Introducción

A 50 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 permanece viva la demanda social que exige ni olvido ni perdón. “¡2 de octubre! ¡No se olvida!” no es solamente el grito de los manifestantes en cada conmemoración, sino la consigna que condensa la exigencia social de saber la verdad sobre lo acontecido en esa aciaga tarde de otoño en la Plaza de las Tres Culturas y de dar justicia a todas las víctimas de un gobierno autoritario que optó por la matanza, en lugar del diálogo con una juventud crítica e imaginativa que demandaba mayores libertades civiles y políticas en el escenario social. A 50 años pervive el deber de la memoria, el reclamo de que se esclarezcan los hechos y se castigue judicialmente a los culpables de los crímenes cometidos. Pero el tema de la memoria no es de fácil abordaje. ^{Tzvetan Todorv}, en un controvertido libro titulado Los abusos de la memoria, afirma que “la memoria se ha visto revestida de tanto prestigio a los ojos de los enemigos del totalitarismo, porque todo acto de reminiscencia, por humilde que fuese, ha sido asociado con la resistencia antitotalitaria” (2000: 14). Y más allá de las precisiones teóricas sobre el concepto de totalitarismo, en las que no nos adentraremos, es innegable que en el imaginario mexicano el 2 de octubre fue producto de un abuso de autoridad, de un ejercicio criminal de las fuerzas del Estado, un acto de represión autoritaria y totalitaria contra jóvenes estudiantes que ansiaban mayores libertades. La memoria siempre está sometida a dilemas, porque es un recorte, una selección y no una apropiación plena de lo acontecido en el pasado. Por ello, insiste Todorov, hay de usos a usos de la memoria. Pero es claro -y encomiable- que cuando una comunidad humana ha sido víctima de actos criminales arbitrarios e injustos luche por el resguardo de su memoria colectiva en aras de la verdad y la justicia. En tiempos de democracia es indignante y profundamente desconsolador que a 50 años de los hechos no hayamos logrado conocer con exactitud qué fue lo que ocurrió y, peor aún, que no se haya logrado dar castigo a los responsables de este deplorable crimen.¹

¿Por qué no hemos podido acceder a la verdad y la justicia? Si queremos comprender los obstáculos a los que la sociedad mexicana se ha enfrentado para lograr este objetivo, no podemos dejar de lado que, para construir la versión oficial sobre lo acontecido el 2 de octubre de 1968 se conformó una política gubernamental que podemos denominar “operación silencio”, un manejo faccioso de la memoria, que contempló desde el ocultamiento y destrucción de documentos impresos y fílmicos, hasta el encarcelamiento, la desaparición forzada y el asesinato de opositores en el marco de un discurso de combate contra el riesgo comunista. Esta lógica de contrainsurgencia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de presentar los fenómenos sociales y políticos como la lucha del Estado en contra de fuerzas “oscuras”, representativas de “intereses extraños”, en la que las instituciones aparecían como víctimas de acciones “delictivas” de grupos desestabilizadores caló hondo en el imaginario social de la época.

De esta caracterización de los actores del movimiento da cuenta Enrique ^{Krauze en el capítulo “La presidencia imperial”, de su libro México. Biografía del poder (2017}: 896-897), en donde reproduce, con el permiso del hijo de Díaz Ordaz, fragmentos de las memorias de su padre en los que el entonces presidente cuenta su versión de lo ocurrido en 1968. Gustavo Díaz Ordaz afirmaba que lo sucedido el 2 de octubre de 1968 fue algo buscado por los “agitadores”, quienes “Por fin lograron sus ‘muertitos’” y a manos de sus propios compañeros. Y dice que los muertitos fueron a causa de agitadores armados, como Sócrates Campos Lemus, quienes llevaban metralletas y dispararon “desde lo alto de uno de los edificios cercanos, donde no hay soldados, donde no hay policías, son ‘ellos’ los que están disparando, la balacera dura poco”, con la consecuente respuesta del Ejército que defendía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Díaz Ordaz sostiene que, como los estudiantes (a los que llama indistintamente agitadores, idealistas, “ellos”, en clara alusión a la diferencia entre los que quieren y los que no quieren a México) no habían podido apoderarse de Palacio Nacional, buscaron apropiarse de la Plaza de las Tres Culturas para tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los agitadores son detenidos y llevados al Campo Militar Número 1 “para ser examinados” y hay “requisa de metralletas”. La mayoría de los muertos, tanto alborotadores como soldados, “presentaron trayectorias de bala claramente verticales, balas asesinas de los jóvenes ‘idealistas’ disparando sus metralletas desde las azoteas de los edificios Chihuahua y Sonora”. Por ello, afirma Díaz Ordaz que los jóvenes muertos fueron asesinados por sus propios compañeros. Y si bien acepta que fue una jornada dolorosa y una noche muy triste para el país, afirma que “No hay remordimientos sobre lo ocurrido, sólo la convicción del deber cumplido.” Y ello es así porque asumía que esos jóvenes idealistas, esos agitadores influenciados por ideas extranjeras, querían que México fuera de otra forma: “Este México nos lo quieren cambiar, nos lo quieren cambiar por otro que no nos gusta. Si queremos conservarlo y nos mantenemos unidos, no nos lo cambiarán.”

La amenaza comunista fue la obsesión de Díaz Ordaz. En el contexto del movimiento estudiantil de 1968, el gobierno aplicó una estrategia de manipulación informativa y linchamiento político orientada a lograr una aceptación, por parte de la sociedad, de las respuestas represivas como actos de legítima defensa y garantes de la seguridad nacional. Por ello, el control sobre lo acontecido la noche fúnebre de Tlatelolco pudo darse desde el primer momento por medio de diferentes acciones para ocultar y distorsionar los hechos, con la participación y complicidad de numerosos funcionarios gubernamentales, militares y policiales, medios de comunicación y diversos sectores de la sociedad. La operación logró su objetivo. A 50 años el reclamo sigue vivo porque la justicia no ha llegado. Pero no lo logró del todo porque el olvido no ha vencido.

Para dar respuesta al “reclamo de la sociedad y de sus organizaciones para el esclarecimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” (^{DOF, 2002}), se decretó durante la presidencia de Vicente Fox la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El acuerdo de creación fue firmado por el entonces Procurador General de la República, Marcial Rafael Macedo de la Concha. A la cabeza de la Fiscalía quedó el jurista Ignacio Carrillo Prieto, quien ocupó el cargo de Fiscal Especial desde 2002 hasta su disolución en 2007. Se constituyó con el propósito de cumplimentar dos tareas fundamentales: la primera, la investigación histórica y documental, y, la segunda, la jurídica ministerial. El objetivo de “esclarecer los hechos y dejar constancia de las verdades históricas” se articuló con el de integrar los expedientes judiciales contra los servidores públicos que cometieron crímenes y violaron derechos humanos durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, según se reporta en el Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, presentado por la Femospp (^{PGR, 2006}). En dicho Informe se establece que una de las tareas del programa jurídico ministerial era la de cumplir con la resolución:

[… ] dictada dentro del Juicio de Amparo en Revisión 968/98 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el esclarecimiento de los hechos ocurridos con motivo de la represión por fuerzas gubernamentales del movimiento estudiantil y popular que se desarrolló entre julio y octubre de 1968 así como de la agresión en contra de los integrantes de la manifestación estudiantil y popular del 10 de junio de 1971 acaecida en la capital de la República (^{PGR, 2006}).

Es decir, que se deberían investigar las órdenes y acciones realizadas por los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez y los servidores públicos de sus respectivas administraciones que hubieran intervenido en estos sucesos, con miras a fincar las responsabilidades jurídicas correspondientes.

Los exintegrantes del Comité 68, Roberto Escudero, Raúl Álvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, entre otros, expresaron su preocupación, porque el resolutivo de creación de la Fiscalía Especial no señalaba explícitamente el delito de genocidio y, con ello, se abría la posibilidad de que una vez más las indagatorias se fueran por otros caminos y no se llegara a nada. En un artículo publicado en Proceso, en febrero de 2002, Guillermo ^{Correa (2002}) detalla los diversos intentos de enjuiciamiento de los culpables de los crímenes del 2 de octubre:

De 1968 a la fecha hubo varios intentos fallidos de enjuiciamiento a los responsables de la matanza del 2 de octubre. Uno fue en 1971, cuando, en una denuncia presentada por Emilio Krieger y cuatro abogados más, se identificó como acusados a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y Marcelino García Barragán. Otro fue en diciembre de 1993, cuando un grupo de intelectuales y académicos elaboró un informe sucinto y la recomendación de modificar el artículo octavo de la Constitución, relativo a la confidencialidad de los documentos oficiales. En 1998, en el 30 aniversario de la matanza, se integró en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de los Sucesos del 68, que tampoco tuvo mayor trascendencia. Ese año, Álvarez Garín y otros seis exdirigentes del movimiento estudiantil presentaron una denuncia de hechos por presuntos delitos de genocidio, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, la cual fue archivada por la PGR (^{Correa, 2002}).

El año 1993 es particularmente relevante en virtud de que se estableció una Comisión de la Verdad que buscó que se abrieran los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que se juzgara al Ejército por su participación en la matanza. En respuesta, el entonces titular de la Sedena, general Antonio Riviello Bazán, invitó a los reporteros, al término de una rueda de prensa sobre el asunto, a la exhibición de una copia mejorada (porque tiene acercamientos cuadro por cuadro, flechas para señalar el desarrollo de las acciones, mejora de imagen en detalles que no se ven bien en la versión original) de los últimos minutos de la película México 68, dirigida por Óscar Menéndez, con guion de Severo Iglesias y fotografía de Tony Kuhn. Dicha copia se exhibió esa misma noche en cadena nacional, en el noticiario 24 Horas. En el video se afirma que los soldados tenían la orden de disolver el mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco e impedir que los manifestantes marcharan hacia el Casco de Santo Tomás, en tanto que los integrantes del Batallón Olimpia debían detener a los dirigentes del movimiento que estaban en el Edificio Chihuahua. De lo que se trataba era de mostrar que el Ejército no había sido responsable de la matanza y, por ello, se detiene en algunas escenas en donde vemos a un soldado protegiendo a una niña y a una pareja; se hace énfasis en que el helicóptero militar que sobrevoló la Plaza, momentos antes de que comenzara el tiroteo, llevaba las puertas cerradas y, por ello, no era posible que desde ahí se lanzaran las bengalas e iniciara el tiroteo, y se destaca también la imagen de una persona vestida de civil, situada en una cornisa, que aparentemente dispara contra los estudiantes.

El narrador del video dice que las conclusiones que pueden sacarse del mismo son las siguientes: i) el helicóptero que sobrevoló la Plaza de Tlatelolco no disparó contra la multitud ni lanzó las bengalas, las cuales surgieron del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores; ii) las tropas fueron las agredidas y nunca dispararon contra la multitud, a la que no impidieron salir de la Plaza y, iii) los soldados se limitaron a contestar el fuego disparado desde los edificios. “En conclusión -afirma-, el ejército no fue el autor de la masacre de la noche de Tlatelolco” (^{Proceso, 1993}).

Con la creación de la Fiscalía Especial ligada a la PGR se tenía que dar satisfacción a la legítima demanda social de justicia por lo acontecido el 2 de octubre de 1968, con el esclarecimiento del papel del Ejército el 2 de octubre, por lo que era necesario que la PGR abriera la discusión en torno a la naturaleza de los delitos cometidos ese día (genocidio, lesa humanidad, crimen de Estado, guerra sucia) y, por tanto, de la prescriptibilidad o no de los mismos. La Fiscalía Especial no obtuvo los resultados que se esperaban. Para la fecha de su desaparición, tal y como informó el reportero Alfredo ^{Méndez Ortiz en su nota para La Jornada (2007}), no se había logrado una sola sentencia condenatoria contra ninguno de los indiciados por la matanza del 2 de octubre, entre ellos, el expresidente Luis Echeverría. El fiscal Carrillo Prieto había logrado que se girara orden de aprehensión y auto de sujeción a proceso contra Luis Echeverría Álvarez, pero no consiguió que pisara la cárcel a pesar de que interpuso la acusación de genocidio, no sólo por el 2 de octubre, sino también por el 10 de junio de 1971, cuando Echeverría ya era Presidente, pues sus abogados interpusieron recurso a fin de que se le concediera la prisión preventiva domiciliaria establecida en el artículo 55 del Código Penal Federal. En julio de 2007, tal y como lo reportó la revista ^{Proceso (2007)}, el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, determinó que:

Si bien está acreditado el genocidio, absolutamente ninguna de las pruebas aportadas por la PGR (a través de la Femospp) justifica siquiera de manera presuntiva la participación de Luis Echeverría Álvarez en la preparación, concepción o ejecución del genocidio (^{Proceso, 2007}).

Por tanto, exoneró por completo al octogenario expresidente. Sin embargo, pese a no haber logrado poner tras las rejas a ninguno de los responsables de la masacre, la Fiscalía Especial sí consiguió un significativo pronunciamiento para la memoria colectiva, dado que, por vez primera y de manera pública y oficial, el Estado mexicano se hizo responsable del genocidio de 1968 al dejar escrito en su Informe final que:

Al concluir esta investigación se constata que el régimen autoritario, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. El combate que el régimen autoritario emprendió en contra de estos grupos nacionales -que se organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular- se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad y violaciones al Derecho Humanitario Internacional, que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, y genocidio, al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo. Al efecto, se utilizaron a las instituciones del Estado, pervirtiendo a las mismas (^{PGR, 2006}).

Memoria fílmica del 68

¿Con qué contamos para conocer la verdad sobre el papel que jugaron las fuerzas de seguridad del Estado en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968?

A lo largo de estos 50 años se han escrito numerosos ensayos sobre el tema, desde la recopilación de testimonios (Poniatowska, González de Alba, Cazés, etc.) y estudios detenidos de archivos documentales y fílmicos, institucionales y privados (Aguayo, Scherer, Monsiváis, Montemayor, por citar los más relevantes), hasta la producción de diversos documentales que incorporan nuevos materiales fílmicos, fotográficos y testimoniales, tales como el emblemático largometraje El grito, filmado por alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), los documentales de Óscar Menéndez y Julio Pliego, los trabajos de investigación de Carlos Mendoza en el Canal 6 de Julio y los programas de televisión sobre el tema de Clío en Televisa, hasta Memorial del 68, de Nicolás Echevarría en la UNAM y la miniserie documental de Carlos Bolado, producida por Canal Once y tvUNAM, sin olvidar el interesante documental del CUEC, El paciente interno, que trata el tema desde una perspectiva distinta y novedosa.

La lista de los artículos, panfletos, análisis, comentarios y reportajes es larga en exceso si se considera que el tema no ha perdido vigencia y que ha sido abordado con diversos enfoques. Sin embargo, la apertura de información reservada a partir de la Fiscalía Especial, como uno de los elementos esenciales de la voluntad institucional para esclarecer los hechos, brindó una oportunidad para estructurar nuevas líneas de investigación y análisis sobre el material documental impreso y fílmico desde la óptica de la reconstrucción histórica, no sólo de los acontecimientos en particular, sino también del contexto que los hizo posibles.

Mención aparte merecen las películas mexicanas de ficción que han sido influidas por la fuerza del movimiento estudiantil o que directamente han tratado el tema. Entre las primeras cabe mencionar especialmente las dos tesis de estudiantes del CUEC que participaron activamente en el movimiento. Es el caso de Tómalo como quieras (Carlos González Morantes, 1971), metáfora sobre la confusión reinante en la comunidad universitaria, tanto entre estudiantes como entre profesores, tras el resultado del movimiento, y Quizá siempre sí me muera (Federico Weingarsthofer, 1971), que habla del imaginario confuso e inconexo que prevalecía en la juventud al término del movimiento estudiantil. Asimismo, la tesis del Centro de Capacitación Cinematográfica, ¿Y si platicamos de agosto? (Marisa Sistach, 1980) es una sobria y sensible visión intimista sobre el despertar a la vida amorosa y la conciencia social durante el movimiento estudiantil de 1968. Cabe destacar que el investigador Álvaro Vázquez Mantecón considera, en su ensayo El 68 cinematográfico, que películas industriales mexicanas de los años setenta, como La montaña sagrada (Alejandro Jodorowsky, 1972), El castillo de la pureza (Arturo Ripstein, 1972) y Naufragio (Jaime Humberto Hermosillo, 1977), fueron filmes en donde “algunos realizadores optaron por la representación metafórica para referirse al tema” (^{Vázquez, 2016}: 305). De la misma manera, la película Canoa (Felipe Cazals, 1976) trata un acontecimiento paralelo ocurrido en Puebla, basado en un hecho real sobre el linchamiento al que incitó el cura del pueblo, al acusar a unos estudiantes y trabajadores de comunistas. Es importante destacar que durante los años setenta y ochenta los medios masivos tenían prohibido hacer cualquier referencia al tema del movimiento estudiantil de 1968.

Entre las películas que han abordado directamente este tema en el cine mexicano se encuentran Rojo amanecer (Jorge Fons, 1989), primera película de ficción que trata abiertamente el tema de la matanza del 2 de octubre de 1968 en el cine mexicano y que concentra toda la narración en un departamento de Tlatelolco. Filmado con muy poco presupuesto y casi en la clandestinidad, aunque con actores muy reconocidos y un director prestigiado, el filme generó mucha expectación por el tema y fue objeto de un intento de censura para ser exhibido, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, Ciudad de ciegos (Alberto Cortés, 1991) es una interesante película formada por diez episodios que acontecen todos en un mismo departamento, durante los cuales se narra casi un siglo de historia de México; uno de los episodios, por supuesto, sucede en 1968. Borrar de la memoria (Alfredo Gurrola, 2011) es un thriller escrito por el crítico de cine Rafael Aviña, con el movimiento estudiantil como telón de fondo que incide en la historia; Tlatelolco, verano del 68 (Carlos Bolado, 2012), una moderna versión de Romeo y Julieta en el marco del movimiento estudiantil, y Olimpia (José Manuel Cravioto, 2018), primera película mexicana que utiliza la técnica de animación conocida como rotoscopia (consistente en dibujar sobre el material filmado y que se ha visto a nivel mundial en películas como Waking Life, de Richard Linklater, o Vals con Bashir) que aborda el movimiento estudiantil desde el punto de vista de cinco personajes y que acaba su narración previo a la masacre del 2 de octubre.

Indudablemente, El grito (Leobardo López Aretche, 1968) es el documental emblemático del movimiento estudiantil del 68. Filmado por iniciativa de los estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, quienes estaban involucrados activamente en el movimiento, sigue los acontecimientos cronológicamente, divididos en cuatro partes que corresponden a los cuatro meses en los que se desarrolló el conflicto estudiantil. La cronología abarca los hechos ocurridos desde el enfrentamiento entre estudiantes, el 22 de julio, hasta la matanza en Tlatelolco el 2 de octubre, momento que no fue posible documentar por los estudiantes, pues uno de ellos llegó tarde a la manifestación y otro cayó preso. De la misma manera, varios momentos decisivos del conflicto, como el inicio de los enfrentamientos, el informe presidencial o la embestida final del Estado, no fueron filmados, por lo que fueron construidos posteriormente, mediante diferentes estrategias, usando particularmente fotografías de prensa y una elaborada banda sonora que no necesariamente correspondía a la imagen, pero que sí consigue generar un estado de emoción. El documental presenta una variedad de testimonios que se van articulando; la edición decide hacer uso de la palabra testimonial, en el que coexisten la voz del movimiento, representada por los comunicados del Consejo Nacional de Huelga, la voz individual de los estudiantes y la experiencia de un observador externo, representada por el texto en off de Oriana Fallaci.

La importancia de El grito se debe a que es el más relevante testimonio audiovisual conocido del movimiento estudiantil de 1968 filmado por los estudiantes del CUEC, apoyados por el director y los maestros del Centro con el escaso equipo y material que existía en la incipiente escuela. Se filmó de manera casi espontánea, con brigadas que acudían a los diversos mítines y manifestaciones que se fueron desarrollando. Al inicio, con la desconfianza natural de los estudiantes hacia las cámaras; posteriormente, con la aceptación e involucramiento directo de los jóvenes cineastas que ya formaban parte fundamental del movimiento. El material cinematográfico se compone de tomas únicas, como la ocupación por el Ejército de Ciudad Universitaria, filmada ingeniosamente desde la cajuela de un automóvil en una de cuyas calaveras se colocó el lente de la cámara. Las más de ocho horas de filmación fueron resguardadas en su momento en las casas de diversos estudiantes, en lugares tan insospechados como tinacos, protegiéndolas de la ofensiva policiaca, que buscó este material en las instalaciones de la escuela de cine. En 1969, se decidió que el estudiante del CUEC con más experiencia, Leobardo López Aretche, montara el material con la colaboración del editor profesional, Ramón Aupart, para conformar el documental que hoy conocemos como El grito. El resultado es, como afirma Ayala Blanco, “el testimonio fílmico más completo y coherente que existe del Movimiento, visto desde adentro [… ], tal como lo sintieron y vivieron sus propios militantes” (^{Ayala, 1974}: 30).

La película no ofrece un análisis ni una visión crítica del movimiento, sino un registro testimonial, totalmente emocional, de lo que vivieron los directamente involucrados. Las autoridades universitarias determinaron que no se exhibiera la película terminada para no poner en riesgo a la Universidad, frente a un régimen político que tenía el poder y que era responsable de los lamentables acontecimientos. Uno de los participantes en las filmaciones guardó una copia de la película, a partir de la cual pudo sacar unos pocos duplicados que se distribuyeron de mano a mano entre diversos grupos sociales, que la vieron siempre en la clandestinidad.

No fue sino hasta el 23 de junio de 1976 cuando se hizo una proyección especial en el Salón Rojo de la Cineteca Nacional. Leobardo López Aretche, su director, se suicidó el 24 de julio de 1970, sin haber tenido la oportunidad de asistir a una exhibición pública de la película. Ésta fue criticada duramente en su posterior exhibición; tanto los nuevos estudiantes del CUEC como los militantes de la izquierda radicalizada tacharon la cinta de sentimental y fatalista. Emilio García Riera escribió, en su Historia documental del cine mexicano:

[… ] la película hizo clara la carencia de una verdadera tradición de cine documental en el país. Los malos encuadres, la arbitrariedad en el montaje, las incorrespondencias entre imagen y sonido, el uso abusivo del zoom, todo delató el mal ejemplo de los cortos y noticieros convencionales y adocenados, material de encargo y único cine documental que se filmaba de continuo en el país (^{García, 1994}: 183).

Sin embargo, como escribió el crítico de cine, Nelson Carro, el principal mérito del documento está en su capacidad para construir un complejo testimonio de aquella generación: “El grito no explica los sucesos del 68, pero consigue hacernos sentir lo que sintieron quienes participaron directamente en ellos” (^{Carro: 1993}).

En 1999 Enrique Krauze, con la autorización de Emilio Azcárraga Jean y apoyado por Televisa, estrena la serie de televisión México Siglo XX, con el programa Díaz Ordaz y el 68, dirigido por el egresado del CUEC, Luis Lupone, y con guion de Álvaro Vázquez Mantecón. Las imágenes utilizadas para la producción del documental fueron tomadas de diversos archivos fílmicos y videográficos, entre ellos los de El grito, de la Coordinación Cinematográfica del PRI, de la Filmoteca de la UNAM, Noticieros Televisa y Fundación Miguel Alemán, junto con archivos fotográficos y hemerográficos de la familia Díaz Ordaz, la revista Siempre! y el diario El Nacional. En entrevista con Proceso, en abril de 1998, Krauze afirmó que el programa:

No es un trabajo de reportaje especial, creo que hay muchísimo por investigar, pero éste es un programa en el que se habla del presidente y del movimiento; el papel del Ejército no es, digamos, de causa principal en el conflicto, éste básicamente fue el choque entre esa juventud libertaria y un presidente autoritario aconsejado o rodeado de un aparato político muy turbio, lo que incidió de modo muy negativo en el desenlace del movimiento (^{Proceso, 1998}).

Y justificaba con ello que no se hablara directamente del papel del Ejército, del que sostuvo que había respondido a órdenes de civiles, ni del jugado por Echeverría, al que dedicaría otra emisión de la serie. La interpretación de este programa sobre el movimiento estudiantil se centraba en la idea de que un régimen de mano dura se enfrentó a la ola de rebeldía de una juventud rocanrolera, con demandas de liberación sexual e influida por ideas extranjeras de agitadores comunistas que querían desestabilizar al país. No realizó una investigación profunda sobre lo acontecido y se limitaba a narrar una secuencia de hechos para concluir con aquella entrevista de Díaz Ordaz, cuando fue nombrado embajador de México en España, en la que se dice orgulloso del año de 1968 y habla de Tlatelolco como un incidente penoso “en la vida de un pueblo”.

Tlatelolco, las claves de la masacre (Carlos Mendoza, 2003), de Canal Seis de Julio, es el primer documental que aporta una hipótesis de investigación sobre lo acontecido en México en 1968. Previo a su aparición, Carlos Mendoza ya había abordado el tema del 2 de octubre en los documentales Batallón Olimpia (1998) y Operación Galeana (2000). Tlatelolco es producto de una rigurosa investigación histórica con base fílmica sobre lo acontecido durante el movimiento estudiantil, sin dramatismos ni despliegues efectistas propios de aquellos documentalistas que viven entre festivales. El trabajo de Carlos Mendoza y de Canal Seis de Julio se apega a una retórica o narrativa tradicional (retórica antigua le llama ^{Wehr, 2014}), dado que su objetivo es dar cuenta de los acontecimientos sociales que registra para poder esclarecer las causas de los sucesos narrados y las circunstancias histórico-políticas en que tuvieron lugar. ^{Mendoza (2014}-2015: 37) otorga un valor documental a las imágenes fotográficas y fílmicas y, por ello, pondera significativamente el trabajo realizado por Carlos ^{Montemayor en su libro La violencia de Estado en México}, en donde, con respeto y paciencia, dice Mendoza, Montemayor analizó horas de filmaciones que contextualizó, contrastó y complementó con otro tipo de documentos, como cartas, testimonios de protagonistas, partes militares e información hemerográfica y bibliográfica para poder desarrollar de forma solvente su conclusión de que lo ocurrido el 2 de octubre fue un crimen de Estado.

El título del documental indica claramente la intención de su realización: se trata de analizar los elementos relevantes de lo acontecido en 1968 para poder dar con las “claves” a fin de explicar la “masacre” de la noche del 2 de octubre. Y la narrativa se despliega en dos partes: una en la que se realiza el análisis del operativo de las fuerzas de seguridad en la Plaza de las Tres Culturas y otra que da cuenta de las manifestaciones estudiantiles previas a dicha concentración en Tlatelolco. No omite los nombres de ninguno de los actores centrales de los sucesos, se habla claramente de todos los cuerpos de seguridad participantes y se da voz a los testigos para relatar su experiencia la noche de la matanza. La relevancia del documental Tlatelolco recae en la numerosa información que aporta para el esclarecimiento de los hechos, en la utilización de fuentes cinematográficas no difundidas hasta entonces, y en la contrastación y rigurosa verificación en campo de las imágenes utilizadas y de los documentos empleados para la interpretación. Las fuentes cinematográficas destacadas por el propio Carlos ^{Mendoza (2006}) son: en primer lugar, tres reportajes en 16 mm a color, dirigidos por el reportero estadounidense, Bert Quinn; segundo, tres minutos de filmación en formato 35 mm, de otro corresponsal estadounidense, sobre:

[… ] la llegada de los contingentes militares a la Plaza de las Tres Culturas, la caída de los dos pares de bengalas, el inicio de la incursión militar y el de la agresión contra soldados uniformados y manifestantes, así como la huida de éstos y, finamente, la plaza llena de cuerpos, muchos de ellos de soldados en posición de combate, cuando ya oscurece en el lugar (^{Mendoza, 2006}: 91).

En tercer lugar, escenas en blanco y negro captadas por una cámara que se atribuye a una televisora canadiense que filmó el arribo del primer batallón de fusileros paracaidistas, el inicio del tiroteo en la Plaza y la gente corriendo para escapar de las balas. La cuarta fuente, que parece no ser mayor a tres minutos, pero en donde se registra claramente la presencia de los hombres de guante blanco, es atribuida al cineasta Servando González, quien filmaba por instrucciones de la Secretaría de Gobernación desde la última ventana del extremo oriente del piso 18 de la torre de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tlatelolco es el resultado de una minuciosa investigación histórica que permite establecer el conjunto de circunstancias que interactuaron, las más de las veces de forma intrincada y compleja, para dar lugar a la tragedia que se conformó como un parteaguas en la historia de México.

Para que el 2 de octubre de 1968 permanezca en la memoria es necesario no solamente conmemorar, sino comprender. Y, aunque indudablemente lo que sabemos hasta ahora ayuda a la comprensión de lo sucedido, no podemos dar por concluida la investigación sobre lo acontecido ese 2 de octubre de 1968, dada la enorme cantidad de documentos que todavía no se encuentran disponibles para los investigadores sobre el tema y a la irrenunciable autocrítica que la rigurosa tarea de investigación histórica reclama.