La expropiación petrolera

Hay una serie de antecedentes que explican la expropiación petrolera. A partir de la revisión de ^{Cuauhtémoc Cárdenas (2017)}, se pueden identificar los más importantes. De entrada, el llamado Plan Sexenal (plataforma electoral y de gobierno) presentado por Lázaro Cárdenas en 1933, señalaba que se haría efectiva la nacionalización del subsuelo (declarada en la Constitución de 1917) y el Estado intervendría para lograr equilibrio en las fuerzas económicas de la industria petrolera.

Además, empujaba un proceso de unificación de los distintos sindicatos existentes dentro de ésta, el cual culminó con la creación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Tal sindicato, comenzó sus funciones negociando con las distintas compañías inglesas y estadounidenses un contrato colectivo de trabajo. Las negociaciones se rompieron en noviembre de 1936 y en mayo del año siguiente estalló la huelga. Entonces, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se pronunció en el sentido de que las compañías podían responder a las demandas laborales. Las petroleras se ampararon y la Suprema Corte les negó el amparo. En represalia, las empresas enviaron sus depósitos bancarios al extranjero.

El primer día de 1938, el General Cárdenas anotó en sus ^{Apuntes (1972)}: “Compañías extranjeras apoyadas por los gobiernos de donde son originarias; rebeldes a someterse a las leyes del país. Veremos […] Reintegrar al dominio completo de la nación todos los yacimientos que mantienen como simples reservas, retrasando el progreso del país”.

El 18 de marzo, a través de la radio, Cárdenas dio a conocer la aplicación de la ley de expropiación a los bienes de las compañías petroleras. A partir de la caracterización del discurso político que se realice (^{Verón, 1987}), se puede comprender mejor lo dicho en ese discurso de expropiación.² Identificaremos la dimensión polémica, los destinatarios (positivo, negativo e indeciso), los colectivos que se pueden enumerar, los metacolectivos singulares, las formas relativamente aisladas con un valor metafórico (positivo o negativo), las formas nominales con un poder explicativo y los componentes del discurso (descriptivo, didáctico, prescriptivo y programático).

En primera instancia, la dimensión polémica acusó una campaña sorda y hábil de parte de las compañías petroleras, a pesar de la serenidad del Gobierno, que había lesionado seriamente los intereses económicos de la nación. Su fin, según lo dicho, era hacer nulas determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Adelantándose a una posible réplica, se definió como exagerada la afirmación de que la industria petrolera había traído al país cuantiosos capitales para su desarrollo. Esto, debido a que todo lo realizado era a costa de la riqueza potencial de la nación, el trabajo nativo pagado con exiguos salarios y la exención de impuestos.

Para dar mayor fuerza a su argumento, Cárdenas lanzó un par de preguntas retóricas:

El destinatario negativo del mensaje, sin duda, eran las compañías petroleras. Por otro lado, una vez descrito la problemática (expuesta como dimensión polémica), se estableció como destinatario indeciso a la nación entera. Se le pidió su respaldo moral y material para llevar a cabo una resolución “tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”.

Entre los colectivos que se pueden enumerar, resalta el “personal extranjero” de las compañías que, de acuerdo con la narrativa, gozaba de confort, frente a la miseria e insalubridad por la que pasaban “los nacionales”. Aparecen también metacolectivos singulares, al autodefinir el discurso como un manifiesto al “pueblo” del “país” y demandar el apoyo de la “nación” entera.

Se encontraron dos formas relativamente aisladas con un valor metafórico, una positiva; “es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo”, respecto al respaldo que demanda del pueblo, y una negativa; “un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación”, respecto a aceptar la negativa de las empresas para acatar el fallo de la Corte.

Entre las formas nominales con poder explicativo (que ayudan a la interpretación), destaca que permitir el proceder de las empresas sería comprometer la soberanía de la nación. La cual “quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos”.

En el componente descriptivo, se dice que ya sería inviable conseguir la ejecución de la sentencia que obligaba a las compañías a pagar, pues enviaron sus fondos bancarios al extranjero. Además, una producción insuficiente como consecuencia de esa falta de fondos o voluntad, ocasionaría una situación de crisis que podría afectar la paz de la nación.

El componente prescriptivo, indica que el Ejecutivo se vio obligado a buscar en la legislación un medio eficaz para evitar definitivamente que los fallos de la justicia se nulificaran por la sola voluntad de alguna de las partes. El gobierno, entonces, tuvo que aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras “a la obediencia y a la sumisión”, sino para evitar la paralización inmediata de la industria petrolera.

El componente programático consiste en el compromiso de haber tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las “actividades constructivas” que se realizan en toda la República.

Por último, llama la atención que no se explicita un destinatario positivo, lo que indica que no se da por sentado el apoyo de nadie. Tampoco hay un componente didáctico, es decir, no se recurrió a verdades universales por la particularidad de la coyuntura nacional.

En las primeras horas del 19 de marzo, el presidente Cárdenas firmó un decreto expropiatorio integral (instalaciones y concesiones). Se tomó posesión de los bienes y se seleccionó un nuevo personal directivo de origen mexicano. Para continuar con los actos simbólicos nacionalistas, se convocó a una colecta para pagar la deuda de la expropiación, en la cual las personas aportaron alcancías, gallinas y joyas, entre otros bienes.

Con el fin de consolidar la expropiación, el presidente envió al Congreso en agosto de 1938 la iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución “para nacionalizar las concesiones petroleras y constituir un monopolio del Estado en la industria petrolera” (^{Cárdenas, 2017: 487}). Las modificaciones pasaron a formar parte del texto constitucional a partir de noviembre de 1940.

El auge petrolero y la dependencia económica

El desarrollo de la industria petrolera en los años posteriores a la expropiación fue complejo, cargado de acciones y discursos contradictorios. De acuerdo con la historia oficial de ^{Pemex (2015)}, en 1944 la producción descendió considerablemente, por lo que el país se vio obligado a importar cada vez más productos petrolíferos. En sentido contrario, el 20 de noviembre de 1946 se inauguró la refinería 18 de Marzo en la Ciudad de México, con capacidad de refinación de 50 000 barriles diarios.

En otro ejemplo, el presidente Miguel Alemán desafió la herencia cardenista y firmó “contratos de riesgo” con empresas norteamericanas para que buscaran petróleo entre 1949 y 1951. La resistencia nacionalista a ese avance privatizador vino del mismo régimen y, a partir de 1952, no se firmaron nuevos acuerdos comerciales. En 1960 se rescindieron los contratos vigentes y se modificó la ley para ya no permitirlos. La frase “no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que se hayan otorgado”, quedó consignada en el artículo 27 Constitucional.

A cuarenta años de la Expropiación petrolera, Heberto ^{Castillo (1981)} acusaba un cambio en el carácter nacionalista de la industria. Según el autor, la dependencia económica que se trató de evitar, para 1978 se había convertido en una deuda externa que obligaba a México a atender las necesidades de las grandes naciones desarrolladas.

Se pretendía entonces salir de la crisis con la venta de petróleo y gas, que los convertía en un instrumento de dependencia para nuestra economía, en lugar de un recurso estratégico de soberanía. Para justificar la sobreexplotación y la venta acelerada a precios bajos, la narración gubernamental anunciaba constantemente nuevas reservas, casi inagotables.³

El 1 de septiembre de 1979, en el marco de su tercer informe de gobierno como presidente de México, José López Portillo decía que, a pesar de ser un país de contrastes, acostumbrado a administrar carencias y crisis, ahora con el petróleo había que acostumbrarse a “administrar la abundancia”. A través del análisis y centrados en el tema petrolero, profundizaremos en aquel discurso.⁴

La dimensión polémica consiste precisamente en adelantarse al señalamiento de la pobreza económica, mediante su aceptación, pero también proponiendo que está a punto de quedar atrás con el advenimiento de la abundancia.

El destinatario positivo es el Congreso de la Unión que, a pesar de tratarse del primero constituido bajo el concepto de representación proporcional y, en teoría, plural, es construido como un interlocutor con el que se comparte la solemnidad y la relevancia del acto. Además, se incluye a los funcionarios públicos, al menos los que actúan con moralidad y eficacia, asegurando así la marcha de las instituciones. El destinatario negativo son precisamente aquellos funcionarios públicos que, por el contrario, son corruptos o solapan la corrupción. A pesar de no estar explícito, el destinatario indeciso son los ciudadanos en general, a los que se pretende convencer de su diagnóstico y visión del país.

En cuanto a los colectivos que se pueden enumerar, evidentemente aparecen los funcionarios, pero en general no es un elemento al que se recurre.

Destacan como metacolectivos singulares México, pueblo y, sobre todo, Patria. Aparece una forma relativamente aislada con un valor metafórico en relación al momento que se vive a nivel mundial respecto al petróleo: “por primera vez y quizá la única en nuestra historia, nos permite delinear un modelo de país factible y a la altura de nuestra más ambiciosa filosofía política”.

Como forma nominal con poder explicativo se dice que el petróleo es nuestra potencialidad de autodeterminación, “porque nos hará menos dependientes del financiamiento externo y mejorará nuestras relaciones económicas internacionales”.

El componente descriptivo nos dice que, si bien se había anticipado que los ingresos excedentes del petróleo aparecerían hasta 1982, los planes fueron rebasados y ya en 1980 se tendrán excedentes. Hasta el momento, se dice, ha habido inversiones fuertes en el rubro.

Aparece un componente didáctico al final, cuando se asegura que accederemos a un destino luminoso, “por el cultivo de las esencias del planteo universal en el que fuimos concebidos”, sin especificar más cuál es este destino axiomático.

Como componente prescriptivo, aparece la necesidad de trazar una sólida estrategia de energéticos, derivada de las posibilidades de explotación, transformación, inducción y asociación a partir del petróleo.

El componente programático en términos generales es el compromiso de administrar la abundancia. Desarrolla lo que se debe hacer con ésta: facilitar la planeación de la industria y sus asociaciones con el transporte, los asentamientos humanos, la educación, la capacitación, el desarrollo social y, principalmente, la agricultura.

Para 1981, Castillo afirmaba que la riqueza petrolera era de unos cuantos y la miseria, para la mayoría. A medida que se exportaban más hidrocarburos, se importaban más alimentos y se compraban más productos manufacturados fuera de México. Los salarios no aumentaban a la par de la inflación, se perpetuaba pues nuestro carácter de país pobre y dependiente. A ese período (1977-1981), se le conoció como el auge petrolero y se anunció masivamente desde el oficialismo como la plena modernización de México. Denominación no convincente, según ^{Monsiváis (1987)}, pues sólo lo fue para ciertos sectores y consistió, sobre todo, en apariencia.

Para Monsiváis, en medio de ese “boom petrolero”, verbalmente el Estado se ofrecía a proteger la identidad nacional, pero en la práctica aceptaba y patrocinaba las depredaciones de la ecología y la intensificación del capitalismo. Mientras tanto, los medios masivos reemplazaban al viejo nacionalismo de símbolos y hazañas de mártires, con un nacionalismo de recuerdos y espectáculos folclóricos.

A la par de ese declive del nacionalismo, desde mediados de 1981 comenzó la caída de los precios internacionales del petróleo. Tras ésta, el discurso estatal dio un vuelco hacia la búsqueda de nuevas fuentes de energía y comenzó a referirse al auge petrolero en pasado.

La etapa neoliberal y el desmantelamiento del nacionalismo

Desde que inició su sexenio, en 1982, Miguel de la Madrid describió como peligrosa la situación en la cual encontraba al país y como solución propuso el adelgazamiento del Estado. Fue el primer presidente de corte tecnocrático⁵ preparado en el extranjero, con una visión orientada hacia el mercado, en la que el nacionalismo revolucionario y la justicia social dejaron de tener cabida como parte de la reserva discursiva del gobierno.

El mandatario inauguró el período neoliberal en México. El neoliberalismo es una doctrina económica que apuesta por una drástica reducción de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado. En consecuencia, durante su administración, el número de empresas paraestatales (es decir, bajo la tutela del Estado) se redujo de 1 155 en 1982 a 413 en 1988, constituyendo así la primera ola de privatizaciones realizada, en teoría, para corregir el hecho de que se ingresaba menos dinero del que se gastaba para cumplir con todas las tareas del gobierno.

Durante la presidencia de quien le sucedió, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), tras su llegada al poder después de una controvertida elección, se aplicaron de manera aún más decidida las privatizaciones. La más significativa fue la de Teléfonos de México (Telmex) bajo el argumento de que no era rentable. Cabe decir que, a la postre, esa empresa dio pie a la riqueza del hombre considerado como el más rico de México, Carlos Slim, y a una de las mayores fortunas familiares del mundo (de acuerdo con clasificaciones internacionales, como la de la revista estadounidense Forbes, especializada en negocios y finanzas). El dato anterior contradice el argumento de la poca rentabilidad como justificación de las privatizaciones.

Esa segunda ola privatizadora, que incluyó también a la banca, mostró que el objetivo final de sus promotores ya no era la corrección del déficit público, “sino el retiro definitivo del Estado de la actividad económica” (^{Márquez y Meyer, 2014: 757}). Para proyectar a nivel internacional esa aceptación plena de la política de liberalización económica, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos de América y Canadá.

En lo que toca al petróleo, se dieron pasos en el mismo sentido, como el cierre de la refinería 18 de Marzo,⁶ la creación de cuatro organismos descentralizados de carácter técnico, industrial y comercial, así como la liberalización del negocio de las gasolineras en todo el territorio nacional. Pemex dejó de ser un factor de crecimiento para convertirse en el financiador de la deuda y el gasto corriente, así como de programas sociales clientelares. Ello implicó no reinvertir las ganancias de la empresa en su funcionamiento y desarrollo, sino desmantelarla gradualmente a través de una carga tributaria sin parangón.

El discurso más pertinente para retratar ese momento es el pronunciado por Salinas el 12 de agosto de 1992, día de la culminación del TLCAN.⁷ Lo analizamos a continuación en sus dimensiones, destinatarios, formas nominales y componente porque, si bien la mención al tema petrolero es breve, también es contundente:

La dimensión polémica se anticipa a la acusación de que el tratado era contrario a la constitución, por lo que asegura que las negociaciones se ajustaron estrictamente a los mandatos de ésta, en especial lo referido “a mantener la propiedad y el control del petróleo en manos de los mexicanos”.

Agrega que no se permitirá que las industrias dañen el medio ambiente y se cuidará el respeto a los derechos de los trabajadores mexicanos.

Los destinatarios positivos son las Cámaras del Congreso, los grupos de representantes empresariales, obreros y campesinos, así como abogados, académicos y tratadistas que, según se dice, fueron informados desde que comenzaron las negociaciones. Los destinatarios negativos son “los que consideraron que la firma del tratado era una meta imposible”. Por último, se establece como destinatario indeciso a los “compatriotas” en su conjunto.

Aparecen varios colectivos que se pueden enumerar: mexicanos, compatriotas, empresarios, productores, comerciantes, trabajadores, obreros, académicos, abogados y tratadistas.

Como metacolectivos singulares aparecen: nación, México, país, Estados Unidos, Canadá, “nuestra” gente, Congreso de La Unión y Senado.

Al final, en tono optimista, existe una forma relativamente aislada con un valor metafórico: “seguiremos avanzando de manera decidida porque estamos unidos, porque estamos dispuestos a trabajar más, juntos, a sumar el esfuerzo y aportar la parte de cada uno a la nueva grandeza nacional”.

Entre las formas nominales con poder explicativo, destaca la respuesta a la pregunta auto-formulada ¿qué es el tratado?

Un conjunto de reglas que los tres países acordaron para vender y comprar productos y servicios entre sí. De libre comercio, porque tales reglas definían cómo y cuándo se eliminarían los impuestos que se suelen cobrar por importar una mercancía.

El componente descriptivo es optimista, se dice que se ha avanzado mucho aún sin el tratado, pues en los últimos tres años la economía creció y la inflación del mes de julio fue la más baja de los últimos 20 años.

El componente didáctico consiste en sugerir como verdad universal que la gran fuerza de México proviene de nuestra cultura “varias veces” milenaria. Así como la vitalidad del país proviene de su gente.

En el componente prescriptivo, se asegura que el país necesita que productores, comerciantes, trabajadores y quienes ofrecen servicios, deberán esforzarse más para competir eficazmente, ofrecer artículos de calidad y buen precio. Así como que el gobierno, lleve los beneficios del tratado a todas las regiones del país.

El compromiso contenido en el componente programático consiste en que 70 % de “nuestras” exportaciones quedarían, de inmediato, libres para ingresar a los mercados de los otros países firmantes del tratado, mientras que México sólo liberaría alrededor de 40% a los productos que ellos envían. Lo cual daba suficiente tiempo para “seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas y a los productores del campo que lo requieren”.

A pesar de presumir en aquel discurso la propiedad y el control del petróleo por parte de la nación como si esto fuese resultado de la convicción propia, en 2010 surgió la versión de que Salinas ofreció a Estados Unidos abrir Pemex al capital extranjero. Quien fuera entonces el embajador de aquel país en México, John Dimitri Negroponte, aseguró que presenció dicha propuesta del presidente mexicano a su contraparte estadounidense, George Bush.

La transición como antecedente de la reforma estructural: la reforma de 2008

Luego de ejercer el poder por 71 años, en el 2000 el PRI perdió las elecciones frente a un candidato carismático de la derecha, el panista Vicente Fox. Aunque la campaña despertó simpatía entre diversos sectores, incluido un sector de la izquierda electoral nacionalista que vio la oportunidad de romper el monopolio priista, la transición afianzó las reformas neoliberales. De hecho, se propuso profundizarlas hasta donde el PRI no se había atrevido, pues el origen mismo del Partido Acción Nacional (PAN) fue el de oponerse al cardenismo.

Sin la carga histórica del nacionalismo revolucionario a cuestas, Fox se pronunció de manera explícita a favor de la abierta privatización del petróleo y la electricidad. A pesar de que la oposición nacionalista impidió que tales medidas llegaran a convertirse en ley, la privatización ocurrió de manera velada. El capital privado fue admitido en la extracción de gas y en la generación de electricidad.

Luego de otra controvertida elección presidencial en 2006, inició un segundo sexenio de extracción panista. Ya sea para conseguir la legitimidad puesta en duda o para ejecutar una agenda que no explicitó durante la campaña, Felipe Calderón concentró su discurso y las acciones de su gobierno en una guerra contra los cárteles del narcotráfico. Aun con la aparente hegemonía temática de la seguridad, en 2008 el gobierno propuso una reforma que permitía al capital privado, nacional y extranjero, intervenir en la perforación, transporte, almacenamiento y refinación del petróleo.

Para justificarla, se desató una campaña publicitaria con la narración de que existía un tesoro oculto en aguas profundas del Golfo de México y había que ir por éste, para lo cual el país tenía que “contratar” la mejor tecnología. Los críticos de la reforma respondieron que se trataba de una hipótesis que no se sustentaba en datos técnicos, ya que los yacimientos conocidos estaban en tierra y en aguas someras. Frente a la oposición que despertó la abierta modificación de artículos constitucionales, a través de leyes secundarias se buscó permitir de facto el control y la propiedad de empresas privadas y extranjeras sobre refinerías, oleoductos y pozos petroleros.

Sin embargo, una serie de movilizaciones encabezadas por su principal opositor, López Obrador, obligó a reducir significativamente el impulso privatizador. A pesar de que el proyecto original se vio mermado, las consecuencias de la versión de reforma que se aprobó en 2008 no fueron triviales. En el artículo sexto de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional quedó asentado que Pemex y sus organismos subsidiarios podrían celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que “la mejor realización de sus actividades” requiriera.

Casi al finalizar su sexenio, el 5 de octubre de 2012, Calderón dio un discurso en tono triunfal frente a los funcionarios y trabajadores de Pemex en el que expuso su perspectiva sobre las implicaciones de la reforma. Lo analizamos⁸ a continuación para profundizar en la materia:

La dimensión polémica responde a las críticas respecto a si era cierto o no el discurso oficial del “tesoro escondido en aguas profundas”. Por ello, al anunciar el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, se asegura que, para mantener la solidez de Pemex, era indispensable ir tras ese tesoro escondido en el mar.

Los destinatarios positivos son los “muy estimados” directivos, trabajadores y funcionarios de Pemex, a quienes construye como partícipes del esfuerzo y las metas que enarbola.

El destinatario negativo no es construido de manera explícita, pero el discurso es consistente en responder a aquellos que pusieron en duda la conveniencia de la reforma, tanto como la veracidad de su motivación.

Los destinatarios indecisos son los ciudadanos en su conjunto, pero de manera específica lo que llama “la familia petrolera de México”, a la cual parece tratar de convencer en todo momento.

Entre los colectivos que se pueden enumerar aparecen: directivos, trabajadores, servidores públicos, funcionarios y mexicanos.

Como metacolectivos singulares encontramos: “gran” empresa nacional, Pemex, México, “la familia petrolera de México”.

Casi al final, aparece una forma relativamente aislada con un valor metafórico, en la que se desea que Pemex se convierta en “un motor para el progreso de nuestro país”.

En cuanto a las formas nominales con un poder explicativo, dice que Pemex ha hecho un nuevo descubrimiento de petróleo en aguas profundas del Golfo de México. Las perforaciones realizadas en el Pozo Supremo, Supremus 1, confirmaron el potencial de otro yacimiento en la zona Norte del Golfo de México.

En el componente descriptivo se asegura que, al inicio de su gobierno, se recibió un Pemex cuya producción estaba en un peligroso declive. Sin embargo, hoy, la dejaba con una producción no sólo estable, sino al alza.

En lo que toca a los yacimientos en aguas profundas, la evaluación es mucho más explícita: “Pemex no exploraba con éxito, a pesar de los intentos que ya había hecho […] y, hoy, la empresa comienza a explorar con éxito creciente en aguas profundas”.

Al contextualizar sobre cómo ya otros países estaban extrayendo hidrocarburos en aguas profundas, aparece el componente didáctico con una verdad universal: México no se podía quedar atrás, porque “este gran potencial es nuestro […]” y la única manera de aprovecharlo era, evidentemente, ir por él.

En el componente prescriptivo en el que se revela lo que la élite gobernante concebía como necesario, independientemente del relevo en el ejercicio del poder (y el cambio de poder que esto implicaba) que ocurriría en dos meses: “Es importante que se profundice el proceso de reformas que en diversos ámbitos hemos emprendido en el país. Estamos en la oportunidad de aprovechar estas grandes ventajas, que buenas noticias como éstas nos dan, para que, desde una posición de fortaleza, podamos transformar o seguir transformando a México”.

Precisamente por estar a punto de terminar su periodo como presidente, no se abunda mucho en el componente programático, los compromisos, salvo para asegurar que se seguirá trabajando en los 22 pozos ya localizados en aguas profundas “para seguir aumentando las reservas de hidrocarburos del país, en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana”.

Conclusiones

A partir del análisis del desarrollo de los eventos históricos, se identificaron cuatro grandes etapas discursivas, previas a la reforma energética de 2013, que dan cuenta de una evolución en la ideología oficial respecto al tema energético en México.

En la etapa de la Expropiación Petrolera queda definido como indeseable la participación de empresas extranjeras en la explotación de un recurso estratégico, tanto por su indisposición a someterse las leyes nacionales, como porque la riqueza que producen no trae beneficios al pueblo. Por ello, lo opuesto -el control nacional en la explotación del petróleo y la repartición de la riqueza que produce- era el proyecto a seguir.

Del auge petrolero y la dependencia económica se desprende la convicción de que el petróleo nos permitirá acceder, como nación, a un futuro casi ideal. En sentido contrario a lo que en los hechos ocurría al venderlo en grandes cantidades como una mercancía cualquiera y no como un recurso estratégico, se aseguró que permitiría eliminar la dependencia económica. En adelante, la labor del gobierno sería la de administrar la abundancia. El capital privado y extranjero dejó de aparecer como referente negativo.

Respecto a la etapa neoliberal y el desmantelamiento del nacionalismo, a pesar de que se asegura que se mantendrá la propiedad y el control del petróleo en manos mexicanas, se adelanta como necesidad lo que le ocurrirá a diversos sectores productivos del país, incluido el energético: tendrá que competir con el capital transnacional en ofrecer los precios más reducidos. La anterior fue a partir de entonces una tarea casi imposible, al no reinvertir las ganancias de la empresa en su funcionamiento y desarrollo, además del desmantelamiento gradual que vivió como política sistemática.

El discurso de la reforma de 2008, en el marco del segundo gobierno de la transición, parece enfocado en defender la verosimilitud de las razones por las cuales se aprobó la reforma, es decir, demostrar que sí había yacimientos en aguas profundas. Sin embargo, el discurso es también un aviso de lo que está por venir, a raíz, se dice, de las necesidades del país: una profundización de las reformas privatizadoras.