El 17 de marzo de 2016 fui invitada a presentar esta obra en la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana, evento que contó con la presencia del propio coordinador, José Manuel Valenzuela, investigador de El Colegio de la Frontera Norte y experto en el análisis de las culturas juveniles, especialmente en y de frontera, además de los colegas Jorge Basaldúa y Enrique Rosano, profesores de la Ibero Puebla, quienes por su parte presentaron el libro El sistema es antinosotros, igualmente coordinado por Valenzuela.

Recuerdo que, para comenzar, en aquella presentación hice alusión al contexto actual de violencia que prima en nuestro país, con el fin de enmarcar la pertinencia académica y social del concepto de juvenicidio, propuesto por el coordinador del libro. Los datos arrojados por los conteos sobre Mortalidad, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2014}) indican que paulatinamente se ha incrementado el número de fallecimientos de hombres por causa de agresiones, pasando de 7 776 en 2007 a 24 257 en 2011. Asimismo, entre 2011 y 2012 fue la primera causa de muerte entre hombres de 15 a 24 años, por lo cual la esperanza de vida en México para los hombres se redujo un año y los jóvenes se han convertido en los sujetos más vulnerables en estas condiciones (^{Laurell, 2014}). De ahí que los académicos interesados en el análisis de las juventudes nos preguntemos: ¿cómo abordar esta realidad cada vez más cotidiana?, y, sobre todo, ¿con qué categorías podemos analizarla, comprenderla y explicarla? Este reto nos obliga a crear nuevas herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas, entre las que destaca el concepto de juvenicidio.

En el artículo inaugural del libro, “Remolinos de viento: juvenicidio e identidades desacreditadas”, José Manuel Valenzuela indica que el concepto de juvenicidio (inspirado en el de feminicidio para referir al asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo) se expresa en dos situaciones: la límite sería el asesinato de grupos de población joven; no obstante, también existe un proceso gradual de precarización económica y social, de estigmatización y de falta de confianza en las instituciones, con la complicidad de lo que él llama Estado adulterado o narcoestado -esto es, no un Estado fallido, sino colaboracionista con el crimen organizado- que implica un proceso lento pero certero de eliminación de los jóvenes precarizados y vulnerables. Asimismo:

El juvenicidio construye una imagen criminal del sujeto juvenil, donde el delito de portación de rostro resulta contundente cuando se asocia con otros repertorios identitarios estereotipados, como son el hecho de ser joven, pobre, mujer e indio o afro descendiente (p. 22).

En suma, el juvenicidio define, según Valenzuela, el asesinato lento o expedito de los jóvenes portadores de identidades desacreditadas (en alusión a Erving Goffman) y coloca como el máximo y peor ejemplo de esta realidad la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en 2014 y de la que a la fecha no tenemos explicación creíble, pues se trata de jóvenes, pobres e indígenas.

En el segundo capítulo, “La turbulencia en el paisaje: de jóvenes, necropolítica y 43 esperanzas”, Rossana Reguillo también retoma el horror de Ayotzinapa¹ para arrancar con una pregunta que a simple vista pudiera parecer absurda, pero que en nuestro país queda plenamente justificada al descubrir, con base en datos oficiales, que aquí los jóvenes mueren de violencia.

Así, retoma el concepto de necropolítica de Achille Mbembe (inspirado a su vez en el de biopolítica de Michel Foucault) para enfatizar no sólo el poder de controlar la vida, sino el poder de muerte que se inscribe en la lógica del capital, con la cual se produce una “economía de muerte”. Este poder consiste ni más ni menos que en el de hacer morir y dejar vivir, lógica en la que cada vez hay más jóvenes involucrados y que, dada su permanencia, permite sostener que “la eliminación y desaparición sistemática de jóvenes es un proyecto del necropoder” (p. 67). Su hipótesis es la siguiente:

[...] el juvenicidio nombra, ilumina, elucida la muerte sistemática en función del valor del cuerpo joven, valor que aceita la maquinaria de la necropolítica. Valor que puede definirse tanto por positividad (yo te secuestro y después de obtener ganancias de distinta índole, materiales, simbólicas, territoriales; te elimino), como por negatividad (yo te hago desaparecer y te aniquilo, porque tu vida me estorba y eres más útil muerto). No se trata de una intencionalidad explícita sino de la operación cotidiana de un sistema sustentado en la administración de la muerte (p. 68).

Para Reguillo México es un país disfórico, en donde predominan las emociones desagradables, como el horror, la tristeza, el miedo, la desesperanza. Emociones que se expresaron todas frente a Ayotzinapa, pero que desde el punto de vista analítico le permiten señalar tres consecuencias significativas socialmente, pues: 1) obligó al país a prestar atención a la magnitud de las violencias; 2) visibilizó que los jóvenes son los más vulnerables y, 3) propició que la sociedad civil descubriera que su disforia no era individual, sino colectiva, lo cual llevó a tomar las calles para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes, en donde predominó la presencia de los jóvenes que siguen oponiendo su resistencia creativa con base en la experiencia organizativa previa que les dio el movimiento #Yosoy132.

Por su parte, Maritza Urteaga y Hugo Moreno, en “Corrupción e impunidad versus justicia y derecho en México”, señalan que el juvenicidio puede ser explicado por las políticas de desciudadanización²que cancelan los derechos políticos a todos los sujetos que caen en el supuesto de enemigos, disidentes, extraños o peligrosos al Estado. Por lo tanto, se hace preciso atacar la aparición de márgenes de paralegalidad.³

Contrario a la óptica de Valenzuela, para estos autores el Estado sí es pasivo, “pasmado, violento contra sus ciudadanos en la medida que no brinda seguridad, por el lado del nivel federal, y mata y desaparece a quien considera opositores, en el nivel local” (p. 89).

Posteriormente, el análisis de lo que ocurre en otros países de América Latina respecto del juvenicidio comienza con Alfredo Nateras a propósito de “El aniquilamiento identitario infanto-juvenil en Centroamérica: el caso de la Mara Salvatrucha (ms-13) y la ‘pandilla’ del Barrio 18 (b-18)”, particularmente en la región del Triángulo del Norte Centroamericano, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala.

Estos tres países se ubican en los límites de las violencias de muerte contra las identidades deterioradas o desacreditadas encarnadas en los integrantes de la Mara y del Barrio 18, “en formatos de exterminio, ejecuciones extrajudiciales, aniquilamiento, masacres y limpieza social, que devienen en lo que se ha denominado como juvenicidio” (p. 103), donde predominan los grupos paramilitares, parapolicías y escuadrones de limpieza social contra los jóvenes integrantes de estos grupos. Asimismo, analiza las políticas represivas que se han implementado en estos países y que han llevado de la criminalización al aniquilamiento de estos jóvenes, donde las cárceles son, según el autor, el nuevo territorio de las violencias de muerte. El juvenicidio se practica, en este caso, a través de las ejecuciones extrajudiciales de los integrantes de la Mara y el B18 por parte de sicarios, narcos, policías, crimen organizado y una parte de la comunidad y el barrio que hacen justicia por cuenta propia y que funcionan como mensajes de intimidación al resto de la sociedad.

En “Juvenicidio en Colombia: crímenes de Estado y prácticas socialmente aceptables”, Germán Muñoz González propone llevar el concepto a otros contextos latinoamericanos para entender que, además de la eliminación física, el juvenicidio también es social y simbólico en el sentido de que atenta contra la vida digna. En este país el juvenicidio ha estado imbricado con el conflicto armado, pero sobre todo ha sido el Estado el que ha encabezado lo que se conoce desde 2002 como “falsos positivos” -donde las víctimas han sido principalmente jóvenes de sectores populares y campesinos-, esto es:

[...] asesinatos intencionales de civiles colombianos falsamente presentados como muertes en combate con el objetivo de mostrar resultados exitosos y obtener así recompensas y beneficios económicos, bajo la política de la “seguridad democrática” de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, una política encaminada a “combatir a las organizaciones de la guerrilla y el terrorismo” (p. 137)

En el contexto brasileño, Marisa Feffermann, en el “Genocidio de la juventud negra”, señala el exterminio que se legitima por la idea de limpieza social de aquella población que no contribuye a la acumulación del capital. Bajo este panorama, las desigualdades étnico-raciales naturalizan la desigualdad, de lo que resulta que los negros mueren por ser negros. A diferencia del caso colombiano, en Brasil se le llama “auto de resistencia” al fenómeno que comenzó a desatarse en la década de 1990 en las favelas, donde se daba cuenta de supuestas muertes en enfrentamientos con la policía, con el objetivo de enmascarar homicidios de jóvenes negros y pobres cometidos por policías, civiles y militares, alegando supuesta resistencia. Para la autora, “lo que ocurre en Brasil es una violencia estructurada por una política racista de Estado” (p. 181).

Igualmente, sobre los jóvenes negros e indígenas en Brasil, Lucia Helena Rangel y Rita Alves Oliveira muestran que entre 1980 y 2012 el índice de homicidios entre jóvenes de 15 a 29 años aumentó casi 200%. En Sao Paulo, principalmente, se observa un panorama de genocidio juvenil protagonizado por las fuerzas estatales contra los jóvenes negros. Y en el caso de los indígenas, hay datos que demuestran el alto índice de suicidios, encabezados por sus jóvenes, como en la localidad de Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, donde habita el pueblo guaraní-kaiowá.

En el caso argentino, Valeria Llobet explora la densidad analítica del eje generacional para pensar el control social y la represión estatal, en su artículo “Políticas y violencias en clave generacional en Argentina”. La autora se pregunta:

[...] ¿es la condición etaria o la condición generacional, una categoría explicativa respecto de formas específicas de represión o regulación estatal? Si lo es, ¿es históricamente contingente o bien se trata de una dimensión estructural? (p. 216).

Un planteamiento interesante radica en que, durante la represión dictatorial, las víctimas favoritas fueron los jóvenes, construidos como víctimas inocentes dada su corta edad y el carácter supuestamente despolitizado de sus demandas. De ello se desprende que hubo un carácter generacional o etario en la represión, pero no necesariamente ligado con su condición juvenil, sino con su militancia política. No obstante, la clave generacional de la dictadura se puede rastrear en los hijos de los desaparecidos, los nacidos en el exilio o los apropiados ilegalmente.

Por último, Carles Feixa, M. Ángels Cabasés y Agnés Pardell analizan “El juvenicidio moral de los jóvenes... al otro lado del charco”, es decir, en Europa y, particularmente, en España. Los autores reconocen que, en comparación con el contexto latinoamericano, hablar de juvenicidio en Europa puede parecer exagerado. Sin embargo, las condiciones de precariedad laboral, educativa, política, residencial y afectiva en la que viven muchos jóvenes europeos guardan relación con las condiciones estructurales de los casos latinoamericanos e implican la desaparición simbólica de la juventud como actor social, su invisibilización como protagonistas y la metamorfosis del periodo juvenil, que pasa de transición a intransición como resultado de trayectorias fallidas, pendulares o interminables hacia la vida adulta (p. 236).

Según los autores, en Europa hay un proceso social de “exterminio” moral de la juventud, como periodo vital y como condición social, que se ha agudizado desde la crisis financiera de 2008 y que impacta en el desempleo juvenil (juvenicidio económico) y en la estigmatización mediática y cultural de los jóvenes (juvenicidio simbólico). “Cuando convergen ambos procesos, puede hablarse de ‘juvenicidio moral’” (p. 237).

Empero, resaltan que a pesar de este panorama tan desolador, los jóvenes siguen oponiendo resistencia creativa y se organizan, en este caso bajo lo que se conoce como los “Indignados”, que en España porta la bandera del m-15 (en alusión al 15 de mayo de 2011, fecha en que ocuparon la Plaza del Sol, en Madrid), como un actor colectivo que critica al sistema económico imperante, el cual tiende a descalificarlos como una generación de ninis (que ni estudian ni trabajan), por gusto y decisión propia.