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Introducción
La represión es un tema de estudio de la Ciencia Política desde sus orígenes, pues refleja una de las formas en las que el gobierno lidia con el disenso político. Si bien la represión se asocia con regímenes autoritarios, su presencia en los regímenes democráticos desata mayor interés debido a que en éstos debe primar el respeto a los derechos de los ciudadanos y el Estado de derecho, las demandas ciudadanas se presentan como legítimas y deben canalizarse por medios oficiales para darles respuesta. De esta forma, la democracia implica respetar la protesta y el disenso, garantizar los derechos humanos y castigar sus violaciones; la represión se presenta como una anomalía, o bien como una disfunción que exhibe la baja calidad democrática. Diversas han sido las respuestas que se han dado desde los estudios sistemáticos y rigurosos, a partir de enfoques específicos de la relación gobierno-disenso, sobre todo desde la perspectiva del rational choice, donde el disenso se observa a través de la protesta y de los movimientos opositores al régimen o al gobierno.
Destacan tres tesis sobre el uso de la represión por parte de los gobiernos: a) la ley de respuesta coercitiva del Estado, según la cual la represión surge como forma de acallar un conflicto, pero también presenta la “paradoja de la protesta”, pues la represión puede incentivar o disminuir la protesta; b) la paz democrática, postula que a mayor democracia disminuye el uso de la represión, pero el tipo de relación entre estos fenómenos queda aún por aclarar, así como los mecanismos involucrados; c) la perspectiva de la amenaza, donde el gobierno reacciona con represión ante amenazas al orden público o al statu quo, para impedir su diseminación y fortalecimiento. Las respuestas de la literatura sobre qué provoca la represión son diversas y contradictorias, debido a las diferentes formas de medir las variables, así como a los métodos empleados para evaluarlas.
El Distrito Federal (D.F. hoy Ciudad de México) es el centro político, económico, cultural y social del país, así como asiento de los poderes federales, por lo que reúne gran cantidad de actividades, entre ellas una frecuente protesta social, que entre 2009 y 2015 tuvo un promedio de 840 protestas al año. Desde 1997 hasta 2018 fue gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido surgido de la conjunción de distintos movimientos, activistas y políticos de izquierda, por lo que se había caracterizado por una amplia tolerancia a las manifestaciones y protestas, utilizando las fuerzas de seguridad para salvaguardar el orden de los espacios públicos y privados, con pocos episodios de represión. Asimismo, en el periodo de 1994 a 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó una sola recomendación al gobierno por violaciones a derechos humanos en la protesta, mientras que emitió nueve recomendaciones por hechos ocurridos entre 2012 y 2014; no se han presentado más recomendaciones en el tema posteriores a ese periodo, por lo que los años 2012 a 2014 aparecen como atípicos.
En 2012 la campaña presidencial levantó movilizaciones estudiantiles que generaron una ola de protestas cuyo punto culminante fue el 1 de diciembre, día de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto; esa manifestación fue respondida con alta presencia policiaca y detenciones masivas de asistentes. A partir de ese momento, los episodios de represión continuaron por diferentes motivos, encontrando otro punto álgido en las protestas de octubre y noviembre de 2014, cuando la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa despertó otra ola de manifestaciones y reclamos, a los cuales se respondió con una escalada de violencia contra las movilizaciones.
Los estudios realizados desde la perspectiva de la amenaza (Earl, Soule y McCarthy, 2003; Davenport, 2007; Warner y McCarthy, 2014; entre otros) han demostrado empíricamente la relación entre la amenaza y la represión, pero no hay un consenso sobre qué constituye una amenaza y cómo observarla. Este artículo introduce un elemento para ampliar la perspectiva de la amenaza: el ámbito del reclamo al que se dirige la protesta en democracias federales. Debido a las características de estos estados, los gobiernos locales son los responsables de lidiar de manera cotidiana con la protesta y son incapaces de dar respuesta satisfactoria a los reclamos que se dirigen al ámbito federal o nacional. Se hipotetiza que los gobiernos locales son más propensos a reprimir cuando perciben amenaza y ante demandas que no les permiten negociar una solución.
El artículo pone a prueba diferentes variables de la perspectiva de la amenaza e introduce el ámbito del reclamo; el gobierno local decide el uso de la represión a priori en las protestas con características amenazantes, cuando no tiene capacidad de negociar soluciones. Esta hipótesis se analiza con un modelo probabilístico de regresión binomial y un modelo determinístico con un análisis comparado cualitativo (QCA). Primero se presentan las perspectivas teóricas respecto de la represión en democracias, con énfasis en la perspectiva de la amenaza; después se expone el modelo analítico y el diseño de investigación; enseguida se evalúa el caso del Distrito Federal en el periodo 2012-2014, con las pruebas empíricas del modelo; finalmente se presentan las conclusiones para la teoría.
La represión en las democracias
El texto de Mauricio Rivera, “Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos. Teorías, métodos, hallazgos y desafíos” (2010), hace una revisión de la literatura y destaca dos grandes grupos de estudios. A partir de la pregunta: ¿quién decide el uso de la represión?, introduce la distinción entre represión centralizada y descentralizada. La represión centralizada es un método de control autoritario y se basa en percepciones e intereses de las autoridades en el gobierno sobre el grado de amenaza percibido vs. la fortaleza interna del sistema; responde a un deseo de estabilidad política que reacciona al conflicto con un cálculo racional. La represión descentralizada se desprende de la incapacidad de las autoridades gubernamentales para controlar a los agentes de seguridad, los cuales imponen sus propias percepciones e intereses como forma de abuso de poder; es de carácter ilegal en las democracias y denota incapacidad institucional. Rivera enfatiza que, empíricamente, la frontera entre ambas es borrosa e inaccesible a la observación directa, por lo que la distinción conceptual se apoya en la plausibilidad de las proposiciones teóricas. La revisión de la literatura se centrará en la represión centralizada.
La represión estatal suele ser la variable dependiente -es decir, el fenómeno que se ha de explicar- y se operacionaliza a través de reportes de violaciones a derechos humanos -sobre todo a la integridad personal-, índices de violencia estatal, denuncias y cifras oficiales o extraoficiales de asesinatos políticos o de las diversas formas de tortura y violencia política, así como detenciones arbitrarias y otras formas de abuso policial. Cuando la represión es la variable independiente se estudian sus consecuencias y efectividad, sobre todo desincentivar la protesta u otras formas de disenso.
En la literatura abundan estudios de N grande, que por lo general recurren a la unidad de año-país -aunque hay estudios de caso cuyas unidades son eventos de protesta con N grande (Earl, Soule y McCarthy, 2003, y Warner y McCarthy, 2014)-, los cuales utilizan modelos estadísticos diversos; hay algunos estudios comparados de n pequeña que destacan patrones similares de represión entre casos y, por otro lado, abundan los análisis de caso, ya sean países o ciudades en periodos específicos, en los que se realizan análisis cualitativos. Dependiendo del método de análisis y de los casos o periodos analizados, las razones de la represión son contradictorias, lo que evidencia falta de consenso. Hay una sofisticación tanto en cuestiones conceptuales como de métodos de análisis con el paso del tiempo.
No todos los estudios hacen explícita alguna definición de represión. Stohl y López (1984, citado por Henderson, 1991; y por White y Falkenberg, 1995) indican que represión es el uso o amenaza de coerción en diversos grados, aplicado por el gobierno en contra de oponentes u oponentes potenciales para debilitar su resistencia a la voluntad de las autoridades. Al respecto, hay pocas variaciones importantes; una es la de Earl (2011), quien incluye la acción privada, además de la estatal.
El propósito de la represión es crear un clima de miedo (Henderson, 1991), controlar el comportamiento y actitudes de los oponentes (Davenport y Armstrong, 2004), mantener el estado político y facilitar la continuidad del régimen (Davenport, 2010, citado por Carey, 2006), imponer un costo y desincentivar actividades y/o creencias específicas que se perciben como reto al gobierno (Goldstein, 1978, citado por Davenport, 2007), o bien prevenir, controlar u obstaculizar acción colectiva no institucional para evitar o disminuir amenazas directas y no institucionales al poder (Earl, 2011), así como incrementar el costo de la protesta política (Shadmehr y Haschke, 2016).
El nivel de democratización es uno de los factores que más se destacan al analizar el uso de la represión; la tesis de la paz doméstica democrática (Davenport, 2007) indica que este régimen tendería a inhibir el uso de la represión (Henderson, 1991; Davenport y Armstrong, 2004; Armstrong, 2009). Sin embargo, no hay consenso sobre si la relación con la democratización es lineal, de umbrales o en forma de U invertida.
Otros factores con efectos sobre la probabilidad de represión son: el crecimiento económico, que permite distribuir recursos para reducir el conflicto (Henderson, 1991; White y Falkenberg, 1995); la firma de tratados internacionales, que reduce la proclividad a reprimir debido al escrutinio externo; la existencia de conflictos armados civiles o internacionales, que aumenta la probabilidad de represión porque el gobierno debe concentrar sus esfuerzos en otros conflictos (Davenport, 2007); la magnitud del apoyo electoral al gobierno en turno (cuando es menor, es menos probable la represión; Aytaç, Schiumerini y Stokes, 2017); la impunidad como un aliciente a la represión (Rivera, 2008); así como el descontento interno y la inseguridad, para explicar las violaciones a derechos humanos de forma más amplia (Carey, 2010).
La ley de respuesta coercitiva (Davenport, 2007) indica que los gobiernos responden a la presencia de conflictos con represión, por lo que esta perspectiva centra la atención en la protesta. La relación entre protesta y represión es compleja, ambas pueden ser causa de la otra y la represión a veces tiene el efecto de desincentivar la protesta mientras que en otros casos puede radicalizarla. Brockett (1993) argumenta que el efecto de la represión depende del momento del ciclo de protesta en que se aplique, ya que en las etapas iniciales suele incentivarla, mientras al final del ciclo o fuera de éste, la disminuye.
De acuerdo con Moore (1998), disidentes y gobierno interactúan a partir de “turnos y movimientos”, entre un continuum de cooperación-conflicto, donde los disidentes sustituyen sus estrategias cuando se encuentran con represión, pasando de una estrategia no violenta a una violenta, o al contrario, mientras el gobierno sustituirá represión por acomodo y viceversa al encontrarse con disenso. Carey (2006) considera que protesta y represión se presentan en un continuum de intensidad entre acciones no violentas y violentas en un marco de elección racional y estratégica.
Los estudios sobre la protesta prestan especial atención a la forma en que actúa la policía. La política policiaca de la protesta tiene dos etapas: la decisión sobre asistir o no, y la decisión de qué acciones tomar en el terreno cuando se decidió asistir. Warner y McCarthy (2014) señalan dos perspectivas para entender la probabilidad de comportamiento agresivo de la policía: amenaza a las élites y manejo del orden público; mientras que Earl, Soule y McCarthy (2003) apuntan las perspectivas de amenaza a las élites, debilidad de los grupos manifestantes, y agencia policiaca. Earl (2011) señala que la amenaza a las élites y a las autoridades es el mayor predictor de la represión policiaca, junto con la estructura organizacional e institucional de la policía (por ejemplo, la centralización de decisiones) y la cobertura mediática de los eventos de protesta, que tiende a disminuir la probabilidad de represión.
La perspectiva de la amenaza ha demostrado su impacto en la probabilidad de represión, así como en la intensidad de la misma. No hay, sin embargo, un acuerdo con respecto a qué factores específicos representan amenaza y Earl (2011) señala que el déficit de esta perspectiva ha sido no incluir controles relativos a las otras perspectivas en el análisis. Las variables que destacan en esta perspectiva son: el tamaño de la protesta (a mayor tamaño, mayor probabilidad de represión), la presencia de organizaciones de movimientos sociales (reduce la probabilidad de represión por constituir capacidad de respuesta), la presencia de grupos vulnerables (mayor probabilidad de represión) y las características del reclamo (cantidad y radicalidad aumentan la probabilidad de represión). En Earl, Soule y McCarthy (2003) la amenaza es el mayor predictor de la presencia policiaca tanto en tamaño como en sus tácticas; mientras que las tácticas de los manifestantes (acciones violentas), la cobertura mediática y la presencia de grupos vulnerables son las variables importantes para predecir el tipo de acción policiaca entre la simple presencia y el uso de fuerza, armas y arrestos. Warner y McCarthy (2014) concuerdan en que número de tácticas y de grupos se asocian positivamente con la probabilidad de arrestos y con el uso de la fuerza policiaca.
Earl ha puesto particular atención en las detenciones arbitrarias, pues considera que:
[...] los arrestos han sido vistos por muchos como el menor de los males de los mecanismos de control social o incluso son vistos como sustitutos preferidos de la violencia policiaca [...]. Pero cuando un investigador los examina empíricamente [como Earl (2005) hace con los arrestos a través de varias décadas] los arrestos parecen bastante más agresivos, consecuentes y represivos; pueden ocurrir simultáneamente con, en vez de ser alternativas a, la violencia (Earl, 2011: 270, traducción propia).
Por ello, los arrestos se convierten en una táctica para la desmovilización. El análisis de la represión policiaca “tiene la virtud de ser sistemáticamente observable y bien estudiada, así como de servir como un indicador útil del programa general de las autoridades del control social sobre grupos disidentes particulares” (Earl, Soule y McCarthy, 2003: 582, traducción propia).
Cabe mencionar, por último, que en los estudios sobre la represión en México sólo se encontraron cuestiones descriptivas y de relato de hechos específicos, sin investigaciones sistemáticas que indaguen las razones y explicaciones de la represión. No existen datos o análisis que permitan caracterizar el tipo de represión que ha ocurrido en el país en sus diferentes etapas históricas. La calidad de la democracia en México presenta tendencias contradictorias, pues si bien ha venido avanzando en indicadores formales, como lo indica el Polity IV,1 en el respeto de derechos ha habido retrocesos, pues de acuerdo con el índice de Freedom in the World, México se consideraba un país libre entre 2003 y 2010, pero entre 2011 y 2018 es calificado como parcialmente libre, por deficiencias en el Estado de derecho y la violencia criminal y política (Freedom House, 2018).
El Distrito Federal, capital del país hoy denominada Ciudad de México, tiene una condición especial en la configuración del federalismo mexicano. La seguridad en el territorio es una responsabilidad compartida entre los dos niveles de gobierno, lo cual implica una continua negociación y delegación entre los mismos; durante las manifestaciones la responsabilidad recae sobre el gobierno local, pero los edificios que albergan las instituciones federales suelen ser resguardados por policías federales y éstos pueden desempeñar un papel más importante a partir de las negociaciones entre las autoridades, dependiendo del tipo de protesta que se anticipe.
Modelo analítico
Esta investigación parte de la perspectiva de la amenaza para explicar la probabilidad de represión de los eventos de protesta. Se utiliza el marco del rational choice dado que el gobierno realiza análisis del costo/beneficio de reprimir a partir de la información de la que dispone. El gobierno refiere a las autoridades locales, que son las encargadas de actuar ante las protestas a través de sus cuerpos policiacos, y también deben lidiar con las demandas que tales protestas presentan a través de sus cuerpos administrativos; por esto, el ámbito al que se dirige la demanda cobra relevancia y es un elemento que ha estado ausente en los estudios sobre la represión policial en democracias federales,2 donde se observan problemas de delimitación de funciones y de asignación de responsabilidades.
En los países federales existe una división de poderes vertical que otorga facultades específicas a los diferentes niveles de gobierno, de acuerdo con el pacto federal, dando lugar a atribuciones locales, subnacionales y federales. Así, hay ámbitos de actuación de las autoridades que están delimitados, si bien se mantienen áreas de cooperación y negociación en los temas o eventos que corresponden a dos o más niveles. Las problemáticas del ámbito federal son aquellas que corresponden a las responsabilidades de autoridades de este nivel, como, por ejemplo, las secretarías o ministerios, el Congreso federal o demás órganos cuya responsabilidad abarca el territorio nacional.
Se asume en el gobierno una toma de decisiones centralizada y alta disciplina; en lo referente a la seguridad, esto implica que los agentes en campo responden a las estrategias y decisiones de los mandos superiores. Se considera que la represión es centralizada porque se analiza un periodo atípico en una ciudad, que suele ser tolerante ante la protesta, por lo que se presume que la represión no fue producto del azar, que condujera individualmente a diferentes agentes de seguridad a reprimir, sino parte de una estrategia desde el gobierno. Por ello, se toma la precaución de dejar fuera del análisis casos aislados, como se especifica en la sección de definición y operacionalización.
Ante una protesta, el gobierno local debe decidir cómo responder: con represión o con negociación sobre las demandas planteadas, a partir de un análisis costo/beneficio de su respuesta y tomando la opción más favorable. De acuerdo con la teoría de la amenaza, el gobierno pone un alto precio a la preservación del statu quo como una de sus prioridades, por lo que es más proclive a reprimir ante amenazas creíbles al poder de las élites o al orden establecido. Al mismo tiempo, el gobierno local no puede dar solución a las problemáticas federales, lo que le impide realizar una negociación satisfactoria con los manifestantes y lo hace, entonces, más proclive a la represión.
La hipótesis de esta investigación es que existe un comportamiento diferenciado de la policía frente a las manifestaciones de acuerdo con el ámbito del reclamo planteado; la probabilidad de represión aumenta cuando se percibe la protesta como amenazante y el reclamo se dirige al ámbito federal/nacional, lo que se sale de la competencia del gobierno local y, por lo tanto, no hay punto de negociación posible. Dependiendo de la demanda y de la percepción e información que tiene sobre el tipo de manifestantes que acudirán, el gobierno calcula la posibilidad de que éstos recurran a la violencia y califica el grado de amenaza de la protesta, según su radicalidad y amplitud (ver adelante operacionalización); si la amenaza es alta, el gobierno empleará la represión.
Con arreglo a esta hipótesis, el uso de la represión es decidido a priori, mientras que los targets (a quiénes se detendrá) son decididos en el terreno. Debido a que el gobierno busca la actuación menos costosa, no aplicará represión cuando se pretenda negociar y dar respuesta a la protesta, ya que ello eleva el costo de la negociación; se recurrirá a ella cuando no se tenga capacidad para negociar (debido a la naturaleza misma de la demanda); se usará la detención arbitraria por ser menos costosa operativamente; la detención selectiva se aplicará cuando no implique costos adicionales (flagrancia).
La hipótesis se representa en la Ilustración 1. Las variables confusoras o de control fueron identificadas a partir de la revisión de la literatura sobre el tema de represión de eventos de protesta y por su impacto tanto en la variable dependiente como en las independientes, para poder tener una medición precisa del impacto causal de interés; no se controla por la presencia de grupos vulnerables -que en algunos estudios ha sido considerada importante-, por falta de información sistemática al respecto.
A continuación se presenta la definición y operacionalización de las variables en el modelo, y al final de la sección, el diseño de investigación.
Variable dependiente
La represión se define como una violación a los derechos humanos por parte de elementos del Estado a partir del uso de la coerción, encaminada a acallar o prevenir que surjan protestas; la represión puede estar dirigida a una o varias personas en específico o bien puede presentarse indiscriminadamente como forma de amenazar a un colectivo o población amplia (es una definición propia para el fenómeno de análisis, a partir de la hecha por Stohl y López, 1984).
El indicador de represión es la presencia de detenciones arbitrarias en manifestaciones, ya que es la forma de represión que tiene más posibilidades de generar registro y denuncia. Se han tomado en consideración las manifestaciones llevadas a cabo en vías públicas debido a que son los eventos sistematizados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).3 Se estima que una protesta fue reprimida si se presentan por lo menos dos detenciones arbitrarias durante la manifestación o relacionada con ella,4 esto para poder descartar que la detención haya sido una acción individual de un policía.
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas determinó en la Resolución 1997/50 que la privación de la libertad no es arbitraria cuando se ajusta a la legislación nacional y a las normas internacionales pertinentes (ACNUDH, s/f: 5). De ahí se deriva que, para el caso mexicano, la detención arbitraria es aquella que se presenta sin flagrancia ni orden de aprehensión contra quienes no se puede probar que hayan cometido actos delictivos; implica la violación del derecho al debido proceso y a la protesta, además de que puede estar acompañada de violaciones a la seguridad ciudadana, la integridad personal y la libertad, entre otras. La detención arbitraria se mide a partir del registro de Comité Cerezo, organización de defensa de los derechos humanos, y de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
El Comité Cerezo sistematiza la información sobre personas detenidas arbitrariamente a partir de un seguimiento desde sus oficinas o desde el terreno; requieren del reporte de mínimo dos fuentes de confianza o por lo menos cuatro reportes de terceros. Por su parte, la CDHDF puede iniciar investigaciones de oficio o a partir de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y hace un trabajo de difusión y atracción para reportar todos los casos posibles en cada evento.
Variables independientes
El ámbito de reclamo de la protesta se refiere al nivel de poder político al que van dirigidas las demandas; tiene dos posibles valores: federal y local. El reclamo al ámbito local se limita a las autoridades del Distrito Federal y sus 16 delegaciones. Se operacionaliza a partir de una revisión en medios informativos nacionales y locales que reporten la marcha, sus motivos y demandas, especialmente las páginas en internet de los diarios El Universal, La Jornada y Milenio. Se escogieron los portales informativos de estos diarios por tener activa una hemeroteca virtual de acceso gratuito; sin embargo, se consultó una gran variedad de portales informativos, dependiendo de la disponibilidad de la información sobre el evento (los portales consultados se encuentran registrados en las referencias bibliográficas). En el caso de que no sea fácilmente identificable el nivel de poder político o autoridades al que se dirigen los reclamos, se toma el ámbito de la problemática que generó la protesta.
El nivel de amenaza de la protesta se toma del indicador que construyen Earl, Soule y McCarthy (2003) a partir de cuatro variables: la radicalidad de las demandas y su amplitud, como indicadores de amenaza al statu quo, y la cantidad de participantes en el evento y el uso de violencia por parte de los asistentes, como indicadores de amenaza al orden público. La cantidad de targets y demandas son el factor que define la amplitud de un reclamo: entre más autoridades se apele y más peticiones se aglutinen, la protesta es más amplia y, por lo tanto, más amenazante, porque disminuye la posibilidad de dar respuestas satisfactorias.
Dado que la hipótesis de esta investigación implica que el nivel de amenaza es evaluado antes de que se lleve a cabo el evento de protesta, no se toma en cuenta el tamaño de la misma, el cual se convierte en una variable de control. Además, Warner y McCarthy (2014) encontraron que el tamaño de la protesta pierde significancia al controlar por variables de complejidad situacional, por lo que eventos grandes sin agresiones de manifestantes disminuyen probabilidad de arrestos, aunque no de uso de la fuerza.
El nivel de amenaza se define como el cálculo del gobierno sobre el peligro que representa la protesta para sus intereses, ya sea en el ámbito inmediato del orden y seguridad durante el evento, o en el ámbito más general de sus intereses políticos y económicos plasmados en el statu quo. Se compone de una variable dummy para el uso de tácticas de confrontación (es decir, violencia) por parte de los asistentes, la cantidad de autoridades a las que se dirige el reclamo y el número de reclamos planteados, así como una variable dummy para reclamos o demandas radicales cuando se piden cambios de fondo a las leyes en vigor y la estructura institucional, la destitución de altos funcionarios o se llama a la desobediencia civil. Esta información también se toma de medios informativos.
Variables de control
La cantidad de participantes se refiere al número de personas presentes durante el evento de protesta, y se extrae del registro de la SSPDF respecto de las marchas llevadas a cabo en el Distrito Federal5; es una variable que se encuentra en los estudios sobre represión en eventos de protesta de McCarthy, además de que impacta en el grado de amenaza de la protesta y en la probabilidad de represión.
El número de policías se refiere a la cantidad de miembros de la policía local que acuden al evento de protesta con el propósito de salvaguardar el orden y la seguridad tanto de los manifestantes como de otros ciudadanos, así como los espacios donde se lleva a cabo el evento. El dato también proviene del registro de la SSPDF. La variable en la literatura se analiza en el contexto de las estrategias policiales como respuesta a la protesta; además, afecta al grado de amenaza del orden público y a la probabilidad de detenciones arbitrarias.
El nivel de represión anterior es una de las variables que la literatura considera clave para entender la represión en un momento dado, debido a tendencias inerciales en el uso de la violencia de Estado; esto tiene impacto tanto en el grado de amenaza de la protesta como en la represión por parte de la policía. En la investigación se tomará como variable dummy de casos de represión en las protestas de los 30 días anteriores al evento de interés, de acuerdo con los datos de Comité Cerezo y la CDHDF.
La presencia de organismos de derechos humanos (ODH) es una variable dummy para aquellos eventos en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la CDHDF u otras organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes a través de observadores y acompañantes. Se operacionaliza a partir de la revisión en medios de información que reporten la presencia de los organismos de derechos humanos, así como de solicitudes de información a las comisiones sobre los eventos en que estuvieron presentes en el periodo analizado. Esta variable está presente en las investigaciones de McCarthy con Earl y Soule en 2003, y con Warner en 2014, como indicador de debilidad (la ausencia de organizaciones denota debilidad) y de complejidad, respectivamente. La presencia de estos organismos afecta tanto al grado de amenaza de la protesta como la probabilidad de represión.
Diseño de la investigación
El universo de estudio de esta investigación son los eventos de protestas no electorales en democracias federales, ya que es en esos casos donde los supuestos y la hipótesis sobre la represión aplican. Se excluyen del análisis las manifestaciones electorales porque responden a una lógica distinta, desde la convocatoria, los grupos que asisten y los costos que imponen al gobierno. La unidad de análisis es el evento de protesta, por lo que los datos están agregados en ese nivel.
Se estudia un caso delimitado espacial y temporalmente: el Distrito Federal durante el periodo 2012-2104, que es el lapso en el que se identificó documentalmente la represión en forma de detenciones arbitrarias en la protesta. La base de datos de la SSPDF reporta 2 627 eventos; la Secretaría cuenta algunos eventos como múltiples si, por ejemplo, una manifestación tenía varios puntos de salida o si había un mitin de por medio, por lo que estos datos se colapsaron, y los casos registraron como uno solo, con el mismo motivo y llevado a cabo el mismo día.
Eso nos da un total de 1 828 eventos; al descartar las manifestaciones de contenido electoral -de acuerdo con la clasificación propia de la SSPDF- se tienen 1 768 casos, que constituyen la población de estudio de la investigación. De esa población se toma una muestra que corresponde a las marchas que, según el registro de la SSPDF, presentaron una asistencia de 2 mil personas o más, dando lugar a una muestra de 183 eventos. El criterio para delimitar la muestra consideró que los eventos tuvieran cobertura mediática para poder recabar la información necesaria de las variables de estudio.
Una vez delimitada la muestra se realizó una revisión en medios para encontrar la información pertinente del evento de protesta: cuál era el reclamo(s) y a quién(es) se dirigía, quién convocó, quiénes asistieron (grupos organizados o con alguna pertenencia institucional), qué tipo de acciones se llevaron a cabo por parte de manifestantes y autoridades, con especial atención a tácticas de confrontación entre asistentes y policías. Se priorizó la consulta de medios periodísticos, por lo menos tres notas diferentes, para tener un panorama plural; si no se encontraban tres notas periodísticas al respecto, se amplió la búsqueda de información en blogs de noticias y otras páginas de los grupos convocantes o replicantes que reportaran el evento, hasta tener al menos tres fuentes. La información se usó de manera complementaria en cada caso; no se encontró información contradictoria que mereciera criterios extras para elaborar la base de datos.
Al llevar a cabo la recolección de información se encontró que tres eventos no fueron reportados por ningún portal o blog informativo, por lo que la muestra final es de 180 protestas (los eventos de los que no se encontró información se llevaron a cabo el 23 de julio de 2012, el 20 de julio y el 30 de agosto de 2013, con motivos de “energía eléctrica”, “social” y “político”, respectivamente, de acuerdo con la base de datos de la SSPDF).
Se utiliza una regresión logística binomial como técnica de análisis cuantitativo probabilístico, y un análisis comparado cualitativo (QCA) como modelo determinístico. La regresión logística binomial es un modelo estadístico log-lineal que permite estimar el efecto de variables cuantitativas sobre una variable dependiente categórica dicotómica, que por lo general tiene forma dummy (es decir, valores 0 y 1 para indicar ausencia o presencia de un atributo, respectivamente). El modelo tiene como ventajas una claridad en la evaluación del impacto de cada variable del modelo y la inclusión de variables de control para reducir sesgos; la existencia de casos atípicos no invalida la teoría. Tiene la desventaja de requerir un amplio conocimiento de los datos para no generar estimadores inapropiados; además, es imposible asegurar que se controlaron todas las variables que impactan en las variables dependiente e independientes, por lo que se recurre a la literatura sobre el tema para controlar por los factores conocidos.
El análisis comparado cualitativo o causal configurativo (QCA) es un método basado en el álgebra booleana y la lógica formal, que permite análisis de mayor cantidad de variables sin una cantidad de casos grande (n mediana). Entre sus ventajas está el análisis de situaciones complejas, el número limitado de casos que requiere y la identificación de condiciones necesarias y suficientes tanto en presencia como en ausencia de variables, lo que permite analizar la complejidad causal. Al ser un análisis determinístico, un solo caso puede invalidar la teoría, además de que debe lidiar con la diversidad empírica limitada (configuraciones no existentes o no encontradas).
Análisis empírico: el caso del Distrito Federal en el periodo 2012-2014
Durante el periodo de 2012 a 2014 en el Distrito Federal hubo un comportamiento diferenciado de la policía en algunas protestas con respecto a su actuación histórica y a otras protestas en el mismo lapso. Antes de esa fecha la CDHDF realizó sólo una recomendación por violaciones a derechos humanos durante una protesta (CDHDF, 2007), mientras que de 2013 a 2016 efectuó nueve, relativas a eventos en los años 2012 a 2014 (CDHDF, 2013-2016). De acuerdo con las recomendaciones de la CDHDF y la información del área de sistematización del Comité Cerezo, los eventos con detenciones arbitrarias fueron los que se presentan en el Cuadro 1 (ver notas 3 y 4):
Cuadro 1 Protestas con represiones arbitrarias en el Distrito Federal en el periodo 2012-2014
| Fecha | Participantes | Policías | Detenidos | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 dic 2012 | 5 185 | 8 373 | 99 | *Toma de protesta de EPN |
| 10 jun 2013 | 2 240 | 909 | 24 | *Conmemoración Halconazo |
| 1 sep 2013 | 22 500 | 5 694 | 22 | *Primer informe de EPN |
| 13 sep 2013 | 540 | 53 | 35 | Desalojo CNTE del Zócalo |
| 2 oct 2013 | 10 000 | 3 102 | 108 | *Conmemoración Tlatelolco |
| 22 abr 2014 | 2 600 | 320 | 7 | *Protesta contra Ley Telecom |
| 6 nov 2014 | 1 700 | 90 | 8 | Jornada por Ayotzinapa |
| 10 nov 2014 | 342 | 25 | 20 | Jornada por Ayotzinapa |
| 20 nov 2014 | 41 580 | 176 | 38 | *Jornada por Ayotzinapa |
| 1 dic 2014 | 10 350 | 204 | 4 | *Aniversario toma de protesta |
| Total | 97 037 | 18 946 | 365 | *Recomendaciones CDHDF |
* En gris los eventos con menos de 2 mil participantes. Fuente: elaboración propia.
La primera recomendación de la CDHDF referida a detenciones arbitrarias en el periodo de estudio se publicó el 10 de abril de 2013 (Recomendación 07/2013) se refiere a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, el 1 de diciembre de 2012. Durante 2015, la Comisión emitió cinco recomendaciones más a la SSPDF por los hechos del 10 de junio y 2 de octubre de 2013, así como del 22 de abril, 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2014 (recomendaciones 09/2015, 10/2015, 11/2015, 16/2015 y 17/2015, respectivamente) y una más en 2016 respecto de la manifestación del 1 de septiembre de 2013 (Recomendación 11/2016), mencionando explícitamente las detenciones arbitrarias e indicando violaciones a los derechos de manifestación, de reunión, de libertad de expresión, de libertad personal con respecto al debido proceso y las garantías judiciales, a la integridad personal y el derecho a defender los derechos humanos.
La CDHDF señala que los casos denunciados “evidencian el enfoque represivo que las autoridades manejaron en contra de las personas jóvenes” (Recomendación 09/2015: 40),6 y recomienda derogar los tipos penales de “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública” (artículos 287 y 362 del Código Penal del d.f., respectivamente) dado que “no cumplen con los requisitos de estricta legalidad, necesidad, lesividad y taxatividad de la ley” (p. 19) al contener conceptos indefinidos y de aplicación arbitraria, por lo que concluye que han servido para criminalizar la protesta.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la posible inconstitucionalidad de tales delitos y en febrero y marzo de 2016 expuso que efectivamente tales figuras penales restringían de manera importante derechos ciudadanos, por lo que declaró la inconstitucionalidad de los delitos de “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública”; sin embargo, hasta el momento de esta investigación la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha derogado los artículos del Código Penal al que refieren estos delitos a pesar de existir dos iniciativas (de los partidos Morena y PRD) para tal efecto.
La CDHDF recalca que, a pesar de que la SSPDF aceptó los señalamientos contenidos en la Recomendación 07/2013, entre las que se encontraba la reforma para “un modelo de policía democrática; la revisión y adecuación de los protocolos de actuación policial [...] con un enfoque de derechos humanos” (CDHDF, 2007: 39), éstos no se habían llevado a cabo, lo que explica la repetición de los hechos. Las cinco recomendaciones de 2015 y la de 2016 fueron también aceptadas por la SSPDF y al momento se encuentran sujetas a seguimiento para su cumplimiento.
Análisis probabilístico: regresión logística binomial
Para analizar este periodo represivo en el D.F. se pone a prueba el modelo analítico descrito previamente con la base de datos que se construyó para este propósito (Cuadro 2).
Cuadro 2 Variables en la base de datos
| Nombre de la variable | Tipo | Interés | Fuente |
|---|---|---|---|
| Fecha | Nominal | Identificación | SSPDF |
| Motivo | Nominal | Identificación | SSPDF |
| Tema | Nominal | Identificación | Medios informativos |
| Participantes | Cuantitativa | Control | SSPDF |
| Policías | Cuantitativa | Control | SSPDF |
| Presencia de ODH | Dummy | Control | Medios y ODH |
| Represión anterior | Dummy | Control | Comité Cerezo y CDHDF |
| Represión | Dummy | Dependiente | Comité Cerezo y CDHDF |
| Ámbito | Dummy | Independiente | Medios informativos |
| Violencia | Dummy | Independiente | Medios informativos |
| Targets | Categórica | Independiente | Medios informativos |
| Reclamos | Categórica | Independiente | Medios informativos |
| Radicalidad | Dummy | Independiente | Medios informativos |
| Fuentes | Nominal | Identificación | Medios informativos |
Fuente: elaboración propia.
Las variables del modelo corresponden a la dependiente, las independientes y las de control, mientras que las de identificación únicamente sirven para la construcción de los datos. La muestra de 180 eventos incluye un evento al que, de acuerdo con la SSPDF, no asistió ningún elemento de seguridad (el 22 de septiembre de 2013 cuyo tema se identificó como marcha contra la reforma energética, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, a la que asistieron 25 mil personas), por lo que tiene el valor de cero en la variable “Policías”.
La variable dependiente de represión es positiva en siete de los eventos de la muestra, es decir, 3.89% de los casos. Las marchas reprimidas reportan un promedio de participantes similar al que presenta la población de estudio, ya que en éstas hay una media de 9 703.7 personas en cada protesta, mientras el promedio de asistentes de la población es de 9 871.25. En elementos de seguridad hay un notorio cambio, al pasar de un promedio de 369.12 en la población de estudio a 1 894.6 en los eventos en que se presentaron detenciones arbitrarias, lo que nos habla de que, si bien no hay correlación entre la cantidad de elementos de seguridad y la probabilidad de represión, hay una tendencia a enviar más policías a eventos que presentarán detenciones arbitrarias.
Respecto de las variables independientes, 158 casos tienen reclamos que pertenecen al ámbito federal y sólo 22 (12.22%), al ámbito local; esto probablemente se derive del criterio para formar la muestra, ya que protestas con menos de 2 mil asistentes pueden tener una mayor proporción de reclamos locales. La violencia estuvo presente en 16 eventos que representan 8.89%. En lo que corresponde a los targets, 96.67% de las marchas dirigía su demanda a uno solo, es decir 174 eventos, mientras que en dos ocasiones había dos o más targets y en cuatro eventos no había target alguno. El número de reclamos fue sólo uno en 88.89% de las marchas, que constituyen 160 casos, en cuatro ocasiones no hubo ningún reclamo y 16 veces había dos o más reclamos. Las demandas radicales estuvieron presentes en 73 marchas, es decir, 40.56% de la muestra.
En las variables de control encontramos que en 33 ocasiones estuvo presente algún organismo de derechos humanos, 18.33% de las marchas; 42 protestas se llevaron a cabo en los 30 días posteriores a un acto de represión, es decir, 23.33% de la muestra; la variable de policías tiene un rango de cero a 11 450 elementos de seguridad, con una media de 375.27 policías por marcha, una mediana de 90 y una desviación estándar de 1 219.38; la variable de participantes tiene un rango de 2 mil a 82 900 personas, una media de 10 035.77 manifestantes, una mediana de 4 500 y una desviación estándar de 14 033.51.
Debido a que las variables de participantes y policías tienen un rango muy amplio que deriva en coeficientes ínfimos en las pruebas estadísticas, se normalizaron los datos generando dos variables que indican sus logaritmos naturales (para evitar perder un dato, el evento que presentó cero elementos de seguridad fue codificado con un 1 en el valor de su logaritmo), denominadas ‘lnparticipantes’ y ‘lnpolicias’, que sustituyen en el modelo a las anteriores.
Existe una asociación entre el ámbito del reclamo y la presencia de tácticas de confrontación con la represión como detención arbitraria, ya que no ocurren eventos con represión que correspondan al ámbito local ni tampoco en los que no se haya presentado violencia. Esta característica de las variables independientes mencionadas impide que puedan utilizarse en un análisis probabilístico, por lo que el modelo de regresión no las toma en cuenta. Esto va de acuerdo con la teoría, que apunta que un reclamo del ámbito federal tiene mayor tendencia a la represión y que la violencia aumenta el grado de amenaza de un evento, lo que también eleva la probabilidad de represión.
Los datos señalan que no existe represión cuando no hay reclamos ni targets a los que se dirija la marcha; esto sucede en los eventos en los que, más que protesta, tratan de algún motivo de expresión. De acuerdo con la teoría, tenderían a ser menos reprimidas ya que el grado de amenaza aumenta con el número de targets y reclamos, por lo que las marchas que no presentan ninguno disminuirían la probabilidad de detenciones arbitrarias. Además, tampoco se presenta represión cuando hay dos o más targets, debido posiblemente a su poca frecuencia en la muestra.
Las variables de reclamos y targets tienen una distribución similar respecto de la variable dependiente, por lo que se realizó una prueba de asociación entre ambas; la prueba de independencia de chi cuadrada rechaza la hipótesis nula de independencia (valor de 0.75 de V de Cramer, 1 de gamma y 0.55 de tau-b), por lo tanto, hay riesgo de colinealidad. Para sobrellevar estos problemas se utiliza sólo la variable de reclamos, que tiene más variabilidad y se transforma en dummy, con valor de 0 si existe ningún o un reclamo y de 1 si existen dos o más; es decir, es una variable que indica variedad de reclamos, ya que la variedad de reclamos y no su cantidad es la que, de acuerdo con la teoría, aumenta la probabilidad de represión.
Así, las variables en el modelo de regresión son las siguientes:
Cuadro 3 Variables del modelo de regresión logística
| Nombre de la variable | Nombre en la base | Tipo | Interés |
|---|---|---|---|
| Represión | represion | Dummy | Dependiente |
| Variedad de reclamos | recdummy | Dummy | Independiente |
| Radicalidad | radicalidad | Dummy | Independiente |
| Presencia de ODH | odh | Dummy | Control |
| Represión anterior | represionant | Dummy | Control |
| Logaritmo de participantes | lnparticipantes | Cuantitativa | Control |
| Logaritmo de policías | lnpolicias | Cuantitativa | Control |
El modelo de regresión logística ordinario tiene problemas con variables dependientes de poca ocurrencia, ya que “puede subestimar drásticamente la probabilidad de eventos raros” (King & Zeng, 1999a: 137, traducción propia), por lo que los resultados pueden ser imprecisos para el fenómeno que nos ocupa, dado el comportamiento señalado de las variables en el modelo. De acuerdo con King y Zeng, los eventos raros han sido difíciles de explicar y predecir, a la vez que los paquetes estadísticos los subestiman porque las variables binarias toman como media su frecuencia relativa, lo que resulta en coeficientes sesgados.
Por esta razón, se recurre al paquete Relogit (rare event logistic regression, de Tomz, King y Zeng, 1999) para variables de poca ocurrencia, que directamente combate tal problema, para mejorar la estimación de los coeficientes y la manera en que impactan en el modelo7.
Los resultados que arroja este modelo se indican en el Cuadro 4:
Cuadro 4 Resultados del modelo de regresión logística de eventos raros
| Modelo 1 | Relogit | 180 obs. |
|---|---|---|
| Variable | Tipo | Coeficientes |
| recdummy | Independiente | 2.033* (1.083) |
| radicalidad | Independiente | -2.129 (1.563) |
| odh | Control | 2.439* (1.449) |
| represiontant | Control | 0.664 (1.421) |
| lnparticipantes | Control | -0^37 (0.701) |
| lnpolicias | Control | 0.891** (0.444) |
| represion(const) | Dependiente | -4.463 (6.121) |
Nota: * p<.10; ** p<.05. Fuente: elaboración propia.
Este modelo maneja errores estándar robustos, señalados entre paréntesis bajo el valor del coeficiente, y se expresa con la ecuación:
In (
Esto indica que la probabilidad de represión de una marcha con variedad de reclamos, demandas radicales, sin presencia de organismos de derechos humanos, que se lleva a cabo en los 30 días posteriores a una represión y con participación promedio de policías y participantes (se toma la media de los logaritmos) es de In (
La “variedad de reclamos” es significativa al 10% y el coeficiente indica que, cuando está presente, la probabilidad de represión aumenta. La otra variable independiente del modelo tiene un impacto negativo sobre la represión, pero es estadísticamente indistinguible de cero. La presencia de organismos de derechos humanos es la variable que tiene mayor impacto en la probabilidad de represión y es significativa al 10%; la lectura de este impacto tiene que ver con que las ODH se presentan a eventos donde piensan que pueden ocurrir las violaciones a derechos y su papel es intentar prevenirlas. Tomando en cuenta que asistieron a 33 eventos de la muestra, habrían tenido éxito en disuadir del uso de detenciones arbitrarias en 27 ocasiones (una ocasión en la que hubo represión no estuvo presente ninguna ODH).
La represión anterior tiene un impacto positivo en la probabilidad de represión, pero no es estadísticamente significativo. El logaritmo de participantes tiene un coeficiente negativo, lo cual va en contra de la teoría sobre el grado de amenaza, pero tampoco es significativo y en este modelo es variable de control; el logaritmo de policías sí tiene un impacto positivo y es significativo al 5%, aunque la magnitud es pequeña. Los efectos marginales fueron calculados y no tienen un impacto destacable, por lo que no modifican los resultados presentados.
De acuerdo con lo anterior, de las cinco variables consideradas originalmente como independientes, una se desecha por colinealidad (targets); ámbito y violencia están perfectamente asociados con el resultado, lo cual concuerda con el marco analítico, pero no de forma probabilística; la variedad de reclamos tiene un impacto importante y significativo al 10%, mientras que la radicalidad tiene un impacto que no es estadísticamente diferente de cero. Por lo tanto, podemos decir que el modelo analítico está parcialmente respaldado por la evidencia en el análisis de regresión logística.
Análisis determinístico: QCA
Con el modelo determinístico se explora la posibilidad de que la represión responda a una configuración causal y no al impacto independiente de diferentes variables, que es la forma de análisis de los modelos estadísticos. Se utiliza el QCA o análisis comparado cualitativo, donde la presencia de una variable tiene tanta importancia como su ausencia al analizar una configuración. Para este análisis se toman solamente las cuatro variables independientes que resultaron del modelo de regresión.
La tabla de verdad de esta investigación está compuesta por ocho columnas (Cuadro 5): las primeras cuatro corresponden a las variables independientes que determinan las configuraciones posibles; después se tiene una columna informativa de cuántos casos (P) presentan tal configuración, seguido de una columna que indica la cantidad de casos de represión (variable dependiente) en esa configuración, indicada con la letra Q; en la siguiente columna se plasma la variable dependiente en forma dicotómica (de acuerdo con la presencia o ausencia de casos en esa configuración, señalada con la letra R) y en la última columna, denominada X, se señala si las configuraciones son contradictorias (que producen resultados tanto positivos como negativos en la variable dependiente). Dado que se tienen cuatro variables independientes, la matriz contiene 16 configuraciones posibles.
Cuadro 5 Tabla de verdad del análisis QCA
| Configuraciones QCA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ámbito | Violencia | Reclamos | Radicalidad | Total de casos | Casos con represión | Represión dummy | Config. contradictorias |
| (A) | (V) | (C) | (D) | (P) | (Q) | (R) | (X) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fuente: Elaboración propia.
En gris claro se señalan las configuraciones no existentes; de las 16 configuraciones posibles existen 10 en la muestra analizada; en gris oscuro las configuraciones donde se presenta el resultado de interés, es decir, los casos de represión. Nótese que existen tres configuraciones asociadas a los siete casos de represión, pero son configuraciones contradictorias. Casi 69% de los casos en la muestra (124) se concentra en sólo dos configuraciones: Avcd y AvcD (donde la mayúscula indica presencia y la minúscula ausencia de la variable): protestas hacia el ámbito federal, sin violencia y sin variedad de reclamos, con o sin demandas radicales.
Por medio del análisis de implicantes principales, podemos establecer las fórmulas para las condiciones de interés, que se plasman en el Cuadro 6:
Cuadro 6 Fórmulas derivadas del análisis QCA
| Configuración | Fórmula |
|---|---|
| Casos existentes | P= A(v+c+D) + v(c+D) |
| Casos no existentes | p= aV +Cd(V+a) |
| Represión | R= AV(c+D) |
Fuente: elaboración propia.
Los casos no existentes son: protestas dirigidas al ámbito local donde se presente violencia y protestas con variedad de reclamos sin radicalidad, combinado con violencia o reclamo al ámbito local; todas las demás configuraciones existen en la muestra. La represión se presenta cuando hay un reclamo al ámbito federal y violencia, junto con no variedad de reclamos o presencia de radicalidad; de ahí se desprende que el reclamo al ámbito federal y la violencia son condiciones necesarias: si no están presentes ambas no se produce la represión; no existen condiciones suficientes en este modelo. Sin embargo, estas configuraciones son contradictorias: tienen casos positivos y negativos, por lo cual el fenómeno de interés, de acuerdo con el modelo analítico de esta investigación, no parece ser determinístico sino probabilístico.
Tanto el modelo de regresión logística como el QCA dan apoyo parcial al marco analítico propuesto, sobre todo respecto de la importancia de las variables de ámbito de reclamo y tácticas de confrontación, que son condiciones necesarias para que se presente la represión. La variedad de reclamos recibe apoyo por parte del análisis de regresión, pues tiene un impacto importante y es significativo, mientras que en el análisis QCA es importante para determinar los casos existentes, pero no para la represión (su ausencia, más que su presencia, forma parte de la fórmula de configuraciones que dan lugar a detenciones arbitrarias). La radicalidad de las propuestas no tiene soporte en el análisis de regresión, pero sí es importante para las configuraciones asociadas con la represión en el análisis QCA, como se muestra en la fórmula.
El ámbito del reclamo está correlacionado con la probabilidad de la represión a través de su aparición conjunta con las tácticas de violencia que pueden presentarse, lo que lleva a pensar que las problemáticas del ámbito federal tienden a articularse a través de grupos con mayores tendencias a hacer uso de la violencia en las protestas. Todos los casos de violencia en la muestra analizada se presentaron en protestas dirigidas al ámbito federal (es decir, su conjunción se da más allá de los casos de represión) y más de 85% de las protestas analizadas hace referencia a las autoridades federales, lo que indica que las protestas masivas en la Ciudad de México suelen derivar de problemáticas que no son locales (es posible que en las protestas menos concurridas la proporción se invierta). En este sentido, es importante investigar más a fondo cómo interactúa la variable del ámbito de represión con otras características de la protesta para desvelar el mecanismo que lleva a reprimirlas.
La radicalidad del reclamo está asociada con la probabilidad de represión y esto puede deberse a que los grupos que hacen estos reclamos son a su vez radicales en sus tácticas; sin embargo, la tabla de verdad nos indica que las configuraciones de marchas con demandas radicales ocurren en mayor medida sin violencia (67 casos, mientras que marchas con radicalidad y violencia ocurren en 6 casos). No obstante, la conjunción de violencia y radicalidad dio paso a dos de las tres configuraciones en que se presentó la represión, por lo que estos casos en específico podrían estudiarse con mayor atención para dilucidar cómo esta variable propicia la existencia de detenciones arbitrarias.
La variedad de reclamos también impacta en la posibilidad de represión, factiblemente por la presencia de una variedad de grupos en la protesta, lo que hace que algunos de esos grupos sean vulnerables a la violencia policiaca por no negociar con el gobierno (son más amenazantes) o porque pagan los platos rotos de otros grupos a los que no se reprime por falta de capacidad para lidiar con ellos. La presencia de las organizaciones de derechos humanos reveló ser de gran importancia, en buena parte porque están en contacto tanto con los grupos de la sociedad civil que salen a protestar como con la SSPDF y otras áreas de inteligencia del gobierno, por lo que tienen dos fuentes de información que les permiten prever un evento con riesgos de represión.
La cantidad de policías que se despliegan para cubrir las manifestaciones también tiene un impacto importante en la posibilidad de represión, por un lado, porque mayor presencia implica mayor visibilidad, dando lugar a más enfrentamientos y, por el otro, porque más policías en el terreno puede significar que la SSPDF haya hecho una evaluación de mayor riesgo de la marcha, lo que involucra la presencia de grupos agresivos.
De acuerdo con estos datos, la amenaza al orden público a través de la violencia es una variable con más peso en ambos análisis para la presencia de represión, mientras que la amenaza al statu quo -por la radicalidad de las demandas y su variedad- tiene una influencia menos consistente, aunque podría interpretarse el ámbito federal de los reclamos como un elemento de amenaza a las élites. Además, la represión crea inercias difíciles de romper; si bien es posible que no impacte de forma inmediata (en los días o semanas posteriores), genera un ambiente y una dinámica que condiciona actitudes de manifestantes y policías en el terreno.
Conclusiones
Esta investigación coincide con resultados encontrados en otros estudios en la perspectiva de la amenaza como explicación de la represión; destaca la importancia de la amenaza al orden público por medio de la presencia de violencia desde los manifestantes y la inclusión de una variable no analizada anteriormente, el ámbito del reclamo, como un elemento que puede abonar a la perspectiva de la amenaza, pues los reclamos de este orden tienen mayores implicaciones al statu quo que las demandas locales. Las perspectivas de la debilidad de los grupos convocantes, de la complejidad situacional y de la agencia policiaca se toman en cuenta como controles. Además de apuntar a un vacío en el estudio de la represión en México, que carecía de investigaciones sistemáticas, se sigue la línea de Jennifer Earl, quien pone especial atención a los arrestos, al corroborar que son formas especialmente violentas de represión, acompañadas de otros tipos de violaciones a los derechos de las personas manifestantes, como confirman las recomendaciones de la CDHDF. La aplicación del modelo propuesto en esta investigación a otros contextos fuera de la Ciudad de México será de relevancia para probar su fortaleza teórica y para identificar cuáles son características propias del caso y cuáles hallazgos son aplicables de forma más general.
Debido a que la represión a la protesta por medio de detenciones arbitrarias en el Distrito Federal se concentra en un periodo específico (los años de 2012 a 2014), puede interpretarse como un cambio en la forma en la que las autoridades evaluaron la amenaza de los grupos manifestantes, o bien puede deberse a una escalada en las tácticas de confrontación violentas utilizadas por estos grupos; en todo caso, apunta a la necesidad de desarrollar una visión dinámica de la amenaza (Atak y Bayram, 2017). Dilucidar cuál fue el caso requiere de un análisis de corte más cualitativo para indagar mecanismos específicos de actuación sobre el terreno.
Se evidencia la necesidad de analizar a los grupos convocantes a la manifestación para tener más información sobre la posibilidad de violencia y represión, ya que esta variable juega un papel muy importante en los análisis llevados a cabo. Esta información no se encuentra sistematizada en medios ni por las ODH; la SSPDF y otras agencias de inteligencia sí realizan una sistematización de información, pero no son datos públicos y, cuando les fueron requeridos a través de solicitudes de información, se negaron a entregar por considerar que “pondría en peligro la seguridad en el Distrito Federal, dejándolo vulnerable ante cualquier posible ataque o evento relacionado con multitudes” (SSPDF, 2016). También se requiere de mayor conocimiento sobre la SSPDF y su funcionamiento interno para poder entender la forma como realiza el seguimiento a los grupos, la evaluación de riesgo de los eventos y las decisiones sobre las corporaciones que asisten a las manifestaciones.
De forma más general, la teoría debe considerar los roces y conflictos entre autoridades, y entre ciudadanos y autoridades a que da lugar el federalismo con respecto al manejo de la seguridad pública y el disenso político, cuando son las instituciones locales las que deben responder ante demandas de naturaleza federal o nacional, dado que éstas no tienen ni la posibilidad de resolución ni un incentivo de negociación. Es importante también transparentar los mecanismos de evaluación de riesgo que realizan las autoridades ante las amenazas al orden público, ya sea a priori o en el terreno. Finalmente, se evidencia la necesidad de contar con un marco normativo policial con perspectiva de derechos humanos y, para el caso de la Ciudad de México, la derogación de los delitos de “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública”, que han servido para criminalizar la protesta.
