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Introducción
En las últimas décadas, se ha destacado el papel crecientemente importante y positivo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la vida democrática y la gobernabilidad de México. Los debates desarrollados a lo largo de la década de los noventa en los ámbitos político y académico resultaron en la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en el año 2004 (Olvera, 2014). Diez años después, en 2014, el Registro Federal de las OSC incluía alrededor de 27 000 organizaciones. No obstante, aproximadamente una cuarta parte de ellas tenía estatus de “inactivo” lo que significa que dejaron de presentar su informe anual ante la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil durante dos años consecutivos (INDESOL, 2014).
Puede argüirse que este sector de organizaciones está convirtiéndose en un actor político cada vez más importante (Moreno, 1996). Su crecimiento e influencia son ya factores importantes del escenario político mexicano, sin embargo, aún son poco comprendidas como organizaciones. En efecto, en diversos países, las OSC son consideradas como actores políticos con intereses específicos (Gordon, 2011). Ello significa que, de manera regular, agentes políticos o empresariales crean y financian este tipo de organizaciones y los intereses que defienden se hacen explícitos en cuanto tales. En México, en cambio, todavía es común que se presenten ante la opinión pública planteamientos en el sentido de que son entidades neutrales y, por lo tanto, apolíticas; es decir, que representarían desinteresadamente a “la sociedad en general”. En algunas ocasiones, se llega incluso a equiparar a las OSC con “sociedad civil” y se afirma que éstas defienden, por esencia, el “interés general”. Por ello, parece importante avanzar en su comprensión a partir de su proactividad para hacer públicas sus fuentes de financiamiento, los mecanismos a partir de los cuales informan respecto de los procesos que emplean para explicar los resultados que producen. Incluso, sería deseable avanzar en el conocimiento acerca de cómo es que se crean estas organizaciones y de los procesos a partir de los cuales toman decisiones, nombran a sus directivos y cabildean sus intereses en las esferas políticas y empresariales (Hernández, 2010).
Avanzar en este sentido implica pensar que una parte importante de las OSC mexicanas debe ser entendida como actores políticos (Aguilar Villanueva, 1997; Tapia y Robles, 2014, Villarreal, 2012). Como lo establecen García y Cobos, en la medida en que las OSC sean vistas como espacios transparentes de defensa de intereses -ya sean generales o particulares- y se tengan claros los temas y sectores en los que buscan incidir (presumiblemente orientadas por un interés social), su posición social y política se vería fortalecida (García y Cobos, 2005, Rabotnikof, 2002). En este artículo, se presenta un análisis sobre el esfuerzo que realizan las OSC en México para hacer transparente y accesible la información sobre los intereses que representan y las sostienen. Para ello, se consultó y sistematizó la información pública y disponible en bases de datos, sitios web, redes sociales y en distintos medios de comunicación. Si bien, a partir del examen realizado no es posible establecer una relación entre la calidad de la información que es pública y los niveles de credibilidad y legitimidad, se lleva a cabo una primera aproximación al esfuerzo que este tipo de organizaciones realiza para dar cuenta de sus objetivos, actividades y logros.
El argumento que orienta este trabajo es que aún queda camino por recorrer en México. Es cierto que, por su naturaleza, estas organizaciones representan legítimamente intereses particulares; sin embargo, en tanto actores políticos se espera que sean transparentes, responsables y éticas. Más aún si reciben fondos públicos o realizan funciones públicas (Brysk, 2000: 152). De manera específica, se observa la prevalencia de importantes debilidades y ausencias en la manera en que hacen públicos aspectos críticos de su funcionamiento y financiamiento, lo que contribuiría a aclarar el papel político que juegan y los intereses que representan. La transparencia y la responsabilidad de las OSC podría tener implicaciones en su representatividad y en su legitimidad, entendida en un sentido social y empírico; es decir, como la lealtad afectiva que se construye sobre la base de un profundo interés común y/o de un fuerte sentido de identidad compartida (Curtin y Meijer, 2006: 112). Para decirlo de otro modo, como se verá más adelante, se observa una ausencia significativa de proactividad por parte de éstas para garantizar qué información sobre aspectos importantes de su funcionamiento y acción (tales como los apoyos que reciben), los objetivos que persiguen y los resultados que obtienen, estén disponibles de manera accesible. Una mayor transparencia con relación a estos aspectos esenciales permitiría un mejor conocimiento sobre los intereses que representan.
En este artículo se analizan los esfuerzos que realizan las OSC en México para transparentar información sustancial relacionada con sus intereses y su funcionamiento; de manera concreta se indaga sobre la publicidad de la relación que mantienen con el gobierno, la relación con sus miembros y los mecanismos que emplean para publicitar resultados y rendir cuentas (Tabla 1). A partir de una muestra (tomando para ello el Directorio de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y del Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaria de Gobernación) se clasificaron bien como organizaciones de servicios a terceros o como asociaciones de auto beneficio para posteriormente, realizar las búsquedas en la internet de los cuatro rubros de información enunciados.
Tabla 1 Formato para la recopilación de información de las muestras estudiadas
| No | Nombre de OSC | Ubicación | Tipo de organización por la clasificación de CEMEFI |
Misión | Datos sustantivos | ||
| Quién financia |
Cómo financia |
A quiénes representa |
|||||
| No | Nombre de OSC |
Relaciones con el gobierno | Miembros y membresías | ||||
| Proyectos | Financiamiento | Productos | Lógica | Cantidad | Transparencia | ||
| No | Nombre de OSC |
Resultados y rendición de cuentas | Donataria Autorizada (si/no) |
||||
| Resultados | A quién rinde cuentas | Cómo rinde cuentas | |||||
Fuente: elaboración propia.
El artículo consta de cinco secciones. En la primera, se hace una revisión de literatura sobre las características normativas y culturales de las OSC estadounidenses. Si bien este aparato puede parecer una digresión innecesaria, pensamos que es importante tener como referente un caso paradigmático donde las OSC son consideradas claramente (por la legislación y por la sociedad) como actores políticos con intereses. No se trata de establecer una comparación con el caso mexicano, puesto que los grados de pluralismo y de asociacionismo no son comparables; se trata únicamente de acercar la lente al papel que juega la transparencia como elemento sustantivo para la legitimación social del rol político de las OSC. En Estados Unidos, dichas entidades no son consideradas actores neutrales y, por lo mismo, tampoco se parte del supuesto de que una organización social representa, por serlo, a los intereses de la sociedad en su conjunto; las OSC son actores interesados y así son vistas e incorporadas al sistema.
En la segunda sección se presentan la metodología del estudio e información estadística descriptiva de las muestras de OSC examinadas. La tercera sección incluye análisis de las características normativas y culturales de las OSC en México a partir de la información recabada. En la cuarta parte se presentan los hallazgos principales del estudio y, finalmente, en el apartado de conclusiones se introducen algunas reflexiones sobre la importancia de la información sobre financiamiento, y grupos que apoyan a las OSC con el fin de fortalecer su propia credibilidad.
Características normativas y culturales de las OSC en los Estados Unidos
Desde la teoría clásica sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil desarrollada en los Estados Unidos, aquéllas representan una esfera de acción privada a través de la cual los individuos pueden tomar la iniciativa, expresar su individualidad y ejercer la libertad de expresión y acción (Salamon, 1996; Diamond, 1994). A diferencia del sector lucrativo, las organizaciones de la sociedad civil tienen la obligación de representar algún interés público (Eikenberry, 2004; Manor, 1999).
En un sentido estrecho, el término organizaciones sin fines de lucro refiere a las entidades clasificadas por el Código de Ingresos de los Estados Unidos de América (Internal Revenue Code) del año 1954 y sus revisiones posteriores en las secciones 501(c)(3) y 501(c) (4). Es decir, las organizaciones sin fines de lucro son sociedades anónimas y fideicomisos formados para fines caritativos, educativos, religiosos y cívicos que están exentos de tributación y para los cuales los donantes pueden hacer contribuciones deducibles de impuestos (Hall, 2006; Irvin, 2005). La sección 501(c) del Código incluye un abanico amplio de organizaciones como partidos políticos, asociaciones comerciales, asociaciones de beneficio mutuo, y otras entidades que disfrutan de diversos grados de exención de impuestos, otorgan a los donantes distintos tipos de desgravaciones fiscales y tienen limitaciones para distribuir sus excedentes en forma de dividendos (Hall, 2006). En un sentido más amplio, bajo el concepto “organizaciones sin fines de lucro” se engloba al universo de asociaciones voluntarias formales e informales, sociedades anónimas, organizaciones de beneficio mutuo, cuerpos religiosos, fideicomisos caritativos, y otras entidades no propietarias (Johnson, Johnson y Kingman, 2004).
En el siglo XX, las políticas legislativas y regulatorias en los Estados Unidos favorecieron sistemáticamente al llamado “tercer sector” y a sus donantes, lo que resultó en la rápida proliferación y crecimiento de las organizaciones sin fines de lucro (Gibelman, 2004). Si en la década de los años cuarenta había menos de 13 000 organizaciones de este tipo en Estados Unidos, para finales del siglo se contabilizaba más de un millón y medio de ellas. El monto de los subsidios federales directos a las organizaciones sin fines de lucro aumentó dramáticamente desde 30 mil millones de dólares en 1974 hasta 160 mil millones de dólares en 1994 (Hall, 2006: 54).
Junto con el crecimiento, el tercer sector en Estados Unidos atravesó por varias crisis de legitimidad (Alexander, 1998; Putnam, 1995). En los años cincuenta, el sector fue fuertemente criticado por usar las “lagunas” existentes en el Código de Ingresos Internos de 1954 y abusar del estatus de entidades exentas de impuestos (Hall, 2006). A partir de entonces, se estipuló que las organizaciones sin fines de lucro debían justificar de una manera coherente y convincente su existencia y los privilegios de que disfrutaban. Para ello se creó la Comisión de Filantropía Privada y Necesidades Públicas (Commission on Private Philanthropy and Public Needs) conocida como the Filer Commission; esta comisión y otras parecidas se dedican a estudiar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y a hacer recomendaciones sobre medidas que es necesario emprender para mejorar su legitimidad.
La clasificación establecida por el Código de Ingresos Internos resulta de particular importancia para establecer beneficios como la posibilidad de recibir donativos deducibles de impuestos, exenciones de impuestos y autorización para hacer cabildeo legislativo. Así, la gran mayoría de las organizaciones sin fines de lucro pertenecen a la categoría de organizaciones autorizadas a recibir contribuciones deducibles de impuestos [organizaciones 501(c)(3)]. Justamente las que no están autorizadas para hacerlo son las organizaciones de defensa de intereses sociales (advocacy organizations 501(c)(4), las ligas de negocios [501(c) (6)], los clubes sociales y recreativos [501(c)(7)], las cooperativas estatales de crédito, y las cooperativas de agricultores, entre otras (Hall, 2006: 69). No obstante, todas ellas están exentas de impuestos. Las organizaciones con categoría 501(c)(3), que pueden recibir contribuciones deducibles de impuestos, están autorizadas, aunque con muchas limitaciones, a hacer cabildeo legislativo, pero se asegura que los donativos se usen para fines caritativos y no políticos. Por su parte, las organizaciones de defensa de intereses sociales [advocacy organizations 501(c)(4)], están autorizadas a hacer cabildeo sin restricciones (Sidel, 2005).
De alguna manera, diversos analistas argumentan que, en el ánimo general de la sociedad, se considera que las OSC tienen un espíritu benevolente y que se constituyen principalmente para expresar los valores sociales, filosóficos, morales o religiosos de sus fundadores y partidarios (Hall, 2006). Se entiende, en otras palabras, que aun cuando defienden intereses particulares, la existencia de múltiples grupos y la competencia que se establece entre ellos permite, por una parte, reflejar los intereses e incluso los valores de diversos grupos, de una manera legítima. De esta forma, en buena parte sostenido en un argumento pluralista clásico, es difícil que en Estados Unidos una OSC se asuma como representante o defensora de todo el espectro social o ciudadano, y se entiende con claridad que existe en pro de la defensa de intereses específicos (Warren, 2001, Dahl, 2006; Jordan y van Tuijl, 2006).
Esto facilita comprender que en el campo de estudio de las políticas públicas en Estados Unidos las OSC se consideran como “grupos de interés” (Martell, Cadena y Moon, 2005). Aun cuando aquellas no se involucren directamente en actividades de promoción política o cabildeo, se considera que tienen márgenes significativos de discrecionalidad sobre los servicios que proporcionan a sus beneficiarios incluidos aquellos que se financian con fondos públicos (Fyall, 2017). Ello supone que los intereses defendidos o promovidos por las OSC contribuyen a configurar las políticas públicas a partir de las decisiones que toman los gerentes del sector no lucrativo respecto de los servicios que prestan las OSC (Lewis y Kanji, 2009).
Es lógico que en un espacio plural donde existen múltiples OSC que representan a una diversidad de intereses, exista también debate sobre los retos y problemas que enfrentan estas organizaciones (Salamon, 2003; Brodeur, 1999). Un tema que siempre preocupa es el financiamiento público que puede comprometer y desviar la misión de las OSC. Algunos autores arguyen que la dependencia financiera respecto del gobierno pone en peligro la representatividad de las OSC desviándola de los intereses de la comunidad, a los del gobierno (Guo, 2007). Otros autores sugieren que las OSC solamente pueden fomentar el interés público cuando estén basados en principios de la democracia deliberativa, lo que significa la participación activa y la inclusión de las necesidades, las preferencias y los intereses no sólo de las poblaciones beneficiarias, sino de empleados, voluntarios y otros stakeholders (Elstub, 2006).
Aunque, como ya se mencionó, en los Estados Unidos existen restricciones legales para que el sector no lucrativo participe en actividades de cabildeo y promoción política, siempre existen posibilidades de influir a través de las OSC (Feldman, Strier y Koreh, 2016). Por ejemplo, se ha reportado que las restricciones legales dan lugar a malentendidos y a la subnotificación de las actividades de cabildeo y promoción de las OSC (Fyall, 2017). En buena medida este hecho dificulta la investigación en torno a las actividades de promoción y cabildeo de estas organizaciones. Lo más común para descubrir estrategias de donación “opacas” que pueden inducir cambios en las políticas públicas, es utilizar la información pública existente y auto-reportada por las OSC ante el Servicio de Recolección Tributaria (Internal Revenue Service) y en los informes anuales que rinden (Bushouse, 2017).
Así pues, en Estados Unidos las OSC son parte integral del sistema político, se reconoce abiertamente y sin ambages que promueven intereses de ciertos grupos de la sociedad y, aunque con dificultades, existe la tradición de transparentar las fuentes de financiamiento y sus donantes (Salamon y Anheier, 1992). De esta manera, las OSC son vistas de manera muy pragmática como factores importantes de coordinación social y política, como medios para la defensa de intereses diversos y legítimos, pero no por ello, exentos de rendir cuentas (Salamon y Anheier, 1997; Smith, 2008).
Una de las grandes ventajas de comprender de manera explícita a las OSC como grupos de interés u organizaciones apoyados por intereses económicos y políticos está justamente en que ello facilita estudiar los riesgos de captura y de desequilibrio que dichas organizaciones pueden sufrir ante el poderío de los actores que las crean o las apoyan. Por ejemplo, el estudio de las “élites del poder”, como las llama Domhoff (2009), incluyen a los dueños del capital que asumen roles de liderazgo simultáneamente en el sector privado y en las redes de OSC, así como a los altos directivos tanto de las corporaciones públicas y privadas como de las propias OSC. En otras palabras, las élites del poder suelen ser directores o fiduciarios de las organizaciones sin fines de lucro que entonces son controladas por la comunidad empresarial a través de la posesión de acciones, de apoyo financiero o del rol predominante que ocupan en las juntas directivas de las propias OSC.
Ebrahim, por su parte, señala que los donantes tienen la capacidad de controlar a las OSC a partir de amenazas de recortes de fondos, de la imposición de condiciones o de acciones que empañen la reputación de las propias organizaciones cuando éstas no logran resultados rápidos en sus proyectos. La conclusión a que llega este autor es que las OSC enfrentan siempre el riesgo de cooptación y de deformación de sus objetivos por parte de financiadores y reguladores (Ebrahim, 2003, 2005).
La manera en la que se conciben y operan las OSC en Estados Unidos resulta un excelente espejo contra el cual contrastar el caso mexicano. En un contexto de pluralismo limitado como el que prevalece en México y en una democracia en la que las libertades no están plenamente garantizadas en los hechos, las OSC se han convertido en un espacio importante y con legitimidad para actuar política y socialmente. Ante ello, resulta muy importante avanzar en reconocerlas con toda claridad como actores interesados. Para ello, la transparencia de sus datos, intereses, financiadores, resulta fundamental. Comprender el esfuerzo y la proactividad que las OSC que actúan en México muestran para hacer pública y comunicar información acerca de su funcionamiento y sus fuentes es la necesidad que inspiró este artículo y orientó la exploración y el análisis de la información pública y disponible sobre ellas.
Integración de la muestra de OSCs en México
Construir el universo de estudio requirió tomar algunas decisiones, con el fin de maximizar la posibilidad de incluir al mayor número de OSC existentes, así como de aquellas que se han impuesto la obligación de abrir su información sustantiva de manera clara y oficial. Por ello, el análisis presentado en este trabajo se realizó a partir de dos bases de datos: el Directorio de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social) y del Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (a cargo de la Secretaria de Gobernación). A pesar de que dichos directorios no necesariamente incluyen a todas las OSC existentes en el país, sí constituyen los padrones más amplios y sistematizados que existen sobre este tipo de organizaciones en México; de manera específica, de aquellas que, por diversas razones, decidieron obtener su registro oficial. La inscripción al Registro es voluntaria y supone un aval de que la situación de la OSC es legal, regular y de que ha sido acreditada por una instancia del gobierno federal (Carrillo, Robles, Tapia y Tapia, 2009). Contar con la Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI) es indispensable para que las OSC puedan participar en las convocatorias para concursar por recursos, estímulos y apoyos que se ofrecen desde las dependencias del gobierno federal. Sin embargo, el registro no es el único requisito para poder acceder a los distintos apoyos gubernamentales; las OSC deben realizar otros trámites que en ocasiones pueden ser considerados como una carga administrativa excesiva y desincentivar el propio registro. Seguramente existen OSC que operan sin acudir a apoyos gubernamentales y que no han sido detectadas para este análisis por esa razón.
Una segunda decisión fue definir una forma de clasificación. Existen diversas y todas ellas son acertadas y útiles. En este caso se decidió utilizar aquella que divide en dos categorías: las asociaciones de auto beneficio (cooperativas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos) y las de servicios a terceros (fundaciones, asociaciones operativas, instituciones al servicio del sector) (Sepúlveda y Edwards, 1997, Olvera, 2001). La división en dos categorías de organización se hizo siguiendo la propuesta de Carroll (1992) y que en México es retomada por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) (ver Anexo 1).
Con esta forma de clasificación y con los dos directorios mencionados, se construyó una muestra de 200 organizaciones; la mitad correspondiente a la primera categoría y la mitad a “organizaciones de servicios a terceros” (Tapia, 2010: 414). El método seguido para integrar la muestra consistió en una tabla de números aleatorios. A cada OSC se le asignó un número utilizando la función “aleatorio” de Excel. En seguida la lista se ordenó según el número asignado en un orden de menor a mayor. Después se revisó el estatus de cada una en el buscador de OSC de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Si la organización aparecía con estatus de “Inactiva” -lo que significa que no había presentado informes anuales al INDESOL durante dos años consecutivos-, se descartaba pues no procedía el análisis (Tapia, 2010: 418). Una vez que se logró integrar una base de cien organizaciones activas para cada una de las dos categorías, se detuvo el procedimiento. Para integrar la categoría de cien “organizaciones de servicios a terceros” con estatus de “activas” se examinaron 211 en total.
La muestra de la categoría de “asociaciones de auto beneficio” se integró a partir de la actualización al 13 de enero del 2017 del Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil que registraba, a esa fecha, un total de 8 145 organizaciones de ambos tipos (asociaciones de auto beneficio y organizaciones de servicios a terceros). Primero se procedió a depurar a las organizaciones de servicios a terceros, debido a que ya se había integrado la primera categoría de la muestra, así como a las que tenían estatus de “inactivas”. La distribución geográfica de las OSC de la primera y segunda muestra se presenta en el Anexo 2.
Una vez integrada la base de doscientas OSC con cien organizaciones en cada una de las categorías, se procedió a recabar toda la información disponible sobre ellas. Las principales fuentes de información consultadas fueron sus sitios web, notas en medios de comunicación electrónicos y los datos registrados en los sistemas de información gubernamentales. Adicionalmente se rastreó información disponible en redes sociales tales como Twitter, Facebook, Instagram, video hosting Youtube y en blog hosting blogspot. Para indagar sobre las fuentes de financiamiento se consultó el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil de los ejercicios fiscales 2014-2017.
Las organizaciones de servicios a terceros son entidades de desarrollo cívico que prestan servicios de promoción de bienestar a grupos locales desfavorecidos, ya sean rurales o urbanos (Sepúlveda y Edwards, 1997). En su calidad de instituciones intermediarias, crean vínculos entre los beneficiarios y el gobierno, los donantes y/o las instituciones financieras. Por lo regular, los beneficiarios de este tipo de organizaciones no forman parte de su membresía y no están controladas ni son responsables de su actuar ante ellos, aunque en ocasiones algunos beneficiarios pueden funcionar como miembros del Consejo o como asesores (Ebrahim, 2016). CEMEFI incluye en esta categoría a las fundaciones (que disponen de patrimonio propio), a las asociaciones operativas (que no lo tienen) y a las instituciones al servicio del sector (es decir, a organizaciones de procuración de fondos o de investigación, entre otras).
Por su parte, las asociaciones de membresía también proporcionan servicios y enlace, pero, en principio, representan directamente los intereses de sus miembros y son responsables ante ellos. En consecuencia, este tipo de organizaciones está controlado por sus beneficiarios y disponen de mecanismos de rendición de cuentas como la elección de sus dirigentes (Sepúlveda y Edwards, 1997). CEMEFI incluye en esta categoría a las cooperativas, las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas y a los sindicatos.
En realidad, en algunos casos puede resultar difícil definir con claridad si una organización pertenece a la primera o la segunda categoría, pese a que esta sería una cuestión crítica para comprender los mecanismos de financiamiento, los intereses que apoyan las agendas de las OSC, así como sus mecanismos de rendición de cuentas.
El Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil de INDESOL contenía registros desde diciembre de 2004 hasta agosto de 2014. Estaba conformado por unos 27 000 registros de organizaciones inscritas. La actividad más frecuentemente registrada es la de “promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico” (42.4 %); le siguen la “cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural” (26.9 %), “asistencia social” (26.9 %) y “fomento de acciones para mejorar la economía popular” (26.9 %) (ver Anexo 3). Las actividades registradas con menor frecuencia son la de “promoción del deporte” (8.3 %), “participación en acciones de protección civil” (6.7 %), “acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana” (3.2 %), “actividades que determinen otras leyes” (2.1 %) y “promoción y defensa de los derechos de los consumidores” (0.2 %).
Por lo que respecta a la distribución geográfica se observa un sesgo importante pues una quinta parte -la mayoría de las OSC registradas- operan en la Ciudad de México (20.04 %). Otras entidades federativas con presencia importante de organizaciones son el Estado de México (8.76 %), Veracruz (7.12 %) y Oaxaca (6.14 %) (ver Anexo 4). En el extremo opuesto se encuentran Colima (0.83 %), Campeche (0.72 %) o Baja California Sur (0.63 %). En términos de la relación entre OSC por habitantes, Tamaulipas tiene una OSC por cada 10 679 habitantes, Nuevo León una por cada 8 614 y Sinaloa una por cada 7 745. La mejor relación la tiene la Ciudad de México donde hay una OSC por cada 1 642 habitantes; y, como dato interesante, le siguen Oaxaca (una por cada 2 406) y Durango (una por cada 2 237).
En lo que se refiere al número de donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2017, el sesgo en la distribución geográfica se marca aún más. La mayor parte de ellas (29.64 %) se ubica en la Ciudad de México, seguida del Estado de México (8.1 %) y de Jalisco (6.63 %). En Tabasco (0.4 %), Zacatecas (0.38 %) y Campeche (0.29 %) se registra el menor número de donatarias (ver Anexo 5).
Esfuerzos por hacer pública su información y calidad de la información publicitada
Las organizaciones de servicios a terceros
Una gran mayoría de las organizaciones que conforman la muestra de “organizaciones de servicios a terceros” está registrada bajo la figura jurídica de “asociación civil”. En general prestan servicios tales como educación, desarrollo humano, salud, culturales, promoción de derechos humanos y atienden principalmente a segmentos de la población en situación de vulnerabilidad.
Respecto de las fuentes de financiamiento, más de la mitad de las organizaciones de la muestra (57 de 100) no hace ninguna mención acerca del origen del financiamiento de sus actividades. Las 43 organizaciones restantes presentan información poco específica, sin referencia directa a las empresas, fundaciones y/o individuos que las patrocinan. Solamente seis organizaciones proporcionan información específica sobre este rubro.
Por otra parte, 23 organizaciones señalan a los ingresos autogenerados como fuente de financiamiento. Dichos ingresos provienen de la prestación de diferentes servicios tales como la educación, capacitación, organización de eventos o ventas. El apoyo del gobierno (federal y estatal) constituye también una fuente importante de ingresos para las organizaciones. Poco más de un tercio de ellas (38) señalan que reciben fondos públicos provenientes de los distintos niveles de gobierno (federal, estatal o municipal).
A partir de la información que hacen pública, no es fácil de descubrir qué tipos de apoyo reciben las organizaciones de servicios a terceros. Menos de un tercio (27) manifiesta con claridad sus apoyos y prácticamente todas informan que reciben donativos en efectivo y especie. Una sola organización declara recibir cuotas de membresía. Se consultó si contaban con estatus de “donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos” y el resultado arrojó que sólo un tercio (32) de ellas tenía dicho estatus al 2017.
Por lo que hace a la representación de intereses, la propia definición “organizaciones de servicios a terceros” indica que representan directamente los intereses de sus fundadores, miembros y donantes. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos fue imposible establecer quiénes son dichos actores, excepto en tres casos. También fue difícil obtener información sobre los beneficiarios de las organizaciones clasificadas como “de servicios a terceros” pues solamente 16 de ellas especificaron quiénes son sus poblaciones objetivo. Por otra parte, las organizaciones pocas veces publican información referente a los apoyos o financiamientos provenientes de fuentes gubernamentales. Sin embargo, fue posible obtenerla por vías indirectas mediante el examen de notas periodísticas en medios de comunicación electrónicos o de bases de datos de resultados de convocatorias públicas. En este caso se identificaron 12 proyectos que las OSC examinadas ejecutaron con apoyo del gobierno.
Del lado de las entidades gubernamentales hay más información disponible sobre el financiamiento que otorgan a las OSC. En estos casos los montos se presentan por año y por programa o entidad pública que otorga el financiamiento. Un total de sesenta organizaciones de la muestra recibieron apoyo del gobierno federal, mientras que los montos promedio de apoyo se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2 Los montos de apoyo promedios anuales por programa público (muestra 1).
| Entidad gubernamental | Programa |
Cantidad de OSC de la muestra que recibieron apoyo |
Monto promedio anual (pesos) |
|
Instituto Nacional de Desarrollo Social |
Programa de Coinversión Social |
35 | $230 854.00 |
|
Secretaría de Educación Pública |
Educación Equitativa de Alta Calidad |
1 | $288 872.00 |
|
Instituto Nacional de las Mujeres |
Proequidad | 3 | $358 111.00 |
|
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Programa de Derechos Indígenas |
12 | $120 303.00 |
|
Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano |
Programa Fomento al Desarrollo Agrario |
10 | $908 292.00 |
|
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia |
2 | $79 500.00 |
|
Secretaría de Educación
Pública |
Programa de Apoyos a Cultura |
1 | $1 757 837.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Programa de Opciones Productivas |
6 | $1 278 767.00 |
|
Instituto Mexicano de la Juventud |
Asociacionismo Juvenil | 2 | $119 500.00 |
|
Secretaría de Desarrollo Social |
Programa de Empleo Temporal |
5 | $1 433 131.00 |
|
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte |
N/A | 2 | $3 602 765.00 |
| Secretaría de Salud | N/A | 5 | $588 778.00 |
|
Secretaría de Educación Pública |
N/A | 2 | $908 334.00 |
|
Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad de México |
N/A | 1 | $160 000.00 |
|
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Programa Integral de Desarrollo Rural |
2 | $3 664 894.00 |
| Secretaría de Salud | Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |
1 | $4 000 000.00 |
|
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |
N/A | 1 | $50 100.00 |
|
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Programa de Productividad Rural |
1 | $1 300 000.00 |
|
Secretaría de Educación Pública |
Programa de Cultura Física y Deporte |
1 | $37 130 331.00 |
|
Secretaría de Educación Pública |
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento |
1 | $88 314 390.00 |
|
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |
1 | $1 886 792.00 |
|
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero |
N/A | 1 | $1 452 745.00 |
|
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva |
N/A | 1 | $4 443 375.00 |
|
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes |
N/A | 1 | $15 000 000.00 |
|
Instituto Mexicano de Cinematografía |
N/A | 1 | $200 000.00 |
|
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública |
N/A | 1 | $2 423 973.00 |
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información del Registro Federal de las OSC.
Por lo que toca a los resultados, solamente quince de las cien organizaciones de la muestra especificaron qué productos fueron obtenidos con los apoyos recibidos. En este tema, la calidad de la información disponible también es muy baja ya que solamente se menciona el tipo de las actividades que se llevaron a cabo, la cantidad o el nombre de los eventos realizados (construcción de comedores comunitarios, distribución de despensas quincenales, construcción de estufas ahorradoras de leña con chimenea, entre otras).
Pocas organizaciones revelan información acerca de su membresía. Solamente tres organizaciones de las clasificadas como de “servicios a terceros” hacen pública la lista de sus miembros en sus páginas web. Solamente en ocho casos se especifica el tipo de miembros (empleados, voluntarios, patronato, simpatizantes, etc.). Alguna menciona que cuenta con amplias redes nacionales e internacionales de profesores, jóvenes divulgadores de ciencia e instituciones sociales. Ninguna hace públicos sus criterios o actividades de reclutamiento. Por otro lado, sólo diez organizaciones especificaron el total de miembros con los que cuentan. En promedio ese 10 % de organizaciones que sí hacen público este dato, cuenta con alrededor de 30 miembros; una más dice agrupar a alrededor de 700 docentes. Algunas indican que sus miembros son principalmente mujeres, damas voluntarias, religiosas y personas de edad avanzada. No existe información sobre fundadores ni sobre el personal directivo: sobre su nivel de experiencia, calificación, remuneración o tasa de rotación.
Adicional o probablemente como correlato de la dificultad para conocer los grupos de apoyo y las fuentes de financiamiento, tampoco es común la práctica de publicitar resultados y logros principales de las mismas OSC. Solamente nueve organizaciones de las cien que componen la muestra publican reportes anuales de sus actividades en sus páginas web. Otras prefieren utilizar cuentas en las redes sociales (dígase Facebook, Twitter, Instagram y la plataforma de video hosting Youtube) para hacer públicos y visibles sus actividades y resultados. En términos generales, las organizaciones de servicios a terceros rinden cuentas a sus miembros y donantes como el gobierno, las fundaciones, empresas y particulares. Solamente diez organizaciones especificaron ante quiénes informan.
Las organizaciones de auto beneficio o de miembros
La segunda muestra, correspondiente a las clasificadas como de auto beneficio, se integró también por 100 organizaciones (tales como cooperativas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas o sindicatos). Para un tercio de ellas (35) fue imposible esclarecer su misión o el tipo de actividad a que se dedican a partir de la información disponible, mientras que la mitad (50) de las OSC que se clasificaron en esta categoría muestran algún tipo de información acerca de sus fuentes de financiamiento. Entre las más comunes destacan las aportaciones de los agremiados y asociados, recursos autogenerados por la prestación de servicios y ventas, apoyos provenientes del gobierno federal, donativos privados, patrocinadores y las campañas públicas de recolección de fondos; esto en cuanto a quién financia. Respecto de cómo se obtienen los financiamientos, la información se obtiene para un número menor: 40. Los modos más comunes de financiamiento son el pago de las cuotas de los agremiados, pago por servicios, rifas, donativos en efectivo y especie, apoyo para proyectos específicos, subsidios y partidas extraordinarias del gobierno y campañas de redondeo en comercios.
Por definición, las organizaciones de auto beneficio representan los intereses de sus miembros, de modo que fue relativamente sencillo identificar a los grupos o individuos cuyos intereses están representados en el 63 % de los casos. Se trata en su mayoría de grupos aglutinados en torno a la profesión o a la actividad productiva que desarrollan: silvicultores, productores agrícolas, trabajadores de diversas industrias, representantes del sector empresarial, profesionistas de diferentes disciplinas, campesinos de bajos recursos, comerciantes, artesanos y pescadores (Salgado, 2006).
En lo que se refiere al financiamiento gubernamental, 13 organizaciones manifiestan haber recibido apoyos a través de diferentes programas públicos. Los montos promedio de apoyo por año se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3 Montos promedio de apoyo por año y por programa público (muestra 2).
| Entidad gubernamental | Programa |
Cantidad de OSC de la muestra que recibieron apoyo |
Monto promedio anual (pesos) |
| Comisión Nacional Forestal | N/A | 4 | $305 808.00 |
|
Instituto Nacional para el
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural |
N/A | 2 | $3 846 341.00 |
|
Instituto Nacional de
Desarrollo Social |
N/A | 2 | $165 374.00 |
|
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |
1 | $500 000.00 |
|
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
Programa de Fortalecimiento de Organización Rural |
1 | $400 000.00 |
|
Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero |
N/A | 1 | $6 190 747.00 |
|
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación |
N/A | 3 | $1 907 619.00 |
| Secretaría de Desarrollo Social | N/A | 3 | $1 136 220.00 |
| Secretaría de Economía | N/A | 1 | $2 528 177.00 |
| Secretaría de la Reforma Agraria | N/A | 1 | $999 974.00 |
| Secretaría de la Reforma Agraria | Programa Fomento al Desarrollo Agrario | 1 | $333 333.00 |
| Secretaría de Educación Pública | N/A | 1 | $50 000.00 |
|
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales |
N/A | 1 | $80 000.00 |
Fuente: elaboración propia con base en los datos del Sistema de Información del Registro Federal de las OSC.
En términos generales, 7 de las 13 organizaciones que manifiestan recibir recursos públicos abren su información en torno a los proyectos que realizan en colaboración con entidades gubernamentales. Dichos proyectos incluyen principalmente el desarrollo de infraestructura en comunidades rurales, la realización de eventos culturales y de capacitación, el establecimiento de granjas y saneamiento forestal, entre otros.
Solamente 22 organizaciones indican cómo reclutan a sus miembros. Para la mayoría de ellas la afiliación es voluntaria e implica el pago de cuotas anuales. Los requisitos para la afiliación incluyen, por lo regular, la posesión de un título profesional, el desempeño de las actividades profesionales en determinadas áreas y/o demostrar interés por desarrollar y llevar a cabo acciones en beneficio de la comunidad. Únicamente una quinta parte de las organizaciones de la muestra construida aleatoriamente hacen pública la información acerca de la cantidad de afiliados que tienen. La cantidad de miembros de esas 20 organizaciones se presenta en la Tabla 4. Ahora bien, sólo en 16 casos el padrón de miembros se encuentra disponible en los sitios web de las organizaciones.
Tabla 4 Distribución del número de miembros de las organizaciones de auto beneficio
| Cantidad de miembros | Número de OSC |
| <100 | 10 |
| 100<……<1000 | 4 |
| 1000< | 6 |
Fuente: elaboración propia.
En lo que se refiere a la rendición de cuentas, es indicativo que solamente fue posible obtener información sobre resultados y logros de seis organizaciones de la muestra. El principal medio empleado para anunciarlos son las páginas web de las propias organizaciones y, en ocasiones, también las redes sociales. Las OSC clasificadas como de auto beneficio rinden cuentas a sus miembros o agremiados y deben hacerlo ante las entidades gubernamentales que las financian -cuando ese es el caso-. Sin embargo, en un único caso se menciona a los organismos ante los que la organización rinde cuentas. Para ello, el mecanismo más empleado son los informes anuales; 62 organizaciones muestran al menos parte de sus informes anuales en sus sitios web o en las redes sociales. Debido a la nueva normatividad en materia de transparencia, los sindicatos están creando plataformas de transparencia y rendición de resultados para cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Discusión: los limitados esfuerzos de transparencia de las OSC en México
La información recabada permite realizar un resumen de ciertas características críticas de la información que las OSC hacen transparente respecto de los grupos, intereses y formas de financiamiento que les dan sentido y viabilidad:
Una mayoría (76 %) de las OSC clasificadas como “de servicios a terceros” que forman parte de la muestra aleatoria de cien organizaciones analizadas tienen poca o nula visibilidad pública; es decir, no disponen de un sitio web estable o de cuentas en redes sociales. Identificar sus objetivos, miembros, intereses, fuentes de financiamiento o resultados no resulta sencillo para la ciudadanía en general. Cabe desatacar que esta circunstancia se presenta en mayor medida entre organizaciones que se ubican fuera de la Ciudad de México: 79 % de las OSC ubicadas en otros estados de la República tienen poca o nula visibilidad pública contra 65 % de organizaciones capitalinas que no la tienen.
Se observa que la mayoría de las OSC de servicios a terceros cuentan con algún apoyo económico gubernamental (ya sea del nivel federal, estatal o ambos), sobre todo del Programa de Coinversión Social (PCS) del INDESOL. A pesar de que algunos autores arguyen que los recursos de este programa público se destinan en su mayoría a unas cuantas organizaciones (Toral, 2018), este análisis arrojó que más de un tercio de las organizaciones que fueron aleatoriamente seleccionadas recibieron apoyo del PCS, por lo menos en un ejercicio fiscal (2017).
Se observó que las organizaciones con figura jurídica de IAP (Institución de Asistencia Privada), supervisadas por las Juntas de Asistencia Privada en el ámbito estatal, por lo regular, invierten recursos para hacerse visibles y publicitar su acción: cuentan con sitios web donde promueven o comunican sus actividades y, en algunos casos, publican sus informes o transparentan sus fuentes de financiamiento, información sobre sus miembros y patronatos, entre otros (Muñoz, 2014).
Existen pocas OSC (5 %) que publican la lista de sus donantes y los montos de apoyo. Las pocas organizaciones que hacen pública esta información se ubican en la Ciudad de México y forman parte de redes de la OSC a nivel nacional (por ejemplo, Red Ambiental Mexicana, Red para el Desarrollo Comunitario, Red por la Educación, Red por la Infancia y Adolescencia, Red por la Salud).
En lo que se refiere a la rendición de cuentas, pocas organizaciones que se ubican principalmente en la Ciudad de México (4 % del total) invitan a organizaciones especializadas para que las analicen y les den consultoría sobre transparencia y buenas prácticas.
Menos de la mitad de las organizaciones sociales de auto beneficio en la muestra (46 %) cuentan con una página web o página en redes sociales donde difunden sus actividades, algunas más que otras. Por lo general, las organizaciones sociales tienen muy poca visibilidad para el público, ya que aparecen escasas notas en los medios de comunicación sobre sus actividades. Para 35 % de las OSC fue imposible encontrar cualquier información sobre ellas, ni siquiera de su misión y objeto social.
Una gran parte de estas organizaciones (35 %) está financiada por sus propios miembros con cuotas y pagos por servicios que prestan a sus miembros (capacitación, organización de eventos, cursos, vinculación, entre otros), o sea recursos autogenerados. Algunas organizaciones de la muestra reciben financiamiento del gobierno federal en cantidades significativas.
Las organizaciones de auto beneficio acuden al apoyo de varios fondos públicos pero la información sobre los proyectos y productos obtenidos con estos fondos no se ha ubicado.
Para la mayoría de las organizaciones fue posible hallar a quiénes representan, ya que por propia definición sus beneficiarios son los miembros de su organización y los que la financian. Hay poca información sobre las relaciones de estas organizaciones con el gobierno, excepto algunas que reciben apoyo de los fondos públicos antes mencionados.
Sólo unas cuantas organizaciones de la muestra publican sus resultados e información sobre mecanismos de rendición de cuentas. Principalmente, son las cámaras empresariales las que hacen públicos sus resultados, sus patrocinadores y afiliados.
Un análisis comparado de las dimensiones de análisis con base en el tipo de organización (de servicios a terceros y de auto beneficio) arroja los siguientes resultados.
En lo que respecta a las fuentes de financiamiento, las OSC en general son poco transparentes en este rubro. Aproximadamente la mitad no hace pública la información acerca de este tema. Ahora bien, las que sí dan a conocer el origen de sus recursos, suelen presentar información poco detallada -por ejemplo, sólo mencionan de manera muy general que reciben donativos de empresas, fundaciones privadas, cuotas de beneficiarios y recursos de algunas entidades gubernamentales sin especificar porcentajes, montos, programas o patrocinadores específicos-. Las organizaciones de auto beneficio son un poco más transparentes en materia de financiamiento (40 % publican algo en torno a este tema) que las organizaciones de “servicios a terceros” (27 % lo hacen). Mientras que en este último caso predominan los donativos en efectivo y en especie (alimentos, medicamentos, gasolina), las organizaciones de auto beneficio suelen financiarse principalmente del cobro de cuotas a sus agremiados, del cobro de servicios, de lo recaudado por medio de rifas y sorteos, de donativos -en efectivo o en especie-, de apoyos para proyectos específicos, subsidios y partidas extraordinarias del gobierno o bien de campañas de redondeo en comercios. Las organizaciones de “servicios a terceros” son reconocidas como donatarias por la Secretaría de Hacienda en mayor proporción (32 %) que las de auto beneficio (1 %).
La información sobre los grupos que representan está más disponible en el caso de las organizaciones “de auto beneficio” pues fue más fácil ubicar a los grupos o individuos a quienes representan. 63 % de OSC de la segunda muestra declaran a quiénes representan contra sólo 16 % de las organizaciones de la primera muestra. Esto también es relevante para las poblaciones beneficiarias de las OSC de las dos muestras, las cuales son más opacas en el caso de la primera muestra.
En el rubro de las relaciones con el gobierno, los dos tipos de las OSC muy raras veces dan a conocer esta información. Para 12 % de las OSC de la primera muestra y 7 % de la segunda muestra fue posible identificar algunos proyectos que las OSC ejecutaron con apoyo del gobierno. Estos incluyen una gran diversidad de temas que van desde el desarrollo de infraestructura en comunidades rurales hasta acciones contra el acoso escolar.
En lo que se refiere al financiamiento gubernamental, 60 % de las organizaciones de servicios a terceros obtuvieron algún tipo de financiamiento público contra sólo 13 % de las organizaciones de auto beneficio. La gran mayoría de los apoyos a las OSC de la primera muestra provienen del INDESOL dentro del Programa de Coinversión Social con el monto promedio de $230 000.00 pesos por organización. Para las OSC de la segunda muestra existe una dispersión mayor entre diferentes programas de entidades gubernamentales con los montos promedios de apoyo por OSC que van desde $50 000.00 pesos hasta $6 000 000.00 de pesos.
De la primera muestra solamente 15 % de las organizaciones especificaron qué productos fueron obtenidos mediante los proyectos apoyados con recursos públicos. En el caso de las organizaciones de la segunda muestra, esta información no estuvo disponible en lo absoluto.
En términos de miembros y membresías, ambos tipos de OSC son muy poco transparentes en la lógica de sus membresías. Alrededor de 10 % de las organizaciones de servicios a terceros especifican qué tipo y cuántos miembros incluyen, y todavía menos publican la lista de sus miembros en acceso público. En promedio son organizaciones pequeñas que agrupan alrededor de 30 miembros. Alrededor de 20 % de las OSC de la segunda muestra indicaron cómo reclutan a sus miembros y los requisitos para la filiación, además de cuántos poseen. Por lo regular, son agrupaciones más grandes, algunas superan la cifra de mil miembros, y son más propensos para publicar su padrón con acceso abierto en sus páginas web.
Ambos tipos de las OSC son muy poco transparentes en términos de sus resultados y logros. Menos de 10 % de las OSC de ambos tipos publican algunos reportes anuales de sus actividades en sus páginas web o redes sociales. Los dos tipos de organizaciones principalmente rinden cuentas a sus miembros y donantes, como el gobierno, las fundaciones, empresas y particulares, en la mayoría de los casos sin especificar a cuáles exactamente.
En lo que se refiere a los mecanismos de rendición de cuentas, las organizaciones de auto beneficio, por lo regular, son más transparentes y específicas en publicar sus reportes anuales en acceso abierto (62 % contra menos 20 % en la primera muestra). Algunos tipos de las OSC como, por ejemplo, las de régimen legal de IAP. tienen mecanismos especiales de rendición de cuentas como las Juntas de Asistencia Privada, o los sindicatos como las plataformas de transparencia y rendición de resultados (Tapia y Robles, 2014).
Reflexiones finales
La transparencia de las OSC en México, un camino por recorrer
En México es posible encontrar una visión simplificada de las organizaciones de la sociedad civil según la cual estas organizaciones no defienden intereses específicos sino intereses de la sociedad en general (como ya han observado y criticado Roitter, 2005; Díaz, 2010; Chávez, González y Venegas, 2016). Es probable que esta visión simplificada de la pluralidad y de un panorama complejo de las OSC se deba a una cuestión de madurez del propio conjunto de organizaciones y de la forma en que la sociedad en general las observa y les pide cuentas.
Una de las fuentes principales de apoyo de las OSC en México sigue siendo el gobierno (Lizárraga, 2004). La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2003 establece que para disfrutar de los apoyos y estímulos de la Administración Pública Federal las organizaciones tienen que estar legalmente constituidas, no perseguir fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso y realizar actividades que al menos en una de las 19 áreas de actividades a que se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (2018). Entre estas actividades están: asistencia social, promoción de la equidad de género, promoción del deporte, entre otras (ICNL et al., 2015).
El tercer sector en México es altamente diverso: abarca desde las organizaciones tradicionales de asistencia social (asilos, orfanatos, entre otros) hasta las organizaciones de carácter cívico-político, de fomento de la democracia, defensa de derechos humanos (Verduzco, 1999; Méndez, 1999; Butcher, 2008). A estas últimas organizaciones frecuentemente se les acusa de servir a intereses distintos de los declarados abiertamente (Hernández, 2009, 2010).
Una aproximación más cuidadosa de las OSC permite notar que ser una organización de la sociedad civil puede significar, sin menoscabo de su legitimidad, defender ciertos intereses que no necesariamente son importantes para toda la sociedad. Estas organizaciones pueden ser los grupos de ciudadanos comprometidos con una causa como, por ejemplo, educación preventiva a niños de escasos recursos, defensa de los derechos de indígenas, entre otros (Isunza y Hevia de la Jara, 2006). Así, las OSC podrían defender intereses socialmente legítimos, pero ello no significa que no les puedan concernir agendas específicas y propias de ciertos grupos de interés (Méndez, 1998).
El uso de los recursos escasos, la competencia por los mismos, las agendas de los fundadores y financiadores de las OSC son asuntos sustantivos de estudio y comprensión en cualquier sociedad democrática que busca tener un fuerte sector de OSC (Sepúlveda, 2005; Olvera, 2003).
Como hemos podido analizar por medio de la muestra seleccionada, esta es una agenda todavía en ciernes en México. Se ha utilizado el caso de los EUA como comparación útil. En Estados Unidos existe una larga tradición de investigación sobre las organizaciones de la sociedad civil que confirman la centralidad de estudiar a las OSC como agentes con intereses que rinden cuentas (Barman, 2008).
En este sentido, el examen realizado evidencia que el esfuerzo llevado a cabo por las OSC en México por hacer pública su información y la calidad de la misma son muy bajas. En esta materia todavía queda un trecho que recorrer. Estas organizaciones son clave para el desarrollo de toda democracia (Verduzco, 2001; Ziccardi, 1998). Pero es claro que juegan un cruce de intereses y actores en un mundo pragmático que implica conseguir recursos y financiamiento constante y estable. Pueden ser organizaciones cooptadas por diversos actores y grupos, aunque suelen plantearse como organizaciones que defienden el bien común. Pero eso no implica, como todavía sucede en México en ciertos círculos, pensar que son neutrales, apolíticas, y que en efecto tienen la legitimidad suficiente para representar a “toda la sociedad”. Esta última cuestión es muy grave: ninguna OSC representa a toda la sociedad ni puede basar su legitimidad en un argumento que termina no sólo siendo impreciso sino riesgoso. Riesgoso porque en una democracia, el debate sobre el bien común es un debate plural y de intereses diversos y heterogéneos. La legitimidad de las OSC en gran parte tiene que ver con hacer lo más explícitos y claros los intereses que las crean, mueven y que les interesa promover. A mayor claridad pública respecto de los intereses que defienden, los financiamientos que reciben, las estrategias con que actúan y la forma en que reclutan a sus miembros y a sus administradores y representantes, se tendrá un país con un importante sector de la sociedad civil más legítimo y, por tanto, más estable.
