a través de la división sexual de trabajo, que fija las identidades y la subjetividad, y establece con claridad y contundencia cuál es el papel, cuáles son los roles que las mujeres y los hombres deben tener en esta sociedad, qué deben pensar de sí mismos y cuáles son las representaciones en las que se ven e identifican (Ferreyra, 2019). Cada sociedad se organiza para lograr el "tipo" de mujeres y hombres que corresponde a los contenidos de esa formación económica, social, política y cultural. De aquí que las instituciones educativas sean una pieza clave en la reproducción de los estereotipos y desigualdades de género, o bien en la transformación del orden establecido.
Para transformar esta visión estructural, las mujeres académicas, estudiantes y trabajadoras han sido actoras clave en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia de género en los espacios educativos. Las mujeres han sido protagonistas de la lucha por el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Ante las realidades imperantes en los años 70 en el continente, ellas se han comprometido en forma concreta con la defensa de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así como ayer las mujeres salieron a las calles para reclamar autonomía política -consagrada en el derecho al voto y en su participación en la vida pública y política-, autonomía física -en torno a sus derechos sexuales y reproductivos- y autonomía económica -con base en condiciones laborales y salariales justas e igualitarias-, hoy, a partir de la pluralidad y de diversas opciones ideológicas, existe una demanda común: la erradicación de la violencia y la discriminación por razones de género.
Protestas y movilizaciones feministas en México
El movimiento de mujeres que se ha ido consolidando en el último tiempo en México no puede comprenderse sin tomar en cuenta los procesos de movilización de las mujeres jóvenes en América Latina, puntualmente el caso de Chile, que a partir de 2011 comenzó un movimiento estudiantil por una educación universal, gratuita y de calidad, a lo que luego se suma una educación no sexista. En 2018, en dicho país sudamericano, las mujeres estudiantes protagonizaron una marcha multitudinaria en contra del abuso, el acoso y el hostigamiento sexual en sus escuelas y universidades. Demandaron una educación no sexista y libre de estereotipos de género. Para ellas, la transformación está en las instituciones de educación pública (OGE, s.f.).
En agosto de 2019 presenciamos una serie de movilizaciones en la Ciudad de México, protagonizadas por jóvenes mujeres que salieron a la calle para expresar su rabia y hartazgo ante la violación colectiva cometida por policías locales a una joven que salía de una fiesta. Posteriormente, se presentó la violación perpetrada también por policías a una mujer al interior de un Ministerio Público al acudir a presentar una denuncia. Por ello, mujeres feministas de la UNAM también salieron a las calles para denunciar estos hechos. Bajo el #NoMeCuidanMeViolan se realizaron protestas en redes sociales.
Además de la revictimización y el maltrato que recibieron las denunciantes y sus familias, se reveló que los procesos por violencia de género estaban lejos de ser "prioridad" para las autoridades en la materia. La falta de sensibilidad de las autoridades, que suelen comenzar sospechando de la víctima: "¿cómo iba vestida"?, "¿por qué estaba fuera de su casa?", "se habrá ido con el novio", frases comunes con las que suelen enfrentarse las familias que denuncian la desaparición o el asesinato de una hija (Berlanga, 2018). La impartición de justicia y la reparación del daño son graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres mexicanas víctimas de violencia, tal como lo señala el Informe País, Tercera Ronda del MESECVI (OEA, 2017).
A raíz de las marchas feministas contra las violencias machistas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México decretó la Alerta por Violencia de Género (AVGM)5 en noviembre de 2019. Acompañaron a esta AVGM el anuncio respecto de la creación de un Registro Público de Agresores Sexuales, la ratificación de la urgencia de una ley que sancione el acoso y la violencia digital, el aumento del presupuesto para los Centros de Justicia para las Mujeres y la construcción de senderos seguros para la circulación.
En este contexto, la UNAM ha sido escenario de casos paradigmáticos en torno a la violencia de género y violación a los derechos humanos de las mujeres, tal es el caso del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio en el interior de la Universidad al ser estrangulada con el cable de la caseta telefónica en la Facultad de Ingeniería el 3 de mayo de 2017. Universitarias llevaron a cabo una marcha desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la cabina telefónica donde fue hallado el cuerpo de Lesvy. Se creó el hashtag #SiMeMatan como protesta y visibilización por la revictimización que se hizo por parte de las autoridades.
Diversas colectivas feministas apoyaron a la familia de Lesvy y presionaron para que la investigación siguiera un debido proceso y con perspectiva de género, ya que de manera inmediata las autoridades lo habían declarado un suicidio. En relación a estos hechos, desde 2016 la Facultad de Filosofía y Letras había estado realizando tendederos de denuncias, escraches y asambleas de mujeres estudiantes, rumbo a su denominación como Mujeres Organizadas de la FFYL y camino a convocar a la Asamblea Interuniversitaria de Mujeres (ASIUM). En 2018, la ASIUM logró convocar a más de 800 mujeres, estudiantes, académicas y trabajadoras. En abril del mismo año, la FFYL enfrenta la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, estudiante de 21 años de esta Facultad en la licenciatura en Letras Hispánicas. De igual forma que las negligencias prevalecieron en el caso de Lesvy Berlín Osorio, las autoridades tardaron en iniciar su búsqueda y el Ministerio Público del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) clasificó la ausencia de Mariela Vanessa como "extravío" y no como desaparición.
En septiembre de 2018 estudiantes del CCH-Oriente marcharon del Metrobús La Bombilla a Rectoría para exigir justicia y el debido proceso por el reciente secuestro y feminicidio de Miranda Mendoza Flores, estudiante de 18 años. A estas demandas se sumó el CCH-Azcapotzalco exigiendo mayor presupuesto para la seguridad de sus planteles y estudiantes. Graciela Cifuentes, profesora de la UNAM, y Sol Cifuentes, su hija, estudiante de arquitectura, fueron acuchilladas y estranguladas en su casa. El 15 de marzo de 2018, Alán "N", exnovio de Sol, acusado por el doble feminicidio, ingresó a la vivienda de la madre e hija y, tras agredirlas y violar a Sol, incendió el lugar y después huyó (El Universal, 2018).
En marzo de 2019 -y en el contexto de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer-, la FFYL convocó a un paro y continuaron los tendederos, pintas de denuncias, semanas feministas, conversatorios, trueques, acuerpamiento de denuncias y escraches en la UNAM. En el marco del movimiento #MeToo en redes, se dieron a conocer casos de presuntos agresores, violadores y encubridores pertenecientes a la comunidad de la FFYL y de otras Facultades. Bajo el hashtag #IgnorasteMiDenuncia, las MO de la FFYL convocaron a la comunidad estudiantil a denunciar agresiones, abusos, acosos, hostigamiento y violaciones.
En mayo de 2019 otro episodio de violencia en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) sede Oriente reveló la falta de seguridad que enfrentan las y los estudiantes: el asesinato de Aideé Mendoza quien recibió un disparo que salió del salón donde tomaba clases, según las declaraciones de la Procuraduría capitalina. Además de Miranda Mendoza y Aideé, se suma el caso de Jenifer Sánchez, de 16 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 26 de marzo de 2019; todas estudiantes del CCH-Oriente.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, en noviembre de 2019, las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP), los CCH y las Facultades continuaron con acciones autogestionadas de denuncias visibilizando situaciones de abuso, acoso y hostigamiento sexual dentro de sus planteles educativos, a través de tendederos, escraches, paros y tomas en señal de protesta por la violencia de género y la inseguridad en la UNAM.
Las Mujeres Organizadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (MOFCPyS)
A partir del contexto descrito anteriormente, la FCPYS no ha estado exenta de la problemática de la violencia de género, pero ha sido parte importante en impulsar cambios para erradicar todo tipo de violencia y discriminación entre la comunidad universitaria. En este sentido, es necesario reiterar que el trabajo en materia de erradicación de la violencia de género, y a favor de los procesos de igualdad, se estaba desarrollando en la FCPyS desde 2016, apoyado por el trabajo de la Comisión de Género del Consejo Técnico, académicas, profesoras, estudiantes, y la voluntad política de la administración. Esto se fue fortaleciendo en la medida que las MO de la Facultad se constituyeron en sujeta política de incidencia. En noviembre de 2019, estudiantes feministas de la FCPyS convocaron a una asamblea acompañadas por estudiantes de la FFYL. En estas instancias, las estudiantes compartieron experiencias, denunciaron situaciones y expresaron su inconformidad ante la respuesta de la Universidad frente a la violencia de género. La Asamblea Separatista de la FCPyS en apoyo a las MO de la FFYL convocó a una marcha denominada "Cacerolazo separatista". El recorrido fue desde la FCPyS a la FFYL, pasando por el anexo de la Facultad de Ingeniería, donde se produjeron incidentes en contra de la marcha que fueron denunciados por las MO de la FCPyS. El 5 de noviembre del mismo año, la Asamblea Separatista inició una toma de las instalaciones de la FCPyS que culminó con el diálogo público que se llevó a cabo con la administración el 15 de noviembre de 2019. En esta instancia, se lograron acuerdos concretos respecto a las demandas que las MO habían expuesto en sus pliegos petitorios.
Este espacio de diálogo fue de suma relevancia y fortaleció los procesos en torno a la construcción de una agenda de género en la FCPyS. Algunos de los acuerdos logrados se exponen a continuación:6
Reconocimiento por parte de las autoridades de la FCPyS de la existencia de una situación de violencia estructural e institucional hacia las mujeres al interior de la UNAM.
Atención y seguimiento inmediato de los casos de violencia de género y celeridad en el proceso de las quejas por parte de la Oficina Jurídica de la FCPyS, así como la investigación y acompañamiento de estas quejas en el Tribunal Universitario.
Pronunciamiento público por parte de las autoridades de la FCPyS con el compromiso de no sancionar a las mujeres que habían participado de las movilizaciones.
Creación de una materia básica y común que sirva para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, con la participación activa de las MO en su planeación. Asimismo, el compromiso de las autoridades para generar espacios para la realización de actividades interdisciplinarias y extracurriculares con perspectiva de género. Que las autoridades de la FCPyS se posicionen y comprometan a exhortar a otras facultades, escuelas, entidades y dependencias de la UNAM a que también incluyan este tipo de asignaturas en sus planes de estudio.
Realización de talleres y cursos de sensibilización y formación con perspectiva de género para profesores/as, funcionarios/as y trabajadores/as.
Con respecto a la creación de la Unidad de Género, que ésta sea reconocida institucionalmente y remunerada. Que su funcionamiento sea horizontal y con la participación de al menos una representante de la Asamblea Separatista.
Que la Unidad de Género entre en funciones a la brevedad y que se vea reflejado el presupuesto destinado para ello. Que la terna y los planes propuestos para la UG sean públicos para evaluación de toda la comunidad.
Hasta la fecha, la totalidad de los acuerdos y compromisos asumidos se encuentran en proceso de implementación, algunos con mayores avances que otros. Sin embargo, el 30 de enero del 2020, coincidiendo con la presentación de la Secretaría Técnica de la Unidad de Género, la FCPyS fue nuevamente tomada por la MO. Las razones se concentran en un movimiento de sororidad con los otros planteles que aún se mantienen en toma y que no han logrado procesos de acuerdo y negociación con las autoridades, tales como la FFYL, los CCH y las ENP de la UNAM.
En virtud de la situación de la pandemia del covid-19, la MO de diferentes planteles fueron entregando paulatinamente las instalaciones, ya que estaba en riesgo su salud y su seguridad. Es así como la FFYL levantó una toma de casi cinco meses y las MO de la FCPyS entregaron las instalaciones el 30 de abril del presente año.
Transversalización de la perspectiva de género en las universidades: la ruta hacia la igualdad sustantiva
Las universidades son espacios de producción de conocimiento crítico, especialmente en las problemáticas de género y las distintas formas de desigualdad entre los sexos y, sin embargo, a la vez han sido espacios institucionales de resistencia a incorporar la perspectiva de género no sólo desde el quehacer científico, sino de hacerlo transversalmente en sus instrumentos jurídicos, en los procesos formativos, en sus aspectos administrativos y en la cultura institucional. Estas resistencias se explican de acuerdo con la lógica patriarcal que existe en las instituciones, de las cuales las Instituciones de Educación Superior (IES) no están exentas y, por supuesto, tampoco la UNAM.
El feminismo académico ha tenido serias dificultades cuando han intentado cruzar el llamado cinturón protector de los programas científicos y atacar su núcleo, poniendo en juego mucho más que un simple cuestionamiento acerca de la fundación de un campo de trabajo: lo medular es el señalamiento de que el conflicto entre las ideas científicas abstractas reflejaba una concreta lucha social por el poder entre mujeres y hombres, y la exigencia de aceptar que asumir las conclusiones de la investigación social feminista implicaba también cuestionamientos serios relativos a la ética de la vida cotidiana (Palomar, 2005: 9).
En octubre del 2002, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) celebraron un acuerdo de colaboración que formalizó el compromiso interinstitucional de promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes, programas y proyectos de las instituciones de educación superior de nuestro país. Recientemente, en febrero del presente año, la UNAM creó la CUIG, instancia que tendrá como objetivo central incorporar la perspectiva de género en la UNAM, a través de una política institucional que pretende ser construida de "abajo hacia arriba" con la participación de toda la comunidad universitaria.
A pesar de los avances en la materia y de la innegable incidencia del movimiento de jóvenes feministas, lo cierto es que la UNAM no cuenta con una política institucional de transversalización de la perspectiva de género. Más bien, se han producido una serie de acciones relevantes que la han venido encauzando, pero falta bastante camino por recorrer. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que hay dimensiones con significativos pendientes, como la erradicación de la violencia de género y el establecmiento de políticas de conciliación familiar y laboral que reconozcan la sobrecarga de trabajo que experimentan las mujeres académicas, funcionarias y trabajadoras en la UNAM, y cómo esto impide el desarrollo igualitario de sus trayectorias académicas y profesionales en comparación con sus pares hombres. Un antecedente importante al respecto es el proyecto de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la UNAM (ITPG), como uno de los procesos esenciales del Plan de Desarrollo Académico 2004-2007, impulsado por el PUEG y coordinado desde su origen por la Dra. Ana Buquet. Pero ¿qué significa entonces incorporar la perspectiva de género en la educación superior?
Incorporar la perspectiva de género en los análisis sociales de las instituciones educativas permite, en primer lugar, examinar las implicaciones para mujeres y hombres universitarios de cualquier tipo de acción planificada, incluyendo legislación y políticas o programas, en cualquier área de la universidad. Significa reconocer que en los ámbitos universitarios opera una lógica binaria y patriarcal naturalizada que reparte desigualmente posiciones, oportunidades, privilegios y recursos a hombres y mujeres, y hacer un esfuerzo sistemático por transformar esa situación.
Hablar, entonces, de la incorporación de la perspectiva de género en las IES significaría que en el análisis de lo que ocurre en estas instituciones se ha puesto en práctica tal manera de entender las relaciones sociales y no solamente considerar si se realiza o no el estudio del género como objeto teórico en las universidades (Palomar, 2005), es decir, no basta con tener centros de estudios o institutos especializados en estudios feministas y de género, que ha sido la acción recurrente y más visible que se ha implementado desde las universidades para establecer prácticas discursivas que promueven la perspectiva de género desde la academia, sino que es necesario extenderla a las prácticas cotidianas y en la cultura institucional de las IES. La propuesta de transversalización de la perspectiva de género en los espacios educativos no sólo trata de institucionalizar una política, sino de construirla de manera integral y conjunta, y comprendiendo que se requiere de cambios profundos en la política, la cultura y las prácticas de las IES. No se trata únicamente de incorporar esta perspectiva desde el orden imperante, por lo que se exige un gran esfuerzo colectivo para vencer resistencias ideológicas y contar con el compromiso y la voluntad política de quienes lideran estas instituciones.
A partir de 2018, comenzaron a generarse en la UNAM instancias especializadas en la prevención y atención a la violencia de género y en la promoción de los derechos de las mujeres desde proyectos integrales. En las entidades y dependencias se fueron gestando Unidades de Género, Unidades de Igualdad de Género y las Unidades de Atención a la Violencia de Género (UNAVIG).
Pionera en esto fue la FFYL, que luego de una experiencia particular en la materia, actualmente está constituyendo una nueva UNAVIG. La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), es otra entidad que cuenta con una Unidad de Igualdad de Género (UNIGENTS), cuyo proyecto también es una experiencia interesante de analizar.7 Recientemente en 2020, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales constituyó su Unidad de Género, que busca ser una instancia estratégica para transversalizar la perspectiva de género en todos los espacios de dicha Facultad.
El Proyecto de la Unidad de Género: transversalizando la Perspectiva de Género en todo el quehacer de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La Unidad de Género (UG) de la FCPyS comenzó a operar desde la primera semana de febrero del año en curso, tomando como base los lineamientos para la creación de la UG trabajados por la Comisión de Género del Consejo Técnico de la Facultad. Desde allí se plantearon los siguientes objetivos generales:
Coadyuvar a la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia de género cometidos por o contra los miembros de la comunidad de la Facultad.
Promover y participar en la creación de espacios y ambientes libres de violencia de género (Consejo Técnico, 2019).
A partir del trabajo que se ha venido desarrollando y la constitución de la UG, se agregó como objetivo: ser la instancia que genere y promueva mecanismos para una política preventiva contra la violencia de género, favoreciendo la cultura de la denuncia, a través de la transversalización de la perspectiva de género en todo el quehacer de la FCPyS en vinculación con la comunidad universitaria. Desde este objetivo, uno de los aspectos señalados es que esta instancia es un área de oportunidad que no puede agotarse en la aplicación y seguimiento del Protocolo, sino que su radio de acción es más amplio al involucrarse con toda la comunidad de la Facultad y con las diferentes instancias institucionales que la UNAM ha ido creando en materia de género, así como instituciones públicas e incluso organismos internacionales. El plan de trabajo propuesto abre espacios de intervención desde la vinculación con las y los diferentes actores y desde las diversas dimensiones que inciden en la violencia, tomando como antecedente los objetivos específicos planteados en el artículo 3° de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM. Se han ido definiendo líneas de acción a corto, mediano y largo plazo, que se materializan en el Plan de Igualdad de Género 2020-2024, como política institucional para transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer de la Facultad.
La transversalidad de la perspectiva de género no es enunciativa, requiere que se incorpore en la planeación de una política institucional y que ésta atraviese aspectos académicos, formativos, administrativos, de difusión cultural y de presupuesto. Consiste en transformar el orden social de género establecido en las familias, en el mercado de trabajo, en las instituciones y en el Estado a partir de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas. Con esta nueva estrategia se busca evitar la tendencia de los gobiernos e instituciones de atender las demandas de género como "asuntos de mujeres", recluidos en programas específicos, con poco presupuesto y desvinculados del curso principal de las políticas públicas (Incháustegui y Ugalde, 2004). La transversalidad es la herramienta que hace operativos los objetivos, los ejes y líneas de acción del Plan de Igualdad de Género. Es un concepto central de la propuesta que se está diseñando, ya que conlleva la valoración de las implicancias para hombres y mujeres, en cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas en todas las áreas y todos los niveles.
Si bien la erradicación de la violencia de género -y particularmente la violencia contra las mujeres en la FCPyS- es el eje principal del Plan de Igualdad de Género 2020-2024, las líneas de acción se desarrollarán de manera vinculante e integral. Es necesario generar acciones preventivas e intervenir en aquellos factores que dan lugar a las desigualdades y brechas de género. Cabe destacar que este Plan sistematiza el trabajo que la FCPyS ha venido desarrollando en materia de género desde 2016, ya que algunas de las líneas de acción dan continuidad a la gestión realizada y a la vez se proponen otras que buscan profundizar en aquellas dimensiones que inciden en los distintos tipos de violencia, abriendo nuevas perspectivas de análisis en materia de igualdad de género y derechos humanos desde las ciencias sociales. Exponemos brevemente sus cuatro ejes programáticos:
1. Vida Libre de Violencia en la FCPyS:
Diseñar un Modelo de Atención e Intervención centrado en la víctima, homologado a los criterios del Protocolo, a través de un trabajo mancomunado con la Unidad Jurídica especializada en los casos de violencia de género, mejorando los procesos de acompañamiento e información.
Elaborar un Sistema de Registro para evitar los subregistros y contar con estadísticas propias para la generación de reportes que transparenten la información a toda la comunidad universitaria. De este Sistema de Registro se desprenderá un Módulo de Indicadores de Violencia de Género de la FCPyS.
2. Programa de Capacitación y Formación en Perspectiva de Género:
Analizar los planes de estudio de las carreras de la Facultad desde la perspectiva de género y desarrollar una oferta de talleres y cursos de sensibilización y formación en género y derechos humanos, con modalidades en línea y presencial, para toda la comunidad universitaria.
Coadyuvar y dar seguimiento al proceso de concreción de la materia base para todas las carreras de la FCPyS, a través de la participación en la Comisión de Formación, contribuyendo al fortalecimiento de la docencia e investigación con perspectiva de género.
3. Coordinación y Vinculación:
Promover la vinculación intra institucional e inter institucional con todas las instancias involucradas en materia de género en la FCPyS y en la UNAM.
Dar seguimiento a las modificaciones a la Legislación Universitaria y contribuir al desarrollo de la política de igualdad de género en la UNAM.
4. Las Autonomías de las Mujeres de la FCPyS:
Analizar la posición de las mujeres como sujetas políticas desde la Autonomía Física, Autonomía Política y Autonomía Económica, identificando cómo se interrelacionan éstas con las dinámicas cotidianas de mujeres estudiantes, profesoras, funcionarias y trabajadoras.
Realización de actividades culturales y académicas que promuevan la conciliación laboral y familiar en la FCPyS.
Reflexiones finales y propuestas
El reconocimiento de la violencia contra las mujeres en la UNAM y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) es un punto de análisis fundamental para avanzar en su erradicación. Mientras una parte de la comunidad minimice el problema y se siga culpando a la víctima, o considere que es una "estigmatización" hacia los hombres, alumnos, profesores, funcionarios y trabajadores, se hará aun más complejo el escenario que tenemos en la actualidad. La FCPyS ha establecido una agenda de trabajo a través de una política institucional para transversalizar la perspectiva de género en todo el quehacer de la Facultad, materializada en el Plan de Igualdad de Género. Como hemos señalado, si bien la erradicación de la violencia de género, y particularmente la violencia contra las mujeres, es un eje principal, las líneas de acción se desarrollarán de manera vinculante e integral. Es necesario intervenir en aquellos factores que contribuyen y determinan la violencia contra las mujeres, como la reproducción de estereotipos y roles de género. Asimismo, es necesario fomentar la implementación de acciones afirmativas en busca de disminuir las brechas de género y desigualdades que históricamente han enfrentado las mujeres en la academia.
Diseñar y elaborar un Sistema de Registro para las denuncias de violencia de género en la FCPyS es primordial. Se requiere un sistema adecuado para evitar los subregistros y contar con estadísticas propias para la generación de informes que transparenten la información a toda la comunidad universitaria. Si bien es cierto que la OAG ha diseñado una cédula de registro pertinente, la facultad necesita contar con un Sistema propio para la generación de evidencia e indicadores de género. De igual modo, es necesario implementar estrategias innovadoras de difusión del Protocolo, el cual aún es desconocido para una buena parte de la comunidad universitaria, tal como lo señalan los datos. Las estrategias ya emprendidas deberán ampliar su radio de acción y a la vez sumar otras alternativas.
Consideramos que deberán seguir fortaleciéndose aquellas instancias de participación tales como la Comisión de Género del Consejo Técnico y la recientemente constituida Comisión Interna de Equidad de Género (CINEG). Es fundamental definir objetivos y la vinculación específica de cada una de estas instancias, tomando en cuenta que la estructura institucional de la UNAM en materia de género se ha reestructurado desde la creación de la Coordinación Universitaria de Igualdad de Género (CUIG). A su vez, las estrategias desde el Programa de Capacitación y Formación en Género deberán considerar los análisis de los diagnósticos y estudios realizados en la FCPyS, donde integrantes de la planta docente en el rango etario entre los 50-60 años y más considera que la violencia de género no es un problema "tan grave" en la Facultad. En este sentido, la sensibilización y el trabajo con académicos y académicas deberá ser permanente, buscando fortalecer la docencia con perspectiva de género.
El desarrollo de una materia base en violencias de género, orientada sobre todo a las generaciones que ingresan a las diferentes licenciaturas de la FCPyS, no es suficiente como incorporación de la perspectiva de género en los espacios formativos. Es necesario que esta materia sea de carácter obligatorio y no optativa, como ocurre con la mayoría de las materias que se presentan en temas de feminismo y género. Un análisis y reestructuración de los planes de estudio, requiere decisivamente la transversalización de la perspectiva de género para lograr transformaciones estructurales en el plano formativo. Por último, los estudios, tales como el diagnóstico realizado recientemente por Género y Desarrollo a. c. (GENDES), deben ser considerados en el presupuesto de la FCPyS, ya que generan información de vital importancia, para comprender las lógicas y dinámicas que se han normalizado respecto de las relaciones de género. Asimismo, es necesario profundizar en varios elementos que arrojan este tipo de diagnósticos, en torno a la posición y condición de las mujeres y los hombres, las interseccionalidades, y la cultura institucional de la FCPyS.
