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Introducción
Hoy en día, varios estados están implicados, entre otros, en dos procesos importantes: en el ámbito económico, están inmersos en un proceso continuo de integración en la economía internacional; en el ámbito político y social, viven un proceso de profundización del sistema político (democracia, en general). Sin embargo, los dos procesos son complejos y se caracterizan a menudo por el olvido de “lo local”. Estas transiciones son aspectos centrales que influyen en las políticas socioeconómicas de dichos estados, así como en las condiciones de vida de los ciudadanos cuyas necesidades reales están siendo relegadas al tercer o último plano. Esta situación, sin lugar a dudas, ha generado procesos permanentes de pauperización de muchas personas y comunidades.
Por un lado, las investigaciones sobre las necesidades sociales han propiciado diferentes enfoques, generando innumerables definiciones de ese fenómeno. En efecto, por su carácter fundamentalmente dinámico, el estudio de las necesidades se ha vuelto objeto de controversias, ambigüedades y confusiones, dando por resultado la acientífica impresión de que la palabra o fenómeno de las necesidades es autoevidente y no es preciso reflexionar más sobre su esencia, significado y manifestaciones. Consideramos, en cambio, que es importante tomar la complejidad del concepto de necesidad no como una limitante, sino como un valor o un corolario positivo de una adaptación permanente a las realidades descritas o analizadas, debido a que remite a la interconexión de múltiples factores sociopolíticos, culturales y económicos.
Por otro lado, tanto el desarrollo local como las microfinanzas han de ser entendidos en sus múltiples dimensiones: económica, social, ambiental, política, cultural e institucional. En este sentido, ambas realidades pudieran fungir como estrategias de combate a la pobreza, generada por las necesidades de los individuos. En efecto, la pobreza no es sólo la existencia de necesidades básicas insatisfechas o reducidos ingresos económicos; es, también, falta de acceso equitativo a los activos y a las oportunidades que brinda la sociedad (Becker, 1995). Este argumento nos permite considerar a las necesidades como una categoría capaz de generar la pobreza y la marginación social. Por tanto, al reflexionar sobre algunas estrategias para combatir la pobreza hemos pensado en un método teóricamente funcional, a saber, el desarrollo local cuya potencialización puede lograrse mediante las microfinanzas.
El objetivo del presente artículo es precisamente explorar las diferentes aproximaciones teóricas a las nociones de desarrollo local y microfinanzas para establecerlas como herramientas de atención a las necesidades socioeconómicas de las personas con escasos recursos. Cabe destacar su carácter de reflexión teórico-conceptual, fundamentada en una revisión analítica de la literatura. En este sentido, consideramos a las necesidades como fuente de la pobreza que para ser atendida por las autoridades ha de ingresar en la agenda del gobierno como “problema público”; una vez incluida en dicha agenda, deben implementarse políticas públicas para enfrentarla. Ese acercamiento metodológico obedece a la convicción de que la visión de los tomadores de decisiones en los gobiernos sobre las necesidades sociales y sus consecuencias ha quedado corta y fragmentada.
El desarrollo local y las microfinanzas son herramientas fundamentales para atender las necesidades socioeconómicas de los individuos y por tanto ambas realidades son concebidas como herramientas de potencialización de las capacidades endógenas. Sin embargo, en muchos casos los gobiernos, con filosofías de desarrollo aproximativas y estrategias de toma de decisiones incongruentes, tienden a perderse en el complejo, amplio y turbulento ámbito de los segmentos de la economía, lo cual mitiga su potencial como medios de atención a las necesidades reales de los individuos y, por ende, catalizadores del desarrollo local.
En realidad, las acciones encaminadas a la recuperación del potencial de la ciudadanía en desventaja (pobres y marginados) deben fundamentarse en la búsqueda constante de equilibrio entre los imperativos de las políticas públicas y los objetivos sociales, con miras a obtener una visión compartida de los valores y los principios que modelan la sociedad. Esta perspectiva permite, por un lado, romper con un enfoque de desarrollo asistencialista-paternalista sin resultados integrales del desarrollo humano y, por el otro, establecer una base concreta para encauzar los esfuerzos que apuntan a armonizar el desarrollo económico y social a fin de que surjan “nuevas maneras de hacer”.
Las necesidades como fuente de la pobreza. Complejidad entre las necesidades y sus satisfactores desde el enfoque sistémico de Parsons y Hopenhayn
Las necesidades sociales: requerimientos comunes compartidos
El concepto de “necesidades” se refiere generalmente a cierto tipo de problemas que afronta un individuo o grupo de personas. Según Feinberg (1973), “en términos generales, se puede decir que si S necesita de X es porque resultaría perjudicado si no lo tuviera”. Es por ello que, en este artículo, al hablar de “necesidades” nos referimos a las “necesidades sociales”, definidas como una serie de requerimientos comunes y compartidos por una población. Para Durkheim (1982), por ejemplo, la sociedad cuenta entre sus atributos con el de poder definir sus propias necesidades y, en consecuencia, las necesidades sociales derivadas de las prácticas de consumo y de las exigencias morales precisas al funcionamiento de la sociedad han de hallar una fuente legítima de regulación.
Este acercamiento deja en claro que la sociedad en general y las personas que la conforman están sujetas a una extensa gama de necesidades; algunas son muy evidentes y fácilmente reconocibles (alimentación, descanso, respirar, beber), pero otras son más difíciles de identificar (autoestima, realización personal, etc.). La conceptualización de las necesidades tiene una marcada relevancia para la formulación de las políticas públicas y el diseño de los demás sistemas y subsistemas de protección social. Esto implica que la validez y relevancia de una política pública depende de la filosofía del gobierno sobre las necesidades de las personas.
Debido a su relevancia, numerosas investigaciones desde diferentes disciplinas y paradigmas se han dedicado a conceptualizar y sistematizar una tipología de necesidades, sin quedar clara la frontera entre las posturas teóricas. Lo significativo es que gran parte del debate teórico-conceptual sobre las necesidades se ha centrado en los dilemas universalización/relativización y subjetividad/objetividad de las necesidades.
Más allá de esos dilemas, las necesidades sociales provienen generalmente de las carencias reales de las personas, por el deseo de elevar su nivel de vida. El estudio de la satisfacción de las necesidades humanas ha dado lugar a diferentes teorías, como son el enfoque psicosociológico de Maslow, la teoría de desarrollo de las necesidades de Galtung y Wirak, el enfoque valorativo de Bradshaw, la teoría social de Ander-Egg, el enfoque ontológico de Agnes Heller, el universalismo de Doyal y Gough y el paradigma sistémico de Parsons y Hopenhayn. Asimismo, una de las metas de los gobiernos, en todos sus niveles –al menos a nivel discursivo–, es precisamente propiciar las condiciones para que los individuos puedan satisfacer sus necesidades. En este marco, nos interesa retomar la perspectiva sistémica de las necesidades sociales por su alcance integral.
Las necesidades como sistema complejo
La perspectiva sistémica de las necesidades parte de la hipótesis de que todo sistema social tiene cuatro imperativos funcionales que deben satisfacerse para que sobreviva el sistema: las necesidades económicas, las políticas, las de motivación y las de integración. Este enfoque se cristaliza en la caracterización del binomio necesidades/satisfacción. Partiendo del supuesto de que las necesidades son a la vez carencia y potencialidad, Parsons resume la relación dialógica que se establece entre las necesidades y su satisfacción con el axioma siguiente: según como se definan las necesidades humanas, varía tanto la forma como el contenido de las políticas impulsadas para satisfacerlas (Abercombrie, 1986: 156). Parsons considera que cada sistema económico y sociopolítico adopta diferentes estilos para satisfacer las necesidades humanas. En cada sistema, éstas se satisfacen (o no) a través de la generación (o no) de diversos tipos de satisfactores. En este sentido, uno de los aspectos que define a cualquier sistema es su elección de satisfactores.
Desde esta óptica, las necesidades no atendidas por mecanismos racionales de algún sistema deben, en una situación deseable, ser atendidas mediante la acción de una cierta institucionalidad pública responsable de canalizar determinados recursos para proveer el conocimiento, la infraestructura y la administración pertinentes para resolver, en la medida de los recursos disponibles, las carencias de las personas.
A diferencia de los enfoques lineales tradicionales (el enfoque psicosociológico de Maslow, la teoría del desarrollo de Galtung y Wirak, el enfoque valorativo de Bradshaw, la teoría social de Ander-Egg, el enfoque ontológico de Agnes Heller, el universalismo de Doyal y Gough, etc.), Parsons (1951) no adopta una secuencia de necesidades que se van satisfaciendo a lo largo del tiempo. Su enfoque sistémico reside en la premisa de que las necesidades humanas, según como sean satisfechas –o frustradas–, tienen modos específicos de incidir entre sí, por lo cual no es científicamente necesario formular una larga taxonomía de necesidades consideradas fundamentales (el caso de Maslow).
Esto significa que la complejidad del fenómeno de las necesidades impide adoptar una perspectiva lineal para su satisfacción, es decir, no se trata de resolver primero las necesidades de subsistencia (básicas) y, una vez superadas, pensar en necesidades superiores. Más bien, se trata de pensar cómo estas distintas necesidades pueden potenciarse entre sí para evitar que produzcan un efecto recíprocamente excluyente. Esto es trascendental si se parte de la consideración de que las necesidades son, al mismo tiempo, homogéneas, heterogéneas, de distinta índole, cuya satisfacción es indispensable para el desarrollo, tanto personal como social.
Esta visión de Parsons evoca en cierta medida el planteamiento sistémico de Edgar Morín, quien afirma que: “Todo sistema es uno y múltiple […] su diversidad es necesaria para su unidad y su unidad es necesaria para su diversidad” (Morin, 1994: 53). Al considerar a las necesidades como un sistema complejo, Parsons nos aleja de la relativización de las mismas. En efecto, no se trata de oponer o diferenciar unas necesidades de otras sino, por el contrario, de optimizar la forma de enfrentarlas mediante la potencialización de los satisfactores. En consecuencia, la calidad de los satisfactores depende no sólo del grado en que satisfacen determinadas carencias, sino muy especialmente del efecto sistémico que procuran, es decir, de cómo inciden de manera simultánea (o consecuente) en diversas necesidades.
Hopenhayn y la sistematización de los satisfactores
Hopenhayn (2003) explica de manera más ilustrativa la perspectiva compleja de Parsons, tomando arbitrariamente un grupo de las necesidades tradicionalmente reconocidas, como son subsistencia, protección, afecto, participación, conocimiento, creatividad, identidad y libertad. Los modos de satisfacción de dichas necesidades incluyen bienes, servicios, instituciones, valores, políticas públicas, formas de organización y actitudes, entre otras. Para cada uno de estos modos Hopenhayn selecciona un grupo de satisfactores: la alimentación sería un satisfactor de la necesidad de subsistencia; la vivienda lo sería tanto de la subsistencia como de la protección y puede llegar a ser también un satisfactor de identidad y de afecto; la salud, de subsistencia y protección; un modelo político democrático puede ser satisfactor de la necesidad de participación y de libertad; un modelo económico equitativo lo sería de necesidades tales como la protección y la participación; la educación es un satisfactor de la necesidad de conocimiento, pero también puede serlo de las de creatividad y de identidad; la familia es un satisfactor de necesidades tales como la protección, el afecto y la identidad.
En esta misma tónica, se consideran tres tipos distintos de satisfactores, según el efecto sistémico que producen sobre el conjunto de necesidades consideradas (subsistencia, protección, afecto, creatividad, participación, conocimiento, identidad y libertad). Se trata de los satisfactores inhibidores, singulares y sinérgicos.
Los satisfactores inhibidores son aquellos que, por el modo en que resuelven una necesidad determinada, obstruyen la posibilidad de satisfacer otras. En este caso, por ejemplo, el Estado represivo pretende ser un satisfactor de la necesidad de protección, pero niega la satisfacción de necesidades tales como la libertad, la participación y la identidad.
Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad y que no necesariamente inciden, ni positiva ni negativamente, sobre la satisfacción de otras necesidades. Por ejemplo, los programas de suministro de alimentos que resuelven un problema apremiante de subsistencia, tal y como el voto responde a la necesidad de participación ciudadana en la vida política.
Los satisfactores sinérgicos son aquellos que, por la forma en que sirven a una determinada necesidad, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras. Por ejemplo, la lactancia materna, que al resolver una necesidad de subsistencia, estimula la protección y el afecto; así como las formas productivas autogestionadas, que apuntan a la subsistencia, pero al mismo tiempo pueden estimular el desarrollo de conocimientos, de participación, de creatividad y de identidad.
Desde esta perspectiva sistémica, la pregunta clave que plantea Hopenhayn acerca de un desarrollo orientado a optimizar la satisfacción de necesidades múltiples es: ¿Qué modificaciones de criterios institucionales y de políticas públicas son oportunas para reducir al mínimo los satisfactores inhibidores y ampliar al máximo los sinérgicos, en función de los recursos disponibles, de las limitaciones estructurales existentes y de las potencialidades no aprovechadas?
Para encontrar una respuesta a esa interrogante es necesario concebir a las necesidades como un sistema complejo y pensar en el tipo de recursos afines a las formas en que distintos actores con identidad propia se insertan, se interrelacionan e interactúan en la dinámica funcional de los sistemas sociopolíticos y económicos. Esto obliga a priorizar la asignación y redistribución social de recursos, la articulación real y efectiva de los distintos actores de la toma de decisiones y de organizaciones productivas (formales e informales) en el proceso de desarrollo multidimensional de la sociedad; esto sin lugar a dudas redunda en una gama muy diversificada de expectativas sociales. En realidad, independientemente del paradigma con el que se les conciba, las necesidades son una fuente de problemas tanto para las personas que las tienen, como para el propio subsistema encargado de regular la dinámica funcional de la sociedad (el gobierno).
En definitiva, la definición de una “necesidad” está determinada por la relación entre problemas concretos y posibles respuestas o soluciones. Por lo tanto, la afirmación de Spicker (1993): “las necesidades son una fuente esencial de pobreza de las personas” encuentra todo su fundamento. La agudización de las necesidades básicas lleva a un grado de pobreza que está relacionada con la incapacidad de generar recursos para la subsistencia. El carácter dinámico de las necesidades alude a que el fenómeno de la pobreza se reinventa, se reconstituye y evoluciona permanentemente, debido a los cambios multidimensionales que acontecen en las sociedades. Asimismo, un aspecto relevante que nos interesa explorar es el vínculo o relación entre las necesidades sociales y el desarrollo local.
El desarrollo local: un desafío para las economías modernas
Algunos aspectos genéricos sobre el desarrollo local
La noción de desarrollo local está cargada de ambigüedades, controversias, imprecisiones y dificultades de definición, por lo cual su abordaje exige una lectura crítica de los paradigmas dominantes en los ámbitos académico y sociopolítico. En general, las reflexiones sobre el desarrollo local tienden a enfatizar las dimensiones antropo-sociológicas que existen entre los actores locales. A este argumento, Arocena (1995) increpa la tendencia a pensar el desarrollo local como algo aparte, sin contacto con lo regional, nacional o global. Para una compresión de los desafíos que enfrenta el desarrollo local es necesario incorporar en el análisis varios indicadores que abarcan, entre otros, las formas de gestión pública, el capital social, los esfuerzos asociativos, las relaciones económicas cooperativas y redes productivas, la pobreza, el rezago y la marginación social (Arocena, 1997).
En el marco del presente artículo, al hablar de desarrollo local nos referimos a la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas que pueden servir de herramienta para atender las necesidades sociales. Estas potencialidades pueden ser de origen individual, familiar, o bien comunitario (barrio o ciudad). Se trata de una serie de potencialidades de que dispone cada localidad con respecto a factores económicos, no económicos, recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, entre otros. Es decir, todos los factores decisivos que militan a favor del desarrollo económico local; se trata aquí de un proceso de transformación de la economía y de la sociedad para satisfacer sus necesidades, superando las dificultades y retos existentes. Acorde con esta argumentación, el desarrollo local se establece como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población, mediante una acción concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos, públicos y privados, tendiente a aprovechar de manera más eficiente y sustentable los recursos endógenos existentes (Pike, Rodríguez-Pose y Tomaney, 2006). Dicho proceso se da mediante la utilización de las capacidades emprendedoras de los actores involucrados en esa dinámica, lo cual puede llevar a la mitigación paulatina de las carencias individuales. En este enfoque también se considera la importancia del capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para potencializar los recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la implementación del desarrollo local.
En América Latina, es notorio que el crecimiento económico que ha experimentado la región no se ha acompañado de un aumento de la equidad ni de una disminución de la pobreza a nivel local. Esta situación indica que las dinámicas explicativas del desarrollo han “bajado” de escala. En realidad, es una muestra de que a medida que se reestructuran y se transforman radicalmente las economías locales, nacionales, regionales e internacionales se crean nuevas formas de organización social (Enríquez, 2011); las economías modernas tratan de reaccionar ante esas formas novedosas de organización para conectarse con los desafíos de un mundo cada vez más competitivo e interdependiente.
En Europa, entre los años 1980 y 1990 surgió un considerable número de iniciativas para el sostenimiento de la economía local por parte de actores (públicos y privados) que respondían a necesidades de la economía y de la sociedad, con la experimentación de nuevos modelos de intervención y concertación local. Este interés nació a raíz de trabajos de investigación sobre los “pioneros” del desarrollo económico local para reforzar las potencialidades del desarrollo endógeno. Este proceso se ha instrumentado con un conjunto de acciones políticas surgidas de una nueva problemática regional, que ha dado lugar a nuevos modelos de desarrollo en Europa. Diversos programas comunitarios auspician este tipo de iniciativas. Paunero, Sánchez y Corona (2007) afirman que se han estudiado múltiples experiencias de desarrollo local en algunos países del Magrebh y en varios países europeos (Francia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Portugal, Italia, España y Grecia), en los que destaca, por lo general, un fenómeno de descentralización que ha permitido que las micro y pequeñas empresas pudiesen modificar su estructura empresarial en función de las necesidades ciudadanas y de las jerarquías urbanas. En su mayoría, estos procesos se han consolidado y fortalecido gracias al auto-emprendimiento sostenido por una economía dual entre los sectores formal e informal.
En Asia, en general, las economías se enfrentan continuamente a desafíos que someten a su estructura social a “situaciones límite”; los cambios en el panorama económico internacional y la expansión de la globalización han propiciado nuevos enfoques de desarrollo orientados hacia lo local. Asimismo, para propiciar un desarrollo local integral desde la década de 1990 se ha llevado a cabo en Asia un conjunto de iniciativas de formación en colaboración con instituciones nacionales y regionales (Mballa, 2015). Se pueden mencionar los casos de la Universidad de Nanjing, con programas específicos desarrollados en China en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, soportadas por las microfinanzas; el Instituto Nacional de Trabajo V.V. Giri de la India, el Institute of Rural Management (NRSP-IRM) en Paquistán y la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Corea del Sur; esos actores han venido impulsando el desarrollo local como estrategia de atención a las necesidades locales.
En África, la noción de desarrollo local constituye el punto de confluencia de los derechos humanos fundamentales, ya que se le considera el derecho de toda persona a participar y contribuir plenamente al proceso de construcción de la integridad humana. Esto se refleja en que en África subsahariana, principalmente, el desarrollo local busca reconciliar al ser humano consigo mismo, con la sociedad, con su entorno y con las futuras generaciones. La historia ha demostrado que los proyectos de desarrollo realizados desde Occidente por instituciones financieras (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.) han fracasado porque no corresponden a las necesidades reales de los pueblos africanos. Ello explica por qué, a pesar de la inyección de millones de dólares durante las tres últimas décadas, la mayoría de los países africanos no entran en la lógica de desarrollo de sus proveedores de fondos. En realidad, no se trata de la cantidad de dinero que se invierta para impulsar el desarrollo de África, sino de un cambio de estructuras y de estrategias de desarrollo (Mballa, 2009).
En México, el desarrollo local representa un desafío importante y se encuentra asociado a una gran desigualdad en el modo de distribución de la riqueza nacional. Asimismo, las necesidades del pueblo mexicano tienen muchas dimensiones, como son: las capacidades humanas (educación, salud, seguridad), el acceso a la infraestructura, los ingresos, la vulnerabilidad y la exclusión/marginación social (García, 2004). La negación de estas múltiples dimensiones y realidades puede concebirse como una aproximación imperfecta a la noción de bienestar en términos de libertad (o capacidad) de una persona para elegir el manejo de su vida. Esto depende en gran medida de la conjunción de los polos de toma de decisiones de los gobiernos, así como de las capacidades de los ciudadanos y de su habilidad para convertirse en “seres y haceres” (Mballa, 2013). Dicha habilidad está determinada por el contexto político-económico en el que vive la gente en México.
El desarrollo local como medio de atención a los atributos de las necesidades sociales
A partir del planteamiento anterior, las necesidades emergen como una de las principales fuentes de la pobreza. Las experiencias y teorías de desarrollo en América Latina han demostrado que gran parte de las estrategias de combate a la pobreza se fundamentan en un enfoque generalmente asistencialista-paternalista, que en vez de mitigarla, la nutre y la perpetúa. Sin embargo, un enfoque de políticas públicas orientado hacia el desarrollo local para atender las necesidades sociales y mitigar la pobreza subsecuente puede romper con los efectos contraproducentes del asistencialismo institucionalizado a través de los programas sociales.
En este sentido, la propia complejidad para conceptualizar el desarrollo local requiere ipso facto de un análisis de los atributos que enmarcan la problemática de las necesidades sociales en todos sus aspectos (Mballa, 2015). Esto implica contemplar, al menos:
la presencia o ausencia de cortes culturales;
la presencia o ausencia de cortes étnicos, raciales y/o religiosos;
la presencia o ausencia de cortes regionales y/o geográficos;
la presencia o ausencia de condiciones “estacionales” (por ejemplo, “nuevos” pobres versus pobres “históricos”);
el impacto diferencial de la pobreza sobre diversos subgrupos vulnerables (la pobreza tiene un impacto distinto según se trate de mujeres, niños, adolescentes, hombres o discapacitados).
Este acercamiento demuestra la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo local y el grado de pobreza que puede padecer la población local. Obviamente, ambas realidades tienen aspectos multidimensionales e interrelacionados y sus efectos sociopolíticos y económicos en la sociedad son amplios y profundos. Como bien lo puntualizan Villarespe y Sosa (2008), aunque la pobreza haya existido desde hace siglos, su concepción y contenido han cambiado de acuerdo con los procesos y mecanismos de cohesión social que operan en cada momento del desarrollo local.
En México, la distribución desigual de la riqueza ha concentrado los ingresos nacionales en ciertos sectores (exportación de bienes y servicios), descuidando a otros, como el sector agrícola y la pequeña y mediana empresa de los que depende en gran medida la población local. Por tales razones, una política de desarrollo necesita de la voluntad política de los diferentes agentes económicos federales, estatales y municipales, además de la voluntad empresarial, para apostar por “lo local” y su desarrollo.
Para ello hace falta una política de Estado que se preocupe más por la revitalización del entorno local y por los que menos tienen. Para los protagonistas de la toma de decisiones (la administración pública, en particular) esto implica darle un rostro humano a la política económica y social local. En este sentido, el desarrollo local, desde su esencia, debe influir en la búsqueda de atención a las necesidades sociales y, por ende, en la lucha contra la pobreza.
Asimismo, una forma de luchar contra la pobreza y fomentar a la vez el desarrollo local es, sin duda, aprovechar el potencial endógeno de los actores locales. Si no se logra establecer una correlación directa entre la pobreza y sus efectos, se corre el riesgo de limitarse a “compensar” los efectos excluyentes de la situación económica y social en términos genéricos. En efecto, el análisis de las experiencias de desarrollo local lleva a cuestionar las concepciones y programas tradicionales de desarrollo que han sido dominantes en las últimas décadas y que no han alcanzado, en la práctica, los resultados deseados.
Ahora bien, si es cierto que, desde una perspectiva de desarrollo local, todas las capas sociales deben participar en el proceso, también es verdad que el proyecto de desarrollo tiene que ser protagonizado por una élite, la cual, mediante un efecto osmótico, debe conducir a los demás actores hacia esa dinámica de desarrollo. En este sentido, Arocena (1995) considera indispensable la participación de un conjunto de actores, entre otros: los gobiernos (en todos sus niveles), las empresas (de todo tipo), los centros de formación y/o capacitación, los institutos de investigación (academia) y la sociedad civil organizada. Dichos actores deben asumir el papel de transformadores de su propia realidad en el ámbito socioeconómico para asegurar una mayor eficiencia, eficacia y flexibilidad en el funcionamiento de las estructuras sociales, incorporando nuevas formas de organización, alejadas del burocratismo y más cercanas a la ciudadanía.
Una estrategia eficiente para impulsar el desarrollo local, con la meta de atender las necesidades sociales, es sin duda el microfinanciamiento de los proyectos de desarrollo; esto nos lleva a explorar el contenido epistemológico del concepto de “microfinanzas” y su importancia para la implementación del desarrollo local.
Las microfinanzas en los debates teóricos
La microfinanza y sus características
El término “microfinanzas” hace referencia a la prestación de servicios financieros a personas o grupos cuyo acceso a los sistemas bancarios tradicionales es limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica; es decir, a actores con bajos niveles de ingresos, consideraros como clientes no confiables por los bancos. Dichos servicios financieros pueden ser mecanismos de ahorro, de inversión o préstamo, entre otros. Según el Banco Mundial, las microfinanzas se refieren a la prestación de servicios financieros formales para las personas pobres, de bajos ingresos, no asalariadas, así como para otras personas sistemáticamente excluidas del sistema financiero. Aquí, la palabra “formal” se refiere a servicios prestados por una institución que está inscripta legalmente en el registro de una autoridad pública (Banco Mundial, 2012). En este sentido, las microfinanzas abarcan no sólo una variedad de productos crediticios para fines de atención a las necesidades económicas de los clientes en desventaja, sino también el ahorro, las transferencias de dinero y los seguros.
En realidad, las microfinanzas como sistema de financiamiento de la economía incluyen tanto la intermediación financiera, como la intermediación social, lo que significa que además de otorgar servicios de crédito, ahorro y seguro, también contribuyen a la formación de grupos de interés social, fomentando el desarrollo de la confianza. Desde esta perspectiva, se establecen como herramientas no sólo de atención a las necesidades sociales, sino también como mecanismos de fomento del desarrollo local.
Surgen en la década de 1970 a raíz de varios trabajos de investigación del economista Muhammad Yunus, profesor universitario en Bangladesh. La hipótesis de que los diversos modelos económicos desarrollados limitaban al individuo a la función de “consumidor” llevó a Yunus a cuestionar la improductividad, la utilidad y la aplicabilidad de la teoría económica y, por ende, la desviación de la economía de su objetivo final: el bienestar individual y social (Valverde, 2010). En efecto, la desvinculación de la economía de su vocación social ha propiciado un error de óptica: “la realidad ha de aprender de la teoría, de la dificultad de su aplicación social y de la política” (Vontrat, 2008).
Hoy en día, las microfinanzas constituyen un creciente actor de suministro de servicios financieros a un sector de la población económicamente activa. Hasta hace poco, se concentraban principalmente en el suministro de microcréditos para las microempresas, pero actualmente proveen toda una gama de servicios financieros a empresas, unidades familiares pobres y personas físicas. Asimismo, existen tres tipos de modalidades de microfinanciamiento: el crédito individual, el crédito mancomunado y el crédito solidario (Pérez, 2003). Los préstamos individuales consisten en la provisión de crédito a personas que no pertenecen a algún grupo responsable, de forma colectiva, del pago del préstamo. En la modalidad mancomunada de la microfinanza, los clientes por lo general trabajan en el sector informal y necesitan un capital para adquirir activos fijos. Los préstamos solidarios, por su parte, se otorgan a grupos de personas (por lo general, mujeres) en condiciones similares y no emparentadas entre sí.
El método de las microfinanzas fue desarrollado por el Banco Grameen de Bangladesh para atender a mujeres del área rural que necesitaban un financiamiento para llevar a cabo alguna actividad económica. En la actualidad, ese método se ha reproducido de forma exponencial en Asia, África y América Latina. Pérez (2003) menciona que los grupos tipo Grameen Bank (crédito solidario) de 15 a 30 mujeres son mucho más numerosos que los grupos tipo BanGente (crédito mancomunado), el cual consta típicamente de cuatro mujeres u hombres. Asimismo, el crédito es uno solo y, en el caso Grameen Bank, es repartido por la líder del grupo. El crédito es repartido por la misma institución en el caso BanGente.
El surgimiento del microfinanciamiento ha propiciado varios debates teóricos en la academia entre los investigadores del tema. Nos interesa abordar tres corrientes o tendencias que sobresalen en el modo de explicación de la dinámica funcional de las microfinanzas, representadas por los minimalistas, los maximalistas y el enfoque integral.
La perspectiva minimalista o modelo de intervención ante las necesidades sociales
El enfoque minimalista plantea que las microfinanzas han de focalizarse en la esfera financiera de su actividad y sólo referirse a la esfera social de su clientela de manera indirecta. Esta perspectiva considera a las microfinanzas como la principal forma de crecimiento del emprendedor con bajos recursos económicos. Asume que la metodología adoptada por las instituciones de microfinanzas debe modificarse constantemente para ajustarse a la situación real de los clientes, lo cual supone desarrollar la capacidad de analizar las condiciones reales de los clientes desde una visión social. Esta tendencia implica proveer toda la información necesaria para tomar decisiones de crédito adecuadas a los solicitantes, que como ya se ha mencionado son considerados como clientes a riesgo por las instituciones bancarias tradicionales.
Una de las hipótesis centrales de los representantes del minimalismo es que la puesta en marcha de una organización de microfinanzas permite mejorar el acceso a los servicios financieros permanentes a un costo menos elevado para el prestatario, lo cual tiene un impacto social debido a que propicia que se mitiguen algunas necesidades de las personas. En consecuencia, esto autoriza al prestatario a diversificar las modalidades de asignación de los préstamos, con la idea de que a mayor rentabilidad de las instituciones de microfinanzas, mayores probabilidades de satisfacer las necesidades socioeconómicas de la ciudadanía en desventaja.
Iglesias (2008) menciona que los minimalistas ven a las microfinanzas no sólo como una reacción a los problemas de “desarrollo local integrado”, sino también como un modelo de intervención frente a las necesidades interconectadas de las comunidades de bajos recursos. Según Renaud e Iglesias (2008), la especialización en las modalidades de microfinanciamiento es necesaria para alcanzar la efectividad del desarrollo local, a través de la oferta de un servicio crediticio eficiente. En este sentido, las instituciones de microfinanzas orientan sus actividades crediticias hacia sectores muy específicos, lo cual tiende a encarecer los costos, sin que ello se traduzca en beneficios tangibles y significativos para los clientes. Los minimalistas adoptan una postura descentralizadora para el ejercicio de las microfinanzas: “Dejemos a los banqueros ser banqueros” y dejemos que otros, con distintas aptitudes y experiencias, se hagan cargo de las otras necesidades y aspiraciones de comunidades con desventajas financieras.
En resumen, al concebir a las microfinanzas como una actividad financiera progresista, la consideran una herramienta de crecimiento y de consolidación del mercado crediticio. Esta tendencia sin lugar a dudas erige al microfinanciamiento no sólo como una seria opción de atención a las necesidades sociales, sino también como una herramienta de apoyo al desarrollo local.
El enfoque maximalista: orientación hacia el impacto social
El enfoque maximalista considera que las microfinanzas han de enfatizar el impacto social directo de los servicios financieros. Su meta principal está enfocada en el proceso de mejoramiento de las condiciones sociales de los beneficiarios (salud, educación, participación social, alimentación, vivienda, etc.). Es un enfoque que encuentra su esencia en la óptica asistencialista de gran parte de las ONG de América Latina, Asia y África, principalmente.
Vontrat (2008) plantea que los representantes del maximalismo podrían asociarse a la Development School, por considerar a las microfinanzas, ante todo, como un instrumento de desarrollo. Por su parte, el maximalista Christen (2001) estima que las microfinanzas “pertenecen a la misma categoría que los programas que se concentran en la lucha contra el SIDA, la mortalidad infantil o el analfabetismo. Ninguno de estos programas es evaluado con base en su rentabilidad, pero sí en función de su eficacia en atender a las poblaciones más desfavorecidas”.
Desde esta perspectiva teórica, el microfinanciamiento está estrechamente ligado a los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (ODM): “las microfinanzas, a través de servicios financieros permanentes proporcionados a los pobres, contribuyen a alcanzar los ODM” (Vontrat, 2008), siendo motores de toda expresión organizacional a favor de la atención a las necesidades económicas y financieras de los pobres. Los maximalistas se inclinan fundamentalmente hacia los impactos sociales de los servicios microfinancieros, de manera que han considerado al “Año 2005” como el “año internacional de las microfinanzas”, mismo que se cristalizó en la Cumbre de Halifax de 2006.
Vale la pena destacar aquí este acontecimiento llevado a cabo con base en la perspectiva maximalista de las microfinanzas. Halifax, 12 de noviembre de 2006: el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, la Reina Sofía de España, Peter MacKay –entonces ministro de Relaciones Exteriores de Canadá– y miles de delegados, incluyendo ministros de Estado y especialistas en microcréditos, así como representantes de la Fundación Bill y Melinda Gates, viajaron a Halifax, provenientes de cerca de cien países para participar en la cumbre internacional sobre microfinanzas, “El microcrédito y el desarrollo”. Este histórico encuentro se centró en la búsqueda de sistemas capaces de sacar de la pobreza extrema a millones de personas. El Premio Nobel de la Paz, en su discurso de apertura del encuentro, dijo a los delegados: “Hagamos de ésta una cumbre histórica, estableciendo estrategias eficaces para crear un mundo sin pobreza […] Aquellos que dudaron de nosotros, esperamos que ahora se unan a esta legítima causa a través de la potencialización de las microfinanzas.”
En este enfoque, los objetivos de las microfinanzas se focalizan en tres aspectos principales:
Atender las necesidades económicas y financieras para abatir la pobreza.
Reforzar la autonomía y la capacidad emprendedora de las personas y principalmente de las mujeres: “La autonomía de las personas constituye la razón de ser de las microfinanzas”;1 “Todas las naciones que han logrado su grandeza lo han hecho concediendo a las mujeres el respeto que les corresponde.”2
Asegurar un impacto positivo y medible sobre el nivel y condiciones de vida de los usuarios de las microfinanzas y sus familias (salud, educación, alimentación, vivienda, etc.). “El microcrédito tiene un impacto muy favorable sobre la pobreza y, a su vez, en la nutrición, salud y educación”.3
El enfoque maximalista es el que predomina en América Latina, África, Asia y gran parte de los países en vías de desarrollo. Consideramos que esta perspectiva conduce a la subjetivación de los procesos de cuantificación de la actividad microfinanciera, a través de proveer datos inexactos y de un manejo inadecuado de los múltiples actores. Según Vontrat (2008), esta tendencia deriva principalmente en el sobredimensionamiento y el “inflamiento” artificial de las microfinanzas.
El enfoque integral o la sustentabilidad de los servicios microfinancieros
El enfoque integral considera a las microfinanzas como una herramienta multidimensional y multifacética proyectada hacia metas que trascienden el ámbito estrictamente económico. El argumento central de ese enfoque es que la gente de muy bajos recursos necesita proyectarse a las causas y efectos de la pobreza; esto implica ver mucho más allá del logro de algunas mejoras en las condiciones de vida, mediante la implementación de pequeños negocios. Este enfoque, por tanto, combina servicios financieros y no financieros.
Las instituciones que siguen este camino tienen como reto principal el logro de la sustentabilidad de las microfinanzas, lo cual implica costos mucho más altos en la realización de las acciones financieras. Valverde (2010) subraya algunos rasgos esenciales de este enfoque:
Orientación y apoyo a los clientes para generar autoempleo y creación de microempresas.
Esfuerzo por llegar a un gran número de personas con pequeños créditos.
Integración del servicio con temas de salud, educación, empleo y otros.
Orientación hacia el empoderamiento de las mujeres.
El cuestionamiento principal que plantea el enfoque integral al minimalista es si basta con crear mayores condiciones de accesibilidad al crédito y al ahorro (que implica la maximización de la ganancia) para lograr un impacto en las necesidades financieras de los individuos, en sus esfuerzos de lucha contra la pobreza. Para contrarrestar esa deficiencia estructural de los minimalistas el enfoque integral puntualiza los lazos existentes entre la dinámica dentro de los hogares, la comunidad, el mercado y el Estado y, por ende, plantea la necesidad de modificar los factores estructurales (sociales, económicos, políticos y legales) que impiden el acceso de la población carenciada al mercado financiero y/o interfieren con sus derechos de control sobre el uso de las microfinanzas (Iglesias, 2008). Este enfoque reconoce la naturaleza multidimensional de las necesidades socioeconómicas que producen la pobreza de millones de personas, por lo cual resulta imperativo atender esas necesidades mediante la implementación de distintos instrumentos microfinancieros.
Esto significa que el microfinanciamiento para ser efectivo y eficaz debe plantearse desde una perspectiva integral, considerando todos los elementos que configuran el contexto en el cual viven las familias. Dicho enfoque reconoce la importancia de la capacitación y/o asistencia técnica a los prestatarios de las instituciones de microfinanciamiento, con el objetivo de generar actividades sustentables y generadoras de excedente económico. En este sentido, Renaud e Iglesias (2008) consideran que las microfinanzas no se deben resumir sólo a una redistribución de recursos financieros, sino que deben estimular el mejor uso de éstos a través de la potencialización de mecanismos de acumulación de capital para la población económica y financieramente en desventaja.
La implementación del enfoque integral significa otorgar a los prestatarios una combinación coordinada y planificada de servicios microfinancieros para mejorar sus microemprendimientos, ingresos, bienes, salud, nutrición, planificación familiar, educación de sus niños, redes de apoyo social, etcétera. Esto puede apreciarse de mejor manera con las iniciativas de implementación de las incubadoras de negocios con un enfoque meramente social. Esas incubadoras otorgan un espacio integral a las personas sin recursos financieros, además de brindar una serie de servicios que van desde la capacitación, la motivación, la generación del potencial emprendedor hasta la creación y consolidación de microempresas (Vázquez, 1996). En realidad, diversas instituciones han respondido exitosamente al reto de integrar las microfinanzas desde esta perspectiva, sin comprometer la sostenibilidad de sus operaciones financieras y generales.
El microcrédito como instrumento para el fortalecimiento de las capacidades productivas locales
El microcrédito representa una de las formas concretas de implementación o ejercicio de las microfinanzas. Los tres enfoques de análisis que se han presentado en la sección precedente (minimalista, maximalista e integral) coinciden en que el microcrédito es un pequeño préstamo otorgado a personas pobres que no pueden acceder a los préstamos que otorga un banco tradicional o convencional. Esta herramienta ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor como instrumento para el desarrollo de sectores sociales de bajos recursos, que suelen estar excluidos de los circuitos bancarios. El microcrédito se erige como un instrumento para el fortalecimiento de las capacidades productivas, bajo la hipótesis de que hacer de las personas de menores ingresos sujetos de crédito en términos de confianza constituye una estrategia de inclusión social y de combate a la pobreza. La tabla 1 muestra la visión del microcrédito desde algunos enfoque teóricos:
Tabla 1 Concepción del microcrédito desde algunos enfoques teóricos
| Enfoque teórico | Planteamiento |
|---|---|
| Realismo político | El microcrédito es una herramienta de poder que permite a algunos actores mantener el dominio sobre otros. El microcrédito en este enfoque se concibe en términos utilitarios. |
| Liberalismo | El microcrédito surge por la necesidad de establecer relaciones de interdependencia entre los actores del Estado (los que piden el microcrédito y los que lo otorgan). En este sentido, las instituciones y regímenes constitucionales se encargan de regular las modalidades de estas relaciones para que sean benéficas a todos los actores involucrados en su dinámica funcional. |
| Síntesis neorrealismo- neoliberalismo (debate neo-neo) | Estos dos enfoques, siendo racionalistas, admiten que el microcrédito surge por cuestiones de intereses y estrategias de negociación e intercambios. Ven al microcrédito en términos utilitarios. Es decir, plantean la problemática de cómo las condiciones estructurales del poder y de la autoridad dentro de unidades territoriales soberanas pueden emplearse para fortalecer la posición de un grupo de actores frente a otros. |
| Pluralismo | Este enfoque pone énfasis en la diversidad de actores (Estado, empresas transnacionales, instituciones, influencia de las élites, etc.). Una ampliación de los patrones de comunicación y de intercambio entre diferentes actores puede reforzar el grado de relaciones utilitarias. En este sentido, el microcrédito implica prácticas lo suficientemente fuertes para asegurar, durante largo tiempo, expectativas confiables de intercambio de capital entre varios actores. |
Fuente: elaboración propia.
De lo que hasta el momento se ha planteado destaca que la función esencial del microcrédito es la de posibilitar que las personas sin recursos puedan satisfacer sus necesidades económicas y financieras. En efecto, existen diferencias entre el crédito convencional y el microcrédito. Esencialmente, las diferencias pueden agruparse en tres áreas: metodología crediticia, integración de la cartera de préstamos y características institucionales. Estas diferencias son explicadas por la base no tradicional de clientes de las instituciones de microfinanzas: personas autoempleadas, de bajos ingresos, que carecen de garantías o cuyas garantías son inadecuadas. Las instituciones de microfinanzas a menudo exigen a sus clientes que realicen los pagos en forma semanal o quincenal. Este plan de repago tiene relación con el ciclo económico subyacente del microempresario cuyos ingresos y gastos por lo general suceden en intervalos semanales.
Si bien se trata de una herramienta surgida por iniciativa de instituciones privadas, como organizaciones no gubernamentales e instituciones de microfinanzas, el microcrédito ha sido incorporado en las estrategias públicas dirigidas a las microempresas (Foschiatto y Stumpo, 2006). En los últimos años, se observa que van en aumento las políticas municipales de microcrédito, a través de las cuales se fomenta el desarrollo de micro y pequeñas empresas en el marco de una estrategia destinada al fortalecimiento de la capacidad productiva local. Según Foschiatto y Stumpo (2006), estas iniciativas van más allá de la lógica de asistencialismo o paternalismo que en el pasado ha caracterizado las intervenciones públicas orientadas a los sectores de la población con menores recursos; además, responden al propósito de desarrollar unidades productivas de menor tamaño, que puedan aportar más fácilmente el crecimiento y el bienestar de las personas y sus familias a nivel local.
Como lo plantean Boza, Wood y Báez (2008), la filosofía original del microcrédito es proporcionar al usuario un crédito de pequeña cuantía para realizar una actividad económica susceptible de comercialización, confiriéndole un estatus de independencia económica del que antes carecía. Asimismo, su gestión se ve condicionada por una serie de factores: aquellos que influyen en su eficacia, medida en términos de ganancia y bienestar del beneficiario. Lo más importante es que dichos factores puedan influir en su eficiencia, es decir, en su rendimiento o en la relación entre los recursos económicos prestados y los recursos o beneficios obtenidos.
En este sentido, el microcrédito se vuelve un instrumento clave para fortalecer las capacidades productivas, no sólo de los individuos, sino también del desarrollo local. Un análisis sistemático de este instrumento permite plantear acciones que modifiquen inercias y reviertan los procesos económicos espaciales con la finalidad de estimular el desarrollo local. Se trata de elaborar un esquema de financiamiento equilibrado y sustentable, explotando las ventajas competitivas y comparativas del microcrédito, combinando el bienestar socioeconómico, el arraigo de la población con su territorio, con su cultura, su idiosincrasia y sus necesidades reales. Ése ha sido, por cierto, el gran reto que las microfinanzas no han logrado superar, generando muchas contradicciones y críticas acerca de sus alcances en el intento de atender las necesidades sociales y contribuir al desarrollo local. Esto nos lleva a explorar la otra cara de la moneda de las microfinanzas.
Limitaciones y desafíos prácticos de las microfinanzas: focalización hacia el impacto social
En el informe titulado Servicios bancarios para los pobres: El microcrédito no basta, los sectores pobres necesitan otros servicios financieros, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con motivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 2002, se advirtió sobre los efectos negativos de las microfinanzas (FAO, 2002). De igual forma, en el simposio internacional “Experiencias y Desafíos en Microfinanzas y Desarrollo Rural”, organizado conjuntamente por el Programa de Servicios Financieros Rurales en la Sierra Norte de Ecuador, el Banco Solidario y la Fundación Alternativa, bajo el auspicio del Reino de Bélgica, a través de la Cooperación Técnica Belga en Quito, Ecuador, en octubre de 2003, se analizaron las diferentes experiencias de las microfinanzas. La recopilación de los trabajos de especialistas en microfinanzas que resultaron de dicho encuentro representa hoy en día un recurso conceptual sistematizado y práctico que permite analizar los límites y desafíos de las microfinanzas.
Uno de los mayores retos de las autoridades reguladoras de las microfinanzas es encontrar la forma de lograr un equilibrio entre, por un lado, el acceso a un producto microfinanciero y, por el otro, la estabilidad, la integridad financiera y la protección del cliente. Este equilibrio complejo y en constante evolución exige un análisis firme de los costos y beneficios de los productos microfinancieros. A consideración de los expertos en microfinanzas del Banco Mundial, principalmente del Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP, por sus siglas en inglés),4 la búsqueda de ese equilibrio es fundamental ya que con frecuencia un proceso de microfinanciamiento no sólo abarca al binomio prestador-cliente, sino también a otros organismos públicos, como los de protección al consumidor, las instituciones de promoción de la competencia, las organizaciones de bienestar social y las autoridades legales (Banco Mundial, 2012).
Asimismo, los problemas de diversa índole que surgen de la relación prestador-cliente han hecho de las diferentes experiencias de microfinanciamiento un blanco para las críticas y censuras. Gran parte de esas críticas tienden a enfatizar la ausencia de comunicación y coordinación sólidas entre los prestadores de servicios microfinancieros y las autoridades, dejando a la deriva y sin protección al cliente con necesidades reales. En efecto, dado que los sistemas locales y oficiosos no cuentan con mucho capital para otorgar préstamos, éstos no siempre pueden financiar inversiones más caras y por lo general tienen que limitar la concesión de créditos a unos cuantos deudores locales. Esto incrementa el riesgo de que la mayoría de los clientes no cumplan con el compromiso de pagar en tiempo y forma su deuda. Para poder enfrentar este riesgo los prestamistas tienden a cobrar intereses más altos, incluso en los préstamos para artículos de primera necesidad, lo cual atrapa a los deudores en la pobreza.
Fue por ello que, en pleno auge y efervescencia del microcrédito (2005-2006), algunos autores expertos en microfinanzas marcaron su postura crítica. Por un lado, María Rubio (2006), percibiendo sus efectos negativos, advirtió que el microcrédito era tan solo un dogma de fe para la opinión pública, pero que la realidad y los análisis más serios desmentían que fuera una panacea. Por otro lado, Carlos Gómez Gil (2006) culpó a los microcréditos de “bancarizar la pobreza” y “extender el capitalismo” al sector de los pobres; por ende, la estrategia de erradicar la pobreza a través del endeudamiento resulta ser muy cuestionable y peligrosa.
En la misma tónica, Dean Karlan y Jacob Appel (2011) han planteado que las microfinanzas son, en esencia, exclusivamente un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismo; éstas le dan al prestamista la oportunidad de incrementar sus ganancias a costa del pobre, que busca cualquier medio para satisfacer sus necesidades. En este sentido, se bosqueja una relación de fuerzas desiguales, con la potencialidad de mantener al pobre en su estatus, lo que Lourdes Angulo (2014) llama “hacer malabarismos con el dinero”; por lo cual, el problema de las microfinanzas no es su esencia, sino la forma en que se han estructurado, caracterizadas por una rotunda falta de evaluación de sus impactos multidimensionales.
Con base en esa serie de críticas, recientemente David Pérez (2014) llegó a la conclusión de que, si bien el inspirador de esta herramienta financiera (haciendo referencia a Muhammad Yunus) ganó el Premio Nobel, los datos no avalan su éxito. En realidad, las personas y comunidades que acceden a este instrumento de financiación están enfrentando serios problemas, como son el sobreendeudamiento, la pérdida de capital social, la doble o triple jornada laboral para las mujeres, con graves efectos colaterales relacionados con violencia doméstica, por la presión de los prestamistas, lo que ha llegado incluso a provocar dramáticas olas de suicidio, como la ocurrida en el estado Andhra Pradesh, en la India.
Independientemente del enfoque desde el cual se analicen las microfinanzas y más allá de las críticas subyacentes, existe en general una convergencia de ideales con respecto a la necesidad de lograr un impacto social sobre los pobres para mejorar sus condiciones socioeconómicas. La condición necesaria para profundizar el impacto social de las microfinanzas es la focalización y sustentabilidad de los servicios microfinancieros para la ciudadanía inmersa en situación de pobreza y vulnerabilidad social. La concreción de ello lleva implícitos ciertos aspectos que tienden a entrar en contradicción con la autosustentabilidad financiera de los proveedores de servicios microfinancieros.
Para financiar cualquier proyecto dándole una dimensión social y que pueda contribuir a la promoción del desarrollo local, el Dr. Steven Funk consideró que:
Ahora más que nunca los Wall Street del mundo necesitan entender que ellos deben acoger la reducción de la pobreza no sólo por razones éticas o morales, sino porque es un buen negocio para ellos [...] Éste es un mercado potencial que se desperdicia si se mira estrictamente desde la perspectiva del negocio. Los inversionistas comerciales son capaces de reunir grandes e impactantes cantidades de capital. Entre mayor sea el suministro de capital de inversión para las microfinanzas, mayor será el número de personas pobres que puedan servirse y mejor será la entrega de las microfinanzas para el beneficio de los pobres. Además, entre más se beneficien los pobres, más se beneficiará la raza humana (Funk, 2009: 14-15).
Asimismo, siendo una de las formas de implementación de las microfinanzas, el microcrédito se convierte en una de las herramientas para impulsar el desarrollo local y combatir la pobreza. Pero es importante mencionar que su ejercicio debe ir acompañado por otras acciones potencializadoras de las capacidades productivas de los individuos, independientemente de su situación económica.
Consideraciones finales
Orientar las microfinanzas hacia una óptica social es una operación conceptual de suma importancia que rebasa el deseo o voluntad de apoyar el desarrollo local y atender las necesidades económicas de los pobres, ya que resulta de un proceso de toma de decisiones con impactos multidimensionales. Es una cuestión de administración, en general, y de administración pública, en particular, que debería fundamentarse en una lógica de planificación institucional e interinstitucional para reducir la brecha entre los discursos políticos (que a menudo resultan vacíos y demagógicos a la hora de las elecciones) y la puesta en marcha de una verdadera política de desarrollo.
En este sentido, las microfinanzas necesitan asumir principios sistemáticos fundados no solamente en la innovación, sino y sobre todo en una planeación espacio-temporal para satisfacer de manera congruente las necesidades de las sociedades.
Es indispensable que se generen profundos cambios en el comportamiento de los diferentes actores, a partir de la combinación mínima de aspectos tales como:
El conocimiento del medio natural de los actores que solicitan los microcréditos, así como la relevancia y competitividad de sus proyectos.
El establecimiento de acciones basadas en información apropiada y compatible entre diferentes niveles de decisión del gobierno (local, estatal y federal, en su caso).
El cultivo de una auténtica coparticipación entre los solicitantes de microcréditos y los diferentes niveles administrativos y empresariales que los otorgan.
La implementación de un enfoque integrado de planificación y gestión de las políticas microfinancieras.
Por un lado, se puede destacar el importante papel que tiene el microfinanciamiento para la vivienda, la salud, la educación y el desempleo, como una forma de atender las necesidades locales que hacen más vulnerable a la población de bajos ingresos. En estos casos, los procesos de microfinanciamiento actúan como amortiguadores de esas necesidades que muchas veces afectan la actividad económica. En este orden de ideas, podría hablarse de un impacto directo cuando está dirigido a la satisfacción de necesidades básicas y de un impacto indirecto cuando posibilita el desarrollo de una actividad productiva que, a su vez, genera los ingresos necesarios y suficientes para que el usuario satisfaga sus necesidades (Rodríguez, 2008).
Por otro lado, es importante considerar que las microfinanzas deben plantearse mucho más allá de la finalidad de combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, para concebirse como un sistema de inclusión financiera de un país. En este sentido, Rodríguez (2008) estipula que los microcréditos evolucionan las formas de operar de las entidades financieras que los otorgan, con implicaciones económicas y financieras, generando un impacto directo de carácter micro y macroeconómico. Siendo así, las microfinanzas promueven necesaria y directamente el desarrollo microempresarial y, al hacerlo, suscitan el crecimiento y desarrollo económico local, transformándose en una herramienta de combate a la pobreza (Zarruk, 2005: 34).
Lo que tiende a ser innegable es que los pobres siempre van a requerir de los servicios de crédito, oficiosos u oficiales. Sin embargo, éstos no bastan; es necesario que se implementen sistemas integrados de ahorro y crédito que permitan a los pobres y vulnerables liberarse de las necesidades inmediatas (básicas) y sufragar su futuro. Es por eso que consideramos que una racionalización del microfinanciamiento es una operación intelectual de la mayor relevancia.
La racionalización en este contexto articula la relación entre el conocimiento y los hechos, es decir, entre las decisiones que se tomen sobre las políticas de combate a la pobreza y su ejecución efectiva. Este planteamiento debe verse no como un procedimiento absolutamente lineal o fragmentado, sino como un acercamiento integral a la interacción e interdependencia entre las múltiples variables de los procesos de microfinanzas; es en este sentido como logra percibirse la estrecha relación de poder que existe entre los prestadores de servicios microfinancieros y los pobres con necesidades reales.
Asimismo, una racionalización de las microfinanzas ha de propiciar nuevas fórmulas de economía social que no pasen necesariamente por el endeudamiento y el empobrecimiento generalizado. Se trata de idear e implementar innovadoras formas comunales de producción, sistemas avanzados de cooperativas y sociedades productivas. Ello implica articular los mecanismos que doten a la ciudadanía en desventaja de una financiación adecuada para su actividad emprendedora.
El campo de las microfinanzas ha experimentado una expansión que ha llevado al cuestionamiento del carácter social de la banca privada. A pesar de las críticas y reprobaciones de algunos sectores de la población, sobre todo las provenientes del sector académico, el éxito ha ido más allá de lo esperado al convertirse en una herramienta de combate al rezago social. Durante las últimas tres décadas, ha nacido un nuevo intermediario financiero. En realidad, al margen de la banca oficial y de los prestamistas informales, las instituciones de microfinanzas han revolucionado la financiación del desarrollo económico y social, habiéndose registrado una increíble expansión de estos programas, especialmente en Asia, África y América Latina.
Sobre el autor
Louis Valentin Mballa es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México). Es licenciado en Economía por la Universidad de Douala (Camerún), licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofia San José Mukasa de Yaoundé (Camerún), maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Ciencias Políticas por esta misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), del Seminario Permanente de Estudios Africanos, así como presidente de la Asociación Camerunesa en México. Sus líneas de investigación y de competencia son: administración pública, filosofía política, identidad y cultura en África, teoría de las relaciones internacionales, ética y responsabilidad social, teoría política, gobernabilidad, instituciones y organismos internacionales, manejo de conflictos, regionalismo, procesos de cooperación e integración en África, cooperación internacional, comunicación intercultural, y políticas públicas. Entre sus más recientes publicaciones destacan: (con Adonon Fabien) Organización de la Unidad Africana-Unión Africana, 50 años después. Seguridad, conflictos y liderazgos (2016); (con Mario E. Ibarra Cortés y Pablo Martínez González, coords.), Reformas estructurales, gobernabilidad, innovación y conocimiento. Alternativas para el cambio (2016) y “Public policies as a government challenge to fight against poverty in San Luis Potosí” (GE-International Journal of Management Research, 2015).
