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Introducción
“Habla que estamos en América. Aquí todos somos libres…”
Escuchamos esta expresión en diversos lugares de trabajo, sitios públicos y otros momentos de la vida cotidiana de inmigrantes latinos en la ciudad de Nueva York. Ellos imaginan que, al hallarse en un país autonombrado como una de las democracias con mayor libertad de expresión, derechos civiles y asistencia social, serán participes de ellos. Sin embargo, en países con alta presencia de migrantes internacionales, el abandono y castigo a los mismos ha permitido que se les nieguen precisamente la libertad de expresión, los derechos y la asistencia social. Nueva York no ha estado exento del álgido debate político y social contra la inmigración ilegal y la implementación de medidas tanto federales -como el Programa Comunidades Seguras, la verificación del número de Seguro Social por los empleadores, la negación de programas de asistencia social y las redadas y deportaciones por agentes del Immigration Customs Enforcement (ICE)-, como locales, tales como la práctica de “stop and frisk” (“detener y revisar”) y la negación de licencias de conducir. Estas medidas antiinmigrantes nos conducen a preguntarnos sobre el tipo de relación existente entre el Estado y los inmigrantes y el impacto en la vida política, económica y social de estos últimos.
El trabajo con inmigrantes latinos es trascendental, dado que el censo de 2010 reveló la presencia de 3 416 922 latinos en el estado de Nueva York. A su vez, datos de 2016 muestran que el estado alberga a 4.38 millones de inmigrantes, de los cuales cerca de una tercera parte (1.15 millones) son de origen latinoamericano y la cuarta parte de ellos, mexicanos. De acuerdo con datos retomados por Sepúlveda (2016) de la American Community Survey, en 2014 había 281 935 mexicanos en la ciudad de Nueva York, ubicados principalmente en los distritos de Bronx (62 939), East Harlem y Nueva York (34 498), Queens (52 589) y Brooklyn (42 576). El restante 31.7%, que equivale a 89 333 mexicanos, radicaba en otras localidades.
En cuestiones de estatus migratorio, el diario Latinos Post (2015) informó en 2015, retomando datos del Migration Policy Institute, que en la ciudad de Nueva York había 643 000 indocumentados, la mayoría de los cuales, específicamente 246 mil, radicaba en el barrio de Queens. En cuanto a los inmigrantes mexicanos indocumentados en la ciudad de Nueva York, se habla de 180 mil en 2016, la mayoría proveniente de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero (Sepúlveda, 2016).
Así, ese número elevado de indocumentados nos ha conducido a plantearnos el objetivo de desvelar el ejercicio del poder biopolítico del Estado a través del control de cuerpos, disposición o injerencia en la vida diaria de poblanos en Nueva York, con la tesis de que, en la actualidad, el poder del Estado trasciende más allá del castigo directo de la detención y deportación, y se manifiesta en las ideas, creencias y acciones de los sujetos.
Esta investigación trabajó con inmigrantes poblanos que arribaron a Nueva York entre 1970 y 2014. Nuestra población de muestra fueron 80 informantes radicados en Queens, Brooklyn y Bay Shore, en Long Island, de los cuales 60 eran ilegales y 20 tenían un estatus legal como residentes o ciudadanos. En la selección de informantes se consideraron las variables de género, edad, estatus migratorio, lugar de residencia, tiempo de arribo y ámbito laboral, para tener un amplio espectro de información que captara los diferentes tipos de trato y situaciones de abandono que reciben por parte del Estado. A todos se les aplicaron entrevistas semiestructuradas y estructuradas con la intención de reconstruir su trayectoria migratoria y laboral para captar las carencias políticas, económicas y sociales que han padecido durante su estancia en Estados Unidos. Además, la observación participante en barrios y suburbios latinos fue clave para captar en sus actividades diarias las implicaciones de sus producciones como ilegales. Nuestra estrategia analítica se centró en considerar las subjetividades de los sujetos para vislumbrar la construcción de sus realidades, de las prácticas que los orientan y les permiten elaborar experiencias, ideas, creencias y acciones particulares y grupales sobre sus acontecimientos diarios.
El artículo se compone de cuatro apartados. En el primero retomamos las ideas conceptuales de nuda vida, estado de excepción y homo sacer, de Georgio Agamben (1998) para fundamentar la tesis de que el biopoder moderno es la clave para dar cuenta del control, disposición y explotación laboral del trabajador internacional. En el segundo apartado se aborda la producción de políticas migratorias de las últimas dos décadas y el desinterés por solucionar el estatus ilegal de miles de inmigrantes, ya que esto es el punto de partida para excluirlos de ciertos derechos y privilegios y poder actuar con todo el rigor de ley en contra de ellos. El tercer apartado puntualiza las formas en que el estado de excepción se manifiesta e influye en las decisiones de los inmigrantes, al producirles sentimientos de dolor, frustración y valoraciones que castigan las decisiones de los sujetos, ya sea por el retorno al lugar de origen o por las estadías forzadas en el país receptor. Finalmente, detallamos casos concretos de exclusión del sistema político -como es la negación a otorgarles licencia de conducir y seguro médico-, que dejan ver el abandono del inmigrante y la nueva forma de producción de un homo sacer que no importa si vive o mure. Concluimos argumentando que el poder biopolítico del Estado se presenta más allá de castigo directo, pues la misma vida diaria es el campo de expresión del poder que interfiere y decide sobre la vida de los trabadores internacionales.
Acercamiento a la migración ilegal desde la biopolítica
Sabemos que las migraciones son fundamentales en los procesos de acumulación capitalista, debido a la necesidad de ejércitos laborales de reserva en momentos precisos y a bajos costos de contratación (Cordero 2007; Zolberg, 1983). Mediante la migración, el capitalismo tiene la capacidad de contar con algo “de fuera” para estabilizarse. La creación de un ejército de reserva industrial que es capaz de ahorrar trabajo, aumentar la fuerza laboral barata y favorecer el incremento de trabajadores mal pagados (Harvey, 2003). Entonces, el desplazamiento de fuerza de trabajo de los países subdesarrollados a los industrializados ha sido una práctica histórica para lograr la acumulación. Pero no se ha tratado de un éxodo de fronteras abiertas; el Estado ha actuado activamente en la reglamentación de la entrada, la cantidad autorizada y la permanencia de los sujetos, a lo largo del siglo XX (Coutin, 2005). En tanto el inmigrante importe como sujeto económico, su presencia será constante, siempre y cuando existan prácticas sociales y leyes migratorias que permitan disponer a placer de ellos (Nevins, 2010).
La ciudadanía y la soberanía -y como consecuencia, la migración ilegal- han sido coartadas para que el Estado actué con vigor contra este grupo de trabajadores. La ciudadanía -entendida como un conjunto de derechos sociales, políticos y civiles otorgados a todo sujeto nacido dentro de los límites territoriales de determinado Estado-nación- ha sido parámetro para que el Estado determine a quién le otorga derechos, servicios y libertad de movimiento a nivel nacional. Con la ciudadanía no sólo se ha regulado y restringido el movimiento inmigrante por medio de la pertenencia, sino también ha sido un medio de imposición sobre la vida de los no ciudadanos, si consideramos las vulnerabilidades y fatalidades que ocurren rutinariamente contra este sector poblacional 1(De Genova y Peutz, 2010). A pesar de que los desplazados puedan obtener la ciudadanía en el país receptor, ésta es de menor calidad en términos de derechos. Como bien puntualiza Castles (2003), se están formando jerarquías de ciudadanía con el fin de marcar una diferencia entre la fuerza de trabajo global y la local. La integración de inmigrantes a las sociedades receptoras ocurre de forma subordinada, con la anulación o dosificación de los derechos (Zamora, 2011), ya que los últimos no han logrado obtener mejor trato o respeto (Cornelisse, 2010; Dauvergne, 2008).
El aseguramiento de la frontera entre México y Estados Unidos, la anulación o dosificación derechos en los campos de detención y dentro del territorio estadounidense, y el número creciente de inmigrantes arrestados, deportados y fallecidos, muestran que el Estado ha entrado en un nuevo proceso de regulación y administración de la vida de los extranjeros. La finalidad del Estado no es detenerlos, encarcelarlos y deportarlos, sino más bien poner en marcha mecanismos más severos para ordenar, distribuir y aprovechar al máximo el valor/utilidad del inmigrante. El Estado ha desarrollado una presencia alterna, es decir, se retira de toda obligación política, económica y social hacia con ellos, pero aparece con todo rigor para hacerlos vulnerables.
El biopoder moderno es la clave para dar cuenta del control de la población, donde radica el botín de todo sistema político en la era moderna (Acosta, 2013). La propuesta de nuda vida de Georgio Agamben (1998) es útil para analizar la desprotección del Estado e imposibilidad de garantizarles un valor jurídico y protección política a inmigrantes ilegales, refugiados, apátridas, etc. Con el concepto de nuda vida podemos reflexionar sobre “la potencia absoluta y perpetua” que define el poder del Estado sobre la vida de un conjunto de sujetos pertenecientes o externos a una comunidad política (Berrío, 2010; Paredes, 2008; Zamora, 2011).
A través de la nuda vida, el Estado ha hallado en el nexo nacimiento/nación una forma de discriminación entre vida autentica -la de los ciudadanos- y una nuda vida -la de los migrantes, entre otros-, despojándola de valor político (Berrío, 2010). Agamben (1998) propone que en la actualidad el Estado ha incurrido en la producción de una vida natural (zoe) excluida de vida política, económica y social y confinada a una esfera de mera reproducción (Bacarlett, 2010). Diversas vidas son alejadas de la bios, donde formarían parte en extenso de la sociedad y, lo más importante, les daría la oportunidad de ser sujetos con plena capacidad de integración y contribución a nuevos entornos sociales.
Al serles negada la inclusión en la sociedad y ser confinadas al mero hecho de vivir -al ser animalizadas-, estas vidas desnudas quedan a expensas de las determinaciones o necesidades del Estado. Que carezcan de un valor político, como los casos de inmigrantes, refugiados, apátrida, y hasta de la vida organizada de un ciudadano es elemental para las acciones de poder dominante, ya que sólo por medio de la vida política el hombre puede conseguir la articulación entre el viviente y el logos, y trascender lo que lo caracteriza como mero viviente (Quintana, 2006). La nuda vida nos permite entender el vigor del Estado para hacer del inmigrante un sujeto aislado de las sociedades receptoras, en tanto es una vida carente de todo valor político y sólo importa por su utilidad económica. El hecho que el Estado acapare y limite la acción política de ciertos grupos humanos a meras vidas animalizadas es punto de partida para explorar las aberraciones más severas y crueles que se ejercen en cualquier momento de la vida cotidiana (De Genova, 2009).
Para Agamben (1998) la nuda vida es la causa por la cual el poder biopolítico forma actualmente la comunidad política, pero no como inclusión, sino como exclusión de su vida, es decir, privada de una existencia política, pero incluida para ser una vida sujeta a todo el rigor del Estado (Berrío, 2010). El Estado hace gala de su poder soberano con su potestad para designar una identidad, una condición de pertenencia. La inclusión o la pertenencia a la comunidad política no suponen ser sujetos de plenos derechos, sino ser sujeto sometido a la plenitud de su poder (Quintana, 2006).
A este proceso antagónico de exclusión e inclusión del Estado, Agamben (1998) lo denomina “estado de excepción”, en él se puede considerar la exclusión e inclusión de la zoe, es aquí donde se medita que la vida desnuda no es simplemente olvidada, sino más bien una vida incluida y excluida para todas sus determinaciones o necesidades. En la excepción política del Estado lo decisivo no es la aplicación de ley sobre la vida, sino el abandono de la primera a la segunda y dejarla expuesta en el umbral en que vida y derecho son prácticamente indistinguibles. El estado de excepción es una forma de exponer la vida a un estado de abandono (bando). Los que se encuentran en esta situación están fuera de la ley, pero, simultáneamente, dado que su situación sólo es pensable bajo el poder soberano, se remiten a ella (Paredes, 2007: 11-12).
Estar en bando no es estar sometido a una disposición particular de ley, sino expuesto a la ley en su totalidad. El estado de excepción no es sino el ejercicio ilimitado del poder de violencia, el cual sólo es tal si es potencialmente viable hacer de un ser social, de un ciudadano objeto de derecho, un piojo (Iglesias, 2009). Estar fuera y dentro de la ley por el poder soberano crea, según Agamben, una zona de indistinción que no es ni una debilidad ni defecto por sí misma; por el contrario, la zona de indeterminación le permite ejercer poder sobre aquellos que están fuera y adentro de la ley, sobre la nuda vida y las vidas políticas organizadas (Agamben, 1998; Berrío, 2010; Paredes, 2008; Zamora, 2011). El estado de abandono es necesario e importante para la reactualización del poder soberano. Las vidas abandonadas le permiten redefinir su poder y considerar sus atributos de señalar la diferencia entre “unos y otros, vida y animal, el hombre del no hombre” (Bacarlett, 2010).
Para el ejercicio del poder soberano sobre la nuda vida, Agamben toma como antecedente la figura histórica del homo sacer para fundamentar y explicar la forma de dominación de la política actual. La figura del homo sacer manifiesta la forma más enérgica e inhumana del poder del Estado, al tiempo que magnifica la figura del mismo. El soberano puede disponer de la vida de sus súbditos sin cometer homicidio, sin infringir el orden jurídico y sin sacrificarle. El homo sacer es una vida separada de todo contexto, una vida considerada como mera vida -la de cualquier ser vivo- y no como forma de vida -ser social (Quintana, 2006).
Entonces, la estrategia para controlar, vigilar y castigar a esas vidas que el Estado excluyó alguna vez es incluirlas. Este acto se convierte en mera forma de poder del Estado, ya que al incluir a la zoe cuenta con vidas para ser moldeadas, normalizadas y encausadas hacia las formas necesarias y funcionales a sus intereses. Bajo la lógica del poder biopolítico, el inmigrante ilegal es incorporado y tratado o moldeado por el Estado como criminal; ésta es una forma jurídica para desciudadanizarlo, hacerlo vida desnuda o forma de vida que pueden ser sacrificada para, supuestamente, defender la forma de vida civil de los “verdaderos” ciudadanos (Moreno, s/f).
El vivir en una zona de indistinción hace que el inmigrante experimente formas de exclusión más allá del Estado, es decir, la misma sociedad puede excluirlos, discriminar y hasta pedir se castigue a ese “otro”, “no ciudadano”. Como el mismo Agamben (1998) mencionó, es importante no sólo ponderar los campos originales -de exterminio- que él propuso, como las zonas aeroportuarias donde los inmigrantes esperan por el estatus de refugiado o los lugares de detención de inmigrantes ilegales que fungen como “campos de concentración actuales”, sino también en el conjunto de la sociedad como parte de un nuevo escenario de análisis del poder biopolítico. La falta de una práctica política del sujeto obliga a indagar sobre las diferentes formas como viven los inmigrantes. Nos da la oportunidad de revelar nuevos espacios cubiertos de un espectro amplio poder del Estado (De Genova, 2009). Dicho de otra manera, la misma sociedad puede construir la “irregularidad”, la carencia de derechos donde devendría como campo en el sentido agambeniano al someter al rigor o desamparo de las vidas humanas (Acosta, 2013).
Acudiendo al llamado de Agamben (1998), este trabajo pretende aportar información de la presencia del poder en distintas situaciones de la vida cotidiana, al considerar que el mismo no sólo se plasma en el castigo -como el arresto y la deportación-, sino también en las ideas, creencias y acciones de los propios inmigrantes. Estamos de acuerdo que, en países receptores de flujos de fuerza de trabajo internacionales, la biopolítica ha tomado poderío a través de la ordenación y distribución de los cuerpos para regular la vida y el valor-utilidad dentro de un territorio (Acosta, 2013); sin embargo, nos preguntamos si no son los mismos inmigrantes quienes afianzan la fuerza y eficacia del poder al establecer valoraciones de lo permisible y pertinente durante sus estancias migratorias.
La producción de nuda vida mediante leyes inmigrantes en sociedades receptoras
“Considero que estoy atrapado en una jaula de oro”, dijo Arnoldo2, aludiendo a los bienes materiales que disfruta en la ciudad Nueva York, a cambio vivir en las sombras, con temor de ser aprendido y deportado, sin poder recurrir a los apoyos gubernamentales, no ser considerado un actor político y con el deseo de visitar a su familia en México y poder regresar a laborar libremente a Estados Unidos, entre otras cosas. Experimentar la sensación de encierro territorial por la falta de los documentos necesarios para desplazarse libremente a otras ciudades, estados o salir del país, no es exclusivo de Arnoldo; es lo que padecen muchos inmigrantes ilegales. Este es el resultado de la producción de nudas vidas en un estado de excepción en el que no ha interesado la salvaguarda de los trabajadores internacionales, sino la soberanía del país, a partir de un sistema migratorio agresivo y eficiente de control del territorio y de inmigrantes que, como Arnoldo, piensan y sienten la desprotección del Estado.
A finales del siglo XX inició una era de políticas migratorias tendientes a detener y castigar el flujo migratorio ilegal. Por ejemplo, en la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés), de 1996, se propuso la aplicación de la sección 287(g) para expulsar del país a inmigrantes ilegales (DHS, 1996). Más tarde, los sucesos del 11 de septiembre de 2001 (conocidos como 9-11) fueron coyunturales para la implementación de políticas que endurecieron el cruce y la estancia de los migrantes, al ampliar la extensión del muro fronterizo, triplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y de inspectores aduanales, y crear el U.S. Department of Homeland Security (DHS) y su institución filial, la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), con el objetivo de proteger y defender la seguridad nacional de “terroristas”, pero que básicamente han actuado en contra de los migrantes ilegales. Mediante la aplicación de estas medidas, el Estado criminalizó a estos últimos, ya que se homologó la condición de migrantes laborales, terroristas y narcotraficantes3. Además, se exacerbo la xenofobia de grupos sociales y políticos, que a la postre provocaría propuestas de ley como la hr4437, de 2005, y sus demandas de combatir la ilegalidad extendiendo el muro fronterizo, exigiendo a los empleadores que verificaran el estatus migratorio de sus empleados y criminalizando la estancia de los que ya estaban en Estados Unidos y de quienes los ayudaran. Cinco años más tarde, la propuesta sb1070 del estado de Arizona reavivó la criminalización de todo inmigrante ilegal y volvió sospechosos a quienes tenían un perfil racial latino, particularmente con rasgos mexicanos (NCSL, 2010).
Por el contrario, las medidas para legalizar a los inmigrantes han sido esporádicas y muy selectivas. La Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 fue la última en legalizar a millones de inmigrantes en el país (CIS, 1986). Sin embargo, el número de mexicanos en Nueva York era incipiente durante la década de 1980, por lo que la IRCA sólo benefició a los inmigrantes mexicanos que arribaron antes o a inicios de 1980. Las posibilidades de legalización continuaron para algunos con la propuesta de Ley 245(i), en 1994. Esta ley se extinguió por orden del Congreso, el 14 de enero de 1998, pero enseguida se creó una extensión para permitir a las personas elegibles obtuvieran la residencia permanente. Esto sucedió hasta antes del 30 de abril de 2001; algunos podían presentar una petición de visa I-130, I-140 o I-360 ante el Servicio de Naturalización e Inmigración o una solicitud de certificación laboral ante el Departamento de Trabajo. Esta fue una propuesta del Congreso para que personas no autorizadas pudieran tramitar su residencia sin salir del país, si pagaban una multa de 1 000 dólares y, principalmente, fuesen patrocinados por un empleador o un familiar legal cercano -padre o hermano (INS, 2001). Fueron pocos los legalizados bajo esta ley, ya que algunos no contaban con patrocinador o ingresaron al país después de las fechas estipuladas -antes del 20 de diciembre de 2000.
En los últimos años se han presentado debates en torno a una reforma migratoria que legalice a millones de inmigrantes, pero los mismos se han caracterizados por la falta de consenso político entre demócratas y republicanos. Situaciones externas, como las crisis económicas, los atentados del 9-11, los tiempos electorales y el nativismo republicano, han imposibilitado llegar a un acuerdo para aprobar una reforma integral. Estos escollos se presentaron durante el mandato de George Bush hijo y siguieron en la propuesta del “Grupo de los Ocho” -compuesto por senadores de los partidos Republicano y Demócrata- y en la “Propuesta Ejecutiva” del gobierno de Barack Obama.
El tiempo ha mostrado que esas propuestas de políticas migratorias sólo han sido buenas intenciones y básicamente han servido para sumar partidarios políticos en tiempos electorales, bajo la promesa de erradicar a esos “sujetos amenazantes”. Lo único cierto es la existencia de una población extranjera producida como nuda vida, es decir, a disposición de los intereses del Estado. Esto es a lo que se refería Arnoldo y sobre lo cual comentamos que no sólo él lo padece. De los 60 informantes ilegales con quienes trabajamos, en Queens, Brooklyn y Bay Shore, conocimos docenas de historias trágicas, debido a ese estatus irregular. Lo lamentable para muchos de ellos es que, después de 30 años como migrantes (10% de los informantes arribó en la década de 1980), o 20 años (50% arribó en la década de 1990 a 2000) o 10 años (30% arribó entre 2000 y 2010), siguen estando excluidos de la sociedad en la que han anclado su vida4.
Pero, los inmigrantes no pierden la esperanza de que se implemente una reforma que les dé oportunidad de legalizarse y ser sujetos plenamente integrados en la sociedad. Sueñan con la posibilidad de tramitar apoyos de asistencia social, laborar en empleos mejor pagados, establecer sus propios negocios, comprar su casa y poder retornar a su país de origen cuando lo deseen. Lamentablemente, su vida es trágica, pues después de 10, 20 o 30 años de vivir en el país, deben permanecer en las sombras, es decir, sin ser escuchados o incluidos en la toma de decisiones políticas y sólo dedicados a trabajar largas jornadas, porque su futuro es incierto ya que el Estado no los reconoce como trabajadores o ciudadanos. Por ello, Gonzalo, migrante con 19 años de estancia en Nueva York, dice:
Para mi interpretación este sistema que hay “ahorita”, aquí el gobierno de Estados Unidos lo tiene bien resumido. Porque, por ejemplo, prácticamente yo o cualquier otro no existimos, no “semos” nada. Porque, por ejemplo, si de aquí a mañana yo me pongo listo, yo ahorro, si hago o no hago, al gobierno no le importa, no le interesa. Si yo me muero no le interesa y ni le importa. Entonces, en este tiempo lo que yo pueda hacer depende de mí y sólo de mí. No depende del sistema porque yo no estoy bajo ningún sistema […] Yo considero somos una generación perdida en este país (Gonzalo Martínez, entrevista personal, 17 de julio del 2013).
Sus casi dos décadas de estancia como inmigrante le permiten concebir una idea aproximada a la de la biopolítica moderna. Sus ideas aluden a la eficacia infrajurídica que experimentan millones de inmigrantes para diferenciar al ciudadano del no ciudadano. De esta forma, el Estado tiene la potestad de excluirlos de ciertos derechos y privilegios, actuar con todo rigor contra ellos y hacer de ellos meros cuerpos a los que puede condenar a la vida o la muerte. Entonces, la ausencia de políticas que solucionen el estatus ilegal de los inmigrantes seguirá bajo la misma tónica, ya que ello es lo que permite producir una vida natural (zoe), excluida de toda participación e integración política, económica y social.
Las políticas de exclusión de los países receptores de inmigrantes y el cúmulo de contradicciones que éstas generan en la vida diaria producen en los inmigrantes el imaginario de que viven en una especie de prisión social, un contenedor de sujetos marcados por el Estado al ser perseguidos, castigados y negados de ciertos privilegios. Mediante la base política legal de la exclusión, el Estado puede mantener al proletariado internacional como fuerza de trabajo barata, vulnerable y hasta desechable. Para el Estado son una generación de población extranjera inexistente, señalada o identificada como “no ciudadanos, no gratos y hasta criminales”, a pesar de que representan un componente importante de los mercados laborales.
Manifestaciones cotidianas de exclusión/inclusión a inmigrantes ilegales por el Estado
Los inmigrantes poblanos realizaron desplazamientos fluctuantes entre México y Estados Unidos hasta la primera mitad de la década de 1990. Para muchos era común regresar al lugar de origen por temporadas cortas y reingresar de forma ilegal a Estados Unidos para continuar laborando. Actualmente, sin embargo, el reforzamiento de la frontera entre ambos países, los altos costos económicos para cruzar de manera clandestina, los peligros debidos al control de los cruces fronterizos por el narco mexicano, la formación de familias propias, y la ausencia de empleo o la existencia de algunos trabajos precarios en la comunidad de origen, han dado lugar a “estancias forzadas”, entendidas como las ideas y prácticas que tienen los inmigrantes ilegales o personas cercanas a ellos de lo que es correcto hacer para prolongar su permanencia en el país receptor y no lidiar con los escollos antes mencionados. Las estancias forzadas de estos migrantes son un ejemplo de las formas concretas como actúan las políticas de exclusión/inclusión del poder infrapolítico del Estado en sus decisiones cotidianas. Excluirlos de la legalización no quiere decir que estén fuera del sistema político, sino que su misma exclusión los remite a la inclusión del poder, al generarles ideas de constreñimiento al desear retornar al lugar de origen por una temporada y reingresar a Estados Unidos para continuar con sus trayectorias laborales.
El apartado mostrará cómo la excepcionalidad se presenta más allá del castigo directo sobre sus cuerpos; se presenta en su vida cotidiana, al interferir en sus acciones y decisiones. Expondremos que, a pesar de las ideas y prácticas de estancias forzadas, la inclusión/exclusión al poder del Estado se manifiesta al generarles sentimientos de dolor y frustración ante contingencias familiares en el terruño o, como en el primer caso que abordaremos, son los mismos familiares o amigos quienes reprueban el retorno al no valorar su seguridad al intentar reingresar clandestinamente a Estados Unidos y su estabilidad económica en un empleo mejor remunerado que en el país natal.
La locura de Manú
El domingo 5 de junio de 2014 tuvimos una reunión con un informante, a quien llamaremos JM, en su domicilio ubicado en Corona, Queens. Durante la conversación en la sala de su departamento, le preguntamos por sus dos hermanos con quienes vivía, Mario y Manú. Nos informó que el primero se había ido a trabajar y el segundo había viajado a México el día anterior. Dado que otros dos de sus hermanos se han legalizado, le preguntamos si Manú también tenía documentos legales. JM respondió con sarcasmo: “¡Qué papeles va a sacar! Ese es más ilegal que tú y que yo.” Explicó el retorno de su hermano a México como una más de las tantas locuras que cometía. En esos momentos nuestra conversación fue interrumpida por una llamada telefónica, que escuchamos sin poder evitarlo. Era su tía, quien llamaba para saber el motivo de la partida inesperada de Manú. Temía que su retorno se debiese a algún problema serio en México o en Nueva York. Al igual que a nosotros, JM le comentó que era una más de sus acostumbradas locuras.
Al término de la llamada, seguimos hablando sobre la partida de Manú, pero no tardó mucho tiempo en timbrar de nuevo el teléfono. Otra tía, desde Nueva Jersey, llamaba para conocer los pormenores del viaje de Manú. Nuevamente, JM le aclaró las dudas del retorno de su hermano. Al terminar la conversación con su tía, comentó: “Ya están llamando para saber qué pasó. Te digo que éste hace sus cosas sin pensarlas.
A la siguiente semana nuevamente tuvimos la oportunidad de conversar con JM y preguntarle cómo estaba Manú en México. Dijo no saber nada de él directamente, pero sus padres le habían informado que estaba bien. Además, tenía claro que a su papá no le había agradado del todo la decisión repentina de su retorno. Estos acontecimientos nos llevaron a cuestionarnos: ¿qué de malo puede haber en el deseo de retornar al lugar de nacimiento? ¿No es motivo de alegría para dos padres que están solos, por la estancia de sus hijos en Estados Unidos, el retorno de uno de ellos? ¿Por qué un inmigrante no tiene derecho a querer regresar, en forma repentina, simplemente para descansar después de casi un lustro de trabajo? ¿Por qué causa extrañeza el retorno inesperado de un inmigrante ilegal, si esto puede suceder en cualquier momento ante la amenaza latente de la deportación? Estas preguntas hallan su respuesta en el poder soberano de regular y restringir el movimiento humano a los señalados como ilegales, pero sobre todo en las subjetividades de la exclusión/inclusión desarrolladas por los inmigrantes.
El retorno es uno de los temas frecuentes en las conversaciones con inmigrantes mexicanos. Todos, sin excepción alguna, tienen el propósito de regresar al lugar de origen para visitar a familiares, estar una temporada o quedarse definitivamente. Sin embargo, como vemos en el caso de Manú, el retorno entraña tiempo para planearlo, cumplir objetivos personales o familiares, ponderar los inconvenientes de querer reingresar a Estados Unidos, etc. Según JM, su papá no estaba del todo satisfecho por el retorno de Manú, al considerar la escasez de empleo en la localidad de origen y por lo complicado, costoso e inseguro de cruzar la frontera ilegalmente. Aclaró al final que a su papá le da mucho gusto verlos y recibirlos en su casa, que nunca les ha aconsejado permanecer definitivamente en Estados Unidos, pero sí les ha insistido en que busquen la posibilidad de legalizarse para que puedan viajar cuantas veces quieran, sin problema alguno. Lamentablemente, JM, Manú y Mario no tenían esperanza alguna de poder legalizarse.
Entonces, la locura de Manú, así considerada por JM y consentida por sus tías y su padre, inicia a tomar sentido al no haber ponderado los costos y riesgos que actualmente entraña cruzar la frontera. El retorno de Manú era considerada una “locura” porque no tuvo la sensatez de considerar esos problemas, pero también porque dejó repentinamente su empelo como cocinero. Además de no pensar en su integridad física, tampoco pensó en su seguridad económica, al abandonar un buen trabajo en Nueva York. La insensatez del retorno radica en el hecho de que, a pesar de estar en un limbo legal y de ser un sujeto deportable (De Genova, 2005), los inmigrantes piensan que pueden vivir en un espacio de exclusión/inclusión, desempeñando sus funciones como fuerza de trabajo ilegal barata y mientras no exista un encuentro con las autoridades migratorias. El inmigrante considera debe seguir su ritmo de vida, debe ponderar su estancia sobre el regreso, debe hacer un análisis sensato para decidir si el retorno es un acto prudente o, como en el caso de Manú, es una imprudencia. El tiempo se encargó de confirmar que aquel retorno a México había sido una locura, cuando, después de seis meses intentó reingresar a Estados Unidos, ahora con esposa, pero no pudieron hacerlo tras varios intentos a lo largo de un mes y por diferentes puntos de cruce.
El calificar de “locura” al retorno a la comunidad de origen por los inmigrantes, amigos y familiares, se sustenta en el hecho de poder permanecer prorrogando sus trayectorias laborales hasta encontrarse con el Estado y su cualidad reguladora de la cantidad de fuerza de trabajo ilegal. No obstante, hemos dado cuenta en esta historia que el Estado está presente con su excepcionalidad y repercute en las decisiones de los sujetos. La desaprobación del retorno entraña la inclusión al poder del Estado, al ser sujetos que carecen del derecho a desplazarse libremente entre países. Al ser producidos como inmigrantes ilegales, los sujetos piensan sus estancias abocadas a una vida laboral. Podemos considerar la presencia del poder biopolítico del Estado si pensamos la exclusión/inclusión en la desaprobación del retorno por inmigrantes y familiares al considerar incorrecta la valoración de sus acciones. Este caso revela cómo el poder puede hacerse patente hasta en las decisiones rutinarias de estos sujetos.
Las estancias forzadas de los inmigrantes ilegales
Con casos contrarios al de Manú, mostraremos cómo también en las estadías forzadas, a pesar de la sensatez de permanecer como inmigrantes ilegales, se generan fuertes sentimientos de vulnerabilidad, limitación, frustración y dolor. A primera vista es la ilegalidad la culpable de esas vidas destrozadas, pero en realidad es el estado de excepción el que interfiere en sus decisiones, determinando el lugar donde deben permanecer y cómo deben permanecer.
En diferentes conversaciones con inmigrantes escuchamos que una de las causas por las cuales retornarían a su lugar de origen sería por estar junto a sus padres. Ninguno pensó en regresar por problemas de salud apremiantes ni mucho menos por la muerte de alguno de ellos, desafortunadamente, estos casos han sido frecuentes en las experiencias migratorias de los poblanos. Hasta antes del año 2000 era común que los inmigrantes ilegales retornaran a su lugar natal tras la muerte de algún familiar cercano. Los datos mostraron que los migrantes de las décadas 1980 y 1990 registraron hasta dos retornos al país de origen debido a problemas familiares, deseo de reunirse con la familia o asistir a las festividades del pueblo. En cambio, la mayoría de los migrantes que arribaron en 2000 sólo tienen un retorno y los de 2010 no han regresado desde su ingreso a Estados Unidos. El hecho de dudar en retornar, como ya lo mencionamos, se debe al reforzamiento militar y tecnológico de la frontera, elevados costos económicos e inseguridad al momento de reintentar cruzar clandestinamente. Para ellos la decisión sensata es la que los exime de librar los múltiples problemas del cruce fronterizo, pondera el bienestar laboral o económico y hasta se crean nuevas formas de resarcir la ausencia y apoyo a la familia en momentos apremiantes -los inmigrantes prefieren sufragar todo el gasto económico antes que salir de Nueva York. No obstante, esta medida no los libra del poder del Estado para generarles una vida miserable y frustrada.
Durante la investigación de campo hallamos ocho informantes que habían perdido a su padre o madre en días o semanas recientes, mientras que 80% de migrantes con estancias de más de 20 años dijeron haber padecido la pérdida de algún familiar a la distancia. Estos casos nos condujeron a considerar la decisión “sensata” de su estancia como respuesta a su situación como ilegales, pero al mismo tiempo como otra forma de interferir en la vida de sujetos excluidos de las garantías del Estado. Lo que en primera instancia se califica como la mejor decisión para un inmigrante ilegal, en poco tiempo se convierte en frustración y tristeza por la persona en luto. La muerte de familiares en el lugar de origen y la imposibilidad de regresar y estar junto a ellos les hacen conscientes de su situación de abandono político, sus limitaciones y del lado inhumana de la practica migratoria internacional.
Además, en ocasiones, la decisión sensata de la estadía no nace de los afectados, sino de otros familiares que exaltan la permanencia como una forma prudente que debe estar por encima de los valores morales y sentimientos de afecto a familiares fallecidos. Estos casos ratifican la presencia vigorosa del Estado en el curso de la vida de los inmigrantes, pues si en un momento supieron salvar el cerco físico, no pueden evitar el político, en el que se ven incluidos o encerrados al ser producidos como nudas vidas.
Tanto en la locura del retorno como en la sensatez de la estadía forzada, los inmigrantes hallan un espacio organizado y sujeto al poder del Estado para interferir en sus acciones y decisiones. Lo irónico es que no sólo estamos hablando de una constricción del espacio al cual llegan a vivir, sino también de aquel del cual son oriundos. Es decir, la constricción del espacio -en este caso su lugar de origen- sucede por la misma excepción política de no solucionar su estatus migratorio, de su imposibilidad de salir y reingresar de manera fácil a Nueva York y de su necesidad de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir y dar sustento a su familia. Al parecer, estos segmentos de población habitan en un contenedor, donde no pueden ni esconderse ni sustraerse al castigo del Estado debido a que, por la práctica de exclusión/inclusión, constantemente se topan de frente con su capacidad reguladora y modeladora de vidas humanas.
Exclusión de servicios a los no ciudadanos
Finalmente, abordamos formas concretas de excepcionalidad que se manifiestan en la negación a servicios en instituciones públicas -trámite de licencia de manejo y seguro médico. En estos casos hallamos elementos notorios para ubicar la presencia de un estado de excepción, en el cual se manifiesta la indiferencia hacia el extranjero, al no brindarle las condiciones adecuadas para desempeñar y cuidar de su fuerza de trabajo. La desprotección o negación de servicios mínimos de salud al proletariado internacional nos llevan a situarlo como fuerza de trabajo abandonada que puede dejarse morir al estar fuera de la protección del Estado. En la exclusión o cuidados mínimos de la salud de los inmigrantes ilegales se halla el abandono de sus vidas y se pone a la vista el interés exclusivo de un cuerpo que tiene valor en tanto fuerza de trabajo barata, pero no como vida humana. Mostraremos entonces la potencia real del biopoder del Estado mediante el abandono del inmigrante y la producción de un homo sacer que no importa si vive o muere.
Detenciones y negación de licencia de conducir a inmigrantes ilegales
A mediados del siglo XX fueron comunes las detenciones, en su mayoría de conductores afroamericanos, en las carreteras de Estados Unidos, con las excusas más fútiles por parte de las autoridades. Estas acciones de clara discriminación racial o racial profiling fueron calificadas como “detenciones por ser negro”. Las prácticas discriminatorias se basaban en imaginarios falsos de sujetos criminales, narcotraficantes, ladrones, pandilleros, etc., lo que permitía victimizar a la población de esta minoría. Esta historia se ha repetido, pero ahora las víctimas son los conductores latinos (ACLU, 2008), quienes son detenidos sólo por “manejar latino” y, probablemente, por ser ilegales.
En los primeros años de 1980, las reglas del Departamento de Motores y Vehículos de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) no impedían expedir la licencia de conducir a los inmigrantes ilegales. En particular, no verificaban la autenticidad del número de Seguro Social del solicitante. Sin embargo, en la segunda mitad de la década los inmigrantes perdieron ese derecho, tras una nueva era de restricciones y reajustes a las reglas del DMV (Bernstein, 2004), las cuales se confirmarían y reforzarían con las restricciones aplicadas por el gobernador George Pataki, en 2004. Ese año, el DMV envió 600 mil cartas a conductores para comprobar su número de Seguro Social y cerca de 300 mil licencias fueron revocadas definitivamente (El Latino, 2007).
La medida ha impedido obtener licencias de conducir a inmigrantes ilegales y ha ocasionado la detención de un mayor número de conductores latinos, basándose en el perfil racial. Esto le sucedió a Marcos, en Bay Shore, Long Island. Nos comentaba de forma irónica mientras conducía rumbo a Queens que, si bien nunca lo detuvo la policía cuando tenía vigente su licencia, ahora que había expirado ya lo habían detenido hasta en dos ocasiones. Recordó que, en una ocasión, el policía intuyó que no tenía licencia de conducir por su estatus migratorio ilegal, pero, en lugar de cuestionarlo, el policía dirigió su crítica al sistema migratorio, pues no comprendía cómo una persona con tan correcto dominio del idioma inglés no se le permitía tener una licencia de conducir y documentos legales. Marcos había conseguido la licencia de forma legal en el estado de Tennessee, en 2008, pero tres años más tarde su licencia expiró y no pudo renovarla porque este y otros estados cercanos a Nueva York implementaron la verificación de autenticidad de los documentos del solicitante. A Marcos le preocupa conducir sin licencia, pero le resulta indispensable para desplazarse a diario hasta la constructora en la que labora (Marcos García, entrevista personal, 4 de agosto de 2013).
Arnoldo es otro inmigrante residente del suburbio de Bay Shore y depende totalmente de un vehículo para su trabajo. Él labora para una compañía encargada de surtir dulces y juguetes a máquinas tragamonedas en toda el área tri-estatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut). En uno de sus viajes a esos lugares fue detenido por autoridades de Nueva Jersey, pero no se intimidó, porque tenía los documentos del vehículo y licencia en regla. Sin embargo, sintió que fue interrogado más de la cuenta y víctima de discriminación, pues su vehículo -una camioneta cargada de dulces, juguetes y las monedas que recoge- fue inspeccionado a fondo por policías y perros para detectar narcóticos o armas.
Arnoldo tramitó su primera licencia de conducir en Carolina del Norte y en los días cercanos a la expiración de está decidió hacer una “inversión económica” y de tiempo e ir a renovarla hasta Washington, Seattle. Consideró que esas inversiones de tiempo y dinero habían sido apropiadas, porque eso le permitió seguir laborando en su empleo. Sin embargo, mencionó estar muy preocupado en diversos momentos al no saber qué hará cuando en el futuro su licencia expire; se pregunta cómo podrá renovarla. Para él la búsqueda del “sueño americano” no sólo depende de sacrificio y arduo trabajo, sino también de librar con éxito las restricciones contra los ilegales y soportar el estrés diario a causa de esas medidas (Arnoldo Cazares, entrevista personal, 25 de agosto de 2013).
Finalmente, el caso de Vinicio nos confirma la actuación discriminatoria de las autoridades contra los latinos. Este informante dijo nunca haber tenido encuentros desafortunados con la policía de Nueva York, durante su trabajo instalando equipos receptores de la empresa Directv. Pero recordó haber tenido un altercado con la policía de Nueva Jersey cuando viajó con toda su familia a visitar a un hermano:
[…] una patrulla de policía me marcó el alto. Que se baja de la patrulla una policía blanca y que me pide los papeles de la camioneta y mi licencia de conducir. Que se los entrego y que va a la patrulla a verificarlos. Ya que llega y que dice: “Aquí están tus documentos, no pude encontrar nada malo, pero yo sé que algo está mal. Tu licencia, tu seguro, algo está mal, pero no sé qué.” Que le digo: “¡Ah!, no sabía que podías revisar todos mis documentos.” Que se encabrona y que me dice: “Yo puedo hacer eso y más.” Y que me dice que me fuera (Vinicio Vargas, entrevista personal, 23 de junio de 2013).
Vinicio considera que su detención se debió al hecho de ser latino y que esa fue la razón por la cual la policía quería hallar motivos para encarcelarlo.
Desde el punto de vista de estos tres informantes, la necesidad de tener un automóvil para desarrollar sus actividades laborales los expone al riesgo de encuentros con instituciones y agentes del orden público que cuestionan su estatus migratorio y hasta llegan a aprehenderlos por una simple infracción de tránsito. Por otro lado, las experiencias de estos informantes muestran que los inmigrantes ilegales desarrollan subjetividades caracterizadas por sentimientos de temor, cansancio, estrés e imaginarios de fin de su estancia en cualquier momento debido al estado de bando en que se hallan y que los remite a ser blanco de detenciones y deportaciones. Marcos, Arnoldo y Vinicio no deberían de estar preocupados por una actividad tan cotidiana como es el conducir, pero bajo la exclusión del Estado, con la negación de servicios a los no ciudadanos y la necesidad de desenvolverse plenamente como sujetos económicos, la vida inmigrante transcurre con sentimientos constantes de temor y manifestaciones concretas de castigos por su estado de exclusión.
Homo sacer inmigrante del siglo XXI
El hecho de que los inmigrantes sean una fuerza de trabajo barata e importante en la composición de los mercados laborales no ha sido motivo suficiente para cuidar de su salud. Asistimos a una era en la que la fuerza de trabajo internacional puede ser fácilmente reemplazada o bien es desechable. El refrendo de ciudadanía por el Estado como punto de partida imprescindible de inclusión en la sociedad, la participación política, y el respeto de las garantías y derechos individuales han puesto en marcha un estado de bando que va más allá de controlar y disciplinar al trabajador inmigrante. Se trata de hacer del mismo un homo sacer cuya vida no importa. La presencia del estado de bando se manifiesta a partir de la supresión de servicios del Estado de bienestar a los inmigrantes; por tanto, los mismos son los únicos responsables del cuidado de su vida, con sus propios medios o condiciones económicas. Analizaremos los casos de algunos migrantes para considerar el abandono por parte del Estado en situaciones delicadas de salud.
Iniciamos por hacer un esbozo de la generación de leyes para producir categorías de infraciudadanos, excluidos de la asistencia social. El presidente Bill Clinton firmó la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral (PRWORA, por sus siglas en ingles), el 22 de agosto de 1996, con el fin de excluir a ciertas personas del uso de los programas de asistencia social. Dicha ley permitió negar beneficios a los no ciudadanos y modificar la elegibilidad de los inmigrantes legales y refugiados para obtener beneficios federales y del estado en donde radicaban. Los servicios se volvieron exclusivos para los ciudadanos. La ley PRWORA excluyó a los inmigrantes ilegales del uso del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el de Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI), el Seguro Médico (Medicaid) y el Programa de Seguro Médico para Niños y Cupones de Alimento (Fix, Capps y Kaushal, 2009). Sólo en casos excepcionales, los inmigrantes ilegales pueden hacer uso del Seguro Médico de Emergencia, Inmunización, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles, de Suplementos Nutricionales para Infantes y Adolescentes y del Programa de Desayuno y Almuerzo Gratis en Escuelas 5(Fix, Capps y Kaushal, 2009).
En la ciudad de Nueva York, las políticas pro-inmigrantes en materia de salud no estuvieron ausentes; varios medios impresos, entre ellos el periódico NYC, informaron que los inmigrantes ilegales serían beneficiarios de la Orden Ejecutiva 41, firmada por el alcalde Michael Bloomberg el 17 de septiembre de 2003, con la cual recibirían un seguro médico de emergencia. Esta medida ayudó a millones de inmigrantes, pero fue insuficiente considerando que miles de trabajadores han ofertado su vida laboral a este país y el Estado les ha cobrado impuestos, por lo que resulta una medida parcial frente a la obligación de proteger plenamente de su salud. Si bien la Orden Ejecutiva muestra la preocupación del Estado por la salud del extranjero, se debe señalar que sólo se ocupa de su salud en momentos críticos y de manera parcial. Nos encontramos con un sistema que en ciertos casos pretende salvar la vida del trabajador internacional, pero no protegerlo, lo cual indica que entramos en una fase del biopoder en la que, como señala Agamben (1998), el Estado puede cometer homicidio sin ser castigado.
Ratificamos con informantes la existencia de un seguro médico al servicio de la población inmigrante en momentos críticos de salud. Según algunas versiones, los servicios de diagnóstico y los costos de las medicinas de la ciudad de Nueva York son mejores a los de México. Pero también conocimos lo inconcluso del sistema a través de casos de inmigrantes que fueron atendidos y sanados en sus diferentes problemas de salud, pero abandonados en el transcurso de su recuperación. Es decir, los inmigrantes pudieron sanar de sus enfermedades, pero el problema continuó al no contar con apoyo económico para cubrir su incapacidad laboral y para sufragar sus gastos de vivienda y alimentación. Estas situaciones las experimentaron al menos cinco informantes que fueron atendidos en diferentes hospitales de Queens y Manhattan, por problemas del apéndice, corazón, diabetes y fracturas de huesos. Narraron las muchas penurias que vivieron con familiares y amigos, al tener que pedirles apoyo económico para continuar su vida como inmigrantes. Además, dos de ellos pagaron cantidades de más de 5 mil dólares, porque el seguro de emergencia no cubría todos sus gastos.
Estas situaciones hacen del inmigrante un homo sacer del siglo XXI. El abandono e indiferencia de la vida de los inmigrantes se considera cuando el Estado ha sacado provecho de su fuerza de trabajo, sin otorgarles garantías de protección a su vida en el presente y futuro. En el mejor de los casos, como manifestó anteriormente Gonzalo, les corresponde a los mismos garantizar su presente y futuro económico. Quienes no han logrado generar ahorros para su retiro deben preocuparse por la incertidumbre del cómo y de qué vivirán, ya que la no inclusión del Estado no les reconoce sus arduas y prolongadas trayectorias laborales.
Un caso representativo es el de Salomón, un inmigrante de 68 años, retirado de la vida laboral. Desde su arribo a Nueva York, en 1981, trabajó incesantemente para poder dar educación a sus seis hijos. Nunca supo lo que es cobrar un seguro de desempleo, recibir devolución de impuestos por el bajo salario devengado a lo largo del año, y nunca se ha beneficiado de los programas de asistencia social, por ser ilegal. En la mayoría de los empleos que tuvo pagó impuestos federales, estatales y de la ciudad, y le retiraron cantidades módicas para su pensión laboral. Actualmente, Salomón no recibe nada del dinero ahorrado como fruto de sus cuando menos 25 años de trabajo. Vive en la zozobra ante el hecho de ser desempleado, no contar con un seguro médico y no poder atender su salud. Recibe descuentos en consultas, análisis médicos y medicinas por su edad, pero no puede cubrir algunos de ellos por lo costosos que son (Salomón Castillo, entrevista personal, 28 de junio de 2014).
Estos casos corroboran la existencia de un estado de bando en el cual la vida de los inmigrantes importa sólo para aprovechar su fuerza de trabajo, hasta que su cuerpo se agota. El Estado no está pendiente de sus trayectorias laborales ni de su situación económica y no es equitativo con quienes fueron sujetos económicos apegados a las reglas impuestas por él mismo, retribuyéndoles con la protección de su salud. Sin lugar a dudas, la biopolítica del poder ha sido eficaz en hacer de la población un valioso botín para sus intereses, sin importar la vida de los sujetos.
Conclusiones
El trabajo ha cumplido con el objetivo de evidenciar el ejercicio del poder biopolítico del Estado, considerando el control de cuerpos, disposición e injerencia en la vida de los inmigrantes ilegales poblanos en Nueva York. Constatamos cómo la exclusión del Estado al inmigrante ilegal del siglo XXI no significa el abandono total del mismo, sino sólo es una faceta del poder para tener una presencia vigorosa sobre ellos, ya que el estado de excepción en el cual viven es una condición jurídica eficaz para someterlos a su disposición, en cualquier momento de la vida diaria. Reforzando esta premisa, dimos a conocer nuevos escenarios y situaciones de la vida cotidiana en los que los alcances del poder biopolítico influyen en las ideas, creencias, decisiones y acciones diarias de los sujetos. Asimismo, acudiendo a la invitación de Agamben (1998), consideramos cómo el conjunto de la sociedad forma parte de un nuevo escenario de desarrollo del poder biopolítico del Estado, al construir en ella la carencia de derechos, castigos, inclusiones y exclusiones, creándose una suerte de campo en el sentido agambeniano (1998), donde se someten al rigor o desamparo de la vida humana.
Al examinar las políticas migratorias de las últimas dos décadas, concluimos que el grueso de las mismas ha sido eficaz para hacer del inmigrante un sujeto de valor infrajurídico, reducido a su estado de zoe (vida natural) y alejado de la bios (vida humana), aquella que les posibilitaría exigir una inclusión política, económica y social de todos sus derechos (Bacarlett, 2010). La exclusión de todo derecho tiene la finalidad de producir sujetos sometidos a toda determinación o necesidad del Estado, como el alienarlos y sacar provecho laboral. En este escenario no es difícil avizorar la continuidad de políticas migratorias a favor de los intereses de la clase dominante y pocas buscarán remediar los problemas de los trabajadores internacionales, debido a ser elementales para las acciones de poder dominante en la producción de una nuda vida carente de valor político (Quintana, 2006).
Tras examinar algunos escenarios cotidianos en los que se desenvuelven los inmigrantes ilegales, planteamos la inexistencia de una tregua del Estado a los inmigrantes en cuanto a no ser perseguidos, arrestados y deportados; más bien, esto responde a la injerencia en su vida bajo otras formas de exclusión/inclusión que los remiten al poder del mismo. Por ejemplo, aquellas formas de exclusión/inclusión, producidas por los mismos sujetos ante la decisión de regresar al lugar de origen, que se califica como una “locura”, pues no se prioriza el contar con un buen empleo y evitar los costos y peligrosidad de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos; o el desarrollo de sentimientos de confinamiento, dolor y frustración ante el deseo de retornar al lugar de origen y los problemas de reingresar para continuar su vida como migrantes laborales. Con ambos casos mostramos que no hace falta encontrarse de frente con el Estado para ser víctima de su poder, ya que en cualquier momento éste tiene injerencia en las decisiones de los inmigrantes. La idea de los inmigrantes de habitar en una “jaula” cobra sentido si pensamos en lo complicado que es escapar o esconderse de las indistinciones y castigos del Estado. La excepcionalidad no marca el abandono de los sujetos, sino su total inclusión en el poder del mismo, hasta en los momentos habituales menos esperados.
Finalmente, mediante la exclusión de servicios públicos -licencia de conducir y seguro médico- podemos contemplar el lado más severo del biopoder, al desinteresarse por la vida humana y al producir un homo sacer que no importa si vive o muere. En esta sociedad receptora de migrantes corresponde a los mismos ocuparse de cuidar su vida, ya que al Estado sólo le interesa aprovechar su fuerza de trabajo hasta agotar su cuerpo. Estas situaciones hacen gala del poder soberano con la potestad de designar una identidad, una condición de pertenencia y exclusión. Coincidimos con Agamben (1998) en que la figura del homo sacer manifiesta la forma más enérgica e inhumana del poder del Estado, no sólo porque puede disponer de su vida o sacrificarles, sino por ese marasmo en el cual se hallan los inmigrantes al estar siempre ante un presente y futuro inciertos.
Hemos develado cómo “en América no todos pueden hablar ni todos son libres”; por el contario, se han puesto en marcha marcos legales donde administrar el ingreso y la estancia, el incluir y el excluir, el castigar y hasta el despreocuparse por la vida o la muerte del inmigrante ilegal se está convirtiendo en una norma en Estados Unidos y otros países receptores de migrantes, como parte legítima del poder soberano del Estado. Ante la presencia de extranjeros, el Estado ha podido manifestar su soberanía como uno de los sólidos bastiones de poder, del derecho ineluctable a dictaminar normas y sujetos que pueden ser aceptados, con toda la intención de explotar su fuerza de trabajo. Sólo bajo estos parámetros los inmigrantes seguirán siendo sujetos apropiados para la acumulación capitalista.
