Determinación del genocidio de Darfur

Para ^{Harff (2003: 58)}, un genocidio o un politicidio es la promoción, ejecución o consentimiento implícito de políticas sostenidas por élites gobernantes o sus agentes -o, en el caso de guerra civil, cualquiera de las autoridades contendientes-, que estén previstas para destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico comunitario, político o politizado.

La principal distinción entre ambos conceptos es que durante los genocidios los grupos atacados son definidos por los perpetradores en términos de sus características comunitarias, mientras en los politicidios, las víctimas son definidas con base en su oposición política al régimen y a los grupos dominantes.

^{Harff (2003: 59)} afirma que en los genocidios y politicidios los asesinatos nunca son accidentales ni actos llevados a cabo por individuos, sino bajo la dirección explícita o tácita de autoridades estatales -o aquellos que reclaman la autoridad estatal-. Con la finalidad de distinguir los casos de genocidio y politicidio de otros tipos de asesinatos que ocurren durante conflictos civiles, son propuestas las siguientes pautas:

Factores causales relacionados con el genocidio de Darfur

Con el objetivo de identificar condiciones generales bajo las cuales un gobierno y las autoridades rivales en guerras internas recurren al genocidio o politicidio, Harff desarrolla un modelo estructural integrado por seis variables o factores causales relacionados con su ocurrencia: la agitación política, los genocidios anteriores, la orientación ideológica de la élite gobernante, el tipo de régimen, el carácter étnico de la élite gobernante y la apertura comercial.

Este modelo es en gran parte politológico, pues se basa en factores relacionados con el sistema político y, particularmente, con atributos de la élite gobernante, además de considerar la influencia de la interdependencia internacional. Este sesgo se debe a que el genocidio es, en primera instancia, consecuencia de una decisión política que, además, requiere una capacidad de captación de recursos, organización y ejecución que generalmente solo los Estados y otras agrupaciones políticas logran acumular.

La segunda guerra civil sudanesa

En 1983 el presidente Yaafar Nimeiri (1969-1985) declaró a Sudán como un Estado islámico regido bajo la sharia (ley islámica) y abolió la Región Autónoma de Sudán del Sur, cancelando el Acuerdo de Adís Abeba. Tras esto, el sur se levantó en armas, iniciando la segunda guerra civil sudanesa (1983-2005).

La rebelión fue encabezada por el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés), con John Garang como líder principal. A pesar de que su base se encontraba en el sur, Garang era un ávido defensor de la unidad nacional y afirmaba que todas las minorías marginadas de Sudán conformaban en realidad una mayoría y, como tal, tenían derecho a gobernar. El carácter incluyente y el éxito de su movimiento atrajeron a varios grupos sudaneses del norte, como los nubios de Kordofán del Sur, quienes posteriormente serían atacados durante las campañas de contrainsurgencia del gobierno sudanés. La guerra se prolongó durante décadas, extendiendo la inestabilidad política a otras regiones del país.

En 2001 comenzó el proceso de paz gracias a que durante la presidencia de Bush los Estados Unidos de América (EUA) cambiaron su política con respecto al conflicto en Sudán, impulsando un acuerdo dirigido por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), con apoyo financiero, técnico y diplomático de las potencias occidentales. Una vez que la paz fuera alcanzada, los EUA comenzarían a normalizar sus relaciones con Sudán.

Poco tiempo después, tras los atentados del 11 de septiembre, cuyo supuesto principal organizador fue el antiguo protegido de Jartum, el gobierno sudanés comenzó una cercana relación de trabajo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) sobre contraterrorismo (^{Flint y De Waal, 2008: 181}).

La guerra de Darfur

Los orígenes de la guerra de Darfur pueden rastrearse en la marginación de la región de Darfur y la exclusión política de sus habitantes en general, especialmente de grupos africanos como los fur, los masalit y los zaghawa, entre otros, llevadas a cabo por los subsecuentes gobiernos sudaneses, constituidos predominantemente por miembros de los grupos árabes provenientes de la región del Nilo, en el norte del país.

A nivel regional, la guerra podría ser explicada a partir de la intensificación de los conflictos derivados de la competencia económica y política entre grupos árabes y africanos. Por una parte, el proceso de desertificación en la región provocó el desplazamiento de grupos sedentarios -en su mayoría africanos- a territorios más fértiles e irrigados y la reconfiguración de los patrones migratorios estacionales de grupos nómadas -mayoritariamente árabes-. Esto derivó en enfrentamientos territoriales entre ellos.

Por otra parte, la marginación económica, política y cultural de Darfur, consecuencia de las políticas de centralización y arabización del gobierno de Sudán, provocó el surgimiento de movimientos políticos regionales que desafiaron las imposiciones económicas, políticas y culturales de la élite gobernante. Ante esto, el gobierno central favoreció el predominio político de los grupos árabes en la región, con lo cual dichos movimientos políticos regionales fueron adquiriendo dimensiones étnicas. La competencia hostil generada entre los movimientos políticos que defendían los intereses de grupos árabes, por un lado, y los de grupos africanos, por el otro, aunada al desinterés del gobierno central en la resolución de las disputas, derivó en la etnización y en la intensificación de dichos conflictos.

De manera adicional, el flujo de armas automáticas en Darfur aumentó progresivamente a partir de los años ochenta, como consecuencia tanto de las incursiones de grupos armados involucrados en las guerras de Chad -autorizadas por el régimen como parte de su acuerdo con Muamar Gaddafi-, como de la provisión de armamento a grupos árabes por parte del gobierno sudanés.

La fecha más plausible es el 21 de julio de 2001 (^{Flint y De Waal, 2008: 82}), cuando un grupo de fur y zaghawa se reunió en Abu Gamra y juró ante el Corán defenderse de las políticas supremacistas árabes en Darfur.

En noviembre de 2001 el grupo hizo contacto con activistas masalit, para constituir el Frente de Liberación de Darfur, que posteriormente dio origen al SLA. El 25 de febrero de 2002 los rebeldes llevaron a cabo su primera operación conjunta al atacar una guarnición al sur de Jebel Marra, entre Nyala y Tur (^{Flint y De Waal, 2008: 83}).

Mientras la guerra comenzaba, en Darfur hubo sospechas entre los oficiales del gobierno acerca de la participación del SPLA con el objetivo de extender la guerra civil del sur a Darfur, y sobre una conspiración de al Turabi para destituir al régimen. Sin embargo, el SLA no tenía aspiraciones separatistas. Sus peticiones incluían la amnistía y el reconocimiento como movimiento político, un compromiso del gobierno para implementar proyectos de desarrollo en Darfur y un gobierno autónomo dentro de un sistema federal.

Los rebeldes se anunciaron públicamente en febrero de 2003. El primero fue el SLA, seguido por el segundo movimiento rebelde de Darfur, el JEM. El 25 de marzo los rebeldes se apoderaron de la guarnición de Tine, en la frontera con Chad, y capturaron grandes reservas de armamento y equipo. El JEM era visto por el gobierno como el ala militar del Partido del Congreso Popular (PCP), que representaba la mayor amenaza política para el Partido del Congreso Nacional (PCN) en Jartum.

En ese momento, las fuerzas armadas ya habían sido desplegadas con escasos resultados. Sin preparación para guerras en el desierto, el Ejército había perdido la mayoría de las batallas, dependiendo cada vez más de su fuerza aérea. A principios de abril elementos del gobierno y milicias janjawid ubicados en el área de Kutum habían atacado Ain Siro, base principal del SLA, con artillería, apoyados por bombarderos Antonov y helicópteros de combate que operaban desde la principal base aérea de Darfur, en El Fasher. Las aldeas de Sambo y Mangori fueron quemadas.

Informados de que el gobierno estaba planeando otro ataque, el 25 de abril los rebeldes atacaron la base aérea de El Fasher, destruyendo siete aviones, matando a más de setenta soldados, pilotos y técnicos, y capturando al general de división Ibrahim Bushra Ismail, junto a más de treinta de sus hombres y una importante cantidad de armamento. Este ataque marcó la transformación de la guerra de Darfur de una rebelión provincial, en un conflicto bélico de primera importancia para el aparato estatal de Sudán.

Jartum se negó a otorgar el reconocimiento político al SLA y se enfocó en movilizarse para una solución militar. Para esto se estableció un área de operaciones a lo largo de la frontera con Chad, se impuso un toque de queda en todo Darfur del Norte y más de ciento cincuenta personas fueron arrestadas (^{Flint y De Waal, 2008: 122}).

Según ^{O'Fahey (2006: 29)}, parecía estar desarrollándose una guerra de dos niveles: uno, en el que existía una intensificación de los conflictos locales sobre el control de los recursos y que interactuó con el segundo nivel, representado por la guerra entre los grupos rebeldes en contra de las fuerzas del gobierno y las milicias janjawid.

Vinculación con el genocidio

Según Harff, la agitación política es un cambio abrupto en la comunidad política que puede ser causado por la formación de un Estado o régimen a través de un conflicto violento, como una guerra internacional, una revolución, una rebelión anticolonial, una guerra separatista, un golpe de Estado o una transición de régimen.

Con respecto a esta idea, y con base en la revisión histórica realizada, puede afirmarse que, el que a partir de ahora será llamado el genocidio de Darfur, ocurrió en el contexto de dos casos de agitación política principales: la segunda fase de la guerra civil sudanesa y la guerra de Darfur, ambos conflictos civiles armados de gran magnitud que amenazaron al gobierno de Sudán.

En relación con la vinculación de este factor causal con la ocurrencia de un genocidio, Harff señala que mientras más intenso y persistente ha sido el conflicto, más probable es que las autoridades estén más amenazadas y más dispuestas a tomar medidas extremas, además de que cuanto mayor es el alcance de la disrupción política, mayores son las oportunidades para que las autoridades recurran al genocidio o politicidio para desafíos presentes y futuros.

La segunda fase de la guerra civil sudanesa, que ya se había prolongado por veinte años durante el inicio de las principales acciones genocidas del gobierno de Sudán y trajo como consecuencia la separación de la República de Sudán del Sur, región donde se encontraba la mayor parte del petróleo sudanés, representó una agitación política de gran magnitud, amenazando no únicamente los intereses económicos del gobierno de Sudán sino su permanencia en el poder.

El estallido de la guerra de Darfur, mientras el gobierno de Sudán se encontraba inmerso en la segunda fase de la guerra civil sudanesa, aunado a la incapacidad del ejército de Sudán para combatir a los ejércitos rebeldes en el desierto, generó una amenaza a la permanencia del régimen, que entonces decidió recurrir a "medidas extremas", es decir, una campaña de contrainsurgencia que resultó en la amenaza a la supervivencia de los grupos fur, masalit y zaghawa, principalmente, considerados como la base de apoyo de los rebeldes.

Además, la disrupción política generada por la rebelión, sumada a la representación de la guerra como un conflicto entre tribus árabes y africanas y a la utilización de las milicias janjawid como grupos paramilitares, creó condiciones y oportunidades más favorables para que el gobierno de Sudán recurriera efectivamente al genocidio.

Las milicias árabes

En julio de 1985, dos meses después del derrocamiento de Nimeiri, ante la incursión del SPLA en Kordofán y el riesgo de que la guerra se extendiera al norte, el presidente transitorio, el general islamista Abdel Rahman Suwar al Dahab, envió a su ministro de Defensa a Kordofán y a Darfur para movilizar a los grupos árabes contra el SPLA.

Para esta labor fueron seleccionados ex oficiales del ejército y comandantes ansar² para encabezar las milicias árabes, que fueron proveídas con armas y apoyo militar a cambio de libertad absoluta para apropiarse de las posesiones de grupos africanos, como los dinka y los nubios, sospechosos de apoyar a los rebeldes. Referidas eufemísticamente por oficiales como "fuerzas amistosas" y coloquialmente como murahaliin -nómadas- o fursan -jinetes-, estas milicias se volvieron notorias en abril de 1987, cuando más de mil dinka desplazados fueron asesinados a tiros y quemados vivos en Da'ien -Darfur sudoriental-, en represalia por ataques del SPLA contra milicianos árabes (^{Flint y De Waal, 2008: 23}).

Según ^{O'Fahey (2006: 26-27)}, la militarización de los conflictos se incrementó durante el gobierno democrático de Sadiq al Mahdi (1986-1989), a partir de que fueron entregadas armas a grupos árabes en el sur de Darfur, con el objetivo supuesto de defenderse del SPLA. Sin embargo, más tarde comenzaron a utilizar esas armas para resolver las pugnas con sus vecinos del norte, como los fur y los masalit.

Mientras tanto, beneficiado por las armas traídas de Libia, el gobierno de Sudán permitió que el coronel Muammar Gaddafi utilizara a Darfur como base militar para sus guerras contra Chad. Así, miles de tropas de la Legión Islámica y árabes chadianos cruzaron el desierto hacia Darfur, incrementando las tensiones entre los grupos de la región. Esto produjo una guerra entre los árabes y los fur (1987-1989), en que las milicias árabes, apoyadas y equipadas por el gobierno sudanés, llevaron a cabo miles de asesinatos, y cientos de aldeas de grupos africanos fueron quemadas.

Para 1988 la guerra chadiana se había transformado en bandidaje y despojo de tierras coordinados en Darfur. Hasta este momento, la palabra janjawid se había referido a bandas forajidas de beduinos, con raíces en las palabras árabes jim (la letra g, en referencia al rifle G3), jinn (diablo) y jawad (caballo). Sin embargo, durante ese período por primera vez fue utilizada para nombrar a una milicia étnica (^{Flint y De Waal, 2008: 54-55}).

En el marco de una conferencia intertribal, fue convenido un acuerdo de paz que puso fin a la guerra entre árabes y fur. Sin embargo, el presidente, interesado en su alianza estratégica con Libia, no tenía intenciones de hacer cumplir el acuerdo de paz. Esto provocó descontento entre la gente de Darfur, aunado a los problemas provocados por la falta de apoyo gubernamental ante la gran sequía de 1990 (^{Flint y De Waal, 2008: 24}).

Entonces, el SPLA encontró en Daud Bolad, un fur ex militante de los Hermanos Musulmanes, resentido por la discriminación étnica de la élite sudanesa del Nilo, una oportunidad de extenderse en Darfur, otra región con una mayoría africana oprimida y marginada.

Algunas tropas del SPLA lideradas por Daud Bolad y Abdel Aziz Adam al Hilu entraron a Darfur en diciembre de 1991. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a Jebel Marra, una fuerza conjunta del ejército y milicias fursan, integradas por árabes beni halba, los atacó. Bolad fue torturado y asesinado, mientras su red fue perseguida y desmantelada. En represalia por la rebelión, docenas de aldeas fur fueron quemadas. De acuerdo con ^{O'Fahey (2006: 27)}, fue en este período cuando las milicias árabes, en un principio llamadas murahilin y después janjawid, comenzaron a salir de control.

En lugar de consolidar las instituciones gubernamentales, el régimen islamista continuó con la antigua práctica de dividir y vencer, convirtiendo a los grupos étnicos en fuerzas paramilitares de contrainsurgencia de primera línea. De acuerdo con ^{Flint y De Waal (2008: 23)}, esta fue posiblemente la decisión más desastrosa de todas las guerras civiles sudanesas.

Estas milicias étnicas, apoyadas por inteligencia militar y bombardeo aéreo, tenían un modo de operación sistemático que incluía la quema de aldeas, violaciones, asesinatos y saqueos, y llevaron a cabo ataques en las regiones de Bahr el Ghazal, entre 1986 y 1988, en los Montes Nuba, entre 1992 y 1995, y en el Nilo superior, entre 1998 y 2003, además de otras regiones en menor escala.

Vinculación con el genocidio

Según ^{Harff (2003: 60)}, durante la primera guerra civil sudanesa fue llevado a cabo un politicidio con víctimas comunales, en el que fueron asesinadas entre 400 mil y 600 mil personas, mientras en la segunda fase de esta guerra, 2 millones de personas fueron exterminadas por distintos gobiernos sudaneses, llevando a cabo un segundo politicidio, con víctimas comunales en el país. Por lo tanto, el genocidio de Darfur fue precedido por dos politicidios con víctimas comunales, perpetrados por distintos gobiernos sudaneses, incluyendo al que encabeza el presidente Omar al Bashir.

Harff observa que los perpetradores de genocidio o politicidio a menudo son ofensores repetitivos, debido a que las élites y las fuerzas de seguridad pueden habituarse al asesinato de masas como una respuesta estratégica hacia los desafíos a la seguridad estatal y, también, porque los grupos atacados rara vez son destruidos en su totalidad.

En este sentido, el genocidio de Darfur ocurrió, en parte, debido a que el actual gobierno de Sudán y las milicias janjawid se encontraban habituados a recurrir a los asesinatos de masas como respuesta estratégica hacia los desafíos a la seguridad estatal originados por el avance del SPLA durante la segunda fase de la guerra civil sudanesa, además de utilizar milicias étnicas en los ataques de aldeas en Bahr el Ghazal (1986-1988), en los Montes Nuba (1992-1995) y en el Nilo Superior (1998-2003), y otras regiones en menor escala.

El islamismo

De acuerdo con ^{Sidahmed y Sidahmed (2005: 50)}, la relación entre el islam y el Estado ha sido una fuente de debate intensivo en relación con la forma constitucional del Estado, su sistema legal y la orientación cultural y sociopolítica general del país. También es un asunto que atraviesa el debate sobre la identidad del país: árabe/islámica, afro/árabe, africana o exclusivamente sudanesa.

Es importante señalar que, desde el principio de la vida independiente de Sudán, los principales partidos del norte estuvieron basados en afiliaciones sectarias o religiosas y, por lo tanto, eran considerados como poseedores de una orientación islámica en términos generales. Sin embargo, estos partidos no lideraron una yihad islámica en contra del Estado imperial dominado por los británicos, ni buscaron un estado islámico alternativo a este después de la Independencia.

Sin embargo, cuando el Frente Islámico Nacional (FIN) se unió al gobierno, su principal justificación para volverse parte de la coalición gobernante fue el fomento de la imposición de leyes islámicas en Sudán. De esta forma, el nuevo régimen construyó su legimitidad sobre la imposición de la sharia y la islamización del Estado y la sociedad (^{Sidahmed y Sidahmed, 2005: 52)}.

El principal objetivo ideológico del régimen era la reconstrucción del Estado sudanés con el partido y un individuo como el centro de poder. Después de reprimir y perseguir a la oposición y controlar a los órganos estatales, el gobierno se movilizó para islamizar al país.

Para esto fue elaborado un plan integral de transformación social, el "proyecto de civilización" y la "llamada integral a Dios", con la finalidad de construir una república islámica y consolidar un nuevo electorado islamista. Una pieza central para lograr el cambio de acuerdo con el plan del régimen fue la creación del Ministerio de Planificación Social, establecido en 1993 y encargado a Ali Osman Mohamed Taha, el principal actor civil detrás del golpe de Estado de 1989.

A nivel general, la ambiciosa agenda del régimen lo llevó a adoptar grandes planes para lograr el cambio social y político de acuerdo con su visión. En 1993 el régimen promulgó el "llamado islámico" buscando el adoctrinamiento islámico basado en las percepciones del FIN. Entonces buscó imponer el islam sobre los no musulmanes, desalentando la práctica de creencias africanas o cristianas, además de llevar a cabo la yihad en contra de aquellos que se opusieran al llamado -fueran musulmanes o no-. Para esto fue creado un programa socioeconómico y político que favorecía a los musulmanes en el sur y a los miembros y simpatizantes del régimen en el norte (^{Sidahmed y Sidahmed, 2005: 60}).

En contraste con esta serie de medidas que, a pesar de haber sido impuestas fueron menos violentas, en 1992 el gobierno declaró una yihad contra el SPLA. De este modo, presentó a la guerra contra los ciudadanos rebeldes del sur como un conflicto religioso, a pesar de que muchos de estos eran musulmanes, como quienes luchaban en los Montes Nuba.

^{Sidahmed y Sidahmed (2005: 53)} consideran que este impulso islamizador, tanto en el ámbito legal como social, no solo representó la implementación de un programa ideológico sino también un discurso de legitimación. Esto resalta en el hecho de que los órganos de propaganda del régimen argumentaron que todas las críticas y las sanciones, tanto internas como externas, estaban motivadas por su odio al islam y a la orientación islámica de Sudán, y no por la naturaleza del régimen militar o sus violaciones a los derechos humanos. De este modo, el régimen logró preservar la hegemonía de la cultura árabe e islámica en una sociedad tan diversa como Sudán.

El arabismo

De acuerdo con ^{Deng (1995: 486)}, como consecuencia de la estratificación racial asociada con modelos ideológicos en que los árabes son considerados superiores a los africanos, la asimilación de la cultura árabe en el norte ha producido una autoconcepción que, a pesar de la evidencia visible, niega o rechaza el origen genético africano.

Las políticas de arabización e islamización encaminadas al establecimiento de un Estado islámico en Sudán son la culminación del proceso de autoafirmación defensiva de la élite gobernante, la cual, a su vez, se ha vuelto violentamente ofensiva. Esto se debe a que mientras más ha sido cuestionada o desafiada -por parte de la mayoría africana- la imposición de esta percepción árabe/islámica en el país, más coercitiva y violentamente ha sido esta afirmada por la minoría árabe gobernante, incluso con el respaldo moral y material de otros gobiernos árabes/islámicos.

Como consecuencia de las particularidades de la asunción de esta identidad árabe -la cual no resiste, incluso, el’arabiyya o ’uruba escrutinio en los mismos términos en que ha sido planteada, ya sea la pertenencia racial, el origen ancestral o la herencia genética-, la amenaza de degradación a un estatus inferior es continua. Esto ha resultado ser una fuente de gran inseguridad en caso de una revisión o redefinición de la identidad nacional, especialmente entre la élite gobernante, que recibe grandes beneficios de su identidad privilegiada, la cual ha asociado deliberadamente con la identidad nacional.

Por lo tanto, la élite gobernante -con intereses creados en el statu quo- ha resistido y reprimido los movimientos sociales y políticos encabezados principalmente por distintos grupos africanos debido a sus implicaciones con respecto a la reevaluación y la reclasificación de las identidades étnicas y raciales. Como el caso de la separación de Sudán del Sur ilustra, las consecuencias de tales procesos pueden extenderse a los ámbitos social, económico y político, entre otros.

^{Deng (1995: 486)} continúa su análisis señalando que existe una realidad aún inexplorada de la identidad sudanesa que está representada en la composición racial, étnica y cultural del país, reflejando tanto amalgamamiento como diversidad de elementos.

Por su parte, ^{O'Fahey (2006: 27)} afirma que el arabismo ('arabiyya o 'uruba) en Darfur tiene profundas raíces en el nacionalismo sudanés del norte y que desde el inicio del gobierno de Omar al Bashir -cuyo régimen no solo es islamista sino arabocéntrico- la etnización de los conflictos en la región de Darfur se incrementó. Por su parte, Flint y De Waal señalan que la noción de superioridad árabe ha sido un atributo de la sociedad sudanesa del norte por siglos (2008: 49), sin embargo, van más allá, ubicando el origen del supremacismo árabe en Darfur en la relación de cooperación establecida entre los Hermanos Musulmanes y Muamar Gaddafi durante los setenta (2008: 47).

En Darfur, los primeros signos de una plataforma política racista árabe surgieron a principios de los ochenta. Los candidatos tomaron dimensiones étnicas durante las elecciones regionales de 1981. Dado que los grupos árabes se encontraban divididos, Ahmad Diraige se convirtió en el primer fur en gobernar Darfur desde el fin del sultanato (^{Flint y De Waal, 2008: 49}).

Los árabes de Darfur estaban alarmados por la elección de Diraige y la reafirmación fur que le siguió. Durante este período, folletos y grabaciones provenientes de un grupo que se autodenominó la Congregación Árabe comenzaron a ser distribuidos anónimamente, reclamando que los zurga habían gobernado Darfur demasiado tiempo. Afirmaron que los árabes constituían una mayoría en Darfur y llamaron a preparase para tomar el gobierno regional, por la fuerza si era necesario, y cambiar el nombre de Darfur (^{Flint y De Waal, 2008: 49}).

Poco después fue evidente que Gaddafi y el FIN tenían intereses comunes cuando establecieron un acuerdo de armamento de 250 millones de dólares. Poco después del golpe de Estado de Omar al Bashir, ambos líderes anunciaron ambiciosos planes de cooperación, incluyendo el libre tránsito de personas entre sus países.

En una declaración con rasgos arabistas Gaddafi enfatizó la unidad entre el arabismo y el islamismo diciendo: "Nosotros [los árabes] somos los imams. Nosotros somos responsables del islam, el cual fue revelado en nuestra lengua. Es nuestro libro y nuestro profeta solamente. No aceptamos que un extranjero venga a nosotros con sus ideas" (^{Flint y De Waal, 2008: 55}).

Vinculación con el genocidio

El gobierno de Sudán ha buscado la consolidación de un Estado islámico gobernado sobre la base de la ley sharia. Esto se encuentra evidenciado por la inclinación islamista de la élite gobernante sudanesa y se ha materializado en la imposición de leyes islámicas, las campañas de islamización, el apoyo a grupos islámicos extremistas y el establecimiento de organizaciones para fomentar, financiar y organizar movimientos y cambios de régimen islamistas en otros países.

Por otra parte, la élite gobernante sudanesa presenta, a su vez, características mencionadas en el cuarto punto, al ser defensora del arabismo, una doctrina de superioridad étnica árabe que discrimina y margina a miembros de los grupos étnicos africanos de Sudán. Esta orientación ideológica de la élite sudanesa sirvió como base para la utilización del término zurga -negro- en contra de los grupos fur, masalit y zaghawa de Darfur, principalmente.

De acuerdo con ^{Hagan y Rymond-Richmond (2009, XXI-XXII}), al consolidar la identidad de varios grupos étnicos como negros, en un modo despectivo, el gobierno de Sudán hizo posible la identificación y la deshumanización de una agrupación ampliada y combinada de diversos grupos étnicos, facilitando la focalización y la organización de los asesinatos, las violaciones, el desplazamiento y la destrucción de estos.

En conclusión, la orientación islamista y arabista de la élite gobernante en Sudán representó la articulación de sistemas de creencias que identificaron a la supervivencia del Estado islámico como propósito y a la supremacía árabe como principio fundamental para justificar las campañas de marginación, persecución y destrucción de los "enemigos del Estado" (categoría política) y los "zurga" (categoría racial).

El régimen de Omar al Bashir

El 30 de junio de 1989 fue llevado a cabo un golpe de Estado contra el gobierno de Sadiq al Mahdi que interrumpió las negociaciones de paz con el SPLA y la realización de una asamblea constitucional (^{Sidahmed y Sidahmed, 2005: 49}).

Los instigadores reales del golpe de Estado eran parte de la élite central civil del FIN, como Ali Osman Mohamed Taha, líder de la delegación parlamentaria del FIN durante el gobierno de Sadiq al Mahdi (1986-1989), Hassan al Turabi, el coronel Omar al Bashir, Awad al Jaz y Nafi Ali Nafi.

En el plan original, el ejército tenía funciones asignadas temporales y específicas, como tomar el poder, servir -al menos inicialmente- como camuflaje para la identidad islámica real de los instigadores del golpe de Estado, y asegurar la protección del régimen hasta que los islamistas adquirieran completo control del Estado.

Tras el golpe de Estado, Omar al Bashir creó un órgano de gobierno que reemplazó al FIN. Al Turabi y Ali Osman fueron enviados a prisión junto a Sadiq al Mahdi y otros miembros depuestos del gobierno. Sin embargo, al Turabi y Ali Osman continuaron participando secretamente en este, hasta que fueron integrados al nuevo régimen.

Con la finalidad de afirmar su hegemonía en el país, el régimen decidió atacar a los civiles y militares que representaran cualquier tipo de oposición, recurriendo a una represión y una violencia sistemáticas que, de acuerdo con ^{Sidahmed y Sidahmed (2005: 57)}, no tuvo precedentes en la historia de Sudán. Dentro de esta estrategia, la invención más notoria fue la introducción de las "casas fantasma", edificios secretos donde se detenía, torturaba y asesinaba a los opositores.

Por otra parte, una de las amenazas más grandes al régimen estuvo representada por la serie de golpes de Estado que culminó con el intento de derrocamiento de 1990 contra al Bashir. Tras reprimir la conspiración, en la noche del 23 y el 24 de abril de ese año, el gobierno ejecutó a veintiocho oficiales que fueron enterrados en fosas comunes, prohibiéndole a sus familias recuperar sus cuerpos.

Esto fue seguido de purgas generales en el ejército, el ministerio de seguridad y la burocracia. En poco más de cuatro años, el gobierno despidió, de varios órganos y departamentos estatales, a más de setenta y tres mil personas (^{Sidahmed y Sidahmed, 2005: 58}), que fueron reemplazadas por miembros del FIN para asegurar la ejecución de las políticas del régimen y el control de los recursos del país. Para lograrlo fueron utilizadas las organizaciones islámicas filantrópicas, las cuales recibieron exenciones fiscales para importar y vender bienes, desplazando a los empresarios convencionales.

Desde el principio, el nuevo régimen estableció organizaciones de seguridad, policía e incluso un gobierno paralelos. La principal de estas fue un grupo secreto conocido como altanzim (o Consejo de los Cuarenta Hombres), liderado por al Turabi, que diseñó las políticas y controló todos los sectores vitales del país durante la primera década del gobierno de al Bashir.

La ideología de los miembros del ministerio de seguridad dominó la orientación y las políticas de esta organización secreta. Casi todas sus figuras clave tenían antecedentes en el ministerio de seguridad y se encontraban profundamente involucrados en el aparato de seguridad del FIN, incluso antes del golpe de Estado, a pesar de que la mayoría de ellos no era militar (^{I.D.F. y Assal, 2010: cap. 1}).³

De este modo, el control de los islamistas sobre el aparato político y económico del país se consolidó durante el primer año del régimen, el cual dejó de ocultar su conexión con el FIN a partir de 1991.

En 1992, con la implementación del federalismo, el régimen creó un gobierno propio para cada región y, principalmente, un poder militar que podría actuar como un centro alternativo, incluso cuando Jartum cayera ante la oposición. A pesar de la descentralización que esto implicó, la apertura política siguió siendo superficial en vista de la hegemonía de la élite gobernante sobre las estructuras federales y estatales (^{Sidahmed y Sidahmed, 2005: 61}). En 1993, el órgano de gobierno fue disuelto y sus facultades fueron asumidas por el presidente al Bashir y la Asamblea Nacional Transitoria.

Otra característica determinante de la élite gobernante sudanesa es el hecho de que cada facción ha utilizado el aparato estatal para controlar y acumular recursos para su beneficio y supervivencia. Tal ha sido el caso del petróleo y del aparato de seguridad oficial y no oficial.

Al mismo tiempo, estos sectores y recursos estratégicos han sido interdependientes. Las interconexiones y la interdependencia entre el ejército, los cuerpos de seguridad, el PCN y los círculos empresariales fueron vitales para la supervivencia de ambas facciones. Muchos militares y oficiales de seguridad han estado involucrados en negocios privados, además de que el ejército y el aparato de seguridad han invertido en el sector privado. Las concesiones petroleras, por ejemplo, estuvieron garantizadas por las fuerzas armadas (^{I.D.F. y Assal, 2010: cap. 1}).

Vinculación con el genocidio

De acuerdo con Harff, las autocracias son regímenes en los que la participación de los ciudadanos está fuertemente restringida; los altos ejecutivos son seleccionados dentro de la élite política; y, una vez en el cargo, los altos funcionarios ejercen el poder con pocas o ninguna restricción institucional. Con base en un análisis del régimen sudanés surgen las siguientes inferencias:

Con base en estos tres puntos, el régimen encabezado por el gobierno de Sudán puede ser considerado como una autocracia.

Puede argumentarse que estos atributos autocráticos del régimen sudanés incidieron en la ocurrencia del genocidio de Darfur debido a que la ausencia de elecciones competitivas permitió que los adherentes de ideologías excluyentes tomaran el poder, en primer lugar, y fueran elegidos para ocupar altos cargos por los miembros de la élite gobernante. Por otra parte, la ausencia de normas y prácticas democráticas que favorecieran la protección de los derechos de los grupos africanos y la inclusión de los opositores políticos, aunada a la carencia de controles institucionales que constriñeran la capacidad del gobierno de Sudán para utilizar la violencia masiva en contra de la población civil, favorecieron la planeación, la organización y la ejecución de estrategias genocidas en contra de los grupos fur, masalit y zaghawa, principalmente.

La élite gobernante de Sudán

Según ^{Deng (1995: 484)}, la crisis de identidad nacional en Sudán se debe a que los sudaneses árabes del norte, que constituyen la élite política y económica, a pesar de ser los productos de la mezcla genética árabe y africana y una minoría en el país en su conjunto, se consideran principalmente árabes, niegan el elemento africano en ellos mismos y buscan imponer su identidad autopercibida en todo el país. Esto ocurre con respecto a los grupos africanos en el norte y los grupos cristianos y animistas del sur, quienes en conjunto constituyen la gran mayoría nacional.

De este modo, la minoría árabe gobernante ha buscado definir a Sudán y a su sociedad con respecto a dicha autopercepción, la cual constituye una distorsión de su identidad compuesta árabe y africana, en la cual el elemento fenotípico africano es más visible y, por lo tanto, negado más activamente.

En mayo de 2000 El libro negro: desbalance de poder y riqueza en Sudán fue repartido clandestinamente en Jartum y posteriormente en otras partes de Sudán (excepto el sur) y en el extranjero. Sus creadores fueron opositores políticos que posteriormente integrarían el JEM y participarían en la guerra de Darfur.

A través de un análisis detallado de dónde se ubicaba el poder político y económico en Sudán, se documentó cómo el aparato estatal había sido dominado, desde la Independencia, por una élite conformada por miembros de tres grupos étnicos ubicados a lo largo del Nilo, al norte de Jartum: los ja'aliyiin del presidente Omar al Bashir, los shaygiya del vicepresidente Ali Osman Mohamed Taha y Salah Gosh, y los danagla del ministro de Defensa Bakri Hassan Saleh. El documento también mostró que todas las demás regiones de Sudán habían sido sumamente marginadas (^{Flint y De Waal, 2008: 16}).

Compilado considerablemente por hombres que se habían unido al movimiento islámico en su juventud, el texto afirmó que la vasta mayoría de los cargos públicos y la burocracia centrales estaba en manos de miembros de los grupos étnicos mencionados, que representaban solo 5.4% de la población total de Sudán. Este documento también señaló que los habitantes del norte eran abrumadoramente dominantes en la jerarquía policial y militar, el Poder Judicial, las administraciones provinciales, los bancos y los programas de desarrollo. Todos los presidentes habían provenido de esta región, al igual que la mayoría de los altos ministros y generales (^{Flint y De Waal, 2008: 17}).

Vinculación con el genocidio

Harff dice que la etnia de la élite es prominente políticamente si la identidad étnica o religiosa de los presidentes, primeros ministros y otros altos funcionarios es una causa recurrente de disputa o conflicto político. Si es así, Harff hace una distinción adicional para determinar si la dirigencia política en un período dado representa al grupo comunitario más grande en un país o uno más pequeño, ya que mientras más estrecha es la base étnica de un régimen, mayores son los riesgos de un conflicto que escale a niveles genocidas.

Dado que la mayoría de los cargos públicos -incluyendo al presidente, al vicepresidente y al ministro de Defensa- y la burocracia centrales de Sudán estaban dominados por funcionarios pertenecientes a tres grupos étnicos -los ja'aliyiin, los shaygiya y los danagla-, que correspondían únicamente a 5% de la población total de Sudán, resulta evidente que la élite gobernante de Sudán representaba a una minoría étnica.

Por otra parte, dada la publicación de El libro negro: desbalance de poder y riqueza en Sudán en mayo de 2000, que criticó el dominio del aparato estatal por parte de estos tres grupos étnicos ubicados en la región del Río Nilo al norte de Jartum -además de las denuncias llevadas a cabo por los distintos grupos de oposición política y ejércitos rebeldes surgidos en Darfur, con respecto a la marginación social, económica y política de los grupos africanos en favor de los grupos árabes, vinculados étnicamente a la élite sudanesa-, puede afirmarse que la identidad étnica de la élite sudanesa fue políticamente prominente.

Para explicar la vinculación entre este factor causal y la ocurrencia de un genocidio, Harff señala que si la élite representa desproporcionadamente a un segmento en una sociedad heterogénea, es probable que algunos grupos poco representados desafíen la falta de representatividad de la élite y es posible que esta, por su parte, temiendo tales desafíos, defina sus intereses y su seguridad en términos comunitarios, diseñando políticas de exclusión racial o defendiendo un nacionalismo excluyente.

En el caso del genocidio de Darfur, parece ser que, debido a que el gobierno de Sudán representaba desproporcionadamente a los ja'aliyiin, los shaygiya y los danagla, además de los grupos árabes de Darfur, marginando a los grupos fur, masalit y zaghawa, principalmente -definidos por este como zurga-, grupos rebeldes como el SLA y el JEM desafiaron la falta de representatividad de la élite al incrementarse "la prominencia de la identidad grupal y su movilización para la acción política" (Gurr, citado en ^{Harff, 2003: 64}). Esta, a su vez, amenazada por el desafío presentado por la guerra de Darfur, definió sus intereses y la seguridad de su régimen con base en su identidad étnica, llevando a cabo campañas para marginar, perseguir y destruir a los grupos incluidos en la categoría racial zurga.

El aislamiento internacional del gobierno sudanés

Desde su llegada al poder, el gobierno de al Bashir tuvo el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y transformar a Sudán en una potencia regional, para lo cual eran necesarias la liberalización del mercado, la atracción de inversión y, principalmente, la obtención de fondos de las organizaciones financieras internacionales.

Tras el golpe de Estado de al Bashir, se dieron varias rondas de negociaciones y visitas que no lograron resultados. A pesar de que en 1992 fue implementado el programa de liberalización y privatización, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones siguieron rechazando las peticiones del régimen, ya que el gobierno de Sudán era considerado como parte del bando antioccidental. En 1993, el FMI retiró los derechos de votación de Sudán y el Departamento de Estado de los Estados Unidos añadió a Sudán a la lista de países que apoyaban el terrorismo estatal.

Sin embargo, en marzo de 1997 Sudán llegó a un acuerdo con el FMI para pagar un monto mensual e implementar cambios en la administración económica. Como consecuencia, fue pospuesta la expulsión de Sudán del FMI y, en agosto de 1999, el FMI retiró su declaración de no cooperación en contra de Sudán, establecida en 1990, y un año después le devolvió el derecho de voto.

^{Sidahmed y Sidahmed (2005: 106)} afirman que, a pesar del mejoramiento de sus relaciones con el FMI y el hecho de que el gobierno sudanés haya tenido la posibilidad de beneficiarse de las iniciativas de la comunidad internacional para países pobres altamente endeudados, su récord de derechos humanos, la larga guerra civil y sus tensas relaciones con las potencias y los organismos regionales y mundiales han restringido gravemente su obtención de fondos internacionales, aislándolo financieramente.

Las compañías chinas son los inversionistas más importantes de Sudán, habiendo invertido aproximadamente 20 mil millones de dólares en el país, además de préstamos, subvenciones y otras formas de ayuda. Adicionalmente, las corporaciones chinas son los principales productores en el país y China importa 60% del petróleo producido en Sudán (^{Taylor, 2010: cap. 8}).

De acuerdo con ^{Sidahmed y Sidahmed (2005: 83)}, las compañías chinas se encuentran en la industria petrolera sudanesa por razones estratégicas, más que comerciales. China se volvió un importador neto de petróleo en 1993 y ha utilizado una estrategia consistente de adquirir participaciones en pozos petroleros extrajeros, de los cuales piensa acumular suficiente cantidad de hidrocarburo para asegurar su abasto en tiempos de escasez. Esta es la razón por la que ha decidido adoptar una política agresiva, incluso pagando precios superiores a los del mercado, para asegurar concesiones petroleras en otros países como Sudán.

La llegada del régimen de Omar al Bashir impuso, ante una situación de aislamiento severo, una serie de reformas económicas estructurales. Sin embargo, a pesar de la importancia que estos cambios han tenido en el escenario económico de Sudán, los vínculos tanto políticos como económicos del régimen continuaron siendo muy limitados e inconstantes.

Vinculación con el genocidio

De acuerdo con el razonamiento de Harff, mientras mayor es el grado en que un país es interdependiente de otros, menos propensos son sus líderes a intentar genocidios o politicidios. Esta idea, a su vez, deriva en la afirmación de que los líderes de Estados aislados son más propensos a calcular que pueden eliminar grupos no deseados sin repercusiones internacionales. Esta interdependencia cuenta con dos dimensiones, una económica y una política.

En el ámbito económico es cierto que el régimen actual llevó a cabo ambiciosas políticas de liberalización económica y vinculación con organismos financieros internacionales, enfocándose principalmente en el desarrollo de su industria petrolera y su relación estratégica con China, cuyo gobierno fungió como su principal aliado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

A pesar de la magnitud y el impacto de estas políticas económicas, el grado de interdependencia económica de Sudán siguió siendo pobre, como consecuencia de la inestabilidad generada por sus constantes guerras civiles y las agresivas campañas impulsadas por la ideología islamista y arabista del régimen. Sin embargo, su vínculo comercial de carácter estratégico con China impidió la generación de un consenso al interior del CSNU que derivara en acciones que incidieran directamente en la prevención y la sanción de las atrocidades cometidas durante el genocidio de Darfur.

En la dimensión política, la relación de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de inteligencia, desarrollada en el marco de la lucha contra el terrorismo, aunada a las restricciones que enfrentó la administración de Bush en el ámbito político tanto interno como internacional y a su interés en la firma del Acuerdo Integral de Paz que puso fin a la guerra civil sudanesa, evitó que, a pesar de las constantes y categóricas acusaciones de genocidio en contra del régimen de Omar al Bashir, este miembro permanente del CSNU tomara medidas congruentes con respecto a su postura retórica, con miras a la emisión de resoluciones oportunas y efectivas para la prevención y la sanción de este genocidio.

En relación con este factor causal puede afirmarse que el genocidio de Darfur fue llevado a cabo en un contexto en el que el gobierno de Sudán se encontraba en la etapa final de un aislamiento político severo, consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional tras su participación en actividades de "terrorismo" internacional, al mismo tiempo en que su proceso de apertura comercial apenas comenzaba a materializarse.

Esta marginalidad económica y política relativa hacia la mayor parte de la comunidad internacional, aunada a la confianza otorgada por sus vínculos estratégicos con estos dos miembros permanentes del CSNU, permitieron al gobierno de Sudán calcular que podría llevar a cabo una campaña genocida sin penalizaciones internacionales severas, además de perpetuar y agudizar las condiciones que convirtieron dicha campaña en la crisis humanitaria más grave de su tiempo.

El caso de Sudán muestra claramente la forma en que ambas dimensiones de la interdependencia se vinculan e inciden en la ocurrencia de genocidios, en un contexto posterior a la Guerra Fría, donde, como Harff señala, las respuestas internacionales se han vuelto más inmediatas y contundentes como consecuencia de la presencia y la participación cada vez más frecuente de organizaciones internacionales encargadas de la prevención y el castigo de atrocidades masivas. Sin embargo, a pesar de este avance, la voluntad de los miembros permanentes del CSNU, consecuencia de sus intereses económicos y políticos, sigue siendo el principal determinante del éxito o el fracaso de tales organismos.