Introducción

Los cambios políticos en América Latina y el Caribe han sido objeto de un exhaustivo estudio por parte de la ciencia política y las relaciones internacionales. Aunque existe una bibliografía lo suficientemente extensa y profesionalmente válida en ambas disciplinas, se observa la ausencia de una visión más amplia que permita situar el caso venezolano en el marco de un proceso que incluye ciertas particularidades, pero que presenta algunas continuidades y generalidades en relación con otros países latinoamericanos y caribeños (^{Lentner, 2006}; ^{Pérez Liñán, 2017}).

Estos cambios plantean un interesante reto teórico y metodológico para los estudiosos del tema. Desde el plano doméstico es necesario un conocimiento contextualizado tomando en cuenta que vivimos en un mundo diverso más allá de la aparente uniformidad de la globalización (^{Murillo, 2015}). En cuanto a las relaciones internacionales y la política exterior, ^{Etzioni (2016)} nos recuerda la necesidad de actualizar el campo de estudio, ya que de modo creciente sectores de la opinión pública y otros grupos muestran interés en estos fenómenos.

Al analizar las principales variables internas y externas que relacionan el caso venezolano con el panorama internacional actual, tales como factores socioeconómicos, violencia social, migraciones, desinstitucionalización política y militarización, destacan dos fundamentales: la erosión/disminución del talante democrático en el mundo y el creciente “desarreglo” geopolítico que proyecta un cuadro mundial más volátil e impredecible. Una cosa es cierta, estamos en presencia de un creciente autoritarismo en la política doméstica y de una gran incertidumbre global, tanto política como económica (^{Haggard y Kaufman, 2016}).

Respecto de lo primero, se ha intensificado una narrativa que da cuenta de cómo las tendencias iliberales han avanzado en el mundo, inclusive en países considerados desarrollados, lo que supone que los regímenes semi o plenamente autoritarios no son patrimonio del tercer mundo, emergiendo populismos de derecha y de izquierda. En esta última clasificación se ubica Venezuela (^{Mazzuca, 2013}; ^{Mainwaring y Pérez, 2013}).

En la literatura sobre la política comparada ha prevalecido la visión modernizadora que considera el desarrollo económico como una precondición para el desarrollo político. Esta fue la tesis de Lipset, la famosa “ecuación optimista” (^{Lipset, 1959}; ^{Karl, 2000}).

En esta dirección, ^{Etzioni (2016)} detalla cuáles son los fundamentos de un régimen democrático, tanto en sus elementos constitutivos como en los facilitadores. Este patrón fue tempranamente debatido y confrontado por autores como Huntington y Moore Jr., quienes tuvieron serias dudas sobre la posibilidad de una democratización en los países subdesarrollados y en los de la órbita soviética (Rusia desde 1991), así como por otros estudiosos que se suman y analizan las transiciones políticas de los autoritarismos a la redemocratización, tales como Etzioni, Nelson, Linz, y Stepan (^{Huntington y Nelson, 1976}; ^{Moore, 1973}; ^{Stepan, 2009}).

En el plano internacional, recordemos que el realismo prevaleció como el eje fundamental de la teoría de las relaciones internacionales para la explicación de los fenómenos mundiales. Sus conceptos básicos, como la primacía del Estado-nación, el interés nacional y la anarquía internacional a falta de un gobierno mundial, influyeron, con ciertas excepciones, en el desarrollo de la disciplina. Con el advenimiento de la globalización, algunos autores se atrevieron a dar por finalizada la supremacía del realismo y trataron de interpretar Un orden internacional con un criterio diferente, basado en el multilateralismo, la cooperación y el concurso de la sociedad civil.

Sin embargo, las complejidades observadas en las relaciones internacionales y la ampliación de la agenda mundial, con actores, temas y conductas variados y contradictorios, llevaron a cuestionar la idea de un orden sustentado en la cooperación y no en el conflicto.

Es por ello que se habla del retorno del realismo clásico y, en algunos casos, de un neorrealismo, entendido como la idea de que la humanidad va de nuevo hacia la competencia por un poder sin máscaras ideológicas y una anarquía internacional, lo que pudiera conducir a una guerra mundial. Ahora, si bien es cierto que no tiene cabida la tesis liberal-kantiana de una paz perpetua, tampoco lo es que se esté al borde de una nueva confrontación mundial (^{Pomeraniec y San Martin, 2017}; ^{Slaughter, 2017}).

De acuerdo con Christov, no hace falta regresar a la visión idealista de las relaciones internacionales. Lo que se discute es que, si bien estamos en presencia de un desorden mundial, no se está entrando en una situación de total anarquía; aunque el Estado es el principal actor internacional, no es el único, y la política exterior no es como una bola de billar compacta y sin fisuras. Se puede hablar de manera más precisa de una jerarquía y de un orden internacional sostenido por el balance de poder, pero también por las organizaciones multilaterales (^{Pouliot, 2010}; ^{Christov, 2016}).

En esos términos, las relaciones internacionales se dirigen hacia un terreno movedizo, donde los cánones clásicos para analizarlas se están agotando (^{Grasa, 2016}).

Con base en lo expuesto, en este artículo se plantea la tesis que la actual política exterior de Venezuela está relacionada con la creciente erosión de la democracia, el fortalecimiento de regímenes iliberales en el mundo y el progresivo reacomodo del orden internacional.

Este artículo comienza con una introducción al tema de los cambios globales y los cambios domésticos observados por la ciencia política como un doble desarreglo, interno y externo, al compararse con los modelos racionales de democracia representativa y del orden westfaliano internacional. En la segunda sección se exploran los principales tópicos y se revisa literatura reciente de la ciencia política en torno a democracia y sus riesgos, así como al aumento de regímenes iliberales en el mundo, haciendo mención del caso de Venezuela. Luego, se discute en qué consiste la fragmentación de la estructura internacional contemporánea y su impacto sobre la conformación de un orden mundial “posguerra fría”.

De acuerdo con esos elementos, en la cuarta sección se revisa la actual política exterior venezolana y cómo se ha manejado frente a los dos procesos expuestos en el segundo apartado, para finalmente proponer opciones para la comprensión de las interacciones entre los regímenes iliberales, el desarreglo internacional y la conducta global del régimen venezolano.

Los factores domésticos

El debate sobre las condiciones para hacer efectiva y eficaz una forma civilizada de gobierno ha marcado el destino político de nuestras naciones. Son varias las causas que han llevado a esta controversia y no han permitido el desarrollo pleno de las instituciones pluralistas y participativas.

Tres de ellas llaman la atención: en primer término, la existencia de un régimen democrático institucionalmente débil, donde el Poder Ejecutivo cae a veces en la tentación de controlar a los demás poderes, reduciendo así las oportunidades para un juego político que esté basado en las respectivas autonomías de otros actores y en el sistema de controles o de pesos y contrapesos.

La segunda causa se relaciona con el personalismo que caracteriza a los gobiernos no basados en la ley, sino en los particularismos de los mandatarios y funcionarios, quienes de paso sospechan de cualquier iniciativa que tienda a limitar su poder. La tercera causa es la ausencia comprobada de un consenso que permita mantener un equilibrio entre todos los actores políticos, incluidas las Fuerzas Armadas, las cuales en ocasiones irrumpen en el escenario político para desviarse de la senda democrática o para reducirla a su mínima expresión (^{Mazzuca, 2013}; ^{Mainwaring y Pérez, 2013}).

En este marco, la ciencia política contemporánea se ha preguntado sobre las limitaciones para concretar un buen ejercicio democrático en América Latina. Por años se consideró que, mediante la teoría de la modernización, el enfoque institucional y jurídico, la perspectiva de las políticas públicas, la toma de decisiones racionales y el estudio constitucional de los procesos electorales y de los partidos políticos, se podía llegar a establecer un sistema político estable y democrático.

Sin embargo, las fallas de ese proyecto consolidaron una narrativa que buscó comprender esas carencias desde una óptica diferente. Se trata más bien de analizar la fundamentación de regímenes iliberales que desde prácticas totalitarias, semidemocráticas o desde un autoritarismo competitivo y, en algunos casos, un autoritarismo pleno, se niegan a transitar por la senda democrática.

Al decir de ^{Haggard y Kaufman (2016)}, existen regímenes intermedios que se han etiquetado como democracias iliberales, semiautoritarios o autoritarios electorales, o competitivos. Tal es el caso de Rusia, Venezuela, Kenia, Nigeria y Turquía. Para otros autores la clave de estas contradicciones radica en las desigualdades económicas. En tal sentido, dichas desigualdades constituyen la base social de los regímenes autoritarios cuyos modelos económicos han beneficiado a ricos y poderosos, en lugar de favorecer a los desposeídos a quienes los líderes autoritarios reivindican en su discurso (^{Karl, 2000}).

Desde una óptica distinta, la explicación se encuentra en los factores políticos, ya que se busca analizar la naturaleza de las instituciones autoritarias y democráticas, el desempeño del régimen y la capacidad de una acción colectiva desde la sociedad civil (^{Haggard y Kaufman, 2016}).

Pero, aparte de los tradicionales gobiernos conservadores, se ha observado un grupo de gobiernos de izquierda con fuertes rasgos de autoritarismo, aunque de manera diferente al caso de Cuba:

En los países de ingreso medio, Haggard y Kaufman detectan un patrón de erosión democrática diferente, que denominan “reversión populista”. La democracia no es desplazada por élites que buscan evitar la redistribución de la riqueza, sino por los líderes que prometen una distribución más justa y una solución a la crisis económica.

[…]

Los líderes radicalizados no reconocen límites y muestran una actitud intolerante con quienes cuestionan sus proyectos. Esta estrategia intolerante ofrece cierta confianza a los votantes que ven su supervivencia amenazada en un contexto de crisis; ellos no pueden darse el lujo de esperar (^{Pérez Liñán, 2017: 41 y 44}).

Algunos autores han precisado el concepto de autoritarismo electoral para dar cuenta de aquellos regímenes que realizan elecciones multipartido violando principios democráticos de forma sistemática, bajo la fachada de una democracia representativa (^{Schedler, Greene y Slater, 2015}). En estos casos, los partidos políticos aspiran a cambiar de régimen, para lo cual implementan una serie de estrategias partidistas específicas (^{Mainwaring, 2002}).

La victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 y el advenimiento de un gobierno “diferente” en Venezuela permitió en parte que se adaptara en otras latitudes el llamado “paquete ideológico”, el cual consistió en el desarrollo de una política exterior desafiante a Washington, una política económica basada en el estatismo, medidas sociales populistas, el deseo de imponer un proyecto hegemónico y además la carta del continuismo, algo contrario a la alternabilidad democrática. Según ^{Handlin (2016)}, esto incluye conformar una maquinaria capaz de articular el activismo en periodos de campaña electoral y movilizar a los votantes en las elecciones.

Los estudios sobre el caso venezolano se han dedicado desde 1999 a analizar la dimensión doméstica, centrados en el desempeño de Hugo Chávez, el eclipse de la democracia y de los partidos reformistas, y el peso de los militares en la política y del sector público en la economía, y dándole menos importancia a otros temas, como las respuestas del régimen a la globalización, la evaluación del régimen por parte de la comunidad internacional, la formación de algunas alianzas geopolíticas y la creación de un anillo ideológico mundial a través de la solidaridad política, los medios audiovisuales y las redes sociales, que de suyo han fortalecido esa dimensión internacional (^{Corrales, 2015}).

La discusión sobre Venezuela se concentró, en los últimos años de vida del presidente Chávez, en los efectos de aplicar un modelo socialista: para algunos, revolucionario y para otros, de carácter iliberal. Se partía de la base que el carisma del Presidente, su control de lo público, el alto precio del barril de petróleo y los efectos de una economía que crecía garantizaban el equilibrio del país (^{Corrales y Penfold, 2015}). Otro elemento considerado fue que fenómenos como la desinstitucionalización y las crisis económicas alientan el ingreso de los llamados outsiders en la vida política (^{Haggard y Kaufman, 2016}).

En la era poschavista, Venezuela presenta otra cara, mucho más controversial y que genera mucha incertidumbre. Cabe destacar los resultados adversos a la candidatura presidencial de Nicolás Maduro, quien ganó las elecciones de 2013 por un escaso margen y la denuncia de la oposición sobre la manipulación de ese resultado electoral, a lo que se suma la victoria parlamentaria de la oposición en diciembre de 2015. Esto ha ido acompañado de un serio desarreglo económico interno, la reducción del espacio democrático y una clara reversión autoritaria, la disminución de los ingresos petroleros y una creciente evaluación negativa del régimen por un sector de la población y por una parte significativa de la comunidad internacional (^{Corrales, 2015}; ^{Mazzuca, 2013}; ^{Mainwaring y Pérez, 2013}).

La elección de gobernadores de octubre de 2017 fue ejemplo claro de autoritarismo electoral; la coalición opositora decidió participar a pesar de las condiciones adversas que enfrentaba, dada la ventaja del gobierno y la ausencia de imparcialidad del árbitro electoral. Tras los resultados desfavorables (sólo obtuvo 5 de las 23 gobernaciones en disputa), decidió no participar en las elecciones locales de alcaldes de diciembre de 2017 ni en las presidenciales del 20 de mayo de 2018, que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente (la cual no fue elegida de manera legal ni tiene competencias en materia electoral) y pese a las protestas de diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños, así como de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Dado el boom de las materias primas, el régimen chavista pudo mantenerse bajo el mecanismo de unos ingresos públicos suficientes y también por el papel que ejercieron los abanderados de ese modelo, quienes llegaron al poder con el estandarte del socialismo del siglo XXI (^{Corrales y Penfold, 2015}).

En América Latina esta tendencia ha sido analizada por Burchardt, quien ha enfatizado que:

[…] gracias a los elevados ingresos provenientes de las materias primas, ya no era necesario zarpar los conflictos de intereses a través de procedimientos democráticos ni solucionarlos con negociaciones, sino [el Estado] los apaciguó mediante transferencias de recursos. Los sectores conflictivos fueron comprados y cooptados. Las sociedades latinoamericanas mutaron hacia sociedades -botín en las que, si bien el Estado concedía al principio la participación a casi todos en la explotación de la naturaleza, el nuevo nexo no se basaba en el consenso y la cohesión social (^{Burchardt, 2017: 119}).

Ahora bien, frente a un fenómeno que, en su momento, alumbró a muchos académicos en América Latina, el Caribe y otras partes del mundo y que remozó a la izquierda en la región, desafiando a Estados Unidos y a sus aliados, y que ahora experimenta una situación delicada y en declive, surge un interrogante: ¿cómo facturar los costos de estas experiencias y cómo aislar una variable que pueda explicarlo? En todo caso, estamos a puertas del fin de un ciclo histórico: el de los gobiernos que quisieron desterrar la democracia representativa con fórmulas vigorosas y que están terminado su gestión con muchos pasivos: el personalismo, la informalidad, el voluntarismo, una polarización política y un estancamiento económico (^{Mazzuca, 2013}; ^{Mainwaring y Pérez, 2013}).

Por otra parte, los informes económicos sobre América Latina del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que en 2017 el ejercicio fue negativo y controversial. Los datos sobre el crecimiento económico, el intercambio comercial, la inversión extranjera directa y otros indicadores sociales revelan que no se vislumbra una mejoría para este año. ¿Qué ha pasado y qué está ocurriendo para que se proyecte ese tipo de escenario? (^{IMF, 2017}; ^{CEPAL 2017}).

De acuerdo con la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena:

Estamos en un punto de inflexión. América Latina y el Caribe volverán a crecer, pero de manera moderada y sin motores claros que la impulsen. Su recuperación será frágil mientras se mantengan las incertidumbres del contexto económico, en particular las tendencias proteccionistas recientemente observadas (^{CEPAL, 2017}).

En este marco, los gobiernos de la región están tratando de enfrentar la situación, reduciendo sus expectativas y ejerciendo unas políticas conservadoras en materia de gasto público. En verdad, la tarea es urgente cuando se observa cómo se ha reducido el crecimiento económico y cómo ha aumentado la desigualdad social. Ni los modelos extremos -vale decir, de economías cerradas o de economías abiertas- han acertado y las propuestas intermedias no convencen por su exagerada ambigüedad (^{Romero, 2016}).

Hasta ahora se ha destacado la importancia de los factores domésticos para la comprensión del caso venezolano. A continuación, se mirará otro plano de gran importancia para el presente análisis.

El panorama internacional

En la década de 1990, el mundo fue observado con ojos optimistas. La metáfora de Francis Fukuyama sobre que se estaba ante el fin de la historia singularizó una época de ilusiones en torno a la democracia, el desarrollo y la calidad de vida de todos los habitantes de la tierra. Pero, al cabo de varios años de tránsito hacia la globalización, ese panorama se presenta con muchas reservas. En efecto, abundan los ejemplos de regímenes autoritarios, guerras domésticas, desmembración de los estados, coaliciones de estados que actúan en contra de otro Estado y violaciones de los derechos humanos. Los niveles de pobreza global crecen casi exponencialmente, la productividad brilla por su ausencia y el deterioro ambiental se multiplica. De igual modo, los procesos de integración, con la Unión Europea a la delantera, dejan mucho que desear y, por si fuera poco, el terrorismo y el narcotráfico se expanden y no respetan ni fronteras ni poblaciones (^{Fukuyama, 1992}; ^{Pomeraniec y San Martin, 2017}).

Uno de los debates más importantes en esta década gira en torno a los límites entre la política exterior y su entorno global. La multiplicación de actores multilaterales y supraestatales está retando la soberanía de los estados, al tiempo que asumen algunas de las funciones que corresponden por tradición a los entes públicos (^{Fermandois, 2016}).

De esta manera, los límites entre estos tres tipos de actores no son claros, cuando se originan diversos conflictos al tratar de tomar decisiones o acciones que según el criterio de algunos no son de su competencia. De acuerdo con esta idea:

[…] la construcción de la influencia internacional está dejando de gestionarse y conseguirse exclusivamente en el ámbito diplomático tradicional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sus organismos y sus clasificaciones y ordenamientos a escala nacional. Hoy existen, por ejemplo, desde consultoras encargadas de “gestión de reputación” para países hasta cientos de foros, ámbitos de investigación y diseños de políticas y lobby internacional en que los países pueden disputar un lugar de visibilidad y posicionarse como líder en temáticas específicas, alineadas con sus intereses domésticos (^{Pomeraniec y San Martin, 2017: 13-14}).

La teoría de las relaciones internacionales contemporánea establece que en la actualidad hay problemas globales que no pueden ser resueltos por los estados; entre ellos, el deterioro del ambiente, el terrorismo, la posesión de armas nucleares, los medios y redes de comunicación y sociales y las migraciones; y que por lo tanto deben tomarse decisiones conjuntas y consensuadas. Sin embargo, la legitimidad de los estados no puede ser ni suplantada ni calificada, en cuanto su orden interno por otros actores, en el marco de lo que se ha categorizado como “la doctrina del derecho a proteger” y la “tesis del derecho a proteger en contra del terrorismo”. Esta propuesta se opone, así, a lo planteado de una manera provocadora por Amitai Etzioni, cuando señala que si los países no manejan sus asuntos domésticos de acuerdo con estándares, éstos deben ser intervenidos (^{Etzioni, 2016}). Lo cierto es que algunos temas, como la supranacionalidad de los derechos humanos, están en discusión, así como la injerencia de algunos estados en los asuntos internos de otros, por la vía directa o por una vía indirecta, gracias a la resonancia mundial de algunos actores domésticos, incluyendo los así llamados “líderes mundiales” y la revisión por parte de los estudios poscoloniales de la reciente historia mundial (^{Pomeraniec y San Martin, 2017}).

La relación entre democracia y política exterior se da en dos niveles. Por un lado, se tiene el aspecto ético de la democracia y de otros tópicos como la cultura política, los sistemas electorales, la opinión pública y los derechos humanos. Por otro lado, está el dilema de cómo afecta a la política exterior de un país la constelación de actores internacionales y domésticos en el proceso de toma de decisiones del Estado, así como sus múltiples interacciones, y cuáles son los mecanismos institucionales que permiten u obstaculizan un equilibrio entre estos factores y el gobierno.

Para analizar adecuadamente dichos temas se debe tomar en cuenta la transformación de la estructura internacional y su impacto sobre la concepción clásica de la soberanía y de la discrecionalidad diplomática. También es pertinente preguntarse hasta qué punto una política exterior debe formularse e implementarse en nombre de la razón de Estado y de la inteligencia, la información clasificada, el manejo de la opinión pública y la influencia del poder ejecutivo sobre otros poderes públicos con un control de la agenda exterior (^{Etzioni, 2016}). De igual forma, hay que incluir en el análisis los mecanismos jurídicos, institucionales, administrativos y burocráticos que abren o no la posibilidad de una consulta y de una decisión compartida. En este apartado nos referimos a los temas tanto constitucionales, como corporativos y electorales (referéndum, por ejemplo) y otros mecanismos afines, tales como la diplomacia ciudadana. Resalta también la creciente actividad social en relación con la política exterior por parte de la academia, sectores especializados, medios de comunicación, redes sociales, empresarios, militares, sindicatos y las organizaciones no gubernamentales (^{Pomeraniec y San Martin, 2017}).

Recordemos que el uso de las redes sociales por ciertos líderes mundiales y altos funcionarios puso el tema de la información en la mesa diplomática y en la arena de las relaciones internacionales. Tratado desde la misma aparición de los estados, al atribuirle a los símbolos, el espionaje y al discurso un papel privilegiado. Más tarde, a fines del siglo XX, estuvo de moda comentar el efecto que tenía la televisora global CNN en la entrega de las noticias, principalmente las referidas a las guerras civiles y regionales y a los conflictos locales. De igual modo, se comentaba cómo la televisión por cable ejercía un papel importante en la conformación de las imágenes y las narrativas públicas y sociales (^{Gilboa et al., 2016}).

Muy pocos analistas advirtieron en ese momento, la aparición de algunos instrumentos diferentes a la televisión, tanto por su expansión como por su carácter interactivo. Efectivamente, se presencia una nueva dimensión de lo mediático que proviene de los gobiernos que están convirtiendo a la diplomacia en una modalidad virtual, dándole así un tratamiento diferente a la información. Es, de hecho, una herramienta política para desarrollar, refinar, promover y justificar sus propagandas y estrategias.

En efecto, se ha alterado la percepción e influencia entre información y acción política. Esto también lo practican diversas organizaciones no gubernamentales al igual que organizaciones multilaterales, las cuales utilizan estos instrumentos para plantear sus objetivos y para intervenir en la opinión pública de sus países y del mundo (^{Gilboa et al., 2016}).

En el caso específico de las relaciones internacionales, el uso de las redes sociales y otros recursos cibernéticos están impulsando nuevas fuentes mediáticas, tecnologías digitales, móviles, nubes de información y comunicación (TIC) y mayores vinculaciones entre los medios masivos y los actores globales. Los gobiernos utilizan esta dimensión para fomentar y justificar acciones de carácter mundial y para tratar de dominar la agenda de la política exterior. Una particular atención se presta a los fenómenos virtuales de las fake news, los “filtros burbuja”, los social bots, la propaganda social y las contra-esferas públicas, que de algún modo atentan contra los significados universales e imponen una manera “reducida” de ver las cosas, incluyendo el controversial concepto de la “posverdad” (^{Lobo, 2017}; ^{Magnani, 2017}).

Sin embargo, se levanta progresivamente una ola crítica y se crean unos potentes frenos morales a esas decisiones virtuales, lo que está originando un importante debate sobre cómo debe interpretarse la guerra y la paz en nuestros tiempos. Lo cierto es que, si bien la política exterior como política pública debe abrirse a la participación ciudadana, hay quienes piensan que no debe permitirse la participación no estatal, dado el carácter confidencial de muchas de sus actividades (^{Gilboa et al., 2016}).

No debe dejarse de lado el cambio que se está observando en la política exterior de Estados Unidos. El presidente Donald Trump impulsa una nueva agenda diplomática, basada en la idea de que la seguridad nacional está vinculada con la soberanía y la reducción del campo multilateral; en el nacionalismo económico y la deconstrucción del Estado benefactor e intervencionista (^{Friedman, 2017}; ^{Howe, 2017}).

A diferencia de la diplomacia del expresidente Obama, que planteaba la idea de la cooperación y el uso indirecto de la fuerza, bajo la visión del poder suave, a fin de fomentar a nivel global la democracia y los derechos humanos, lo que ahora se observa es una fuerte tendencia a retomar el pensamiento geopolítico y el militarismo, a lo que se suma la fabricación de chivos expiatorios, lo que ocurre cuando los países atribuyen a un tercero la causa de sus debilidades y fracasos (^{Blakely, 2017}).

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos está adoptando una estrategia diferente al orden liberal internacional, los derechos humanos, el contraterrorismo y al papel central de Naciones Unidas (bases de la política exterior del presidente Obama); apartándose de China -receloso de su área de influencia en Asia del Este y de su participación en el orden de la posguerra- y de Rusia -convencido de que el actual orden mundial ya no está basado en el predominio y la expansión occidental (^{Friedman, 2017}; ^{Howe, 2017}).

Como dijimos antes, no estamos al borde de la guerra mundial, pero es evidente que la posibilidad de eventos adversos como una crisis financiera o un conflicto armado importante, además de las amenazas provenientes del nacionalismo y el regionalismo, llevarán a los líderes mundiales a tomar acciones militares (^{Howe, 2017}). Esta tendencia negativa también se observa en América Latina:

En los años por venir, América Latina no avanzará en el camino hacia la integración regional (entendida como soberanía compartida). Tampoco es probable que aumente la coordinación de políticas públicas salvo en subregiones y dimensiones políticas limitadas (^{Malamud, 2016: 42}).

Desde este punto de vista se puede deducir que las relaciones seguirán transitando por una vía ambigua, en la medida en que prosperen las iniciativas del gobierno del presidente Trump, como son la construcción del muro de contención humana a lo largo de la frontera con México, el aumento de las medidas en contra de los inmigrantes ilegales y el cierre de las oportunidades económicas al flujo laboral y al sector empresarial latinoamericano y caribeño. En esta dirección,

[…] podemos resaltar elementos que dan cuenta de la coexistencia de elementos de pro y anti-americanismos en el sentido común latinoamericano, como por ejemplo los altos niveles de admiración hacia Estados Unidos acompañados por niveles, al menos significativos, de desconfianza hacia ese país (^{Tickner, Cepeda y Bernal, 2015: 841}).

Comentados el contexto internacional actual y el papel de la teoría, pasaremos ahora revista a la política exterior de Venezuela en cuanto su relación con las driving forces ya mencionadas. El gobierno ha hecho uso de su discrecionalidad diplomática para alcanzar sus objetivos particulares y para fomentar su proyecto en otras latitudes, mientras que la oposición venezolana ha encontrado en la esfera global una caja de resonancia a sus legítimas advertencias sobre el deterioro de la democracia en el país. Ambos actores toman partido de una nueva realidad que exige respuestas diferentes a novedosos y complejos problemas (^{Romero, 2016}).

La política exterior de Venezuela

El gobierno venezolano ha desplegado una extensa plataforma de acción internacional que se expresa en tres niveles, a su vez relacionados entre sí: la acción del Estado venezolano, el papel del principal partido oficialista, Partido Socialista Unido de Venezuela, y el liderazgo post-mortem del presidente Chávez. Esta plataforma tiene un impacto tanto en el plano internacional como en el doméstico. En cuanto a lo primero, Venezuela es ahora conocida, más que por el petróleo, por la figura de Chávez, el proceso de cambio interno socialista-bolivariano y su proyección externa, lo que ha propiciado un intenso debate ideológico y político mundial en los medios y redes sociales, los ámbitos intelectuales y universitarios, la sociedad civil, los partidos políticos y en los propios gobiernos extranjeros. En el plano doméstico, la política exterior de los gobiernos de Chávez y Maduro ha formado parte orgánica del proyecto político-ideológico implementado desde 1999 y del debate entre los venezolanos sobre el destino de la Nación. De ahí que la oposición venezolana haya jugado un papel importante en este proceso, denunciando lo negativo que sucede internamente, de acuerdo con sus convicciones, criterios y posiciones, y aspirando a presentar una alternativa a esa plataforma y, en particular, a la política exterior cuyos medios y fines no comparte (^{Corrales y Penfold, 2015}; ^{Romero, 2016}).

Esta plataforma se enmarca en la política exterior de un gobierno que se autocalifica como revolucionario. Por ello, para ubicar el papel de Venezuela en la política internacional hay que comprender lo que significa la dualidad de la política exterior de los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Maduro. Venezuela es un Estado con proyección regional e internacional y, a la vez, revolucionario. Ello, desde luego, sustentado en la fortaleza que brindan los recursos petroleros.

La Revolución Bolivariana se ha planteado como prioridades máximas: 1) contrapesar el poder de Estados Unidos; 2) presionar por un mayor liderazgo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para aumentar los precios del petróleo; 3) profundizar los acuerdos de cooperación con China, Irán y Rusia; 4) reducir la dependencia energética de Estados Unidos por medio de China, India y Rusia; 5) mantener relaciones estables con países del bloque hegemónico; 6) fomentar acuerdos antidrogas que sustituyan la cooperación de Estados Unidos; 7) seguir impulsando la cooperación energética, a pesar del descenso de la producción y de los precios del barril de petróleo; 8) procurar la integración política de América Latina; 9) consolidar el alcance andino y caribeño de la Alianza Bolivariana para América (alba) a fin de ganar un espacio de negociación en el acceso al Mercosur; 9) alcanzar la paridad en liderazgo con Brasil para la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR); 10) bloquear el acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos y, 11) recomponer las relaciones con Estados Unidos (^{Romero, 2016}).

Sus prioridades mínimas son: 1) autoconservar la Revolución Bolivariana; 2) unificar el mando político-militar venezolano con Cuba; 3) bloquear la intervención de los medios de comunicación, las redes sociales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el país; 4) mantener el statu quo en el alba y evitar su retroceso; 5) aumentar las calificaciones de los gobiernos latinoamericanos y caribeños que están en sintonía con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el gobierno del presidente Trump (^{Romero, 2016}).

En este contexto, los dos objetivos concretos de la oposición venezolana son: profundizar la crítica y la denuncia sobre la erosión de la democracia en Venezuela y advertir sobre el retiro paulatino del régimen del presidente Maduro de la comunidad democrática mundial y hemisférica. Al respecto, el gobierno de Nicolás Maduro ha querido internacionalizar el tema venezolano para reducir la atención sobre los problemas internos y la creciente disminución del espacio democrático.

Ahora bien, la política de reducción de la producción de crudo y la recuperación moderada del precio del barril le han dado oxígeno al gobierno venezolano, aparte del impacto de ciertas operaciones financieras, como la creación de la moneda virtual Petro, la suspensión por dos años más del pago de la deuda contraída con Rusia en 2012 (por casi 2 800 millones de dólares), un préstamo de 1 500 millones de dólares recibidos de la empresa rusa Rosneft con garantía de 51% de las acciones de Citgo (la empresa petrolera venezolana filial de PDVSA que opera en Estados Unidos) y la venta de las empresas mixtas PetroMonagas (petróleo) y Gran Mariscal Sucre (gas) a la empresa rusa Rosneft.

Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cómo va a impactar la nueva política energética del presidente Trump en el mercado energético mundial. La puesta en práctica de las fases ulteriores del oleoducto Keystone XL y otros de igual trascendencia, la política de desregulación impositiva y ambiental de la producción petrolera doméstica, el respaldo a nuevas inversiones en la exploración de petróleo en territorio estadounidense y las posibilidades de sanciones económicas de Estados Unidos a Venezuela, incluido un embargo petrolero, pudieran poner en peligro la cuota de exportación del petróleo crudo y sus derivados de Venezuela hacia Estados Unidos.

La respuesta venezolana ha sido la de buscar la protección de la OPEP, Irán y Rusia a la hora de negociar con Washington. Desde Caracas se quiere evitar que las relaciones con Estados Unidos queden en el plano doméstico, debido a las fuertes críticas del gobierno estadounidense y de su Congreso a la vigencia de la democracia en el país y trata de evadir cualquier confrontación bilateral (^{Romero, 2016}).

Venezuela debate con países fronterizos y con otros gobiernos latinoamericanos y caribeños. El gobierno interino de Brasil ha manifestado de forma pública y en varias ocasiones que piensa que el gobierno de Maduro es ya una dictadura, por lo que le ha cerrado el paso en el Mercosur. Por su parte, Argentina, Colombia, México, Perú y otros gobiernos latinoamericanos y caribeños han alertado recientemente sobre el estado de la democracia en Venezuela y han apoyado en parte las iniciativas del Secretario General de la OEA (^{Dávila, 2017}).

Las relaciones con Colombia han sido difíciles en los últimos meses. El prolongado periodo de estabilidad bilateral experimentado desde 2010 está dando señales negativas. Tres son las causas de ese giro. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, Colombia ve la necesidad de retomar la agenda diplomática y comercial con Estados Unidos dentro de un nuevo esquema hemisférico que lleva a Bogotá a dejar de jugar al neutralismo internacional. En segundo lugar, un sector mayoritario de la política del vecino país reclama al presidente Juan Manuel Santos una actitud más firme y crítica frente al gobierno del presidente Maduro, resultándole difícil discernir sobre qué es lo más importante para sus intereses: el proceso de paz auspiciado entre otros por Venezuela o el escrutinio crítico del vecino (^{Romero, 2016}). Un tercer aspecto es la política de seguridad fronteriza de cada gobierno, a lo que se suma el impacto del movimiento migratorio de venezolanos hacia Colombia, de los desplazados colombianos en territorio venezolano y de otros temas de igual importancia.

En cuanto a las relaciones con Guyana, la controversia sobre el Esequibo ha dado un giro de 180 grados. Con la firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966, se convino, en primer lugar, que el Reino Unido y la antigua Guayana Británica (desde ese momento, Guyana) considerarían justa la reclamación de Venezuela sobre más de la mitad del territorio guyanés. En segundo lugar, se acordó que Venezuela reconocería la independencia de ese nuevo país y que se impulsaría una serie de negociaciones bilaterales auspiciadas por el Secretario General de la ONU; si se daba una situación en la que no hubiera posibilidad de hallar una solución práctica, se daría de mutuo acuerdo la facultad al Secretario General de la ONU para escoger un mecanismo diplomático que resolviera ese contencioso, lo cual ya ocurrió con el envío de la controversia a la Corte Internacional de Justicia (^{Garavini, 2011}; ^{Chávez, 2007}; ^{Ishmael, 2015}).

Si bien es cierto que había prevalecido el statu quo de las negociaciones bilaterales, el gobierno de Guyana decidió permitir inversiones extranjeras para explotar fuentes petroleras, gasíferas y minerales en algunas áreas reclamadas por Venezuela, rompiendo así con lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra sobre la no explotación de dichos recursos, así se encontraran en las zonas reclamadas y en las áreas marinas y submarinas pretendidas y derivadas de un futuro acuerdo sobre la zona en reclamación.

Pero Guyana no sólo rompió con lo acordado en 1966, sino que también retomó la tesis que el Laudo Arbitral de 1899 (que definió la frontera terrestre entre el Reino Unido y Venezuela) no es írrito. Además de reiterar que las negociaciones bilaterales están agotadas y que se debe ir a la Corte Internacional de La Haya, hipótesis negada por Venezuela, pero sin efecto, dada la decisión del Secretario General de la ONU. Esta petición por parte de Guyana también es vinculante con la solicitud ante Naciones Unidas de extender su dominio marítimo y desde luego, con la evidente debilidad de Venezuela para defender sus posiciones históricas (^{Garavini, 2011}; ^{Chávez, 2007}; ^{Ishmael, 2015}).

No es posible dejar de mencionar la experiencia vivida por el gobierno de Venezuela a raíz del activismo opositor del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, desde 2016 (^{Dávila, 2017}). Almagro ha manifestado en varias ocasiones, en informes dirigidos al Consejo Permanente del organismo, en charlas y declaraciones públicas, que a Venezuela se le debe aplicar la Carta Democrática de la OEA firmada en 2001 (^{Dávila, 2017}).

Recordemos que, desde 1958, Venezuela fue reconocida como país promotor de la democracia, que buscaba soluciones negociadas y pacíficas para los acontecimientos regionales y mundiales, y que se mantuvo al margen de la rivalidad entre los países árabes e Israel y entre productores y consumidores de petróleo. En verdad, los gobiernos venezolanos mantuvieron una distancia estratégica entre el compromiso de las alianzas y el interés nacional. Pero desde 1999, el presidente Chávez optó por seguir una ruta diferente y difícil de transitar, partió en dos la historia de la diplomacia venezolana y la vinculó a las tendencias internacionales ya analizadas en este artículo.

Conclusiones

El objetivo de este artículo ha sido contextualizar el caso venezolano en función de los principales factores de estudio de la ciencia política de nuestros días. En primer término, se ha analizado el proceso de involución democrática y de regresión autoritaria observado en varios regímenes políticos mundiales En segundo término, se ha examinado el creciente desarreglo internacional en las relaciones mundiales, estableciendo un vínculo entre la política exterior de Venezuela con dichos procesos, bajo la premisa de que tanto los aspectos políticos internos como los internacionales juegan un papel simultáneo en la formulación e implementación de una política exterior que en los últimos años ha tenido un papel fundamental en el manejo del poder por parte del régimen venezolano.

El déficit democrático en el país es muy grande. Esto no sólo es un problema teórico o metodológico, sino también tiene que ver con el ejercicio práctico de la democracia, que en el caso particular está lleno de dificultades y continuamente amenazado.

Pero nada hace más daño a la democracia que el poder desbocado del régimen, la pérdida del control civil sobre la política y la apatía de la población. En estas condiciones, los derechos humanos son cotidianamente amenazados, sobre todo cuando la institucionalidad se limita y manipula y se desarrollan de manera paralela nuevas formas de opresión y de control. De este modo, se pierde la confianza en las instituciones (^{Medearis, 2015}).

Por su parte, las relaciones internacionales enfrentan el cíclico y recurrente dilema teórico de cómo observar las transformaciones del poder mundial. Diversas interpretaciones colocan a la anarquía y al orden como unos conceptos antagónicos en medio de la multiplicación de intereses particulares, el crecimiento de actores mundiales, procesos y eventos de diverso origen y múltiples impactos (^{Kakhimov, 2017}; ^{Allison, 2017}; ^{Slaughter, 2017}).

El panorama venezolano también es incierto y contradictorio, ya que no es posible determinar lo que vaya a pasar en los próximos meses y sólo puede decirse que en términos de poder el gobierno se percibe sólido, aunque hay una amenaza para su estabilidad en el corto plazo. La oposición no ha podido generar una protesta general y definitiva para exigir un cambio de régimen, a pesar de la profunda crisis económica que existe y de que otros fenómenos toman fuerza, como el poder del narcotráfico, el éxodo de venezolanos (no sólo jóvenes sino de todas las edades y distintos estratos sociales) y la creciente colaboración del gobierno con Rusia, China y otros países iliberales; dada la incertidumbre de la política exterior del gobierno del presidente Trump.

Desde el punto de vista del poder, el gobierno de Maduro tiene el control sobre la renta petrolera (que ha aumentado por la subida de los precios del barril de petróleo, aunque debe tenerse presente la drástica reducción de la producción petrolera nacional), la burocracia estatal, los dos poderes públicos (excepto el Legislativo) y las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, la oposición de la comunidad internacional al gobierno de Maduro no es absoluta. Algunos gobiernos no se quieren meter en los asuntos internos de Venezuela (^{Levine, 2017}; ^{Zahler, 2017}).

De paso, el Gobierno conserva 28% de apoyo de sectores ideologizados, mantiene el control de la población y parcialmente de los medios de comunicación. Si bien es cierto que la crisis económica es aguda, ésta ha afectado más a la clase media y obrera, pero no al sector más pobre, que ha recibido recompensas materiales de carácter populista.

Además, está la asimetría en materia de recursos, la manipulación electoral y sobre todo el control generalizado que el régimen tiene sobre la agenda pública, por lo que se mantiene como la “minoría mayor” (^{Murillo, 2016}). Por último, pero no menos importante, la mayoría de la población está ocupada en sobrevivir; ante la severa crisis económica y la violencia trata de emigrar y ha perdido interés en la política (^{Fisher y Taub, 2017})

Pero en una sociedad polarizada, para el gobierno y el partido oficialista la crisis obedece a una guerra económica, mientras que para la oposición es el resultado del mal manejo económico del régimen (^{Bolton, 2016}).

El gobierno de Venezuela, que por muchos años se había refugiado en la ambigüedad de las tesis del mundo multipolar, del tercermundismo y en las banderas del Movimiento de los Países No Alineados, ha tomado posiciones en favor de una alianza más sólida de carácter no occidental. Es decir, que el alejamiento de Estados Unidos y de la Unión Europea no sólo sirve para ejercer un aparente neutralismo, sino que más bien ha llevado a cerrar filas con algunos países y organizaciones no gubernamentales que aspiran fortalecer y ampliar sus posiciones en descrédito de Occidente (^{Pérez, 2017}).

Tampoco podemos olvidar que las sanciones aplicadas a altos funcionarios venezolanos como ministros, magistrados, generales e incluso el propio presidente Maduro por Estados Unidos, Canadá, Suiza, Panamá y la Unión Europea contribuyen a reforzar la posición no occidental del gobierno venezolano. Además, a lo largo de 2017 el conjunto de actores bilaterales, multilaterales y no gubernamentales que se oponen al gobierno de Maduro, ampliaron su radio de acción hacia el tema de la crisis humanitaria. No sólo se trata de categorizar a Venezuela como un Estado forajido, sino también como fallido, conformándose así una idea general de caos y de un proceso terminal. En este sentido, se ha convertido en un caso latinoamericano para aplicar la tesis de la necesidad de proteger la democracia y el Estado de derecho, a través de mecanismos multilaterales y transnacionales, lo que daría un importante papel a la comunidad internacional democrática para detener las tendencias iliberales en la región y en el mundo.

Desde 2010, con el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, comenzó el declive de la onda izquierdista en el hemisferio y, desde luego, la pérdida de influencia de Venezuela a través de los cambios políticos regionales que se dieron por la vía de la fuerza (Honduras), por procesos electorales (Argentina, Guatemala, México, Panamá, Perú, Canadá, Costa Rica y Paraguay), por renuncia del Presidente (Paraguay, Brasil) y por cambios en su política exterior (Colombia, Chile, Uruguay, Barbados, Guyana, Jamaica, Santa Lucía), lo que para 2018 ha configurado una creciente mayoría hemisférica (junto con Estados Unidos y Canadá) en contra del gobierno del presidente Maduro.

El Grupo de Lima, formado por 11 gobiernos latinoamericanos y Canadá, es la expresión más nítida de la transformación política en el hemisferio, que ya se sintió en el seno de la OEA y en declaraciones bilaterales que advierten sobre los contratiempos políticos y socioeconómicos en Venezuela. Se han celebrado varias reuniones en 2017 y lo que va de 2018. En su evaluación sobre la situación venezolana, el Grupo de Lima alerta que la crisis en el país se ha agravado y señala la necesidad de una negociación creíble entre el gobierno y la oposición, además de considerar nula e ilegal a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no reconocer sus actos.

En el plano internacional, el gobierno venezolano tiene más apoyos por parte de aliados y de países que de alguna forma rechazan la presión ejercida sobre la idea de Maduro de buscar ayuda internacional del mundo no occidental. Frente a este panorama queda por preguntar cuáles son los escenarios posibles. El primero presenta una situación menos violenta, en la que el régimen alcance más estabilidad, aunque en el marco de un creciente autoritarismo y la reducción de la crítica internacional a su modelo y gestión. Un segundo escenario se basa en la tesis de que continuará la tensión entre las capacidades democráticas del país y la creciente regresión autoritaria del Estado, al aplicarse la ley y los mecanismos coercitivos de manera ilegal e ilegítima, pero sin la posibilidad de un cambio a corto plazo. Es decir, el gobierno se mantendría estable y seguiría manejando la agenda pública, a pesar de una creciente oposición política, social e internacional. El tercer escenario descansa en la idea que dada la incertidumbre y, a su vez, la rígida y tirante situación internacional y la profundización de la crisis interna, se den las condiciones para un cambio de régimen, al perder el gobierno de Maduro su legitimidad interna y externa.

En cualquiera de esos escenarios estarán presentes las variables mencionadas a lo largo de este artículo: involución democrática mundial e incertidumbre internacional.

Al momento de publicarse este artículo el panorama es muy incierto, el restablecimiento del Estado de derecho y del orden democrático se ven como algo lejano y las fracturas de la oposición tampoco contribuyen a proyectar una salida electoral o negociada, en un contexto adverso a un cambio que pueda ser promovido por sectores democráticos. La situación está llegando a un límite y, por esta razón, se especula sobre el futuro del país. Lo primero que salta a la vista es que no hay indicios de una quiebra final del régimen, a pesar de la profundización de la crisis. Se sostiene el apoyo militar al régimen y se conserva al menos un tercio de apoyo popular.

Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad para muchos gobiernos y para otros actores internacionales. Su fragilidad doméstica, dado el proceso de deterioro de la democracia como su creciente crisis económica, se relaciona con la proyección global de un proceso inconcluso que se ha convertido en una amenaza, no sólo por la creciente vulnerabilidad de la población sino también por la advertencia de un conjunto de países que alertan sobre la situación y que ejercen una coerción.

Venezuela se encuentra en un callejón sin salida: no hay a la vista decisiones concretas del gobierno para superar la crisis y, por el contrario, aumenta el control de la economía y el papel del sector público, en medio de un estancamiento de la producción nacional (petróleo, minería, agricultura y ganadería) y de las finanzas, al tiempo que aumentan los problemas sociales de inseguridad humana (dada la escalada de enfermedades, pobreza, desempleo, éxodo, violencia y violación de los derechos humanos). Esto va acompañado de una creciente crítica mediática, que ubica al régimen en una situación incómoda, luego de estar más de 18 años tomando ventaja de las contradicciones internacionales y de la conducta confusa que el presidente Chávez le dio al proceso chavista en el marco mundial.

Pero Venezuela no ha llegado a un extremo de polarización social, religiosa o étnica como para categorizarla como una deeply divided society. El conflicto interno tampoco demanda un programa internacional de resolución y de peace building, peace keeping o de combate, a pesar de la propaganda adversa al régimen que insiste en categorizarlo de acuerdo con la terminología usada mayormente por los estudios de seguridad internacional y de resolución de conflictos, en casos que tienen orígenes y características diferentes.

Lo cierto es que el tema es controversial, ha tomado auge y ha permitido numerosas y desiguales anotaciones, análisis e informaciones periodísticas y mediáticas. El país enfrenta no sólo un problema político y una profunda crisis económica y social, sino también un reacomodo conceptual basado en el neorrealismo y la visión sistémica e interrelacionada de lo doméstico y lo global.