Los límites de la transición

Las elecciones presidenciales de 2012 en México dieron como resultado el regreso del viejo partido autoritario, el PRI, a la presidencia de la república después de 12 años de gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN); partido conservador que fue el sujeto político de la histórica alternancia lograda en el año 2000, cuando por primera vez en más de 70 años un candidato de un partido distinto al PRI triunfó en las elecciones presidenciales. El largo proceso de transición, implicó altos niveles de violencia política y una extraordinaria movilización de la sociedad civil. Entre 1989 y 1994 hubo muchos muertos por conflictos políticos, especialmente a cuenta de la izquierda recién unificada en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y esta violencia se sumó a la ejercida contra el EZLN en 1994. La salida de este ciclo se logró en 1996 por medio de un pacto entre las élites políticas que condujo a la creación del Instituto Federal Electoral como ente autónomo del gobierno, basado en una nueva ley electoral que otorgaba garantías de equidad en la competencia y prometía poner fin al fraude electoral el día de las elecciones. Para el PRI esta concesión era necesaria para terminar con una fase de altísima movilización social extrainstitucional y antisistémica, articulada en torno a la solidaridad con el zapatismo. La idea fue canalizar a la vía electoral el gigantesco descontento social producido por la crisis de 1995 y la movilización zapatista.¹

La transición electoral fue gradualmente completada, lográndose que la competencia electoral se consolidara en un contexto de reglas cambiantes pero con alta continuidad institucional. El instituto electoral federal (ahora nacional) y los estatales fueron las vías institucionales que canalizaron la demanda de elecciones libres y justas. Sin embargo, el régimen político resultante del proceso dista de ser realmente democrático en cuanto persisten graves déficits en materia de respeto de los derechos de la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana e incluso de institucionalidad electoral efectiva. La transición no transformó los patrones de relación entre el Estado y la sociedad; si bien se produjo un cambio político democrático-electoral de trascendencia histórica, se mantuvo al mismo tiempo una asombrosa continuidad de prácticas y de cultura política en el contexto de un debilitamiento del Estado ante los poderes fácticos.²

Desde el año 2000 (para algunos desde las elecciones de diputados federales de 1997), el viejo régimen dejó parcialmente de existir en tanto su soporte central, el presidencialismo casi absoluto, perdió su cimiento: el control del Ejecutivo sobre el poder Legislativo. El PRI y sus aliados perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados³ en 1997, y durante los mandatos presidenciales del PAN este partido nunca tuvo mayoría parlamentaria. Sin embargo, los principales pactos políticos con los poderes fácticos, así como las leyes e instituciones del viejo régimen, continuaron vivos en el nuevo contexto político nacional.

Consumada la transición en un sentido restringido, cabe preguntarse si se puede sostener que México vive en una democracia en vías de consolidación.⁴ Para contestar la pregunta debe partirse de que la transición a la democracia electoral y la consolidación de la misma son fases de un proceso mucho mayor: la democratización. Las elecciones libres pueden conducir a una verdadera democratización de la vida pública solo si los procesos electorales dan pie a una serie de reformas que construyan instituciones estatales operativas que progresivamente garanticen derechos civiles, sociales y culturales para la mayoría, en otras palabras, que construyan ciudadanía efectiva.⁵ La democratización, por tanto, implica la construcción de un Estado de derecho, la efectivización de derechos de ciudadanía y el desarrollo de nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad que acoten el clientelismo, el corporativismo y otras formas de dependencia colectiva.⁶

El problema de México fue que la transición a la democracia no estuvo seguida de un proceso de democratización. Para empezar, las dos caras de una transición efectiva, a saber, la destitución del viejo régimen y la instauración de uno nuevo, no pudieron llevarse a cabo. Del lado de la destitución fallida, debe destacarse que no pudo romperse la infraestructura legal e institucional del viejo régimen: la Constitución de 1917, en su versión modificada por el presidente Salinas (1988-1994), permaneció intocada en sus fundamentos, al igual que el resto del edificio legal; además, el PRI conservó un poder de veto en ambas cámaras, y la mayoría de las gubernaturas y presidencias municipales. Más aún, las estructuras corporativas priístas en el mundo sindical y campesino sobrevivieron a la derrota electoral. En suma, el viejo régimen sobrevivió como institución y como cultura en la sociedad y en la política. Esta continuidad sustantiva fue facilitada por la incapacidad política de los partidos de oposición histórica al PRI de pactar los términos de la reforma radical del viejo régimen. El Partido Acción Nacional -la derecha histórica- y el partido de la izquierda política -el Partido de la Revolución Democrática- tenían visiones muy distintas del futuro. Por tanto, no podía siquiera imaginarse la instauración de un nuevo régimen, puesto que los sujetos políticos democráticos del momento carecían de un verdadero proyecto alternativo que orientara sus actos.

El régimen autoritario logró sobrevivir en el período de la democracia electoral. En primer término, y a pesar de las múltiples reformas constitucionales llevadas a cabo por los gobiernos panistas durante los años 2001-2011, el orden esencial se mantuvo intocado:

En segundo lugar, los nuevos gobiernos panistas no pudieron controlar a los poderes fácticos. Los privados (los casi monopolios de Televisa, Telmex, Grupo México, etcétera) mantuvieron su control privilegiado de los mercados estratégicos e impidieron cualquier regulación significativa sobre sus actividades y el desarrollo de una verdadera competencia a sus negocios. Los públicos (los sindicatos corporativos de la educación -Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE-, y de la industria petrolera -Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM-, etcétera, y los intereses creados en las redes de contratismo en Petróleos Mexicanos -PEMEX- y el sector público en general), tampoco fueron tocados, pues los gobiernos panistas carecían del poder suficiente para cambiar las relaciones laborales y atacar el poder de las mafias sindicales. Esta incapacidad impidió la reforma de la educación, totalmente controlada por el sindicato, y de las empresas estatales PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las más grandes del país, las cuales eran y son altamente improductivas y están penetradas por una corrupción sistémica. Tampoco pudieron impedir la persistencia de pactos entre políticos y empresarios locales, sindicatos mafiosos y poderes caciquiles regionales (^{Olvera, 2011}). A su vez, se consolidó un nuevo poder fáctico, el del crimen organizado, que adquirió un poder económico y político nunca antes visto.⁸

En tercer lugar, el sistema electoral se volvió autorreferente y cerrado debido a las leyes y regulaciones establecidas, convirtiendo a los partidos en entidades ajenas y separadas de la sociedad, que no rinden cuentas a nadie, monopolizan la designación de candidatos a puestos de elección popular y son controlados por grupos mafiosos, verdaderas cofradías oportunistas. La centralidad de los medios de comunicación y las necesidades del trabajo clientelar territorial han elevado el costo de las campañas y colocado a los políticos a merced de los poderes fácticos, dadas sus necesidades ingentes de financiamiento.⁹

El único gran cambio político, de trascendencia inmensa, fue la pérdida de centralidad de la presidencia de la república, eje articulador del viejo régimen, lo que condujo a la fragmentación del poder del Estado, que a su vez se expresó en incapacidad para operar las políticas públicas, corrupción rampante, ineficiencia mayúscula en la gestión de las empresas públicas, e incapacidad para combatir al crimen organizado.

La minimización de los efectos transformadores de la democracia electoral en México fue facilitada por la completa ausencia de perspectiva estratégica del PAN y el PRD y por su falta de principios y proyectos políticos alternativos. Estos partidos permitieron que el PRI consolidara, desde el Congreso, un modelo de federalismo que trasladó enormes recursos y poder real de decisión en varios campos de la política pública a los gobernadores, sin correlato alguno con la rendición de cuentas. Mientras el poder central estaba acotado por el gobierno dividido, dado que el Ejecutivo no controlaba al Legislativo federal, los poderes locales carecían de límites efectivos, pues los gobernadores lograron dominar por completo sus congresos. El PRI reconstruyó de la periferia al centro su poder sin que el PAN y el PRD opusieran resistencia, pues el oportunismo negociador con el que se condujo el PAN en sus tratos con los gobernadores y líderes parlamentarios priístas condujo al colapso moral y organizativo del otrora partido democrático, convirtiéndolo en una mera formación facciosa, distribuidora de cargos y prebendas. El PRD hizo lo propio en el contexto de su autodestrucción organizativa y moral en el ejercicio del poder en la Ciudad de México, Baja California Sur, Michoacán y Guerrero. Ni el PAN ni el PRD pudieron acreditar -desde el ejercicio de gobierno- que podían realizar innovaciones democráticas, lograr la participación de la ciudadanía y controlar los poderes fácticos locales; al contrario, sucumbieron a ellos.

Si en el campo de la política profesional se vivió un retroceso cultural y moral, en el campo de la sociedad civil se experimentó una gran confusión política y una sensible mengua de la visibilidad pública de sus principales organizaciones y movimientos. La transición llevó a la mayoría de los líderes de la sociedad civil organizada a intentar cooperar con los nuevos gobiernos democráticos, sin encontrar nunca mecanismos representativos e incluyentes con capacidad de influencia política efectiva. Si bien se amplió el campo de la política y del debate público, lo cierto es que el poder de influencia de una sociedad civil heterogénea y plural -con escasa densidad organizativa y social- fue poco significativo.¹⁰

El PAN no pudo gobernar de una manera distinta a la del PRI. Entre los años 2000 y 2012 los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se enfrentaron a los límites estructurales antes mencionados y añadieron sus propias limitaciones políticas al proceso de gobernanza. La única adición significativa del gobierno de Fox a la transición fue la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI), ya logradas previamente en algunos estados del país.¹¹ Los logros de Felipe Calderón en materia de derechos de ciudadanía se produjeron al final de su mandato y no ha habido tiempo de institucionalizarlos aún: la reforma penal -pactada por los tres poderes de la unión y por los tres niveles de gobierno en 2008- ha tratado de reconstruir el colapsado y corrupto sistema de administración e impartición de justicia;¹² la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 ha modernizado el lenguaje de los derechos y creado la base constitucional para su efectiva protección y generalización, sin que este logro se haya traducido en instituciones operativas ni prácticas de gobierno diferentes; y la reforma de la ley de amparo de 2012, que abre las puertas a una efectiva judicialización de los derechos de ciudadanía; sin embargo, sus potenciales democráticos permanecen todavía en el papel.

La herencia más trágica del gobierno de Felipe Calderón fue la estela de violencia criminal que dejó su "guerra contra el narcotráfico". Cerca de 20 000 desparecidos y más de 100 000 muertos fue el precio pagado por la sociedad por una estrategia fallida y por la emergencia del poder del crimen, que invadió todas las esferas de la sociedad. La ofensiva militar y policíaca del gobierno contra ese poder se hizo sin crear al mismo tiempo las estructuras de investigación criminal, de acceso a la justicia y de atención a víctimas que debieron ser parte de una estrategia integral de confrontación. Las limitaciones estructurales del Estado mexicano se hicieron trasparentes: la corrupción como cultura facilitó la colonización criminal de las estructuras del Estado; la debilidad de las instituciones de justicia y del poder judicial -condición de existencia del régimen autoritario-, facilitó la impunidad de casi todos los crímenes.¹³

Sumado a lo anterior, los gobiernos federales panistas propiciaron por diversas vías la reversión de los escasos logros de la transición. Se generalizaron las prácticas, instituciones y cultura política priístas a toda la clase gobernante.

El regreso del PRI y el nuevo proyecto restaurador

La candidatura de Enrique Peña Nieto fue un producto político lenta y cuidadosamente construido, no solo en el campo mediático -por medio de una presencia casi constante en los medios y el conveniente matrimonio con una actriz de televisión-, sino también con alianzas con los nuevos gobernadores priístas en todo el país, cuyas campañas Peña Nieto contribuyó a financiar generosamente.

Hacia fines del 2011 el triunfo de Peña Nieto en las elecciones presidenciales era casi seguro, dado el degaste e ineficacia del gobierno panista, la debilidad de su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, y la posible división de las fuerzas de izquierda ante dos candidaturas viables: la del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien gozaba de una imagen de izquierda moderna, y Andrés Manuel López Obrador, el líder polémicamente vencido en las elecciones presidenciales de 2006. El triunfo de López Obrador en unas peculiares elecciones primarias de la izquierda en el otoño de 2011, mediante encuesta popular, fortaleció la posibilidades de Peña Nieto, dado el degaste político del viejo líder y su falta de credibilidad entre el electorado de clase media.

El grupo de Peña Nieto decidió apostar por una victoria arrasadora que le garantizara al PRI la mayoría absoluta en las cámaras de senadores y diputados, de tal forma que el nuevo presidente pudiese realizar todas las reformas que considerara pertinentes sin verse sometido a negociaciones costosas. El PRI desarrolló una impresionante campaña electoral durante la cual se realizó un gasto desorbitante y absurdo,¹⁴ que incluyó el financiamiento masivo y el apoyo logístico integral de los gobiernos estatales priístas. Los aparatos completos de gobierno se tornaron en operadores electorales con territorios y metas de votación claramente asignadas. La inversión realizada por esta vía fue incuantificable. La legislación electoral entonces vigente carecía de prescripciones para vigilar este tipo de gastos, cuya absoluta impunidad solo es explicable por la más completa ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la complicidad de los congresos estatales y sus respectivos órganos de auditoría.¹⁵

Durante la campaña, una visita del candidato Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana cambió la percepción pública y generó un movimiento social, en reacción a la manipulación mediática de la protesta de los estudiantes ante el candidato. La protesta estudiantil rápida y sorpresivamente se extendió a otras universidades, públicas y privadas de todo el país, con especial fuerza en la Ciudad de México y Guadalajara, surgiendo el movimiento #YoSoy132.

Movimiento histórico a pesar de su brevedad, pues fue un movimiento universitario verdaderamente nacional, pues tuvo presencia en por lo menos 50 ciudades de México. Esta protesta se canalizó contra el candidato del PRI, pero también contra la opresión que sufren los mexicanos por parte de los medios de comunicación privados.¹⁶ La crítica del movimiento a la oligopolización de la televisión, en la que solo dos cadenas nacionales acaparan 92% del mercado, y a la pobreza informativa y analítica de los demás medios, fue una contribución extraordinaria a la agenda de una democratización del espacio público.¹⁷

El PRI no alcanzó la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2012, lo cual obligó a Peña Nieto a cambiar radicalmente su estrategia. Dado que sus promesas de campaña, centradas en grandes reformas económicas, exigían cambios constitucionales, el riesgo de veto por el PAN y/o por el PRD se actualizó y hacía temer el regreso a la situación de parálisis política que el propio Peña había propiciado en los últimos años al torpedear todas las iniciativas de Calderón. Era necesario imaginar otro método de gobernabilidad parlamentaria.

La decisión de López Obrador de construir su propio partido (Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA), al margen de su vieja coalición de izquierda, dejó suelto al PRD, al tiempo que el expresidente Calderón fracasó en su intento de controlar al PAN al término de su gobierno. Estos fueron factores favorables a la negociación entre el grupo de Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD. La agenda política resultante fue una especie de síntesis de un programa de gobierno, que implicaba la construcción de un presidencialismo de coalición, que aseguraría la aprobación de un amplio paquete de reformas legales, institucionales y de políticas públicas. La lista estaba conformada por casi cien acuerdos de importancia diversa, pero sin duda ambiciosos, incluyendo las reformas faltantes del ciclo neoliberal (fiscal, energética, regulatoria), pero también una amplia gama de reformas del Estado necesarias para la consolidación de una democracia operativa (nuevo órgano anticorrupción, nueva reforma electoral, implementación de la reforma penal, empoderamiento del órgano garante de la transparencia, etcétera).¹⁸ Tal fue el contenido del Pacto por México.

El pacto dejó de lado a los gobernadores y a todos los actores de la sociedad civil; fue un acuerdo solo de la alta élite gubernamental y partidaria, totalmente a espaldas de la sociedad. Del lado del gobierno el cálculo fue que el éxito de las reformas compensaría sus costos simbólicos y sociales y le daría legitimidad post factum . Del lado de los dirigentes del PAN y del PRD, la apuesta fue que las reformas democráticas acordadas acotarían el poder del gobierno y abrirían las puertas a una competencia política más equilibrada, lo que legitimaría su decisión de pactar. Tales resultados están aún pendientes.

Lo cierto es que el retraso de la implementación del pacto en 2013 llevó a que las reformas consideradas centrales para el gobierno -inversión privada en energía y regulación de los monopolios telefónico y televisivo- se trasladaran a la primera mitad del año 2014. Las reformas democráticas relevantes -órgano anticorrupción, nueva legislación en materia de trasparencia- fueron aprobadas apenas en el primer tercio del 2015, lo cual refleja las prioridades de la clase política. En esta materia, solo se aprobó en 2014 una reforma política centralizadora de los procesos electorales con nuevos candados al gasto, cuyos efectos pronto se podrán analizar. Por lo demás, ninguna de las reformas centrales ha sido totalmente llevada a la práctica a falta de una legislación secundaria o de la creación de instituciones apropiadas.

El gobierno de Peña Nieto ha impulsado un proyecto reformista con profundo sentido conservador. Su diagnóstico es que el capitalismo mexicano debe salir de su modelo monopólico y todavía estadocéntrico para tener viabilidad a largo plazo, sobre todo después de 30 años de estancamiento. En los últimos 20 años, el país ha crecido a tasas de sólo 2% anual, con un producto interno bruto per cápita casi inmóvil. En lo que va del siglo XXI, México es el único país latinoamericano que no ha crecido, razón por la cual la pobreza ha aumentado. Este grupo de tecnócratas sabe también que es necesario un gobierno más eficiente y relativamente menos corrupto para crecer, y la única vía que han encontrado es recentralizar el gasto en el gobierno federal, quitándole espacio discrecional a los gobernadores y alcaldes. En el mismo sentido, va la creación de múltiples órganos autónomos en última instancia controlados desde el Ejecutivo. La recentralización trae de regreso, casi inevitablemente, el presidencialismo sin contrapesos.

El interés casi único del nuevo gobierno federal ha sido pasar las reformas necesarias para concluir el ciclo neoliberal, con la esperanza de atraer inversión extranjera -sobre todo en el área de la energía- así como aquéllas que se requieran para el control gubernamental sobre los poderes fácticos más poderosos que retan la soberanía del Estado: sindicatos corporativos (SNTE y STPRM) y empresas monopólicas. Aspira también, de manera precaria, a recuperar el control del territorio en vastas zonas del país que hoy están en manos del crimen organizado.

Mientras tanto, en los estados del país el autoritarismo se ha reconstruido o bien nunca terminó de irse. La involución autoritaria de la política subnacional es un dato correlacionado con el empoderamiento de los gobernadores en el ciclo de transición (^{Méndez y Loza, 2013}). Este proceso se ha acompañado de una degradación de la vida pública local y, en los casos más graves, de una casi completa desintegración del propio Estado. Tales son los casos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. La ingobernabilidad en esos tres estados se asocia al empoderamiento del crimen organizado y a la colonización de los gobiernos estatales y municipales por parte de estas fuerzas delincuenciales.

El proyecto de restauración del presidencialismo autoritario no es viable en ausencia de una verdadera reconstrucción del Estado. Es la profunda degradación del Estado en todas sus instancias y niveles, pero especialmente en el ámbito subnacional, lo que bloquea el desarrollo del país y lo coloca en una crisis de gobernabilidad en al menos algunas regiones.

A la luz de estos proyectos y de estos procesos es que debe leerse la reciente crisis política abierta por la ejecución extrajudicial por parte del ejército de 22 delincuentes en Tlatlaya el 30 de junio de 2014; la tragedia de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros 6 en Iguala el 26 de septiembre de 2014; la ejecución extrajudicial de 16 personas en Apatzingán, Mihoacán, el 16 de enero de 2015; el estallido de escándalos de corrupción por colusión de intereses en octubre de 2014 que involucran al presidente y su entorno (la compra de casas de lujo con la "ayuda" de la principal empresa constructura del Estado de México).

La masacre de Tlatlaya quiso ser ocultada y hasta la fecha todo el aparato de Estado trabaja para limitar los daños al prestigio del ejército y borrar las huellas de la ejecución extrajudicial como política de Estado en la lucha contra el crimen organizado. La incapacidad para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan solo la manifestación radical de las limitaciones del Estado mexicano, tanto en el terreno legal/institucional como político. La Procuraduría General de la República no ha podido localizar los cuerpos de los estudiantes ni construir un caso creíble contra los culpables materiales e intelectuales del crimen. El gobierno no ha reconocido las responsabilidades que por omisión le corresponden a la policía federal, al ejército y a las propias instituciones de justicia. En el caso de Apatzingán se encarga a la policía federal que se investigue a sí misma. La gravedad de estas y otras muchas violaciones a los derechos humanos exigirá más temprano que tarde la creación de una Comisión de la Verdad que aclare la responsabilidad del Estado en estos crímenes y promueva la reparación del daño y el castigo a los responsables. En los escándalos de las casas del Presidente y de los secretarios de Hacienda y Gobernación la única estrategia ha sido la negación de un patente conflicto de interés.

Todos estos factores señalan la precariedad del proyecto de profundización neoliberal y de restauración del presidencialismo impulsado por el régimen. Siguiendo el camino que marcó 25 años atrás el presidente Salinas, se quiere, al mismo tiempo, modernizar la economía y preservar el régimen autoritario. Hoy como entonces, esa combinación se demostrará imposible.

Los movimientos sociales y el futuro de la democracia

Numerosos movimientos sociales, algunos de oposición radical, emergieron en los últimos diez años, pero los más importantes sufrieron significativas derrotas (casi todos en el 2006), por el desgaste interno o por la represión estatal. Tal fue el caso del movimiento zapatista, que después del cenit de su poder en 2001 se fue apagando; el movimiento popular de Oaxaca, y el de los pobladores de Atenco, que se opusieron a la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.¹⁹ Por otra parte, surgieron múltiples movimientos dispersos por todo el país desde el campo de la conflictividad por motivos ecológicos o de resistencia a megaproyectos mineros, por la defensa de los derechos humanos, y en solidaridad con las familias de los miles de desaparecidos y muertos en la absurda guerra contra el narcotráfico que impulsó el gobierno de Calderón.²⁰ Emergieron también en casi todo el país movimientos a favor de los derechos de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas; otros que defienden los espacios públicos de diversas maneras, desde la protección del patrimonio histórico de las ciudades y los pueblos, hasta movimientos de bicicleteros en las grandes ciudades; movimientos de artistas que reclaman espacios de expresión, así como múltiples movimientos juveniles reclamando bienes culturales y acceso a la educación pública, y aun otros que han tendido a la radicalización dentro de una lógica anarquista.

Visto el panorama en su conjunto, podemos decir que la sociedad civil mexicana ha vivido en el nuevo siglo una fase de alta movilización, caracterizada por la dispersión organizativa y la falta de unidad política. Los sectores populares de la sociedad civil han permanecido, en gran medida, bajo el control corporativo o sometidos a la lógica clientelar. A su vez, las élites empresariales acentuaron su fragmentación organizativa, su pluralidad política y su clásico recurso al privatismo como cultura. Ese contexto explica el menor papel jugado por los actores civiles en los procesos políticos.

En la coyuntura abierta por el nuevo gobierno del PRI, se ha producido una radicalización de los movimientos populares. En el 2013, la aprobación de una "reforma educativa" -en realidad se trata de una reforma laboral en la educación básica- dio lugar a una gran movilización nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la disidencia del sindicato magisterial.²¹ La reforma ha sido implantada de manera gradual, y la resistencia se ha desgastado -si bien puede reemerger en cualquier momento- y concentrado en Oaxaca y partes de Guerrero, Chiapas y Michoacán.

La masacre de Iguala dio pie a la emergencia de dos tipos de movimientos sociales en 2014: el de los padres de las víctimas -que ha nucleado a la disidencia del sindicato magisterial de Guerrero (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEG) y a buena parte de las organizaciones de base popular de ese estado-; y un heterogéneo movimiento nacional de solidaridad con las víctimas y de rechazo a la impunidad política. Entre octubre y diciembre de 2014 este movimiento solidario se extendió por todo el país y sus dimensiones superaron a las del movimiento #YoSoy132 de 2012 y al Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad de 2011. Sin embargo, ambos movimientos han sufrido un serio repliegue durante el año 2015.

El movimiento popular en Guerrero tiene el reto y la posibilidad de evitar su aislamiento y tratar de construir un amplio frente societario en favor de la transformación política de México. Sin embargo, las tendencias internas que consideraron necesario continuar la acción directa -impidiendo las elecciones federales de diputados de junio del 2015, y bloqueando el funcionamiento normal de las instituciones del gobierno estatal- han aislado al movimiento incluso dentro del estado de Guerrero. El objetivo de estas tendencias antisistémicas, que era generar condiciones de ingobernabilidad local, que después deberían extenderse a otros estados -al menos Oaxaca y Chiapas- no fue alcanzado, puesto que las elecciones del 7 de junio de 2015 se celebraron en todo el país.

Por otra parte, destacados activistas sociales lanzaron un movimiento en favor de la anulación del voto en las elecciones federales y locales de 2015, dado el desprestigio de todos los partidos y la falta de confianza en el órgano electoral (Instituto Nacional Electoral). Esta posición, que coincidía con el espíritu del movimiento antisistémico, apuntaba a acentuar la vía antipolítica de la resistencia. En la práctica, esta iniciativa fracasó también, pues 47% del padrón electoral votó, una cifra 6 puntos superior al promedio histórico de las elecciones intermedias, y el porcentaje de votos nulos fue de 5%, cercano al normal. Ciertamente, la abstención de más de la mitad de los ciudadanos indica la persistencia de una profunda desconfianza hacia los partidos políticos, que en esta ocasión se extendió incluso al órgano electoral.

Lamentablemente, las elecciones de junio de 2015 de diputados federales, 9 gobernadores y cientos de alcaldes y diputados locales en 11 estados mantuvieron, en lo esencial, el status quo . Los resultados significaron un triunfo relativo para el PRI, lo cual favorece la profundización de la restauración autoritaria. Ciertamente, también emergieron alternativas independientes que señalan potenciales caminos de democratización futura. Por ahora, el PRI y sus partidos aliados lograron mantener la mayoría en la cámara de diputados federal y triunfaron en 5 de las 9 elecciones de gobernadores, a pesar de la agudización de la violencia política y de diversos conflictos políticos y sociales, que llevaron a poner en duda la realización misma de las elecciones en un par de estados. El gobierno logró controlar a los sectores radicalizados del movimiento social, apuntándose así otra victoria, que le permitirá recuperar la iniciativa política.

En el corto plazo, el régimen se ve favorecido por el ambiente de confusión política y la ausencia de líderes visibles en la sociedad civil. Hay una enorme movilización de protesta y han emergido múltiples iniciativas para salir de la crisis, pero no existe un liderazgo capaz de unificar la diversidad de opciones políticas existentes en el seno de la sociedad civil, ella misma plural y heterogénea. Este vacío político favorece un escenario en el cual el PRI más conservador pretenderá asirse al poder sin cambiar nada, esperando que el propio movimiento social se desgaste en un contexto de represión selectiva, al igual que en el año 2006.

Para evitar este desenlace se requeriría la construcción de nuevas formas de vinculación entre movimientos sociales y actores políticos. Esto implicaría un acercamiento entre López Obrador y los dirigentes sociales, no para repartir puestos, sino para consensuar agendas para la construcción de un Estado democrático de derecho. Esta alianza es poco viable en un contexto en el cual, por un lado, el movimiento antisistémico apuesta al colapso del gobierno a través de una especie de insurrección popular que buscaría crear micropoderes autónomos, mientras que, por otro lado, López Obrador piensa que no es necesario transformar las instituciones, sino simplemente tener "buenas personas" a cargo del gobierno, y no ha buscado acercarse a los movimientos sociales, repitiendo su error de 2006.

La alternativa de un sector de activistas sociales, que provienen de la izquierda católica, encabezado por el obispo Raúl Vera, es la convocatoria a refundar la nación mediante una asamblea constituyente popular desde abajo, no mediada por los partidos.²² Esta estrategia apunta correctamente a la necesidad de refundar el Estado con base en una nueva ley fundamental. Pero esta es una tarea de mediano plazo cuya realización requiere inevitablemente de mediaciones institucionales. La definición de una nueva Constitución es un proceso que debe ser sancionado por leyes e instituciones. En este terreno, podría plan tearse un pacto entre los movimientos sociales y algún partido político: un compromiso para convocar a una asamblea constituyente en un mediano plazo, de tal forma que haya tiempo para que se desarrollen los debates, se generen los consensos y se cree la organización social necesaria para impulsar el proceso.

Imaginar este escenario parece ser demasiado en las circunstancias actuales, pero de no apostarse por un proyecto de esta naturaleza, lo más probable sería una nueva derrota del movimiento social antisistémico y un avance sustantivo de la restauración autoritaria. El PRI tiene frente a sí una oposición fragmentada y dividida, un conjunto de movimientos sociales desgastados y una sociedad civil dispersa y desorganizada. La restauración autoritaria por la vía del fortalecimiento del presidencialismo se prefigura claramente en el horizonte, y si bien la sociedad ha mostrado signos de resistencia y se ha anotado pequeños triunfos en las principales ciudades del país por medio de candidatos independientes, esto no es suficiente para contrarrestar las tendencias regresivas. Mientras no haya opciones creíbles para la población, el PRI puede mantener su hegemonía en medio de la fragmentación política y social.

Hacia el año 2018, las perspectivas son por ahora poco felices. O se perpetúa al régimen o emerge un populismo personalizado en ausencia de instituciones, de una sociedad civil organizada y de partidos creíbles. Solo la consolidación de movimientos sociales articulados en torno a un proyecto de transformación del Estado mexicano en un verdadero Estado de derecho puede evitar este doble desenlace.