Introducción

La teoría de los sistemas sociales autorreferentes y autopoiéticos, como una teoría global de la sociedad, proporciona los elementos teóricos y conceptuales que delinean una heurística para observar las sociedades de la modernidad periférica. Este trabajo retoma la categoría de forma de diferenciación de la sociedad moderna en distintos subsistemas funcionales, en especial la distinción centro-periferia, para problematizar sobre la configuración de los órdenes políticos en la periferia latinoamericana.

La constitución de los sistemas sociales en un momento co-evolutivo de la sociedad es un referente central de la moderna sociedad diferenciada funcionalmente de cuyo horizonte también es participe América Latina. Su desarrollo histórico se produce de manera simultánea con los procesos de diferenciación de la sociedad mundial y la especificidad que le caracteriza es producto de un cúmulo de transformaciones en las estructuras¹ e instituciones que dieron paso a una configuración sistémica con características singulares. En esta exposición se coloca la relación entre centro y periferia como una distinción que permite observar los problemas producidos en la modernidad por el desarrollo asimétrico de la sociedad, en diversas regiones del mundo y en distintos sistemas funcionales.

Se está frente a una concepción que mira la configuración de los sistemas funcionales de la sociedad como producto de una dinámica histórica que se extiende epocalmente a la sociedad toda, en latitudes geográficas diferentes. En este enfoque teórico priva la noción de que la función es un concepto central en la explicación, más relevante que el de estructura, lo que posibilita un cruce analítico permanente entre unos sistemas y otros, sin que las propias fronteras territoriales les signifiquen un impedimento, sobre todo en contextos actuales, en los que el intenso desarrollo y tecnificación de los medios de comunicación aceleran los procesos de transfronterización de los sistemas sociales, como la economía, el derecho, la ciencia y los medios de comunicación.

Al mismo tiempo que se han “globalizado” las relaciones entre las distintas economías, se han formulado legislaciones que van más allá de las fronteras territoriales, tales como la regulación económica, comercial, financiera, ambiental y la legislación sobre derechos humanos.² Por tanto, la globalización es “un proceso policéntrico, en el que diversos ámbitos vitales superan sus límites regionales y constituyen respectivamente sectores globales autónomos” (^{Teubner, 2005: 87}). Se trata de un sistema mundial de la sociedad que como tal implica la realización simultanea de “todas las operaciones y de todos los acontecimientos” (^{Luhmann, 2007: 641}) que se llevan a cabo en ese contexto y están embebidos de una alta contingencia y complejidad. A primera vista, esta concepción se acerca a la teoría del sistema mundo formulada por Immanuel Wallerstein; sin embargo, el enfoque de la teoría de los sistemas sociales no está colocando en el centro de la realización de la sociedad mundial las relaciones económicas y comerciales, como lo hace Wallerstein, quien lo concibe como una “economía-mundo”, el sistema mundo, agrega: “Es y ha sido siempre una economía-mundo capitalista”:

Lo que queremos significar con economía-mundo (la économie-monde de Braudel) es una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo tanto un intercambio significativo de bienes básicos o esenciales así como un flujo de capital y trabajo. Una característica definitoria de una economía-mundo es que no está limitada por una estructura política unitaria. Por el contrario, hay muchas unidades políticas dentro de una economía-mundo, tenuemente vinculadas entre sí en nuestro sistema-mundo moderno dentro de un sistema interestatal (^{Wallerstein, 2006: 35-36}).

Históricamente, la sociedad moderna extiende sus límites espaciales más allá de Europa, sin que ello se haya traducido en una necesaria homogeneización de las estructuras sociales y menos aún de las configuraciones sistémicas; no todos los sistemas de la sociedad moderna se despliegan de manera idéntica en los distintos lugares en los que se desarrolló. De ahí que la distinción centro-periferia sea un recurso teórico conceptual para analizar los procesos de conformación de los órdenes políticos nacionales de la región de Latinoamérica y la forma en que la dinámica de los procesos políticos centrales, en conjunción con los de la región, dieron paso a la emergencia de órdenes políticos sistémicos en los cuales al centro de sus estructuras, organizaciones y papeles se coloca el Estado-nación. Como se expone más adelante, esto no se tradujo en la conformación autónoma de la política, el derecho, la economía ni otros sistemas funcionales, como la ciencia y la educación, tal como lo señala, con cierta carga normativa, la teoría de la diferenciación social del sociólogo alemán Luhmann:

En las comparaciones regionales surgen medios que ponen en evidencia las diferencias extremas en la realización de la posibilidad de transferir los sistemas de funciones; en primer lugar diferencias de desarrollo económico, de formación escolar-universitaria, pero también relativas al estado de derecho y la democratización del sistema político mediante los partidos políticos y una cultura de la oposición (^{Luhmann, 2009: 17}).

La distinción centro-periferia es una forma de diferenciación social, que se caracteriza porque en sus estructuras prevalece el principio de desigualdad; existe un centro territorial en el que se establecen las personas que detentan el dominio y una periferia donde se localizan determinados segmentos que mantienen relaciones de tipo segmentario, pues entre ambos lados existe una relación asimétrica. Luhmann ubica esta forma entre la de tipo segmentario y la estratificada: en el centro se hace posible la estratificación: “Desde esta perspectiva, la distinción entre centro y periferia ofrece, al mismo tiempo, desde una de sus partes, es decir, desde el centro, una oportunidad para que se constituyan otras formas de la diferenciación, en particular para que se desarrolle la estratificación” (^{Luhmann, 1993: 312-313}).

Si bien esta distinción se refiere al estudio de sociedades premodernas, el propio Luhmann reconoce su valor heurístico para ser utilizado en sociedades diferenciadas funcionalmente, donde el “primado de una forma de diferenciación determinada es más excepción que regla” (^{Luhmann, 2007: 602-603}).

En ese sentido, la distinción centro-periferia permite observar los procesos de constitución de sociedades que no siguen normativamente el primado de diferenciación funcional de los centros. La distinción de sociedades organizadas por el principio centro-periferia da cuenta de una auto-descripción que denota la emergencia de relaciones sociales asimétricas. Esta asimetría se refleja a nivel de los sistemas de función, pero fundamentalmente en las estructuras y funciones que se configuran regionalmente. Parecería más atinado suponer que la diferenciación funcional prevaleciente en el plano de la sociedad mundial traza las estructuras que fijan las condiciones para condicionamientos regionales.

De eso resulta a la vez una dinámica del sistema, que lleva a desarrollos extremadamente desiguales dentro de la sociedad mundial. Las regiones, por eso, se encuentran muy lejos ellas mismas de un equilibrio de la sociedad total y precisamente ahí radican las oportunidades de un destino propio, que no puede verse como una especie de versión-micro del principio de la forma de la diferenciación funcional. No obstante: de no existir el primado de este principio en el plano de la sociedad mundial todo sería distinto y ninguna región puede sustraerse a esta ley (^{Luhmann, 2007: 643}).

Con el descubrimiento de América esta región entra en contacto con la modernidad céntrica y, como producto de ello, se produce un traslape de las formas de diferenciación social de tipo segmentarias y estratificadas con las funcionales, “al centro nace la estratificación mientras que en la periferia se reproduce la segmentación” (^{Corsi, Esposito y Baraldi, 1996: 60}). Se entiende por:

[…] periferia de la sociedad moderna el tipo de orden social cuya característica central es la estratificación (es decir, sus formas operativas se encuentran más en el campo de la organización) y donde, evidentemente, su sentido de operación tiende a la estratificación social y no a la diferenciación (^{Carducci, 2002: 21}).

Estas regiones son parte constitutivas de la modernidad y se desplegaron simultáneamente con los procesos de diferenciación funcional de la sociedad moderna, pero de tal manera que sus estructuras sociales de un orden funcional coexisten con órdenes estratificados o segmentarias, propios de sociedades premodernas. Esto es:

[…] la sociedad no se agota en las formas fundamentales de diferenciación (funcional, estratificada, centro-periferia, segmentaria) ni en los sistemas parciales que se derivan de ella: se realiza también en la diferenciación interna de otros numerosos sistemas sociales, que pueden o no estar relacionados con los sistemas parciales mismos (^{Corsi, Esposito y Baraldi, 1996: 63}).

El proceso de conformación de la diferenciación de la sociedad moderna, de las que América Latina es parte, generó procesos evolutivos concurrentes que estructuralmente marcaron formas específicas de diferenciación funcional cuyas competencias funcionales de orden periférico las distingue de las sociedades policéntricas. En este tipo de sociedades los problemas de exclusión se constituyen en arenas que impactan tanto en la configuración autónoma de los subsistemas como en sus alcances de inclusión. Los problemas de desigualdad social y concentración del ingreso tienen repercusiones que impactan incluso la forma en la que la política universaliza la inclusión política, tanto en el orden del gobierno como en las instituciones que se configuran socialmente:

Sólo ahora, a partir de la comparación entre centro y periferia de la modernidad, surge la expectativa y la pretensión de disolver rápidamente esta diferencia que no podía ser justificada en la idea de sociedad moderna, inclusive en modo generalizado. Y mientras Europa, en el horizonte de un futuro abierto, decididamente indeterminado, podía tomarse siglos de tiempo, podía de vez en vez evaluar progresos (por ejemplo la industrialización) y podía compensar efectos colaterales en otros sectores, por ejemplo en el Estado, en las condiciones actuales ya no hay reservas de tiempo disponibles: frente a la desigualdad efectivamente existente y a su continúa reproducción mediante condiciones de las diferencias funcionales, sería simple cinismo ahora recetar a la región desaventajada un tiempo de espera de dos o tres siglos (^{Luhmann, 2009: 19-20}).

Dicho así, en la sociedad mundial coexiste un centro altamente desarrollado y una periferia cuya característica principal es la exclusión y la desigualdad.

Esta distinción analítica está inscrita en la teoría de los sistemas sociales y de la sociedad y dista de la concepción de centro-periferia expuesta en la década de 1950 por las teorías de la dependencia y del desarrollo. Como es sabido, a fines de los años cuarenta, la Comisión Económica para América Latina, en su Estudio económico de América Latina 1949, (^{CEPAL. 1951}) reflexiona sobre los problemas derivados de la integración del continente al mercado mundial, que no necesariamente le había beneficiado, tanto en términos de los avances técnicos como del crecimiento económico; los verdaderos beneficiarios eran los grandes centros industriales del mundo y la “periferia tomaba escasa parte en el mejoramiento de la productividad” (^{CEPAL, 1951: 3}). Los centros eran los generadores y propagadores de la productividad mundial y las periferias eran los que absorbían tecnología y se posicionaban en desventaja frente a la riqueza generada. Mientras que la teoría de la dependencia, expuesta por Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, se centra en el “intercambio desigual” y concibe a la dependencia como relacionada “directamente con las condiciones de existencia y funcionamiento del sistema económico y del sistema político, mostrando las vinculaciones entre ambos niveles en lo que se refiere al plano interno de los países como al externo” (^{Cardoso y Faletto, 1983: 24}).

Órdenes sociales periféricos, superposición funcional y organizacional

En este trabajo no se aborda la problemática inhibición de la autonomía de los sistemas funcionales en su conjunto, como el impacto que dos de ellos han tenido para la configuración de las características de los órdenes sociales periféricos. Principalmente, en la reproducción de dos sistemas funcionales, la política y el derecho, que como tales son sistemas en los que el Estado tiene un papel por demás central. La política es un orden cuya función moderna es la toma de decisiones colectivamente vinculantes, es decir, es el ámbito por antonomasia en el que se produce y reproduce la comunicación de las decisiones en el medio del poder. Mientras que el derecho es una forma de “introducir e integrar un futuro abierto a la sociedad [como] sistema inmunológico [permite] hacer frente al riesgo estructuralmente determinado de constante reproducción de conflictos” (^{Luhmann, 2002: 642 y 644}), con lo cual permite estabilizar “las expectativas normativas” en una sociedad. (^{Luhmann, 2002: 193}). Esto quiere decir que los procesos judiciales hacen posible la “institucionalización de los conflictos”, que en una relación cara a cara se dan en medio de una serie de instituciones especializadas (Luhmann, 1980: 87). Los conflictos amorosos, cuando trascienden las fronteras de los afectos, se resuelven en los tribunales; los conflictos políticos derivados del ejercicio absoluto y arbitrio del poder se dirimen a nivel de los tribunales constitucionales.

Esta relación problemática de los sistemas del derecho y la política va más allá de la relación de un sistema de referencia con su entorno. A través del concepto de prestación se puede observar la relación de las estructuras inter e intrasistémicas. La política tiende a integrarse con las estructuras de la economía, del derecho, de la ciencia, de la educación, de tal manera que:

[…] tanto el sistema que brinda la prestación como el que la recibe satisfacen sus propias expectativas: el primero, cumpliendo con los rendimientos que sus propios entornos esperan de él, y los segundos, incorporando esos rendimientos a su propio funcionamiento (^{Dallera, 2012: 71}).

A título de ejemplo, el sistema de la administración incorpora en sus ámbitos de organización a los especialistas en política y gestión que se forman en las universidades.

En el caso de las sociedades de la periferia de la modernidad, la relación de la política con los demás sistemas del entorno social puede reconstruirse teóricamente mediante el concepto de desdiferenciación, del que Luhmann sólo hace un delineamiento en su libro Los derechos fundamentales como institución (2010); se refiere a la invasión de los códigos de comunicación de la política, el poder, en otros sistemas, como el derecho, la economía, la ciencia.

El peligro de desdiferenciación (el peligro de politizar la manera de ser de la comunicación) se encuentra implicado en la emancipación de la sociedad y en el postulado de autonomía del sistema político, de aquí que sea una característica del proceso mismo de diferenciación (^{Luhmann, 2010: 99}).

Esto implica que hay una “porosidad” en las fronteras de los sistemas funcionales, afectando su autonomía y operación con sus propias estructuras y elementos que les son característicos, dado que el sistema político tiende a trasladar sus comunicaciones más allá de los límites de sus fronteras sistémicas, y lleva a que se “extienda a todos los campos públicos de la comunicación y, de esta forma, hacer que la naturaleza de la comunicación venga a des-diferenciarse bajo puntos de vista políticos” (^{Luhmann, 2010: 193}).

La desdiferenciación³ social es resultado de un proceso co-evolutivo mediante el cual, en la modernidad de la periferia latinoamericana, emerge una primacía organizacional superpuesta en la diferenciación funcional, esto es, un subsistema de la sociedad, la política, controla el flujo de la comunicación social, perturbando los códigos de los otros sistemas de la sociedad. Mediante este fenómeno, el poder impacta en la economía, en el derecho, en la educación, en la ciencia y en diversos sistemas organizacionales. En el caso de las sociedades periféricas, el orden político cumple con su función, la toma de decisiones colectivamente vinculantes, a través de la organización estatal. En Sociedad de la sociedad (2007), Luhmann afirma que el Estado es expresión semántica de la nación, principio de legitimación de la comunicación política y la organización que detona los procesos de integración social. Se trata, pues, de una forma de diferenciación del sistema político, en la que la función de la toma de decisiones colectivamente vinculantes la realiza la organización estatal. Una forma de diferenciación que emerge como una manera particular de inserción de los países de la periferia en los procesos mundiales.

Esta característica del orden social de las periferias no se reduce a la prestación de un sistema a otro; por ejemplo, que el derecho dote a la economía de leyes para regular el mercado o de una Constitución para limitar el poder político, sino que la política impone sus códigos de comunicación a los sistemas en su entorno social externo. Michel Carducci nos dice al respecto:

[…] en su conjunto dichas estructuras y formas de coordinación han configurado una particular forma de “diferenciación/desdiferenciación” que coexiste al interior de los órdenes sociales de la región, generando definiciones homogéneas y englobalizadoras que obstaculizan el despliegue y consolidación de la autonomía sistémica, toda vez que los acoplamientos se transforman en procesos de desdiferenciación al ser reemplazados por sustitutos funcionales y fórmulas de auto-entendimiento (relaciones clientelares, caudillismo), que dificultan el despliegue de la especialización de funciones y de la operatividad de la democracia (^{Carducci, 2002: 24}).

Dada la centralidad del Estado, se habla de órdenes concéntricos que se producen como parte de procesos evolutivos simultáneos a los órdenes policéntricos, es decir, en el contexto de una sociedad moderna, pero con especificidades estructurales y organizacionales que limitan el proceso de constitución de sistemas parciales autónomos. Entonces, América Latina es un orden moderno diferenciado funcionalmente; sin embargo, su especificidad radica en su trayectoria concéntrica (^{Mascareño y Chernilo, 2005: 30}), que inclusive, como se menciona más adelante, marca episodios específicos en la universalización de la inclusión política, a través de formas de gobierno de tipo presidencial con estructuras autoritarias y no de tipo democrático, como en los países europeos y en Norteamérica. La forma democrática de la política en la región es relativamente reciente, si la miramos en el espejo del sistema político de las sociedades policéntricas.

En el sistema de la política mundial, los diversos estados territoriales tienen una relevancia por demás central, no sólo para la generación de la legitimidad de la política propiamente dicha, como en el hecho de ser la organización por antonomasia que hace posible las decisiones colectivamente vinculantes. Los ciudadanos se hacen presentes en el sistema político, a través de la política y de la opinión pública, presuponiendo la existencia de una organización estatal. De hecho, la distinción política, administración y público se puede desarrollar plenamente sólo a través del Estado, por lo cual, para la política mundial la función de los estados (como organizaciones territoriales del sistema) es la de ser los principales autores y destinatarios de la comunicación política (^{Neves y Voigt, 2007: 10-11}). En periferias de la modernidad -América Latina es el caso-, el Estado va más allá de su propia función (la toma de decisiones colectivamente vinculantes) y la diferenciación interna del sistema político -política, administración y público- es relativamente reciente y ha experimentado más bien derivas estructurales que superponen una organización a otra. La política en la periferia de la modernidad emerge como una comunicación que impacta en la distinción funcional de la sociedad mediante una politización de las distintas esferas sociales.

Si el Estado quisiera anticipar y desviar toda significación política de la comunicación, tendría que suprimir la diferenciación societal y sustituirla por una diferenciación burocrática del sistema político. Algunos países en desarrollo -en los que el Estado debe crear primero la diferenciación societal y lo que hemos llamado civilización de las expectativas- parecen haber tomado por este camino (^{Luhmann, 2010: 195}).

Semánticamente en este tipo de sociedades el Estado se presenta como el factor de integración social; dicho hegelianamente, como una comunidad ética superior. A nivel de las estructuras y de las organizaciones se pueden observar episodios de superposición de los roles en las organizaciones, “en los órdenes sociales en los que estructuralmente casi no se han diferenciado, la función política de las decisiones vinculantes se resuelve en el marco de roles que, a su vez, se estructuran en contextos de acción de la familia, la religión, la economía, la guerra” (^{Luhmann, 2010: 241-242}). Ciertamente, en el análisis de este fenómeno se debe tener presente la variable del tiempo, pues la relación entre las estructuras y las organizaciones políticas de la época de constitución de los estados nacionales a su consolidación en el siglo XX ha estado inserta en procesos sociales históricamente dinámicos y de creciente complejidad.

En América Latina se ha dado paso a órdenes sociales sistémicos cuyas características no corresponden punto por punto con la modernidad europea y estadounidense. Como se ha dicho, las sociedades que describe la teoría de los sistemas sociales son policéntricas, es decir, no hay un sistema que imprima una dirección o resuelva los problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto. Mientras que la forma en que Latinoamérica se incorporó en los procesos de inclusión mundiales, desde su independencia de las grandes metrópolis hasta nuestros días, le condujeron a una conformación estructural de la sociedad con el predominio de la comunicación política en la sociedad y, a su vez, en esa comunicación el Estado asumió un papel central. Esta configuración de modernidad periférica se produce de manera simultánea con la policéntrica, manteniéndose formalmente una diferenciación social moderna.

Se trata de un fenómeno propio de sociedades modernas periféricas, donde la exclusión social favorece la configuración de relaciones funcionales y organizacionales distintivas. En su exposición del caso de la Italia meridional, Luhmann nos proporciona líneas de análisis que pueden ser extrapoladas para el estudio de América Latina. La Italia meridional del siglo XX es, propiamente, una sociedad diferenciada funcionalmente, sobre todo en lo que se refiere al sistema de la economía y al educativo, pero en otros sistemas funcionales se transfiere más realización social a la organización. Es decir:

[Es la] la administración estatal la que se inserta en el contexto local, al prescindir de la autonomía concedida a la comunidad o la región; aquí son partidos políticos con asociaciones locales capilares, donde la selección del candidato viene mediante forcejeos de poder en el centro del partido; aquí es escuela para la totalidad poblacional, hospitales (en lugar del simple médico) y cárceles, es decir, instituciones organizadas por los requerimientos de todo tipo de clientela según la función específica (^{Luhmann, 2009: 21}).

Lo que se da es un proceso mediante el cual a las organizaciones se les transfieren prácticas propias de la estratificación social.

Visto desde esta lógica, la desdiferenciación implica una comunicación social con límites porosos de los respectivos códigos sistémicos. En este sentido, es posible analizar a América Latina con base en los referentes conceptuales descritos. El fenómeno de la desdiferenciación en la región latinoamericana ha sido abordado por Aldo Mascareño -inspirado en los escritos de Luhmann-, mediante el concepto de orden social orientado concéntricamente, mismo que describe un tipo de estructuración de sistemas funcionales caracterizado por niveles de autonomía diversos, en el cual sistemas autónomos diferenciados bloquean o ponen obstáculos al despliegue autorreferencial de lógicas parciales en vías de diferenciación (^{Mascareño, 2000: 190}).

En ese sentido, la forma en que América Latina emerge a la modernidad estuvo mediada por lógicas comunicativas de la sociedad, donde el principio de inclusividad de los sistemas fue orientado por lógicas de modernización que operaron como mecanismos de mediación entre las estructuras tradicionales de diferenciación que imperaban en la región, previo a los procesos de conquista y colonización y a su incorporación a la modernidad diferenciada funcionalmente. Esta coevolución histórica ha dado lugar a desarrollos asimétricos -característicos de sociedades periféricas- que están relacionados con los problemas de desigualdad de la región, mismos que han impactado en los procesos de institucionalización política, económica y de predominio del Estado de derecho. Debido a ello, la modernidad periférica no logró constituirse en sistemas parciales autorreferentes y autónomos, tal como los describe Luhmann en sus distintos escritos sobre la teoría de la sociedad y los sistemas parciales. Esto es, los códigos específicos de cada sistema, el poder en el sistema político, el dinero en la economía, lo legal e ilegal en el derecho, son interpelados por el poder, por lo cual se producen traslapes en los códigos de los sistemas: la economía se politiza, el derecho se politiza, la política se judicializa, la ciencia se politiza haciéndose dependiente de la lógica organizativa de la empresa. A su vez, en esta forma de diferenciación política privan ejercicios centralizados y jerárquicos del poder. De tal forma que el trazo mediante el cual los sistemas parciales de la sociedad en América Latina han marcado sus límites (o no) se debe al influjo del tipo de sociedad y al grado de complejidad que han alcanzado (^{Luhmann, 2000: 146}). Avanzado el siglo XX, con la así llamada globalización, que no es sino un proceso de intensificación de la relación de los diversos sistemas a escala mundial, se puede identificar un proceso de diferenciación funcional de las comunicaciones de la sociedad y una relativa autonomía de ellas, al producirse una descolocación del Estado como el centro de la comunicación social.

La especificidad en la configuración de la modernidad en sociedades periféricas por medio de procesos selectivos entre estructuras y órdenes institucionales puede observarse mediante un acercamiento al análisis del sistema político de la sociedad en la región.⁴ Dicha conformación se da de manera simultánea al proceso de emergencia de un orden diferenciado de carácter funcional, que se está produciendo en Europa desde fines del siglo xv, en especial con el descubrimiento de América, en 1492, y la organización social de los territorios americanos; la manera como se constituyeron los estados-nación en España y Portugal y el control de sus áreas de influencia en el Nuevo Mundo; la independencia de la América española de las metrópolis y la especificidad en la constitución de sus estados, así como el papel que éste ha jugado en los procesos de inserción de la región en los procesos globales de la economía de mediados del siglo XX.

La interrelación con la metrópoli y las formas de dominio político de la Corona española y portuguesa fueron mediadas por las propias características de estratificación social y de atomización territorial imperantes en la región latinoamericana. El establecimiento del dominio metropolitano se superpuso a las formas organizativas de tipo señorial que privaban en la región, de tal forma que la Iglesia y los gremios tuvieron un papel significativo en la sociedad colonial que se organizó en forma corporativa. Con las reformas borbónicas y, más tarde, con los procesos de independencia de las colonias, surgieron formas de integración social y de organización política características de las sociedades modernas. Ello, sin embargo, se desplegó en arenas en las que la amalgama social, económica y política resentía tendencias desintegradoras y anárquicas, que fueron atendidas por las élites políticas que comandaban el proceso de constitución de un nuevo orden. Pese a tener una inclinación por la forma de gobierno republicana, por el influjo de las revoluciones francesa y estadounidense, optaron por un tipo distinto de instituciones, dadas las tendencias desintegradoras y anárquicas que actuaban en la sociedad, por lo que los pactos constitucionales a los que dieron forma tendieron hacia la instauración de un Poder Ejecutivo fuerte, en demérito de los poderes Legislativo y Judicial.

En ese contexto de conformación de los estados, la forma de gobierno presidencial se constituyó en una institución que la población veía como aquella opción que permitía reducir las tendencias desintegradoras y evitar situaciones de mayor fragmentación que atentaran contra su propia supervivencia como territorios con fronteras delimitadas. La forma de gobierno presidencial, por elección indirecta, asumió una estructura tal que posibilitó la generación de los mecanismos de poder capaces de conciliar los intereses de las élites políticas y económicas de las distintas regiones, ya fuera mediante pactos federales o bien centralistas, dependiendo del caso específico de cada país. La presidencia se erige como el factor relevante de las decisiones políticas; el código mediante el cual se procesa la comunicación política es liberal-conservador.

De tal manera que en la región latinoamericana la función vinculatoria de la política se da fundamentalmente en el campo de las organizaciones y adquiere una forma peculiar que se expresa en el entrelazamiento entre centralización política -con el monopolio del uso de la fuerza- y forma de gobierno presidencial. Así pues, se observa la configuración de una de las estructuras distintivas de la modernidad en la periferia: la superposición entre el orden funcional y el orden organizacional; se da paso a una configuración que incorpora estructuras, instituciones, funciones y prácticas sociales propias de sociedades estratificadas y que impactan en la generación de procesos de desdiferenciación social. Además, se produce un entrelazamiento con estructuras clientelares que, a la postre, habrán de convertirse en uno de los aspectos que distinguen los órdenes políticos de la modernidad periférica y que inhiben su autonomía. En efecto, se han transformado en obstáculos para la consolidación de órdenes políticos democráticos y con plena vigencia del Estado de derecho.

La centralización política se profundiza durante la primera mitad del siglo XX, en el marco de un Estado que tiene un papel cada vez más importante para la integración social y el desarrollo económico. Desde la década de 1930, el contexto internacional, los efectos de la crisis de económica de 1929, la influencia de modelos de economías tuteladas, como en la Unión Soviética, y una política externa de tipo aislacionista favorecieron la adopción de políticas de gobierno tendientes a una mayor participación del Estado en distintas áreas del orden social; se reforzaron los mecanismos políticos y económicos orientados a regular y limitar los procesos de poder de carácter centrifugo. En este contexto, el sistema presidencial adquiere un primado organizativo y decisional (^{Hernández, 2009: 110}).

Vista la relevancia del Estado en una perspectiva del sistema mundial, desde la Segunda Guerra éste deviene el centro de la sociedad, al tiempo que el aparato estatal crece y se fortalece en áreas estratégicas de la economía. Se produce una imbricación entre política y economía mediante el diseño y ejecución de políticas públicas direccionadas por los estados nacionales, estrategias con las que se pretendía tanto incentivar el crecimiento como impactar en los índices de pobreza y desigualdad, principalmente en los países de la modernidad periférica. Ideológicamente, el posicionamiento del papel del Estado -tanto en los países del centro como de la periferia de la modernidad- visibiliza su impacto por el proceso de internacionalización que está desarrollándose.

América Latina no fue ajena a esa tendencia, donde el Estado adquiere el carácter de promotor del desarrollo económico y cuyo papel resultó relevante en un contexto de problemas de desigualdad y exclusión social; el Estado funciona como un factor de integración social, al mismo tiempo que como un factor atenuante de los desequilibrios y distorsiones provocados por otros sistemas que no permiten la inclusión universal a servicios médicos y educación. Este traslape entre el orden funcional y el orden organizacional se observa en el interior del sistema político, en las características del gobierno. Un Estado cada vez más activo en ámbitos que dan cuenta del nivel de influjo que el sistema político tenía en la sociedad de la época permitió que la política económica se constituyera en un factor para el fortalecimiento del aparato estatal. Como consecuencia de ello, se produjo una centralización administrativa y un debilitamiento de la administración municipal, ya fuera en países con formas de gobierno de tipo repúblicas unitarias o federales. En estas condiciones, el Estado no sólo tuvo un papel fuerte y activo en los distintos órdenes sociales, sino que el gobierno presidencial centralizó cada vez más poder.

Tanto en las repúblicas federales como en las unitarias la centralización política acabará entonces por dar origen al presidencialismo populista […] el presidente se va convirtiendo en el portavoz de la nación mientras se va creando un vasto consenso popular en torno a la figura y a la institución presidencial, considerada como un superpares que detenta el rol dominante en el sistema político (^{Carmagnani, 2004: 384-385}).

Teóricamente, en sociedades de carácter policontextual, el sistema político de la sociedad está destinado a atender problemas sociales relacionados con la toma de decisiones colectivamente vinculantes, sin que ello se traduzca en una superposición en los demás subsistemas ni que se erija como el centro que controla y dirige a la sociedad. La diferenciación social concéntrica, en cambio, se caracteriza por un traslape de los niveles funcionales y organizacionales que, a la postre, impactan en la configuración autónoma del derecho y la economía, principalmente. En el sistema político de la periferia hay una distinción interior que da cuenta de la configuración de un orden organizacional que se encuentra en la cima, el Estado, al mismo tiempo, la comunicación de la administración es hegemonizada por la institución presidencial, mientras que la comunicación del público es colonizada por el Legislativo y los partidos políticos. En la relación entre ambos se producen, en la evolución histórica, episodios en los que los legisladores y el propio público pugnan por imponer equilibrios en el ejercicio de la decisión vinculatoria. Además, en el ámbito del sistema del derecho, se están desplegando mecanismos institucionales y procedimentales que legitiman las decisiones del gobierno. Dicho de otra manera, se producen bloqueos en el proceso de diferenciación interno del sistema político, al no desarrollarse vis-à-vis una distinción entre política, administración y público.

La distinción tridimensional del sistema político

Esta diferenciación interna del sistema político en política, administración y público da cuenta de la constitución de un sistema político complejo a la vez que autónomo y capaz de reproducirse con sus propias estructuras y elementos. Esta diferenciación triádica constituye un ciclo de comunicación que funciona como un círculo formal del poder y delinea la comunicación dominante de un sistema político complejo y en el que:

[…] cada sistema parcial está en disposición de plantear premisas de decisión para otros según el criterio de un determinado orden. Los electores y los interesados influyen en la política en diversos niveles de generalización. La política, a su vez, programa e informa a la administración igualmente en diferentes niveles de generalización. La administración vincula, mediante sus decisiones, al público en el sentido de una carga o de un beneficio. En el público, estas experiencias con decisiones vinculantes se convierten en motivos para el comportamiento en los otros roles como elector o como interesado (^{Luhmann, 2014: 121}).

Dicho lo cual, la interacción entre Estado, partidos políticos y público da paso a un ciclo del poder formal del que participan las principales organizaciones del sistema y permite un análisis del equilibrio de poder en el mismo. De tal manera que la política se refiere principalmente a aquella en la que los protagonistas son los partidos políticos, en cuyo contexto se produce la legitimidad de las decisiones que se concretan en las decisiones de los funcionarios que forman parte de la burocracia estatal, de la administración; es decir, incluye los procesos constitutivos de generación de consenso y disenso que desemboca en la toma de decisiones colectivamente vinculantes. La política participa de la puesta en escena de las personalidades políticas que compiten entre sí en las elecciones y lo hacen ofreciendo un programa que los distingue de sus competidores. Mediante la elección se legitima su llegada a la administración, que en el caso de los países céntricos es la figura central del Presidente. Si bien la administración, de la que forma parte el gobierno, está relacionada tanto con la contienda de los partidos como con el público de electores, aparentemente la relación con este último es mucho más distante, siempre que los procedimientos se han constituido en el centro de la legitimación.

Asimismo, mientras que en la administración se procesa el diseño y la elaboración de las decisiones colectivas que son llevadas a la práctica por el gobierno, la burocracia y el parlamento; ella decide mediante los programas que son ofertados por los partidos políticos en el sistema de la política, recoge, en este círculo del poder formal, las demandas que se generan en lo público y decide, en última instancia, sobre su ejecución. Por cierto, opera con sus propios criterios de racionalidad con normas especializadas y directrices administrativas establecidas. Para Luhmann la administración se conduce imparcialmente y tiene una legitimidad procesual, es decir, si bien los procedimientos presuponen un arreglo legal su configuración y posibles cambios son producto de un proceso comunicativo. En Legitimación por procedimiento (Legitimation durch Verfaharen, 1983), señala que:

[La] legitimidad no se apoya en un reconocimiento voluntario, en convicciones personales que exigen una responsabilidad, sino por el contrario, se apoya en un clima social, en donde se institucionaliza como evidente el reconocimiento de decisiones vinculantes, las cuales son consideradas no como consecuencia de decisiones personales, sino como consecuencia de la validez ligada a un cargo (^{Luhmann, 1983}, citado por ^{Serrano, 1994: 28}).

Como puede colegirse, la legitimación propiamente dicha se produce en el sistema político, en el ámbito de la lucha de los partidos por acceder al poder político, esto es, el subsistema de la política que tiene como referente organizacional a los partidos políticos y a la elección política.

Simultáneamente a esta figura del círculo oficial del poder se encuentra un círculo informal del poder.

[El] poder genera poder informal: el círculo oficial del poder induce un contra-círculo de poder informal. Y entre más grande es el espacio y la complejidad de la decisión, tanto más se hacen sentir los efectos de este poder informal. Dependiendo del corte que se introduzca dentro del círculo del poder (pueblo/política/administración/público), este contra círculo del poder adquiere formas diversas (^{Torres, 2004: 266}).

Precisamente, esta figura resulta de un potencial analítico para observar los órdenes políticos de la periferia de la modernidad. En una mirada global de los procesos históricos, podemos decir que se han configurado órdenes políticos diferenciados, pero no de manera autónoma y menos aún con una clausura operativa, como atribuye Luhmann a los sistemas sociales. En las periferias, si bien se ha conformado un círculo formal del poder a lo largo del proceso histórico, donde el Estado ha asumido un papel central ubicándose en la cima del poder, al mismo tiempo se ha constituido en un factor que inhibe la conformación autónoma de los sistemas de su entorno. En estas sociedades hay una dinámica de coexistencia recurrente con el círculo informal del poder, esto es, con la existencia de estructuras, organizaciones y funciones, en contextos de una centralidad estatal, configurándose relaciones sociales que tienden a la colonización de la política por grupos y asociaciones, mediante la perversión de las elecciones a través de la corrupción del voto o mediante mecanismos que bloquean la emergencia de un público crítico con la incorporación de mecanismos clientelares, de cooptación e incluso mediante el empleo de la fuerza.

En el caso de la modernidad periférica, la conformación del sistema político, hasta principios del siglo XX (por lo menos en el caso de México), da cuenta de un proceso en el cual bien a bien esta distinción interior no adquiere del todo esa forma. Hay episodios en los que la interacción de la presidencia, los poderes Legislativo y Judicial y los actores políticos, el público, sobre todo la prensa, se desarrollan en un contexto de supremacía del Ejecutivo cuyo ejercicio del poder fue de carácter autoritario.

En los órdenes concéntricos esta distinción tridimensional a la que se ha aludido, el Estado, además de una expresión semántica del sistema, es la organización principal cuya función es la toma de las decisiones colectivamente vinculantes. Es, al mismo tiempo, el que detenta el monopolio legítimo del uso de la fuerza y la administración se concreta en la figura de un gobierno de tipo presidencial. Políticamente, al Presidente se le atribuye el papel de portavoz de la nación y contribuye a “moldear la dilucidación de los conflictos referidos a tres cuestiones centrales: la incorporación política; la redistribución, intermediada por el Estado, de los ingresos y la riqueza; y el involucramiento de las fuerzas armadas en la política” (Cavarozzi, 2013: 3). A título de ejemplo, en México, posterior a los años de la posrevolución, en el entorno interno del sistema político se produce una desdiferenciación operada por el presidencialismo y el sistema de partido hegemónico; como gobierno coloniza tanto a la política de partidos como al público, a través de las corporaciones oficiales y mediante el control de los medios de comunicación, como la radio y la televisión.

En esta configuración concéntrica, no es una casualidad que el Estado se haya constituido en un factor articulador de la cohesión del orden social, a la vez que impactó en la conformación de lo que se ha denominado “procesos de desdiferenciación sistémica”, es decir, en el bloqueo de la emergencia de sistemas parciales autónomos. “La política pretendió absorber toda aquella complejidad y resolver el proceso de diferenciación social, vale decir, se situó en sí misma en el punto de vista de la totalidad” (^{Cousiño y Valenzuela, 1994: 135}). Como consecuencia del papel central del Estado en los procesos de constitución social, la evolución y conformación autónoma de la economía y del derecho no han seguido, como se señaló antes, la forma de las sociedades policéntricas.

Teóricamente, el sistema del derecho para realizar sus funciones y desarrollar su código especializado requiere del despliegue autorreferencial del sistema político; el papel que desempeña la Constitución para contener y marcar límites al ejercicio del poder es un indicio de esta condición (^{Luhmann, 1987: 146}). Desde la lógica de la clausura operativa del sistema del derecho, éste se rige por el código lícito-ilícito. Sin embargo, cuando a este código le son superpuestos otros tantos pertenecientes a lógicas operativas de diferentes sistemas funcionales, se transgrede el principio de clausura, con lo cual la autopoiesis ya no es más su distintivo.

En este sentido, resulta relevante la perspectiva de análisis sugerida por Marcelo Neves referida a la alopoiesis⁵ jurídica en los países periféricos, debido a que:

[…] los agentes del sistema jurídico estatal ponen de lado el código-diferencia lícito-ilícito y los respectivos programas y criterios, conduciéndose u orientándose principal y frecuentemente basándose en prescripciones directas de la economía, del poder, de las relaciones familiares (^{Neves, 1996: 416}; ^{Neves, 2007: 201-202}).

El autor considera que la alegoría del duodécimo camello, utilizada por Luhmann para dar cuenta del carácter autopoiético del derecho,⁶ resulta inapropiada para las periferias porque la positividad del derecho no se realiza y es colonizado por la política y la economía; la falta de autonomía del derecho es una restricción para la realización de los derechos fundamentales previstos en la Constitución (^{Neves, 2001: 105}).

Las sociedades periféricas en contextos de exclusión global

La indefinición en los límites sistémicos y de los códigos de comunicación simbólicamente generalizados en los países latinoamericanos, como se ha afirmado previamente, es resultado de los procesos de integración social de estos países en el contexto de la sociedad mundial. Neves ha analizado este fenómeno como un proceso de integración mediante exclusión, porque ha privado una desigualdad económica en el desarrollo interregional con “consecuencias significativas en la reproducción de todos los sistema sociales, principalmente en el político y el jurídico” (^{Neves y Rodríguez, 2003: 265}).

En el marco de la sociedad mundial, desde la década de 1980 el sistema de la economía ha acentuado su carácter globalizado sin reconocer límites geográficos ni fronteras territoriales. Aun cuando la política sigue operando con referentes territoriales, por medio de las organizaciones estatales, la región ha transitado hacia procesos de diferenciación con mayor autonomía de los sistemas periféricos a la política. No obstante, sobreviven relaciones asimétricas que impactan en la operación de los códigos funcionales y en la propia lógica de operación de las organizaciones. Esto, como se señaló, es parte de la propia forma de diferenciación social periférica, donde, siguiendo el ejemplo de Luhmann sobre la Italia meridional, privan relaciones sociales de tipo estratificadas y clientelares que atraviesan a las organizaciones.

En el contexto de un sistema mundial cada vez más diferenciado funcionalmente y en el que se han incrementado las relaciones comerciales en todos los confines y las fronteras territoriales son un mero referente de lo nacional, la relación que se establece entre los sistemas de la política y la economía son problemáticos. La complejidad creciente de las sociedades contemporáneas, detonada por los procesos de globalización, aunada a una serie de decisiones de los gobiernos, ha debilitado al Estado, minando su capacidad para tomar las decisiones colectivamente vinculantes y para equilibrar los problemas sociales derivados de la exclusión social. Esto se ha traducido en un posicionamiento del código transversal inclusión y exclusión.

Paradójicamente, en el contexto de una política mundial más democrática, con más pluralización en la representación del poder y de la democracia, como un orden inclusivo de la política contemporánea en la región,⁷ se ha profundizado la desigualdad y el incremento de la pobreza. Este fenómeno ha llamado la atención no sólo de las comunidades epistémicas, sino también de los propios tomadores de decisiones en las organizaciones globales, quienes han reflexionado sobre el papel del Estado en contextos de precarización e incremento de la inseguridad y violencia en el mundo. Esta situación se evidenció con los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Desde mediados de los años noventa, una agencia internacional, paradigmática en el aliento de las políticas de libre mercado y reducción estatal, el Banco Mundial, elaboró un diagnóstico sobre el “estado del Estado en el mundo” (1997), que se inclina por la aplicación de acciones que tiendan a la recuperación de la función política por excelencia del Estado, que tiene que ver con el control y estabilidad en sus confines territoriales. No es posible direccionar la gobernabilidad de la sociedad en el sistema mundial sólo desde las organizaciones supranacionales; el Estado es una organización de mediación indispensable para lograrlo. En el documento del Banco Mundial se afirma que es “un hecho cada vez más aceptado la necesidad de un Estado eficaz como condición fundamental para el desarrollo económico y social” (^{Banco Mundial, 1997: 20}).

Se formula un replanteamiento del papel del Estado a través de la revitalización de su capacidad institucional, mediante el establecimiento de “reglas y normas institucionales que le permitan suministrar bienes y servicios colectivos en forma eficiente” (^{Banco Mundial, 1997: 29}). Este diagnóstico es un llamado de atención sobre el hecho de que el Estado ha sido limitado en su función qua política de ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza en los confines de su territorio, y para fortalecerlo es necesaria una reconstrucción institucional,⁸ por medio de cambios constitucionales y el establecimiento de un Poder Judicial eficiente.

Visto desde el enfoque del sistema mundial en el que se insertan los estados nacionales, los efectos no deseados de las políticas adoptadas por esos organismos supranacionales -las cuales se han adjudicado decisiones que antaño eran atribuciones exclusivas del Estado- han impactado en la simplificación de la toma de decisiones mediante la generación de normas y reglamentos que son compartidos por diversos sistemas. Es decir, se produjo una interpenetración de ámbitos funcionales y organizacionales, que a la postre influyeron en las funciones estatales.

Como se ha mencionado, en el esquema previo el propio orden jurídico estaba signado también por las fronteras territoriales del Estado-nación, es decir, se podía identificar claramente que cada uno de los distintos países tenía su propia Constitución. En cambio, en el contexto de un sistema mundial, si bien es cierto que persiste esta figura, coexiste con un nuevo marco de instituciones jurídicas que regulan no sólo el comercio internacional, sino también aspectos relacionados con los derechos humanos, el desarrollo social y la democratización, configurando un derecho mundial que también coloca a debate el papel del Estado.

En este sentido, cabe anotar la riqueza explicativa sobre los problemas de exclusión de los países de la región, a través del empleo del código transversal inclusión/exclusión expuesto por Luhmann en Sociedad de la sociedad (2007), para incorporarlo en un esfuerzo intelectual por imprimir un cambio al enfoque sobre la desigualdad en los países periféricos, tal como refiere Hugo Cadenas:

La investigación sobre exclusión y desigualdad debe cambiar su marcado énfasis en el lado de la exclusión, pues el problema de desigualdad moderna radica más bien, como hemos visto, en la diversidad de las inclusiones en diferentes niveles. Se pueden apreciar, en efecto, las asimetrías propias dentro de los procesos de inclusión, los cuales hacen aparecer de manera diversa la participación de las personas en los sistemas funcionales (^{Cadenas, 2012: 72}).

Ciertamente, se está frente a una paradoja y ante la crudeza del diagnóstico que plantea la teoría de la sociedad de Luhmann: la desigualdad social es un problema que no se resuelve mediante un acto voluntario o mediante el establecimiento de una política pública; este problema es parte de la propia estructuración de la sociedad moderna diferenciada por funciones.⁹ Como lo ha señalado Marcelo Arnold, ello no quiere decir que no haya opciones, pues:

[…] yendo más allá de esta cruda, y quizás desesperanzadora, descripción de la “normalidad” de las desigualdades, se advierten los caminos para su superación. Qué duda cabe de que ésta solamente puede provenir de un cambio radical en la programación de la configuración de la sociedad. Por ejemplo, produciendo una forma de sociedad constituida con estructuras que no excluyan y que, por lo tanto, no incluyan. Si bien hasta ahora desconocemos cómo esto podría venir, no deberíamos desanimarnos. Las luces sólo aparecen al final del túnel (^{Arnold, 2014: 22-23}).

No obstante, ante la emergencia mundial de exclusiones provocadas por una sociedad cada vez menos inclusiva y que tienen una creciente resonancia en la comunicación social -visibilizadas a través del sistema de los medios de comunicación de masas-, resultan pertinentes las voces que pugnan por un reposicionamiento del papel del Estado como un factor que aliente la formulación y concreción, en el ámbito de los gobiernos, de políticas públicas de inclusión de los individuos en los distintos sistemas, a contrapelo de la complejidad de problemas que se están produciendo en la sociedad. Del lado de las periferias de la modernidad, recientemente la CEPAL ha ratificado su llamado a un replanteamiento de las políticas de la región, que desde una perspectiva más amplia aborde el problema de la profundización de las brechas de desigualdad, colocando el valor de la igualdad como el eje de políticas de desarrollo que tiendan a revertir las brechas socioeconómicas (^{Barcena y Prado, 2016: 11-12}). Para tal efecto, y conscientes de los problemas estructurales que afectan a la región, consideran que el papel del Estado es estratégico en esta búsqueda, que no se reduce a su injerencia mediadora en la economía, como también en la profundización de la democracia:

[El] Estado debe ocuparse de incrementar la participación de los sectores excluidos y vulnerables en los beneficios del crecimiento. El ejercicio pleno de los derechos y de una voz pública constituye y reafirma el vínculo entre la política, el desarrollo y la igualdad social (^{Barcena y Prado, 2016: 171}).

De manera paralela, a la luz de estas consideraciones, en los países latinoamericanos contemporáneos, en los que conviven gobiernos democráticos con problemas de exclusión social y de desigualdad, la construcción de límites al ejercicio del poder debe incorporar la construcción de instituciones sólidas. Una de ellas es la juridicidad. El fortalecimiento del Estado de derecho es una manifestación de que la Constitución, como expresión del acoplamiento estructural entre política y derecho, debe limitar a la política, sobre todo la que se ejerce sin mediaciones ni contenciones.

Consideraciones finales

Como se ha manifestado en lo expuesto, la teoría de la diferenciación funcional de la sociedad y, de manera específica, la distinción centro-periferia son recursos heurísticos para observar los contornos característicos de los sistemas políticos en la modernidad periférica. En ese sentido, como se aprecia en el cuerpo de este trabajo, los presupuestos lógico-epistemológicos de la teoría de la sociedad sirven de faro para la explicación de fenómenos propios de las formas políticas contemporáneas. A su vez, analíticamente estimulan la formulación de hipótesis auxiliares que den cuenta de la política en los países de la periferia latinoamericana.

En las modernidades periféricas, la falta de una autonomía de los diversos sistemas de la sociedad ha posibilitado la conformación de relaciones sociales en las que se produce una superposición de estructuras informales de poder que minan la capacidad del derecho para erigirse, de manera transversal a todos los sistemas y en el entorno externo de la sociedad, en el medio para que los procedimientos legales se generalicen como una premisa de decisión. Un fenómeno derivado de este proceso lo constituye la corrupción como un factor que debe tomarse en cuenta en los procesos de institucionalización de una política democrática: cómo aplicar las leyes y hacer valer las constituciones en países en los que el dinero es capaz de inhibir la aplicación de una sanción por parte de los tribunales, de orientar una elección política e incluso de facilitar un trámite administrativo. A ello se suma la desconfianza en los políticos y en los procedimientos normativos.