Territorios petrolizados

Obtener hidrocarburos es una de las actividades económicas más rentables, por ello asegurar su explotación suele ser un factor decisivo y estratégico en el orden político y económico mundial. Las ganancias que se obtienen por explotar este recurso son tales que pueden sostener las finanzas de los Estados productores, quienes apuntalan su economía a la vez que obtienen insumos básicos como electricidad, combustibles y materiales. Algunos países llegan a depender tanto de este recurso, que pueden ser considerados “renteros”, ya que sus ingresos son externos en gran medida (^{Ross, 2001: 329-332}). En estos Estados se ha utilizado al sector de hidrocarburos en términos de extracción de rentas, más que de generación de valor; a la industria se le utiliza como una palanca de desarrollo, en tanto se utiliza como una fuente de subsidios y de insumos baratos para permitir el desarrollo de otras industrias (^{AMEXHI, 2018: 57}).

Independientemente del grado de dependencia económica que cada país tiene a los hidrocarburos, la tendencia indica que la actividad petrolera crea un complejo entramado de circunstancias que son particulares al territorio y las sociedades en donde se presenta (Tabla 1). Además del grave deterioro ambiental que ocasiona, como contaminación de suelo, agua y aire, cambio de uso de suelo y de régimenes hídricos, bioacumulación de toxinas (^{Anejionu, Ahiarammunnah y Nriezedi, 2015}; ^{Austin et al., 2008}; ^{Bakke, Klungsøyr y Sanni, 2013}; ^{García-Cuéllar et al., 2004}; ^{Papathanasopoulou et al., 2015}; ^{Ponce-Vélez et al., 2012}).

Contradictoriamente a lo que comúnmente se intuye, a largo plazo, las economías petrolizadas crecen más lentamente (^{Sachs y Warner, 1995: 1}). Las razones son diversas, y van desde poca eficacia burocrática y ausencia de industria transformadora, hasta procesos internos de desestabilización social. Aunque estas circunstancias se distorsionan por las aportaciones o rentas petroleras que el Estado recibe, los territorios petrolizados se distinguen por una total dependencia del hidrocarburo. Es común que otras actividades productivas, como la agricultura, terminen siendo reducidas, y cedan espacio a la industria energética. Luego, al carecer de insumos básicos a nivel local, los pobladores de estos territorios tienen que pagar más por traerlos y, en consecuencia, el costo económico de vivir en esos lugares es mucho más alto. La situación se complica porque extraer y procesar petróleo, como regla general, crea pocos empleos y las principales ganancias suelen ir directamente al gobierno. Otros causantes del deterioro en la calidad de vida local son el crecimiento demográfico acelerado, la rápida urbanización, la insuficiente dotación de servicios públicos esenciales, el incremento en los niveles de subempleo y las desigualdades en la distribución del ingreso (^{Allub y Michel, 1980}; ^{Frutos-Cortes et al., 2006}).

Se suele asumir que cuando la economía de un país crece, su democracia se fortalece, pero esto no sucede necesariamente cuando el crecimiento se basa en el petróleo. De acuerdo a ^{Ross (2001: 327-328)}, la democracia en estos Estados tiende a ser muy débil porque sus gobiernos tienen la capacidad económica para aplicar menos impuestos y así evitar las presiones sociales por una mayor rendición de cuentas. El mismo autor sostiene que la burocracia gubernamental -en su búsqueda de centralizar el poder- apuesta incluso a un “efecto de represión” que permite a los gobiernos aumentar su financiamiento para la seguridad interna e inhibir la formación de grupos sociales independientes al Estado. En estos territorios petrolizados se crean redes para ejercer un poder que debe aceptarse sin cuestionamientos (^{Checa-Artasu, 2014: 2}).

Otro efecto en contextos petrolizados es el de una “modernización” sin cambios sociales y culturales, precondición de cualquier gobierno realmente democrático (^{Ross, 2001: 328}). Esto termina creando una democracia superficial, donde la corrupción es otro elemento que prevalece. En territorios petrolizados una fuente importante de corrupción surge cuando se pervierte el uso de los esquemas de beneficios. Estos paquetes de beneficios son medidas adicionales que los desarrolladores de las industrias dan a los propietarios locales afectados, que pueden incluir la creación de empleos durante la construcción, beneficios en especie como la mejora de infraestructura productiva, fondos económicos comunales y mecanismos de compensación, hasta la propiedad y operación de proyectos de energía (^{CSE, 2009}; ^{Kieran, O’Hagan y Dalton, 2016}). No obstante, cuando el proceso de negociación carece de una estructura formal y no es regulado, los programas se vuelven ineficientes y terminan creándose círculos viciosos. En consecuencia, se fomenta una creciente “industria de la reclamación” por subsidios asistencialistas cuyo fin es disipar cualquier presión social para la indemnización de los impactos de la industria (^{Quist y Nygren, 2015: 48-49}). En países en desarrollo la situación incluso se puede tornar en la instauración de leyes complacientes a la industria (^{Betancourt, 2007: 38}).

Debido a que la gobernabilidad de estos territorios es precaria, la estabilidad social es efímera tanto por las condiciones favorecidas por la entrada de dinero (sectores sociales con altos ingresos), como por las condiciones sociales adversas que ocasiona sobre el territorio local. Así, la violencia en territorios petrolizados puede surgir debido a múltiples factores que pueden ir desde la sola presencia masculina y su relación con el alcohol, el sexo servicio y las drogas, hasta el despojo o la expropiación de las tierras, o el acallamiento de la denuncia ambiental (^{Austin et al., 2008: 120}). Las modificaciones ocasionadas al entorno ambiental y social son quizá el más frecuente de los reclamos sociales a la industria petrolera. Como ejemplo tenemos el reclamo masivo que se experimentó en la década de 1970 por parte de los habitantes de la costa de México por los impactos ecológicos, como nuevas aperturas de conexión entre las lagunas y el mar, encauzamiento y rectificación de ríos y contaminación; actividades todas estas que Petróleos Mexicanos (Pemex) estaban ocasionando (^{Velásquez, 1982: 169-170}).

La extracción de petróleo es un proceso que, por ser realizado en enclaves, puede ser fácilmente interrumpido por actores externos, lo que genera temor a los sabotajes (^{Avellaneda-Cusaría, 2005}). Asimismo, en áreas donde la extracción petrolera coincide espacialmente con otras actividades productivas, como es el caso de la pesca en ambientes marinos, el número de accidentes personales se incrementa, disminuyendo así la seguridad (^{Arias e Ireta, 2009: 6}). Es por ello que la industria entiende como una ventaja el aislamiento de las zonas productivas; de ahí el esfuerzo legal para generar las zonas de exclusión, que pueden ocasionar el desplazamiento de los habitantes de su lugar de origen y la falta de acceso a sus zonas productivas (^{Kieran, O’Hagan y Dalton, 2016}; ^{Zalik, 2009}). Otros motivos de tensiones sociales son el desconocimiento de la territorialidad indígena y la consecuente pérdida de la identidad cultural y el desarraigo (^{Avellaneda-Cusaría, 2005: 14}).

Profesionistas en la industria

Un par de chinos, media docena de indígenas y un gringo es todo lo que necesitas para tener un campo petrolero.⁴

Afortunadamente la visión del proceso de extracción de hidrocarburos no permanece tan simple -y esclavista- como a mediados del siglo pasado, pero la esencia de extraer un recurso y permanecer ajeno al contexto local, es algo que aún se le reclama a la industria.

Aunque laborar bajo las condiciones particulares de la industria energética aún significa lidiar con los múltiples y poderosos intereses inmiscuidos, algo que sí ha cambiado radicalmente es que necesita de un mayor apoyo especializado para garantizar su complejo y crecientemente tecnificado funcionamiento.

La industria energética se caracteriza por ser muy hermética; su información es manejada con muchas reservas. En países como México, donde la industria de los hidrocarburos fue un monopolio estatal, la información llegó incluso a ser catalogada como de “seguridad nacional”. Es tal el valor que la industria da a su información, que se asegura de que los profesionistas encargados de crearla y analizarla sean muy bien remunerados. Los niveles de salario son tan altos en la industria del petróleo, que no es de extrañar que pertenecer a ella implique una suerte de exclusividad social donde, para permanecer dentro del grupo privilegiado (las redes que describe ^{Checa-Artasu, 2014: 2}), y poder analizar información del sector, antes que ser un profesionista con habilidades comprobadas, se debes ser de comprobada lealtad. Quien forma parte de la industria se asegura un bienestar económico, pero también adquiere el compromiso de estar siempre dispuesto a colaborar, incluso en condiciones precarias de salud (^{Saxinger et al., 2016: 627}).

En este contexto no es extraño que surjan tensiones entre los diferentes profesionistas que trabajan en la industria. Un tipo de conflicto se da en países cuyo desarrollo energético se ha sustentado en un sistema político clientelar. Bajo estas circunstancias se propician prácticas sindicales que favorecen la incorporación de trabajadores no tecnificados debido a la herencia o la venta de plazas, el intercambio de favores y los privilegios entre sindicatos y el Estado (^{Cabrera-Ballona, 2015: 4}). Otro tipo de segregación es la de género. Esta discriminación es algo que se acentúa en este tipo de sociedades, pues la participación de la mujer en la industria petrolera, aunque coyuntural, no ha sido del todo considerada (^{Anker, 1997}; ^{Santiago, 2014}).

En esta situación profesional se facilitan las condiciones en que los profesionistas pueden caer en complicidad o incluso en situaciones de fraude (^{Pérez-Tejada y Macías-Ordoñes, 2004: 135}). El atractivo del dinero fácil ha propiciado que surjan algunas empresas consultoras que, sin conocimiento previo del sector, ni del tema de impactos sociales, ofrecen servicios a la industria, a los organismos internacionales o al gobierno. Su inexperiencia afecta e incluso empeora este panorama, de por sí complejo (^{Rousseau, 2017: 214-215}).

Valores éticos en la investigación pública

Todo aquel cuya labor consista en la búsqueda de la verdad, requiere de libertad de investigar (^{Bobbio, 2013}; 22). Los jueces y los académicos pertenecen a este tipo de instituciones públicas que requieren del conocimiento de los hechos para cumplir su rol, que será reconocido en la medida que la sociedad confíe en sus resultados por reflejar un trabajo de investigación honesto y preciso. Ambos tienen en común que deben lidiar con el manejo de grandes intereses y, por ende, deben de regirse por códigos éticos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) fue construido para ser la autoridad que regula el proceso electoral de la ciudadanía mexicana. No sería una ligereza afirmar que es una de las instituciones más observadas en el país; la que más debe cuidar responder en forma y fondo a la sociedad. Por ello, el ^{INE (2017: 24-25)} ha enumerado seis aspectos clave para normar su trabajo electoral, que son los mismos que ahora se retoman para enunciar algunos de los principales valores éticos y ejemplificarlos con el quehacer académico en la industria del petróleo (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de ^{INE (2017: 24-25)}.

Figura 1: Seis principios éticos (al centro) para regir la actividad profesional en territorios petrolizados. 

Aunque en conjunto los seis principios condensan los preceptos de las democracias actuales, ^{Jones (2014: 205-206)} enfatiza en que los investigadores que participan en la industria energética deben guiarse por la legalidad y la independencia como los pilares de su trabajo. Sin embargo, en el presente trabajo se enfatiza también sobre el cuidado que los académicos deben procurar para que sus posturas siempre estén apegadas a la certeza, la imparcialidad, la objetividad y la transparencia. Todos los principios están relacionados, y cumplir la mayoría no cuenta, si uno es obviado. ¿De qué sirve apegarse a la legalidad para obtener nuestros resultados, si no fueron certeros?, ¿si la investigación fue independiente, pero la sociedad no se enterará de cómo se obtuvieron los hallazgos? La mejor de las intenciones (y proyectos científicos) se puede desvanecer ante la opacidad del proceso en que se concretó.

Legalidad

Todo ente social debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que lo delimita, así como las disposiciones legales que lo reglamentan. Para laborar en condiciones legales, la academia debe tener muy claro cuáles son sus atribuciones en cada proyecto, y vigilar que en el desempeño no se quebrante alguna ley o norma. Por ejemplo, las obligaciones de cada institución y sus miembros varían; sin embargo, las instituciones que dependen de recursos públicos poseen ventajas tales como la posibilidad de ser asignatarias directas de los recursos que provienen del gobierno sin pasar por las licitaciones de los contratos. Esto es más común en países en desarrollo que buscan impulsar la investigación mediante bondades fiscales. Desafortunadamente, se ha incurrido en actos de corrupción, algunos de los cuales se han documentado, como es la triangulación de recursos donde se utiliza a las instituciones académicas como intermediarios para obtener dinero para otros fines distintos a los solicitados (^{Roldán et al., 2017: 5}).

En México, el estudio del nuevo andamiaje legal es uno de los principales retos en el contexto de la Reforma Energética. Los cambios regulatorios buscaron atender las controversias tratando de dar certeza a dos grandes temas: 1) la ocupación superficial y 2) el impacto social y la mitigación de sus efectos. Antes de la Reforma energética, la Constitución y las leyes otorgaban facultades al Estado para apropiarse, o bien para usar u ocupar temporalmente los bienes de particulares cuando existiera una causa de utilidad pública, pero la nueva norma jurídica procuró inscribir los derechos mínimos, así como las reparaciones justas a los propietarios de tierras, a causa de las afectaciones reales o posibles que la presencia de la infraestructura podría ocasionar (^{Zenteno, Pineda y Robledo, 2016: 1}). Con ello se buscó ofrecer mayor certeza y seguridad jurídica a todos los actores interesados. En el caso del gobierno, al diseñar las reglas del juego, sigue ocupando una posición de mediador final, donde su lógica consiste en equilibrar los fines económicos (propiciar la inversión rentable y la seguridad energética a mediano y largo plazo) con la meta política suprema (la gobernabilidad) (^{Rousseau, 2017: 213}).

Aun así, la academia tiene donde aportar sustancialmente pues aún hay vacíos legales y existe una gran diversidad de escenarios sociales que permanecen sin atender, donde la falta de información y la mala aplicación de las regulaciones encontrarán terreno fértil. Incluso, como lo ejemplifica ^{Rousseau (2017: 213)}, la ley puede ser discriminatoria, como es el caso de las comunidades mestizas que no tienen derecho a una consulta previa, sino a una consulta pública que no tiene la misma trascendencia política. Estas comunidades están sujetas a que los proyectos alcancen la etapa de extracción comercial para obtener beneficios sociales compartidos, los cuales representan una aportación extra, distinta a las obligaciones legales de aplicar medidas de prevención y mitigación de los impactos negativos o a medidas que buscan la ampliación de los impactos positivos.

Una precondición para la rentabilidad de un proyecto es la continuidad. Por ello, tal como lo enuncia ^{Rousseau (2017: 212)}, de los principales grupos de interés, posiblemente las compañías extranjeras sean las que tienen una mejor comprensión del tablero tras la experiencia obtenida en otros países en donde intervienen; muchas de ellas ya cuentan con reglas internas de responsabilidad social y políticas en materia de derechos humanos, por lo que saben cómo adaptarse a los requisitos legales para conseguir una licencia social sin afectar en demasía la rentabilidad del proyecto.

Ante este contexto, desconocido para México, habrá que recordar que muchas de las empresas que llegan tienen un historial. Sería bueno revisarlo, verificar cuál ha sido la postura política y pública de las empresas ante sus infracciones y responsabilidades, y así poder cuestionarse la pertinencia de recibir su financiamiento. Hay que evitar ser llevados a tener comportamientos abusivos con el fin de obtener beneficios personales (^{Adler, 2012: 144}), como cuando los investigadores aparecen con sus respectivas instituciones como partícipes en proyectos que no han hecho o, peor aún, que no se han llevado a cabo (^{Roldán, Castillo y Ureste, 2018: 1}), o cuando reciben un pago múltiple por el mismo trabajo. Indagar lo que ha sucedido en otros países también es una opción ante actividades extractivas que aún son inéditas en los territorios (^{Silva-Ontiveros, Munro y Melo-Zurita, 2018; 481}), como es el caso de la fracturación hidráulica (el llamado fracking) en México.

Independencia

La independencia es la garantía y el atributo con que cuentan los investigadores para actuar con absoluta libertad, respondiendo exclusivamente a la ley y, moralmente, al gremio científico. Sin embargo, la libertad se compromete frecuentemente con tal de obtener grandes financiamientos. El riesgo es aceptar apoyo económico de una empresa que tenga, implícita o explícitamente, algún conflicto de intereses con las metas o el desarrollo de la investigación. La línea ética es muy delgada, y por ello algunos sostienen que la independencia en la investigación suele ser una falacia. Por ejemplo, la marina estadounidense financia 70 % de la investigación sobre mamíferos marinos en Estados Unidos y 50 % de la mundial (^{Weilgart et al., 2004: 2}).

El financiamiento o pago por un trabajo puntual, no debería significar inequívocamente dejar de cumplir las regulaciones y carecer de la autonomía para operar y alcanzar los objetivos planteados. Tampoco debería de ser el motivo de caer en complicidad, como cuando los académicos son testigos de faltas a la ética y omiten denunciar o remediar la conducta (^{Pérez-Tejada y Macías-Ordoñes, 2004: 139}). No obstante, perder la independencia profesional significa renunciar a la elección de qué trabajos tomar y cuáles no. Se debe tener libertad para decidir si es pertinente trabajar con compañías que tienen, por ejemplo, productos o actividades potencialmente peligrosos. Se necesita ser especialmente escrupulosos con compañías que agregan condicionantes para seguir con el financiamiento de un proyecto, como es el caso de aquellas que piden reportar que la fracturación hidráulica es razonablemente amigable con el ambiente (^{Jones, 2014: 196}). Las instituciones públicas tienen un margen más amplio para poder rechazar proyectos comprometedores, sin embargo, al sector privado le resulta más difícil hacerlo pues, al no aceptar, se enfrenta a un bloqueo definitivo por parte la industria.

La libertad se pierde cuando existe coerción. El ejemplo más revelador del mal uso de un instrumento son las evaluaciones de impacto ambiental (MIA) y los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), que han sido la base del conjunto de normas ambientales que regulan mundialmente las actividades de las empresas petroleras (^{Guédez-Mozur et al., 2003: 528}), y son instrumentos certificables por la Organización Internacional de Estandarización (ISO). No obstante, a este tipo de herramientas se les imputa que su uso se ha pervertido y que se implementan a “modo”, pues es frecuente que el cliente dicte las conclusiones en los trabajos de consultoría (^{Wright et al., 2013: 73}). Para revertir esta tendencia en ese instrumento, y otros que ha incorporado la Reforma energética para regular los impactos sociales (por ejemplo, evaluación de impacto social-EVIS, consulta previa y designación de testigos sociales). La labor de la academia será revisar el diseño y ejecución de estos instrumentos preventivos y de planeación que necesita la industria. También se necesitan órganos reguladores fuertes que tengan la capacidad de evaluar y dar seguimiento a cada uno de estos instrumentos.

Certeza

La certeza se refiere a que todas las acciones que desempeñen los investigadores deben estar dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos. En teoría, este principio debería ser el menos ajeno a un investigador pues la función principal de la ciencia es la construcción de conocimiento veraz, por lo que es indispensable que los hallazgos se expongan constantemente a la confirmación y el rechazo (^{COSCE, 2011: 135}). Aunque en el ámbito de la ciencia no hay una certeza absoluta y se reconoce como la sociedad y sus relaciones, hábitos y estructuras influyen en la construcción de la realidad (según la sociología del conocimiento; ^{Berger y Luckmann, 1968}), el método científico busca sistematizar el camino a través del que se crea información verificable. Ese es el espíritu de la ciencia, siempre hay nuevas interrogantes por atender y los logros académicos tienden a “envejecer” (^{Weber, 1979:197}), por lo que se necesita del rigor científico para favorecer la construcción continua del conocimiento. En las ciencias naturales se suele decir que “los datos son los datos” para enfatizar que se debe respetar las evidencias y que cualquier cambio de la información o material es considerado una manipulación fraudulenta. Desafortunadamente, las malas conductas en la creación y uso de conocimiento son más frecuentes en la era de la información, cuando se pasó de una escasez crónica de datos, a su sobreabundancia. En esta era no siempre hay tiempo para discernir entre la calidad de la información (^{Hernández-Chávez, 2018: 38}).

La urgencia y la confidencialidad que caracterizan la toma de decisiones en la industria del petróleo pueden influir en la aplicación de los métodos y las herramientas que el gremio científico ha desarrollado para mantener la integridad de las investigaciones. Cuando cuidar los intereses de los donantes constituye la principal preocupación de un proyecto, se está limitando el proceso científico. Entonces los resultados no alcanzan a ser validados con pruebas estadísticas de significancia o por pares, quienes revisan la correcta enunciación de preguntas de investigación y la descripción de la forma en que se crearon los datos. Que otro colega pueda verificar, e incluso continuar la investigación, constituye el momento clave del sistema científico que se debe utilizar para aminorar la potencial influencia de intereses ajenos a la investigación (^{Jones, 2014: 200}).

La extracción y el aprovechamiento de los hidrocarburos necesitan de información precisa sobre el ambiente para asegurar una explotación rentable. Por ello, como los territorios suelen estar poblados, cada vez es más requerido conocer las características y necesidades de la gente que es o podría ser afectada por alguna de las actividades. Este tipo de información es primordial para los programas de compensación social, comúnmente criticados porque su diseño posee un escaso entendimiento de las condiciones sociales de pobreza, las estrategias de subsistencia locales y el estado de los mercados y organizaciones de producción. Los esquemas metodológicos deben cumplirse cabalmente, teniendo presente que los resultados pueden llegar a ser usados para decidir si una compensación económica puede ser pagada o no a actores sociales que no tienen otra manera de comprobar el impacto. Los valores profesionales también aplican para los académicos involucrados en consultorías privadas, pues deben seguir respondiendo ante sus colegas de profesión, a ellos mismos y a la sociedad, ya que esta utilizará sus resultados para tomar decisiones informadas.

Imparcialidad

La imparcialidad implica que todo profesional debe velar por los intereses y los valores fundamentales de la sociedad y la democracia. La sociedad espera que un investigador sea ecuánime y recto en su actuar. Sobre todo, si parte de su financiamiento es público, pues si el dinero proviene de los impuestos de la sociedad, significa que se está pagando porque se genere información que se necesita para el bienestar social y ambiental de un país. En el tema del petróleo, la imparcialidad de la academia pública es indispensable, pues los impactos pueden permanecer sin atenderse simplemente porque no existe la información adecuada o porque pueden llegar a ser evidentes mucho tiempo después. Por ejemplo, cuando han sucedido los grandes accidentes del petróleo ha estado claro que se necesita información sobre todas las cadenas productivas que se rompen. Suele compensarse a los actores registrados, pero no a los que permanecen fuera del sistema, cuyo bienestar depende también de los recursos naturales afectados. En ambientes marinos, es el caso de grupos vulnerables como los pescadores libres, mujeres que viven de la pesca o jóvenes que no han podido ingresar oficialmente al gremio pesquero, pues ninguno de ellos es susceptible a recibir compensaciones directas al sector pesquero.

La imparcialidad académica adquiere más relevancia si se considera la enorme diferencia que existe entre los poderes que tienen los distintos actores. Todos pagan impuestos y tienen derecho a acceder y utilizar información pública; no obstante, un académico debe tener claro quiénes son los más vulnerables económica y técnicamente. En este juego de fuerzas, el sector social es el que habitualmente no tiene asesores técnicos, suele desconocer el tema, y a menudo tienen una visión local. Las comunidades están lejanas a la toma de decisiones de alto nivel y, cuando se reúnen, la mayoría participa en un contexto desfavorable. Paradójicamente, estas sociedades suelen ser convocadas a ser parte de discusiones trascendentales para su bienestar, pero desde una posición en la que priva la falta de información y además existen problemas de traducción y de comprensión de las reglas, por lo tanto se encuentran sujetas a rumores (^{Rousseau, 2017: 212}). En estas situaciones se crean constantemente tensiones, inhibiéndose circunstancias donde los desacuerdos no siempre son conflictos, sino parte de discusiones que a largo plazo son productivas y pueden generar mejoras.

Entre los múltiples retos, la gestión social de los proyectos energéticos adquirió una relevancia insospechada desde el inicio de la Reforma energética. No es un asunto menor: tiene implicaciones directas sobre la seguridad y la sostenibilidad energética del país; implica la repartición de la renta petrolera y sus implicaciones socioeconómicas a nivel local, estatal y federal; implica estudiar los impactos que puede tener una intervención física (infraestructura) necesaria para el funcionamiento de un proyecto energético en un municipio o comunidad. Es una relación problemática que constituye uno de los núcleos de mayor riesgo para la adecuada ejecución de la reforma. Están en juego tanto la búsqueda de un mayor desarrollo social de las comunidades, como el manejo eficiente de los proyectos energéticos. Ambos aspectos suelen tener dificultades para ajustarse de manera armónica. Para prevenir una posible incompatibilidad es particularmente importante establecer una regulación adecuada que tome en cuenta a los diferentes actores involucrados (^{Rousseau, 2017: 199}). Por lo tanto, la academia debería de aprovechar las nuevas figuras legales, sobre todo cuando sea llamada a ser parte de los testigos sociales e instrumentos como las evaluaciones de impacto social (EVIS) y los planes de gestión social. Esta es la manera en que la academia puede procurar una inspección especializada y equilibrada de los centros de poder, de facilitar que el escrutinio sea público y se ejerza el derecho ciudadano.

Objetividad

La objetividad corresponde a la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales. Sin embargo, habrá que recordar que la ciencia parte de puntos de vista prácticos y su fin, en un principio, fue el de ofrecer juicios de valor acerca de medidas económico-políticas del Estado (^{Weber, 2009}). Por ello es que, para alcanzar una posición neutra, el quehacer científico busca una descripción objetiva de la realidad, la cual se convierte en la principal medida en contra del conflicto de intereses. Esto significa que, aunque se pague por un producto, se debe apegar a la perspectiva metodológica que se ha elegido para construir el objeto de estudio y no ceder ante las presiones de justificar un resultado.

¿Qué sector económico no busca que la investigación que financia le beneficie sólo a él? La respuesta honesta es que ninguno. Toda empresa que pague por un servicio de investigación espera que los resultados sean de utilidad para algún proceso de su funcionamiento. Para lograrlo, por lo regular se contrata a consultorías o empresas privadas. El aspecto se desvirtúa aún más cuando se trata de una institución académica que recibe fondos públicos. Es cierto que el financiamiento que el gobierno aporta a la investigación es limitado, pero también que proviene de los impuestos de los ciudadanos, cuyo objetivo primario es favorecer el bienestar social.

Entre las conductas éticamente cuestionables que ponen en riesgo la objetividad se pueden encontrar las que llevan a cabo análisis post hoc sin especificarlo claramente, o el ser selectivo en el uso de la información. Ser objetivos es especialmente importante cuando se analiza, por ejemplo, el éxito de estos programas de beneficios, pues depende de múltiples factores, incluyendo la claridad de sus objetivos y la viabilidad de sus propuestas (un caso sería el alto costo de la reconversión de las flotas de pesca; ^{Blyth-Skyrme, 2010: 16-17}). En México, los planes de desarrollo que buscaron propiciar la coexistencia pesca-petróleo han tenido una limitada eficacia, como sucedió con el Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México (FIFOPESCA), implementado en 2004 para aminorar los efectos de las zonas de exclusión en las costas de Tabasco. Una de las grandes críticas a estos programas de reconversión productiva ha sido el escaso entendimiento del contexto local (^{Pérez-Sánchez, Muir y Glenn, 2000: 1}), ocasionado en parte por haber sido diseñados como una estrategia impositiva sin un diagnóstico imparcial de su viabilidad social, económica y ecológica.

¿Cómo se puede ser objetivo cuando se recibe el financiamiento de una empresa? Sólo utilizando los sistemas de verificación -entre ellos la revisión por pares- se podrá permanecer objetivos. Perder la objetividad de las investigaciones ha llevado a que incluso algunas de las revistas científicas veten artículos que han sido financiados por compañías de tabaco. El recelo radica en que sean los intereses de las empresas los que controlen las líneas de investigación de las instituciones académicas (^{Efstathiou, 2012}; ^{Washburn, 2007}). Una investigación que sostenga que los pozos petroleros son completamente seguros no es creíble. Falla por no describir objetivamente toda la complejidad del problema.

Transparencia

El secreto es la esencia del poder, y por ello la máxima publicidad es un principio de la democracia (^{Bobbio, 2013: 5}). La transparencia significa que todos los actos y la información en poder de las instituciones son públicos; ella quita el poder de sorprender. Una máxima publicidad coadyuva a que los ciudadanos accedan, conozcan y evalúen la información que las oficinas gubernamentales producen (^{Uvalle, 2016: 199}). La comunidad científica, cuando utiliza recursos públicos, debe tener claro que la recepción de dichos recursos lleva indisolublemente incorporados principios de correspondencia, entre ellos, el de responder por su uso eficiente y en términos comprensibles para la sociedad que los provee (^{COSCE, 2011: 126}).

El uso público de la razón es la más simple y básica de todas las libertades. No obstante, la transparencia es una de las más grandes deudas de la democracia actual (^{Bobbio, 2013: 18}). Se asume que no todo debe decirse al público porque no sería capaz de entenderlo y actuar con decisiones adecuadas. El secreto técnico implica no sólo la superioridad de un conocimiento, también se basa en la incapacidad de captar su naturaleza y sus alcances. El saber técnico es cada vez más especializado, es un saber de élites, comprensible sólo para un círculo particular y al que no tiene acceso el resto de la sociedad. Entre más incomprensible sea un saber, más lejos estará de incluirse como un elemento de la soberanía popular. Encontrar los medios para transmitir eficazmente la información, es un área de oportunidad para la academia.

No transparentar el quehacer académico sólo podría estar justificado en casos previstos por la ley, como la contratación de sus servicios por privados. Sin embargo, hay que tener cuidado porque la publicidad es necesaria para que la reserva del poder no se traduzca en hermetismo y así evitar que el silencio impida tanto el flujo de información, como el cumplimiento a favor de los ciudadanos de su derecho a estar informados; lo que se pretende es que el secreto no inhiba la posibilidad de conocer los sistemas de información que se diseñan para capturarla, almacenarla y archivarla (^{Uvalle, 2016: 208}).

El hermetismo de la industria de hidrocarburos, que en algunos países es prioridad nacional por depender de compañías paraestatales (Pemex, para el caso de México; Petrotin, en Trinidad y Tobago, por citar dos ejemplos), podría llevar a conductas éticamente cuestionables como guardar indebidamente los datos crudos y en consecuencia provocar que no se puedan llevar a cabo réplicas.

Actualmente existen una gran diversidad de herramientas al alcance del académico que le permitirían evitar situaciones en las que la toma de decisiones se sustraiga de la vista pública. En la era de la información es necesario transmitir de manera clara y oportuna los resultados para no ser vulnerable a alguna noticia mal interpretada. Los ciudadanos y los colegas deben tener la oportunidad y los elementos para decidir qué información necesitan, pues esta es una precondición para construir nuestro juicio sobre el riesgo que deseamos asumir como sociedad (^{Adams, 1995; 197}). Este esfuerzo es coherente con el creciente impulso que se le está dando a la difusión de la ciencia para incrementar el conocimiento científico de la sociedad (^{COSCE, 2011}). La transparencia es uno de los principios que la industria energética tiene más claro (^{AMEXHI, 2018: 129}), sólo que dependerá de que las empresas estén abiertas a financiar investigación transparente. Lo que nos debe guiar es que toda acción que no pueda ser pública -y que comprometa la propia investigación- es potencialmente indebida.